Revista de Ciencia Política

Resumen
En el año 1989 se produce en Argentina un recambio presidencial de signo partidario distinto. A partir de allí el peronismo marca un corte en la historia apelando a la reconfiguración de la matriz estatal en sus dimensiones: ideológica, jurídico/ institucional y burocrática/estatal.
Dentro del peronismo dos actores políticos, Carlos Menem y Néstor Kirchner harán de la decisión política y la apelación al estado de emergencia la base de sus acciones gubernamentales para llevar a cabo la gestión de sus gobiernos, uno de corte neoliberal y el otro más de centro izquierda.
El presente trabajo intenta abordar el problema del neodecisionismo instaurado en la Argentina, constituyendo un factor básico de las democracias imperiales que apuntan a la centralización del poder.
Y por último analizar los lineamientos de continuidad y/o diferencias que existen en los gobiernos de los dos presidentes nombrados anteriormente, para ver si efectivamente la regla de la decisión se ha institucionalizado y profundizado con el tiempo.

Summary
In 1989, one presidential term replacement of different sign took place in Argentina. From that moment, the peronism made a great change in history appealing to the reconfiguration of the matrix state in its dimensions: ideological, legal/institutional and bureaucratic/state.
Within the peronism two politicians, Carlos Menem and Néstor Kirchner will make of political decision and appeal to the state of emergency the basis of their government actions to carry out the management of their governments, one of them as neoliberal and the other tending to center-left-wing views.
This paper-work tries to approach to the problem of neodecisionism introduced in Argentina, considering it as a basic factor of imperial democracies that tend to power centralization.
Finally, this work aims to analyze the lines of continuity and/or differences that exist within the governments of the two presidents named above, to see whether the rule of decision has been institutionalized and deepened as time passed.

Carlos Menem y Néstor Kirchner: ¿Un mismo
Estilo de gobierno? Rupturas y continuidades.

El gobierno de Carlos Menem como el de Néstor Kirchner presenta estilos y liderazgos que a simple vista parecen ser similares. El propósito de este trabajo es analizar si realmente el gobierno del ex presidente Kirchner presenta una ruptura con el pasado, como él mismo demuestra en el confrontativo discurso político que utiliza o, si en verdad son dos formas de “presidencias imperiales”.

También sería muy importante analizar siguiendo puntos de comparación a Carlos Menem y Néstor Kirchner, y cómo ambos utilizaron con “astucia” maquiavélica el rol de presidentes para apropiarse de una determinada coyuntura de emergencia económica, política y social, y a partir de allí delinear lo que constituirían sus respectivos ejes de gobierno.
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre dos líderes del Partido Justicialista: Carlos Menem y Néstor Kirchner, dando cuenta de las posibles continuidades y rupturas en función de sus estrategias decisionistas de gobierno.

Desprovisto del carisma, el conocimiento público y el empuje mediático de Menem, el gobernador santacruceño arrancó la campaña 2003 en una posición bastante desfavorable en los sondeos de intención del voto. Y si a esta situación le sumamos que Kirchner se lanzó a la contienda electoral haciendo suyo lo esencial de las políticas económicas y sociales del gobierno de Duhalde, podríamos formular las siguientes cuestiones:

La hipótesis inicial de este trabajo es concretamente que, “Néstor Kirchner continuaría utilizando el mismo estilo de gobierno que el del presidente Carlos Menem, pero para obtener mayor popularidad y legitimación, apelaría a lineamientos discursivos con intenciones de cambio y ruptura, buscando de esta forma desligarse del pasado menemista.”

El gobierno de Carlos Menem, en si mismo, representó una ruptura con el pasado y la consiguiente construcción de una nueva matriz ideológica. Esta estuvo conformada por tres dimensiones:

La dimensión Ideológica; la dimensión Burocrático- Funcional; y la jurídico/Institucional. Para explicar la primera dimensión se va a utilizar los rasgos conceptuales detallados en un trabajo muy completo que tiene por autores a Bosoer y Leiras en el cual desarrolla, entre otros, el concepto de decisionismo a través de autores de la talla de Maquiavelo, Schmitt y Gramsci.

Para la segunda dimensión que tiene que ver con las privatizaciones y el nuevo rol del Estado, las consideraciones sobre este tema que realizan Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre, constituyen un importante aporte al tema junto con el articulo económico de Argentina que describe el gobierno durante los años 1990 realizado por Carlos Acuña. Y finalmente para explicar la Reforma Constitucional de 1994, el rol de la Corte Suprema, los DNyU entre otros, se utilizarán los conceptos desarrollados por Mainwairing, Shugart y Mustapic.

Luego, para lograr una mejor definición conceptual, se contrastará comparativamente cómo influyen estas tres dimensiones en el gobierno del presidente Kirchner .Para ello se utilizarán una recopilación de discursos llevados a cabo en el Instituto Torcuato Di Tella en el año 2003, cuya obra bibliografiaza se titula: “Argentina es perspectiva”.Aportando también para explicar el tema institucional: el trabajo presentado por Leiras en 2007 y en un working paper realizado por José Ignacio López en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política que explica los rasgos de las presidencias imperiales.

Finalmente concluir si hay o no lineamientos de continuidad o si existieron intenciones de cambio en el gobierno de Kirchner con respecto a su antecesor peronista.

El 10 de diciembre de 1986 el Dr. Raúl Alfonsin asumió el cargo de presidente de la República Argentina por un período de seis años. Durante su corta administración debió enfrentar dos grandes desafíos políticos:
1. La promoción del crecimiento de la estabilidad económica.
2. La normalización de las relaciones con las fuerzas militares.
Aunque en un principio logró un éxito relativo en ambas áreas, durante los dos últimos años de su mandato (1987-1989) el presidente tuvo que enfrentar crecientes dificultades económicas (hiperinflación) y relaciones cada vez más conflictivas con las Fuerzas Armadas.

Al momento de las elecciones presidenciales de 1989 la Argentina padecía una creciente hiperinflación, un sistema económico ineficiente y en decadencia y una creciente inestabilidad social y política.

Esto se vio particularmente reflejado en los resultados que arrojó la elección presidencial del 10 de mayo de 1989: Carlos Menem candidato del PJ, derrotó fácilmente a Eduardo Angeloz el candidato de la UCR. Luego de que se hiciera visible que Alfonsin era incapaz de seguir gobernando, Carlos Menem en consecuencia asumirá el cargo cinco meses antes de lo estipulado constitucionalmente.²Por otro lado esta acelerada sucesión presidencial demuestra lo que ocurría por esos tiempos en Argentina, se realizaba el primer recambio de gobierno con colores partidarios diferentes dentro de un régimen democrático. Por lo que se vislumbraba la inauguración de un periodo que contenía elementos de continuidad institucional y consolidación democrática.

Una vez instalado en el cargo, el caudillo riojano comenzó a implementar un programa de corte neoliberal aplicado a las reformas económicas. El contenido de dicho programa en realidad contradecía las expectativas de los sectores populares y presentaba una ruptura con el peronismo tradicional. Menem se presentaba así mismo como un outsider político que “llegaba para luchar en nombre del peronismo plebeyo en contra de un peronismo de saco y corbata alvearizado o socialdemócrata”³. Su discurso “milagrero” sintetizaba claramente distintas vertientes del modernismo reaccionario, en sus versiones nacional populista liberal.

Por otra parte el proceso de Reforma del Estado, en un contexto de políticas de liberalización y reformas económicas de mercado, se habría de enfrentar con un doble desafió en las nuevas democracias y en el caso particular de Argentina de los años 1990: su eficacia económica y su viabilidad política.⁴

El peronismo en general y también el menemismo se presentan como expresión, al mismo tiempo, de una crisis de régimen político y de una crisis del Estado. Pero se constituyen además como una respuesta a dicha crisis.⁵
Menem al asumir el gobierno en un contexto de ingobernabilidad, va a recurrir rápidamente a la apelación de liderazgo carismático y populista para remontar la situación de emergencia. Esta apelación propiamente dicha, tomará la forma de matriz ideológica que a su vez tendrá como objetivo estructurar el gobierno.

La construcción de dicha matriz ideológica implicará pensar un discurso que demuestre un determinado grado de legitimidad y esté destinado a la producción de interpretaciones globales simbólicas. Dicha construcción de la realidad opera sobre tres ejes fundamentales:

La respuesta a la crisis, tuvo su expresión en la elaboración de un discurso legitimador de alta eficacia simbólica que se estructuraba en torno a los siguientes ejes:

El nuevo decisionismo al que apelará muy hábilmente el presidente Menem será una síntesis entre valores tradicionales del pasado y una reforma modernizadora que bien podría ser definido paradójicamente como un “modernismo reaccionario”, es decir una amalgama entre el neoliberalismo económico y el conservadurismo político. En cuanto a la definición conceptual de decisionismo, podríamos decir que es un concepto que se posa sobre terrenos culturales e institucionales propensos a la aparición de figuras carismáticas y caudillistas que se destacan particularmente por la dificultad que presentan en incorporar las reglas del juego político democrático acordadas socialmente en un país.

La figura del presidente Carlos Menem, en particular, encajaría perfectamente dentro de los lineamientos que describen al caudillo decisionista, y esto se vislumbra aún más al nombrar algunos de los rasgos mas sobresalientes que destacan a estos personajes. Primero atribuyen una vital importancia a la decisión en las cuestiones políticas y segundo conciben a la soberanía como el poder de decisión definitivo respaldándose en el modelo de excepción shmittiano, como la manifestación más pura del modelo operativo de gobierno.

