Resumen
El presente artículo recorre  el devenir de los distintos gobiernos argentinos -autoritarios y democráticos- tendiendo en consideración los aspectos políticos institucionales, sociales y económicos, desde el golpe de Estado del ‘76 hasta la caída de la Alianza, incluyendo la breve gestión del ex -presidente Eduardo Duhalde. “Cabe aclarar, no se trata de un estudio en sentido estricto de todo el proceso económico y político del período que describo, puesto que excedería en demasía los límites de este escrito”
La nota realiza una síntesis cronológica, apelando a los lentes teóricos de autores especialistas, de cómo las relaciones que articularon el proceso de las políticas económicas con los planes políticos- institucionales a lo largo de las distintas gestiones desarrollan las condiciones para el estallido de crisis socio-económicas que han sido trascendentes en la historia reciente de  Argentina

Summary   

This article is about the becoming of the different Argentine governments (authoritarian and democratic) taking into consideration the institutional, political, social and economic aspects from the 1976 coup d´Etat to the collapse of the Alliance, including the brief administration of  Eduardo Duhalde.
The paper is a chronological synthesis, relying on the theoretical grounds of specialist authors, about the way the relations that established the process of the economic policies with the institutional political plans throughout the administrations developed the conditions for the outbreak of social- economic crises which have been transcendent in recent Argentine history.

Desde el golpe de Estado hasta fracaso de la Alianza.
Vinculación entre política-institucional y economía: gestando crisis

Lic. Mauro Forlani

A  fines de los sesenta, el patrón de acumulación industrialista anclado en una economía semi -cerrada, articulada sobre la base de una intensa intervención estatal comienza a aflorar sus limitaciones. El problema de la inflación y los desequilibrios fiscales, reflejo de la progresiva colonización del sector público por parte de las corporaciones empresariales y sindicales, se traduce en costos que  los paga el resto de la población.

La puja distributiva y el caos hobbesiano adquieren dimensiones intolerables en el último mandato justicialista a mediados de la década de los ‘70, dando oportunidad a una nueva irrupción de los militares en la escena pública.
El regreso de las fuerzas castrenses al poder no constituye una retorno más, la facción militar esta vez está dispuesta a cambiar de cuajo el funcionamiento social-económico y político del país.

La inauguración del Proceso abre paso a una coincidencia plena entre la casta militar y el establishment librecambista sobre la necesidad  de eliminar el populismo y la subversión  desarticulando la economía asistida y política que lo alimenta (M. Novaro y V. Palermo,2003).
En teoría, el proyecto apunta  a la implementación de una profunda reforma que configurara una verdadera economía de mercado, competitiva, eficiente abierta al comercio internacional. De esta manera, conjuntamente con la disminución de las barreras arancelarias y el descenso del tipo de cambio de paridad de la moneda local con respecto a las extranjeras, se produciría la muerte natural del convenio colectivo, el poder sindical y el empresariado ineficiente.

Ahora bien, del dicho a al hecho en este caso también hubo un largo trecho.
La homogeneidad que las fuerzas lucen en la cuestión subversiva se desploma en el plano institucional. Si en un principio los militares se presentan como el actor puro, no contaminado por la política tradicional, capaz de combatir los cánceres que aquejan a la sociedad argentina, en el curso de la gestión se atornillaron en las estructuras públicas, cultivando en muchos casos relaciones íntimas con los políticos y sindicalistas que decían aborrecer.
El sistema de distribución por cuoteo del sistema estatal constituye  un caldo de cultivo inevitable de rencillas y enfrenamientos inter.-fuerzas, espectáculo que hace imposible cualquier intento racionalizador y privatizador de las empresas públicas (M Novaro y V. Palermo, 1996).
 
