DEL PODER POPULAR EN VENEZUELA COMO SIMULACRO

O BREVE HISTORIA DE UNA PUESTA EN ESCENA (II)

Por Johan López

Universidad Nacional de La Patagonia Austral-Argentina

 

Resumen:

Este texto sigue la línea discursivo-analítica del anterior (Del Poder Popular en Venezuela como simulacro o breve historia de una puesta en escena (I)). En esta segunda entrega, se presentan algunos elementos en los que se muestra cómo el Poder Popular (PP) que propuso la Revolución Bolivariana no sólo no tomó cuerpo (no se efectuó) en las legítimas aspiraciones de configurar un nuevo esquema democrático en el país sudamericano; sino que todo el armado del PP operó como una estrategia de posicionamiento de la estructura tripartita Gobierno-Estado-Partido en condición de hegemón. Con lo cual las pretensiones de re definir la democracia liberal por una más participativa y protagónica quedaron circunscritas al plano de la propaganda y el electoralismo; con un elemento adicional y profundamente reaccionario: al sujeto pueblo-excluido se le sustrajo su potencia reclamativa, dado que terminó por  subsumirse  a las estructuras del Estado, bajo una dinámica de subalternidad  y obsecuencia, lo que da al traste con la idea según la cual el pueblo venezolano, en tiempos de Revolución Bolivariana, logró altos niveles de politización. En este sentido, se señala que esa politización en realidad lo que hizo fue instalar prácticas electoralistas, proselitistas y propagandísticas y usar a los sectores populares como correa de transmisión de los fines y principios de la Revolución Bolivariana. Finalmente, este trabajo no sólo pone en cuestión esos procesos de politización del sujeto pueblo-excluido adelantados por la Revolución Bolivariana. Al final del texto se deja entrever que los sectores del “no pueblo” (la oligarquía tradicional, los medios de comunicación privados, el gran empresariado, entre otros), obtuvieron importantes ganancias económicas e incluso lograron fugar capitales al extranjero, lo que a las claras es contrario al discurso de la Revolución y la emergencia del Poder Popular como nueva lógica democrática.

Palabras claves:

Democracia Participativa y Protagónica, Democracia Liberal, Revolución Bolivariana, Poder Popular y Politización.

 

OF PEOPLE'S POWER IN VENEZUELA AS A SIMULACRUM

OR A BRIEF HISTORY OF A FARCE (II)

By Johan López

Universidad Nacional de La Patagonia Austral-Argentina

 

Abstract:

This text follows the discursive-analytical line of the previous one (Of people's power in Venezuela as a simulacrum or a brief history of a farce (I)). In this second installment, some elements are presented which show how the Popular Power (PP) proposed by the Bolivarian Revolution not only did not take shape (did not take place) in the legitimate aspirations of configuring a new democratic scheme in the South American country, but the whole set-up of the PP operated as a strategy of positioning the tripartite structure Government-State-Party in hegemonic condition. Thus, the pretensions of redefining liberal democracy for a more participatory and protagonist democracy were confined to the level of propaganda and electoralism; with an additional and deeply reactionary element: the people-excluded subject was deprived of its claiming power, since it ended up being subsumed to the structures of the State, under a dynamic of subalternity and obedience, which puts paid to the idea according to which the Venezuelan people, in times of Bolivarian Revolution, achieved high levels of politicization. In this sense, it is pointed out that this politicization in reality what it did was to install electoral, proselytizing and propagandistic practices and to use the popular sectors as a transmission belt for the purposes and principles of the Bolivarian Revolution. Finally, this work not only questions those processes of politicization of the excluded-people subject advanced by the Bolivarian Revolution. At the end of the text it is revealed that the sectors of the "non-people" (the traditional oligarchy, the private media, big business, among others), obtained important economic gains and even managed to flee capital abroad, which is clearly contrary to the discourse of the Revolution and the emergence of Popular Power as a new democratic logic.

Key words:

Participatory and Protagonist Democracy, Liberal Democracy, Bolivarian Revolution, Popular Power and Politicization.

 

DEL PODER POPULAR EN VENEZUELA COMO SIMULACRO

O BREVE HISTORIA DE UNA FARSA (II)

Por Johan López

Universidad Nacional de La Patagonia Austral-Argentina

“El sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, los estándares de pensamiento) ya no existe”.

Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo.

 

La apariencia de las cosas: la plebeyización de la democracia

El fundamento base de la democracia participativa y protagónica gira alrededor de la idea de una democracia plebeya en la que los sujetos subalternos sean quienes tengan el poder decisional y, sobre todo, la rectoría del orden político-social y económico dentro de una determinada comunidad política. De esta forma, una democracia participativa y protagónica coloca en el centro de su acción a los sujetos históricamente excluidos de la política tradicional liberal y que, por lo general, ocupan un mayor porcentaje poblacional, sobre todo en los países latinoamericanos. Esta visión participacionista y protagónica supondría una restitución del sentido primigenio del término democracia. Bajo este esquema, el Estado se reconfiguraría de tal manera que cede en su carácter de hegemón y se convierte en una estructura que, en lo sucesivo, acompaña a las expresiones plebeyas —Poder Popular (PP)—en su labor directriz de la sociedad en su conjunto. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la democracia participativa y protagónica emerge como una necesidad de redefinición profunda de la democracia liberal. Valga acotar que los esfuerzos por redefinir a la democracia venezolana no son nuevos:

La idea participativa en Venezuela tiene antecedentes teóricos y prácticos en diversos espacios y actores sociales. En su trabajo “Democracia Participativa en Venezuela (1999-2010)”, Margarita López Maya identifica el “pensamiento social de la Iglesia Católica, especialmente en su desarrollo a partir del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín” así como “las ideas y prácticas de una izquierda transformada por las revelaciones sobre el socialismo autoritario y las revueltas estudiantiles de los años sesenta en Europa, Estados Unidos y América Latina” (López Maya, 2011: 7), como piedras fundacionales de la democracia participativa en Venezuela. (Briceño, 2015:195).

