¿Democracias
en crisis?
RESUMEN:
Con
el inicio de la globalización y la llegada del siglo XXI, se dieron numerosos
avances en diversas áreas, aun así, estos avances no son sinónimo de
prosperidad; la realidad de los países americanos es preocupante.
Las
crisis sociales, políticas y ambientales predominan en los países de la región.
El objetivo es analizar algunas realidades americanas para entender qué pasa
con la democracia y la falta de respuesta ante los enormes desafíos que se
presentan permanentemente.
ABSTRACT
With
the onset of globalization and the arrival of the 21st century, there were
numerous advances in various areas, yet these advances are not synonymous with
prosperity; the reality of the American countries is worrying.
Social,
political and environmental crises predominate in the countries of the region.
The objective is to analyze some American realities to understand what is
happening with democracy and the lack of response to the enormous challenges
that are permanently presented.
¿Democracias
en crisis?
Por: Lic. Micaela Re
INTRODUCCIÓN:
El
siglo XXI llegó y no deja de sorprendernos día a día. El proceso de
globalización, que nació en la civilización occidental y recibió su mayor
impulso con el fin de la Guerra Fría, se ha expandido alrededor del mundo. Se
han sucedido una serie de avances tecnológicos y científicos que dan muestra
del trabajo arduo que se está llevando a cabo en diversas áreas, y que han
logrado numerosos progresos, los cuales hubieran resultado impensados años
atrás. Estos avances van desde, la creación de páginas de internet (como
Youtube) y redes sociales, hasta el crecimiento en el área de la medicina,
donde, por ejemplo, se llevó adelante la construcción de corazones artificiales
por medio de impresoras 3D.
Sin
embargo, las crisis sociales, políticas y ambientales, junto con el virus
recientemente conocido, nos deja un sabor amargo y, tal vez, empañe el brillo
de aquel escenario de avance y evolución en el que nos encontramos.
Si
bien la realidad de cada país es distinta, existe un denominador común: las
crisis. Las consecutivas crisis que se vienen desatando a lo largo del
continente americano son una alarma que no podemos ni debemos pasar por alto;
las consecuencias se ven directamente reflejadas en la estructura y
funcionamiento de la democracia.
Con
el fin de la Guerra Fría y el triunfo de la democracia, como sistema político,
y del capitalismo, como sistema económico, muchos países adoptaron estas
estructuras organizativas. Se asoció a la democracia con el progreso, la paz,
el desarrollo, la igualdad, la protección de derechos; además, ser un país
democrático permitía acceder a beneficios, tanto del comercio global como de
políticas transnacionales.
En
América Latina, así como en el mundo occidental, la democracia es la forma de
gobierno más ampliamente aceptada por la población. Aún así, con todo lo que
está ocurriendo, nos preguntamos si estas garantías, que vienen de la mano de
la democracia, continúan asegurándose en aquellos países democráticos.
Democracia:
de la teoría a la realidad
América
está inmersa en una serie de crisis sociales y políticas desde hace algunos
años, las cuales se han acentuado en este último tiempo. Esta realidad
turbulenta golpea a la democracia, y las preguntas que surgen frente a estos
acontecimientos son: ¿La democracia está en peligro? ¿La democracia está en
condiciones de cumplir sus garantías? Para despejar estos interrogantes es
necesario comenzar a indagar en la concepción teórica de la democracia, para
luego analizar las realidades que atraviesan algunos países americanos.
La
democracia es un régimen o forma de gobierno; etimológicamente, es el “gobierno
del pueblo”[2].
Es decir, es una forma de organización social y política, compuesta por un
conjunto de reglas que determinan quién ejerce el poder y cómo será ejercido.
El
surgimiento y origen de la democracia se ubica en Grecia, en los siglos IV y V
a.C., nace como el sistema de gobierno de una ciudad Estado cuyo rasgo esencial
es la participación directa de los ciudadanos en el proceso de toma de
decisiones.
A
partir de ese momento se inicia una evolución en la que podemos distinguir tres
grandes etapas: la polis griega (ciudad-Estado), el Imperio y la Cristiandad, y
el moderno Estado-Nación[3].
La polis griega y el moderno Estado-Nación son dos etapas claves para
distinguir cambios significativos en la práctica de la democracia.
En
las polis griegas, la democracia estaba asociada a la noción de igualdad entre
los ciudadanos, a pesar de ser una igualdad que aplicaba solo a los varones de
la polis (quedando marginados ciertos grupos sociales como las mujeres, los
extranjeros y los esclavos).
Antes
de que la palabra democracia se aplicara como tal, los atenienses se habían
referido a ciertas clases de igualdades como características de su
sistema político: la igualdad de todos los ciudadanos a hablar en la asamblea
de gobierno y la igualdad ante la ley. La igualdad y la participación eran
consideradas dos condiciones importantes en aquella época.
“Durante
la primera mitad del siglo V a.C., cuando fue cobrando aceptación que el pueblo
(el demos) era la única autoridad legítima para gobernar,
al mismo tiempo parece haber ganado terreno la idea de que democracia era el
nombre más apropiado para el nuevo sistema.” (Dahl, 1992, 22)
El
surgimiento del Estado nacional moderno fue un hecho histórico, el mismo dio
lugar a la formación de un conjunto de ideas e instituciones políticas nuevas,
tales como la representación, mecanismos de elección, derechos políticos
y civiles, etc.
La
población de los Estados modernos fue aumentando de manera considerable, y ya
no era posible que cada ciudadano participara de manera directa en la toma de
decisiones u otras cuestiones de asamblea, por lo que se pasó de la
participación directa a la representación.
Actualmente,
la mayoría de las democracias occidentales modernas, son democracias
representativas, sistema en el cual la población elige a sus representantes
(legisladores, intendentes, gobernadores, presidentes) quienes deberán velar
por los intereses de sus votantes y por el bien común.
La
democracia que conocemos hoy en día, tiene un componente esencial: el derecho a
elegir. En principio, una elección puede definirse como “una forma de
procedimiento, reconocida por las normas de una organización, en virtud de la
cual todos o algunos de sus miembros escogen a un número menor de personas, o a
una sola persona, para ocupar cargos en tal organización.” (Mackenzie, 1974,
160).
Es
fundamental remarcar que las elecciones son la fuente de legitimación del
sistema político y el elemento central de participación política en las
democracias occidentales.
Según
DieterNohlen[4],
la característica más saliente de la historia política de América Latina es la
inestabilidad, debido a la constante alternancia entre dictadura y democracia.
Esto ha generado dificultades para asegurar los principios constitucionales y
jurídicos de derecho al voto. Nohlen resalta que distintos problemas, aún no
resueltos, en la organización de las elecciones contribuyeron a disminuir su
capacidad legitimadora y que sus resultados puedan o no ser puestos en duda,
justa o injustamente.
Estos
problemas, que antes parecían propios de América Latina, hoy se pueden observar
en distintos países. Un reciente y claro ejemplo de ello es lo sucedido en Estados
Unidos durante las últimas elecciones presidenciales.
El
3 de noviembre del 2020, las elecciones presidenciales fueron llevadas a cabo
con una gran tensión social y, sobre todo, política. Los seguidores del, por
ese entonces, presidente Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio (sede del
Congreso estadounidense en Washington DC) mientras se efectuaba el proceso de
certificación de los votos. El Capitolio es, para los estadounidenses, el
emblema de la democracia y sólo había sido asaltado en una oportunidad, algunos
cuantos años atrás, más precisamente en 1814.
Esto
se produjo luego de que cientos de manifestantes marcharan desde la Casa Blanca
hacia el Capitolio; debido a que Trump se negó a aceptar su derrota, acusó
fraude electoral e instó a sus seguidores a reclamar por ello.
Las
elecciones en Estados Unidos dejaron grandes consecuencias, además de víctimas
fatales y detenidos, la figura del ex presidente Trump se vio altamente
desvirtuada, ya que fue quien insistió en que las elecciones fueron “un robo”;
también emitió mensajes en redes sociales cuestionando la legitimidad de las
elecciones y se mostró contundente al afirmar que nunca aceptará la derrota. Su
postura causó repudio en varios lugares del mundo, numerosos líderes
extranjeros hicieron llegar mensajes de preocupación ante tanta violencia.
Cabe
remarcar que al día de hoy, no hay pruebas de fraude electoral. JoeBiden,
actual presidente de los Estados Unidos, obtuvo más de 81 millones de votos,
convirtiéndose en el presidente más votado en la historia de ese país.
A
pesar de que lo sucedido en Estados Unidos recorrió todos los medios
internacionales, no es el único caso donde un mandatario acusa fraude electoral
generando consecuencias alarmantes. Volviendo a territorio latinoamericano, el
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, durante un viaje a Estados Unidos
en el año 2020, afirmó que en las elecciones de octubre de 2018 hubo fraude y
que él resultó electo en primera vuelta. En su declaración, aseguró tener
pruebas que demuestran lo dicho. Sus palabras generaron una fuerte repercusión
en la opinión pública brasileña, así como también en los partidos de oposición.
Bolivia
es otro ejemplo de crisis social desatada a partir del proceso electoral. Las
elecciones presidenciales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Diversos
sectores de la sociedad, así como partidos de oposición, cuestionaron el
proceso electoral iniciando protestas en las que se acusaba a Evo Morales de
haber cometido fraude.
El
25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, luego de finalizar el
conteo de la totalidad de los votos, anunció el triunfo de Evo en primera
vuelta. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió dos
informes en los que afirman irregularidades en el recuento de votos; esto llevó
a que Evo Morales anunciara, el 10 de noviembre, que se repetirían las
elecciones y se renovarían los miembros del Tribunal Supremo Electoral.
No
obstante, Morales perdió el apoyo de la policía y del ejército, cuyos mandos
pidieron su dimisión. Ese mismo día, el mandatario presentó su renuncia a la
presidencia. La presión social y el desconcierto ya se hacía sentir en las
calles.
Evo
Morales, luego de recibir amenazas contra su persona y sus colaboradores, se
exilió en México el 12 de noviembre de 2019[5]. El 12 de
diciembre se trasladó a la Argentina en calidad de refugiado.
Estos
acontecimientos provocaron tensión y contradicción a nivel internacional, ya
que, por un lado, la OEA asegura que se cometieron irregularidades:
“manipulación dolosa y parcialidad de la autoridad electoral”, y por el otro,
diferentes entidades internacionales, como la CELAG, la Universidad de
Michigan, entre otros, se pronunciaron en contra del informe, dando por válidos
los resultados electorales.
El
desencadenamiento de esta crisis generó un escenario estremecedor, durante el
primer mes, murieron, al menos, 30 personas debido a los enfrentamientos[6].
JeanineÁñez,
perteneciente a la oposición, fue quien asumió el cargo de presidenta interina
y su periodo en el gobierno estuvo signado por una importante agitación social
y política.
El
18 de octubre de 2020 se llevaron a cabo elecciones presidenciales, en las
cuales Luis Arce, candidato de Evo Morales, obtuvo la victoria[7].
La
crisis política es un hecho; estos y otros acontecimientos, dan muestra de la
falta de independencia por parte del sistema judicial, el cual responde al
poder de turno. “Es paradójico que la
expresidenta interina de Bolivia, JeanineÁñez, esté
detenida, entre otros, por el
delito de ‘terrorismo’. Durante su gobierno, que terminó en noviembre, los
fiscales usaron la misma definición de ‘terrorismo’, que es excesivamente
amplia y ambigua en la legislación boliviana, para perseguir a su
antecesor, Evo Morales. Ambos
casos ponen de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que
responde al poder de turno, y la necesidad urgente de impulsar una reforma
profunda.” (Muñoz Acebes, 2021).
Ecuador
es otro país latinoamericano cargado de grandes
tensiones políticas y sociales. Las elecciones presidenciales celebradas el 7
de febrero de 2021, tuvieron como resultado la certeza de que habrá segunda
vuelta el 11 de abril; no obstante, los días de conteo se vivieron con una gran
tensión.
El
candidato Andrés Arauz fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos, aun así no
fue suficiente para obtener la victoria en primera vuelta. El segundo puesto se
disputaba entre el líder indígena Yaku Pérez y el empresario Guillermo Lasso.
Mientras
se llevaba a cabo el recuento de los últimos votos, Pérez acusó de fraude
electoral y se movilizó junto a sus seguidores exigiendo transparencia.
Luego
del transcurso de dos semanas, aproximadamente, el Consejo Nacional Electoral
anunció que Guillermo Lasso será quien dispute la presidencia de Ecuador con
Andrés Arauz.
Los
integrantes del movimiento indígena se han movilizado por distintos lugares del
país bajo la consigna: “Fraude no, transparencia si”. El líder del movimiento
continúa exigiendo el recuento de votos de varias provincias.
En
América Latina existen, además, otros problemas sumamente importantes que no
encuentran respuestas. La estabilidad de la democracia no sólo se ve afectada
por acusaciones de fraude o por enfrentamientos políticos, sino también, por la
corrupción y por la falta de políticas públicas necesarias para asegurar el
bienestar de la sociedad.
La
falta de políticas públicas trae aparejada una serie de consecuencias que son
bien conocidas en Latinoamérica: pobreza, analfabetismo, desnutrición,
desempleo e inflación, entre otras. Estos temas no deberían ser un problema
para los países democráticos, teniendo en cuenta que este tipo de sistema
político desde siempre estuvo vinculado al progreso, a la igualdad y a la
equidad.
La
situación que está viviendo Perú es realmente preocupante, no sólo atraviesan
una crisis política que se siente en las calles, sino también crisis económica
y sanitaria[8].
En los últimos cinco años, Perú ha tenido cuatro presidentes y los últimos seis
mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción.
El
último presidente elegido por los peruanos, en 2016, fue Pedro Pablo Kuczynski,
desde ese momento las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
(dominado por la oposición) no dejaron de cesar.
En
el año 2018, Kuczynski fue acusado de corrupción por el Congreso y acabó
renunciando, debiendo cumplir arresto domiciliario.
Martín
Vizcarra, primer vicepresidente, reemplazó a Kuczynski. Luego de varios choques
con el Congreso, Vizcarra decidió disolverlo y convocar a elecciones para
conformar uno nuevo. Sin embargo, el resultado fue un Congreso fragmentado. La
situación de Vizcarra continuó siendo la misma: sin bancada y sin apoyo del
Congreso, aunque popular entre los peruanos por su lucha contra la corrupción.
Pero, paradójicamente, el Congreso destituyó a Vizcarra como presidente de
Perú, por supuestos hechos de corrupción, tras ser aprobada una moción de
vacancia por “incapacidad moral”.
Manuel
Merino, quien era el presidente del Congreso, asumió la presidencia en
noviembre de 2020. La salida de Vizcarra y la llegada de Merino al Poder
Ejecutivo provocaron fuertes protestas ciudadanas, que terminaron con represión
policial. Merino renunció al cargo a los seis días de haber asumido.
Luego
de elecciones parlamentarias, Francisco Sagasti fue elegido presidente del
Congreso, en consecuencia asumió la presidencia del país siguiendo con el
proceso de sucesión presidencial contemplado en la Constitución[9].
Se esperan elecciones generales el 11 de abril del año en curso.
La
inestabilidad es una característica sobresaliente de la realidad actual de
Perú. La pandemia que atraviesa el mundo y que ha golpeado duramente a los
países Latinoamericanos, deja expuestas, en el caso de Perú, las deficiencias
históricas del mercado laboral. El desempleo a nivel nacional creció al 9,6%[10]
en los últimos meses del año 2020, esto impacta directamente en los niveles de
pobreza.
En
Guatemala también se vive una situación dramática. En noviembre de 2020
se desataron manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, el motivo
principal fue la propuesta de presupuesto para el año 2021 aprobada en el
Congreso. El presupuesto aprobado, hasta ese momento, mantenía congeladas las
partidas vitales, como las referentes al equipamiento de hospitales y
educación, mientras que sí aumentaba las partidas para infraestructura en
concesiones para el sector privado[11].
Las
movilizaciones se habían desarrollado de manera pacífica hasta que, un sábado
del mes de noviembre, un grupo de manifestantes tomaron e incendiaron parte de
las instalaciones del Congreso. Muchos de los manifestantes hablaron de un
hartazgo general frente a la situación del país.
Guatemala
atraviesa una situación desesperante. Según un informe de la Secretaría de las
Naciones Unidas, el problema central es que la mayoría de la población está
excluida de poder ejercer sus derechos, y por lo tanto, se califica como un
país con bajo desarrollo humano. Las causas inmediatas que provocan esta
realidad, se debe a la débil institucionalidad del Estado, el deficiente acceso
a los servicios de salud, alimentación y nutrición, educación y a los recursos
productivos y financieros. La falta de incentivos a la inversión y las escasas
oportunidades laborales lleva a que el número de pobreza sea aterrador.
Al
año 2014, la población guatemalteca que se encontraba en situación de pobreza
constituía el 59,3 %[12].
“El impacto por la pandemia del Covid-19 vino a develar con
toda crudeza la realidad de un país con altos niveles de pobreza, pobreza
extrema, y el abandono estatal de su función de garantizar los derechos básicos
a la salud, la educación, al empleo digno y a la seguridad ciudadana.” (Comité
Directivo de CLACSO, 2020)
CONCLUSIÓN:
“La
democracia se puede definir de las más diversas formas, pero no hay definición
de la misma que pueda dejar de lado la inclusión, entre sus características, de
la visibilidad o transparencia del poder.” (Bobbio, 1985, 11)
La
transparencia del poder es lo que nos hace ruido hoy, más precisamente el poder
y quienes lo ejercen. La presencia de un poder invisible es lo que lleva a
corromper la democracia, es un tipo de poder que contamina y perjudica al
sistema, con consecuencias directas en la población.
Después
de hacer un breve repaso por las realidades de algunos países americanos,
observamos la presencia de cierto poder desestabilizador. Este poder
desestabilizador e invisible no está en unas pocas manos, se encuentra
arraigado en aquellos que se olvidan de sus funciones y de representar al
pueblo. Para conseguir un cambio se requiere de una transformación que logre
erradicar ese poder invisible y a su vez fortalecer la democracia.
Norberto
Bobbio[13]
habla sobre la transformación de la democracia, prefiere hablar de
transformación y no de crisis ya que esto haría pensar en un colapso inminente,
además asegura que para un régimen democrático hallarse en transformación es su
estado natural, debido a que la democracia es por sí misma dinámica. En otras
palabras, la democracia es un régimen político que nunca estará logrado o
acabado, es decir, se construye y reconstruye permanentemente.
La
democracia occidental hace tiempo que no goza de buena salud. Se imponen, a
diario, enormes desafíos que son difíciles de resolver debido a las
instituciones débiles, a los déficits de democracia y, particularmente, a los
malos gobiernos. Es necesario llevar adelante una reconstrucción profunda, no
sólo en la estructura democrática sino también, y sobretodo, en las personas
que gobiernan y tienen una tarea tan importante, como es el bienestar de la
población.
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