El nuevo  Ministro de Economía Martínez de Hoz, hombre de la aristocracia librecambista, conoce el paño por haber participado en gobiernos militares pasados y sabe que se va a mover sobre arenas movedizas. Si bien, por un lado es conciente de la oportunidad única que se le presenta para cristalizar su proyecto, dado el absoluto silenciamiento de las sectores populares, por otra parte percibe que la implementación de las reformas estructurales es de difícil sostén en el tiempo ante las limitaciones que impondrían los mismos militares.
Martínez de Hoz cuenta con la aquiescencia  del presidente Videla, de su Ministro del Interior y el Gobernador del provincia de Bs.As entre los actores relevantes del régimen (M.Novaro y V. Palermo,2003). Con el resto de  cúpula castrense,  de pensamiento desarrollista e intervensionista, en gruesa mayoría,  no tendría vinculaciones precisamente armónicas a lo largo del Proceso.

La Junta niega, desde un comienzo el control  de la cartera laboral y el manejo del gasto público a “Economía”.
Martínez Hoz, una vez que consigue apoyo crediticio internacional, apunta todas la fichas a estabilizar la economía y a resolver el déficit fiscal. En consecuencia, se pone en marcha una fuerte represión salarial y una progresiva  disminución arancelaria.
La aplicación de estas medidas, en 1977, obtienen resultados inmediatos: la inflación decae y la economía  gana en orden y previsibilidad  en comparación con el caos de las variables del año anterior.
De esta manera el equipo económico logra generar el espacio político suficiente para implementar la transformación más importante del régimen: la denominada Reforma Financiera.
Sin embargo la  sanción por la CAL(1) de tal ley sale con fuertes limitaciones  en comparación con la versión original. En verdad, la configuración final de dicha ley es un ejemplo fiel de los condicionamientos  de los militares que sufrieron en previo o ex -post muchas de las medidas elaboradas por el equipo económico. De este modo, el nuevo mercado abierto al flujo de capitales internacionales se pone en marcha con la cuña de la garantía oficial a los depósitos nacionales, ante el temor que suscita en las financieras locales la competencia extranjera.

La reforma del mercado de capitales conjuntamente con la contracción monetaria y el incremento de la tasa de interés, propicia efectos recesivos que los militares no están dispuestos a tolerar.
Había un consenso entre los militares de la necesidad de desarticular la economía semi-cerrada que nutria al populismo, pero no estaban dispuestos a pagar los costos de tal reforma, de allí que fuera improbable la aplicación de medidas de estirpe neoliberal a la manera Chicago boy chilena.
En 1978, al calor del creciente cuestionamiento desde todos los sectores militares a la política económica, se le retira el control monetario  a Martínez de Hoz. No obstante las críticas, el Ministro de Economía se las arregla para mantener la cabeza fuera del agua  a partir del apoyo de Videla y de la fragmentación  de la propia casta militar, incapaz de formar un frente común que pusiera en duda la continuidad del Jefe de Hacienda. Además la subsistencia del mismo en el cargo garantiza el drenaje de recursos monetarios vitales a los efectos  de mantener elevado el gasto en material bélico.

Martínez de Hoz, sumado al  cuestionamiento militar, sufre resistencias desde sectores agro-exportadores, a raíz  del retraso del tipo de cambio, y de la industria mercado-internista cada vez más preocupada por el creciente aumento de las importaciones.
De ésta aparente encrucijada, el Ministro de Economía halla escapatoria por la puerta financiera, culminando la liberación del mercado de capitales al exterior conjuntamente con la “política de pautas” introducida en el momento que es factible el enfrentamiento con Chile.
 La apertura irrestricta del sistema financiero al flujo permanente de divisas internacionales es de una enorme utilidad a la cartera económica  para asegurarse la permanencia en el cargo, puesto que el  mantenimiento del equipo ortodoxo comienza a hacerse imprescindible para garantizar la confianza  de los inversores (J. Schvarzer, 1996).

En el plano específico político- institucional, las escisiones entre los militares hacen improbable una salida del Ministro de Economía. Si bien, tanto las facciones duras como blandas dentro de las fuerzas cuestionan la política económica, a las primeras les conviene continuar con el plan económico, que es funcional  para consumar el proceso de apertura política al lago plazo. En tanto los actores blandos  a pesar de sus contactos con sectores partidarios y sindicales no acumulan la fuerza suficiente para imponer su perspectiva dentro del régimen.