De igual forma, a fines de la década del 70, el Comité Ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) inaugura en Caracas un ciclo de conferencias bajo el título Hay que reinventar la democracia. El ponente inaugural de ese evento fue el ex presidente Luis Herrera Campíns. Iniciativas como las de la ODCA se dieron en otras partes del continente: existía una necesidad consciente de revisar los fundamentos de la democracia, evaluar sus alcances y, fundamentalmente, su aplicación. La democracia debía ser revisitada para establecer cuáles eran los puntos a ajustar y cuáles debía ser suplantados, principalmente con miras a darle más participación efectiva a los sectores tradicionalmente excluidos de la política. Esta preocupación por la democracia liberal, sus alcances y limitaciones, atravesaba todo el espectro político-ideológico nacional con sus respectivas modulaciones e intensidades. En este punto hay que acordar con Gonzaga y Marques (2020):

Como subrayado por Bobbio (1986) la democracia no disfruta en el mundo de muy buena salud, pero jamás la ha disfrutado y no por eso está cerca del túmulo. Para un régimen democrático, el estar en transformación es su estado natural: la democracia es dinámica. Estático es el despotismo que es siempre igual a sí mismo. (Gonzaga y Marques, 2020:158).

En la primera parte de este texto se abordó el tema de la redefinición de la democracia liberal, dada sus limitaciones y, principalmente, sus promesas incumplidas. En todo caso, lo que no se puede obviar en los análisis y críticas al modelo democrático tradicional es que sigue siendo el modelo político-gubernamental que domina en Occidente y que, como es sabido, va más allá de los propios límites occidentales: es el sistema de gobierno que, mayormente, domina en el mundo. No obstante, las muchas y diversas críticas justificadas al modelo democrático liberal han hecho que emerjan nuevas teorizaciones y prácticas democráticas.

Existe algo que no se puede soslayar en los respectivos juicios a la democracia: todas estas nuevas teorizaciones y prácticas por más que deseen marcar algunos puntos distintivos respecto del modelo democrático modero-occidental, no pueden despojarse, no del todo, de una episteme y de unas prácticas. Aún en la negación o, más propiamente hablando, en el contraste que supone la aparición de un eventual modelo de democracia participativa y protagónica diferenciador respecto a su matriz moderno-occidental, el peso de una tradición y de unas prácticas siguen persistiendo. ¿Acaso un nuevo modelo democrático distinto y distante del moderno-liberal puede, por ejemplo, prescindir del voto directo, universal y secreto como forma de participación política[1]? ¿Una redefinición de las bases democráticas puede permitir la subordinación de todos los poderes y órganos públicos a una instancia como el partido o el Estado impidiendo el desarrollo autónomo de los poderes públicos? ¿Puede un eventual sistema democrático limitar la circulación de las ideas y los pensamientos en detrimento a la libre expresión? ¿Puede conculcar los derechos a tener una propiedad privada y a la libre asociación político-partidista, entre otros aspectos estructurales y estructurantes de la democracia liberal?

Si se admite la lectura según la cual el Estado compartiría, en (aparente) situación de paridad, el poder decisional-político con un nuevo actor emergente que él mismo configuró (el pueblo-excluido), como se plantea para el caso venezolano con la asunción de la Revolución Bolivariana como Gobierno y la puesta en marcha de la Constitución de 1999, no es difícil pensar que ese Poder Popular estaría, previsiblemente, condicionado al aparataje estatal que le confirió su margen de aparición y desarrollo. Si bien ese condicionamiento no se señala de manera directa por quienes promueven la democracia participativa y protagónica en el país sudamericano, está claro que esa relación pone en situación de minusvalía al Poder Popular frente a un aparato como el Estado al punto de maniatarlo.

No hay que olvidar que existe un orden constituido desde las lógicas estatales modernas en relación con las mayorías subalternas: el sujeto pueblo—concebido como plebs—siempre ha estado en condición de subalternidad política, económica y cultural. El Estado es, en la lógica de la teoría contractualista del Estado moderno, una estructura que está para dominar, reproducir y perpetuar su hegemonía. ¿En qué medida el Estado va a compartir ese poder absoluto, sobre todo con el sujeto más desvalido en términos económicos, políticos y sociales? A menos que el Estado sea en exceso bondadoso y noble y esté dispuesto a sustraerse de su condición leviatánica y siente las bases para su propia auto aniquilación en tanto sujeto político hegemónico.

El Estado moderno, padre de todos los Estados occidentales, no delega sus funciones, no las comparte, no crea paridades con otros sujetos de la política. Su origen y su fin son auto referenciales y auto preservativos. Por más apellidos que se le coloque para atenuar su forma reaccionaria de actuar: Estado socialista, Estado comunal, Estado revolucionario, Estado soviético, Estado popular, Estado neoliberal, entre una multiplicidad de apellidos posibles; el Estado, sobre todo el Estado presente (en oposición al Estado ausente del neoliberalismo) es una estructura que no puede sino ser hegemónica en todos los órdenes de la vida política de la comunidad.

De tal forma que un Estado, cualquiera sea su apellido, siempre va a responder a sus códigos y principios. El apellidaje no es más que una forma de enmascarar sus lógicas fundantes; un juego del discurso político que pretende posicionar la idea según la cual puede existir un Estado capaz de delegar sus funciones y poderes en otros sujetos, sobre todo en los sujetos subalternizados. De una situación como esa no se tiene registro. No hay que olvidar que lo hegemónico y lo reaccionario son inmanentes al Estado moderno. El Estado no puede menos que efectuarse bajo los marcos gnoseológicos y filosóficos que le dieron sentido.   El punto clave está en la propia actitud del Estado. En este sentido, conviene citar a Urbaneja (2020) quien, echando mano de Max Weber, indica lo siguiente sobre el Estado moderno y sus límites:

A ese respecto constata Weber que no hay fin imaginable que no haya perseguido o pueda perseguir un Estado cualquiera: la paz, la riqueza, la gloria, la extensión territorial, el reino de la verdadera religión, la libertad, la justicia. No podría entonces ser el fin que el Estado persiga lo que lo definiera como Estado, pues diferentes Estados han buscado diferentes fines. Lo que permite definir lo que es un Estado es el medio del que se sirve para obtener sus objetivos y que ninguna otra instancia posee, y ese medio es el monopolio de la fuerza. De ahí la legendaria definición weberiana del Estado: “es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio –el territorio es un elemento distintivo– reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima”. (Urbaneja, 2020:23).

