RESUMEN

El presente trabajo nace del tumulto de la última cumbre de la UNASUR celebrada en Bariloche, cumbre durante la que se han puesto de relieve singulares disonancias entre Colombia y sus pares latinoamericanos en torno a la presencia de bases militares norteamericanas. Si bien el gobierno de Álvaro Uribe aboga por la necesidad de luchar contra el terrorismo, muchos son los que temen que Colombia termine por convertirse en el caballo de Troya de los Estados Unidos. Partiendo de esta actualidad candente proponemos un estudio retrospectivo sobre este país tan atípico que es Colombia, rastreando a lo largo de su historia una dimensión interna que nos parece esencial para entender su postura actual: la de la violencia, cuya génesis encontramos en la propia configuración y evolución de su Estado Nación.
Palabras claves: Colombia – violencia – Estado – terrorismo – Álvaro Uribe

ABSTRACT

The current analysis has arised from the last UNASUR meeting in Bariloche, which highlighted outstanding discords between Colombia and its Latin American neighbours in regards to the presence of American military bases. Although Álvaro Uribe’s government is pleading for the need for fighting terrorism, many observers fear Colombia converts itself into USA’s Trojan horse. From this burning issue we are suggesting some retrospective work about Colombia, considering throughout its history one internal feature, that we believe essential in order to understand its specificity and current position: the violence, which origin can be tracked down from the very configuration and evolution of its own Nation State.
Key words: Colombia – violence – State – terrorism – Álvaro Uribe

Los desafíos de la Colombia de Uribe: una perspectiva histórica desde la violencia

Por: Thomas Colombet*

INTRODUCCIÓN

Sábado 31 de octubre de 2009. Colombia anuncia oficialmente un acuerdo militar con Estados Unidos, permitiendo el uso de siete bases militares en su territorio¹ con el fin de realizar operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Se despiertan entonces por toda Sudamérica profundas inquietudes a la vez que se denuncian el “riesgo y amenaza contra la soberanía y la estabilidad de la región sudamericana”². De todas las voces, una suena singularmente más preocupada: viene de Venezuela y de su sincrético líder Hugo Chávez quien no vacila en evocar “tiempos de guerra”³. Por cierto las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá estos últimos años ya vienen sufriendo altos niveles de tensión, principalmente en torno a la cuestión de los Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El llamamiento solemne de Chávez en su programa dominical Aló Presidente a “prepararse para la guerra”⁴ señala no obstante una nueva etapa entre los dos países, en la que el casus belli no parece estar lejos.

El calor de los eventos nos invita a una reflexión más detenida para comprender lo que está actualmente en juego. No deja de llamar la atención que dos de las mayores democracias de Sudamérica, cuyos respectivos gobiernos gozan de un excepcional apoyo popular – sin mencionar la cercanía cultural y los lazos históricos que comparten los pueblos venezolano y colombiano – se encaminen peligrosamente hacia la guerra. Kant en su Paz perpetua aludía a la república como una de las defensas más solidas frente a los riesgos de la guerra, dado que los ciudadanos son los que en definitiva deciden si debe haber guerra o no, aceptando para sí mismos todos los sufrimientos que la misma conlleva⁵. Los casos venezolano y colombiano parecerían contradecir este supuesto dado que ambos regímenes han sido electos democráticamente, y tanto el presidente Chávez como el presidente Uribe – con todas reservas debidas – han tenido estos últimos años gran aprobación sobre sus gestiones respectivas. Hay sin embargo un aspecto esencial, una verdadera cuestión de fondo, que permite distinguir Colombia del resto de Sudamérica y entender sus relaciones con los demás países. Esta cuestión sustancial la introduce el mismo Kant, quien con toda claridad advierte: “que no se confunda la constitución republicana con la democracia”. Mientras la democracia es una de las tres formas posibles – con la monárquica y la aristocrática – de soberanía (forma imperii), la república hace referencia a la forma de gobierno (forma regiminis) y el “modo como el Estado hace uso de la plenitud de su poder”. Tres pilares sostienen las bases republicanas: la libertad de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), la dependencia de todos respecto a una única legislación común (en cuanto súbditos), y la igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos).⁶

En pocas palabras Colombia es una democracia que presenta rasgos endémicos de Estado Nación fallido y que, por razones estructurales que analizaremos, no puede aplicar una forma republicana en su territorio. Para retomar la definición de Max Weber del Estado moderno, Colombia no posee “la entidad que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima”.⁷ Este rasgo nos parece una clave interpretativa esencial a la hora de realizar cualquier estudio sobre la realidad colombiana, tanto para cuestiones de política interior como sobre su posicionamiento en el concierto internacional. Temas como los de las bases militares, de la posible reelección presidencial de Uribe y de la entonces necesaria reforma constitucional, sus éxitos en política interior así como sus discrepancias durante la cumbre de la UNASUR en Bariloche⁸ son síntomas de este hecho singular, hecho que nos servirá de hilo conductor a lo largo de este trabajo: Colombia es ante cualquier otra consideración un Estado fallido.

Nuestra propuesta consiste por lo tanto en analizar, desde una perspectiva histórica, la configuración del Estado colombiano, tomando como punto de inflexión al Bogotazo y al llamado periodo de la  Violencia. Este nos parece en efecto el verdadero inicio de descomposición política a la que se ha  enfrentado el país y creemos que el presidente Uribe, a la hora de defender su balance y evocar una nueva reelección, tiene la misma lectura de los eventos cuando declara: "puede que nos estemos demorando más de lo que muchos pensaban, pero es que esta política necesita un ratico más largo porque la violencia que la antecedió duró 60 años"⁹. Desde ya es importante resaltar que, a nuestro modo de ver, Estado Nación fallido y violencia generalizada son dos caras de la misma moneda. El análisis de la violencia interna en Colombia nos permitirá ver como se encaminaron los diversos actores involucrados, cuales fueron las respuestas desde la cúspide política y como el conflicto evolucionó, en particular a partir de la década de los 80s con el problema que representa el narcotráfico. Finalmente veremos cómo la cuestión de la violencia está cambiando – de manera sustancial a nuestro juicio – bajo la presidencia de Uribe.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, algunas precisiones metodológicas. El presente trabajo se desarrolla desde un enfoque histórico descriptivo, aunque aquí no se pretende realizar una revisión exhaustiva de los hechos. Hacerlo exigiría por un lado – y para decirlo sin más rodeo – mayores esfuerzos de investigación. Por otro lado no respondería necesariamente a nuestra inquietud inicial, que es la indagar sobre la trayectoria, a nivel macro, de Colombia como Estado Nación. Los análisis de carácter politológico tienen esto que lo que pierden en simplificación de la realidad lo ganan en claridad del pensamiento. Trataremos por lo tanto resaltar de este escenario socio político algunos aspectos claves que nos permitan comprender y aprehender mejor la posición actual de Colombia. A su vez, rastrear el pasado nos ayudará en poner de relieve causas profundas, estructurales y en consecuencia difíciles de remover; tantos desafíos a los que se enfrenta hoy Álvaro Uribe y que analizaremos a continuación.

LA CONSOLIDACION DEL ESTADO NACION COLOMBIANO

            Control territorial

Al estudiar el proceso de consolidación de los Estados Nación en América Latina, Jorge Ferronato observa que con el fin de “terminar con décadas de desencuentros, anarquía y guerra civil”, se gestó un proceso de pacificación acompañado de por nuevo reordenamiento jurídico - político.¹⁰ Quizás el ejemplo más paradigmático lo provea Julio Roca quien después de la campaña del desierto, dando los contornos actuales al territorio argentino, impulsó como presidente su acción gubernamental bajo el lema “paz y administración”. Esto nos da la pauta sobre la razón de ser del Estado moderno que es fundamentalmente la de ejercer, mediante una administración o burocracia, el monopolio de la violencia legítima en un territorio geográficamente determinado.