Junto con este rol de gran decisor también se ciñe la figura del “príncipe moderno” de Gramsci pero encarnada no en el partido sino en el viejo príncipe de Maquiavelo. Concepto más a fin con el sentido de la personalización mediática de la política actual en la que el partido se presenta solo como una maquinaria electoral para ganar elecciones. Principales características estas de la “democracia de audiencia” actual definida así por Manen. En relación a esto Menem se identificará así mismo como ese líder personal, dispuesto a garantizar y conservar el orden en medio del caos inminente.

3.2Configuración de la dimensión burocrático-funcional.
La reforma del Estado

El proceso de transformación económica comenzó a cobrar paso firme a fines de 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem lanzó en forma inmediata una combinación de políticas de estabilización y de reformas estructurales que se caracterizaron por su radicalidad⁹.En este sentido dos factores deben ser tenidos en cuenta:

El ejemplo ilustrativo que da cuenta de ello es que antes de asumir el cargo, Menem anunció a la prensa que su futuro ministro de economía sería un representante de uno de los grupos oligopólicos multinacionales más poderosos de Argentina, Bunge y Born.(Plan BB) que tuvo una acogida positiva en los mercados nacionales .Por otro lado el presidente, con el objetivo de ampliar su margen de acción, aprovechar la presión sobre los congresistas oficialistas, el compromiso de la UCR de dejar el espacio libre por la gravedad de la crisis y respaldado por al apoyo empresario, obtuvo la aprobación de las leyes de Reforma del Estado (ley 23.697) y Emergencia Económica (23.696).

La Ley de Emergencia Económica fue un golpe duro al capitalismo asistido que se desarrolló durante la época de posguerra, al suspender por un plazo de ciento ochenta días los incentivos para aumentar la promoción industrial, regional y de exportaciones, otorgándole de esta manera más apoyo a las filas empresarias y a los partidos de centro-derecha que al movimiento peronista y a las filas sindicales. Y esto resulta paradójico si tenemos en cuenta que el propio presidente Menem se identificaba con la economía popular de mercado en relación al rumbo que estaban tomando las políticas económicas de su gobierno. A su vez la ley de reforma del Estado impulsada por sectores de derecha que sostenían que “achicar el Estado era agrandar la Nación”, fijaba el marco normativo para la privatización de un gran número de empresas públicas, que incluían las compañías de teléfono, de aviación comercial, los ferrocarriles, los complejos siderúrgicos, las rutas y varias empresas petroquímicas. Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto del Estado, por otro lado otorgar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Y otro era plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión y, esto se puede ver claramente en las privatizaciones de casi todos los servicios públicos. El ritmo con que se llevaron a cabo las privatizaciones, lejos de ser gradual, fue muy vertiginoso y para el año 1990, casi todas las empresas públicas señaladas habían sido transferidas al sector privado.

En cuanto al tema de la liberalización financiera, la reforma comercial fue otro pilar importante que se subordinó a las exigencias de estabilización política. Al principio se utilizaron instrumentos económicos siguiendo una perspectiva de reforma gradualista. Pero ante las exigencias de la lucha antiinflacionaria sumado a la voluntad del gobierno por demostrar sus convicciones frente al tribunal financiero nacional e internacional provocó la cancelación de toda gradualidad, en consecuencia se optó por avanzar velozmente, procedimiento similar al utilizado con el tema de las privatizaciones.

Las autoridades económicas asumieron la necesidad imperante de equilibrar las cuentas públicas y en consecuencia de resolver la cuestión tributaria. Para ello se llevaron a cabo tres cambios principales, que buscaban particularmente, incrementar la recaudación impositiva. El primero fue la concentración de la estructura impositiva en, básicamente el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Para ambos se incrementaron las alícuotas y se ampliaron los mecanismos de retención a las exportaciones. El segundo cambio está relacionado con la Ley de Emergencia Económica puesto que la eliminación de los regímenes de promoción industrial sumada a que debían desaparecer los subsidios como herramienta para incentivar inversiones contribuyó a mejorar la recaudación tributaria. Y finalmente el tercer cambio fue de naturaleza institucional. Mediante la sanción de una nueva ley penal tributaria, se incrementaron los riesgos para evadir impuestos, en un intento por imponer una cultura tributaria largamente ausente en Argentina. La meta prioritaria era financiar un Estado en bancarrota.¹¹

En síntesis las reformas estructurales implementadas por el gobierno entraron en la agenda mediante un discurso que predicaba la necesidad de un nuevo orden fundado en el mercado y la apertura comercial. Pero ante la apelación de la situación de emergencia económica, el gobierno no se pudo dar el lujo de tomar decisiones meditadas y complejas, lo cual contribuyó a profundizar el deterioro de las instituciones. El objetivo principal era aprovechar la habilidad política de Menem para neutralizar las posibles resistencias del peronismo a las reformas a fin de acelerar el proceso de cambio y tonarlo irreversible.

A pesar del viraje ideológico y político implementado por Menem, este no alcanzó para que el tibio apoyo empresario abandonara el Estado de alerta ante las fracasadas experiencias de varios intentos de estabilización económica. Durante los primeros dieciocho meses de gobierno tres ministros de economía (Miguel Roig, Néstor Rapanelli y Erman González) intentaron hacer frente a la inflación mediante políticas de emergencia. Pero una nueva embestida especulativa contra el tipo de cambio desencadenó otro episodio hiperinflacionario entre diciembre de 1989 y marzo de 1990, que fue seguido por nuevos impuestos de emergencia, la suspensión de los pagos a los proveedores del Estado y profundos recortes en los gastos públicos (Plan BONEX). Arrinconado en una situación desesperada, el gobierno recurrió entonces a la sustitución compulsiva de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario por bonos públicos a largo plazo denominados en dólares.¹²Lo que causó una fuerte recesión a nivel económico y un profundo impacto en la población. Ante esta inesperada situación el gobierno implementó medidas tendientes a tranquilizar a los inversores; en este sentido, se eliminaron las restricciones a los movimientos de capital y los tratamientos diferenciales existentes tanto en los capitales nacionales como internacionales, también se apuntó a achicar aun más al Estado reduciendo el aparato administrativo, suprimiéndose subsecretarías, secretarías y direcciones.

La credibilidad que inicialmente habían ganado los agentes económicos en relación al gobierno comenzó a desmoronarse, al hacerse visible la incapacidad del gobierno para lograr la tan ansiada estabilidad de la economía. Sumado a los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores de gobierno, provocaron la aceleración de la inflación acompañado por un aumento de la incertidumbre social, desembocando en la renuncia de Erman González y su equipo en 1991, asumiendo de esta manera el doctor Domingo Felipe Cavallo, que puso en marcha el Plan Federal de Convertibilidad, a través de la Ley de convertibilidad del Austral. Esta combinaba instrumentos ortodoxos y heterodoxos de manera tal de empujar a la economía por un sendero expansivo, puesto que su meta ya no era reducir la inflación sino establecer un nuevo y perdurable régimen monetario y cambiario, dicho plan fue visto como una reforma estructural, al igual que las privatizaciones.¹³El Régimen de Convertibilidad establecía una relación cambiaria fija entre la moneda estadounidense y la argentina a razón de 1 dólar =1 peso prohibiendo la emisión monetaria sin respaldo de divisas en las reservas del Banco Central.

Por otro lado para enfrentar el corto plazo el flamante Ministro de Economía anunció un nuevo y severo plan de ajuste, asociado a la situación de crisis, y un estado de emergencia. El plan apuntó básicamente a completarse en once pasos:

La contrapartida de estos factores favorables tuvo una doble faz. Por un lado, la acelerada reactivación económica fijó una estructura de precios relativos que deterioró la competitividad externa, alentó las importaciones y desalentó las exportaciones, produciéndose un déficit comercial. Por otro lado, la ola de optimismo que acompañó los primeros resultados del Plan de Convertibilidad incentivó el consumo de amplias capas sociales y agravó todavía más la insuficiencia del ahorro de la economía.¹⁴

Paradójicamente, la estabilidad política y el crecimiento económico complicaron el frente político del gobierno¹⁵puesto que el gobierno tenía dificultades para convencer a los inversionistas extranjeros del éxito de su gobierno, mientras argumentaba a los sectores domésticos que todavía se vivía en Argentina una situación de precariedad y que era demasiado pronto para revertir las tendencias regresivas en la distribución del ingreso.

Es así que el proceso político durante 1992 evolucionó con una aceleración de la estrategia gubernamental de incrementar su influencia sobre el Congreso y a niveles provinciales, así como por el intento de reforma constitucional para permitirle a Carlos Menem proponer su reelección en mayo de 1995.

En cuanto a la dimensión jurídico- institucional habría que realizar una primera aproximación de lo que significa la democracia presidencialista para entender mejor su particular funcionamiento en Argentina. Por ello resulta adecuada la definición que nos proveen Scott Mainwaring y M. Shugart al respecto. La democracia presidencial procedimental debe satisfacer tres criterios básicos:

Particularmente de esta última variable se desprenden dos indicadores sumamente importantes para el análisis:

A partir de estos dos lineamientos, surge un debate entre los pensadores políticos que gira en torno a la posible situación de parálisis que conlleva el presidencialismo. Y en esta línea se encuentra el rico y profundo debate que realiza Linz, afirmando que por la doble legitimidad inherente al presidencialismo, este es un régimen, que en consecuencia lleva, a que se produzca el conflicto entre el presidente y el Congreso, y se constituya una situación poco flexible frente a la crisis y capaz de generar parálisis institucional, factores condicionantes que afectan seriamente la estabilidad democrática.