Como aprecia, el Estado no delega su “fuerza”, a decir de Weber, en otra instancia. De hacerlo, pierde su condición de Estado. Si bien hay diferentes formas en las que el Estado se efectúa, este elemento parecer ser su rasgo distintivo más nítido. Por ejemplo, en el neoliberalismo el Estado se retira, esto es: se convierte en una estructura burocrática legaliforme que establece sus marcos de acción y que ostenta para sí el monopolio de la violencia legítima, aunque otorga amplios márgenes de acción a fuerzas transnacionales para que signen, fundamentalmente, el panorama económico-productivo de un país determinado con la consecuente repercusión en el plano político-social. El Estado neoliberal, además, se encarga de hacer cumplir la Ley y está al servicio de la ciudadanía, pero su impacto en el manejo económico-productivo, como se señaló, es escaso y, por lo general, se deja influenciar por las corporaciones trasnacionales en el ejercicio de sus funciones político-administrativa; aun así, la “fuerza” que señala Weber no la cede a ningún otro actor.

En el Estado fuerte (presente) lo señalado en el párrafo anterior no sucede (la relación de subordinación del Estado frente a las compañías transnacionales). Éste tiene la necesidad de controlar todos los procesos políticos y sociales, incluido lo económico-productivo, allí donde el Estado neoliberal se retira para darle primacía a los poderes corporativos transnacionales y, en algunos casos, a las oligarquías nacionales. Independientemente del modelo de Estado, éste no opera bajo la concepción de compartir el poder con otros actores.

En el caso del Estado revolucionario venezolano se buscó dar esa impresión e, incluso, se generaron ciertos mecanismos de participación política, aunque el Estado continúa con sus prácticas hegemónicas. Para resumir esta situación en una formulación tautológica y verídica: el Estado es el Estado. En el caso venezolano y la Revolución Bolivariana no sólo es un Estado presente (fuerte), sino que éste se encargó de configurar la escena para la emergencia del nuevo contrapoder: el Poder Popular. Al crear los marcos para la emergencia del PP, al regularlo y tutelarlo, se aseguró para sí los mecanismos de control y disciplinamiento de esas estructuras que, en el papel, son la expresión más fidedigna de una nueva lógica en los esquemas político-gubernamentales en el país sudamericano: la democracia participativa y protagónica.

El contrapoder que emergía como expresión directa del PP no sólo nacía a “imagen y semejanza” del Estado revolucionario (la estructura tripartita Gobierno-Estado-Partido) que lo confeccionó, sino que era un reproductor de sus dinámicas y, tanto más interesante, un apoyo esencial en la configuración del modelo gubernamental-estatal que ideó la Revolución Bolivariana; con un elemento aún más llamativo todavía: en términos simbólico-discursivos, la Revolución Bolivariana había dado sentido y corporeidad a una vieja e irresoluta fórmula dentro del marco democrático-institucional occidental: le otorgaba el kratos (poder político e institucional) al demos originario.

Si bien en la práctica esto no fue así —estuvo y está muy lejos de que así sea— se construyó todo un aparataje discursivo, simbólico y propagandístico que daba esa impresión. Aunado a ello, se crearon ciertos instrumentos e instancias del Poder Popular que respondían, unidireccionalmente, al aparato que lo configuró. Es así como se fue armando una sensación de legitimidad de origen, dado que el Gobierno, el Estado y todas sus instituciones tenían, en apariencia, la carnadura del Poder Popular, sus ritmos y sus improntas. Por un lado, el sujeto pueblo-excluido (buena parte de él), creyó que, en efecto, estaba tomando cuerpo una nueva dinámica político-social donde éste aparecía como el protagonista esencial de esos cambios. ¿Cómo no pensarlo así?

Este esquema de formación de instrumentos legales para favorecer la participación de las mayorías excluidas en las decisiones políticas del país, tiene relación con lo que en su momento planteó Gino Germani con la noción de “libertad concreta”. Para Germani, el peronismo logró, como nunca se había visto en la sociedad argentina previo a la década del 50, darle un marco de participación y legitimidad a los sectores obreros dentro de las fábricas. Con esta acción, Perón logró el apoyo mayoritario de los sectores populares, fundamentalmente de los obreros. Este nuevo cuerpo de leyes a lo interno de las fábricas y los consecuentes beneficios para los sectores obreros trajo consigo lo que Germani denominó como “libertad concreta”. Es decir, el obrero podía participar activamente en el curso de las actividades fabriles, sus derechos se expandieron y, a partir de allí, tendría un protagonismo decisivo dentro de la fábrica.

Pero esa “libertad concreta” no tenía incidencia en lo que Germani denominaba como “alta política”; es decir, en el curso de las decisiones político-gubernamentales argentinas. Para el sociólogo ítalo-argentino lo importante consistía en ir sentando las bases para la emergencia de lo que él denominó como “libertad abstracta”: la posibilidad de transformar las bases sociales y políticas para crear un nuevo orden de relaciones más justo y libre. Germani reconoce el avance del peronismo de primera generación en la creación de una estructura legal y de participación importantes, sin embargo, deja entrever el sociólogo, la creación de una sociedad más justa y equitativa quedó pendiente. Si bien no se alteraron las condiciones estructurales de la sociedad, el movimiento obrero y los sindicatos que prosperaron con el peronismo de primera generación terminaron por apoyar de forma decidida la propuesta peronista, sobre todo a nivel electoral.