Podemos afirmar sin demasiada exageración que la consolidación del Estado colombiano se vio obstaculizada en primer lugar por la propia configuración geográfica del país. En efecto su topografía revela un territorio atravesado por la cordillera de los Andes, existen zonas remotas en Amazonas y otras selvas espesas por el lado del Pacifico, lo que ha dificultado notoriamente las  comunicaciones y por ende la formación de un mercado interno. A modo de ejemplo Bogotá y Medellín no tuvieron conexión ferroviaria directa con la costa del Caribe hasta las postrimerías del decenio de 1950.¹¹ Es también un gran hándicap a la hora de asegurar el control estatal por todas partes. Este hecho hará decir a Manuel José Bonett, general del ejército colombiano durante la presidencia de Ernesto Samper: “creo que la fuerza pública de Colombia es muy pequeña para el tamaño de la población y para el tamaño del país.”¹² Hoy en día, la cuestión del control territorial en Colombia está lejos de ser resuelta; no casualmente encontramos en el programa de Seguridad democrática como objetivos prioritarios del gobierno de Uribe la recuperación, mantenimiento y consolidación del control estatal del territorio. ¹³ En el 2002  se reporta todavía proto-Estados, fieles copias de las “repúblicas independientes” durante la presidencia de Guillermo León Valencia: “los movimientos guerrilleros activos, Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente, se están convirtiendo en una fuerza casi hegemónica en ciertos territorios, a tal punto que se comportan como proto-Estados. [...] Se basan en el dominio militar permanente, la garantía de la seguridad de las personas, la implementación de códigos híbridos de justicia y la presión tributaria sobre la población, los negocios privados y la administración pública”.¹⁴

Ordenamiento jurídico - político

A la par de la dimensión territorial, el Estado requiere de un ordenamiento jurídico - político, que no es otra cosa que la vertiente institucional de la dominación política. Este ordenamiento se presenta generalmente bajo la forma de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En Colombia la Constitución de 1886 cobra especial importancia. Verdadera piedra angular del establecimiento formal del Estado moderno colombiano, no ha sido derogada, a pesar de la muy agitada vida política que sufrió el país, hasta más de un siglo después. Más allá de su longevidad es reveladora de un proyecto coherente de unificación nacional y de centralización del poder, en completa ruptura con la Constitución del Rionegro de 1863 en la que el país se presentaba como los Estados Unidos de Colombia.¹⁵ Nacida de las aspiraciones de Regeneración y liderada por el presidente Rafael Núñez, consagra – además de la supremacía de la Nación sobre los departamentos, ahora meras entidades administrativas – dos instituciones susceptibles de perennizar el orden y el dominio estatal sobre el territorio colombiano: la Iglesia católica y las fuerzas armadas. Parte de esta Constitución se debe también a la convicción de otro gran protagonista de la Regeneración, Miguel Antonio Caro – escritor, intelectual y sucesor de Núñez a la presidencia entre 1892 y 1898 – quien intuía que sólo la lengua española y la religión católica eran susceptibles de unir a una población extremadamente diversa. No es inútil recordar algunos artículos claves de la Constitución de 1886 que, a nuestro entender, marcaron el rumbo político en Colombia dentro de este proceso de consolidación del Estado Nación:

De la Nación y el territorio
Artículo 1.- La Nación Colombiana se reconstituye en forma de República unitaria.
Artículo 2.- La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.

De los derechos civiles y garantías sociales
Artículo 38.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.

De las relaciones entre la Iglesia y el Estado
Artículo 53.- La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada Diócesis por el respectivo legítimo Prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente Constitución le reconoce.

De la fuerza pública
Artículo 166.- La Nación tendrá para su defensa un Ejército permanente.¹⁶

Como puede apreciarse, la Constitución de 1886 devuelve a la Iglesia su autonomía frente al Estado. La apuesta que hicieron las clases políticas fue la siguiente: la cooperación moral de la Iglesia funcionaría como “uno de los más poderosos auxilios para su propio afianzamiento y para la prosecución de los fines de la política regeneradora"¹⁷. A la normatividad jurídica se plasmaron a partir de 1887 hechos políticos de gran transcendencia que consolidaron este ordenamiento jurídico – político; uno de ellos particularmente relevante fue la firma del Concordato con el Vaticano. El Concordato establecía entre otros que “la educación e instrucción pública en universidades, colegios y escuelas debían organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. En esos centros será obligatoria la enseñanza religiosa y la observancia de las correspondientes prácticas piadosas”¹⁸. A años luz de la por venir Reforma universitaria de 1918 en Argentina, Colombia se encaminaba en sentido inverso al conceder a los obispos “la potestad de hacer retirar a los maestros la facultad de enseñar religión y moral, si no lo hacen en conformidad con la doctrina ortodoxa”¹⁹. En resumidas cuentas, a la par que recuperaba su autonomía interna, la Iglesia podía ejercer en adelante y con el beneplácito de las elites conservadoras el control del aparato educativo. Una clara evidencia del tipo de relación operante entre partido conservador e Iglesia católica la provee el arzobispo de Bogotá, “a quien la costumbre concedía voz decisiva en la elección del candidato a la sucesión presidencial”.²⁰ 
JORGE ELIECER GAITAN Y EL BOGOTAZO

Planteadas estas cuestiones de control territorial y de ordenamiento jurídico - político, desde un enfoque casi genético, veamos ahora los hechos históricos de manera más dinámica para acercarnos a la realidad colombiana actual. Decíamos en nuestra introducción que los acontecimientos actuales en Colombia están estrechamente relacionados con la configuración misma del Estado colombiano, con los rasgos internos y estructurales de lo que definiremos más adelante como propios a un Estado fallido. Decíamos también que el asesinato del Jorge Eliecer Gaitán – provocando el Bogotazo y desatando el periodo conocido como el de la Violencia – marca un punto de inflexión, un antes y un después en la historia contemporánea de Colombia. Muchos en efecto son los que piensan que “si a Gaitán no lo hubieran asesinado Colombia sería otro país”.²¹ No obstante, y sin desestimar el impacto que tuvo Gaitán en las memorias colectivas, no todo empezó con su muerte. Existe una larga tradición de violencia política en Colombia que difícilmente puede ser soslayada y que remonta a los conflictos entre conservadores y liberales. Por razones evidentes de síntesis, hemos decidido limitarnos a la exposición de dos acontecimientos históricos que nos parecen de los más significativos para comprender el auge de Gaitán y el trágico desenlace que fue el Bogotazo. Estos dos antecedentes son la guerra de los Mil días (1899-1902) y la masacre de las bananeras (6 de diciembre de 1928).

            Algunos antecedentes

1. La guerra de los Mil días   

Sin duda la guerra de los Mil días fue la guerra civil más fatal y destructiva que ha sufrido Colombia en su historia. La onda de choque fue tan gran grande que al terminarse, Rafael Uribe Uribe, entonces militar al comando de los liberales, declarará: “creo firmemente, señores, que todos cuantos estamos aquí y cuantos pertenecemos a esta generación infortunada, podemos jactarnos de haber visto la última guerra civil de Colombia.”²² Con el privilegio de los años, este oración parece evidentemente poco inspirada pero algunas cifras bastan para tomar la medida del conflicto y entender porque en su momento se consideró dicha guerra como la última: movilizó a 75.000 soldados del gobierno, ocasionó más de 200 combates y produjo cerca de 100.000 muertos y más de 150.000 heridos. Para contextualizar, estas 100.000 bajas corresponden a un 2.5% de la población del país de aquella época, o sea una persona de cada 40 hombres, mujeres y niños. A modo de comparación cabe señalar que las muertes causadas durante la guerra de secesión norteamericana, que se prolongó por 4 años, constituyen una fracción menor de la población total (cerca del 2%)”.²³ Las terribles perdidas humanas fueron acompañadas además por una devastación total de la economía: “aniquiló la agricultura y la industria naciente, arruinó las finanzas públicas, empobreció a la inmensa mayoría de la nación y devaluó la moneda a tal grado que por $100 oro se llegó a dar hasta $ 25.000 de papel moneda.”²⁴ Otra consecuencia de peso fue la perdida de la provincia de Panamá que – mediante el hábil aprovechamiento de Estados Unidos con vistas a la construcción del canal – adquirió formalmente su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903. 

Más allá de esto, la guerra de los Mil días es muy reveladora del modus operandi de la política colombiana en la que resurgen en distintas ocasiones confrontaciones que no encuentran, ni tratan de encontrar, puntos de consenso. Llevadas al extremo estas relaciones de tipo amigo / enemigo son consecuentemente acompañadas por altísimos niveles de violencia. Debemos destacar al respecto que con la palabra violencia no nos estamos refiriendo solamente a una época sombría de la historia de Colombia sino más bien al reflejo de una sociedad que lleva la causa política por encima de cualquier otra consideración, incluyendo el respeto por la vida humana. Como bien lo señalan Christopher Abel y Marco Palacios: “la violencia, que muchos percibieron como una tragedia sin explicación racional, tenía sus raíces en odios hereditarios entre familias, clanes y partidos cuyos origen estaba en el siglo XIX. La identificación con un partido se hereda en lugar de escogerse. Así pues, abandonar el partido significaba traicionar al grupo familiar; y defender al partido empleando medios violentos era no sólo justificable, sino que, en determinadas circunstancias, era también algo que exigía el honor”.²⁵

Para concluir sobre la guerra de los Mil días, verdadera caja de pandora en la historia colombiana, proponemos una reflexión del propio Miguel Antonio Caro, testigo privilegiado de la devastación moral que sufrió el país a partir de la respuesta belicista al proceso de Regeneración que él mismo había impulsado. Con cierta desilusión escribía:

"No sabemos si la militarización del país donde cada uno de esos bandos cuenta por miles sus generales; si los hábitos contraídos de depredación, de persecución, de especulaciones aleatorias; si el desprecio de las leyes morales, mucho más grave y alarmante que las leyes positivas, si todo ese cúmulo de males haya de retardar todavía por largo tiempo la marcha regular de la república. No sabemos si, por el contrario, la desgracia haya de ser purificadora para todos, para todos provechoso el escarmiento; si el exceso del mal haya de despertar vigoroso el instinto de conservación y determinar un movimiento político uniforme salvador. No sabemos hasta qué grado la generación nueva viene ya pervertida por los malos ejemplos y envenenada por el fanatismo sectario, en mala hora erigido en doctrina; o si en su mayor parte, atenta a la enseñanza de los hechos, habrá de ser más sabia, más cristiana, y por lo mismo más dichosa que sus padres".²⁶
                       

1. La masacre de las bananeras

Si la guerra de los Mil días nos permite acercarnos sobre la explosión del polvorín social que fue el Bogotazo, la masacre de las bananeras nos introduce a este personaje tan carismático que fue Jorge Eliecer Gaitán, líder natural que solía decir “yo no soy un hombre soy un pueblo, y el pueblo es mayor que sus dirigentes". La masacre de las bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928, es reveladora en varios sentidos. Primero, por las pésimas condiciones laborales practicadas por la multinacional norteamericana Fruit Company que el conflicto puso al desnudo. Segundo por la brutal represión de las fuerzas armadas, sintomático una vez más de la relación Estado – sociedad civil; este conflicto sin embargo será una suerte de detonante mediático que terminará desprestigiando  ante la opinión pública el gobierno de Miguel Abadía Méndez, poniendo fin a la hegemonía conservadora. En tercer lugar, es a partir de la masacre de las bananeras que Gaitán – abogado de formación – se hará conocer del gran público, ganándose el apoyo de los más humildes al lograr por ejemplo la libertad de numerosos obreros, así como indemnizaciones para las viudas y huérfanos de los trabajadores asesinados²⁷. Su notable prédica y elocuencia lo catapultaron entonces a los más altos niveles partidarios. Con respecto a la masacre declarará: "dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro yanqui." La impecable calidad discursiva de Gaitán, al servicio de una aguda conciencia política, se ve reflejada en la siguiente alocución en la que denuncia tanto al general Cortés Vargas, director de la policía nacional durante la masacre, como al régimen político de la época: “bajo el nivel moral de la política en que nos asfixiamos, no sería extraño que mañana el señor Cortés Vargas fuera el Ministro de Guerra o el candidato a la presidencia de la República. Si este no fuera el país de los políticos corrompidos, no sería el diablo el que se llevara al señor Cortés Vargas, sino los guardias del panóptico”.²⁸

Jorge Eliecer Gaitán

Jorge Eliecer Gaitán llegó entonces a convertirse por sus talentos de orador en la voz máxima del pueblo. Sus discursos no se caracterizaban tanto por una fuerte carga ideológica sino más bien por una trabajada retorica populista. Uno de sus lemas más conocidos era "por la restauración moral de la república, pueblo: a la carga!", en la que claramente aparece la dicotomía pueblo - oligarquía, propia al populismo, acompañado de cierta radicalidad política, ésta sí, propia a Colombia. En otro discurso famoso Gaitán definió a Colombia de la siguiente manera: “en Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene metas diferentes de las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”²⁹

Este discurso nos da el pie para abordar otras facetas del escenario político colombiano, caracterizado por su sistema bipartidista rígido, elitista y cerrado; es decir con muy poco espacio para las reales aspiraciones del pueblo. Esta característica es permanente y la encontraremos bajo diversas formas, con algunos matices según el gobierno de turno. Fundamentalmente la cúspide política siempre se mostró más preocupada por perennizar la institucionalidad del régimen, como lo veremos con más detalles en la próxima sección, que por responder a demandas legítimas provenientes de su base. En este sentido Gaitán irrumpía esta lógica al proponer que el pueblo ya no fuera mero espectador sino el protagonista de su propio destino. Su asesinato nos deja un gran interrogante sobre lo que habría sido Colombia si hubiese llegado al poder. Un paralelo –  quizás un poco fácil – con Perón en Argentina nos sugiere que los cambios habrían sido sustanciales y probablemente habría tenido un efecto de inclusión social y política. Lo cierto es que su muerte desencadenó un nuevo ciclo de violencia con niveles difícilmente imaginables. El propio Gaitán había muy lucidamente presagiado las consecuencias que traería su muerte: "ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal".³⁰

El Bogotazo y la Violencia

El asesinato del Doctor Gaitán el 9 de abril de 1948 entrenó una explosión popular, conocida como el Bogotazo, sin precedentes en América latina. En pocas horas, la ciudad de Bogotá fue devastada dejando paisajes de desolación similares a los de Londres después de los bombardeos de la Luftwaffe. Tan solo en este día se contaron 3.000 personas muertas en la lucha entre conservadores y liberales. La muerte de Gaitán fue percibida por las masas casi como un magnicidio (su futura elección no dejaba lugar a duda) y su reacción espontanea fue a la altura de los años de frustración que había generado el régimen político. El pueblo entendía que con el asesinato de Gaitán se quedaban sin el hombre destinado a cambiar al país.³¹ El conflicto se extendió en todo el territorio poniendo nuevamente en exergo las rivalidades entre conservadores y liberales, rivalidades exacerbadas ahora por unas masas – en su mayoría campesina – enfurecidas por la muerte del “Jefe”.³² Es ahí donde el conflicto empieza a tomar otra consistencia, tanto por su amplitud territorial como por su excepcional duración. El periodo propiamente dicho de Violencia termina oficialmente a partir del golpe de Estado de 1953 y la tomada del poder de Gustavo Rojas Pinilla, dejando un saldo de alrededor 300.000 muertos durante aquellos 7 años. Lo relevante en todo este proceso de violencia, por lo menos a los fines de nuestro análisis, es que la muerte de Gaitán funciona como un punto de inflexión histórico en el que el conflicto pasa de un enfrentamiento estrictamente partidario – cuya expresión máxima remonta a la guerra de los Mil días – a un enfrentamiento del tipo “Estado nacional - guerrilla campesina” en el que las bases mismas del régimen político se ven seriamente socavadas.

Otro elemento no menor es el giro ideológico que adopta el conflicto armado. Casualmente o no, la IX Conferencia Panamericana tuvo lugar en Bogotá pocos días después del asesinato de Gaitán. En el contexto de guerra fría de la época, los objetivos de Estados Unidos son claramente de armar una organización de Estados americanos alineados contra el comunismo. El general Marshall quien asiste a la Conferencia acusa al comunismo y a agentes del exterior por los hechos que acontecen en las calles. Dos consecuencias directas: la primera, el gobierno de Mariano Ospina Pérez rompe toda relación con la URSS.³³ El deliberado acercamiento diplomático hacia Estados Unidos llevará luego Colombia a ser el único país latinoamericano en enviar tropas aliadas durante la guerra de Corea.³⁴ La segunda consecuencia directa es la instrumentalización ideológica del Estado para tratar con los beligerantes internos, ahora asociados de manera inconfundible con el peligro comunista.  

EL FRENTE NACIONAL Y SU LEGADO

            Gustavo Rojas Pinilla

Cuando el general Rojas Pinilla asumió de facto la presidencia, una de las primeras medidas que tomó fue la de ofrecer la amnistía a los grupos insurgentes, amnistía aceptada por unos 5.000 guerrilleros. Gobernando entre 1953 y 1957 bajo el lema “paz, libertad y justicia” su acción política fue constantemente orientada hacia la pacificación del país. Con ciertas remanencias al periodo de la Regeneración, adoptó una línea política reformista en la que, a la vez que mantenía una estrecha alianza con el Ejército y la Iglesia, estimulaba reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Este programa se planteó también como un "movimiento cristiano nacionalista" para el progreso social y económico del pueblo colombiano.³⁵ Sin embargo el capital político de Rojas Pinilla, fundado en una suerte de binomio Pueblo - Fuerzas Militares – no tan lejano de lo que podemos observar hoy en la Venezuela de Hugo Chávez – asustó a los partidos conservadores y liberales quienes decidieron formar una coalición para contrarrestarlo. Con los acuerdos de Benidorm, seguidos por la declaración de Sitges en España, nacía el Frente Nacional.

            Principios y consecuencias del Frente Nacional

El acuerdo histórico entre los liberales y los conservadores en 1958 para establecer un Frente Nacional y mantenerlo durante 16 años se basó en dos principios: la paridad y la alternancia. De esta manera, un presidente liberal y otro conservador se alternaban en el gobierno, acompañados de un ministro de Gobernación conservador y un ministro de Asuntos Exteriores liberal, y viceversa.³⁶ Bastante similar en su concepción al Pacto de Punto fijo en Venezuela, también en el año 1958, la idea subyacente era asegurar cierta estabilidad al régimen. Sin embargo éste era un sistema cuyo funcionamiento resultaría, por varios motivos, muy costoso.

El principal costo del Frente Nacional fue que truncó la competitividad partidaria. Si bien se redujeron considerablemente los niveles de rivalidad, y si bien la presencia de partidos políticos fuera del Frente no era formalmente prohibida, el efecto a la larga fue apartar peligrosamente la clase política de la sociedad civil en un lento circulo vicioso: no solamente la falta de un escenario político competitivo redujo considerablemente el panel de elección de los votantes, siendo estos últimos privados de debates francos, sino que además la clase dirigente se instaló progresivamente en una cómoda mediocridad al ver sus bancas aseguradas periódicamente. Desde esta perspectiva la  pugna política perdió toda credibilidad y los partidos liberal y conservador terminaron convirtiéndose en dos aparatos burocráticos propensos a la sola defensa de sus intereses propios.³⁷ Es precisamente este distanciamiento entre la cúspide política y la sociedad civil lo que explica el progresivo éxito de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), encabezada por Rojas Pinilla, partido que representó hasta finales de los setenta la oposición más seria al Frente.  

Desde un plano institucional el Frente Nacional operó como un muro de contención a la violencia generalizada por todo el país, con las consecuencias que ya hemos evocado. En el plano militar, se intensificaron los esfuerzos para aniquilar los insurgentes y recuperar las llamadas “repúblicas independientes”³⁸. No obstante, como bien lo resume Alejandro Reyes, profesor del Instituto de Estudios Políticos de Bogotá: “El ejército puede derrotar unidades guerrilleras en cualquier parte del territorio, el problema es que no puede mantener el triunfo por mucho tiempo”³⁹. Si el ejército no puede mantener su triunfo es fundamentalmente porque el Estado no goza del monopolio de la fuerza legítima. En este sentido, “la naturaleza restrictiva del gobierno de coalición asociado al fracaso de la izquierda democrática son factores importantes para explicar el atractivo y la durabilidad de las organizaciones de guerrilleros”⁴⁰. El retirado general José Joaquín Matallana no dice otra cosa cuando explica que la aparente victoria militar del ejercito nacional transfiguró el conflicto en un enfrentamiento de otro tipo: “este día [el 14 de junio de 1964] se transforma el movimiento agrario de autodefensa fijo en un territorio remoto, en la guerrilla móvil que hoy se llaman las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia”.⁴¹

            El surgimiento de nuevos actores

Como hemos visto en la sección anterior, el Frente Nacional terminó reforzando la guerrilla: “a principios de los años sesenta la frustración producida por el bipartidismo era tan profunda, que, a pesar de los escasos resultados obtenidos después de veinte años de acción armada, unirse a los guerrilleros no se consideraba totalmente irracional”.⁴² En esta sección queremos hacer un breve hincapié sobre los actores a fin de dar un panorama mínimamente abarcador de lo que representa el conflicto armado en Colombia. Básicamente los grupos guerrilleros son cuatro: el mayor y más poderoso son las FARC (desde que Uribe asumió la presidencia su número pasó de 23.000 a alrededor de 8500⁴³), compuesto en su gran mayoría por campesinos. Le sigue el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo maoísta más pequeño que las FARC, compuesto éste principalmente por profesionales jóvenes, estudiantes y peones asalariados⁴⁴. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo castrista fundado en Cuba en 1964, se autodefine como marxista-leninista y tiene la particularidad de encontrarse en las zonas petroleras del país, por lo que sus acciones de lucha armada son tomadas muy en serio por las autoridades oficiales. Finalmente está el Movimiento 19 de abril (M-19) que nació como brazo armado del ANAPO en reacción al fraude de las elecciones del entonces 19 de abril de 1970. El M-19 es un caso particularmente interesante y esclarecedor sobre lo que hemos calificado de modus operandi de la política colombiana. En un plano estructural, el M-19 es la consecuencia directa de un sistema partidario cerrado que no logra aceptar el veredicto democrático por temor a los cambios que este puede entrenar. La decisión de tomar las armas, al considerarse agotadas las vías electorales⁴⁵, no deja de reflejar un profundo descredito hacia las mismas instituciones políticas. En un plano más estratégico, o si se quiere táctico, el M-19 representa esta idea de recurrir a la violencia como único medio posible para poder influir realmente en el tablero político: las acciones espectaculares llevadas a cabo por el M-19, como la toma de la embajada de la República Dominicana o la del Palacio de Justicia en 1985, desembocaron – directa o indirectamente – sobre la creación de una Asamblea Constituyente Nacional, momento a partir del cual el M-19 decide integrarse a la esfera política “convencional” bajo la formación partidaria de la Alianza Democrática M-19.

Otro ejemplo muy revelador de reconversión política lo provee la Unión Patriótica. Nacida en 1985 a partir de un  proceso de negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, la UP representó el mayor compromiso hasta la fecha por ambos bandos de encarar sus diferenciales por la vía legal. El pacto – los llamados Acuerdos de la Uribe – hacía explicito que el Gobierno promoviera reformas políticas, sociales y económicas, a la par que el grupo guerrillero condenara firmemente las prácticas de secuestro y el recurso al terrorismo. La Unión Patriótica, contando con la presencia de socialistas y comunistas, logró cierta presencia en el escenario político colombiano: “obtuvo ocho escaños en el Congreso de 1986, tenía representación en cincuenta consejos municipales y veintidós diputados en las asambleas departamentales, a la vez que en algunas circunscripciones presentó listas conjuntas con los liberales reformistas”⁴⁶. No obstante lo más destacable de esta formación política no reside tanto en sus logros políticos sino lamentablemente en el grado de persecución que ha venido sufriendo: el asesinato de unos 5.000 activistas y otras cuantas desapariciones están para recordarnos que Colombia sufre endémicamente de altísimos niveles de violencia. Iván Cepeda Castro no vacila en usar el término de genocidio. Advierte muy bien sobre este modus operandi que hemos intentado describir: “Ciertamente, [el genocidio practicado contra el movimiento político colombiano Unión Patriótica] no es el único caso de criminalidad masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos y movimientos de oposición, e incluso contra los partidos políticos que han ejercido tradicionalmente el poder. La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha operado continuamente en la historia contemporánea del país, y ha impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de una participación realmente democrática.”⁴⁷

NARCOTRAFICO Y CRISIS DEL ESTADO

            Cómo el narcotráfico influye sobre la política nacional

Si la Unión Patriótica ha sido destrozada por la persecución física, reforzando de paso a los grupos guerrilleros en su convicción de seguir armados y no aceptar compromiso alguno con el Estado, se debe en gran medida a otro giro sustancial a partir de la década de los ochenta. Quizás los Acuerdos de la Uribe podrían haber resultado fructuosos en los sesenta cuando la guerrilla estaba debilitada pero ya a medios de los ochenta había surgido otro elemento desestabilizador en Colombia: el comercio de la cocaína. Hablar del narcotráfico es una tarea sumamente compleja por la cantidad de variables que entran en juego; nos contentaremos con destacar, a nuestro juicio, las dos más relevantes⁴⁸,

El desarrollo exponencial de la producción y comercio de la cocaína tiene una primera explicación, muchas veces soslayada, que es interna a Colombia. En un país golpeado por niveles altísimos de pobreza, desempleo y de exclusión política, la riqueza que genera el comercio de la coca empezó a atraer personas de otras regiones de Colombia, entre otros pequeños comerciantes afectados por la crisis económica, dispuestos a probar suerte incluso en territorio guerrillero.⁴⁹ Es notable ver al respecto cómo Thomas Hobbes ya observaba en su Leviatán que el Estado tiene la obligación moral de no abandonar a los ciudadanos excluidos: “y dado que muchos hombres, por accidente inevitable, quedan incapaces de mantenerse por medio de su trabajo, no deben ser abandonados a la caridad de personas particulares, sino ser cuidados (en la medida en que lo requieran las necesidades naturales) por las leyes de la República, pues así como es en cualquier hombre falta de caridad abandonar al impotente, también lo es, en el soberano de una República, exponerle al azar de caridad tan incierta”.⁵⁰ Lo cierto es que el Estado colombiano no solamente tuvo a lo largo de su historia un pobre desempeño en materia de equidad – la cuestión de la reforma agraria por ejemplo siempre quedó en suspenso – sino que sencillamente dejó de existir como institución en unas zonas marginadas de su territorio, a tal punto que los habitantes de los distritos populares ya no confían en las autoridades y no tienen otra alternativa que aceptar el vacio que llenan los combatientes de la guerrilla.⁵¹

Una segunda explicación se encuentra fuera de Colombia. “Al comenzar la década de los ochenta la cocaína desplazó a la marihuana y se convirtió en el narcótico preferido por los consumidores de Estados Unidos y Europa. En efecto, el consumo de la cocaína en estas regiones tuvo un incremento acelerado, puesto que entre 1979 y 1984 creció a una tasa anual promedio de 18,5%”⁵² En líneas generales la estructura económica del mercado de la cocaína puede resumirse bajo la siguiente ecuación: Estados Unidos es el primer consumidor mundial, Colombia el primer productor. Veremos en la próxima sección cómo la cuestión del narcotráfico se convirtió rápida y poderosamente en una problemática esencial tanto para Estados Unidos como para Colombia; de ahí viene la estrecha cooperación que conocemos hoy con el acuerdo de las bases militares. Pero por ahora nos interesa ver las consecuencias que su ilícita actividad económica engendra sobre el Estado colombiano al acentuar y poner al desnudo sus rasgos de Estado fallido.

Ya vimos que el Estado colombiano se caracteriza por la seria competencia que ejerce la guerrilla para la soberanía de determinados territorios. A esto debemos agregar que a la economía legal se yuxtapone otra de carácter ilegal, con importantes recursos financieros, que le permite incluso competirle al Estado su capacidad de redistribución. Es así que el narcotráfico más famoso Pablo Escobar logró el apoyo de los pobres gracias a sus obras caritativas.⁵³ Más allá de las canchas de fútbol que se construyeron, el caso Escobar es interesante por la ambigua relación que existe entre narcotráficos y clase política; relación hoy en día todavía muy cuestionable, y de hecho muy cuestionada, bajo la presidencia de Uribe.⁵⁴ La capacidad que tuvo Escobar para influir, mediante la ley de “oro o plomo”, sobre la esfera política refleja bien como “los narcotraficantes han permeado todas las instituciones de las principales ciudades del país, y al profundizar los niveles de violencia, han puesto en evidencia la debilidad del Estado colombiano”.⁵⁵ Es así que Pablo Escobar logra en 1983 ser elegido senador mediante el movimiento Alternativa Liberal. Es así también como Ernesto Samper, beneficiando durante su campaña electoral de fondos del narcotráfico, logra la presidencia en 1994.⁵⁶

Volviendo al caso de la Unión Patriótica, es importante agregar un nuevo componente al conflicto: los paramilitares, que vienen a potenciar aún más los niveles de violencia en el país. El grupo MAS (Muerte A Secuestradores) por ejemplo se creó en reacción a los secuestros del M-19. Originariamente tenía como función la de proteger a los capos de la droga pero la realidad es que cuenta con una base de apoyo que excede el marco estricto de la mafia. Como bien lo subraya Alejandro Reyes: “Los paramilitares de alguna forma son una reacción de la elite económica regional contra las guerrillas, con apoyo del narcotráfico, de la gran propiedad agraria”⁵⁷, sin hablar del apoyo implícito del ejército nacional para con los paramilitares en su lucha violenta contra la guerrilla y la gente relacionada con ella; unos de los blancos más evidentes ha sido precisamente la Unión Patriótica. Hoy las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia ilustran cómo estos movimientos paramilitares transformaron al poco tiempo el narcotráfico en narco terrorismo y cómo vienen compitiéndole al Estado el monopolio de la fuerza coercitiva. Para concluir este aparte retomamos a continuación el análisis de Luis Javier Orjuela, quien aboga por una verdadera cooperación internacional acompañada por una estricta aplicación de la ley colombiana:

“Nuestro principal problema es la violencia asociada al narcotráfico. El narcotráfico es un asunto transnacional que el gobierno colombiano no puede tratar con una óptica unilateral […]. Lo que debe hacerse en este campo es propugnar una política antidroga que abandone la estrategia represiva y que implique acuerdos multilaterales y compromisos serios de los países consumidores. […] La narcoviolencia es un problema nacional y aquí contamos con la suficiente autonomía para manejar el problema. En aras de su reducción se debe prescindir del mecanismo de la extradición⁵⁸ como arma principal de lucha contra el narcotráfico, exigiendo como contraprestación el sometimiento de los jefes de los carteles a la ley colombiana y el desmonte del negocio”.⁵⁹   

            El Plan Colombia

El acercamiento que hemos evocado entre Colombia y Estados Unidos alrededor de la cuestión del narcotráfico se plasmó políticamente en el “Plan for Peace, Prosperity, and the Strengthening of the State”,en español sencillamente conocido como Plan Colombia. Sin entrar en detalles técnicos, lo que queremos destacar en este aparte es el cambio de espíritu que este plan adoptó progresivamente. Impulsada bajo la presidencia de Andrés Pastrana en 1998, se concibió originalmente como una suerte de Plan Marshall para Colombia, permitiendo al país salir de la violencia y del narcotráfico mediante un desarrollo económico sostenido. De esta manera se establecían cinco campos de acción, integrados y complementarios entre sí: el desarrollo de procesos productivos, la promoción del capital humano, la construcción de una infraestructura para la paz, el fortalecimiento del capital social y la promoción de la sostenibilidad ambiental.⁶⁰ Sin embargo la asignación de los fondos demostró de inmediato su carácter altamente militarista, dejando en un plano muy secundario las aspiraciones desarrollistas. En efecto unos 704 millones de dólares estuvieron destinados al Ejército colombiano y 410 millones para medidas de seguridad en los países vecinos, de los cuales 325 para gastos adicionales de agencias de Estados Unidos y 85 para el mejoramiento de los programas en Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador. Comparativamente terminaron asignándose 180 millones de dólares en concepto de desarrollo de alternativas económicas en las zonas de cultivos ilícitos: 50 para Colombia, 90 para Bolivia y 40 para el Perú.⁶¹ Si bien el Plan Colombia se inició como un vasto programa de ayuda contra el narcotráfico bajo la dupla presidencial Pastrana - Clinton, su renovación en el 2001, bajo la presidencia de George W. Bush, lo ha definitivamente convertido en un plan de apoyo militar a la guerra abierta que lanzó Uribe contra la guerrilla izquierdista de las FARC⁶². Desde esta perspectiva el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa, permitiendo a Estados Unidos el uso de siete bases militares colombianas, no resulta nada sorprendente. En rigor de verdad sólo es la consecuencia lógica de una política que venia perfilándose desde hace más de diez años.   
  
               

PERSPECTIVAS CON LA PRESIDENCIA DE URIBE

Características del Estado fallido

Antes de detenernos en los profundos cambios que introducen las presidencias de Uribe, proponemos a continuación una breve tipología realizada por el organismo Fund for Peace⁶³, con la intención de dar cierto sustento teórico a nuestro planteo inicial de que el Estado colombiano es por varios motivos un Estado fallido. Una primera distinción que creemos útil remarcar consiste en saber si otorgamos un sentido restringido o más bien amplio al concepto de Estado fallido, de acuerdo con las funciones que se preste al Estado. En su vertiente restringida se dice que el Estado es fallido porque no tiene el monopolio de la fuerza legítima dentro de sus fronteras. Es la conocida definición weberiana del Estado moderno y ya hemos tenido varias ocasiones de postular que el Estado colombiano no está en posición de reivindicar plena soberanía dado que la guerrilla sigue controlando partes importantes del territorio⁶⁴. En su vertiente más amplia el Estado fallido lo es por su crónica ineficiencia en garantizar seguridad, justicia y desarrollo económico y social a su población. El enfoque reposa aquí sobre la incapacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes de forma uniforme, manifestándose esta incapacidad en altas tasas de criminalidad, una corrupción extrema, un extenso mercado informal, una burocracia impenetrable, acompañada por una ineficacia judicial, una interferencia militar en la política, y todas aquellas situaciones en las que la sociedad se ve obligada a subsanar de forma independiente las tareas que el Estado no ha podido llevar a cabo con éxito⁶⁵. Desde esta óptica integramos funciones propias a lo que suele denominarse Estado benefactor.

Lamentablemente Colombia ha reunido de manera alarmante muchos de estos indicadores. El caso de Ernesto Samper es una clara demostración de los niveles de corrupción que reinan en el país. Podríamos también resaltar la relación entre narcotráfico y cuerpos de seguridad del Estado, abarcando tanto a las fuerzas armadas como a la policía: “durante los dos primeros años de la administración Barco se realizaron más de 150 retiros de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Según algunos observadores, cerca del 80% de la policía de Medellín era considerado sospechoso de enriquecimiento ilícito, situación a todas luces preocupante, pues todo indica que fueron muchos los que se corrompieron y muchos también los que, debiendo controlar, se hicieron los de la vista gorda”.⁶⁶ Con respecto a las tareas pendientes del Estado, Abel y Palacios describen a la administración de Belisario Betancur en estos términos: “a decir verdad, la legitimidad del Estado se halla en juego. El Estado perdió credibilidad al entregar la iniciativa del socorro en los casos de desastres naturales a la Iglesia, a las administraciones locales y a filántropos particulares, así como al dejar las funciones del orden público a compañías privadas de vigilantes, las cuales crecieron más deprisa que los cuerpos de policía oficiales”⁶⁷. En fin, el Estado colombiano – sea desde una definición restringida o amplia – ha presentado durante largos años preocupantes rasgos de Estado fallido.

El liderazgo de Uribe

Hasta aquí hemos defendido una posición más bien “macro”, en la que el peso de la historia – y particularmente la cuestión no resuelta del Estado fallido – ha condicionado en gran medida el actuar de los individuos. Sin caer en un excesivo determinismo histórico, contrario a la idea misma de política como “arte de lo posible”, nuestra línea argumentativa consiste en rescatar aquellas profundas y poderosas corrientes históricas sobre las que, en definitiva, se mueven los actores. Esta posición se inscribe en lo que Maquiavelo llamaba la “fortuna y las cosas del mundo”. En un famoso pasaje del Príncipe, escribía:

“No me es ajeno que muchos han sido y son de la opinión que las cosas del mundo estén gobernadas por la fortuna y por Dios a punto que los hombres, con toda su prudencia, no están en grado de corregirlas, o mejor, ni tienen siquiera remedio alguno. De ahí podrían deducir que no hay por qué poner demasiado empeño en cambiarlas, sino mejor que nos gobierne el azar. Las grandes mutaciones que se han visto y ven a diario, más allá de toda conjetura humana, han dado más crédito a esa opinión en nuestra época. Pensando yo en eso de vez en cuándo, en parte me he inclinado hacia dicha opinión. Con todo, y a fin de preservar nuestro libre albedrío, juzgo que quizá sea cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestro obrar, pero que el gobierno de la otra mitad, o casi, lo deje para nosotros”.⁶⁸

Es hora de hacer hincapié sobre aquella otra mitad, en la que el libre albedrió y la voluntad propia permiten que a los hombres transcender su entorno. Líderes como Jorge Elecier Gaitan o Gustavo Rojas Pinilla sin duda fueron de los que quisieron cambiar la realidad colombiana pero, por mala fortuna, nos han dejado un legado inacabado. El liderazgo de Álvaro Uribe en cambio es bien actual y está alcanzado niveles insospechados. Él mismo sabe que no se lo juzgarán tanto sobre sus cualidades personales o su capacidad discursiva, y ni siquiera sobre los medios empleados por su política; se lo juzgará ante todo sobre resultados concretos. A modo de ilustración tomése el discurso que pronunció tras la muerte de la máxima cabeza de las FARC, Manuel Marulanda alias Tirofijo: “los colombianos, la comunidad mundial sacará conclusiones. Aquí hay el resumen de una tarea de la Fuerza Pública sobre el área campamentaria donde estaba el principal terrorista que tanto afectó a Colombia durante 50 años. Saquen ustedes conclusiones, apreciados compatriotas”.⁶⁹

Tal discurso nos da la pauta sobre el estilo de Uribe: sobriedad discursiva, a millas de la grandilocuencia de un Chávez por ejemplo, y fuerte pragmatismo político. Este liderazgo tiene su merito pero también sus límites: al privilegiar la eficacia de su acción gubernamental Uribe está, en cierta medida, condenado a la obligación de resultados. En cierta medida solamente porque el primer mandatario colombiano tuvo la inteligencia de asociar estrechamente su política al bien estar de la población, transformando de esta manera la fuerza bruta y represiva del aparato estatal en autoridad moral. A decir verdad, en un país larvado por décadas de violencia, la política frontal de Uribe contra los grupos guerrilleros tomó en seguida aspectos de salus populi suprema lex. Sin embargo el riesgo de caer en un autoritarismo, en el que cualquier oposición a su gobierno fuera tachada indiscriminadamente de enemigo público, era real. Uribe no cayó en esta trampa. Es más, la puso al desnudo en el programa oficial de Seguridad Democrática, programa que tomaremos a continuación como mapa de navegación de su acción gubernamental:

“La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina,  que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno”.⁷⁰

De esta forma Uribe quitó hábilmente armas a sus opositores y reforzó su imagen de hombre de Estado, por encima de las luchas partidarias. Ha sido también una manera de asociar su política al destino mismo del demos – vale decir al bien estar de la población – que tiene su opuesto en los terroristas – entiéndase de ahora en adelante a los grupos guerrilleros –. El concepto de seguridad democrática no sólo abriga un giro semántico; anuncia un nuevo modo de actuar en la arena política, un nuevo modus operandi a través del que la implacable fuerza coercitiva del Estado hacia los grupos guerrilleros va de par con la reintegración en el seno de la república de los que desistirían el camino de las armas: “tenemos tanta generosidad para albergar a los que desistan de la vía violenta, como firmeza para derrotar el terrorismo”⁷¹, anuncia Uribe en la introducción de su programa. Como lo hemos visto anteriormente, intentos de desmovilización de la guerrilla y de pacificación existieron en Colombia. La principal diferencia con Uribe, y a nuestro modo de ver la clave de su éxito, reside en el constante llamamiento a la sociedad civil. Al solicitar una total “solidaridad con la Fuerza Pública”, el Estado colombiano refuerza sus prerrogativas sin caer en las derivas del todo militar, contrabalanceando de esta manera la raison d'Etat con los intereses del pueblo.

Desde esta perspectiva podemos incluso alegar que la Colombia de Uribe está adquiriendo singulares rasgos de bonapartismo: centralización del poder bajo la egida de un líder fuerte, cuyo actuar encuentra su legitimidad mediante la adhesión popular directa.⁷³ Otra señal univoca la provee su reelección en el 2006 que, con una aplastante mayoría (más del 62% de los votos), tuvo aires de verdadero plebiscito hacia su política. Uribe capitaliza muy hábilmente este apoyo para liderar el país, logrando así que su línea dura no sea percibida como autoritaria. La legitimidad es el combustible de Uribe para actuar; por ahora su estatura de “hombre de la situación” es tal que ni siquiera las revelaciones que ligaron clase política y paramilitares – escándalo comparable por su amplitud y gravedad a las “vladivideos” en Perú que terminaron por desmoronar al propio Alberto Fujimori –  parecen haber afectado su liderazgo. Cómo explicar entonces este apoyo popular casi incondicional para con la figura de Uribe? Lo analizado hasta ahora nos lleva a pensar que Colombia se encuentra actualmente en una etapa histórica en la que un nuevo contrato social se está redefiniendo. Si bien no existe todavía un Leviatán indiscutible – que no es otra cosa que el Estado Nación moderno – se está gestionando un proceso en el que el pueblo se subordina voluntariamente ante un gobernante, en la persona de Álvaro Uribe, con vistas a lograr paz y bien estar. Retomando algunas palabras del propio Hobbes:

“El único modo de erigir un poder común de defender [a los hombres] de la invasión y las injurias de unos a otros (asegurando así que, por su propia industria y por los frutos de la tierra, los hombres puedan alimentarse a sí mismo y vivir en el contento), es conferir todo su poder y fuerza a un hombre, o a una asamblea de hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por pluralidad de voces, a una voluntad”.⁷³

La inseguridad es – valga el lugar común – una preocupación mayor para la sociedad civil colombiana. Cómo no ser así en un país que registra alrededor de 26.000 homicidios por año⁷⁴ (una tasa cuatro veces superior al promedio latinoamericano), en un país que tiene en su seno los últimos movimientos guerrilleros activos del continente, en un país presa de las mafias de narcotraficantes y otros grupos paramilitares? Los tiempos no están a la deliberación ni a la tranquila administración de los asuntos. Los tiempos exigen un liderazgo decido y eficaz, y los colombianos sienten en su gran mayoría que Uribe, al erigir la cuestión de la seguridad al rango de meta nacional⁷⁵, encarna plenamente este liderazgo.

Perspectivas para Colombia
 
En el plano internacional, el liderazgo de Uribe tiene también serias implicancias, el último ejemplo siendo el sonante acuerdo militar con los Estados Unidos. Con esto retornamos a nuestra inquietud inicial: es posible un conflicto abierto en Sudamérica a gran escala? La última cumbre de la Unasur en Bariloche puso al desnudo una verdad bien sabida por los llamados “realistas”: en el concierto de las naciones cada país lucha por sus intereses propios; y cabe constatar que los intereses de Colombia, por su trayectoria histórica y la configuración de su Estado Nación, son distintos de los de sus vecinos. Cuando Colombia se enfrenta a la reprobación unánime de sus pares sudamericanos, su ministro de Defensa Gabriel Silva Luján responde sin rodeo: “eventualmente, si no vemos una preocupación por el armamentismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, el crimen organizado, pues si no hay sensibilidad por esos temas que son los de los colombianos, pues estaríamos ahí simplemente de invitados de piedra, ahí si tocaría evaluar esa posibilidad [de retirarse de la Unasur]”.⁷⁶ Es interesante observar como el gobierno de Uribe usa de los mismos mecanismos, tanto en su política interior como exterior, para hacer valer su posición. En un plano interno, la lucha contra el terrorismo se convierte en meta que supera cualquier conflicto ideológico o partidario:

“La visión que categoriza los gobiernos como de izquierda y derecha, es una perspectiva simplista que produce un ambiente político polarizante. Ha desatado emociones y sensibilidades irreconciliables, que no son consecuentes con las acciones que se llevan al interior de los gobiernos y que amenazan la unidad de nuestros países. Me atrevo a proponer que, en su lugar, utilicemos cinco parámetros para calificar nuestras democracias. Ellos son: la seguridad con alcance democrático; la protección efectiva de las libertades públicas; la transparencia como factor de confianza; la cohesión social como principio de sostenibilidad democrática; y, la independencia de las instituciones”.⁷⁷

En el plano internacional opera, en una escala mayor, una lógica muy similar: el terrorismo borra incluso las divergencias entre los Estados y, al igual que para el plan de Seguridad democrática, la democracia pasa a ser el sustantivo que legitima todo. Nótese bien: “para derrotar el terrorismo no hay soberanía de naciones, sino soberanía democrática. La lucha es de la soberanía de los Estados y de las naciones democráticas contra la soberanía del terrorismo. La lucha es de todos contra el terrorismo”. Esto equivale al derecho de injerencia si las circunstancias lo requieren. De la teoría al hecho, el primero de marzo de 2008 Colombia decide unilateralmente atacar un campamento localizado en Ecuador, éxito militar coronado por la muerte del número dos de las FARC Raúl Reyes y acompañado enseguida por vivas polémicas. Las siete bases militares norteamericanas, operando como tantas enclaves en el continente, son otra clara ilustración de cómo la novedosa soberanía democrática puede chocar con la soberanía territorial.⁷⁸ Sería sin embargo injusto criticar la política de Uribe por ser coherente. Lo criticable reside más bien en las incógnitas que encierra la cooperación militar con los Estados Unidos. Quien reveló lo que no se decía públicamente sobre el acuerdo fue el mismísimo Fidel Castro – quien, ironía de la historia, se encontraba en Bogotá durante el asesinato de Gaitán al que iba a entrevistar –:

“La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yanquis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. […] Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales. […] La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones. El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yanquis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?”⁷⁹

Es importante también resaltar que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos se vio reforzada poco tiempo después de la no renovación de la base militar de Manta en Ecuador, al pedido de su presidente Rafael Correa. En este caso los yanquis no derrocaron al gobierno de turno pero encontraron en el aliado histórico colombiano la manera de mantener su presencia en la región. A la concentración logística norteamericana en la sola Colombia, hay que remarcar la connivencia ideológica de ambos países en su lucha – y en los medios para luchar – contra el narcotráfico. Ante esta situación la preocupación de países reivindicándose abiertamente del antiimperialismo, encabezados por Venezuela, Ecuador y Bolivia, es la de ver Colombia convertirse en el caballo de Troya de los Estados Unidos. Las tensiones diplomáticas se han incrementado significativamente en la región a partir de la sorpresiva incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, y desde entonces no puede descartarse la posibilidad de un conflicto armado. Las relaciones con Caracas son particularmente problemáticas, no sólo por la ambivalencia de Hugo Chávez para con los FARC⁸⁰, sino también por el choque entre dos ideologías hegemónicas: por un lado la lucha antiterrorista asociada con los Estados Unidos, por el otro el proyecto bolivariano libertador. Si bien lo que se está observando por el momento tiene más que ver con una batalla ideológica – en la que la guerra de palabras tiene también fines electorales – la carrera armamentística observada estos últimos meses no es por  tranquilizar los debates; y nada dice que un Chávez en perdida de legitimidad no se lance en una empresa desesperada, un poco a la manera de Leopoldo Galtieri arrastrando Argentina en la estrepitosa guerra de Malvinas.

CONCLUSIONES

Entrando ya en la última parte del trabajo, nos parece de suma importancia resaltar nuevamente la particularidad de Colombia que, más que cualquier otro país sudamericano, presenta significativos rasgos de Estado fallido. Esto tiene serias consecuencias internas que ningún observador debe soslayar. Lo que hemos intentado demostrar es que el escenario político colombiano se ha caracterizado a lo largo de su historia por niveles excepcionales de violencia, violencia que hemos asociado a un modus operandi propio a Colombia. La violencia observada alimenta una cultura de la intolerancia, de exclusión física del disidente, del recurso al terror como mecanismo de resolución de conflicto. Si bien la conducción política del presidente Uribe no escapa a esta realidad, se está dando un giro sustancial bajo su liderazgo: después de décadas de violencia desenfrenada, el Estado está finalmente llegando a imponer su orden. El giro es sustancial, decíamos, porque marca un cambio en la manera de aprehender la política: se está pasando del dominio de la violencia al de de la fuerza del Estado. Como bien recalca Giovanni Sartori, “la fuerza manda, impone y somete; la violencia agrede, hiere y destruye. La fuerza es una vis coactiva compatible con el estado de paz; la violencia caracteriza al estado de guerra.” Esta línea entre fuerza y violencia, por cierto tenue, está marcada sin ambigüedad por Uribe: “hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica.”⁸¹

Uno de los mayores desafíos de Uribe consiste en no desviarse de esta línea y lograr que las autoridades del Estado lleguen plenamente hacia los confines del territorio colombiano sin por ello caer en el autoritarismo. Para esto es necesario que dichas autoridades dispongan de legitimidad, es decir que su fuerza sea reconocida y aceptada ampliamente por el pueblo colombiano. Así lo entiende Álvaro Uribe cuando declara: “si la ciudadanía no se integra con la Fuerza Pública, es muy difícil, por grande y potente que sea la Fuerza Pública, derrotar el terrorismo. La clave contra el terrorismo radica en la alianza ciudadanía - Fuerza Pública – Constitución. Y tenemos que promoverla, porque aquí se promovía lo contrario”.⁸² Es esencial por lo tanto que dicha fuerza pública sea ejemplar. En este sentido la parapolítica, en referencia a los vínculos entre políticos y paramilitares, puede tener efectos devastadores para la gobernabilidad y legitimidad de Uribe, quien para premunirse de este peligro ha hecho de la transparencia y de la rendición de cuentas una de las prioridades de su acción gubernamental⁸³. Otro imperativo para que el Estado asiente plenamente su autoridad reside en su capacidad no sólo coercitiva sino de integración, que en definitiva no es otra cosa que la consagración del orden republicano. Recordemos las palabras de Hobbes, testigo privilegiado de temerosas escenas de anarquía en la Inglaterra del siglo XVII: que los hombres “no deben ser abandonados a la caridad de personas particulares, sino ser cuidados por las leyes de la República”.

A modo de conclusión, el análisis histórico de la política interna nos ha permitido apreciar algunas variables esenciales para entender la posición actual de Colombia, país que a primera vista parece navegar a contra corriente del resto de Sudamérica. Entender su especificidad no debe sin embargo hacernos olvidar las implicancias e incertidumbres geopolíticas que su estrecha alianza militar con los Estados Unidos hace llevar sobre la región. Es cierto que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, cuestiones absolutamente vitales para la perennidad del propio Estado colombiano, supera el estricto marco de las fronteras nacionales. No es poco lo que está en juego: si Álvaro Uribe no demuestra lo bien fundado de su acción, si no logra el consenso y la cooperación de los países vecinos, entonces el proyecto político de erigir un Estado Nación colombiano en el sentido pleno de la palabra fracasará; y con ello la estabilidad misma de la región se verá indefectiblemente amenazada.

*Facultad de Ciencias Sociales – Carrera de Ciencia Política (UBA)

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Libros

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Archivos

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“Chávez pide quitar a FARC y ELN de lista terrorista”, véase en http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/5666

“Chávez: Vientos de guerra empezaron a soplar” véase en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1160736

"Colombia advierte que no descarta retirarse de la Unasur", véase en http://www.clarin.com/diario/2009/09/16/um/m-02000019.htm

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“El Bogotazo: del asesinato de Gaitán a la violencia armada”, véase en http://www.aporrea.org/ddhh/a54609.html

“En palabras de Uribe: de la seguridad nacional a la seguridad democrática”, véase en http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1538

"EEUU: Ex presidente Samper recibió dinero narcotraficantes", véase en http://www.elalmanaque.com/actualidad/gtribin/art641.htm

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“Plan Colombia”, véase en http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/geoestrategia/pcolom.htm

“Presidente Uribe hace resumen de ataques a campamentos de ‘Tirofijo’ y pide sacar conclusiones”, véase en http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/31/06312008.html

“Uribe dice que política de Seguridad Democrática necesita un ratico largo”, véase en http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo164781-uribe-dice-politica-de-seguridad-democratica-necesita-un-ratico-lar

“The Original Plan Colombia”, véase en http://www.ciponline.org/colombia/plancol98.htm

            Documentos oficiales

Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, disponible en http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/noviembre/03/acuerdo.pdf

Constitución de 1863, véase en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/07030730122947295209079/p0000001.htm#I_1_

Constitución de 1886, véase en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68062733439359617422202/p0000001.htm#I_1_

Constitución de 1991, véase en http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf

Política de Defensa y Seguridad Democrática, disponible en http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf  

Videos

“Chávez pide prepararse para la guerra contra Estados Unidos y Colombia”, véase en
http://www.youtube.com/watch?v=83Xa4t-7Or8

“El Bogotazo, el origen de las FARC”, véase en http://www.youtube.com/watch?v=W8wVySpWmpE&feature=related (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=3_uOJ1rt1eg&feature=related (Parte 2)

“Jorge Eliecer Gaitán, el Jefe”, véase en http://www.youtube.com/watch?v=rEdo2d92_1k&feature=related (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=kg9DzsVjasY&feature=related (Parte 2)
http://www.youtube.com/watch?v=Ukg4_uuXVbI&feature=related (Parte 3)
http://www.youtube.com/watch?v=RnrYR0-hwkY&feature=related (Parte 4)

“Pablo Escobar el terror de Colombia”, véase en http://www.youtube.com/watch?v=gjRwXHzHg70