En 1980 al tiempo que las capas medias-altas, altas argentinas se florean por el mundo, la inestabilidad del sistema económico era creciente, ante la sensación latente de devaluación en los inversores extranjeros preocupados por el retraso cambiario. El riesgo aumenta el costo del dinero, al son del malhumor de los sectores endeudados.
Era de conocimiento público que el general  Viola, un crítico de la ortodoxia liberal, remplazaría a Videla en la Presidencia y ante la mera posibilidad  de que asumiera el ala nacionalista la cartera económica, las corridas hacía la divisa norteamericana se incrementaron.
Se prolongó la tablita cambiaria, y la devaluación del 10 por ciento puso al rojo vivo a la “city porteña” ante la certeza de futuras devaluaciones.

A Viola  la crisis financiera le hacía trizas el sueño de acelerar y liderar la apertura política. No bien asumido el cargo junto a su Ministro de Economía se tuvo que limitar a tratar de desactivar de la mejor manera la bomba financiera que Martínez de Hoz había diseñado.
La célebre Frase “el que apuesta al dólar pierde” y sendas devaluaciones del treinta por ciento del nuevo Jefe de Hacienda dejaron al país exhausto, y las puertas abiertas al regreso de los técnicos encabezada por Juan Alemann después de verse materializado el golpe palaciego  de Leopoldo Galtieri que lo lleva a la primera magistratura.

Galtieri y la coalición “dura” del ejercito-marina que lo sustenta, tratando de reestablecer el poder del  régimen, se lanza a la “aventura” de Malvinas, apelando a una fórmula  maquiavélica,  consuma una guerra en el exterior en pos de lograr unidad interna.
Bueno, ya sabemos de sus resultados.
La derrota en  el conflicto insular y el aguzamiento de la crisis económica frunce de modo definitivo la ilusión castrense de una prolongación en el tiempo del régimen, liderando una transición gradual y condicionada a los partidos políticos.

E n lo que se refiere a los resultados de la  política económica desarrollada por el Proceso, caben  dos reflexiones no excluyentes: por un lado, es indudable  y rotundo el éxito de las medidas financieras si el objetivo primordial de Martínez de Hoz consistía en redefinir el mapa económico-político del país trastocando las relaciones de fuerza de los actores  que lo integran.  De ésta forma se logra acumular una inmensa capacidad de veto en una elite empresarial y financiera en perjuicios de otros sectores y de la sociedad civil toda (Ibíd.).

Ahora bien, al observar el desarrollo económico desde una perspectiva esencialmente política-institucional debemos también  hablar de fracaso, si pensamos que la crisis económica y el problema de la deuda, más allá de “Malvinas” y los derechos humanos, contribuyó y mucho a erosionar la legitimidad que supieran gozar las Fuerzas Armadas al comienzo de la gestión frente a la opinión pública. 
La cuestión económica  constituyó unos de los factores que explican el derrumbe del régimen, y un escollo insalvable para la cúpula militar de estipular alguna suerte de restricciones a los actores políticos en la transición democrática.
  

Del idilio democrático al infierno inflacionario.

Que carente  de sentido suena con el transcurrir del tiempo aquel slogan alfonsinista: “con la democracia se come, se cura y se educa”.
Esta frase, sin embargo, no sólo constituía el corazón de una estrategia de marketing electoral.
Alfonsín, después de los años de ostracismo político que había implicado el Proceso, estaba convencido en sus entrañas de las capacidades virtuosas, regenerativas de la democracia.
El régimen democrático per se solucionaría todos los problemas, las prácticas participativas de una ciudadanía plena conllevaría efectos erosionantes  de los poderes corporativos feudales del pasado.

Si por una parte, el pacto inquebrantable entre el radicalismo y la voluntad del pueblo gestado en la elección presidencial del ’83 accionaría sobre las corporaciones, por otro lado la flamante gestión, apelando al regreso a las fuentes, reciclaría las  recetas keynesianas para iniciar un ciclo de expansión del consumo y crecimiento económico.
Los resultados después de un año de gestión fueron poco felices. El tiempo perdido despierta al gobierno del ensueño democrático, tomando mayor conciencia de la complejidad del escenario político-económico. La estanflación y los conflictos con los actores sociales de relevancia, causados por la política económica y el estilo confrontante del gobierno conllevan a un replanteo de la estrategia oficialista.
El Plan Austral constituye  la cristalización de ese cambio de orientación, sustentado el mismo en el respaldo de la banca acreedora internacional y en la instrumentación de mecanismos de cooperación con el empresariado local (C.Acuña, 1995).
El nuevo paquete económico articula formas de control efectivo del estado de las macro-variables económicas buscando contener las subas de precios, conjuntamente con la supresión de la emisión monetaria.

Es necesario advertir que las nuevas medidas  no apuntaron sino de modo muy limitado a resolver los añejos problemas de un Estado crónicamente deficitario. En este sentido, como se ha dicho, eran imprescindibles, si se deseaba superar las crisis que afectaban al sistema económico,  mejoras en la administración tributaria, saneamiento de las empresas públicas, eficientizar el gasto del Estado, entre otras medidas (N. Marcos y V. Palermo, 1996)
Los resultados rápidos y auspiciosos del plan, las elecciones triunfales del radicalismo en Diputados y el juicio a la Junta crearon el clima propicio para sentar las bases de un nuevo modelo social de acumulación.
Estos factores expresan un momento más que oportuno para instrumentar mecanismos de cooperación Inter.-partidaria que delinearan un sendero de búsqueda de autonomía del sector público frente a las facciones que lo capturan.
Sin embargo, un radicalismo entre mieles, embaucado con ideales hegemónicos de proyectar el denominado “tercer movimiento histórico” imposibilita engranar algún tipo de consensos básicos  con la oposición que fortaleciera la transición institucional y que generase logros económicos sólidos y perdurables en el tiempo.

Tras instantes de felicidad, a menos de dos años  de vida de su lanzamiento, el Plan Austral  comienza a resquebrajarse.
En  simultaneidad  con el deterioro progresivo de las variables económicas, el gobierno va adquiriendo conciencia de la necesidad de alterar en sus bases sustanciales  los modos de acumulación.
Desde el Ministerio de Hacienda se envían señales al propio Partido Radical, a los medios de comunicación  y al resto de los actores civiles sobre la imperiosa necesidad de replantear la vinculación Estado-mercado, de modificar las estructuras de una economía semi-cerrada y prebendaria.

Pero es demasiado tarde, en 1987 el paisaje político no concede demasiados márgenes a la hora de viabilizar reformas estructurales.
El peronismo sale fortalecido tras lograr triunfos importantes en varias gobernaciones provinciales y en legisladores nacionales.
Después de sufrir  en los primeros años de la transición alguna suerte de  indiferencia  y menosprecio por el oficialismo, el movimiento justicialista no dejará de ser un escollo difícil de superar para el gobierno.
El partido peronista y el radicalismo ingresan a esta segunda etapa, en  una especie de juego de suma cero, juego en el que finalmente este último resultaría altamente perjudicado.
En cuanto al mundo empresarial, además de la fragmentación y heterogeneidad de sus intereses, buena parte de la oligarquía que se había beneficiado durante el régimen militar, aunque coincidía con el Ejecutivo en el diagnóstico sobre el agotamiento del modelo Estado-céntrico, en los hechos es reticente a liderar un proceso de cambio que respaldara al oficialismo (C.Acuña,1995). Nadie quería pagar los costos que involucra cualquier inicio de reforma y menos aún con un gobierno inseguro, lleno de contradicciones internas, que muestra como el paso de los meses socava cada vez más su  legitimidad original.
El sindicalismo y la CGT(2) convertidos en actores molestamente relevantes, mientras ejercían sus reivindicaciones laborales en forma paralela le disputaban el status opositor a la Renovación Peronista.

Con semejante panorama y las ambigüedades propias del Ejecutivo,  que se mostraba poco dispuesto a pagar los costos políticos que implica cualquier estrategia  de talante reformador, se desemboca en la configuración de un nuevo  paquete económico: el denominado  Plan Primavera.
Dicho plan lejos está de configurar un complejo de medidas  económicas de largo alcance. No es más que una política de parches, de contención de precios, que busca impedir dislocaciones en las variables económicas y que lograra delinear un camino con menos penumbras posibles al oficialismo hacía las elecciones del ‘89.

El nuevo plan sostenido por sectores empresariales locales y organismos internacionales de crédito no está consagrado por amor hacia el gobierno, sino al terror que despierta el regreso del populismo peronista en las próximas elecciones presidenciales.
Crispan  los pelos de la “city” las afirmaciones de “revolución productiva” y “salariazo” del candidato justicialista, Carlos Menem.
Sin embargo, a pesar de los intentos del radicalismo  de conservar la postura y ciertas pautas  mínimas de gobernabilidad, la situación se va haciendo cada vez más delicada, las capacidades estatales comienzan a hacer agua por todos lados en un círculo vicioso de inflación  y déficit fiscal.

La mecha está armada, sólo falta la chispa recurrente para que todo explote. A mediados de 1989 un trascendido que afirma  el retiro de apoyo del gobierno de Estados Unidos al plan económico desata la catástrofe. Los activos privados que se mantenían en moneda local a altas tasas de interés vuelan de forma desesperada al dólar mientras el fuego inflacionario se hace incontenible. Los operadores financieros, como durante el Proceso, vuelven a mostrar su ferocidad, y en forma vertiginosa  gruesas capas sociales se derrumban en la pobreza.

Corolario: a fines de la década  la  eclosión del Plan Primavera, la corrida de la divisa norteamericana  y la hiperinflación  constituyen la expresión cabal, ante la imposibilidad de consumar las reformas durante la gestión alfonsinista, del derrumbe por colapso del anciano régimen de acumulación. 

Embriagados... Con tequila.

El flamante gobierno peronista asume en pleno infierno inflacionario, infierno al que había contribuido a enardecer (3).
Menem, apenas asumido el cargo percibe dos grandes cuestiones que debe resolver si desea mantenerse en el poder: uno lo constituye la profunda crisis fiscal que sufre el Estado, la hiperinflación erosiona toda capacidad por parte del sector público para succionar recursos y proveer servicios. El otro asunto importante a resolver lo conforma  el problema  de credibilidad del mundo de los negocios ante la incertidumbre que genera en los mercados el regreso del justicialismo (J.C.Torres,1998)

Si bien es cierto que la crisis acota sensiblemente los márgenes de acción en cuanto al rumbo a seguir,  no es menos verídico  que también dota al Ejecutivo de las capacidades de gobierno necesarios  para organizar la reforma, recursos que le habían sido negados a la gestión radical.

En lo que concierne  al partido peronista, en éstas primeras instancias en la búsqueda de salida de la crisis, es eficazmente disciplinado por el Ejecutivo a partir de una política de premios y castigos, cultivando aquel una asombrosa centralización en el proceso de toma de decisiones posibilitando imponer de manera embalada las reformas pro-mercados.

A Menem el pasado peronista lo condenaba de antemano a la hora de lograr la anuencia de los sectores de poder económico que posibilitara viabilizar en forma sustentable el camino reformista que dotara a su gestión de un piso de gobernabilidad. En tal sentido es necesario afirmar  que la incorporación  de la corporación Bunge & Born en la cartera económica e integrantes de la familia Alzogaray al gabinete, figuras de la oligarquía tradicionalmente enfrentadas al peronismo, no constituye sino una estrategia de sobreactuación destinada a conquistar los corazones de los agentes económicos (V.Palermo y M Novaro,1996).

Sin embargo, este primer ensayo de legar la conducción económica directamente a la burguesía no obtuvo buenos resultados, los conflictos inter-empresarios provocaron un nuevo pico inflacionario y la salida del cargo del Ministro de Economía,  Rapanelli.
Tras este primer traspié el gobierno busca recomponer sus fuerzas apelando al manejo ortodoxo de la economía desde el ingreso de Erman Gonzáles como Jefe de la Cartera  de Hacienda. Asesorado por don Álvaro Alzogaray, “súper-Erman”  intenta marcar ciertas distancias entre el gobierno y las demandas sectoriales y en forma simultanea ensaya una rígida retracción monetaria con el objetivo urgente de ponerle coto a la inflación (M. Cavarozzi,1997)
Respaldado el  presidente Menem, en la opinión pública  y en los organismos internacionales de crédito se logró encauzar reformas importantes,  como las mejoras en los mecanismos extractivos de la DGI(4)  y la concreción de medidas orientadas a la apertura comercial.

La reformulación de la estrategia gubernamental, en cuanto a la búsqueda de autonomía frente a las presiones corporativas, no modifica en absoluto la orientación del gobierno en la búsqueda de materializar  las transformaciones pro-mercado, pero estipula ciertos costos a miembros empresariales de la propia coalición gobernante.
Sin embargo la  asignación de los mismos son más que compensados en cuanto se ponga en marcha el proceso de privatización de las empresas públicas.
En un contexto de emergencia económica, con un gobierno apresurado por asegurarse la transferencia de los activos públicos de mayor trascendencia conspira contra la posibilidad de generar marcos institucionales regulatorios adecuados de las compañías privatizadas, que engendrara formas de mercado competitivos. El proceso de privatizaciones entonces no implica sino la aplicación sistemática de un conjunto de incentivos de tipo rentísticos que diseñaron nuevas formas de acumulación monopólicas (V. Palermo y M. Novaro,1996).

Llegado a este punto es preciso afirmar que la ortodoxia  monetarista y fiscal, a pesar de haber logrado cierta estabilidad económica y política, aún está lejos de conformar un núcleo sólido de gobernabilidad  con perspectivas de perdurabilidad en el futuro. La política  de restricción monetaria trae aparejado una acentuada recesión, elevadas tasas de interés que conspiran contra el equilibrio fiscal. En consecuencia el  Ejecutivo se ve obligado recurrir a la emisión monetaria para cubrir el déficit, medida que produce aumento en los precios y un nueva escapada de la divisa norteamericana.

Aunque, este tercer pico de inflación no se caracteriza  por tener la misma intensidad que los precesores, suscita el alejamiento del Ministro Erman González  y el ingreso de los técnicos en el manejo de la “cosa pública”.
La tecnocracia en el poder  juega un rol destacable desde su misma incorporación en el Gabinete. Tan es así que ya a mediados de 1991 la ejecución de la denominada Ley de Convertibilidad diseñada por el Ministro Domingo Cavallo provoca en breve tiempo, diría si se me permite la expresión, efectos cuasi-mágicos  sobre la economía argentina, permitiendo al gobierno  concretar el sueño anhelado desde el inicio de gestión: materializar un piso de gobernabilidad.

Es importante reconocer, en pos de explicar el éxito de la implementación del ancla monetaria($1=U$S), lo realizado por el gabinete anterior, dado que se establecieron las bases financieras, en términos de acumulación de divisas, necesarias para viabilizar el funcionamiento del nuevo plan.
La convertibilidad combina en un mismo cóctel  licores ortodoxos y heterodoxos que conducen al mercado por un sendero expansivo.
La aplicación del plan  implica, desde un primer momento, un shock de certidumbre para el conjunto de los actores económicos causando un vertiginoso derrumbe de la inflación, y produciendo un proceso de remonetización de la economía. Este fenómeno, de modo simultaneo trajo aparejado una significativa reactivación económica abriendo cause a un aumento importante en la capacidad adquisitiva de los salarios.

Todo este desarrollo virtuoso del sistema económico coloca al gobierno en una situación privilegiada en lo concerniente a dos cuestiones fundamentales: el Estado, a partir del fortalecimiento del consumo y la demanda agregada mejoró notablemente los niveles de recaudación posibilitando a la administración oficialista recuperar mayor margen de acción frente a las corporaciones.
En el plano estrictamente político-institucional en un ambiente de tranquilidad pos-crisis económica, se pasa de un patrón  de decisiones fuertemente centralizado en el Ejecutivo a una progresiva  apertura del juego político sostenida en una participación que muestra mayor asiduidad por parte del Congreso (M. Llanos,1997).

Ahora bien, no obstante el idilio que vive el gobierno con el boom económico que despertaba la convertibilidad, la arquitectura de la misma no radica sobre bases sólidas. El plan había nacido con un virus, el virus del retraso cambiario, distorsión que afecta la competitividad externa, incentivando una avalancha importadora  y desalentando las exportaciones. Esta situación genera una brecha en la balanza comercial  que de forma momentánea era disimulada por el ingreso masivo de capitales financieros internacionales, los cuales  arriban a las costas de los países emergentes que habían consumado las reformas y que por las bajas tasas de interés que ofrecían los mercados desarrollados, indujo a los inversores a salir en busca  de ganancias más suculentas.

