Resumen

El siguiente ensayo analiza la incidencia que tuvo la Revolución Mexicana para su propia historia nacional y la del resto de América Latina, como así también, la acción autonómica propuesta por el zapatismo, demostrando ser una alternativa a los malos gobiernos que profundizaron la crisis social y económica durante largas décadas, sin importar su color político ni su ideología.

Abstract

The following essay analyzes the impact that the Mexican Revolution had for its own national history and that of the rest of Latin America, as well as the autonomous action proposed by Zapatism, proving to be an alternative to the bad governments that deepened the social crisis and economic for long decades, regardless of their political color or ideology.

 

Algunas lecturas sobre la revolución triunfante mexicana y su influencia en el México actual. El (re)surgimiento del EZLN como respuesta autonómica al régimen neoliberal del PRI-PAN-MORENA

                                                  Prof. Lic. Esteban Amoretti

Introducción.

Durante el siglo XX hubo tres revoluciones sociales triunfantes en América Latina: México en 1910, Bolivia en 1952 y Cuba en 1959. Las tres fueron revoluciones diferentes en cuanto al contexto internacional, los actores sociales y el proyecto político de cada una. Pero hubo una diferencia importante, las de México y Bolivia fueron revoluciones burguesas porque no implicaron la transición hacia el socialismo, la de Cuba, por el contrario, si es una revolución socialista.

Las revoluciones sociales, tomando la idea de Theda Skocpol (1984), son transformaciones rápidas y fundamentales de una sociedad y de sus estructuras de clase, impulsadas por revueltas basadas en las clases subalternas de la misma, es decir, que su génesis proviene “desde abajo”. Se distinguen de las revoluciones políticas, ya que estas transforman las estructuras del Estado pero no necesariamente se inician con un conflicto de clase, ni implican una modificación en las estructuras sociales.

En cambio, en las revoluciones sociales ocurren las dos cosas: transformaciones en la estructura social y en la estructura política. Las de México y Bolivia fueron revoluciones sociales de carácter burgués, porque si bien ambas derribaron al régimen oligárquico, contribuyeron a consolidar el capitalismo.

 

Muchas reivindicaciones, una Revolución.

La de México fue la primera de las revoluciones mencionadas. Desde el año 1876 gobernaba Porfirio Díaz. El conflicto se desató cuando la cuestión de la sucesión presidencial se puso sobre la mesa para ser debatida, en el año 1908. En 1910, Francisco Madero, que pertenecía a una de las familias más ricas de México y representaba a quienes demandaban una liberalización del régimen, se presentó a elecciones por el Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA). Las fuerzas del presidente lo pusieron en prisión y Díaz resultó elegido por séptima vez. Madero consiguió fugarse de la cárcel y lanzo el Plan de San Luis de Potosí, que declaraba nulas las elecciones y convocaba a un levantamiento armado.

La revolución contó con el apoyo de los ejércitos liderados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes contribuyeron a derrotar a las fuerzas porfiristas. Ambos tenían ejércitos diferentes. Zapata lideraba a los campesinos del sur del Estado de Morelos; la mayoría de ellos dedicados a las plantaciones azucareras, constituyendo así una población homogénea, pues se componía de trabajadores rurales organizados en comunidades. La reforma agraria estaba entre sus principales demandas, bajo el lema de “Tierra y Libertad”.

Villa, por el contrario, lideraba el ejército del norte. Este era un ejército más heterogéneo en cuanto a su composición social y se componía formando un mosaico de bandidos rurales, trabajadores de la tierra (alguno de los cuales también trabajaban en las minas) y trabajadores fabriles. Sus reivindicaciones eran más difusas, y se definían desde la autonomía local hasta demandas por mejores condiciones en la jornada de trabajo.

Madero fue presidente entre 1911 y 1913, y tuvo un gobierno bastante moderado en cuanto a las reformas prometidas. Por eso Zapata lanzó el Plan de Ayala, un documento producido en el Estado de Morelos en noviembre de 1911 que cuestionaba el gobierno de Madero, lo desconocía como líder de la revolución y le exigía la reivindicación de la reforma agraria bajo argumentaciones que referían: “Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las manos este Plan y haréis la prosperidad y bienestar de la patria. Libertad, Justicia y Ley”.

Madero no había logrado desmantelar el poder porfirista y por ello terminó siendo destituido por Victoriano Huerta. Días después, termina siendo asesinado.

Huerta inició una dictadura que se extendió desde 1913 a 1914. Luego tomó el poder Venustiano Carranza, heredero del maderismo, levantando las banderas del constitucionalismo. Carranza gobernó durante el período de 1915-1920 y logró consolidar cierta unidad nacional articulando los intereses revolucionarios con los del partido porfirista, logrando así  un momento de delgada paz. 

En 1917 se aprobó una nueva Constitución Nacional, muy avanzada para su época, que incorporó la atribución de derechos sociales y laborales, y consagró en su extenso artículo número 27, los derechos económicos de la sociedad mexicana.

Durante el período carrancista, Zapata es asesinado, en el año 1919. En 1920, el propio Carranza también corre con la misma suerte, siguiendo en el gobierno Álvaro Obregón (1920-1924), quien venía del norte del territorio y había derrotado al ejército liderado por Pancho Villa. Villa es asesinado en una emboscada en 1923, y su biógrafo Paco Ignacio Taibo II sostendrá que era tal el odio que generaba entre los contrarrevolucionarios que recibió 150 disparos.

A diferencia de su antecesor, Obregón pudo nombrar a su sucesor, Plutarco Elías Calles (1924-1928). Luego del asesinato de Obregón en 1928, se inició el período en la historia de México conocido como el “Maximato”, porque en 1929 Calles se autoproclama jefe máximo de la Revolución. Fue un período marcado por fuertes rasgos autoritarios y poco afecto a realizar los cambios sociales y laborales que se reclamaban hace tiempo desde las bases populares revolucionarias.

La Revolución se institucionalizó durante estos años y con dicha concentración de poder se terminó la guerra civil que había dejado como saldo el asesinato de los máximos líderes y figuras revolucionarias.

El Maximato finalizó con el ascenso al gobierno del líder populista Lázaro Cárdenas (1934-1940). Para muchos historiadores el presidente Cárdenas coronó el proceso revolucionario porque llevó adelante medidas centrales de la misma. Hubo cambio políticos, ya que ganó las elecciones luego de realizar una fenomenal campaña popular, logrando importantes transformaciones estructurales comandadas desde el poder del Estado Nacional y su gobierno de características personalista: la reforma agraria distribuida por ejidos (tierras comunales) fue un alto punto a destacar dentro de las mismas, la nacionalización del ferrocarril y la del petróleo, cristalizada con la creación de Pemex, son algunas de las más destacadas, entre otras, de importante trascendencia.

La Revolución que se había iniciado como una revolución política, lograba trastocar la estructura de la sociedad, y realizar muchos de los cambios “desde arriba” en favor de las clases populares y trabajadoras.

 

Esquirlas de la Revolución en los atardeceres del siglo XX.

A diferencia de otros países de la región latinoamericana, el caso de México es distinto. No hubo dictaduras militares como en el Cono Sur y no se concretó un pacto político como en Colombia (que se asemeja al Pacto de Punto Fijo de su vecino Venezuela), pero si se fue construyendo con el correr de los años posrevolucionarios una democracia de fachada, a partir de la larguísima hegemonía tejida por parte del partido político heredero de la misma Revolución. Nos referimos al Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI.

El partido había sido creado por el presidente Plutarco E. Calles en el año 1929 bajo otro nombre, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y en 1946 pasó a conocérselo con el nombre actual. Este partido gobernó desde entonces hasta el año 2000, cuando ganó las elecciones el Partido Acción Nacional (PAN), de orientación ideológica de derecha.

El PAN, fundado en 1939, fue un producto de la rebelión de los empresarios del norte de México en contra de las medidas revolucionarias de Lázaro Cárdenas y su carismático populismo. El fundador del partido, Manuel Gómez Morín, había trabajado con el gobierno posrevolucionario, pero se había desilusionado rápidamente fundando su nuevo partido en oposición a la colectivización de la economía, y a la inepta y corrompida intervención del Estado mexicano, defendiendo los valores como propietario y como empresario capitalista en el marco de una destrozada economía, según consta en los anales de La historia del Partido Acción Nacional, 1939-1940.

A lo largo de la historia del PRI, éste se fue constituyendo en un verdadero partido-Estado, y el movimiento obrero, el campesinado y los trabajadores rurales y urbanos populares, continuaron atravesados por un férreo corporativismo.

Tiempo después, en los años noventa del siglo XX, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), inició un gobierno de sentido neoliberal, bajo un programa traducido en políticas privatizadoras y desregulaciones, en donde el punto de inflexión máximo se vio concretado en el año 1994, cuando se autorizó la entrada de bancos extranjeros a México. 

Ese mismo año, se firmará la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (conocido por sus siglas en inglés, NAFTA) que entró en vigor el 1 de enero. Ese mismo día, mostraría por primera vez su cara al mundo el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que se alzó en armas y tomó varias cabezas municipales del estado sureño de Chiapas.

A partir de entonces, el modelo del PRI comenzó a entrar en crisis, sumado a una situación económica que parecía no terminar de resolverse y que duró por un prolongado período de tiempo. Hubo así, una reforma política que implicó cierta liberalización de la presión constante del partido de gobierno, y en el año 2000, se produce la sorprendente y disruptiva victoria electoral del candidato panista Vicente Fox Quesada (2000-2006).

Si bien bajo el discurso propagandístico del PAN se sentaron las bases para edificar un nuevo paradigma de cambio político que iba a traducirse en reformas del Estado, en modificaciones de la cultura política corrupta mexicana perpetrada por el partido histórico del PRI, es decir, en un verdadero golpe de timón al propio orden democrático, en la práctica, fehacientemente, no se consolidaron cambios sustantivos de fuste.

A Fox le seguiría Felipe Calderón (2006-2012) también del signo político del PAN, quien mantuvo una política continuista en materia económica, repitiendo el modelo neoliberal/conservador comenzado por su antecesor.

A partir de 2012, retorna al poder y al ejercicio del gobierno, un representante del partido revolucionario, en la figura de Enrique Peña Nieto.

 

El orden neoliberal en América Latina. La irrupción de los nuevos movimientos sociales, el neoindigenismo y el papel del EZLN en México.

Hacia mediados de la década de los ochenta del siglo XX, comenzó un proceso de emergencia indígena en América Latina. Este tuvo lugar paralelamente al término de la Guerra Fría y el comienzo del fenómeno de la globalización, que conllevó un debilitamiento de las fronteras nacionales y la aparición de fronteras étnicas, ampliando los derechos de los pueblos y visibilizando un mayor grado de multiculturalismo.

Pero este cambio deberá pensarse bajo un nuevo despliegue de políticas neoliberales, descentralización político-administrativa de los Estado nacionales consecuentemente, y el restablecimiento de las democracias políticas en muchos países de la región teñidos por negros años de larga dictadura.

La ruptura del concepto nacional de ciudadanía dado el cambio de paradigma, ayudó fundamentalmente a la comprensión de la emergencia étnica en el subcontinente americano. Por ello, la novedad estuvo marcada en la politización de las categorías étnicas y en el papel que habían adquirido a nivel nacional e internacional las organizaciones indígenas de diferentes zonas de nuestra región.

El neoindigenismo ha tenido diferentes puntos altos para destacar su irrupción en el orden social y político de nuestros países a través de los años. En los años ochenta, comenzó un lento proceso de organización que haría explosión en la próxima década. La educación popular, el papel creciente de las organizaciones no gubernamentales y el trabajo misional social de las diferentes iglesias cristianas replanteándose conscientemente lo ocurrido con el viejo indigenismo fueron fundamentales para su desarrollo, marcado por la creciente concientización hacia lo étnico no solo a nivel regional, sino también de forma global.

Las explotaciones derivadas de la denominada  “Revolución Verde” en el marco agrícola, objetadas en las décadas del sesenta y setenta, ya que fomentaban proyectos de colonización y apropiación arbitraria de tierras comunales para su explotación, habían atraído su pronta respuesta décadas más tarde, apareciendo diferentes experiencias de territorios autogestionados previamente en disputa con el Estado y las empresas, fundando así antecedentes en materia de proyectos alternativos, como seria respuesta a la histórica dinámica de explotación del latifundio.

Es así como comenzó a visualizarse en su evolución, un acercamiento del pensamiento neoindigenista con el discurso ecologista, que ampliaba las bases para un mayor número de ejemplos de experiencias autonómicas. Surgió entonces una suerte de filosofía indígena en común unión con el medio ambiente, la cual tuvo su más neta concreción en la idea del Buen Vivir, resignificando el papel de las personas considerándolas como elementos parte de la Madre Tierra. Este paradigma significó la satisfacción de las necesidades en  equilibrio con la naturaleza, lo que posteriormente pudo institucionalizarse en las Constituciones políticas reformadas del Ecuador (2008) y de Bolivia (2009).

Con el inicio de la década de 1990 y el afianzamiento en la región del modelo neoliberal, la privatización de gran parte del sector público, la desregulación del comercio y la inversión, el auge del sector financiero, la flexibilización laboral y el aumento del desempleo, se conformaron nuevas identidades que ya no se restringían, como en el Estado de compromiso social, a la cuestión laboral.

Nuevos movimientos sociales se establecieron en contra del proyecto globalizador a escala mundial. Lo étnico, el desempleo y lo territorial fueron los elementos que se pusieron en el núcleo de la acción y la organización.   

El momento culminante de movilización indígena se alcanzó con la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. El EZLN, por muchos considerado el hito de los nuevos movimientos sociales, precisamente, logró trascender  la cuestión indígena, al poder amalgamar elementos ecológicos, anticapitalistas y antineoliberales, con elementos campesinos y tradicionales de la misma historia mexicana, como aquellos característicos de la Revolución de 1910.

El EZLN salió a la luz, precisamente el día que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercia de América del Norte (como mencionáramos líneas arriba), una de las mejores y mentadas arremetidas por parte del imperialismo norteamericano en detrimento de la autodeterminación de los pueblos.

Como afirma Van del Haar, G. (2005) el neozapatismo, al que la autora denomina solamente zapatismo, puede ser analizado tanto como movimiento indígena, como movimiento campesino y también movimiento democrático radical, cuyo proyecto político puede ser analizado desde tres dimensiones centrales con el paso del tiempo: con la lucha agraria y las invasiones de tierras promovidas por ellos en los primeros años de levantamiento, en la lucha por el reconocimiento legal de los derechos y la cultura indígena, especialmente mediante los Acuerdos de San Andrés y por últimos, por la construcción de estructuras de gobierno autónomo, paralelas a las estructuras de gobierno ya existentes, enmarcadas en la búsqueda de un “buen gobierno” a nivel local y regional.

Entre las acciones más importantes que realizaron los zapatistas, encontramos las ocupaciones de tierras. Durante los primeros días de 1994, tomaron gran cantidad de predios privados de los que ellos llaman “los propietarios ladinos”, ranchos ganaderos o cafeteros no-indígenas, todos ubicados en la zona de conflicto: los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, ocupando un total de 60.000 hectáreas.

La mayoría de los zapatistas eran campesinos pobres, productores de maíz, café o ganado, pertenecientes a ejidos, comunidades creadas a partir del reparto agrario cardenista. En la parte oriental de Chiapas, los campesinos carecían de tierras debido al crecimiento poblacional combinado con el  estancamiento de la redistribución de tierras.

Las reformas del presidente Carlos Salinas de Gortari a la legislación agraria mexicana a principios de los noventa, habían suscitado preocupación ya que se volvía imposible que los campesinos jóvenes, hijos de los beneficiarios del reparto agrario original de tierras, pudieran acceder a un pedazo por vías legales.

Van der Haar (2005) amplía argumentando que tanto la necesidad campesina por hacerse de tierras como las reformas salinistas, constituyeron la justificación central del EZLN para las tomas. El movimiento explicó su programa agrario en la Ley Revolucionaria Agraria, publicada con otras leyes más en la primera “Declaración de la Selva Lacandona”. La ley proclama las expropiaciones y denuncia las reformas legislativas. Empezará diciendo: “La lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan. Después de Emiliano Zapata y en contra de la reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad…”

Es por esto que se aclara que en un primer momento, con la Ley Revolucionaria Agraria, el EZLN se presentará como movimiento campesino revolucionario y no aún como movimiento indígena. Con el énfasis del reparto agrario a los campesinos sin tierra, los zapatistas se ubicaron en la lógica de las organizaciones campesinas agraristas de México. Si bien el EZLN tenía la intención de llevar la revolución a todo el país mediante la progresiva creación de territorios liberados donde se aplicarían las leyes revolucionarias, esto finalmente no se concretó. La toma de tierras de todas formas, significó un buen comienzo en las bases estructurales del movimiento zapatistas.

Ya a partir de 1995, a raíz de los diálogos de San Andrés, el movimiento zapatista llegó a proyectarse como movimiento indígena, encontrándose a la vanguardia de la lucha por la reivindicación de los derechos y cultura de los indígenas y como claros denunciantes de la histórica marginación, discriminación y humillación que los diferentes pueblos indígenas del país habían sufrido por mano de los diferentes gobiernos. Sin embargo, no fue hasta el prolongado proceso de los Acuerdos, y controversias posteriores acerca de la reforma constitucional involucrando cambios a favor de los derechos indígenas, que los zapatistas empezaron a definir sus demandas de corte étnico.

Con los debates de San Andrés, se lanzó un concepto que ganaría gran importancia en el debate en México: el de “autonomía”. En términos generales, y como lo define la autora, autonomía se trata de cierto grado de autogobierno dentro de un marco nacional e implica transferencia de facultades políticas, administrativas y jurídicas sin secesión. (Van der Haar, 2005).

La forma en que se definió  autonomía en los Acuerdos tuvo ciertas limitaciones señaladas por los zapatistas. Se limitó a los niveles comunales y en parte municipales, mientras en los debates se había planteado por parte de los zapatistas a un nivel superior, el de la autonomía regional. Los Acuerdos no incluyeron el reconocimiento territorial ni el pluralismo jurídico. Aun así, en un comienzo, los Acuerdos fueron considerados importantes para entablar un  diálogo y pensar la concreción de la paz.

Con la firma de los Acuerdos parecía acercarse una solución al conflicto en Chiapas, sin embargo, el proceso de reforma legal necesario para hacerlos efectivos, no prosperó. Con el paso del tiempo, surgieron dudas acerca del compromiso con los Acuerdos por parte del gobierno federal, mientras municipalmente seguían hostigando a las comunidades zapatistas. Perdiendo la confianza, el EZLN, suspendió la participación en la mesa de debate.

Para saldar la crisis, tiempo después, el presidente Zedillo formuló una iniciativa de ley basada en los Acuerdos que el EZLN a regañadientes había aceptado,  pero en medio de las negociaciones  y como excusa de poder hacerla compatible con la Constitución Mexicana, el presidente propuso reducir la autonomía a nivel de la comunidad (local), no reconociendo las comunidades como entidades de derecho público, no considerando sus derechos territoriales y negando el reconocimiento de formas colectivas de tenencia de tierras. Es así, que sintiéndose traicionados, los zapatistas se retiran de las negociaciones con el gobierno en el año 1997.

En 1998, el mismo Zedillo en persona, lanza una propuesta de reforma constitucional para hacer cumplir los Acuerdos. La iniciativa no tiene eco sin ser presentada en el Congreso, y en su lugar, se establecen una serie de “Leyes Indígenas” a nivel estatal, sin acatamiento ni respuesta por parte de los rebeldes.

Con la llegada del PAN al gobierno en el año 2000, el presidente Fox heredó el impasse y la Comisión por la Concordia y Pacificación (COCOPA) realiza un nuevo intento de diálogo enviando una nueva propuesta, diferente a la original, sugiriendo cambios fundamentales para desilusión de los zapatistas y sus simpatizantes. A pesar de la gran  movilización sobre el D.F de los zapatistas en el año 2001 y la gran adhesión a sus proclamas por parte de la sociedad civil, reclamando la modificación que se ajustara al proyecto original de los debates por los Acuerdos en las mesas sobre Democracia y Justicia, el Congreso Nacional Mexicano rechaza su petición y en su lugar aprueba la Ley de Cultura y Derechos Indígenas, que había sido negada por el EZLN, ya que tampoco contenía lo debatido en los Acuerdos.

Desde ese entonces, y durante muchos años, luego de haberse estancado el proceso de paz en manos de la traición de los partidos políticos y la Justicia mexicana, los zapatistas optaron por un largo período de silencio como muestra de protesta, característica de los pueblos mayas para demostrar su profundo rechazo y disidencia con las acciones del mal gobierno.

 

Reaparición del EZLN con el gobierno de la Cuarta Transformación y el rechazo al “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador

Desde el 1 de diciembre de 2018, el presidente de los mexicanos es el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, también conocido bajo el seudónimo AMLO, por las siglas constituyentes de su nombre. Este político de raza que ha sabido militar durante su juventud dentro de las filas del PRI, y que se ha abierto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), -considerada la tercera fuerza política en México- para formar su propia agrupación denominada MORENA[1], también mantiene una disputa con el EZLN.

López Obrador y su partido político son considerados dentro del marco ideológico de la izquierda democrática en México. Esto ha sido puesto en cuestión por el propio zapatismo, dado que consideran que el proyecto del líder político no es más que un populismo de corte  neoliberal/neo-desarrollista que incumple las promesas de cambio y transformación sustancial de un México en crisis, manifestando que el proyecto obradorista denominado la Cuarta Transformación, no es más que otro ejemplo de gatopardismo de los que abundan en América Latina.

En su discurso, el presidente considera que es necesario una regeneración ética de la sociedad mexicana, ya que la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización que se deriva de la supresión de los mecanismos de movilidad, han generado un resentimiento social que forma parte de la crisis de valores y de convivencia. Ese resentimiento y esa crisis, son, a su vez, uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad. Según sus palabras, la Regeneración moral, es al mismo tiempo un medio y un propósito de la Cuarta Transformación[2]. La Constitución Moral propuesta por él no pretende imponer conductas o valores a nadie sino ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y deberes para con la colectividad. La Regeneración ética será, la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho y sensible a las necesidades de los más débiles. La regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas[3].

Esta Cuarta Transformación, se ha visto manifestada en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del Ejecutivo que el mismo López Obrador previamente a asumir en funciones ha redactado, y que constituye una guía de pensamiento y plan de acción del sexenio que le tocará desarrollar.

En este documento planteará como introducción que la violencia, los asesinatos y la criminalidad en México, han llegado a niveles históricos y que lo han posicionado entre los países más inseguros del mundo. La pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, se encuentran en la base de este auge delictivo que enfrenta México. Por ello, es necesario abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia, para ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades.

Pero así mismo, introduce que es indispensable formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, para el restablecimiento del Estado de derecho y reinserción de infractores, aduciendo que hasta ahora, la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo a los llamados delitos violentos y algunas expresiones de criminalidad organizada, pero que ha dejado de lado a los llamados “delitos de cuello blanco”. La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional.

A partir de ahí, el documento presidencial plantea 8 puntos que le dan sustento a la problemática planteada:

Erradicar la corrupción: Una de las condiciones fundamentales para hacer frente a la inseguridad y la violencia, con lo cual los índices delictivos se reducirán en forma sustancial. Habrá que tipificar la corrupción como delito grave. Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos; eliminar el fuero; erradicar los paraísos fiscales; monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones; y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.

Garantizar salud, bienestar y empleo: La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. Con programas de desarrollo y bienestar sectoriales, el gobierno fortalecerá el sector social de la economía e impulsará su entrada en energía y telecomunicaciones.

Pleno respeto y promoción de los DD. HH.: Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Tipificar como delitos, con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos. Construir una cultura de los DD.HH tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios de las distintas instancias de gobierno. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos ilegales desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. Se impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica.

La Regeneración ética de la sociedad ocupa el cuarto lugar (enunciada líneas arriba) y el quinto es Reformular el combate a las drogas. En este platea que las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la marihuana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y comercialización del alcohol, el tabaco, las bebidas con contenido de taurina y la cafeína, ni al libre consumo de ciertos antidepresivos y somníferos. Tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública y estimula al narcotráfico al favorecer mayores márgenes de utilidad y de rentabilidad por la producción, distribución y venta de drogas prohibidas. La “guerra contra las drogas” escaló de un tema de salud pública, como es el consumo de sustancias prohibidas, hasta convertirse en un asunto de seguridad pública. El narcotráfico es un negocio transnacional en el que México es productor de marihuana, amapola y metanfetaminas, pero también territorio de tránsito y transporte de la cocaína sudamericana. La idea de levantar la prohibición de las drogas actualmente ilícitas tiene implicaciones internacionales insoslayables porque México es vecino de Estados Unidos, el mayor mercado de drogas en el mundo, con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis. La única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.

Emprender la construcción de la paz: La estrategia policial y belicista ha provocado una tragedia humana y social de gravísimas dimensiones: más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas. México se ha convertido en un país de víctimas. En la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional quedó claro que no se ha hecho justicia a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados y que los delitos correspondientes han quedado impunes. La regulación de los estupefacientes actualmente prohibidos puede incidir en una reducción de las adicciones, en una significativa disminución de márgenes de utilidad y de base social para el narcotráfico y, por consiguiente, en una perceptible atenuación de la violencia. SE BUSCARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN CON BASE EN LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y LA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN DE LOS CRÍMENES COMETIDOS. Es necesario emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores; para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aprobación de las víctimas –sean personas o colectividades– y proponerles un cambio de vida. Es necesario poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: Plena colaboración con la justicia-Manifestación inequívoca de arrepentimiento- Reparación del daño - Perdón otorgado por las víctimas.

Recuperación y dignificación en las cárceles, pensando que la reinserción social es posible: El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones. Es necesario recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres, dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos y garantizar en general el respeto a sus derechos humanos.

El octavo punto, y el más importante para nuestro análisis, en el cual se basa la crítica de las comunidades indígenas, es el Plan de Seguridad Pública:

En él el Ejecutivo argumenta repensar la seguridad nacional y reorientar a las FF.AA. y expresa que la sostenida lealtad de las Fuerzas Armadas de México al poder civil es una singularidad histórica en América Latina. Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate a la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones. Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidamente facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos a la población. Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y la profesionalización de las corporaciones policiales. Hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006. La Policía Federal es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo; sus integrantes –alrededor de 40 mil elementos, incluidos muchos dedicados a funciones administrativas– reciben bajos salarios y carecen de seguridad y protección social. Lo mismo sucede con los agentes ministeriales y las policías estatales y municipales: en general carecen de profesionalismo, protección social y condiciones adecuadas de trabajo. En muchas corporaciones, los efectivos están controlados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción, no por el deber del servicio público.

Ante la crisis de violencia delictiva e inseguridad que vive el país, -continúa aclarando el documento- y dada la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública (la negrita es nuestra). Es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución y con especial atención a la observancia de los derechos humanos, la integridad y el patrimonio de las personas. Sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre, es imperativo que nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz, principalmente en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual debería asumir a mediano plazo las funciones de preservación de las instalaciones estratégicas y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas, más allá del carácter coyuntural del plan DN-III. (La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México estableció el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre). Tal reorientación estrechará los lazos entre los militares y la población, permitirá adicionalmente emplear todo el potencial de los institutos castrenses en el desarrollo económico nacional y sentará un precedente de gran trascendencia mundial.

Para ello se impulsó la creación de la Guardia Nacional, proponiendo la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional a fin de conformar la misma como instrumento primordial del Ejecutivo Federal en: La prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país. Los efectivos provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos. Se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos. La Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. Se convocará a 50 mil reclutas, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares. Se desarrollará un programa integral para homologar los ingresos y las prestaciones sociales de policías, militares y marinos, y de sus familias. A cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley. La designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad. En cada una de esas regiones la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión. Las coordinaciones estarán formadas por un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.

Es por esto que muchos intelectuales y académicos especializados en seguridad argumentan que el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México en el caso de las zonas costeras, y sus atribuciones serán poder hacer inteligencia interior y operar bajo un paraguas amplio y ambiguo en asuntos de criminalidad que consideren de relevancia abordar. Esta forma dudosa de actuar es rechazada rotundamente por los zapatistas, ya que consideran que dicho proceder se traduce en velar la intencionalidad por criminalizar la protesta social y contrarrestar la lucha por causas consideradas por ellos históricamente justas, como la defensa del territorio y el respeto a la biodiversidad.

Amnistía Internacional ha publicado documentos explicitando fuertes críticas a la implementación de la Guardia Nacional y la nueva doctrina de seguridad bajo el gobierno de López Obrador. En ellos plantea:

REALIDAD NO. 1: EL MODELO DE LA GUARDIA NACIONAL Y EL PLAN DE PAZ Y SEGURIDAD 2018-2024 ES MUY SEMEJANTE A SEXENIOS ANTERIORES, SÓLO CON OTRO NOMBRE.

REALIDAD NO. 2: HAY AMPLIA EVIDENCIA DE QUE EL DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ARMADAS HA SIDO ACOMPAÑADO CON UN AUMENTO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y TASAS DE VIOLENCIA.

REALIDAD NO. 3: SON DIVERSAS LAS DENUNCIAS Y LAS QUEJAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE LA POLICÍA MILITAR, ADEMÁS DE HABERSE COMPROBADO SU RESPONSABILIDAD DIRECTA EN CASOS INFAMES.

REALIDAD NO. 4: AUNQUE EL PLAN DE LÓPEZ OBRADOR DICE QUE LA GUARDIA NACIONAL TENDRÁ UNA FORMACIÓN DISTINTA, NO HAY CERTEZA DE QUE EL ENTRENAMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL SERÁ DIFERENTE A LA QUE YA HAN TENIDO MILITARES ANTES; HAN TENIDO MILES DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUMANOS, PERO ESTO NO HA MEJORADO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.

REALIDAD NO 5: SEGÚN UNA ENCUESTA NACIONAL, EL EJÉRCITO Y LA MARINA COMETEN MÁS ACTOS DE TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS DURANTE ARRESTOS QUE LA POLICÍA FEDERAL, Y EN GENERAL, LAS FUERZAS ARMADAS NO SON ENTRENADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN.

Bajo estas consideraciones se entenderá que el proyecto de López Obrador enmarcado en la documentación analizada apunta a una nueva/vieja política de militarización para la región, en donde la influencia de Estados Unidos para la ejecución de dichas políticas de  seguridad ciudadana de los casos nacionales (en este caso México) es moneda corriente en nuestros países y actúa en relación a la función de las diferentes agencias de seguridad que trabajan en los países importadores de estas doctrinas representativas de intereses extranjeros a través de agencias como la DEA en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado vinculado a venta de estupefacientes, o al terrorismo, en relación a las nuevas doctrinas hemisféricas contra las «nuevas amenazas» post 11-S, con la reactivación y acción del Comando Sur (U.S. Southern Command), dejado en desuso desde el golpe de Estado por mano de los miliares en Brasil en 1964. El espejo comparativo que adelanta dicha situación, se vislumbra en relación a las incursiones militares realizadas en  México y Centroamérica durante la llamada Iniciativa Mérida en los últimos lustro, demostrando que no han dado los resultados deseados, sino por el contrario, se han recrudecido las manifestaciones de violencia, ya que las FF.AA, como se ha venido demostrando,  no están preparadas como las fuerzas policiales para intervenir en el marco de seguridad ciudadana, poniendo en riesgo los derechos humanos de la población y criminalizando en exceso la protesta social. Esto mismo, se denuncia con la aplicación de la nueva doctrina de seguridad (Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024)  aprobada durante el gobierno de AMLO bajo consulta popular, y la nueva utilización de la Guardia Nacional recientemente creada.

Por último, pero no por ello menos importante, los zapatistas estudian la propuesta política económica del modelo neoliberal/neo-desarrollista que propone el gobierno de López Obrador para el posible desarrollo mexicano, en relación a la dependencia de los capitales extranjeros norteamericanos y de otras potencias, interpretando que las características que representan la izquierda que define tanto al zapatismo como al obradorismo, en relación a los cambios propuestos desde las nuevas políticas del gobierno mexicano para la explotación del territorio nacional, son diametralmente opuestas. Sus demandas e investigaciones demuestran los perjuicios que traen para las comunidades zapatistas y su defensa territorial, la concreción del proyecto regional económico-turístico del Tren Maya y del Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec, entre otros de renombre, propuesto por la administración morenista y es por esto, que analizan el importante papel que cumple la creación de la Guardia Nacional, como propuesta de seguridad creada por el presidente López Obrador, para garantizar la concreción de dichos proyectos económicos basados en la inversión externa, impidiendo que las comunidades se opongan a los mismos.

El gobierno de López Obrador le habla al gran capital de México y el mundo, así como al gobierno de los Estados Unidos y de otras potencias globales, para ofrecer el sur de México al mercado global. Le garantiza, mediante grandes proyectos de infraestructura, que esa región estratégica para el comercio internacional, será territorio de confiabilidad y rentabilidad para las inversiones privadas futuras. Esta propuesta choca con el proyecto del zapatismo de cuidado de la biodiversidad y de soberanía de los recursos naturales, demostrando que el proyecto neoliberal/neo-desarrollista del obradorismo no se puede caracterizar de izquierda como muchos intelectuales lo definen.

 

Conclusiones

Como hemos podido observar a lo largo de esta propuesta reflexiva que abarca desde la Revolución de 1910 hasta los tiempos del zapatismo en la actualidad, la sociedad mexicana, así como de la gran mayoría de las diferentes sociedades que constituyen  América Latina, no han podido sortear ni resolver el problema histórico de la tierra.

La mayoría de lo que nos interesamos por la historia de México, su Revolución triunfante, y los caminos transitados por el zapatismo, tanto aquel de la Comuna de Morelos, liderado por Don Emiliano, como esta nueva versión, neozapatista si se quiere, liderada hasta 2014 por el delegado Zero, Subcomandante Insurgente Marcos (hoy Galeano), conjugamos en nuestras cabezas una mezcla especial formada por tradiciones e innovación.

Lo hacemos a partir de sus discursos, sus formas autodeterminadas y autonómicas de organización, y su accionar novedoso. Si bien esto es cierto, también es justo decir, que el EZLN combinó diferentes formas de lucha y experiencias que amalgamaron desafíos étnicos-identitarios, político-militares y de cooperación campesina a través de muchos años.

De ahí que ni la extrema situación de pobreza, ni la represión, ni el autoritarismo de finqueros, militares y paramilitares, basten para explicar la insurrección armada de 1994, y menos su propuesta política, de enorme trascendencia en todo México y el mundo.

Un grito que despertó al pueblo mexicano, haciendo de su demanda, la demanda de muchos que no tienen voz, pero que sufren cotidianamente las injusticias producidas por el neoliberalismo que se manifiesta en contra de la humanidad.

Continuidad y ruptura, herencia y originalidad. En la resistencia zapatista se condensa la lucha contra los partidos políticos, el Estado corrupto y sus malos gobiernos, los cuales  no han podido dar respuesta con sus políticas, al desorden producto de la crisis económica y los efectos del endeudamiento externo, profundizados por tratados comerciales espurios que ponen en jaque la autodeterminación de los pueblos, en este caso del mexicano.

Ante la falta de respuesta de las instituciones a los reclamos sociales, se produjo otra crisis, pero esta vez de representación. Es así como los zapatistas entendieron como pocos, y de manera renovada a partir de su aparición en público en 1994, lo mejor de varias constelaciones y simbologías, de un pasado no redimido que continúa viviendo en un presente de permanente experimentación.

Mediante la puesta en práctica de diferentes cosmovisiones como la resistencia maya, la gesta de la Revolución mexicana, la trasformación profunda de la teología de la liberación y el pensamiento antidogmático del guevarismo, -la mejor expresión del marxismo en clave latinoamericana- intentaron y lo hacen aún hoy, caminar preguntando, pero siempre al paso del más lento. Por eso su constante alzamiento sigue siendo al mismo tiempo una rebelión “contra el olvido y por la memoria”…

 

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