Tanto los legisladores como el presidente saben de estos riesgos del inmovilismo presidencial, entonces la pregunta es, ¿Cuáles serán las estrategias que desplegarán ambos poderes para superar la crisis institucional?
S. Mainwaring y M. Shugart nos dicen al respecto que las variables que inciden en las relaciones ejecutivo-legislativo son particularmente dos: los poderes constitucionales del presidente y los poderes partidarios. A partir de la primera de ellas, ambos proponen una clasificación de los regimenes presidenciales según el modo en que las constituciones nacionales asignan al ejecutivo el poder de veto, veto parcial, decreto y temas exclusivos de legislación.¹⁷Los autores identifican así, cuatro tipos de autoridad legislativa presidencial. Empezando por los ejecutivos potencialmente dominantes, los preactivos, los reactivos y los potencialmente marginales.¹⁸Y los poderes partidarios del presidente cobran relevancia, al referirse al apoyo parlamentario y al nivel de disciplina partidaria.

Particularmente en Argentina la disciplina partidaria es alta y según las palabras de Mainwaring y Shugart existe…”la tendencia a proporcionar al presidente un contingente partidario en la legislatura del tamaño suficiente como para que pueda gobernar.”¹⁹ Y Menem fue un presidente que gozó del apoyo partidario durante la primera etapa de su primer mandato y esto se ve particularmente reflejado en la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia que fueron emitidos y aprobados por el Congreso. Además un dato no menor es que su gobierno se ha caracterizado, en el aspecto institucional, por una creciente concentración del poder fundamentado en un fuerte neodecisionismo filosófico- político. Esta centralización en el liderazgo político proviene de una serie de procesos históricos. Puesto que tras la caída de la corona española afloraron innumerables explosiones de conflictos, guerras y sediciones en el territorio argentino. En consecuencia los constituyentes argentinos debieron hacerse cargo ante el peligro inminente de la anarquía. Y una preocupación central fue dotar de capacidad de decisión a los nuevos gobiernos, es decir que el problema se trató de resolver con la creación básicamente de un poder ejecutivo fuerte. Este se caracterizó por reunir en sus manos tres atribuciones fundamentales: la declaración del estado de sitio, la intervención federal y la iniciativa legislativa, es decir la capacidad de presentar proyectos de ley ante el Congreso. El Dr. Menem no solo envió numerosos proyectos a las Cámaras y presionó públicamente para una sanción rápida y sin modificaciones sino que lo más sorprendente de todo es que esta presión se manifestó a través de la amenaza de la utilización de dos herramientas jurídicas: el veto, si se introducían modificaciones, y el decreto de necesidad y urgencia, si el Congreso no sancionaba las iniciativas legislativas. Justamente es la utilización del veto un indicador preciso de la evidencia de desacuerdos entre Ejecutivo y Legislativo que nos facilita a simple vista la lectura de que la disciplina partidaria no estaba dada en forma automática sino que era necesaria producirla por parte del presidente. Y por otro lado la presidencia de Menem marcó un hito en el “gobierno por decreto”, es decir la reiterada utilización de los decretos de necesidad y urgencia que habían sido solo medidas extraordinarias en la vida jurídico-institucional hasta 1989.²⁰

Según la Constitución de 1853, el presidente tenía la facultad para dictar tres tipos de decretos : “regulatorios” (reglamentados por una ley en el Congreso), “autónomos” (cuando el ejecutivo regula para si una materia que le es reservada por la constitución como facultad privativa), “delegados” (regulan materias propias del Congreso, en virtud de una delegación de facultades ordenadas por el propio Poder Legislativo); los decretos de necesidad y urgencia no integraban el conjunto de capacidades de facultades presidenciales.²¹Los decretos de necesidad y urgencia son normas dictadas por el poder ejecutivo y tienen su justificación y fundamentos en decisiones sobre situaciones extraordinarias que exigen soluciones también extraordinarias. Al dictar estos decretos el presidente “legisla”, asumiendo facultades del congreso, modifica o deroga leyes o sanciona normas con rango de ley. Entre julio de 1989 y el 24 de agosto de 1994 (día de entrada en vigencia de la Reforma Constitucional) el presidente Menem dictó 336 decretos de necesidad y urgencia, poniendo en evidencia una estrategia autocrática de gobierno. Algunos de los ejemplos concretos de tratados de necesidad y urgencia son:

Los pocos casos analizados permiten advertir un rasgo característico del estilo de gobierno decretista de Menem. Los decretos de necesidad y urgencia no solo se han utilizado para lanzar políticas, sino también para tomar medidas de escasa relevancia; es así que desde el punto de vista institucional, todos y cada uno de los 336 decretos de necesidad y urgencia muestran una voluntad de gobernar unilateralmente sin reparar en las restricciones institucionales.²² Para ello, contó con el aval de la Corte Suprema, oportunamente ampliada a través de procedimientos antirreglamentarios.

En los sistemas presidencialistas latinoamericanos el Poder Judicial tiene un papel inferior con respecto a las ramas ejecutiva y legislativa en términos de poder .Es por ello, que la efectiva cooptación de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Menem aumentó dramáticamente el poder de la rama ejecutiva de dos formas específicas:

La Corte define “emergencia” como una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico, social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin.²³

En el pasado los jueces de la Corte Suprema eran designados de por vida. Los cinco jueces que integraban la Corte Suprema de la Nación al momento de asumir Carlos Menem a la presidencia habían sido designados por el Dr. Alfonsin durante su gobierno. A poco de haber asumido el gobierno y de haber iniciado un programa de reformas estructurales de largo alcance Menem se dio cuenta de que su éxito podía peligrar a causa de una corte que consideraba que no guardaba afinidad con el.²⁴En consecuencia la estrategia del gobierno, para aumentar la influencia de la corte, fue trata de conseguir la renuncia de algunos miembros .Al no conseguirlo, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, proponiendo la ampliación de 5 a 9 el numero de miembros. La iniciativa fue fácilmente aprobada por la Cámara de Senadores y ratificada por la Cámara de Diputados. Menem, entre abril y mayo de 1990, designó con acuerdo del Senado a seis de un total de nueve miembros, obteniendo lo que se denomina comúnmente como la “mayoría automática”. La doctrina defendida y argumentada por la corte ampliada se presenta perfeccionista y conservadora que apunta a una doctrina de seguridad, que quiere significar :a) irreversibilidad y perdurabilidad de la política económica, y en especial, de los marcos legales en los cuales se desarrollaron las privatizaciones, b) inhibición a perpetuidad del Estado para intervenir como contrapeso en las relaciones de mercado y la política monetaria, c) legitimación jurídica del “decisionismo presidencialista”²⁵.

Reforma constitucional:
La constitucionalizacion de los DNyU y la reelección
presidencial.

Todo el proceso descripto hasta aquí trajo aparejado como consecuencias principales la sustanciación de una verdadera revolución de carácter neoliberal, y la consolidación de la democracia política, con estabilidad institucional y un sesgo claramente excluyente en su definición constitutiva.²⁶Asimismo, los arquitectos del “nuevo estado” sostuvieron desde un primer momento la necesidad de otorgar estabilidad institucional al proceso de reforma estatal iniciado a partir de 1989. ²⁷ Además cinco factores se conjugaban de manera perfecta para hacer de la institución presidencial una instancia gubernamental muy fuerte y poderosa en la Argentina: (1) el fortalecimiento del gobierno federal VIS a VIS los estados provinciales, (2) una amplia y extendida disciplina partidaria en el Congreso, (3) la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, (4) la cooptación del poder judicial.

En palabras de Dromi:..”La transformación del estado que se está llevando a cabo exige que la constitución no sea ajena a esos cambios que conllevan la reforma del derecho (…) La realidad denuncia que la Constitución esta sitiada. El estado ha cambiado y la constitución no puede permanecer indiferente. Muchas cláusulas constitucionales ya han dejado de ser vigentes por el propio desuso o porque fueron cláusulas escritas para un tiempo…”²⁸

Sería en este contexto, que el 13 de diciembre de 1993, el presidente de extracción peronista Carlos Saúl Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín firman el Pacto de Olivos que dará lugar a la reforma de la constitución, con el objetivo básicamente de consolidar el sistema democrático y de perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Estado. En este sentido, las dos fuerzas mayoritarias de la política Argentina, el PJ y la UCR daban lugar a una convención constituyente, en el marco del “núcleo de coincidencias básicas” en el que se acordaba previamente un conjunto de reformas a llevar a cabo. Los puntos más relevantes de dicha reforma involucrará el aumento del número de senadores de dos a tres por provincia y la elección directa de los mismos a partir del año 2001 mediante el sistema de lista incompleta, la modificación del sistema electoral para la elección del Presidente y el Vicepresidente de la Republica con la introducción del ballotage en caso de que ninguno de los candidatos obtuviera un porcentaje mayor al 45% de los votos o del 40 % con diferencia mayor al 10% respecto del segundo candidato, y la eliminación del Colegio Electoral considerándose al país como distrito único, mecanismos para atenuar el sistema presidencialista con la introducción de la figura del Jefe de Gabinete y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, el acortamiento del mandato presidencial de seis a cuatro años y la incorporación de la cláusula de la reelección por un lapso consecutivo y la creación del Consejo de la Magistratura con el objeto de establecer un nuevo mecanismo de selección y control de los jueces.

Lejos de atenuar la concentración de poderes del cuerpo presidencial, gran parte de las cláusulas de la reforma de la Constitución de 1994 no tuvieron implementación efectiva. Más si se tiene en cuenta que no llegó a regularse el trámite de intervención y control asignado al Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo; en efecto el presidente continuaría apelando al decreto de necesidad y urgencia como herramienta ordinaria de gobierno hasta el final de su segundo mandato. En relación a ello los siguientes datos refuerzan dicha afirmación: entre julio de 1989 y agosto de 1998 el presidente firmó 472 decretos de necesidad y urgencia, dejando muy en claro que el presidente mandaba por decreto. En efecto mientras que, durante el gobierno del Dr. Alfonsin fueron 49 las disposiciones de carácter legislativo vetadas, en el gobierno de Menem fueron comparativamente muchas más, para ser más precisa, 109 iniciativas vetadas. De forma astuta se vislumbra que el presidente Menem logró sistematizar y reforzar la concentración de poder en sus manos, favorecido por la estabilización de las instituciones políticas y el creciente liderazgo carismático que estaba adquiriendo. El éxito de este proyecto, por otra parte, le permitió consagrar el estilo de gobierno de emergencia y el decisionismo shmittiano como forma de gobierno, prolongando en el poder esta particular forma de gestión presidencial.

Con toda esta concentración de poder es como el presidente Menem finalmente logra concretar lo que estaba plasmado en el artículo 99 de la Constitución Nacional, la reelección presidencial, en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1995…”y que diera lugar además a distintas interpretaciones en el propio elenco presidencial sobre la posibilidad de presentación por parte del presidente Menem a un “segundo” periodo presidencial, dado que se sostenía que el periodo correspondiente entre el 8 de julio de 1989 al 32 de agosto de 1994, quedaba comprendido dentro de la Constitución del año 1983 ( y sucesivas reformas), de manera que se considera el 8 de julio de 1995 como fecha de primer mandato del Dr. Menem.²⁹
El amplio triunfo obtenido por Menem en la elección presidencial de 1995 (49,94% de los votos; FREPASO 29,33%; UCR, 16,29%) no significó que no aparecieran notorios síntomas del desgaste de la gestión presidencial, ello se refleja principalmente en la caída de la imagen del liderazgo presidencial, nuevas acusaciones de corrupción, el comienzo de una recesión económica, lo que llevarán rápidamente al presidente, a formular una serie de estrategias destinadas a la preservación del poder.

El clima político que imperaba a mediados de 1998 se caracterizaba por marcar una gran tensión en el ámbito institucional, producto de los enfrentamientos entre el presidente en ejercicio, Carlos Saúl Menem y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, por un lado, y el presidente con la oposición por otro. Puesto que esta ultima tenía temor de que la Suprema Corte de Justicia habilitara una nueva posibilidad de presentación de Menem y en consecuencia buscaba sostener la posibilidad de una alianza coyuntural con Duhalde, para llevar acciones conjuntas con el fin de evitar la violación de la Constitución Nacional.

La situación finalmente se resuelve porque Menem decide no presentarse como candidato a la elección presidencial de 1999, tras realizarse una encuesta en la provincia de Buenos Aires el 13 de septiembre de 1998, encargada por su gobernador, cuyo resultado daba por hecho que Menem perdería en las elecciones próximas.
La retirada de la escena electoral del presidente, produce concretamente que se reactive el tema de las posibles candidaturas, tanto en el bando oficialista como en la alianza opositora. Dando lugar en esta última a la aparición de Fernando de La Rua como vencedor en la interna con el 66% de lo votos frente a Graciela Fernández Meijide, precandidata por el Frepaso (Frente para un País Solidario). Siendo Carlos “Chacho” Álvarez propuesto para desempeñarse como compañero de formula presidencial de De La Rua; la Alianza (coalición entre la UCR y FREPASO) y dicha formula De La Rua- Álvarez será consagrada vencedora con el 48,5% de los sufragios, contra el binomio peronista Eduardo Duhalde- Ramón Ortega. Y en tercer lugar la fuerza partidaria encabezada por el ex ministro de economía Domingo Cavallo.

El 10 de diciembre de 1999 Fernando De La Rua tomó la posesión del cargo de presidente de la Nación, poniendo fin a la etapa de gobierno menemista después de la primera derrota electoral sufrida por el Justicialismo en el gobierno. El debut de la Alianza puso de manifiesto su potencial competitivo, frente a un gobierno desgastado tras una década en el poder, que dejaba como legado a todos los argentinos altos niveles de desempleo con el consiguiente aumento de la pobreza e indigencia, desigualdad de ingresos y la corrupción que confinaban en un segundo plano sus logros en materia de estabilidad y modernización de la economía³⁰.

Haciendo mención en forma breve de su contexto inmediato, se podría destacar que el programa de la Alianza estuvo centrado en corregir los legados de la gestión del presidente peronista Carlos Menem que habían producido diez años en el gobierno: los costos sociales de las reformas de mercado, el estancamiento de la actividad económica, los reiterados abusos de poder y corrupción. En este sentido el gobierno de coalición entre el FREPASO y la UCR se había activado por su negación de lo que “no es”, pero encuentran gran dificultad en definir en cambio lo que “si es”: puesto que la definición política positiva de la fuerza resulta totalmente ambigua.

Esto se llega a vislumbrar luego de dos años de gobierno, puesto que el balance de la Alianza no pudo ser más insastifactorio frente a las expectativas que había suscitado ante el electorado: los niveles de pobreza y desempleo se mantenían altos, la reactivación de la economía no se produjo, finalmente otro episodio clamoroso de corrupción sacudió las esferas oficiales y además no fue esclarecido.³¹

Pero esta situación inicial no se da en forma aislada sino que está íntimamente relacionada con las características del estilo de liderazgo político de De La Rua, caracterizado por un proceso decisorio con fuerte anclaje en su entorno personal en detrimento de los partidos que integraron la coalición de gobierno. Tanto es así que en el entorno presidencial se identificaban operadores ideológicos con una amplia llegada a los ámbitos empresariales e intelectuales, los dirigentes políticos, con escasos contactos en el seno del Partido Radical, pero que fundamentalmente gozaron de la confianza personal del entonces presidente y líderes estudiantiles universitarios pertenecientes a la Franja Morada y personajes de su propio entorno familiar como su hijo Antonio de la Rua.

A las tensiones antes mencionadas, provocadas en parte por la grave crisis económica, el sistema político también se verá sumergido en una primera crisis institucional debido a las graves acusaciones al Poder Ejecutivo por sobornos millonarios a senadores Justicialistas y de la propia Alianza para sacar adelante la nueva Ley de Reforma de Mercado Laboral. Hecho que desencadenó la inminente e inesperada renuncia de Álvarez a la vicepresidencia y que deja al presidente De la Rua muy debilitado políticamente, perdiendo autoridad fuera y dentro de la propia Alianza. Esta situación de pérdida de poder se hace aun más evidente con la redefinición de las políticas del programa de gobierno, a partir del ingreso de Cavallo al Ministerio de Economía en el mes de marzo de 2001 .Marcando lo que seria el inicio del fin del gobierno de coalición.

En el contexto de precariedad institucional en que se desarrollaron las políticas económicas produjo que las mismas fracasaran en el corto plazo. Y sumado a ello importantes factores como, el deterioro electoral, la inacción por parte del gobierno, la ausencia de canales de comunicación con los partidos de la oposición y con los propios integrantes del gobierno, en fin una combinación letal que produce su implosión concretamente en el mes de diciembre de 2001, luego de que previamente fuera sancionado el decreto de necesidad y urgencia 1570, más conocido como “Corralito” que marcó el aumento del descontento y la presión social expresados en hechos de violencia reiterados y saqueos a conocidos centros comerciales. Por otra parte, ante la inacción y la falta de consenso del vapuleado gobierno, la reacción no se hizo esperar en las calles, de una manera espontánea la gente se hizo escuchar a través de una novedosa forma de protesta y movilización social, conocida como los “cacerolazos”, bajo las consignas del “que se vayan todos”. Estos acontecimientos conducen concretamente a la renuncia efectiva del presidente Fernando De La Rua el 20 de diciembre de 2001, acompañado por terribles hechos de violencia y disturbios sociales que dejaron en la historia del gobierno de coalición y de todos los argentinos un saldo de treinta muertos y centenares de heridos.

En el contexto de caos social y económico y el aislamiento internacional, la situación política de Argentina se articulaba en torno a dos ejes: el de la conformación de una coalición de emergencia alrededor del gobierno de Duhalde, llamativamente amplia, y la fragmentación de la oferta partidaria que desbordó las fronteras de los partidos constituidos.

Las medidas implementadas que pondrá en acción el gobierno de transición del Dr. Duhalde serán entre otras, la devaluación de la moneda argentina, dando por tierra la Ley de Convertibilidad (1 peso 1dolar), la pesificacion forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, el levantamiento gradual del condenado corralito financiero y una gran distribución de planes sociales destinados a hacer frente a la creciente pobreza e indigencia social, consecuencias nefastas de la recesion económica que ya llevaba varios años afectando sobre todo a los más pobres del país. Por otra parte, gracias al modelo de corte productivista, la economía se pudo reactivar lentamente y crecer tras tres años de recesion.

En la confusa y agitada atmósfera de esos días el peronismo era la única fuerza que parecía capaz de asegurar un orden y prever aunque sea un precario nivel de gobernabilidad .No obstante hasta el mismo justicialismo estaba fragmentado y dejaba entrever en su interior las distintas ambiciones presidenciales, que se aceleraron con el adelantamiento de las elecciones para marzo (posteriormente se retrasaron a abril) de 2003, previstas inicialmente para septiembre. Dando como resultado que tras las fallidas operaciones de instalación de las candidaturas de Carlos Reuteman y José Manuel de la Sota, Eduardo Duhalde termina dando su apoyo al entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como candidato a presidente para enfrentar a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá en una “interna abierta” del justicialismo en la propia sección presidencial³².Así el 24 de enero y con el argumento de que los tres aspirantes presentaban programas de gobierno contrapuestos, el congreso del partido justicialista con Duhalde a la cabeza, tomo la decisión inédita de suspender las elecciones internas dando la posibilidad a todos los precandidatos de presentarse con los símbolos propios del partido como si perteneciesen a partidos diferentes.

Kirchner, al principio, no logra posicionarse de una manera favorable en las encuestas, que lo situaban por detrás de los otros candidatos justicialistas. Luego su popularidad comenzó a crecer gracias al impulso de un programa de perfil “socialdemócrata” con el que concretamente buscaba diferenciarse de las políticas de los años menemistas y del corto gobierno de De la Rua, haciendo hincapié sobre todo en la justicia social, la producción, la educación, el trabajo, la equidad y la salud. Políticas sintetizadas en los slogans de su campaña como: “Un país en serio” y “Primero Argentina”.

Con la renuncia de Menem a participar en el segundo turno electoral, Kirchner fue elegido finalmente presidente, después de obtener poco más del 22% de los votos en la primera vuelta. Una vez en el gobierno el flamante presidente decide adoptar una serie de estrategias con el objetivo básico de acumular poder para compensar su debilidad de origen.

Lo interesante, a los efectos de este trabajo, es que el nuevo presidente ensaya, de modo explícito, un nuevo proyecto de reconfiguración del sistema político. Y el presupuesto que sostenía ese rumbo político era el del debilitamiento terminal de las dos grandes fuerzas políticas de la Argentina durante la segunda mitad del siglo pasado. Era la herencia ideológica y programática de la gran explosión social de diciembre de 2001³³.

Es por ello que siguiendo los lineamientos utilizados por sus antecesores políticos, el presidente Kirchner para sustentar el ejercicio de su endeble gestión gubernamental, sostendrá discursivamente la invocación filosófica del contexto de emergencia y situación de constante caos al igual que su par peronista y ex presidente Carlos Saúl Menem, como principio de legitimidad gubernamental, apelando simultáneamente a recursos de excepción, en detrimento de los usos legales y constitucionales propios de los procesos deliberativos que forman parte de la democracia representativa.

En efecto, pese a controlar ambas Cámaras el presidente ha preferido hacer uso en varias ocasiones de las facultades legislativas del poder ejecutivo. Los mismos han sido firmados ,en parte, para asuntos trascendentes para el país, como reestatizar la empresa Aguas Argentinas, modificar en forma reiterada el presupuesto, autorizar al Ministro del Interior a otorgar subsidios sin control, destinar millones de pesos extra para llevar a cabo obras viales en su Santa Cruz natal y otras obras públicas en varias provincias, crear la policía de Seguridad Aeroportuaria, utilizar las reservas del Banco Central para cancelar la deuda con el FMI ( Fondo Monetario Internacional), y para cuestiones de menor importancia, como cambiar el nombre del Ministerio de Salud, modificar la fecha de un feriado nacional y pasar a la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Secretaria de Turismo.

A punto de concluir el año 2004 el presidente logra, en primer lugar, la aprobación de la Ley de presupuesto para 2005, colocando en manos del jefe de Gabinete los llamados superpoderes, otorgando a través de ellos, al Jefe de Gabinete el poder de decidir, según su leal entender y sabiduría, acerca de la asignación y/o distribución de recursos y la ejecución del presupuesto nacional. En segundo lugar y no por ello menos importante, la sanción por parte del Congreso de la prorroga de la emergencia económica, delegando directamente al ejecutivo un número no menor de atribuciones legislativas. Ello puede comprobarse si se toma el dato que señala que, a un año de su mandato, en mayo de 2004, el presidente Kirchner ya había sancionado más decretos de necesidad y urgencia que el ex presidente Menem. Concretamente Kirchner había firmado sesenta y siete decretos de necesidad y urgencia contra sesenta y cuatro de Menem. Es más, hacia a fines de noviembre, teniendo en cuenta lo publicado en un diario, Kirchner ya acumulaba ciento cinco decretos de necesidad y urgencia en su haber. Esto demuestra que los datos sobran como para sostener claramente que la presidencia de Néstor Kirchner vista desde las instituciones, es una presidencia imperial, al igual que la gestión política de Carlos Menem. Es decir, son presidencias que han logrado concentrar en sus manos una gran cantidad de recursos y poderes institucionales, que les otorgan las condiciones necesarias para tomar decisiones vinculantes en forma unilateral, pero que en realidad deberían involucrar a todo el pueblo argentino.
Esto implica por otro lado, que los argentinos tenemos un grave déficit en materia de estado de derecho, en particular la cuestión que atañe al imperio de la ley. Y resulta bastante alarmante puesto que abre el juego a la arbitrariedad y la discrecionalidad de los poderes de gobierno. Para ilustrar mejor esta afirmación, es de utilidad señalar la falta de cumplimiento de la norma constitucional que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia. El artículo 99 de la Constitución reformada en 1994 así lo manda, pero luego de diez años que ya han pasado aún no se observa que se haya hecho algo sobresaliente al respecto, puesto que ésta herramienta está controlada mayoritariamente por funcionarios que responden al gobierno de turno .El incumplimiento de esta norma ha dado lugar al abuso de la idea de emergencia, afectando los derechos democráticos básicos de la minoría, e incluso de la mayoría, en particular en el de participar en el proceso de toma de decisiones y posterior deliberación. Esta noción se reafirma si se tiene en cuenta que el personalismo político ha adquirido una nueva significación en el contexto de la crisis de representación. Es decir nuevos o renovados líderes, como el presidente Kirchner, han sabido darse un perfil que ha capturado las simpatías ciudadanas y han revalidado o reconstruido así las identidades políticas. Los mismos se han desarrollado en situaciones en que los partidos tradicionales se han revelado inadecuados. Kirchner es producto de la crisis institucional y política de 2001. Entonces el líder subordina las estructuras partidarias y de este modo su decisión es creciente dando cabida a la posibilidad de decisiones arbitrarias.

El rol de la prensa en el gobierno de Kirchner resulta clave, dado que asume en un contexto de crisis de las instituciones políticas que mostró su abismo en el año 2001. Este singular hecho abre un abanico de preguntas posibles: ¿Cuál es el rol de la opinión pública en la sustentabilidad gubernamental de la Argentina de aquel entonces? Y sobre todo ¿Qué rol tienen los medios en la conformación, gestión y expresión de esa opinión publica?

Como se dijo anteriormente el gobierno de Kirchner nació en un contexto de circunstancias muy particulares. En diciembre de 2001, la renuncia de Fernando de la Rua a la presidencia interrumpe la normalidad institucional. Y a raíz de la muerte de dos piqueteros, Duhalde se ve compelido a adelantar el proceso de elección presidencial. Asumiendo, de este modo, el 25 de mayo de 2003 la presidencia una figura poco conocida y con tan solo el 22% de los votos, los que además son concebidos como “prestados”. La debilidad de Kirchner en las arenas electoral, partidaria y parlamentaria va a llevar al presidente a construir liderazgo y legitimidad en la opinión pública, concretamente en el pueblo devenido en público y audiencia.

Estas limitaciones genéticas explicarían la lógica racional del momento inaugural. El gobierno nace sintiendo que no tiene tiempo para perder en el imperativo de demostrar, como sostuvo Kirchner al asumir frente a la Asamblea Legislativa, “que concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado”. Un claro ejemplo de ello, es que ya al segundo día de su mandato el presidente reinstala el tema de la revisión del pasado y remueve las cúpulas en las Fuerzas Armadas, embiste contra los intereses anquilosados en el PAMI, produce declaraciones que lo llevan a ponerse en el rol de defensor del interés nacional frente a los acreedores y organismos externos, e impulsa la renovación de la cuestionada Corte Suprema de Justicia.

En otras palabras el gobierno de Kirchner debuta mostrando su voluntad de generar acontecimientos, discursos, símbolos y acciones que le permitan ser él quien instala los temas principales en la agenda pública, temas que por otro lado lo colocan como el protagonista principal y activo. En este esfuerzo de autoestilizacion, el gobierno de Kirchner se beneficia por el doble contraste, por un lado, con el periodo de descomposición social y política anterior y por el otro, con la pobre performance en términos de comunicación del gobierno de Fernando de De la Rua. Frente a esta escena Kirchner aparece como el hombre que tiene el don de poner al periodismo y a la opinión pública de su lado.

En la relación concreta entre prensa y gobierno se puede identificar un período muy claro que va desde mayo de 2003 hasta marzo de 2004, en el cual se observan los distintos niveles de popularidad y confianza en el gobierno revelados por los sondeos de opinión y claramente reflejados en la prensa. Un sobrevuelo de los principales periódicos de Buenos Aires pone en evidencia cierta actitud positiva de convivencia.

Clarín aparece como un medio que no ha cambiado en forma significativa la actitud de convivencia que ya había adoptado con el gobierno de Duhalde. Tampoco parece haber alterado cierto patrón de comportamiento pragmático que desde hace años desarrolla frente a los partidos de gobierno. Lo que sí se vislumbra es que, desde la crisis del gobierno de la Alianza, es posible registrar ciertas mutaciones en el clima de opinión general. Puesto que el consenso de los noventa ponía el acento en las reformas de mercado con la consiguiente retracción del Estado, esto poco a poco comienza a mostrar fisuras. Lo cual implica un viraje detectable en la ponderación de roles deseables para el mercado y el Estado. El indicador de este proceso es que categorías como “los noventa”, “el menemismo” o el “neoliberalismo”, como fuentes causales de los males políticos, económicos y sociales que aquejan por aquel entonces a la Argentina, cobran sentido en usos cada vez mas frecuentes en el discurso público.

Clarín, por supuesto, no puede ser considerado ajeno a estos cambios. Es uno de los actores principales que revierten el consenso de la década anterior. De este modo, en sus páginas se detecta la reivindicación de un cierto sentido de la identidad nacional, de políticas activas en la economía argentina, del uso del adjetivo “keynesianas”, y de un rol estratégico del Estado en defensa de los recursos culturales del país frente a la amenaza de la globalización.

Quizás la mutación más importante que trajo el cambio de gobierno en la arena de la prensa es el reposicionamiento de Pagina/12, diario que nace en la década del ochenta y que se consolida en la década del noventa como opositor al gobierno menemista. No solo se advierte una convergencia en sus columnas y en su línea editorial con las iniciativas de gobierno, sino también se trata de la participación efectiva de algunos de sus miembros y colaboradores como asesores y funcionarios de gobierno, sirviendo de apoyo político al presidente.

En efecto, en esta primera etapa, aparecen de forma fragmentada y aisladas voces opositoras. Y aquí hayamos alineado al medio Ámbito Financiero, que ya en los primeros tiempos interpreta la cercanía de Fidel Castro y Hugo Chávez y la presencia en la Casa Rosada de personajes como, Horacio Verbitsky, Hebe de Bonafini como el peligro, explícitamente, conspirativo de tinte marxista infiltrado en el gobierno. Desde una oposición de menor carga ideológica aparecen tres expresiones contrarias que hacen referencia básicamente al tema del republicanismo. La revista Noticias quizás es la que sintetiza mejor estas voces, puesto que recoge el reclamo gremial de algunos periodistas que comienzan a dar a conocer sus quejas por sentirse presionados, controlados e incluso amenazados por el gobierno. Así como también se hacen oír voces que denuncian sobre el uso discrecional de la prensa oficial con el fin de domesticar y aplacar las orientaciones criticas.

Esta primera fase de relativa armonía tiene su punto de culminación durante la última semana de marzo de 2004. El primer punto de inflexión se debe al impacto del discurso presidencial leído en el aniversario del último golpe de Estado en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). El segundo se inicia el 23 de marzo de 2004 con el secuestro y posterior muerte de Axel Blumberg, un joven de clase media alta de la zona norte de Gran Buenos Aires. A los pocos días del discurso del presidente Kirchner y de forma precipitada, se desata una crisis interna que tiene lugar en el congreso del partido Justicialista. En tanto se altera la relación gobierno y opinión pública puesto que un sector importante de ésta última se aleja definitivamente de la actitud favorable al gobierno dando lugar a que se conforme en la prensa un conjunto de medios periodísticos alineados en el polo de oposición.³⁴ Cuatro días más tarde, el jueves 2 de abril, aparece un nuevo actor en escena. La Plaza de Mayo se colma de sectores de clase media que claman principalmente por seguridad. Es en el episodio que sería recordado como “la marcha Blumberg”. Mientras la TV la transmite en vivo, un locutor dice: “Acá está la gente, acá nadie vino por el pancho y la Coca”. Por supuesto que está haciendo una clara diferenciación, está diciendo que por contraste con la política tradicional, en la que la participación política ocurre por la utilización espuria de incentivos selectivos, ésta se trata de una movilización espontánea y autoconvocada por la ciudadanía. Aunque debe tenerse en cuenta que el día anterior La Nación llamaba a participar abiertamente en la marcha hacia la Plaza. Entonces ¿Cuál es el significado de estos hechos a la luz de lo que aquí interesa? En todo caso lo que aquí esta en juego es la cuestión de que el gobierno kichnerista hasta ese momento había logrado presentarse como la “renovación”, como la “nueva política”, marcando un corte con el pasado, como un gobierno con una identidad distinta que instrumentabilizaba ese recurso en la relación aliados- oponentes, pero que finalmente se pone en cuestión ese capital simbólico, la puesta en escena de esa legitimidad. En este sentido, comienza a verse el fantasma de este gobierno como “más de lo mismo”, como más de la vieja política, comienza a percibirse una pérdida de iniciativa y protagonismo frente a la opinión publica a favor de un periodismo de oposición. Se vislumbra concretamente lo que los politólogos llamamos crisis de representatividad, puesto que la principal categoría interpretativa de la realidad política en la opinión publica se basa en la oposición sociedad vs. dirigencia política, lo que demuestra que se está ante un panorama claro de política desacreditada. Para cerrar este punto, concluyo con unas breves reflexiones. El kirchnerismo trajo consigo una cierta polarizacion ideológica en los medios que en la década del noventa, con el fuerte consenso en torno a la convertibilidad y subsidiaridad del Estado, estaba ausente. Con el fin del ensueño de la convertibilidad se activan en la escena política una serie de clivajes que repercutieron en el campo de la opinión pública, dividiendo a un importante sector de la prensa y el gobierno en el campo político en torno a temas como: la seguridad, y la contención de la protesta social, el significado de las libertades y las prioridades de los diversos tipos de derechos, la cuestión del pasado y la memoria.

En materia económica Kirchner procura mantener al Ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, puesto que gozaba de una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis y a otros miembros del gabinete de su antecesor, lo que equivalía a dar continuidad al programa económico duahldista. Y la participación de su esposa Cristina Fernández de Kirchner que desde 1995 venia realizando una buena labor política como senadora y diputada santacruceña en el Congreso Nacional.

El presidente Kirchner se veía así mismo como un fiel creyente en el “Estado presencial, reparador, protector y promotor; Estado que recuperará el control de los instrumentos macroeconómicos que se habían debilitado o directamente habían desaparecido durante las privatizaciones y la era menemista”: “Menem, decía, es uno de los grandes responsables de esta crisis” (aludiendo a la crisis económica que tiene su punto de inflexión en el año 2001). Es por ello que en el gobierno kichnerista se advierten ciertos indicios de discusión y redefinición del papel del Estado con relación a aquél vigente durante la última década. Concretamente, el presidente Kirchner apuntaba a recuperar la política, sustentada en los valores de solidaridad y justicia, permitiendo de este modo construir una sociedad más equilibrada y justa. En sus elocuentes palabras afirmaba que, “Se debe ir hacia un Estado atento, con capacidad de reaccionar rápidamente frente al conflicto social, ejerciendo un triple rol activo. Primero que sea reparador de las desigualdades sociales, es decir, que incluya a la sociedad a través de la educación, la salud y la vivienda y que torne posible la movilidad social desde el esfuerzo y el trabajo propios. Segundo, que sea protector de los sectores vulnerables: trabajadores, jubilados, pensionados, usuarios y consumidores. Y por último, que adopte un rol promotor de políticas activas que permitan, junto al desarrollo y al crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor distribución del ingreso”.
Concretamente, Kirchner tenía en mente llevar ha cabo un plan económico “neokeynesiano”de inversiones públicas en viviendas, transportes y servicios educativos y sanitarios con el objeto de reparar la desvastada condición social del país y de paso generar 5 millones de puestos de empleo directa o indirectamente. Había que devolver las esperanzas de un futuro mejor a un país desvastado social, económico y políticamente, donde la pobreza en algunos sectores más vulnerables alcanzaba al 54% de la población (20 millones de argentinos de los cuales, la mitad eran considerados indigentes al percibir un salario inferior a los 220 dólares)

En este marco social podemos destacar la creación en el año 2004 de la empresa Enarsa- Energía Argentina, dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados, así como la comercialización del gas natural y la electricidad. Su fundación está íntimamente relacionada con la necesidad estatal de contar con un espacio propio en el mercado petrolero argentino luego de que fuera privatizada la antigua YPF (Yacimientos Petrolíferos del Estado) pasando al grupo español Repsol. Enarsa cuenta entre sus activos el monopolio legal sobre la exploración y explotación de la plataforma submarina del Mar Argentino.

Por otra parte y, luego de años de incumplimientos del contrato de concesión por parte de la empresa Correo Argentino e incumplimientos de pago acordado con el Estado, dicha concesión fue revocada, pasando nuevamente a manos del Estado a fines de 2003 como Correo Oficial de la Republica Argentina S.A. (CORASA), aunque manteniendo la denominación oficial de Correo Argentino.

Asimismo, el presidente Kirchner anuló por decreto la concesión que ligaba al Estado y Aguas Argentinas creándose de este modo una nueva empresa estatal para reemplazarla, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), por medio de un decreto de necesidad y urgencia luego refrendado por el Congreso Nacional. De este modo la empresa quedó bajo el control operativo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, reteniendo en manos de los trabajadores el 10 % de los activos.

Además de redefinir el nuevo marco estatal en cuestiones económicas, también lo hizo en el marco de la cuestión social llevando adelante una activa política para promover los derechos humanos.

Siguiendo estos lineamientos, el gobierno de Kirchner apuntó a la cuestión de la concreta resolución del “pasado” y de los derechos humanos como problemas que siguen latentes en la memoria de los argentinos apoyándose en factores que explican la incapacidad del tiempo como un mecanismo reparador. Uno de estos elementos es la presencia de movimientos sociales activos y/o movimientos de víctimas que consiguen mantener la cuestión de cómo reparar el pasado y la intensidad del reclamo como un tema persistente en la agenda política³⁵. Ya desde el inicio de la transición democrática, la cuestión de los derechos y la importancia del imperio de la ley quedaron instalados como temas fundamentales y organizadores del proyecto de democracia naciente. Kirchner utilizó con eficacia el discurso del pasado, activando a una densa organización de victimas y militantes de organismos y derechos humanos, impidiendo que el tiempo diluya el dolor causado o dé lugar al olvido. Pero como señalaba Faulkner…”nunca es pasado y la aspiración a la solución definitiva se diluye”. Hay que señalar que el gobierno kirchnerista incorporó a integrantes de organismos humanos como funcionarios o asesores gubernamentales, logrando un creciente apoyo partidario para conseguir la desarticulación en el Congreso Nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que desde el gobierno de Raúl Alfonsin impedían que se continuara con los enjuiciamientos. Algunos sectores criticaron estas políticas argumentando que en realidad funcionaban en contra de la reconciliación nacional y otros sectores consideraban que el gobierno de Kirchner está lejos de promover los Derechos Humanos, sino que atenta contra ellos, tomando como ejemplos la represión ocurrida en Las Heras y el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH.

¿Cúal es el rol de la Corte suprema en las instituciones argentinas? La Argentina es un país organizado bajo el sistema federal, es decir que está integrado por veinticuatro estados provinciales con poderes autónomos. Entonces ¿Cómo se coordina la vida en común? Primero debemos tener en cuenta que el Congreso Nacional no tiene ninguna relación con las legislaturas provinciales en forma directa. Si alguna provincia reacciona en contra del poder federal por medio de una ley, el Congreso puede responder de modo acotado y mediante la intervención federal, quedando así arrasada la autonomía del gobierno provincial. El presidente puede realizar acuerdos con los legisladores de cada jurisdicción, pero de este modo cada uno actúa por separado. El único órgano que tiene la capacidad para intervenir sobre un acto emitido por un gobierno provincial es la Corte Suprema de la Nación. Ella revisa las decisiones de los tribunales de la Nación, y en este sentido se constituye como el tribunal máximo, y revisa también lo que hacen los tribunales provinciales. Es importante destacar que la tarea de la Corte Suprema es establecer las reglas de juego de la vida en la Nación. Queda así plasmado en el articulo 31 de la Constitución Nacional compromete todos los jueces, provinciales o nacionales, que administran justicia en el territorio de la Nación a servir prioritariamente a la Constitución, a los tratados que la Nación suscribe y a las leyes que validamente sanciona el Congreso, antes que las constituciones y las leyes locales.

Al iniciarse los años 90, el número de integrantes de la corte fue elevado por el presidente Menem de cinco a nueve miembros, lo cual sirvió para cambiar la mayoría del tribunal, configurándose la llamada “mayoría automática” menemista. La corte siguió estando integrada de esta manera hasta principios del año 2002, cuando por iniciativa del entonces presidente Eduardo Duhalde se decidió la remoción de algunos jueces, nombrando como nuevo integrante al Dr. Maqueda. Quedaron en funciones desde 1983 hasta la fecha solo dos miembros: Carlos Fait y Enrique Petrachi, siendo destituidos del cargo los jueces Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné, Adolfo Vásquez, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, con aprobación de la mayoría justicialista en el Senado, se designaron cuatro vacantes en reemplazo de algunas renuncias y remociones producidas entre 2002 y 2004. De este modo se incorporan Carmen Argibay, Elena Higton, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. Comparando ambas presidencias peronistas, Menem designa e incorpora a su gobierno cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema y Kirchner, maniobrando de un modo similar a su antecesor peronista, designa a cuatro de los siete miembros que integran la Corte en su gobierno. Pero más allá de los cambios, son importantes las consideraciones políticas que llevan a la destitución y nombramiento de nuevos jueces. Aunque con Kirchner se dio un avance en la transparencia y participación ciudadana en el proceso de la designación de los jueces, no queda muy en claro hasta hoy el proceso de remoción de algunos jueces antiguos, especialmente el del juez Moliné O’Connor.

Pero lo que concretamente se debe analizar es que la intención final de ambos gobiernos es la construcción de un espacio de poder propios como mecanismo de autolegitimacion y captación de adeptos, más que la consolidación de la democracia republicana, el libre ejercicio y el respeto a la Corte Suprema.

Es de gran importancia formularse como primera medida, ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la política exterior del gobierno de Kirchner? El balance luego de dos años y medio de la gestión llevada a cabo por Néstor Kirchner incluye la presencia de tres elementos constitutivos de la política internacional. Primero, los factores reactivos, o las marcadas intenciones de cambio del gobierno kirchnerista con respecto a la gestión de sus antecesores. Segundo, la continuidad en algunos lineamientos que responden a conductas tradicionales con respecto a la política exterior en general y de los gobiernos peronistas en particular. Y tercero, los temas pendientes de la agenda política del orden doméstico y del orden internacional.

El primer discurso de Néstor Kirchner como presidente ante la Asamblea Legislativa, pronunciado el día 23 de mayo de 2003, tuvo un tono fundacional, en el sentido de marcar un “antes” y un “después”. En la serie de párrafos que se pronunciaron, la palabra “cambio” aparece citada en forma repetida. Un primer gesto reactivo o intención de cambio aparece en este discurso inaugural en el plano de la política exterior, y es concretamente el rechazo a la política exterior adoptada en la década de 1990, que Kirchner identifica como un alineamiento automático con los Estados Unidos y su política neoliberal plasmada en el Consenso de Washington. En un párrafo de su discurso dice: “No somos partidarios de los alineamientos automáticos; sí somos todos partidarios o queremos una relación madura con los Estados Unidos y con los estados desarrollados”³⁶, de esta forma se pone en escena la idea de la relación madura, que en realidad no constituye un elemento novedoso, porque el concepto ya había sido introducido por la Cancillería durante el gobierno de Alfonsin a principios de los años 80. Lo que tampoco resulta novedoso es la adopción de un perfil de inserción económica hacia mercados múltiples, puesto que está muy entroncado con el tradicional pragmatismo comercial de la política exterior argentina en general y peronista en particular.

Bajo el lema: “Argentina un país en serio”, el presidente Kirchner apunta a una intención opuesta a la percibida por la experiencia menemista, esta última estaría asociada a la frivolidad y la corrupción³⁷. Los gestos reactivos percibidos durante el gobierno de Kirchner expresan, según Corigliano, las siguientes tendencias, algunas de ellas aplicables tanto a la política exterior como a la interna:1) La identificación ideológica con los componentes reformistas de los gobiernos peronistas de la década del setenta, particularmente con los de Campora;2) La crítica discursiva al pragmatismo como criterio de política exterior( en su primer discurso Kirchner dice: “No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo”), una critica que el cotidiano ejercicio del poder de la administración menemista fue desdibujando y vaciando de contenido. Crítica que, además, está ligada al elemento reactivo numero tres, consistente en la “demonizacion” del pasado reciente visto desde el discurso como excesivamente “pragmático” o carente de principios.

Demonización que en los primeros meses de gestión kirchnerista estuvo asociada a una visión condenatoria de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rua y Adolfo Rodríguez Saá. Demonización que en política exterior se tradujo en el rechazo a las “relaciones carnales” con Estados Unidos”y en la impugnación al papel secundario, que en términos estratégicos, constituyeron Brasil y el MERCOSUR antes de la llegada a la Casa Rosada del ex gobernador santacruceño; 3) La oposición a la política de seducción de los malvinenses; 4) La práctica de atar al pago de la deuda a las posibilidades de crecimiento económico de la Argentina, instalada públicamente por el Ministro de Economía, Roberto Lavagna y el intento del gobierno por “desendeudarse” paulatinamente, pagando intereses pendientes con los organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Estos comportamientos pueden leerse en términos de que la administración Kirchner buscaba marcar las diferencias con estrategias del pasado reciente y no tan reciente; consistentes en cancelar o renegociar deudas pendientes con nuevos préstamos; 5) El rechazo a la identidad occidental que de la Argentina tuvo la administración menemista, poniendo el foco del discurso en la identidad latinoamericana de todos los argentinos. Identidad, que en términos de la práctica cotidiana, implicó la coexistencia de dos políticas simultaneas: una de acercamiento estratégico a Brasil como reacción a las “relaciones especiales” adoptadas con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente entre los años 1991 y 2003; y otra de acercamiento a México y a Venezuela, incluso el impulso a la incorporación de ambos al MERCOSUR. Esta última conducta tiene por fin, la de balancear el peso de Brasil en el bloque y en el ámbito regional, y con respecto a México constituye un vínculo muy importante puesto que este país es un aliado de Estados Unidos y deja abierta la puerta al ALCA impulsado por Washington. Como argentinos son más las similitudes que las diferencias con respecto a los países que nos rodean. Puesto que Argentina siempre buscó un esquema de identificación internacional y esa búsqueda fue siempre conflictiva porque si bien, sus elites dominantes se sentían culturalmente “europeas”, no podían escapar a las limitaciones geográficas que les propiciaba ser parte del suelo americano, y entonces terminaban ejerciendo su influencia mediante el derecho o por la imposición de la fuerza en el Cono Sur.

Ahora bien, siguiendo con la línea de argumentación hasta aquí expuesta, el gobierno de Kirchner también presenta lineamientos de continuidad con la etapa previa, aunque él mismo los niegue. Uno de estos comportamientos se vislumbra en la posición de Argentina en relación al embargo que Washington impulsa hacia Cuba y que no ha cambiado desde el gobierno de Menem. Y el hecho de que Kirchner haya decidido cancelar el ejercicio conjunto con EEUU y otros países del continente denominado Águila III, no significó el fin de todos los ejercicios militares llevados a la práctica conjuntamente con la potencia del norte.³⁸En este sentido el presidente Kirchner ha aprobado una batería de leyes sancionadas por el entonces presidente estadounidense George W. Bush con el fin de sumarse a la “lucha contra el terrorismo”.

En cuanto a las intenciones de fortalecer el MERCOSUR, tal como lo había prometido en el Plan de Gobierno presentado un tiempo antes de las elecciones presidenciales, quedó en eso… en meras promesas de campaña. Es más, durante la primera ronda, Kirchner realizó una visita al presidente de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva declarando entre otras cosas que, "Para la Argentina un MERCOSUR fuerte significará la posibilidad de reingresar a la comunidad internacional luego de haber declarado la moratoria de su deuda externa en diciembre de 2001". ³⁹

El fortalecimiento del MERCOSUR debería haber sido una de las prioridades de la gestión política kirchnerista. Y así lo señaló el director de Comercio de la Comisión Europea, Karl Falkenberg, cuando vino a Buenos Aires en marzo de 2004, declarando:”A veces el MERCOSUR parece una visión más que una realidad”. Por otro lado, durante la presidencia de Kirchner, Argentina y el Fondo Monetario Internacional han sostenido relaciones sumamente tirantes. Y al igual que su par brasilero, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un monto de 9.810 millones de dólares. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.⁴⁰
Más allá de esto no se debe perder de vista que EEUU es una potencia mundial, y la extensión del imperialismo en América Latina viene principalmente de la mano de lo que Robert Cooper llama el “imperialismo de la globalización”, que se expresa, por ejemplo, en las fuertes presiones y condicionamientos de Washington para con los países de la región y de los cuales no escapa Argentina. Ya de por si los Estados del continente son Estados débiles, cuando no fallidos, que demuestran que los instrumentos políticos y económicos suelen ser insuficientes para estabilizar una periferia que muestra significativas dificultades endémicas o una situación caótica en su interior.

Según los temas desarrollados hasta aquí, se puede afirmar que, la Argentina en su historia reciente presenta un contexto que se mueve por la tensión que conlleva la dialéctica continuidad- ruptura y el subsiguiente cambio posterior. A partir de la última década se ha puesto en escena en mayor o menor medida, el mismo esquema, que presenta los siguientes elementos:

a) la concentración y centralización del poder Ejecutivo en ambos gobiernos, en detrimento de los otros dos poderes que forman parte del sistema republicano de gobierno, el poder legislativo y el poder judicial.

b) el reforzamiento del poder presidencial, basándose explícita o implícitamente en una “doctrina de necesidad y urgencia” y la utilización de herramientas constitucionales en forma discrecional, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia, prolongando el estado de excepción por sobre la regla.

c) la puesta en forma de una determinada legitimidad que tiene su origen, en situaciones no de normalidad sino de derrumbe o caos social, devenida en argumento, de salvamento primero, y refundacional después, que constituyen al estado y la sociedad.

d) preservación del pacto constitucional adoptado en 1994 pero con la redefinición del papel del estado sustentado en lo que se denomina gobernabilidad.

e) debilitamiento del rol del parlamento como órgano de debate de decisión política y control de los actos administrativos de gobierno.

f) en el caso de Néstor Kirchner, el legado neopopulista se mantiene, pero desprovisto a nivel discursivo de su veta más liberal, vuelto a nociones más demagógicas, que sintonizan más claramente con la vieja retórica peronista.

El propósito de este trabajo ha sido describir los cambios y continuidades que se han sucedido a lo largo de la historia de la democracia Argentina a partir de la década de 1990 en un recorrido que abarca concretamente las presidencias de: Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007), haciendo mención también de las presidencias de Fernando De la Rua (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003).

A modo de conclusión se podría afirmar que el recambio presidencial producido el 9 de julio de 1989, que dio lugar al traspaso del mandato de poder a un partido de diferente color partidario, marcó por un lado un hito fundamental en la historia política argentina.

Pero por otro lado esta alternancia presidencial se desarrolló en un contexto marcado por una profunda crisis económica y social junto con el agotamiento de un modelo de acumulación basado en una “matriz estado céntrica” que había surgido en los albores de la segunda posguerra y que estaba llegando a su fin. La respuesta y solución a dicha crisis vendrá de la mano de la figura de Carlos Menem con el proyecto creador de un nuevo esquema neoliberal y refundado en una nueva matriz ideológica, institucional y estatal, que adquiere su expresión mas acabada en el estilo decisionista de gobierno y la apelación a una concreta situación de emergencia como fundamento del caos inminente ante el nuevo orden a construir. Este particular estilo de gobernar será institucionalizado a partir de la reforma de la Constitución en 1994.

Luego de la crisis institucional sufrida por todos los argentinos que tuvo lugar en diciembre de 2001, no se logra producir una redefinición de los lineamientos que signaron la etapa anterior y que estuvieron presentes en toda la década del 90, sino que más bien se produce todo lo contrario. Dichos contenidos programáticos sufrieron una profundización y ratificación a lo largo del periodo posterior a la crisis, manteniéndose vigentes hasta la actualidad.
Esta continuidad en la forma y estilos de gobernar responde a tres factores:
A) la definición de una “doctrina de necesidad y urgencia” que se ha constituido en un principio institucional en el que se han apoyado los gobiernos nacionales hasta la fecha.

B) la preservación y profundización en el tiempo del esquema de poder jurídico- institucional plasmado en la Constitución de 1994.

C) el mantenimiento de la estructura burocrática del aparato estatal, tanto en lo que se refiere a su alcance como a su capacidad de gestión gubernamental. Aunque con la presidencia de Kirchner pueden detectarse ciertos indicios de un proceso de discusión y redefinición del papel del estado en relación a aquel en años anteriores.

Sin bien los paralelismos entre periodos históricos vastos suele provocar ciertas distorsiones comparativas, la evocación al Príncipe de Maquiavelo pareciera no estar errado puesto que prefigura el comportamiento de nuestros gobernantes aún en la actualidad; obra inspirada en las luchas intestinas producidas en la península itálica de aquella época, constituye una singular expresión del poder político concentrado. El capitulo IX apunta exactamente:

“Jamás o raramente ocurre que alguna república o reino se vea ordenado bien desde el principio o reformado de manera completamente nueva al margen de las viejas instituciones, a no ser que no sea ordenado por una sola persona; antes bien; es necesario que sea uno solo quien dé el modo y cuya mente dependa cualquier ordenación de este tipo. Por eso un ordenador prudente de una republica y que tenga la intención de querer ayudar no así mismo, sino al bien común, no a su propia sucesión, sino a la patria común debe ingeniárselas para apropiarse de toda autoridad”.

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1 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

2 Mainwaring Scott, Shugart Presidencialismo y democracia en América Latina, Págs.213, 214, 215.

3 . Isidoro Chereski, Inés Pousadela. El voto liberado. Pág. 18.

4 .Santiago Leiras. Trabajo presentado en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político. De Carlos Menem a Néstor Kirchner. Cambios y continuidades en la democracia Argentina. Pág. 4.

5 Fabián Bosoer, Santiago Leiras, Maquiavelo, Shmitt y Gramsci y el “decisionismo” de los años 90. viejos y nuevos príncipes. (Págs. 42.)

6 Ibidem, Pág. 43.

7 Op Cit Santiago Leiras, Pág. 2

8 Fabian Bossoer, Santiago Leiras, Pág. 43.

9 Pablo Gerchunoff, Juan Carlos Torres .La política de liberalización económica en la administración de Menem. Pág. 735

10 Ibidem Pág. 736.

11 Pablo Gerchunoff, Juan Carlos Torre. Op Cit, Pág. 742.

13 . Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Toree. Op Cit. Págs. 745, 746

14 Ibidem pag746

15 Carlos Acuña. Política y economía en la Argentina de los 90, Pág. 69.

16 Scott Mainwaring Mathew Shugart. Presidencialismo y democracia en América Latina, Pág. 21.

17 Ana Maria Mustapic. Las relaciones Ejecutivo- Legislativo en la Argentina. Pág. 573.

18 Ibidem, Pág. 574

19 Scout Mainwearing y Matehw Shugart,Op Cit. pag 216.

20 Delia Ferreira Rubio y Mateo Goretti. Menem y los decretos de necesidad y urgencia. Pág. 449.

21 Ibidem. Pág. 448

22 Delia Ferreira Rubio Mateo Goretti OP Cit, pag466.

23 Scout Mainwaring y Mathew Shugart, Op Cit pags, 238 y 239.

24 Ibidem Pág. 239.

25 Fabián Bosoer- Santiago Leiras. Los fundamentos del decisionismo político-filosófico del decisionismo. Págs., 74, 75.

26 Santiago Leiras. De Carlos Menem a Néstor Kirchner: cambios y continuidades en la democracia Argentina. Pág. 5.

27 Fabián Bosoer- Santiago Leiras, Op Cit, Pág. 75.

28 Ibidem, Pág. 76.

29 Santiago Leiras, Op Cit Pág. 8.

30 Juan Carlos Torre. Los huérfanos de la política de partidos.
http//www.clubsocialista.com.ar/scripts/leer.php?seccion=articulos&archivo=63

31 Juan Carlos torre, Ibidem.

32 Santiago Leiras, Op Cit, Pág. 18.

33 Edgardo Mocca, vease el articulo, Clivajes y actores políticos en la argentina democrática , Pág. 15

34 Vease: www.clarin.com/diario/2004/03/24/um/m-730116.htm - 12k

35 Catalina Smulovitz. Argentina en perspectiva. Cáp. Derechos humanos ¿Se puede resolver definitivamente la cuestión del pasado?, Pág., 69.

36 Francisco Manuel Corigliano. “Argentina en perspectiva2. Cáp.: La política exterior del gobierno de Kirchner .gestos reactivos, lineamientos de continuidad y de cambio. Pág.61

37 Francisco M. Coriagliano, Ibidem, Pág. 63

38 Para mas información sobre los ejercicios militares denominados Águila III vease http://alainet.org/active/4449&lang=es

39 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2983000/2983114.stm

40 http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner