El siguiente trabajo constituye una copia fiel del artículo original publicado en la Revista El Príncipe, Asociación de Especialistas y Maestros en Ciencia Política, La Plata, Buenos Aires, Año 3, Número 1, Mes de Mayo de 2009, páginas 123-147. ISSN: 0328-2589. Agradezco al director de la Revista por permitirme amablemente su reproducción.

Las crisis post-transiciones en América Latina.
Un análisis comparativo de los casos de Argentina y Venezuela y la excepcionalidad del caso chileno¹

Hernán Fair²

Resumen

Tras la experiencia de sangrientas dictaduras militares, a partir de la década del ´80 y comienzos de los ´90 la mayoría de los países de América Latina ingresaron en una etapa de transición democrática. Este artículo indaga en el proceso de crisis postransiciones en Latinoamérica enfocando en un análisis comparativo de los casos de Argentina y Venezuela y en la excepcionalidad chilena. A partir de un análisis de tipo diacrónico con eje en el sistema de partidos y el modelo socioeconómico en estos tres países, concluye que la crisis en los primeros dos, en contraposición al tercero, fue consecuencia de las características poco institucionalizadas de su régimen político y del grado de aplicación de las políticas económicas neoliberales. 

Palabras clave: Crisis postransiciones - Argentina - Venezuela - Chile - Sistema de partidos - Neoliberalismo

Abstract

Before the experience of bloodies dictatorships, during the 80´s and the beginning of ´90´s decade the Latin-American countries became to a democratic transition stage. This article investigates the process of post transition crisis in Latin America focusing on a comparative analysis from the Argentinean and Venezuelan cases and the exceptionality of the Chilean’s case. Using a diachronic analysis from the system party and the economic model in both countries, the study concludes that the crisis in the first two countries was consequence from the law institutionalization characteristics of the politic regimen and the apply of neoliberals economic politics.                

Key words: Crisis post transition - Argentine - Venezuela – Chile - Party system - Neoliberalism

1. Introducción

     Después de haber pasado por la experiencia de sangrientas dictaduras militares, a partir de la década del ´80 y comienzos de los ´90 la mayoría de los países de América Latina ingresaron en una etapa de transición democrática. Sin embargo, esta nueva etapa no estuvo exenta de conflictos, conflictos que expresaban la difícil articulación entre el Estado y la Sociedad civil. Tomando en cuenta este aspecto, el siguiente trabajo se propone realizar un análisis histórico y comparativo sobre la etapa de las post-transiciones a la democracia y las crisis emergentes en Venezuela y Argentina. En efecto, consideramos que estos dos países poseen características en común que los convierten en casos fuertemente comparables entre sí. Sostenemos que en ambos países la crisis fue causada por la aplicación a mansalva de un modelo económico de orientación neoliberal³ que provocó graves consecuencias económicas y sociales, y por un régimen político caracterizado por altos niveles de corrupción e impunidad. No obstante, hemos seleccionado un tercer caso, el de Chile, para poder contrastarlo con las otras unidades de análisis. La elección de este caso se debe a que en este país, a diferencia de los otros dos, no se produjo ni una crisis política-institucional ni una crisis económica post-transición a la democracia. Como intentaremos demostrar, la ausencia de esta crisis en el régimen se debió, desde el lado político-institucional, a la existencia en este país de un sistema de partidos con características particulares, opuesta al resto de los países abordados. En cuanto a la ausencia de una crisis económica y social, responde a una serie de factores históricos y políticos que hicieron al caso chileno único en la región.
   Para llevar a cabo el análisis, hemos seleccionado dos variables que consideramos claves: el sistema de partidos y el modelo de acumulación. La primera variable nos permitirá investigar, a partir de un análisis diacrónico, los factores que influyeron sobre la presencia o ausencia de una crisis política y cómo se presentó en cada caso en particular. La segunda variable, por su parte, nos permitirá dar cuenta del factor que contribuyó a la existencia, y en este caso en qué medida, o, en su defecto, a la inexistencia, de una crisis económica y social.        

1. El sistema de partidos
1.1. Surgimiento del sistema de partidos

      Introduciéndonos en primer lugar en el caso venezolano, debemos decir que en sus comienzos era un país básicamente rural y fragmentado regionalmente, lo que hacía que el Estado central tuviera un rol nominal. En cuanto a los partidos políticos, eran bandas armadas con marcadas bases regionales y lealtades (Kornblith y Levine, 1995: 39). Si bien a partir de la década del ´20 el desarrollo de la industria del petróleo acabó con la agricultura, se crearon Fuerzas Armadas nacionales, burocracias y sindicatos, el país estaba regido por una dictadura militar que no permitía la organización política. No obstante, en septiembre de 1941, a partir de la liberalización que llevó a cabo el dictador Isaías Medina Angarita, que facilitó la organización sindical y política, fue establecido el primer partido nacional: Acción Democrática (AD). Los líderes y activistas de AD -llamado a sí mismo el partido de la gente- inmediatamente se pusieron a construir una estructura política desconocida hasta el momento en Venezuela. Esto es, un partido que fuera permanente, presente en todos los niveles de la vida local y nacional, y capaz de integrar muchos intereses y grupos en su vida organizativa (Kornblith y Levine, 1995: 41).
     La base social del partido estaba compuesta por sindicatos, sectores campesinos, organizaciones de maestros y asociaciones de estudiantes y de profesionales. Todos estos grupos fueron integrados dentro del partido, con lealtades sectoriales y partidarias e identidades muy conectadas. En este sentido, AD incorporó intereses sociales emergentes, dándole a sectores como los obreros, estudiantes, profesionales o campesinos un lugar en el proyecto de organización del partido⁴. Las organizaciones, sin embargo, no tenían poder político; las elecciones eran indirectas y el sufragio limitado. Precisamente, para cambiar esas reglas de juego, los líderes del partido, liderados por Rómulo Betancourt, se unieron a jóvenes militares en la victoriosa conspiración contra el gobierno de Medina.
    
     Los siguientes tres años, conocidos como el Trienio, marcaron, al igual que lo harían en Argentina y en México, la introducción definitiva de la política de masas en la vida nacional. Las barreras a la participación fueron diminuidas, se impuso el sufragio universal y se establecieron elecciones directas en todos los niveles de gobierno. Organizaciones de todo tipo fueron estimuladas y crecieron rápidamente, especialmente los grupos obreros y campesinos. Además, servicios como la educación, salud, agua, y comunicaciones fueron extendidos por primera vez a los sectores pobres. Por otro lado, nuevos partidos fueron creados. El más importante de ellos fue el COPEI -Comité Organizativo Político Electoral Independiente-, seguido por la Unión Republicana Democrática (URD), partido formado por anticomunistas de izquierda que habían apoyado a Medina.
     A pesar de que la expansión de la participación y los benéficos concedidos fortalecieron al partido enormemente, también creció la oposición de los sectores de la elite que temían que el nuevo régimen, controlado por las organizaciones populares, destruyese completamente el orden social existente. La oposición de derecha, representada por la Iglesia católica, fue ocupada por el COPEI -formado en 1946-, los sectores militares conservadores, los empresarios y la embajada de los Estados Unidos. Finalmente, el 24 de noviembre de 1948 un Golpe militar, liderado por el General Marcos Pérez Jiménez, puso fin a la democracia. El nuevo régimen eliminó a AD, terminó con las reformas educativas, agrarias y laborales y pactó con el resto de la oposición política a través de una combinación de sobornos, fraude y violencia. Sin embargo, la fuerza de la oposición a la dictadura obligó a Pérez Jiménez a llamar a un plebiscito en diciembre de 1957. El afrontamiento del plebiscito ayudó a unificar a la oposición que, bajo el nombre de Junta Patriótica, logró que el régimen colapsara el 23 de enero de 1958.
      Los acontecimientos de esta fecha marcaron no sólo el restablecimiento de la democracia, sino también la creación de un tipo de democracia más resistente. Esto se debió a que los líderes de la clase política vieron en esta segunda chance la oportunidad de corregir los errores que se habían cometido durante el Trienio, que estaban relacionados con la polarización, un sentido de conflicto incontrolable, y la marginalización que habían hecho de los sectores de poder minoritarios (Kornblith y Levine, 1995:  43-44). 

     En el caso argentino, el surgimiento del sistema de partidos nos remonta a finales del siglo XIX. En ese entonces, la política se encontraba dominada por un partido de notables formado por gobernadores de provincias que apelaban al fraude electoral y al clientelismo político para legitimarse (Botana, 1998). En 1890, en la llamada Revolución del Parque, surgió el llamado Partido Radical o Unión Cívica Radical (UCR), partido cuyo discurso se centraba en el aspecto ético y moral, en franca oposición al fraude electoral del régimen conservador dominante (Romero, 1994).
   Al igual que en Venezuela, a mediados de la década del ´40 la presión de las masas, que exigían una mayor participación social, permitió el ascenso de un líder popular que incorporó a los sectores marginales al sistema político (James, 1990; Torre, 1990). El contexto nos remonta al famoso 17 de octubre de 1945, cuando el coronel Juan Perón fue aclamado masivamente por el pueblo en la Plaza de Mayo para que se presente a elecciones. Seis meses después, el líder resultó electo ampliamente a partir de la creación del Partido Peronista –luego Partido Justicialista (PJ)-. Al igual que en Venezuela, en donde sólo un día después de la movilización popular aclamando a Perón, el 18 de octubre de 1945, el mismo apoyo que el líder argentino lo obtuvo el líder Jaime Betancourt -creador de Acción Democrática (AD)-, en el Golpe cívico militar que le permitió acceder al poder, el ex militar le otorgó entidad por primera vez en la historia a los sectores populares, al incorporarlos al escenario político. Durante sus tres presidencias (1946-1952, 1952-1955 y 1973-1974), su Gobierno aplicó fuertes políticas intervensionistas, garantizando el pleno empleo, altos salarios y acceso a servicios sociales a amplios sectores sociales hasta entonces excluidos del sistema político (Basualdo, 1992).
   No obstante, hubo también algunas diferencias entre los dos países. Si bien ambos se caracterizaron por la presencia de un líder carismático que incorporó política y sobre todo socialmente a las masas a partir de un proyecto nacional y popular ligado al mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones, y en ambos casos fue el Estado el que creó a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales “desde arriba”, en Argentina se constituyó una relación orgánica que dividió al partido-movimiento en tres ramas (sindical, femenina y partidaria), excluyendo a los campesinos, muy minoritarios en ese país (Mustapic, 2002). En Argentina, además, el peronismo casi no obtuvo apoyos de los sectores medios y, si bien Perón era de origen militar, tampoco pensó en incorporar corporativamente a los militares que lo apoyaban.  

     A diferencia de Venezuela y Argentina, el caso de Chile se particulariza por tener un sistema de partidos estructurado ya desde fines del siglo XIX. También se diferencia de los demás países analizados en el sentido de que sus principales partidos, al igual que los sindicatos, no fueron una creación “desde arriba” por parte del Estado, sino que surgieron “desde abajo”, desde la sociedad civil, como respuesta a tres clivajes sociales: el religioso, el de clase y el conflicto de urbano-rural, formadas en diferentes momentos de la historia (Scully, 1995: 101). Como señala Scully, el conflicto entre clericales y anticlericales se remite al siglo XIX y dio lugar al surgimiento de liberales y conservadores. El conflicto de clase tiene su origen a principios del siglo XX, marcado por la emergencia de la clase obrera. El tercero, por último, se formó por la amplia movilización de la clase trabajadora al sector rural en la década del ´50, precipitando la emergencia de un fuerte partido de centro, la Democracia Cristiana (DC), que reemplazó a los Radicales, y el crecimiento de la polarización del sistema de partidos chileno entre la izquierda y la derecha (Scully, 1995).

1.2. Características del sistema de partidos

     Desde su creación, en la década del ´40, hasta la crisis de 1989, los partidos políticos siempre estuvieron en el centro de la democracia venezolana moderna. Según Kornblith y Levine, los  partidos formaban un verdadero sistema de partidos que tenía las siguientes características: En primer lugar, los partidos eran las herramientas básicas de movilización política y acción. Segundo, la movilización aseguraba consenso y votos, características de los partidos modernos. En tercer lugar, estos elementos se volvían centrales para legitimar las políticas y, por último, como los partidos dominaban las políticas, eran el principal agente para la organización y canalización de los conflictos políticos (Kornblith y Levine, 1995: 37-38).
      Si nos retrotraemos a la transición a la democracia, podemos observar que la misma fue construida a partir de coaliciones y compromisos. No sólo los partidos políticos cooperaron, también los empresarios y profesionales se unieron, al igual que los militares y las organizaciones populares. En este sentido, podemos hablar de un “aprendizaje político” (Aznar, 1990: 83) por parte de la sociedad en general y de los sectores dirigentes en particular. 
      Antes de las elecciones presidenciales de 1958, año en el que volvió la democracia luego de diez años de dictadura de Pérez Jiménez, los mayores partidos no comunistas -AD, COPEI y URD (desaparecido a finales de los ´70)- firmaron dos acuerdos formales de extrema importancia. El primero, conocido como Pacto de Punto Fijo, implicaba aceptar sin protestar  el resultado de las elecciones, el mantenimiento de una tregua política despersonalizando el debate y reforzando la consulta entre partidos sobre diferentes temas, y el compartir responsabilidades políticas y patronazgo (Kornblith y Levine, 1995: 45). Hubo, asimismo, un segundo acuerdo formal, el Programa Mínimo de Gobierno. Este programa presentaba un modelo de desarrollo basado en el capital privado local y extranjero, subsidios al sector privado, principios de compensación para cualquier reforma agraria y la propuesta para realizar algunas reformas económicas y sociales. Los acuerdos buscaban, al mismo tiempo, calmar a la oposición. Por este motivo, los militares fueron amnistiados, tuvieron mejor equipamiento y les aumentaron el salario. En cuanto a la Iglesia Católica, se le otorgó un status legal, subsidios públicos, consulta en la reforma educacional, y cierta tranquilidad debido a la participación del COPEI en la coalición de gobierno después de 1958. Además, la opción antidemocrática tanto de derecha como de izquierda fue vencida, la primera a través de purgas exitosas en los cuerpos de funcionarios y en la victoria sobre los golpes militares, y la última a través de la marginalización y victoria de la guerrilla (Kornblith y Levine, 1995: 45).