Lo que Germani denominó como “libertad concreta” —incorporación de las masas obreras como actores de primer orden a lo interno de las fábricas y el cuerpo normativo que respaldaba todo el movimiento obrero y los incipientes movimientos sindicalistas— operó como una fuerza simbólica y movilizadora, sentó las bases para incorporar a la vida política argentina a actores sociales otrora olvidados y, en algunos casos, denostados por la política elitista tradicional. Si bien fue un avance sustantivo en términos de ampliación de derechos y, principalmente, porque logró poner en un primer plano a sectores tradicionalmente marginados de la política; esta incorporación no alteró las estructuras político-administrativas y económico-productivas del país (no se avanzó en la constitución de la “libertad abstracta”).

La animosidad política y el Poder Popular

A pesar del avance del esquema democrático participativo y protagónico, dentro y fuera de Venezuela surgían interrogantes de este tenor: ¿En qué momento otro Gobierno había sancionado leyes —además orgánicas— como la Ley Orgánica de las Comunas o la Ley Orgánica de los Consejos Comunales que le otorgaran tanto poder al pueblo excluido? ¿En qué momento y cómo (antes de la Revolución Bolivariana), por ejemplo, un bachiller como Daniel Aponte —un joven de barriada popular— podía acceder (como en efecto ocurrió) a ser Jefe de Gobierno de Distrito Capital —Caracas, capital del país—, nombrado directamente por el presidente Nicolás Maduro? El aparato tripartito Gobierno-Estado-Partido no sólo se ungió simbólica y discursivamente de Poder Popular, sino que fue capaz de darle cabida a expresiones subalternas para que, de facto, fuesen parte de la dinámica política y social venezolana; pero no como meros observadores, sino como actores de primera línea.

En cualquier caso, estas expresiones del PP y los nombramientos para algún cargo público se establecen (aún hoy) sobre un régimen rígido de obsecuencia y disciplinamiento. No se admite, bajo ningún sentido, salirse de los encuadres político-disciplinarios y discursivos que impone como deber ser la Revolución Bolivariana al conjunto de sus cuadros dirigenciales. De esta manera, la Revolución Bolivariana se aseguraba que en el ejercicio de un cargo público (así haya sido obtenido por elección popular), esas personas estaban allí no para gestionar y coordinar acciones relativas al cargo que desempeña y para el cual fue electo (según sea el caso), sino que está allí, precisamente, para obedecer la línea del aparato Gobierno-Estado-Partido. 

En ese marco, es justo señalar que cada uno de esos actores y protagonistas provenientes del Poder Popular ejercen funciones como operadores políticos subordinados a los designios del aparato tripartito Gobierno-Estado-Partido. No había ni hay discrepancias de ningún tipo; la vinculación de ese Poder Popular frente al aparato se da en relación de subalternidad, obediencia y acatamiento (elementos constitutivos del orden verticalista propio del estamento militar); con un elemento adicional: es una relación de dependencia inscrita en una dinámica clientelar que es, ciertamente, anterior a la aparición de la Revolución Bolivariana como instancia político-partidista y gubernamental. Esta dinámica clientelar puede rastrearse en los albores de la incipiente industria petrolera venezolana (en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez) y la consecuente lógica rentística.

Como quiera que sea, bajo el esquema de la democracia participativa y protagónica el sujeto pueblo-excluido aparecía en el discurso del Gobierno, en los nombres de los ministerios (todos pasaron a nombrarse Ministerio del Poder Popular), en las leyes del Poder Popular, en los programas de televisión del Estado. El PP no era sólo un sujeto evocado, sino uno que estaba allí presente y sobre el cual se edificaba, según la prédica de la Revolución Bolivariana, un nuevo modelo político-social y económico; una redefinición profunda de la democracia en la que la plebs toma el control de las instituciones estatales y procede a redefinir el marco político, social y económico del país caribeño.

Fisuras dentro del modelo participacionista-protagónico

Como se ha señalado, el fundamento esencial de la Constitución de 1999 está inscrito en un orden participacionista y protagónico, lo cual implica, ya a un nivel más pragmático, darles sentido y viabilidad a estas nuevas prácticas democráticas. En esa dirección, el artículo 62 de la Constitución de 1999 que establece que:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Como se aprecia, la idea es que tome cuerpo, en un sentido más operativo, el espíritu participacionista en la “ejecución y control de la de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”. En ese mismo orden operativo, el artículo 70 de la Constitución sigue dándole cuerpo y sentido al participacionismo protagónico:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

El artículo expresa y recoge algunas de las aspiraciones más importantes respecto a la redefinición de la democracia. De hecho, incluye figuras profundamente innovadoras como la “revocatoria de mandatos” y el “cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante”. De esta manera, las viejas aspiraciones de redefinición de la democracia van tomando un sentido más operativo y dinámico. Esas “decisiones de carácter vinculantes” dan cuenta de la puesta en marcha de un esquema democrático profundamente innovador.

Los sectores sociales históricamente excluidos de la política tradicional se sentían consustanciados con esa prédica gubernamental del Poder Popular; de hecho, se constituyó un discurso oficial que colocaba en el centro de gravitación política al pueblo como sujeto expoliado-explotado, ahora reivindicado por la Revolución Bolivariana; pero no desde una visión generalista y formal-legal, sino el pueblo pobre y padeciente de las injusticias de los modelos políticos de la IV República (1958-1998).

El pueblo pasa a formar parte de una gramática revolucionaria que divide a la sociedad, en términos generales, en dos grandes sujetos: el pueblo y los “otros del pueblo” como sostiene Francisco Panizza (2006). De un lado estaban las oligarquías, los banqueros, los empresarios, los grandes medios de comunicación privados, entre otros actores que no son el pueblo (que están del otro lado de la grieta), ese sujeto padeciente y subalternizado. Del otro lado, estaba el pueblo, ahora devenido sujeto político decisor de su propio destino dentro de la comunidad política.  

A pesar de las innovadoras propuestas de redefinición democrática, todo el discurso del participacionismo y el protagonismo popular que adelantó el aparato Gobierno-Estado-Partido en Venezuela terminó siendo funcional a los intereses de esa estructura tripartita; comenzaban de esta manera a surgir algunos cuestionamientos al modelo: ¿Dónde está la potencia reclamativa de, por ejemplo, los consejos comunales o las comunas respecto de la gran crisis que atraviesa el país? Llama la atención que los mecanismos del Poder Popular, sus estructuras más representativas tales como: los consejos comunales, las comunas, las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, los medios alternativos y/o comunitarios, entre otros mecanismos e instancias de la nueva democracia participativa y protagónica, no tengan ningún tipo de potencia reclamativa ante los órganos del Estado.  

En este punto, se parte de una premisa fundamental que no puede perderse de vista en los análisis respecto del caso de la democracia participativa y protagónica adelantada por la Revolución Bolivariana: Cuando el Poder Popular pasa a ser parte del Estado (una suerte de contrapoder en situación de paridad con el Estado), como subrepticiamente[2] se ha dejado entrever a la comunidad internacional y a los propios correligionarios de proceso revolucionario, lo que se está estableciendo como dispositivo discursivo y simbólico es la creencia según la cual el pueblo es el sujeto de poder en Venezuela y que el Estado es un acompañante en ese proceso de empoderamiento popular. La evidencia empírica demuestra que la fórmula es exactamente contraria: el Estado es el sujeto hegemónico y busca legitimarse dando la impresión de que ha delegado su poder en el sujeto pueblo, otrora excluido por los gobiernos anteriores (IV República) y ahora reivindicado por la Revolución Bolivariana.

En todo caso, la emergencia del Poder Popular en la Venezuela de la Revolución Bolivariana es una trama bastante compleja de entender; dado que sí existen los mecanismos de empoderamiento y participación protagónica; visto así, a secas, parece un proceso innovador e interesante, cuando menos. La cuestión de la democracia participativa y protagónica en la Venezuela bolivariana radica en que cada uno de estos mecanismos fueron ideados por el aparato Gobierno-Estado-Partido, quien ejerce control y vigilancia férrea sobe todos los procesos de empoderamiento popular. Además, todo este complejo andamiaje de constitución del Poder Popular, tutelado y, a la par, cooptado desde sus inicios, sirvió para crear una impresión-sensación participacionista y protagónica en el sujeto pueblo-excluido.

En ese orden, este efecto participacionista y protagónico contó con un potente mecanismo de propaganda que se encargó de sobredimensionar y sobre visibilizar todo el proceso de constitución del Poder Popular. El presidente Hugo Chávez, sus ministros, todo el aparataje mediático-comunicacional y todas y cada una de las instancias del Gobierno-Estado-Partido (incluyendo a la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en todos sus componentes), se encargaron de tener, al unísono, el mismo discurso del Poder Popular. Hubo toda una armonía y consonancia discursivo-propagandística que puede condensarse en una frase como esta: ¡el Poder Popular echó andar de la mano de la Revolución Bolivariana! En consecuencia, todo el armado discursivo de la Revolución Bolivariana va a girar alrededor de su sujeto esencial: el pueblo-excluido.

Ahora bien, hay una situación particular respecto al nuevo esquema de democracia participativa y protagónica que plantea la Revolución Bolivariana y que aún hoy, más de 23 años después de haber sido aprobada la Constitución de 1999 por los venezolanos, sigue generando algunas interpelaciones: expresiones del Poder Popular como las comunas, los consejos comunales o, más radical aún, los colectivos de paz, terminan siendo instrumentalizados por el aparato Gobierno-Estado-Partido para neutralizar (sobre todo los colectivos[3]) a otras expresiones políticas y sociales que reclaman legítimamente por sus reivindicaciones sociales, políticas y económicas.

No deja de ser llamativo que esas necesidades urgentes en materia de salud, seguridad ciudadana, servicio de agua potable, vialidad, electricidad, gas doméstico, salarios precarizados, transporte público deficiente (casi inexistente en algunas regiones del país), entre otras;  atraviesan toda la base social venezolana, fundamentalmente afecta a los sectores populares (los sujetos subalternos—los excluidos—); pese a ello, a esa realidad social, económica y política tan compleja; hay pocas voces reclamativas que sean expresión legítima, como cabría suponer en estos casos, del Poder Popular. ¿Dónde están esas expresiones como el “cabildo” y sus “decisiones de carácter vinculante” como señala el artículo 70 de la Constitución de 1999?

Las comunas, los consejos comunales, los colectivos de paz, los comités de tierras urbanas, las mesas técnicas de agua, los medios alternativos y/o comunitarios, en resumen, todas las expresiones del Poder Popular configurado por la Revolución Bolivariana, actúan dentro del margen que le confiere el aparato Gobierno-Estado-Partido. Aún más, estas estructuras del PP responden al momento de ser convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —partido de gobierno— para concentraciones, marchas y mítines en apoyo al Gobierno Revolucionario; clara evidencia de que ese Poder Popular se constituyó no como un mecanismo legítimo para instaurar la democracia participativa y protagónica, sino como un elemento retórico-discursivo y propagandístico que justifica y, sobre todo, intenta legitimar el poder del aparato Gobierno-Estado-Partido frente a todos los sectores del país.

La única forma plausible de comprender el por qué no existe una potencia reclamativa de ese (sui géneris) Poder Popular en la conflictiva Venezuela contemporánea, es entendiendo que la construcción de la democracia participativa y protagónica poco tiene que ver con el desmontaje o, cuando menos, interpelación profunda de la democracia representativa y el avance y construcción de un modelo democrático distinto, más horizontal y directo; sino que se relaciona con la instalación de un efecto protagónico-participacionista que tenía como eje articulador de su accionar un aparataje retórico-emotivo y propagandístico que fue acompañado con algunas acciones puntuales que se correspondían con los efectos que se deseaban instalar: la idea de avance hacia una redefinición sustantiva de la democracia liberal y la instauración de un nuevo modelo político que tenía como sujeto fundamental al pueblo padeciente, los excluidos de la IV República.

La pregunta (y su consecuente carga heurística) que pone en evidencia e interpela todo este entramado retórico-discursivo y propagandístico de la creación de Poder Popular por parte de la Revolución Bolivariana sería la siguiente: ¿Cómo es que existe un Poder Popular y éste no es capaz de accionar (poner en práctica constituyente) su potencia reclamativa ante las instancias de poder estatal y gubernamental? Pero hay otra pregunta (con la misma carga heurística) que termina por cuestionar profundamente la emergencia de ese Poder Popular construido por la Revolución Bolivariana: ¿Por qué las expresiones del Poder Popular responden de manera unidireccionada a los imperativos y demandas del aparato Gobierno-Estado-Partido?

En relación directa con lo anterior, las concentraciones, marchas y movilizaciones en apoyo a la Revolución Bolivariana encuentran su base de apoyo y militancia en esos órganos del Poder Popular como las comunas, consejos comunales, comités de tierras urbanas, medios alternativos y/o comunitarios, colectivos de paz, entre otros. Ese esfuerzo organizativo en apoyo al aparato Gobierno-Estado-Partido no sólo está bien articulado, sino que hay allí instalada una lógica militante sin ningún tipo de atenuación; de hecho, la mayoría de los líderes de estas expresiones del Poder Popular son funcionarios del Estado o del Gobierno y, en una amplia mayoría, son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la plataforma político-partidista de la Revolución Bolivariana.

Con la estrategia del Poder Popular[4], la Revolución Bolivariana configura el terreno para ir marcando una pauta discursiva. Identifica a su sujeto político esencial: el pueblo-excluido; un sujeto que además es porcentualmente mayoritario —este es un dato revelador, sobre todo en el marco democrático donde aún el sistema electoral liberal mantiene un vigor importante—; de esta forma, quien logre aglutinar el mayor número de adherentes y partidarios, tendrá un mayor margen de mantener el poder gubernamental[5]. 

La Revolución Bolivariana, que tuvo en Hugo Chávez a su más alto representante, construyó un discurso que le otorgó sentido de validez y legitimidad a sus acciones, dado que habla y ejecuta a partir de su sujeto esencial: el pueblo-excluido. En esta operación es importante marcar una distinción radical entre los sujetos de la política venezolana que, en lo sucesivo, serán reducidos a dos: el pueblo (los sectores excluidos de la política en la IV República) y el “otro del pueblo” (la oligarquía, los banqueros, los dueños de medios de comunicación, entre otros). Esta operación busca crear el antagonismo esencial que permita demarcar una frontera/límite entre los actores políticos, todo lo cual es consecuente con la lógica populista de corte laclauniano[6]. En todo caso, se puede percibir que, en ese llamado a la construcción del Poder Popular, hay elementos contradictorios. Edgardo Lander (2018) lo plantea en términos de tensión: 

La tensión entre los imaginarios y prácticas del poder popular y la auto-organización desde abajo, por un lado, y políticas de inspiración leninistas de control desde arriba y la toma de todas las principales decisiones desde la cúpula del Estado-partido que luego son informadas a la población a través de transmisiones conjuntas de radio y televisión. De esta manera se va socavando la confianza en las capacidades de auto-gobierno del pueblo organizado. Ha habido en estos años una fuerte contradicción entre el impulso y promoción de múltiples formas de organización popular de base, y el establecimiento de estructuras de control vertical de estas organizaciones, así como la generación de una permanente dependencia financiera del Estado, minando así las posibilidades autónomas de estas organizaciones. (Lander, 2018: s. /p.)

Recapitulando: todo este proceso de construcción de la democracia participativa y protagónica en Venezuela, todo el entramado de leyes y procesos que abonaron el terreno para el empoderamiento del pueblo-excluido, ahora devenido (en apariencia) sujeto emancipador y constructor de su propio destino político-social, no está exento de valoraciones axiológicas y emotivas. Sobre todo, porque estos procesos entroncan con viejos ideales políticos de redefinición de la democracia que tienen un sentido y una dirección teórica y éticamente válidas y, en gran medida, necesarias. Además de restituir el sentido primario de la democracia como poder del kyrion.

Algunas reflexiones finales

El discurso mismo de la democracia participativa y protagónica es entusiasta y, sin dudas, capta la atención de las mayorías, sobre todo de los sectores sociales más carenciados. Es decir, el lugar mismo del enunciado participacionista y protagónico crea redes de sentidos y sentires. Se trata, nada más y nada menos, que de establecer nuevos mecanismos de contrapoder y el posterior empoderamiento de los sectores subalternos: las mayorías pobres. Pero, como señala Lander (2018), esa construcción se hizo desde un enfoque verticalista de “inspiración leninista”, lo que lleva a establecer todo lo contrario: un Poder Popular al servicio del aparato. Un Poder Popular no sólo maniatado, sino conducido por las férreas prácticas opresivo-disciplinarias instauradas por el hegemón tripartito Gobierno-Estado-Partido.

En todo caso, con esta ágil y efectiva estrategia de constitución del Poder Popular, el Gobierno-Estado-Partido asegura dos cosas fundamentales. Por un lado, se gana el favor de las grandes mayorías al incluirlas (de forma subrepticia) como contrapoder en condición de (aparente) paridad con el aparato Gobierno-Estado-Partido (cosa que ningún Estado ha hecho, puesto que su condición monstruosa—leviatánica—no ha sido suprimida). En ese sentido, las grandes masas populares no sólo son sujetos evocados y enunciados por la nueva facción política en el poder gubernamental, sino que ésta le proveyó al sujeto subalterno (pueblo-excluido) de mecanismos de participación y protagonismos que, irónicamente, no son usados para reclamarle al Estado y sus instituciones; pero sí generan, sobre todo en las bases populares, un efecto participacionista y protagónico.

Cuando el sujeto pueblo se desplaza de su lugar reclamativo-reivindicativo y se inscribe en la estructura del “poder constituido” ( es institucionalizado); cuando pierde su fuerza constituyente originaria (ya no reclama, ya no demanda, ya no establece antagonismos con las estructuras tradicionales políticas como el Estado y el Gobierno), entonces la escena reclamativa-reivindicativa la ocupan otros sectores: estudiantes, médicos, enfermeras, algunos grupos sindicales, entre otros grupos que finalmente terminan siendo minorías[7]. Pero el pueblo llano (el otrora antagonista de las disputas políticas y su potencia reclamativa frente al Estado o el Gobierno) no sale a reclamar y no lo hace porque es (subrepticiamente lo es) el propio Estado. Con esta hábil estrategia, el aparato Gobierno-Estado-Partido asegura para sí el control de su sujeto político, que no por asuntos de azar es un sujeto porcentualmente mayoritario: tiene un peso decisivo en los procesos eleccionarios propios de la democracia liberal.

Por otro lado, con el posicionamiento de la estrategia del Poder Popular en el contexto de la comunidad internacional, el Gobierno construyó un discurso que aseguraba (subrepticiamente) un apoyo por parte de amplios sectores progresistas en el mundo; pocos se atrevían a cuestionar y menos objetar los niveles de empoderamiento y profundización de la democracia que había instalado la Revolución Bolivariana. ¿En qué otro país del mundo se había logrado tales niveles de democracia y participación?

Así mismo, se instalaba la pregunta: ¿En qué otro país del mundo hay tantas elecciones como en la Venezuela revolucionaria? Esta prédica participacionista y protagónica estará en boca de cada operador político de la Revolución Bolivariana; sobre todo será repetida, de forma insistente, en todos los escenarios, por el gran vocero de la Revolución: el presidente Hugo Chávez. Sus seguidores harán lo propio. Todas las estructuras del Estado y del Gobierno se encargarán de replicar, punto a punto, este tipo de discursos según el cual en Venezuela la democracia fue reconfigurada y responde a las necesidades y demandas de los sujetos subalternos; pues son ellos los protagonistas de su propio devenir histórico, social y político.

Efectivamente, en el discurso de la Revolución Bolivariana, sobre todo en los primeros años de Gobierno, hay elementos ciertamente válidos y verídicos en cuanto al diagnóstico y análisis de los gobierno anteriores a la Revolución; por ejemplo, las constantes apelaciones a los excluidos de la IV República se erigía como una prédica que efectivamente daba cuenta de las asimetrías sociales, políticas y económicas que devinieron en grandes conflictos como los del 27 de febrero de 1989 (El Caracazo) y las dos asonadas militares, primero la del 4 de febrero de 1992 y luego la del 27 de noviembre de ese mismo año. Sendos alzamientos militares fueron repelidos por las Fuerzas Armadas y se retomó el hilo constitucional. Sin embargo, amplios sectores sociales vieron en El Caracazo y los dos golpes de Estado militares fallidos, el caldo de cultivo para la posterior gestación de un nuevo rumbo político-institucional en Venezuela. En esa dirección, el presidente Hugo Chávez y todo su equipo de Gobierno, construirían no sólo un discurso, sino toda una narrativa épica y emocional que tenía como principal protagonista al pueblo-excluido. 

El recurso del discurso épico-emocional sigue siendo utilizado por la Revolución Bolivariana; los elementos sustantivos de ese relato no han sido mayormente alterados. Eso sí: en modo alguno, el relato épico-emocional da cuenta de otros aspectos relacionados con la emergencia e instauración del PP: ese Poder Popular fue creado a imagen y semejanza de la Revolución Bolivariana y responde, de forma unidireccionada, a sus demandas e imperativos.

Adicionalmente, buena parte de los sujetos subalternizados (el pueblo-excluido) cree que, en efecto, han sido y son actores protagónicos dentro del nuevo modelo democrático propuesto por la Revolución Bolivariana[8]. Algunos de esos sujetos creen que, efectivamente, han inaugurado una nueva forma de gobernanza, dado que (en apariencia) en ellos (sujetos subalternos, los “olvidados” de la IV República) descansa la direccionalidad misma del proceso revolucionario. Eso se construyó como relato y fue acompañado con instrumentos legales y con instancias de participación ciertamente inéditas en la democracia venezolana.

La narrativa épico-sentimental que construyó la Revolución Bolivariana se constituyó a partir de una denuncia constante (que aún hoy está vigente) a los políticos y prácticas gubernamentales de la IV República. El marco discursivo, desde el inicio (incluso desde la emergencia de Hugo Chávez en la vida política nacional), estuvo fundamentado en marcar el antagonismo/distanciamiento respecto de las viejas prácticas políticas de la IV República.

En ese sentido, el fundamento discursivo de la Revolución se constituía a partir de dos vectores. Por una parte, se construyó un discurso intencionadamente antagónico respecto de la IV República (los líderes de la Revolución Bolivariana tenían clara consciencia de que la mayoría de los venezolanos estaban hastiados de la política y los políticos tradicionales, sobre todo de las prácticas político-gubernamentales del bipartidismo cuarto republicano). Mientras que, a la par, posicionaba la idea de la refundación de la República. De hecho, el presidente Hugo Chávez gana la elección con un partido denominado Movimiento Quita República (MVR), en claro distanciamiento y oposición a los factores políticos tradicionales que no generaban rédito electoral y que estaban en clara decadencia.

Si bien esa épica discursiva sigue siendo un eje central de la Revolución Bolivariana, hay quienes señalan que tal predicación ha perdido su eficacia conectiva con las mayorías, dado que la materialidad de la existencia de los venezolanos, 23 años después de haber llegado la Revolución al poder gubernamental, se encuentra en franco deterioro. La compleja materialidad de la existencia termina por imponerse por encima de trama épico-discursiva que sostuvo (y aún sostienen) la Revolución Bolivariana. 