Además, este potencial desequilibrio del escenario económico  no es compensado mediante un manejo correcto del gasto público. Este  pudo haber sido un instrumento valioso, si se lo asignaba a la promoción de políticas que mejoraran el capital humano en lugar de destinarlo a manejos asistencialistas y clientelísticos. De tal modo que pudiera mitigar los efectos perniciosos en el caso de que se produjera  el desatamiento de una crisis económica (V. Palermo, 1999).

Una de las soluciones que disponía el gabinete enmendador del desequilibrio, que no involucrara lisa y llanamente la devaluación de la moneda para ganar competitividad,  consistía en inclinarse  por la disciplina fiscal al tiempo que se restringiera el flujo financiero con el fin de enfriar la economía que produjera como resultado una mejora de la balanza comercial.
Sin embargo, esta receta recesiva fue rotundamente descartada, puesto que tenía escasa viabilidad política si el objetivo del Ejecutivo era conservar tranquilidad (cultivar armonía) en la relación con los varones provinciales del peronismo y poder consumar con posibilidades ciertas la reforma constitucional que abriera las puertas a la reelección presidencial.

En consecuencia,  el gobierno madura rápida y esquemáticamente -conservando con vida el tipo de cambio fijo- una política de ajuste  orientada a reducir los costos internos que lograra mejoras en la competitividad externa. Tal política consistía básicamente en continuar con las desregulaciones del sector público, sumando medidas de desgravación impositiva  a ciertos sectores exportadores al mismo tiempo que se  recurría a la  flexibilización de los costos laborales.
Igualmente los esfuerzos desarrollados por el gobierno no tuvieron un final feliz. Estos mecanismos de ajuste   desplegados desde el Misterio de Hacienda finalmente son puestos en jaque con la crisis del “tequila”.
La devaluación mexicana produce pánico en el mundo financiero, y activa la emigración de las inversiones golondrinas, suceso que demuestra a todas luces en que medida la vitalidad del modelo económico descansaba en la volatilidad del crédito especulativo.
El gobierno maneja  con temple el desarrollo de la crisis, conserva a rajatabla el tipo de cambio fijo, lo que permite un regreso parcial de capitales (Ibíd.).

El peronismo, que había tenido una posición  crecientemente hostil hacia el gobierno, cambió radicalmente de postura durante el estallido de la crisis cerrando filas, alineado detrás de la figura de Carlos Menem. El peronismo percibe, y no yerra de diagnóstico, que el voto popular no le sería esquivo al jefe  justicialista.
 En  1995 las elecciones presidenciales reflejan que mayores segmentos de la población apoyan las transformaciones ocurridas durante estos años  que los que decidieron rechazarlas (Ibíd.).

Menem consigue su sueño personal, la reelección a la primera magistratura, y promete como objetivo aniquilar el problema de la desocupación que alcanza porcentajes inéditos para el país, alrededor del 18 por ciento.
Por último es necesario señalar que la  crisis del tequila demuestra en  forma descarnada que a pesar de las reformas en los modos institucionales de acumulación de los ‘80, la Argentina no encuentra un modo sustentable de crecimiento.

  La década del 90, sobre los escombros del anterior modelo de sustitución de importaciones  enarbolan un nuevo patrón  de acumulación capitalista, caracterizándose por la desregulación de la economía, el desmantelamiento del sector público, y la apertura comercial. No obstante,  más que una verdadera economía  de mercado dinámica y en desarrollo sobre un esqueleto institucional eficiente, se construyó un nuevo capitalismo político y asistido, de predominio financiero  que transformó el monopolio de Estado en un  monopolio de mercado, el que prosigue la absorción  de cuasi-rentas de privilegios de unas pocas corporaciones, en tanto aumenta la brecha de ingresos entre la cúspide de la pirámide social y la base (Nochteff, 1998:  32-5).
La crisis del tequila  demuestra  los límites  de  una economía altamente dependiente de la volatilidad financiera internacional.
Con la reelección presidencial se prosigue con las políticas de ajuste y desregulación, que si bien  permiten regresar a una senda de crecimiento, demuestra que  el sistema económico no descansa sobre bases sólidas conduciendo a un aumento de la desintegración social, de la desocupación, y de la pobreza.

La Alianza y el ocaso

El desgaste de diez años del partido justicialista en poder, la desmedida corrupción denunciada por los medios masivos de comunicación, y el ingreso a una etapa recesiva de la economía dan lugar a la llegada de la Alianza Radicalismo-Frepaso. Configuración política que  monta su campaña propagandística previa a las elecciones presidenciales sobre dos ejes centrales: una se refería a la limpieza ética de la praxis política  prometiendo desterrar de cuajo el legajo corrupto del  menemismo. Por otro lado, se garantiza el tipo de cambio fijo a rajatabla.
El dilema que se plantea es que el  principio ético se hacia muy difícil de respetar, puesto que su trasgresión  sistemática  constituye la condición primordial para conservar la convertibilidad.
Es decir: ante inminente derrumbe -tras dos años de recesión- del sistema hegemónico financiero basado en el endeudamiento, y en la renta de los monopolios privatizados, exige para conservar sus ingresos en dólares-pesos la continuación desesperada de las políticas de recorte al presupuesto nacional para no ahuyentar a los acreedores. Esto implica seguir la cooptación por medio de la coima y el soborno a los parlamentarios.
 El consenso social del que goza la convertibilidad, aun en una etapa recesiva, conduce a la gestión de De La Rua a mantener el tipo de cambio fijo hasta el final de su mandato.  Estrategia que finalmente lo llevó al ocaso con el golpe devaluatorio del mercado, cuando la economía  Argentina se ahogó en su capacidad de pago previo continuum de medidas de ajuste que provocan el achicamiento del mercado interno.
En el estallido social de  diciembre del 2001 se vislumbra la culminación de un proceso que llevaba ya varios años de crisis de representatividad. La política regresa a las calles en las efervescentes manifestaciones sociales y deslegitimada la casta política tradicional, la sociedad civil nace como ámbito natural en la relegitimación de nuevas instituciones, más horizontales, más participativas. No obstante el paso de los meses y la relativa estabilidad en el control de las principales variables macroeconómicas que logra el gobierno de transición con la llegada del Ministro de Hacienda Roberto Lavagna, la marea pública, asambleas barriales, grupos piqueteros regresan en la mayor parte de sus legiones al ámbito privado, cotidiano.
 El presidente provisorio, Eduardo Duhalde de la mano de Roberto Lavagna logra una gestión de la crisis relativamente exitosa si se lo compara con las previsiones  inflacionarias de la mayoría de los especialistas, aunque  la explosión de la paridad cambiaria y la devaluación provoca una nueva succión y apropiación del excedente, mediante la caída estrepitosa de los salarios reales y el aumento de la pobreza e indigencia en amplias capas de la población en beneficio de la élite exportadora y del superávit fiscal del Estado.

* Docente del Departamento de Ciencia Política del Instituto de Formación Docente Continua San Luís. Posgrado en Ciencia Política y Sociología (FLACSO)
Correo electrónico: forli3@yahoo.com.ar.
TE: 02657-434425
Te Instituto: 444189

Notas

(1) Comisión  de Asesoramiento  Legislativo.

(2) Confederación General del Trabajo.

(3) “Ante tal situación, Alfonsin intentaría denodadamente llegar a un acuerdo con el presidente electo que le permitiese calmar los ánimos. Pero la negociación se trabó por las exigencias que le formuló Menem” (Marcos Novaro, y Palermo Vicente,1996 pag. 113). “Guido di Tella fue el encargado de comunicar que el Justicialismo no cogobernaría (...).El dólar creció el 57 por ciento durante la semana posterior a las elecciones y las tasas llegaron hasta el  80 por ciento  mensual”(Daniel Muchnik, 2001, pag 210).

(4) Dirección General  Impositiva.

Bibliografía:

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