     Tanto AD como COPEI tenían varios puntos en común, ambos estaban compuestos por líderes profesionales, organizados alrededor de los la nación entera y en todos los niveles, y ambos incorporaban grupos funcionales, como sindicatos y estudiantes, en su organización. Además, los dos partidos tenían la habilidad de movilizar importantes recursos financieros, no sólo para los gastos de gobierno sino también para cultivar vínculos con los empresarios y los sectores financieros. COPEI, que nació como oposición al Trienio, nombre con el que se conocieron los tres años de gobierno de Betancourt (1945-1948), inicialmente concentraba sus votantes en los estados tradicionalmente católicos, pero luego fue convirtiéndose en un verdadero partido no confesional que competía en todos los niveles. En cuanto a su ideología, era un partido “centrista de clase media” y moderado ideológicamente. En este sentido, se asemeja al Partido Radical de Chile y al de Argentina (Di Tella, 1993: 355). Con respecto a AD, lo podemos considerar un partido “populista de clase media”. Este partido se caracteriza por ser policlasista con bases en la clase media de modesta condición, con la inclusión de intelectuales, clase obrera y campesinos (Di Tella, 1995: 344).

     Si bien cuando volvió la democracia había 3 partidos que competían para presidente -AD, COPEI y URD-, y que de ese número se pasó a 23 partidos en 1988 (Kornblith y Levine, 1995: 50), siempre siguieron triunfando los dos partidos tradicionales. Algunas de las claves que explicaban el bipartidismo eran el trabajo organizacional fuerte y una efectiva campaña mediática, posible a partir del financiamiento monetario. Otro factor clave era la disminución de la distancia ideológica a partir del corrimiento de ambos hacia el centro del espectro ideológico (Kornblith y Levine, 1995: 57). Esto posibilitaba la inclusión de sectores con intereses diversos.  
      La década posterior a 1958 mostró un firme declinamiento de AD y un ininterrumpido crecimiento del COPEI. En la elección de 1969 fue electo, por primera vez, un candidato del COPEI -Rafael Caldera-. Este hecho marcó el comienzo del péndulo bipartidista que, a partir de 1973, adquirió características estructurales al concentrar, entre ambos partidos, más del 80% del total de votos (Aznar, 1999: 92). Sin embargo, el péndulo se rompió en las elecciones de diciembre de 1988 con el triunfo, por segunda vez consecutiva, de un candidato de AD -Carlos Andrés Pérez-, que reemplazó en el gobierno a un hombre de su mismo partido, Jaime Lusinchi (1984-1988). A partir de ese momento, el rol tan importante de los partidos políticos comenzó a ser cuestionado y desafiado y comenzó a gestarse entre los dos grandes partidos una lógica schmittiana amigo-enemigo. De esta manera, cuando AD estaba en el poder, aumentaban las huelgas de los sindicatos ligados a COPEI y cuando accedía al poder este partido, se acababan esas huelgas y comenzaban las de los sindicatos de AD.

      Si nos centramos ahora en el caso argentino, podemos observar importantes diferencias en la configuración del sistema de partidos. En efecto, a diferencia del caso venezolano, en Argentina el bipartidismo funcionó históricamente de manera imperfecta. A lo largo de su historia, el sistema político se caracterizó por la presencia de liderazgos movimientistas, como el de Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en la UCR y Perón en el PJ, que rechazaron la utilización de prácticas de concertación con la oposición, a la que acusaban de ser el “Régimen”, el “AntiPueblo” o la “AntiPatria” (De Riz, 1986). Tras un breve intento de democratizar al régimen político con el regreso del radicalismo al poder, en 1983 (Palermo y Novaro, 1996), las prácticas hegemonistas y “delegativas” (O´Donnell, 1996, 1997) continuarían y se expandirían con el ascenso de Carlos Menem (1989-1999), en julio de 1989, ahora concentradas en la aplicación abusiva de decretos de necesidad y urgencia, vetos y legislación delegada (Mustapic, 1995).

1.3. Los casos de Venezuela y Argentina: Crisis y fractura del sistema de partidos
            
      Dijimos que desde 1958 la democracia en Venezuela parecía estar definitivamente consolidada. La dinámica se expresaba hasta entonces en una lógica de conciliación de clases a través del péndulo bipartidista entre la social democracia de Acción Democrática y el social cristianismo del COPEI. Pero su eficacia se agotaría a fines de los ´80, producto de la implementación de medidas neoliberales, altos niveles de corrupción y una manifiesta pérdida de legitimidad de los sectores dirigentes. El primer acontecimiento que repercutió sobre el bipartidismo fueron los disturbios del 27 y 28 de febrero de 1989, bautizados como el Caracazo, que se iniciaron como protesta contra el aumento en el precio de la nafta y, por lo tanto, del transporte, que había implementado el presidente Carlos Andrés Pérez. El segundo acontecimiento se remonta a febrero de 1992, cuando el coronel Hugo Chávez Frías encabezó un intento de Golpe de Estado, que fracasó rápidamente. En el mismo intervinieron oficiales jóvenes de ideología nacionalista con un discurso populista y fuertemente antipartidos. Este intento de Golpe obtuvo el apoyo de algunos sectores de la derecha intelectual que centraban sus críticas en el sistema de partidos y en la clase política y, por otro lado, de algunos sectores de izquierda que apoyaban la ideología progresista, popular y antiimperialista de los golpistas (Aznar, 1999: 81). A pesar de su fracaso, y de la misma manera que el Caracazo, la intentona golpista dejó sus marcas en la sociedad. También ayudó a desprestigiar a los partidos el juicio político realizado al presidente Pérez, acusado de mal manejo de fondos, y su posterior destitución en 1993. Ese mismo año Rafael Caldera, con un discurso fuertemente antipartidista, formó el movimiento Convergencia -no pudo obtener el apoyo de su partido, el COPEI- y, apoyado sorprendentemente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), logró llegar a la presidencia con el 30,5% de los votos.
    
      Para las elecciones de 1998 la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales era muy grande. En ese contexto, el discurso crítico y profundamente antipartidos de Chávez, que había sido indultado por el presidente Caldera poco antes, caló hondo. El ex militar golpista, desde una posición nacionalista y popular, creó el partido Movimiento Quinta República (MVR) y llevó a cabo una amplia política de alianzas hacia la centro izquierda que incluía a Causa R -aunque un sector luego se desprendió del partido y formó el Partido para Todos, con partidarios pro y antiChávez-, PCV, MAS -ambos partidos también con sectores de oposición a Chávez, principalmente los miembros de más edad- y el MEP-, y fue observando cómo sus índices de apoyo comenzaban a aumentar sistemáticamente a medida que se acercaba la fecha de las elecciones. La oposición, por su parte, se encolumnó detrás de la candidatura del empresario Salas Romer quien, al frente del movimiento Proyecto Venezuela (MPV), exhibía índices de intención de voto para presidente superiores a los de los propios candidatos de COPEI y AD. Finalmente, en diciembre de 1998 Chávez llegó al poder con el apoyo del 56,2% de los sufragios, principalmente de sectores populares y medios desencantados con AD y COPEI, además de sectores minoritarios de la clase media-alta, como los industriales y petroleros, y algunos sindicatos no adecos.

     En febrero de 1989 se produjeron los disturbios populares conocidos como Caracazo, mostrando la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de encauzar el descontento de la ciudadanía. Ese descontento se debía, en primer lugar, a la aplicación de medidas neoliberales por parte del presidente Carlos A. Pérez -tema que analizaremos más adelante-. Pero la crisis no era sólo económica, sino que había otro gran factor que contribuyó a la crítica y al desencanto del sistema político: la incipiente corrupción del sistema de partidos en general y del Poder Judicial en particular.
     No obstante, las elecciones para gobernadores de Estado de diciembre de ese mismo año -que por primera vez se hicieron mediante voto directo-, a pesar de que mostraron un debilitamiento de los partidos tradicionales y un aumento del apoyo a los partidos de izquierda venezolana -principalmente Causa R y el MAS-, parecían volver las cosas a la normalidad. Pero la calma volvió a ser tormenta, ya que la conflictividad afloró a nivel intra e interpartidario. A nivel intrapartidario, parte de la dirigencia, que se había opuesto en su momento a la candidatura de Pérez, le restaba apoyo a las políticas económicas ortodoxas del presidente. En cuanto al nivel interpartidario, los dirigentes de la oposición comenzaron a poner en cuestión la legitimidad presidencial (Aznar, 1999: 87).
     Otro episodio que dejó su marca, erosionando al sistema, fue el intento de Golpe de Estado de 1992 del coronel Hugo Chávez, que contó con el respaldo de una parte de la ciudadanía. Pero fueron las elecciones de gobernadores de fines de ese mismo año, que significaron la pérdida del control por parte de AD de varios estados, los que mostraron que ya había comenzado a evidenciarse el desestructuramiento del bipartidismo, al menos a nivel regional.
     Si bien parecía que el sistema se recomponía nuevamente, a partir de 1993 irrumpió un pluralismo limitado que abarcaba desde el centro -Convergencia, AD y COPEI- a la centro izquierda -Causa R, MAS-. Finalmente, en un contexto de fuerte crisis en el régimen, se dio el marco propicio para el triunfo del carismático Chávez en diciembre de 1998, acompañado por un discurso netamente antipartidos -producto de la crisis política- y de raíz populista-nacionalista con fuertes críticas a los planes de ajuste neoclásicos -como respuesta a la crisis económica-. De esta manera, se puso punto final, de manera formal, al bipartidismo tradicional.

     En lo que respecta al caso argentino, a diferencia del venezolano, el bipartidismo funcionó, como dijimos, de manera imperfecta. En efecto, el sistema político se caracterizó por la presencia de liderazgos movimientistas, como Yrigoyen en la UCR y Perón en el PJ, que rechazaron la concertación con la oposición (Mustapic, 1984; Cavarozzi, 1989). Tras casi medio siglo inestabilidad política, signada por reiterados Golpes de Estado (1955, 1962, 1966, 1970, 1976), en 1983 se lograría el retorno al régimen democrático. Seis años después, con la asunción de Carlos Menem, se lograría un inédito traspaso democrático entre el radicalismo y el justicialismo. De todos modos, el cambio más importante en el tradicional sistema bipartidista se produciría en 1997, cuando la UCR se alió políticamente con el Frente del País Solidario (FrePaSo), desprendimiento del Frente Grande -de tendencia centroizquierdista-, para formar la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Esta inédita coalición fue constituida con el objetivo de vencer al PJ en las elecciones nacionales, puesto que las encuestas pregonaban una nueva victoria del oficialismo justicialista, partido que estaba en el poder desde hacía dos períodos. Finalmente, la conformación de la Alianza resultó exitosa y el candidato del radicalismo, Fernando de la Rúa (1999-2001), terminó siendo electo como Presidente con un porcentaje cercano al 50% de los votos, secundado por Eduardo Duhalde, del PJ, quien obtuvo un 38% de los sufragios en las elecciones realizadas en octubre de 1999.
     Luego de dos años de mandato sin grandes cambios con respecto al gobierno de Menem (1989-1999), una combinación de crisis económica y crisis política -que luego analizaremos con más profundidad- estalló el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando una manifestación mayoritariamente conformada por sectores medios se dirigió a la Plaza de Mayo exigiendo “Que se vayan todos”. Las protestas, similares al Caracazo de 1989 en Venezuela, significaron la renuncia del presidente y la disolución formal de la Alianza, pero también generaron otros impactos sobre el sistema de partidos, ya que dos sectores del radicalismo se separaron del partido para constituir partidos nuevos. Por un lado, se formó el centroizquierdista Alternativa para una República de Iguales (ARI), liderado por Elisa Carrió, y, por el otro, el centroderechista Recrear, dirigido por el empresario Ricardo López Murphy. El PJ, por su parte, también se dividió en tres sectores: un sector de centroizquierda -representado por Néstor Kirchner-, un sector de centro -Adolfo Rodríguez Saá- y un sector de centroderecha -liderado por el ex presidente Menem-. En las elecciones que se llevaron a cabo en abril del 2003 resultó electo como presidente Kirchner, luego de que el vencedor en la primera vuelta, Menem, desistiera de participar en el ballotage frente a lo que iba a ser una apabullante derrota.

     En síntesis, en Argentina se pueden observar muchas similitudes con el caso venezolano. En ambos países el bipartidismo tradicional entró en una profunda crisis, y lo hizo por los mismos motivos. El primero de ellos se debió a una devastadora crisis económica y social generada por el fracaso del modelo de acumulación neoliberal -modelo que más adelante analizaremos en detalle- y el segundo, la existencia de una crisis político-institucional, producto del gobierno extremadamente corrupto e impune de Menem y el continuismo, si bien en menor medida, de su sucesor, Fernando De la Rúa. Este había sido elegido a través de una campaña fuertemente mediática de ataque a la corrupción, pero la decepción no tardó en llegar cuando se descubrieron los pagos de coimas en el Senado a cambio de la aprobación de leyes laborales, lo que venía a demostrar que la corrupción de la época menemista tan denostada por el Gobierno no había terminado.
     Al igual que en Venezuela, fueron estos dos elementos los culpables de la crisis en el régimen que estalló en el “Caracazo” argentino del 19 y 20 de diciembre del 2001. Las críticas, expresadas en el lema “Que se vayan todos”, no se dirigían sólo contra la corrupción de los políticos y sus partidos, sino que se extendían a toda la clase dirigente, incluyendo a sindicalistas y jueces de la Corte Suprema. En este último punto de crítica al Poder Judicial encontramos cierto parecido con el caso venezolano, pero en Venezuela se criticaba la desigualdad del sistema judicial para garantizar igual tratamiento y pena a los funcionarios públicos en relación a las personas privadas envueltas en escándalos administrativos. En Argentina, en cambio, se exigía la disolución de la Corte Suprema, vinculada a la corrupción menemista.  
    Había, además, otra diferencia entre los dos casos, ya que en Venezuela, AD y COPEI se aliaron para competir juntos en las elecciones presidenciales, en cambio, en Argentina, esa alianza no se llevó a cabo. Ello se debió a una segunda y crucial diferencia entre ambos países: mientras que en Venezuela, luego de una pequeña composición, la crisis del sistema de partidos se evidenció en el resquebrajamiento de los dos partidos hegemónicos tradicionales, en Argentina la crisis sólo afectó a uno de ellos -la UCR- que, además de sufrir dos escisiones, tuvo en las elecciones presidenciales del 2003 el mínimo apoyo electoral en toda su historia -no llegó al 2% de los votos a nivel nacional-. El PJ, en cambio, si bien se dividió en tres sectores internos, alcanzó el 60% de los sufragios sumando a sus tres candidatos en aquellas elecciones, lo que demostraba que la crisis no lo había afectado como sí lo había hecho en el país andino.
    
      A pesar de que en los dos países la resolución de la crisis tomó senderos diferentes, hubo un nuevo punto en el que ambos coincidieron: en el hecho de que la crisis se encauzó institucionalmente, es decir, que la crisis en la democracia no se convirtió en una “crisis de la democracia” en el sentido que le otorga Morlino de una crisis que terminara con el derrumbe del régimen democrático (Morlino, 1985). En primer lugar, ello se debió a que las Fuerzas Armadas se encontraban muy desprestigiadas en aquellos países. En este sentido, al igual que analiza Morlino con el fascismo en Italia, el recuerdo directo o transmitido a las nuevas generaciones de la experiencia dictatorial, habían puesto los cimientos de la irreversibilidad democrática (Morlino, 1985: 98). Además, como señala O´Donnell, los gobiernos democráticos suelen implementar políticas que favorecen a los sectores económicos privilegiados, por lo que éstos no dudan en apoyarlos. Por otro lado, más aún tras la caída del comunismo, ya no hay probabilidad de que ganen elecciones nacionales partidos resueltos a provocar cambios radicales en la sociedad capitalista. Por último, en los nuevos tiempos de “democracia liberal” emprender una dictadura tendría demasiadas presiones en el plano internacional y sería amenazada con la quita de ayuda económica y militar (O´Donnell, 1997: 345-346). El problema actual, por lo tanto, no es democracia o dictadura, sino cuál democracia (Morlino, 1985: 96-97). En otras palabras, el régimen democrático no es puesto en discusión, sino que se cuestiona sobre todo la calidad del mismo.

      Retomando el caso venezolano, el nuevo liderazgo surgido de la crisis del sistema de partidos implicó el regreso al poder de un líder personalista como no había en ese país desde 1968. Un liderazgo que algunos caracterizan como “neopopulista” (Zermeño, 1989), en el sentido de “una particular relación entre cierto tipo de liderazgo personalista y sectores sociales en disponibilidad para movilizarse o ser movilizados en contextos de crisis social, política y económica” (Aznar, 1999: 82). A diferencia de otros tipos de liderazgos populares, como el peronismo y el populismo de Betancourt, el chavismo se caracteriza por no poseer el apoyo de los sindicatos, ligados históricamente a AD. Otra particularidad del populismo chavista es su lógica confrontacionista, lógica que, al igual que su discurso fuertemente nacionalista y antiimperialista, lo acerca a Betancourt y al primer peronismo⁵. Por otro lado, el chavismo se parece al peronismo en que tiene poco apoyo de las clases altas y que los grandes propietarios de los medios de comunicación siempre fueron deliberadamente opositores al Presidente y au Gobierno⁶.

   En Argentina, a diferencia de Venezuela, vimos que los liderazgos de tipo personalista con características de confrontación directa y movilización popular no son un fenómeno reciente, sino que son tradicionales. En el caso del liderazgo de Néstor Kirchner (2003-2007), luego reemplazado por su esposa, Cristina Fernández (2007), parece situarse en una lógica de confrontación más moderada que el chavismo. Por otra parte, y a diferencia de aquel, tiene a su favor a la gran mayoría de los sindicatos –históricamente ligados a este partido-, aunque comparte el desprecio de un sector importante de las clases altas y en menor medida, de sectores medios urbanos y rurales.  

1.4. El caso chileno: la democracia formalmente institucionalizada

   El sistema de partidos chileno posee características particulares que lo diferencian fuertemente de los demás países. En primer lugar, debe destacarse el bajo grado de clientelismo, patronazgo y corrupción, lo que lo convierte en una democracia “formalmente institucionalizada” (O´Donnell, 1996). Pero, además, pese a tener una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, Chile tiene niveles de “accountability” (O´Donnell, 1996, 1997) superiores a los otros países analizados. En este sentido, tiene presidentes que gobiernan con respeto y tolerancia frente a la oposición y no evaden ni debilitan el Poder Legislativo ni el Poder Judicial⁷. Por otro lado, Chile posee una burocracia muy profesionalizada (Torre, 1997: 74). Por último, como señalamos, el caso chileno se caracteriza por tener partidos fuertemente arraigados y con fuertes lazos de representación política (Scully, 1995). A diferencia de otros países, entre los que debemos incluir también a Brasil, en Chile los partidos políticos siempre fueron los mejores mecanismos para canalizar y desarrollar los intereses emergentes⁸. Además, estos tuvieron un activo protagonismo en el largo proceso de extensión de los derechos de la ciudadanía.
     Otra característica del sistema de partidos chileno es su propensión, que también tiene una larga tradición histórica, a formar alianzas entre los diferentes partidos. Si bien este punto lo comparte con el caso brasileño, se diferencia de aquel en el sentido que en Chile nunca se produjeron entre partidos ideológicamente opuestos, sino entre el centro -los Radicales y luego la DC- y la izquierda -Socialistas- o el centro y la derecha -los Conservadores y ahora la Alianza por Chile-. Además, su sistema de partidos está constituido por tres tendencias ideológicas separadas -aunque actualmente hay un bipartidismo de hecho entre la Concertación, por un lado, y la Alianza por el otro-, cada una con el apoyo de entre una cuarta y una tercera parte del electorado. En países como Brasil, en cambio, hay un pluripartidismo con una gran diseminación del sistema de partidos, con el PC do B, el PSB y  el PPS a la izquierda, el PT en la centroizquierda, el PSDB en el centro, el PTB y el PP en la centroderecha y el PDS, el PFL y el PL a la derecha.
     Es precisamente esta característica del sistema de partidos la que permitió la creación de una red de solidaridad partidaria de oposición a la Dictadura de Pinochet, disminuyendo la enemistad que se había generado anteriormente entre los Socialistas y los Demócratas Cristianos. En efecto, en agosto de 1983, estimulados por las protestas populares contra el régimen, estos dos partidos formaron la Alianza Democrática y exigieron el retorno inmediato al régimen democrático. Dos años más tarde, estos mismos sectores realizaron un Acuerdo Nacional, prometiéndose cooperar entre sí y, eventualmente, aliarse políticamente. Finalmente, el 2 de febrero de 1988, trece partidos opositores de centroizquierda -excluyendo sólo a los comunistas- formaron juntos una alianza conocida como “Concertación de Partidos por el NO”, para oponerse al plebiscito que había convocado Pinochet con el apoyo de los partidos derechistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI), para manifestarse a favor o en contra del régimen. El resultado determinó que un 54,7% de los votantes habían elegido el No, contra el 43% que votaron lo contrario. A partir esa victoria, los partidos de la Concertación formaron una alianza más ambiciosa, la Concertación de Partidos por la Democracia. Los diecisiete partidos que lo integraban se pusieron de acuerdo en elegir a un único candidato -se eligió al Demócrata Cristiano Patricio Aylwin- y elaboraron un programa común para la coalición multipartidaria.
     El 11 de marzo de 1990 Aylwin (1990-1994) ganó la presidencia con el 55,2% de los sufragios⁹ frente al ex Ministro de Finanzas, Hernán Buchi, que obtuvo el 29,4% de los votos. De esta manera, se puso punto final a 17 años de dictadura de Pinochet. El demócrata cristiano Eduardo Frei (1994-2002), en coalición nuevamente con el socialismo, obtuvo la presidencia en 1994 y 1998. El 16 de enero del 2002, Frei fue sucedido por el socialista Ricardo Lagos, también de la coalición Concertación, quien luego fue precedido por la también socialista Michelle Bachelet, actualmente en el poder.

2. Modelo de acumulación
2.1. Argentina y Venezuela: del Estado Benefactor al neoliberal

     A partir de las presidencias de Perón -principalmente la primera- se llevó a cabo una integración de los sectores marginales mediante la provisión de amplios beneficios sociales. Estos beneficios fueron acompañados por un modelo de desarrollo nacional-popular industrialista ligado al mercado interno y caracterizado por una fuerte intervención estatal (Basualdo, 1992; Torrado, 1994). Con el advenimiento de la dictadura militar (1976-1983), sin embargo, la “matriz estadocéntrica” (Cavarozzi, 1997) comenzaría a debilitarse, y a ser reemplazada, paulatinamente, por un modelo de Estado mínimo, el mismo que continuó expandiéndose, no sin contradicciones, durante el gobierno democrático del radical Raúl Alfonsín (1983-1989). Pero fue recién con el acceso a la presidencia del justicialista Carlos Menem y el inicio formal de la Reforma del Estado cuando las políticas de orientación neoliberal se implementaron más fuertemente, reforzado por la puesta en vigencia del Plan de Convertibilidad, en abril de 1991 (Fair, 2008).
     Las consecuencias de la aplicación del nuevo modelo de acumulación neoliberal fueron una mayor pobreza, desigualdad y desocupación, además de un crecimiento inusitado de la deuda externa y los desequilibrios comerciales y fiscales (Basualdo, 2006), si bien quedó como saldo positivo el control definitivo de la inflación. Pero la crisis, potenciada por el Efecto Tequila, de 1995, no era sólo económica, sino también, como vimos anteriormente, político-institucional, producto de años de corrupción e impunidad del sistema político. La gota que rebalsó el vaso, sin embargo, no fueron los casos de corrupción -ya que las coimas en el Senado no provocaron protestas sociales inmediatas-, sino la confiscación de los depósitos y el límite semanal de $250 que se podía extraer de los bancos, medida adoptada por el gobierno del radical Fernando De la Rúa en diciembre del 2001 para prevenir una corrida bancaria, restringir la huida de capital y salvar a la Convertibilidad (Pérez Liñán, 2002: 168). El resultado fue la explosión de una crisis de representación política que se manifestó en la  movilización espontánea de la ciudadanía hacia Plaza de Mayo los días 19 y 20 de diciembre del 2001 con el lema “Que se vayan todos”. Este lema, como señalamos, expresaba el descontento general con el sistema político en su conjunto, desde el Presidente, hasta los partidos políticos, los gremialistas e incluso los jueces de la Corte Suprema. A todos ellos se los acusaba de corruptos, pero también de no hacer nada frente a un país que tenía en esos momentos índices de desocupación alarmantes, una incipiente pobreza, cada vez mayor desigualdad social y una deuda externa incontrolable. Luego de la renuncia anticipada de De la Rúa, la Asamblea Legislativa eligió en su reemplazo -previo paso de otros tres presidentes fugaces- al justicialista Eduardo Duhalde quien, en su primera medida, puso fin formalmente a la Convertibilidad y devaluó la moneda local.
     En abril del 2003 se realizaron las primeras elecciones presidenciales post-crisis. El resultado, sin embargo, mostró que poco quedaba de las exigencias de que se fueran todos los políticos ya que, en la primera vuelta, resultó vencedor el ex presidente Menem, aunque luego desistió de presentarse al ballotage, por lo que resultó electo Néstor Kirchner, de tendencia más moderada. De esta manera, al igual que acontecería en Venezuela y en el resto de los países de Latinoamérica, la crisis se encauzaba por la vía  democrática.
 
      En Venezuela, la implementación de medidas neoliberales provocó, al igual que en Argentina y en el resto de los países de la región, una crisis económica de considerables proporciones. El proceso nos remite al llamado Viernes Negro -18 de febrero de 1983- cuando el bolívar colapsó, iniciando un período de creciente inflación y declinamiento económico. Un segundo momento crítico se produjo en septiembre de 1987, cuando el presidente Jaime Lusinchi lanzó un plan de ajuste y austeridad que no logró controlar la inflación ni el aumento de la tasa de desempleo. Pero la crisis económica estallaría con el sangriento y traumático levantamiento popular del 27 de febrero de 1989, en respuesta al Plan de ajuste del presidente Carlos A. Pérez. La ciudadanía se sintió fuertemente decepcionada con Pérez que, mientras en su primera presidencia había llevado a cabo una política desarrollista de fuerte intervención estatal, en su nuevo mandato viró repentinamente hacia el ultraliberalismo, implementando un aumento en los precios de los transportes, los servicios públicos y otros bienes, no acompañados por una adecuación en los índices salariales, lo que terminó por provocar la explosión popular.    
     Al igual que en la Argentina, en la movilización se produjeron saqueos de supermercados y numerosos destrozos, siendo la respuesta del Gobierno una brutal represión -aunque en Venezuela fueron más de cien muertos y en Argentina veinticinco-. Pero, pese a las semejanzas con la movilización de diciembre del 2001 contra el gobierno de De la Rúa, hubo una diferencia en el sentido de que en Venezuela los principales actores de la protesta fueron los sectores marginales y obreras y, en menor medida, los sectores medios-bajos. En el caso argentino, en cambio, fue una movilización básicamente de la clase media y sectores minoritarios de las clases populares. 
     A pesar de la reacción popular, las políticas neoliberales de privatización, desregulación y apertura continuaron aplicándose, trayendo como consecuencia que en 1991 un grupo de mandos medios de las Fuerzas Armadas se rebelara en el país andino exigiendo la corrección de la orientación adoptada y una lucha más enérgica contra la corrupción, con lo que obtuvo el apoyo de sectores populares y estudiantiles. En este contexto de crisis en el régimen se dio el marco propicio para el triunfo del carismático Chávez, acompañado por un discurso netamente antipartidos -consecuencia de la crisis política-institucional- y de raíz populista-nacionalista con críticas al neoliberalismo -como respuesta a la crisis del modelo intervensionista estatal-.
     Al comparar a este nuevo liderazgo con el de Kirchner, notamos importantes coincidencias. En efecto, ambos accedieron al poder en medio de una fuerte crisis de legitimidad de la política. Y en lo que refiere a sus políticas económicas, al igual que la recientemente electa presidente Cristina Fernández, comparten, además, una fuerte crítica, al menos desde el ámbito discursivo¹⁰, contra el modelo ortodoxo.   

 2.2. Las excepcionalidades del caso chileno

      Las características del modelo de acumulación en el caso chileno representan un nuevo punto de contraste en relación a Argentina y Venezuela. En primer lugar, el legado económico del gobierno militar era mejor (Mainwaring, 1996). En efecto, el caso de Chile tuvo la ventaja de que las reformas económicas implementadas por el gobierno militar hicieron posible que la nueva democracia no tuviera que cargar con el peso de realizar la Reforma del Estado. Este hecho, que lo diferenció fuertemente de los demás países de la región, hizo las cosas más simples para la Concertación, ya que no tuvo que hacer el “juego sucio”. Pero la Concertación también se vio favorecida por el legado económico que dejó la Dictadura. Ello se debe a que las políticas neoliberales aplicadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, si bien terminaron privatizando algunas empresas públicas, resguardaron para el Estado la industria clave del cobre -que, por otro lado, tuvo un aumento de su precio a mediados de los ´80-, además de dejar bajos niveles de deuda externa.    
     Además, a diferencia del caso venezolano, que terminaría desembocando, como vimos, en el Caracazo del ´89, y del caso argentino, fuertemente erosionado por la inflación y el déficit fiscal del gobierno de Alfonsín, y luego por el masivo endeudamiento externo, la privatización y apertura extrema y la desindustrialización del país durante la época de Menem, durante los gobiernos de la Concertación en Chile la economía se expandió. Ello fue posible, más allá de los factores anteriormente mencionados, debido a la presencia de un Estado con fuerte acción fiscal (Torre, 1997; Ffrench Davis, 2004), lo que, a diferencia de los otros países, le permitió reducir la evasión tributaria. A partir de esos recursos, el Estado pudo intervenir con fuerza en la economía, expandiendo ampliamente el gasto social en educación y salud, así como las remuneraciones, las asignaciones familiares y el ingreso mínimo (Ffrench Davis, 2004: 233). Además, a diferencia de Argentina y Venezuela, en Chile se establecieron controles al ingreso de capitales “golondrinas”, lo que produjo menos desequilibrios comerciales en la economía y permitió evitar los efectos corrosivos de la Crisis del Tequila de diciembre de 1994 (Ffrench Davis, 2004: 262). Por último, en este país el Estado y el mercado se complementaron en áreas como pesca, fruticultura e industria forestal, lo que le permitió mejorar su inserción económica externa. En Argentina, en cambio, el Estado se desligó de funciones interventoras y reguladoras sobre el mercado, primarizando la economía a partir de la sobrevaluación de la moneda y desregulando el sistema financiero (Azpiazu, 1995; Basualdo, 2006). Esas políticas, sumadas a un factor clave como fue la estabilidad institucional, permitieron que Chile tuviera niveles de desempleo, de pobreza y de deuda externa marcadamente inferiores a los demás países analizados (Ffrench Davis, 2004).

3. A modo de conclusión

     En el transcurso de este trabajo nos propusimos realizar un análisis histórico comparativo de la crisis postransiciones de Venezuela y Argentina. En ambos casos pudimos observar, con ciertas especificidades que los diferenciaban entre sí, que la crisis resultó de la conjunción de un sistema de partidos que ingresó en una crisis terminal producto de la creciente corrupción e impunidad del sistema político y, en particular, de la aplicación a mansalva de un modelo de acumulación neoliberal que generó graves consecuencias económicas y sociales. 
     Por último, contrastamos ambos casos con el chileno. En este país, a diferencia de los demás, no se produjo una crisis política ni tampoco una crisis económica. La ausencia de una crisis político-institucional se debió a ciertas particularidades en el surgimiento de su sistema de partidos. Por un lado, Chile posee un sistema de partidos fuertemente estructurado ya desde fines del siglo pasado y con fuertes raíces en la sociedad. Por otro lado, y este punto está asociado con el anterior, en Chile los grados de corrupción, impunidad, clientelismo y patronazgo han sido históricamente más bajos que en los otros cuatro países analizados. Además, los Poderes Legislativo y Judicial no son controlados por el Presidente en ejercicio, lo que muestra lo formalmente institucionalizada que está la democracia chilena y los altos niveles de accountability que posee. Finalmente, el caso de Chile se caracteriza por tener una burocracia altamente profesionalizada. En cuanto a la ausencia de una crisis económica como la acontecida en Argentina y Venezuela, más allá de la relevancia de los factores institucionales, se debió, en primer lugar, a que las reformas estructurales llevadas a cabo por la Dictadura militar hicieron posible que la nueva democracia no tuviera que cargar con el peso de realizar la Reforma del Estado. Este hecho, que lo diferenció fuertemente de los demás países de la región, hizo las cosas más simples para la Concertación. En segundo término, la Concertación se vio favorecida por el legado económico que dejó el gobierno de Pinochet puesto que, si bien se privatizaron varias empresas públicas, se resguardó para el Estado la industria clave del cobre y, además, se dejaron bajos niveles de deuda externa. Por otro lado, durante los tres gobiernos de la Concertación la economía se expandió. Ello fue posible debido a la presencia de un Estado fuerte, que redujo la evasión tributaria, lo que le permitió aumentar ampliamente el gasto social y evitar el déficit fiscal. Además, a diferencia de Venezuela y Argentina, se establecieron controles al ingreso de capitales especulativos, lo que produjo menos desequilibrios comerciales y permitió evitar los efectos de la Crisis del Tequila. Finalmente, en este país el Estado y el mercado se complementaron en áreas como pesca, fruticultura e industria forestal, lo que le permitió mejorar su inserción económica externa. El resultado de estas medidas fueron bajos niveles de desempleo, de pobreza y de deuda externa en relación a los casos de Argentina y Venezuela. Teniendo en cuenta estas particularidades, podemos concluir que los factores que generaron las crisis post-transiciones en ambos países, contrastando con la especificidad del caso chileno, tuvieron correlación directa con el grado de desarrollo de la crisis de representación política, producto de las prácticas corruptas y delegativas de los Gobiernos de turno, y sobre todo, con el grado de aplicación de las políticas neoliberales, con sus perniciosos efectos sobre la estructura económica y social.

4. Bibliografía

Aznar, L. (1990) “Las transiciones desde el autoritarismo en Venezuela. El proyecto de Acción Democrática y sus efectos sobre el sistema sociopolítico”, Desarrollo Económico 117.

____  (1999) “El orden político en la Venezuela de fin de siglo: de la ineficacia decisional al neopopulismo”, POSTData 5.

____ (2004) “Incertidumbre, orden político y gobernabilidad como mercancía”, POSTData10. 

Azpiazu, D. (1995) “La industria argentina ante la privatización, la desregulación y la apertura asimétricas de la economía. La creciente polarización del poder económico”. En El Desarrollo ausente, D. Azpiazu y H. Nochteff, Bs. As.: Tesis-Norma-FLACSO.

Basualdo, E. (1992) Formación de capital y distribución del ingreso durante la desindustrialización, Bs. As.: IDEP-ATE.

____ (2006) Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Bs. As.: Siglo XXI-FLACSO.

Botana, N. (1998) El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916, Bs. As.: Sudamericana.

Cavarozzi, M. 1989. “El esquema partidario argentino: partidos viejos, sistema débil”. En Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur, M. Cavarozzi y M. Garretón, Santiago de Chile: FLACSO.

____  1997. Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina, Bs. As.: Ariel.

De Riz, L. (1986) “Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”, Desarrollo Económico.

Di Tella, T. (1993) Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX, Bs. As.: FCE.

Fair, Hernán (2008) “El proceso de reformas estructurales en Argentina. Un análisis del primer gobierno de Menem”, OIKOS 25.

____ (2009) “Las crisis postransiciones en América Latina. Un análisis comparativo de los casos de Argentina y Venezuela”, Procesos Históricos 15.

Ffrench Davis, R. (2004) Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, Bs. As.: Siglo XXI.

James, D. (1990) Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976, Bs. As.: Sudamericana.

Kornblith M. y Levine D. H. (1995) “The life of the party sistem”. En Building Democratic Institutions: Party systems in Latin America, S. Mainwering y T. R. Scully (comps.), California: Standford University Press.

Mainwaring, S. (1995)  “Weak parties, feckless democracy”. En Building Democratic Institutions: Party systems in Latin America, S. Mainwering y T. R. Scully, (comps.), California: Standford University Press.

____ (1996) “La democracia en Brasil y en el Cono Sur: éxitos y problemas”, Ágora 5.

Morlino, L. (1985) “¿Cuál es la crisis democrática de Italia?”, Crítica y Utopía 13.

Mustapic, A. M. (1984) “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922”, Desarrollo Económico 23.

____ (1995) “Tribulaciones del Congreso en la nueva democracia argentina. El veto presidencial bajo Alfonsín y Menem”, Ágora 3.

____ (2002) “Del partido peronista al partido justicialista”. En El asedio de la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, M. Cavarozzi y J. M. Abal Medina (h), Bs. As.:Homo Sapiens.

O´Donnell, G. (1996) “Otra institucionalización”, Ágora5.

____  (1997) “Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas”. En Contrapuntos, G. O´Donnell, Bs. As.: Paidós.

Pérez Lliñán, A. (2002) “Argentina y el nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina”, SAAP1.

Romero, L. A. (1994) Breve historia contemporánea de la Argentina, Bs. As.: FCE.

Scully, T. R. (1995) “Reconstituting party politics in Chile”. En Building Democratic Institutions: Party systems in Latin America, S. Mainwering y T. R. Scully, California:  Standford University Press.

Sigal, S. y Verón, E. (2003) Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Bs. As.: Legasa.

Torrado, S. (1994) Estructura social de la Argentina: 1945-1983, Bs. As.: De la Flor.

Torre, J. C. (1990) La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo, Bs. As.: Sudamericana.

____ (1997) Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina, CEPAL 46.

Valenzuela, A. (1985) “Orígenes y características del sistema de partidos en Chile: proposición para un gobierno parlamentario”, Estudios políticos 18.

Zermeño, S. (1989) “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, Revista Mexicana de Sociología 51.