En algún sentido, el discurso se agotó, pues la promesa de refundación que elaboró la Revolución Bolivariana como idea-fuerza para desligarse de las viejas prácticas de la IV República, no sólo no se efectuó (no se avanzó ni siquiera en un modelo económico productivo distinto), sino que los indicadores sociales, económicos y políticos dan cuenta de la más grave crisis política, económica e institucional que ha vivido Venezuela a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Pese a ello, la prédica del Poder Popular continúa siendo el elemento central del discurso gubernamental. Omar Vázquez Heredia, haciendo una lectura marxista de la situación de Venezuela, señala que:

La Revolución Bolivariana permitió a su vez que la burguesía local enviara legalmente a la banca internacional en los últimos quince años 148.717 millones de dólares, más de quince veces las reservas internacionales al comenzar 2018, que se hallaban en 9.665 millones de dólares. A fin de cuentas, en palabras del economista Víctor Álvarez (2011: 220), “no son los ricos los que financian con sus impuestos a las Misiones Sociales del gobierno bolivariano, sino que se hace a través de la renta petrolera”. Esta afirmación sustenta nuestra tesis acerca de la Revolución Bolivariana como un simple posneoliberalismo extractivista. (Vázquez, 2018:176).

El petróleo, según Vázquez Heredia, en tiempos de Revolución Bolivariana, permitió el enriquecimiento de la clase tradicionalmente oligárquica. Este dato es llamativo, dado que contrasta (y contradice) la impronta discursiva sobre la que se instituye el armado de la narrativa épico-popular de la Revolución Bolivariana; lo cual invita a una pregunta: ¿Cómo un Gobierno de talente popular y nacional puede permitir el enriquecimiento exponencial de su sujeto (aparentemente) antagónico? La pregunta viene a cuenta porque el discurso revolucionario cuando nombra a los sectores oligárquicos, lo hace desde el encono y la confrontación (en el marco de la lógica antagónica populista de corte laclauniano). Irónicamente, el sector oligárquico tradicional, según lo planteado por Vázquez Heredia, logró captar buena parte de la renta petrolera y fugar capitales hacia el exterior.

En la actualidad, el pueblo-excluido como decisor de su destino político y social es, en lenguaje llano, otra promesa incumplida. Con lo cual no se niega la efectividad de la propuesta para quien la enarboló y la instituyó: el aparato tripartito Gobierno-Estado-Partido. Para esta instancia, el Poder Popular sí tuvo un alto nivel de eficacia, dado que, de forma hábil, pudieron sustraerle la radicalidad reclamativa-constituyente al kyrion. Por otro lado, crearon todo un armado discursivo-propagandístico y emotivo que no sólo caló en amplios sectores populares, sino que también fue admitido y, en algunos casos, celebrados por sectores progresistas de la región y más allá de Latinoamérica.

Finalmente, también habría que analizar los procesos de politización del sujeto pueblo-excluido. La Revolución siempre ha hecho alarde de los procesos de politización del sujeto pueblo, de su toma de consciencia. La politización, en los marcos de la Revolución Bolivariana, consistía en el apoyo irrestricto a las políticas del Gobierno. En ese orden, por politización también se entendió a la capacidad de organización y movilización de las masas populares en apoyo a la Revolución. De forma deliberada, la estructura tripartita confundió electoralismo, propaganda y agitación con procesos de politización en tanto toma de consciencia de las bases populares de su rol en la transformación sustantiva de la sociedad, lo que en código marxista se llamó consciencia de clase de sí y para sí.

Esa idea de la politización persiste y se ha naturalizado en las propias bases populares, situación que se hace más evidente cuando se avecina algún proceso electoral en el país. Los consejos comunales, los medios alternativos y/o comunitarios, las comunas, las mesas técnicas de agua, electricidad, transporte, los colectivos, entre otras instancias que dan cuerpo al Poder Popular, establecen sus procesos de politización a partir de una utilidad funcional a los designios de aparato Gobierno-Estado-Partido. De esta manera, es común ver cómo los consejos comunales organizan concentraciones y marchas en favor de la Revolución. Asimismo, todas estas estructuras son una correa de transmisión de los fines y principios de la Revolución Bolivariana.

Llama la atención que, en efecto, sí hay organización de base, pero ésta se activa en la medida que sea requerida por el Gobierno-Estado-Partido. Lejos está, por así señalarlo, la posibilidad de que emerjan voluntades críticas y autónomas que sean capaces de activar algún tipo de potencia reclamativa frente al poder gubernamental o estatal.  Esa organización popular que se muestra en momentos electorales y proselitista, no se presenta para el reclamo legítimo ante la compleja realidad socio-política y económica que atraviesa el país desde hace algunos años; lo que ha llevado a loa migración forzada, en la mayoría de los casos de casi 6 millones de connacionales[9].

Referencias bibliográficas

-                Briceño, H. (2015). ¿Desde la sociedad contra el Estado o a la inversa? Los Consejos Comunales y la democracia participativa en Venezuela en De la democracia liberal a la soberanía popular. Articulación, representación y participación en la democracia en América Latina. Vázquez, Daniel (2015) coordinador.  CLACSO, Buenos Aires-Argentina.

-                Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860. Caracas- Venezuela.

-                Germani, G. (1962). Política y sociedad en una época de transición. Pidós, Buenos Aires-Argentina.

-                Gonzaga, D. y Marques, A. (2020). Democracia participativa y control social de las políticas públicas en ¿Una nueva democracia para el siglo XXI? de Brugué Joaquín, Martins Simone y Pineda Carmen (editores). CLACSO, Buenos Aires-Argentina.

-       Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (2021). Análisis Conjunto de Necesidades 2022.  Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes. Fecha de consulta: enero de 2022.

-       Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires-Argentina. FCE

-                Lander, E. (2018). Venezuela: el fracaso del proceso bolivariano. Portal digital Aporrea.com. Disponible en link. Fecha de consulta: octubre de 2020.

-                Panizza, F. (2006). ''El populismo distingue entre 'el pueblo', los explotados, y 'el otro', el que explota'”. Entrevista concedida a Silio Boccanera corresponsal de Rede Globo en Londres. Disponible en: link. Fecha de consulta: marzo de 2020.

-                Urbaneja, D. (2020). ¿Qué es la política? En Ciencia Política. Temas fundamentales de Espiritto, Fernando (editor). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela.