Aylwin y Alfonsín, dos modelos de reacción a los estallidos militares en la transición democrática

Por: Sara del Olmo Hombrados

Universidad Carlos III de Madrid

 

Abstract: El artículo versa sobre dos momentos de crisis vividos en la construcción del Estado democrático tras el periodo dictatorial en Chile y Argentina, que fueron las revueltas militares de los pinocheques y el boinazo en Chile y de las Revueltas Carapintadas en Argentina. Se analiza el papel de las fuerzas armadas en la historia de ambos países y el modelo de transición democrática en relación a estas, así como el desarrollo de los estallidos y la conveniencia o no del pacto llevado a cabo. Por último, cómo afectaron estas revueltas a la transición democrática, al liderazgo de Alfonsín y Aylwin y a las relaciones entre gobierno, poder militar y sociedad civil y si tuvieron un impacto en el apoyo o rechazo a estos presidentes. El fundamento teórico de este trabajo son las teorías decisionistas de Carl Schmitt, mostrando su vigencia a la hora de analizar resoluciones de los líderes en momentos de urgencia y teniendo en cuenta no solo elementos racionales sino también otros simbólicos, relacionados con valores y creencias.

Abstract: The article deals with two moments of crisis experienced in the building of a democratic state after the dictatorial period in Chile and Argentina, which were the military revolts of the pinocheques and the boinazo in Chile and the Carapintadas’ riots in Argentina. Also, the role of the armed forces in the history of both countries and the model of democratic transition in relation to those, as well as the development of the uprisings and the convenience or inconvenience of the agreements carried out are analyzed. Finally, how these riots affected the democratic transition; the leadership of Alfonsin and Aylwin and the relations between government, military power and civil society and whether they had an impact on the support or rejection received by these presidents. The theoretical basis of this work is the decisionist theory of Carl Schmitt, showing its validity when analyzing leaders' resolutions in moments of urgency and taking into account not only rational elements but also other symbolic ones, related to values and beliefs.

 

Aylwin y Alfonsín, dos modelos de reacción a los estallidos militares en la transición democrática

Sara del Olmo Hombrados[1]

Introducción

En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta en América Latina llegaron al poder varios regímenes autoritarios de tipo burocrático-militar que gobernaron estos países con una férrea imposición ideológica y unas instituciones represivas que silenciaban a cualquier elemento discordante (D'Andrea Mohr, 1999)[2]. La dictadura de Argentina se denominó Proceso de Reorganización Nacional, y el poder lo asumieron juntas militares desde 1976 hasta 1983, momento en el que se produce la derrota en la guerra de Malvinas contra los británicos y la única salida es convocar unas elecciones democráticas. La dictadura militar chilena, que será llamada Régimen Militar porque también será dirigida por juntas militares en un primer momento, comenzó en 1973 y perduró hasta 1990, debido a que su líder Pinochet perdió el plebiscito para mantenerse en el poder y tuvo que dar paso a la democracia (González Casanova, 1990)[3] (O'Donell, 1997)[4].

Cuando desaparecieron estas dictaduras militares, cada Estado tuvo que tomar decisiones en materia de cómo hacer frente a la tradición militarista, es decir, debía discernir cómo determinar las relaciones civiles y militares en una era de transición democrática para evitar que se volviesen a producir otros intentos de golpes de Estado. A pesar de que muchos estados latinoamericanos enfrentaron estos desafíos, este estudio se centrará en los casos de Argentina y Chile porque ambos sufrieron, en su proceso de vuelta a la democracia, eventos que amenazaron esta transición liderados por parte del ejército, que ansiaba volver al poder. Este ensayo se centrará en los eventos de los pinocheques (1989) y el boinazo (1993) en el mandato presidencial de Patricio Aylwin (1990-1994) en Chile y las revueltas carapintadas (1987-1990) dentro del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) en Argentina.

En Chile, las primeras elecciones democráticas de 1990 tras los años del Régimen Militar las ganó Patricio Aylwin, que nada más adquirir el poder investigó unos cheques por valor millonario que provenían del ejército y se dirigían al hijo de Pinochet por el pago de armas ilegales. Esta investigación, a la que se llamará popularmente “pinocheques”, no fue bien vista por el líder de las juntas militares en la dictadura, así que ordenó un acuartelamiento del ejército chileno para frenarla, y ciertamente acabó consiguiéndolo. Pero en 1993 se reabre el caso, y Pinochet envía a los paracaidistas del Ejército a rodear la sede de las Fuerzas Armadas, amenazando el transcurso de la investigación y también el de la democracia, ya que el Consejo de Defensa del Estado estaba al mando de la investigación. A este acto de rebelión se le conoció como “boinazo” por las boinas negras que utilizaron los miembros del ejército (Kornbluh, 2004)[5]. Como el temor de una nueva dictadura era latente, se pactó un fin negociado del conflicto dándoles un crédito estatal para que pudieran continuar con la venta de armas y no se llevó a juicio a Pinochet ni a otros mandos de la dictadura en un primer momento.

Argentina había vuelto a la democracia algunos años antes, y en estas primeras elecciones de 1983 resultó ganador Raúl Alfonsín. A pesar de que enjuició a los cabecillas de las Juntas Militares dictatoriales nada más entrar el poder, consideró que la mejor forma de pasar página de la dictadura era dictar la Ley de Punto Final en su tercer año de mandato, por la cual no serían juzgados más participantes de la dictadura que hubiesen sido acusados 60 días después de la promulgación de esta. La avalancha de denuncias que generó esta ley hizo que la justicia se atrasase y las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas empeoraran (Mazzei, 2011)[6]. Cuando en 1987 fue llamado a testificar contra los crímenes de la dictadura Barreiro, un oficial de la inteligencia militar con mucha influencia, este se negó y se amotinó con otros 130 soldados. Este levantamiento carapintada, llamado así porque se pintaban las caras con betún en señal de combate, fue imitado en otras partes del país y más tarde bajo el lema: “que se vayan todos”. A pesar de que no se tenía intención de negociar con ellos, Alfonsín acabó firmando el Acta de Compromiso Democrático, donde se comprometía a llevar a cabo las demandas de los militares sublevados (Battaglino, 2013)[7].

La dictadura se acabó de una forma muy distinta en estos dos países, por lo que llevar a juicio a los jefes de las Juntas Militares era mucho más complicado en Chile, ya que habían tomado parte en la transición democrática. Esto condicionó las relaciones entre el primer gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas (Acuña & Smith, 1994)[8]. Inicialmente se pudo avanzar mucho en Argentina y enjuiciar a los dictadores, cosa que no se hizo en Chile, y cuando se intentó, por el caso de los pinocheques, se desencadenó la rebelión del ejército. Pero luego se produjo un retroceso del primero con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (que se reafirmará con los indultos de Menem), mientras que, en Chile, con avances graduales se ha llegado finalmente al procesamiento de Pinochet y otros altos responsables de la dictadura.

Estas dos formas (elegidas o forzadas por la forma en la que se desarrollaron los hechos) de hacer frente a las relaciones entre sociedad civil y militares en la transición a la democracia y en el primer gobierno de Chile y Argentina serán el eje vertebrador del trabajo. En concreto, se centrará en cómo hicieron frente a estos dos estallidos revolucionarios, el caso de los pinocheques y el boinazo en Chile y las Revueltas Carapintadas en Argentina los presidentes de estos dos países. Asimismo, serán analizados los discursos de Aylwin y Alfonsín previos y posteriores a los acuerdos con estos grupos de militares sublevados y el contenido de estos pactos. Para finalizar, se observarán las encuestas de apoyo a estos presidentes antes y después de estas amenazas a la democracia, para comprobar la popularidad de los candidatos y las posibles causas de su subida o bajada.

La relevancia de este tema versa en la importancia de entender la relación entre el poder político y el militar en momentos críticos para su configuración, en este caso en el paso de una dictadura militar-burocrática a un contexto plenamente democrático. Entender este momento histórico nos permitirá hallar una posible explicación a los problemas militares actuales y plantear una serie de reformas que deben remontarse a su configuración. También permitirá analizar los elementos que se realizaron correctamente en los momentos decisivos de sublevación del ejército que han permitido un periodo de estabilidad democrática en ambos países que parece va a perdurar en el tiempo.

Marco teórico

El trabajo versará desde la corriente del neodecisionismo, en la que se analizan las decisiones políticas, en este caso de los dos presidentes, que no se hacen mediante la deliberación puramente racional sino por una interpretación personal de los valores y normas. El principal autor de esta disciplina es Carl Schmitt, que luchaba contra la mecanización del mundo y en especial de la política, y apostaba por entender a la autoridad soberana como fuente absoluta de toda decisión moral y legal en la vida política. En pocas palabras, el neodecisionismo se basa en la idea de que es el líder debe tener decisión política parta afrontar momentos importantes de un país, pero acepta al neoliberalismo, al neoconservadurismo y al neopopulismo dentro de sus opciones. El neoliberalismo propone abrir el mercado porque los esfuerzos económicos neokeynesianistas ahogarían al estado; el neoconservadurismo para ayudar a sectores en emergencia de la sociedad y el neopopulismo porque se dirige a las clases bajas focalizadas.

El objetivo general del trabajo es analizar de una forma comparada el liderazgo de Alfonsín y Aylwin a la hora de enfrentarse a las revueltas militares desde una perspectiva neodecisionista. Para ello, deben conseguirse unos objetivos específicos, como son entender el contexto histórico para explicar las decisiones tomadas, hacer una suerte de cronología discursiva que nos lleve a entender la problemática y analizar las encuestas de la época que puedan darnos una idea del grado de aceptación o rechazo social a las decisiones tomadas.

Se plantea entonces las hipótesis, que serán dos: si el hecho de que la transición democrática militar haya sido de tipo transacción en Chile y de tipo transición[9] en Argentina ha condicionado la forma y el momento en el que surgieron estallidos militares en estos países y si los pactos a los que se llegó con los militares sublevados para aplacar las revueltas en ambos países fueron un elemento que les dotó de popularidad a estos líderes.

Dado que el centro de este análisis estará puesto en la decisión como elemento clave en las propuestas llevadas a cabo, será importante analizar aquello que mueve a los líderes a decidir, esto es la dimensión simbólico-cultural, y para ello será útil plantear y profundizar en la relevancia del contexto histórico, por lo que indudablemente se hará uso del método histórico-comparativo. En este aspecto, las decisiones tomadas tendrán un valor simbólico relacionado con el papel que se quiere que las fuerzas armadas jueguen en la nueva configuración democrática.

Contexto histórico

Previo a la dictadura

Argentina

La historia del Siglo XX en la Argentina contempla una época de bonanza, pero también multitud de dictaduras militares y el surgimiento y consolidación de la figura de Perón y la corriente del peronismo. A inicios del siglo XX, Argentina era considerada uno de los países más desarrollados del mundo, con numerosas olas migratorias europeas. Este periodo se caracterizó por el libre comercio, apertura de la economía al extranjero, un manejo monetario y fiscal ordenado y la sucesión de gobiernos constitucionales hasta el golpe de estado de 1930 de Uriburu (Suriano, 2001)[10]. Tras el Crack del 29, los militares instauraron la Década Infame (1930-1943), que se destacó por el estatismo y el comienzo del desarrollo industrial a través de la sustitución de importaciones.

A partir de 1943, comenzó un periodo turbulento en la historia política de Argentina. Desde ese momento a la fecha, el país ha tenido 30 presidentes, 12 de los cuáles han pertenecido a gobiernos dictatoriales, 4 han gobernado de manera interina y 10 lo han hecho por menos de 2 años (Gonzalez Lebrero, 2011)[11]. Esta dictadura militar fue derrocada por un nuevo golpe militar en 1943, en la que surgió la figura de Juan Domingo Perón, que comenzó ocupando puestos menores hasta que los sindicatos le dieron su apoyo y se convirtió en mandatario. Se hizo un pronunciamiento para desbancarle en 1945, encarcelándole, pero fracasó tras la movilización de obreros y sindicatos, obligando a convocar elecciones.

En estas elecciones democráticas triunfó Perón, creando una nueva Constitución, la de 1949, en la que se reconocían numerosos derechos sociales y del trabajador, además de producirse la nacionalización de bastantes empresas clave. Mientras el resto del mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, Argentina aprovechó para convertirse en exportador de productos alimentarios y comenzó el apogeo económico del país. Se consolida el modelo de intervención estatal en la economía y se inicia un periodo de populismo macroeconómico (Gonzalez Lebrero, 2011)[12]. Trató de solucionar los problemas de la desigualdad de ingresos mediante control de precios y políticas expansivas en el gasto estatal. Estas fueron financiadas a través de emisión inorgánica, la cual generó un problema de inflación, que se volvería recurrente en Argentina. Este periodo dividió la sociedad en peronistas y antiperonistas, los cuales intentaron desestabilizar al gobierno a través de comandos civiles, pronunciamientos de estado como el de 1951 y 1955 o atentados terroristas como el de 1953 (Rock, 2009)[13]. Perón fue reelegido en 1952, momento en el que muere su mujer Eva Duarte, y su segundo mandato se caracteriza por el control y detención de los detractores, que crea un clima de desafección que termina en un nuevo Pronunciamiento Militar de 1955, instaurando la Revolución Libertadora al mando de Lonardi y luego de Aramburu, que hicieron una persecución al peronismo y su simbología, aunque este mantuvo su popularidad dentro de la clandestinidad (Rock, 2009)[14].

En 1958 convocaron unas elecciones en las que prohibieron al peronismo presentarse, por lo que el gobierno elegido de Frondizi (1958-1962) y el siguiente de Illia (1963-1966) son llamados semi-democracias. Estos dos líderes de la Unión Cívica Radical destacaron por la adopción de medidas de austeridad impuestas internacionalmente, que desencadenaron numerosas huelgas y golpes de Estado, de los cuales triunfó el civil de 1962 de Guido, que fue bastante breve, y el de 1966, en oposición a la victoria del peronismo. Este periodo, que durará de hasta 1973, se denominará Revolución Argentina, y se caracterizará por la conflictividad política y social (en los que destacó el Cordobazo), así como los golpes internos (Pigna, 2006)[15].  

Los nuevos comicios tras este periodo los gana el peronista Cámpora, que convoca otras elecciones para que pueda presentarse Perón, quien muere tras ser elegido y deja el gobierno en manos de su mujer María Estela Martínez. Este tercer gobierno peronista por primera vez sin Perón tuvo contestatarios dentro de su propio partido, así como actos terroristas y movimientos paramilitares como la Triple A. Aunque intentaron adelantar las elecciones para apaciguar a los contestatarios, el Golpe Militar era imparable ya que estaba involucrado el líder radical, Balbín, los medios de comunicación y Estados Unidos. En marzo de 1976, el Proceso de Reorganización Nacional, decidió instaurar un gobierno militar de tipo permanente ante la “imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales” (Gonzalez Lebrero, 2011)[16].

Chile

La historia chilena del siglo XX tuvo bastantes periodos de democracia, con distintos actores importantes: los conservadores y liberales en primer lugar, y después otros actores de todo el espectro político. Sin embargo, las revueltas populares ante las crisis económicas fueron constantes, y se instauro en el poder un único Golpe de Estado. Tradicionalmente, Chile se ha caracterizado por ser uno de los países de mayor estabilidad política y desarrollo democrático de América Latina (de Ramón, 2013)[17].

El fin de la Guerra Civil de 1891 dio inicio al periodo que se conoce como República Parlamentaria, que duró hasta 1925 y como su nombre indica, puso la cabeza del poder en el Congreso, compuesto mayoritariamente por oligarcas. Un plebiscito hizo promulgar una nueva Constitución que instauró un sistema presidencial, momento en el que estalló el Crack de 1929 y empobreció sobremanera el país (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001). Tras la Primera Guerra Mundial, Chile se encontraba en una buena situación económica; desarrollaba un modelo liberal exportador de productos primarios, pero la Gran Depresión impactó en el país. Esta situación hizo que los intentos revolucionarios proliferaran, dando lugar conspiraciones e intentos de golpes de Estado, aunque fracasaron.

Hasta ese momento se sucedían en el poder conservadores y liberales, pero la crisis hizo aflorar el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista e incluso el Movimiento Nacional Socialista a inspiración del fascismo europeo. El descontento social en la década de los 30, principalmente entre los sectores más desfavorecidos, hizo que proliferaran huelgas y manifestaciones, hasta que la situación económica mejoró (de Ramón, 2013). La izquierda se unió en el Frente Popular, mientras que la derecha se dividió en derecha moderada y fascismo, pero un intento de golpe de estado de las juventudes nazis hizo decantar la balanza hacia la victoria de la izquierda.

Los siguientes gobiernos de finales de los 30 y de los años 40 destacaron por la bonanza económica a través de la industrialización por sustitución de importaciones, las medidas socialdemócratas y el auge de la cultura chilena, que se vio favorecida por eventos como el exilio de los españoles tras la guerra civil. El gobierno de Ibáñez, que asume en 1952, es el primero de corte populista tras varios años de socialdemocracia, y la economía entra en recesión, por lo que toma medidas liberales de privatización que generan pobreza y descontento. Las orientaciones populistas de algunos gobiernos durante este periodo fomentaron los desequilibrios macroeconómicos y se inicia por primera vez un proceso inflacionario en 1955. Era aún un país mono-exportador, pues casi el 75% de las exportaciones totales correspondían al cobre. El siguiente gobierno, de derecha cristiana, tuvo que afrontar graves problemas económicos como el maremoto de 1960 y los intentos de Reforma Agraria.

La derecha temió que Allende, que estaba adquiriendo altas cotas de popularidad, ganara las siguientes elecciones e hiciera que Chile se pareciese a los Estados soviéticos en el contexto internacional de la Guerra Fría, por lo que decidió replegarse entorno a Frei, que se hizo con la victoria (Maira, 1998)[18]. Este tomó medidas polémicas como la expropiación de algunas tierras baldías a latifundistas o nacionalizar algunas empresas de cobre, lo que generó descontento entre sectores militares, que fraguaron un golpe de estado que se consolidó en el Tacnazo, aunque fracasó.

Las elecciones de 1970 las gana Allende, que había unido a la izquierda dentro de Unidad Popular, y continúa la estatización de empresas clave, especialmente las relacionadas con el cobre. Su principal objetivo fue nacionalizar los medios de producción y fomentar una mayor participación; aumentando el aparato estatal y el gasto público, y aplicando controles de precios (Allende, 1971)[19]. Su política puede ser catalogada como populista. Este experimento terminó con déficit fiscal, hiperinflación y caída de los sueldos, perjudicando a la misma gente que intentaba ayudar (Maira, 1998)[20]. La división social entre partidarios del presidente y opositores se acentúa, y la economía, que al principio proliferó, a los pocos años vuelve a entrar en crisis. Al ser un país tremendamente importador, la crisis económica conllevaba desabastecimiento y aumento de la deuda. Los partidos de derecha obtienen más votos en el parlamento, pero eso no consigue frenar las medidas del presidente, por lo que concluyen que la vía armada es la única posible de hacerle caer. Hacia el año 1972, la inflación estaba ya fuera de control y los militares están muy descontentos por lo que dan el Tanquetazo, un intento de golpe, en 1973, y aunque fracasa, se vuelve a intentar meses después otro golpe, liderado por Pinochet, Leight, Mendoza y Merino. Allende decide no dimitir, y los sublevados toman la vía armada, hasta que el presidente se suicida y el golpe triunfa (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001)[21].

Dictaduras militares

Argentina

Tras la llegada al poder de Videla en marzo de 1976, se disuelve el Congreso y los partidos políticos. Rápidamente, expone su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La represión extrema es una de las características más visibles del nuevo gobierno. No solo se aniquilan los grupos guerrilleros, sino que se ataca a escritores, religiosos, filósofos e incluso a estudiantes de secundaria, como en el trágico suceso de la Noche de los Lápices (CONADEP, 1983)[22].

La inflación tiende a disminuir, pero, en cambio, aumentan las tasas de interés. Esto favorece la especulación, que conlleva una llegada de capitales extranjeros que dan la falsa impresión de crecimiento económico. En cambio, caen los salarios reales y se producen huelgas (Revista Zoom, 2006)[23]. Esto, sumado al mundial de fútbol que se realizará en el país en 1978, hace que el gobierno dedique una gran suma de dinero para dar la mejor imagen del país. Tras la victoria de Argentina en este mundial, la Junta Militar se reclama para sí esta victoria al haber llevado la competencia a buen término, pese al boicot que varios organismos de derechos humanos intentaron desde el exterior e interior del país. Se anunció la devaluación progresiva del peso, para hacer más competitiva la empresa argentina y exportar más sus productos.

Históricamente, Chile y Argentina mantuvieron hostilidades debido al conflicto sobre sus fronteras, que desde el Vaticano intentan solucionarse. Se abre el discurso en 1979, con la firma del Acta de Montevideo (Bueno, 2014)[24]. En esta época la inflación y la deuda externa se disparan. Es la época de la plata dulce, pues comprar dólares era tan fácil que era más barato pasar las vacaciones en el extranjero que en el país. La grave crisis económica fue el caldo de cultivo para la salida de Videla y la entrada de Viola, que gobernó desde marzo hasta diciembre de 1981, después de lo cual se hizo con el poder Galtieri.

En abril de 1982, llega la noticia de que las tropas argentinas habían desembarcado en Malvinas. Una enorme multitud se congrega en Plaza de Mayo para apoyar al gobierno. Pero Gran Bretaña cuenta con una poderosa flota y las tropas argentinas, mal entrenadas, mal equipadas y con un armamento muy inferior al de los británicos, pueden hacer poco y pronto tienen que rendirse. La multitud que antes aclamaba a Galtieri ahora le exige su renuncia. La Junta Militar proclama presidente a Bignone, que tendrá la difícil tarea de encaminar al país hacia la democracia. Mientras, se enfrenta con una inflación del 430%, y acaba por crear una nueva moneda, el peso argentino (Battaglino, 2013)[25].

Los partidos políticos presentan a sus candidatos: Ítalo Lúder por los Justicialistas y Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical. Los argentinos demuestran un gran interés por la actividad política: más de cinco millones de argentinos se afilian a algún partido.

El 30 de octubre de 1982 se celebraron elecciones en las que ganó Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, con más del 52% de los votos, lo que rompió con la tradición justicialista del país. El país vuelve a la democracia.

Chile

El Régimen Militar se instaura en septiembre de 1973. Diez días después de la llegada al poder, se disuelve el Congreso Nacional y se crea un Comité de Cooperación para la Paz integrado por varios credos religiosos. En 1974 se crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que cometerán más de 2.279 asesinatos y 957 desapariciones (Padilla Ballesteros, 2007)[26], que en su mayoría correspondían a los “enemigos internos” del régimen. Augusto Pinochet se autoproclama Jefe Supremo de la Nación.

Las medidas económicas que se implantan para acabar con la crisis que las políticas nacionalizadoras de Allende habían causado son la reprivatización de empresas, la implantación del IVA, la Nueva Política Económica, y la puesta en marcha el Plan de Empleo Mínimo para combatir el paro, y también se inaugura el primer metro, una medida con fines propagandísticos y para mejorar la imagen en el exterior. Estas medidas tienen unos buenos primeros datos económicos (Solimano, 2012)[27].

El Senado de los EE.UU. aprueba la Enmienda Kennedy, que consiste en la prohibición de proveer armamento o ayuda militar a Chile en represalia por las continuas violaciones de los derechos humanos. En 1987 comienza un periodo de decadencia económica que se refleja en las primeras quiebras de grandes empresas tras la llegada del nuevo régimen: varios bancos son intervenidos y quiebra La Familia, cooperativa de ahorro y crédito (Solimano, 2012)[28].

La represión y la censura alcanzan límites insospechados cuando el gobierno decide prohibir todos los partidos políticos. Poco antes de cumplirse un mes de esta acción, se prohíbe la importación de libros de escritores exiliados debido a sus ataques al régimen. Se disuelve la DINA y se sustituye por otro órgano llamado CNI, cuyas funciones fueron “reunir información para la adopción de medidas de seguridad ciudadana” (Baradit, 2018)[29]. En septiembre de ese mismo año, Pinochet viaja a Estados Unidos y se reúne con Carter, retomando las relaciones diplomáticas, que estaban suspendidas. La ONU hace referencia a las continuas violaciones de los derechos humanos y las condena (Maira, 1998)[30].

En enero de 1978 se realiza una consulta popular de apoyo al gobierno en la que obtiene el respaldo del 73,5%. La situación interna se destensa: se retira el estado de sitio y el toque de queda en algunas regiones. Pinochet afirma que se está redactando una nueva Constitución y expone el texto de la ley de amnistía para todos los crímenes cometidos en el país entre desde 1973. La ONU pasa de la amenaza a la acción: envía una comisión encargada de velar por el respeto a los derechos humanos; y la iglesia redacta la Carta de Santiago, en el que se hizo patente la poca libertad de expresión existente. (Baradit, 2018)[31]

En septiembre de 1980 se lleva a cabo un plebiscito en el que el 67% de la población apoya la nueva Constitución. Se produce una manifestación pública de oposición al régimen militar, pero se aprueba la nueva Constitución, se reforma el sistema universitario y se controla la circulación de libros.

Durante 1982, ante la ralentización del crecimiento económico se aprueban nuevas medidas económicas como la libertad cambiaria y el abandono del cambio fijo del dólar. El país vive constantes manifestaciones, el clima de tranquilidad se rompe debido a la gran crisis económica (Baradit, 2018)[32]. Los cambios en el gobierno se suceden, las relaciones Estado-Iglesia empeoran aún más y se inicia una campaña propagandística de cierta apertura política para obtener una mejor imagen en el exterior. La situación económica empieza a mejorar tras los primeros años de reformas. En 1986, Pinochet es el blanco de un atentado que se lleva la vida de 5 escoltas, pero del que sale prácticamente ileso. El Papa visita Chile en una ceremonia plagada de incidentes.

En 1988, la Junta propone a Pinochet para gobernar el país durante otros ocho años si lo aprueba un plebiscito popular. La unión de los 13 partidos de la oposición en campaña conjunta por el no, logran que esta sea la opción más votada en la consulta del 5 de octubre. Se anuncia el fin del exilio: todos los ciudadanos chilenos pueden regresar al país. (Baradit, 2018)[33]

La Concertación, la coalición de izquierda, centroizquierda y centro, firma un compromiso de elegir un único candidato común, que pasa a ser Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana. En diciembre de 1989 se celebran elecciones parlamentarias y presidenciales en las que la Concertación triunfa ampliamente, por lo que Aylwin es elegido presidente. Chile recobró las libertades y el respeto a los derechos humanos (Maira, 1998)[34].

Transición a la democracia

O’Donnell ha agrupado las transiciones a la democracia en América Latina en dos grandes categorías: aquellas que fueron fruto de acuerdos entre el régimen autoritario y las fuerzas democráticas, y aquellas en que esos acuerdos están ausentes, ya sea porque las fuerzas democráticas derrotaron al autoritarismo (revolución), o porque este fracasó y debió abandonar apresuradamente el poder (derrumbe) (O’Donnell & Schmitter, 1988)[35]. Caen dentro de la primera categoría los casos de Chile, Brasil o Uruguay; y se caracterizan por su lentitud, además de que suelen existir acuerdos entre los partidos o grupos democráticos que les permiten negociar con los militares en las reformas necesarias para la transición democrática. En cambio, en las transiciones por colapso o derrumbe, como fueron las experimentadas por Argentina o Bolivia, los militares no logran imponer condiciones, cooperar ni acordar con los civiles, por lo que se caracterizan por su rapidez.

La transición argentina a la democracia de 1983 es un caso de colapso autoritario. La derrota en Malvinas aumentó los conflictos internos dentro del régimen y el desprestigio social, lo que hizo inminente la transición democrática. La transición argentina fue muy distinta al proceso que entre 1988 y 1990 se vivió en Chile, pues el control que ejerció el bloque autoritario sobre el cambio institucional fue mucho más alto, porque se veían respaldados en sus resultados políticos (el 44% de la población voto sí en el plebiscito), y el acuerdo entre los partidos democráticos y entre el Gobierno militar resultó una vía obligada.

La derrota en la guerra de Malvinas supuso una valiosa oportunidad para el cambio: el fracaso del Proceso generaría la aspiración de lograr una refundación democrática que hiciera un corte definitivo con largas décadas de inestabilidad institucional y golpes militares. Alfonsín endureció la crítica tanto contra el gobierno como contra la dirigencia civil por “todo lo que le dejó hacer a los militares y todo lo que ella misma no hizo”, señalando los vínculos entre políticos y sindicalistas peronistas y los militares. Y ello le permitió alzarse con una amplia victoria y encabezar el primer gobierno constitucional.

En parte por estas disidencias sobre lo que estaba en juego en la transición, y en parte por la velocidad de sus tiempos, las posibilidades de cooperación entre los partidos fueron muy escasas. En 1981, los partidos democráticos habían creado La Multipartidaria, pero ella se desactivó con Malvinas y se extinguió del todo con la campaña electoral que inmediatamente le siguió por la competencia entre justicialistas y radicales.

No hubo diálogo entre los partidos ni entre ellos y los militares sobre las políticas necesarias. No fue el poder militar el que bloqueó el avance de los civiles, sino estos mismos los que limitaron el consenso (Foxley, 1985)[36]. Los militares tampoco podían exigirles mucho: se dictaron una autoamnistía por los crímenes represivos, pero no exigieron a los políticos que la avalaran, ya que eso hubiera significado quitarle toda opción electoral a quienes se mostraban más afines a sus expectativas, los peronistas.

El terreno en el que los partidos políticos no fueron tan duros fue el de los derechos humanos: las organizaciones de solidaridad lograron contar con la movilización y con las reclamaciones que los partidos habían perdido al apostar a la moderación. Pero eso cambió cuando la competencia electoral alentó a las fuerzas políticas a tomar partido en torno a este movimiento, al descubrirse los casos de torturas y represión por parte del régimen militar. Los derechos humanos fue el conflicto en que la transición argentina dio forma a su tarea fundacional. Las reclamas del nobel Pérez Esquivel, la candidatura al nobel de las Madres, las declaraciones del Papa y de la ONU sobre los desaparecidos en Argentina habían iniciado este proceso (CONADEP, 1983)[37]. Tras las Malvinas, estas reclamaciones de enjuiciamiento a los culpables y búsqueda de los fallecidos se volvieron masivas. En Chile, esas denuncias internacionales habían sido incluso más duras y persistentes en el tiempo, pero no habían generado un consenso amplio en contra de los miliares, y mucho menos en contra de los partidos que acordarán con ellos en el proceso de democratización.

Alfonsín destacó desde un principio por dar un cauce liberal y republicano a la repolitización de la sociedad. Muchos partidos estuvieron suspendidos durante el Proceso, pero a partir de 1980 y, más claramente, con la caída de Malvinas, se vuelven a permitir. Todos los actores clásicos vuelven a sus puestos, y Alfonsín era el único actor partidista nuevo. Los partidos tardarán varios años en elaborar diagnósticos realistas de los problemas que tenían que resolver, lo que perjudicó a asuntos económicos críticos.

Para su gobierno, Alfonsín buscó respaldo y guía en la socialdemocracia europea y los partidos democráticos y reformistas de la región, pero todavía no tenía tantos antecedentes de democratización – que sí tendrá Chile. Alfonsín intentó poner en marcha un sistema de partidos similar al de los países europeos, con una coalición socialdemócrata contrapuesta a una conservadora, rol que le reservó a lo que quedaba en pie del peronismo, pero que este evitó asumir.

Aunque esta ruptura con lo anterior no fue total. La puja por los valores pluralistas y republicanos fue un terreno de la competencia inter e intra partidaria y la falta de acuerdos entre los partidos hizo que estos no avanzaran todo lo que se hubiera deseado (Franco, 2018)[38].

Si situásemos idealmente las transiciones, las caóticas están caracterizadas por la brecha clara entre el polo autoritarismo y el democrático, lo que implica disensos entre los actores, incapacidad para acordar sobre y prever nuevos conflictos y dificultades gobernabilidad, mientras que en las negociadas se aprecia un punto en común entre estos dos extremos para sacar adelante un proyecto de país, que suele tender más hacia el lado democrático, pero con una gran influencia y actores relevantes del contrario. Los dos países tratados en el trabajo son el ejemplo perfecto de estos dos tipos ideales (O'Donell, 1989)[39].

En una perspectiva de más largo plazo, hay que considerar que la democracia no era una novedad completa en Argentina ni Chile cuando se iniciaron allí las transiciones en los años ochenta del siglo pasado. Lo que sí era novedoso es la extensión que los valores democráticos estaban adquiriendo en esos países, y lo sería su perduración en el tiempo, en ellos igual que en muchos otros de la región, poniendo fin al largo período de inestabilidad institucional que venía afectando a América Latina desde 1930. Esa inestabilidad había sido de todos modos mucho más marcada en Argentina que en país vecino. Y también lo fue el legado autoritario, a pesar de la aparente falta de condicionamientos militares tras el Proceso. Y es que ese legado se hizo presente no solo a través del poder de los militares, sino de las costumbres y creencias de muchos de los actores civiles que ahora se presentaron como protagonistas de pleno derecho del nuevo orden. Valores como la intolerancia política, la segregación ideológica y de clase, las facciones políticas irreconciliables, el clientelismo… condicionarían fuertemente desde entonces el funcionamiento de los liderazgos, los partidos y la gestión de gobierno. Las democracias se construyeron con los recursos disponibles, y donde pareció que los actores tenían posibilidad de instaurar un nuevo orden que dejara de lado cualquier reminiscencia a lo antiguo, en Argentina, esa persistencia del pasado resultaría más problemática y desilusionante (Mazzei, 2011)[40].

La tradición más históricamente democrática en Chile puede significar que a la hora de intentar soluciones a través de la institucionalización, se buscara un cierto consenso social a través de alguna herramienta de consulta popular incluso dentro del autoritarismo, como fueron los plebiscitos convocados por Pinochet en 1980 y 1988, mientras que en Argentina fracasaron las convocatorias al diálogo realizadas en 1981, que sería el caldo de cultivo de lo sucedido en Malvinas y la posterior ausencia de un pacto entre las principales fuerzas.

Más allá de eso, dentro de los legados autoritarios debe distinguiste entre destructivos y restrictivos. En Argentina tienen un papel preeminente los primeros, tanto a través de la crisis económica y la inflación, como a través de la represión ilegal. En Chile, mediante la Constitución de 1980, estos últimos destacan. También cabe señalar que los sectores más cercanos a las vías autoritarias quedaron sin iniciativa en las transiciones, pero conservaron suficientes recursos como para recuperarla más adelante. Esto sucedió en Chile, pero no en Argentina, aunque en esta destaca un bajo grado de cumplimiento de reglas democráticas en muchos de los actores sociales y políticos del nuevo orden, lo que se hará visible cuando, más temprano que tarde, esas reglas sean puestas en tensión por problemas de gobernabilidad (Novaro, 2015)[41].

En Argentina no podemos decir que los habitantes retornaran a la democracia, porque jamás la habían experimentado la mayoría de los argentinos de 1983, pues la pérdida de la normalidad institucional comenzó a 1930, y desde entonces habían sucedido muchas cosas, pero nada parecido a una democracia representativa, pluralista y estable. Y precisamente porque se trataba de una auténtica instauración y no de una restauración, la sociedad se creó grandes expectativas y demandas (Foxley, 1985)[42].

Las grandes demandas de la población argentina no se vieron en Chile, todos los estudios muestran bajas expectativas y una alta racionalidad en cuanto a qué era posible esperar de un régimen democrático. Estas demandas fueron canalizadas enteramente por los partidos, por lo que no hubo un estallido de nuevos actores y movilizaciones que alteraran este proceso de negociaciones con los militares.

Complementariamente, en Chile la transición fue negociada entre los partidos y los militares se mantuvieron dispuestos a negociar con ellos; se da una creencia de los partidos en suma como reconstituyentes de la nación, se puede ver en los discursos de Aylwin: “Los demócratas chilenos escogimos, para transitar a la democracia, el camino de derrotar al autoritarismo en su propia cancha. Es lo que hemos hecho, con los beneficios y costos que ello entraña”. E incluso, este redefine el proceso de transición a la democracia “Jamás dijimos que todo nuestro programa de gobierno fuera cosa de transición”. Esta idea está completamente ausente en Argentina, donde las fuerzas armadas participantes en el Proceso se consideraban salvadoras de la patria y los partidos acaparaban las grandes promesas de refundación, contrapuestas al resto de partidos y también a los militares.

Hubo otro actor, los grandes empresarios y altas capas de la sociedad, que buscaban un régimen que les garantizase orden, beneficios y parte en las decisiones. Las clases empresarias latinoamericanas de los años 60 y 70 creyeron en esta promesa que los autoritarismos les hicieron, pero en la práctica vieron que era imposible de cumplir por las tendencias mundiales de apertura y modernización, aunque Chile estuvo más cerca de conseguirlo. Sin embargo, ambos países sufrieron graves crisis económicas e inestabilidad, que debilitaron gravemente al régimen e hicieron que los empresarios les retiraran su apoyo en favor de una democracia estable.

Los dos intentos de hacer caer el régimen democrático

Argentina

Una vez Alfonsín llega al poder, aprueba la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Proceso, que se plasmará en el libro Nunca más. Esto dio inicio a los Juicios a las Juntas, en el que se llevó a los principales responsables de la dictadura – Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti – a presión, que sirvió, además, para que toda la población se enterara de la gravedad de los actos realizados a través de los testimonios. Las Fuerzas Armadas no querían enjuiciar a sus jefes militares, por lo que se hizo cargo de esta investigación la Cámara Federal. Fue el único país de la región que llevó a juicio a los máximos responsables de la dictadura y los crímenes de Estado (D'Andrea Mohr, 1999)[43].

Tras tres años de mandato, en 1986, el Congreso promulga la Ley de Punto Final que permitía acabar con la acción penal por la presunta participación en Proceso, antes de los sesenta días de la fecha de promulgación. Fue el propio Alfonsín quien envío la ley al Congreso con el objetivo de salvar a los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas, para aliviar la presión y el descontento entre los militares. La Ley de Punto Final generó en un primer momento manifestaciones de los principales colectivos afectados por la dictadura (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos de izquierda, sindicatos…) y en un segundo momento, una avalancha de denuncias que desbordaron al poder judicial.

Más de 300 oficiales de altos mando fueron procesados, quince veces más de las expectativas del gobierno. La débil relación del primer gobierno democrático y las Fuerzas Armadas comenzó a romperse más y los acusados se negaron a asistir a audiencias y negaron la oficialidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

En abril de 1987, el Mayor Barreiro se negó a declarar por los crímenes que le imputaban: tortura y asesinato, y decidió amotinarse con otros 130 efectivos en Córdoba pasándose a llamar Carapintadas, por las marcas de guerra hechas en la cara. En Buenos Aires, las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico siguieron el ejemplo y salieron al Campo de Mayo exigiendo la imputación de los que “dictaron las órdenes”, porque “si quienes dieron las órdenes van a la justicia, no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia”. Alfonsín fue hasta Campo de Mayo para exigir la rendición, lo que se le cuestionaría como una debilidad política. Otras diez mil personas acudieron también para rodear el campo y evitar que fuera a mayores. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados tras 100 horas, este es uno de los discursos más famosos de Alfonsín. “Para evitar derramamiento de sangre he dado instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos todos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así lo haga, y les pido a todos ustedes que vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz en Argentina”. Barreiro tendría que huir, aunque fue capturado poco después, y tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia.

Este intento hizo que casi todos los partidos firmaron el Acta de Compromiso Democrático donde se llevaba a cabo la petición de Rico y los Carapintadas, “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. Solo se opusieron las Madres de Plaza de Mayo y el MAS, que van a denunciar el pacto (Munck, 1996)[44].

Poco después, se aprueban las leyes de Obediencia Debida, que el gobierno radical quería imponer desde tiempo antes que se desatara el levantamiento carapintada. Contra toda la jurisprudencia internacional, se exculpaba a todos miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran participado en el terrorismo de Estado y que tuvieran un rango por debajo al de coronel. Tras esta ley, salieron a de la cárcel muchos genocidas ya condenados.

Pasó en solo unos años de dar su discurso de asunción en el que condenaba social y moralmente y prometía enjuiciar a los culpables: “Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes.” a uno tras las revueltas Carapintadas, en el que admitía la necesidad de contar con herramientas para frenar los intentos del poder militar de volver a un gobierno no democrático: “Para superar los escollos que derivan de las resistencias tradicionales al cambio —y también de quienes añoran y propugnan una vuelta al pasado— así como para evitar los inconvenientes que estos cambios conllevan, sobre todo en tiempos de crisis, necesitamos consensos mayores, basados en la elaboración ampliamente compartida de pautas de acción y en la discusión —con vistas a compromisos políticos institucionales— de objetivos trascendentes como los que antes hemos planteado. No vemos que exista ningún inconveniente serio y sí en cambio promisorias condiciones para que ese compromiso se concrete.”

Sin embargo, a este momento le sucedieron otros como el evento de Monte Caseros (1988) y Villa Martelli (1988), el ataque del Movimiento Todos por la Patria en la Tablada (1989) e incluso la reactivación del movimiento Carapintada en 1989. Estos muestran la persistencia de grupos militares que seguían apostando por la vuelta al autoritarismo. Sin embargo, primero con Alfonsín y más tarde con Menem, se conseguirán frenar todos estos intentos y subordinar al ejército, haciéndolo una institución más profesional y despolitizada.

Chile

Tras asumir Aylwin, la Cámara de Diputados chilena decidió investigar la entrega por parte del Ejército de cheques por valor de 3 millones de dólares al hijo del general Pinochet. Al parecer, el heredero había servido de mediador en la venta irregular de una empresa al Ejército.

A pesar de que se realizó en secreto, pronto se filtraron las investigaciones a la prensa, y Pinochet, que todavía era Comandante Jefe del Ejército, instó alas tropas a acuartelarse para que Aylwin no emprendiera acciones legales. Cuando parecía que había conseguido su prometido, tras tres años en el gobierno, la prensa vuelve a anunciar que se reabre el caso. Pinochet se reúne en el Edificio de las Fuerzas Armadas, que estaba junto al Palacio de la Moneda, con oficiales y soldados vestidos para el combate y unas boinas negras, motivo por el que se llamará boinazo a este estallido de mayo de 1993 (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001)[45].

Krauss, ministro del interior, se reunió con Pinochet para solucionar este asunto y le manifestó su disconformidad con la forma en la que los militares juzgados por crímenes durante la dictadura eran tratados. Aylwin se ve obligado a ceder y parar con las investigaciones sobre el asunto de los cheques porque temía que pudiera darse un nuevo intento de golpe militar.

El hecho por el que no se llegó a procesar a Pinochet era precisamente su poder para convocar provocativamente a las fuerzas militares y demostrar que tenía la capacidad de dar un nuevo golpe. En el discurso de asunción de Aylwin, se apropió de la consigna argentina más famosa para denunciar los graves crímenes de la dictadura, el Nunca Más: “iNunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más odio fratricida! ¡Nunca más violencia entre hermanos”, pero lo cierto es que contrasta la radical oposición al autoritarismo de algunos de los discursos con el espíritu reconciliador de otros: “Chile es hoy un país reconciliado, en que la fatídica división entre 'amigos y enemigos' que imperó por tanto tiempo ha cedido lugar a una convivencia entre compatriotas capaces de respetarnos en nuestras legítimas diferencias y de lograr acuerdos y aunar esfuerzos en la búsqueda del bien común"

Puntos en común y diferencias entre los golpes

En un primer lugar, la forma en la que surgen ambos intentos es radicalmente distinta: en el caso de los Carapintada, será la negación de un mayor a testificar por los crímenes mientras que en Chile, será a través de iniciar unas investigaciones en contra del que había sido líder de la dictadura, y es así porque los líderes del Proceso en Argentina habían sido ya juzgados. Esto hará que ambos movimientos se distingan por su composición, mucho más vertical en Chile y más horizontal en Argentina.

La legitimidad y apoyo de los líderes también fue radicalmente distinta, pues mientras Alfonsín era el candidato del Radicalismo, que debía afrentar la amenaza de los militares por un lado y por otro el juicio constante del Justicialismo y la de otros grupos sociales organizados como las Madres de la Plaza de Mayo, Aylwin tenía detrás suyo un consenso político amplio y una sociedad sin tantas demandas.

Elaboraré un análisis DAFO para resumir la posición de los dos líderes tras la insurgencia armada en ambos países:

Alfonsín tras las Revueltas Carapintadas
Debilidades	Amenazas
·         Bajo consenso político ·         Fuerzas Armadas sin líderes claros, mucho más impredecibles ·         2 revueltas, en Córdoba y Buenos Aires	·         Gran facilidad de replicar el levantamiento en otros lugares o momentos ·         Triple amenaza: militar, del justicialismo y las organizaciones civiles
Fortalezas	Oportunidades
·         Juicios avanzados a los líderes de la dictadura ·         Bajo número de militares sublevados	·         Aplacar definitivamente a los militares de la política argentina ·         Demostración de necesidad de continuar con los juicios

 

Aylwin tras los pinocheques y el boinazo
Debilidades	Amenazas
·         Era un asunto económico y no de responsabilidad por la dictadura	·         Aylwin se encontraba fuera del país ·         Liderazgo indudable de Pinochet
Fortalezas	Oportunidades
·         Consenso político amplio ·         Pactos de convivencia con los militares ·         Tenía precedentes históricos	·         Enjuiciar a los responsables de la dictadura ·         Clarificar las relaciones sociedad civil, gobierno y militares

 

La Semana Santa del 87 en la que se produjo la Revuelta Carapintada pone fin al idilio argentino con la transición democrática, demostrándose los límites y las posibilidades, los sueños y frustraciones. La democracia, que socialmente era preferible a cualquier otro experimento, no acabó de solucionar en un primer momento los problemas de hambrunas y las graves crisis que afectaban a las estructuras y a los servicios públicos básicos del estado, como la educación y la santidad. Alfonsín hizo énfasis en la necesidad de no seguir derramando sangre y evitar la violencia, cosa que sin duda consiguió, pero esta misma decisión conllevó riesgos. Llegó a decir que “No hay nada que negociar, la democracia de los argentinos no se negocia”, pero lo cierto es que sí negoció, aunque no fuera sentado en la mesa con los militares, la paz social a través de lo que creyó que aplacaría más revueltas, la promulgación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cabe destacar en sus discursos la forma en la que trató a la Revuelta Carapintada, primero fue la “meditada maniobra” que luego rebautizó como “posición equivocada” para no seguir incidiendo en la separación, que en ese momento ya era absoluta, entre gobierno y poder militar.

En Chile, se comenzó por la estrategia de la “justicia en la medida de lo posible”, pues la transición negociada obligó a adoptar una estrategia en la que se sacrificaba una democracia pura y conseguida rápidamente para dar lugar a un periodo de pactos entre el gobierno autoritario y el democrático. Aylwin creyó que esta era la mejor opción para evitar recaer en la dinámica de autoritarismos, y pareció contar con el apoyo de todos para este proceso, hasta que el Congreso intentó poner luz a la fortuna del que había sido líder de la dictadura y se produjo el amotinamiento de los líderes. Pero, a diferencia de Argentina, sus principales demandas ya estaban canalizadas por la transición pactada, por lo que lo único que demandaban era frenar con las investigaciones sobre la fortuna de Pinochet. Garretón definió a esto como enclaves autoritarios, puesto que eran elementos que dificultaban que se produjese una verdadera democratización del país. La población se creyó la idea de que debía esperarse un decenio para recuperar la plena vitalidad democrática.

Datos de apoyo y popularidad

Dick Morris sostiene que un líder puede gobernar cuando obtiene más de un 50% de imagen favorable entre la población, y cuando esa cifra baja, tiene problemas de gobernabilidad. Cuando su apoyo popular desciende muy por debajo de esa cifra se convierte en lo que los norteamericanos llaman un "pato rengo" y apenas languidece hasta el próximo recambio presidencial (Morris, 2002)[46]. Alfonsín estuvo sobre el 70% por ciento desde 1983 hasta 1987, cuando las medidas económicas y de contención militar empezaron a fallar, y su popularidad bajó hasta el 40 por ciento en los últimos años de gobierno (datos del INDEC). Los datos de Aylwin son francamente parecidos, pues en sus tres primeros años osciló entre el 75 y el 70 por ciento, que a partir de 1993 cayó por debajo del 50% (datos del CEP). Los dos líderes tuvieron un gran comienzo, quizá por las esperanzas depositadas en un régimen democrático, que fueron decayendo lentamente con el pasar del tiempo y la comprobación de que las expectativas no mejoraban.

 

Conclusión

“Creyeron que te
mataban con una orden
de ¡fuego!
Creyeron que te
enterraban
y lo que hacían
era enterrar una semilla”

Ernesto Cardenal.

La historia de ambos países y las dos transiciones fueron radicalmente distintas, y esto configuró inevitablemente el accionar de los militares. Argentina vivió un siglo XX plagado de golpes autoritarios que sucedían o acababan con gobiernos peronistas o radicales, por lo que el Proceso de Reorganización Nacional que vivió el país entre 1976 y 1983 no fue una novedad, aunque sí la demostración más fuerte de la vulneración de derechos humanos a la población civil, principalmente a los opositores. La derrota flagrante en Malvinas provocó la caída apresurada del gobierno, por lo que la instaurada democracia tenía vía libre para una competencia electoral sin injerencia militar. Además, esto permitió enjuiciar a los altos y medios mandos de la dictadura y establecer políticas de memoria histórica, que se fueron haciendo más conservadoras con la Ley de Punto Final y posteriormente con la Ley de Obediencia Debida. La revuelta militar surgió de la mano de Barreiro, un oficial que se negó a testificar, y fue replicada por Aldo Rico. Alfonsín aplacó estos estallidos y supo llevar a cabo medidas que impidieron un nuevo intento militar de adquirir el poder, profesionalizando el ejército a imitación de los países europeos.

La experiencia histórica en Chile está mucho más relacionada con los consensos democráticos, y el Régimen Militar fue la primera excepción del siglo XX, que estuvo 17 años en el poder y se mantuvo en un primer momento por el apoyo popular en referéndum, misma herramienta que le hizo caer. Pero precisamente el hacer uso de instrumentos de democracia participativa y su preeminencia durante tantos años les ganó un asiento en la mesa de negociaciones de la transición democrática, que del lado partidista fue encabezada por Patricio Aylwin, del bloque Concertación, aunque perteneciente a la Democracia Cristiana. El estallido militar vino de la mano de las investigaciones a Pinochet por su enriquecimiento económico en la dictadura a través de la venta de una empresa relacionada con el ámbito militar. No pudo enjuiciarse a Pinochet, ni aplacar al intento revolucionario, debido al temor del presidente y de amplios sectores de la sociedad a un nuevo golpe de estado. Decidió someterse a un marco institucional que impedía hacer transformaciones estructurales. Poco a poco, a través de institucionalización de los militares, la democracia consiguió establecerse como el único camino posible. Y tuvo que ser años después, a punto de morir Pinochet, cuando se empezaran a juzgar a las grandes personalidades de la dictadura chilena, como el que fuera jefe de la policía de Pinochet.

La dinámica internacional y la de América Latina parece apuntar a que las Fuerzas Armadas se profesionalizarán e institucionalizarán como una parte del aparato del Estado, sin entrar en contradicción con las dinámicas políticas. Asimismo, buena parte de la población ha desarrollado un rechazo a actitudes autoritarias y que entren en contradicción con los derechos humanos.

Ninguna construcción democrática puede ser tratada de beneficiosa o perjudicial sin un análisis más profundo. Los dos modelos pueden ser igual de correctos o incorrectos, y esa es una respuesta que solo puede darnos la historia. Sin embargo, una vez asegurada la consolidación de estos regímenes democráticos, los desafíos principales de la democracia tanto en estos países como en otros de la región tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, lo que tiene inevitablemente que ver con los aspectos mencionados de transición y consolidación aún pendientes. Esto pasa por hacer extensivos todos los principios que conlleva una democracia, como ciudadanía y fiscalidad responsable. Indudablemente, esto se relaciona con problemas de participación, representación y satisfacción ciudadana en los procesos de toma de decisiones así con otros de índole económica. 

Si esto no está asegurado, es posible que en un futuro vuelvan a brotar (mediante un golpe de Estado o a través de unas elecciones democráticas) personalidades que pongan en jaque esta oleada democrática. El hiperpresidencialismo argentino hace que esta posibilidad no deba ser descartada en un corto o medio plazo, si no se encuentra una solución a la grave crisis que afronta el país, sobre todo en el terreno de la deuda internacional y en los problemas de organización interna y de seguridad. Esto puede pasar por aceptar ayuda de potencias que sí hayan conseguido esta labor o por un cambio radical dentro del país que rejuvenezca todas las estructuras caducas e ineficientes dentro del Estado.

Bibliografía

Acuña, C. H., & Smith, W. C. (1994). Política y "economía militar" en el Cono Sur: Democracia, producción de armamentos y carrera armamentista en la Argentina, Brasil y Chile. Instituto de Desarrollo Económico y Social, 343-378.

Allende, S. (1971). La vía chilena hacia el socialismo. Discursos de Salvador Allende. Santiago de Chile: Fundamentos.

Baradit, J. (2018). Dictadura. Historia secreta de chile. Santiago de Chile: Sudamericana.

Battaglino, J. (2013). La Argentina desde 1983: un caso de desmilitarización del sistema político. SAAP, 265-273.

Bueno, M. (2014). Breve historia de las fronteras de Chile. En J. Eyzaguirre, Breve historia de las fronteras de Chile (págs. 1-9). Santiago de Chile.

CONADEP. (1983). Nunca más, informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires.

Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M. (2001). Historia del siglo XX chileno. Santiago de Chile: Sudamérica.

D'Andrea Mohr, J. L. (1999). Memoria Debida. Buenos Aires: Colihue.

de Ramón, A. (2013). Historia de Chile: desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). Santiago de Chile: Catolonia.

Foxley, A. (1985). Las alternativas para la política posautoritaria. Desarrollo económico.

Franco, M. (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición. Buenos Aires: EFE.

González Casanova, P. (1990). El Estado de seguridad nacional en América Latina. Teoria y práctica. México D.F.: Siglo XXI.

Gonzalez Lebrero, R. E. (2011). Estado y sociedad en el largo siglo XX (1880-2000). Buenos Aires: Biblos.

Kornbluh, P. (2004). Pinochet, los archivos secretos. Barcelona: Crítica.

Maira, L. (1998). Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX. Santiago de Chile: LOM.

Mazzei, D. (2011). Reflexiones sobre la transición democrática argentina. Buenos Aires: PolHis.

Morris, D. (2002). El nuevo príncipe: Maquiavelo actualizado para el siglo XXI. Buenos Aires: El Ateneo.

Munck, G. (1996). La democratización en perspectiva comparada. El debate contemporáneo. Desarrollo económico, 661-676.

Novaro, M. (2015). Transición democrática y legados autoritarios en Argentina, Chile y Uruguay. Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL).

O’Donnell, G., & Schmitter, P. (1988). Transiciones desde un gobierno autoritario. Buenos Aires: Paidós.

O'Donell, G. (1989). Transiciones, continuidades y algunas paradojas. Cuadernos políticos, 19-36. Obtenido de LINK

O'Donell, G. (1997). Las Fuerzas armadas y el estado autoritario del Cono Sur de América Latina. Buenos Aires: Paidós.

O'Donnell, G. (1986). Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore: University Press .

Padilla Ballesteros, E. (2007). La memoria y el olvido. Desaparecidos.org. Obtenido de http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm

Pigna, F. (2006). Mitos de la historia argentina. Buenos Aires: Booket.

Revista Zoom. (2006). Revista Zoom. Obtenido de https://revistazoom.com.ar/la-politica-economica-de-la-dictadura-militar-todo-el-poder-a-la-elite/

Rock, D. (2009). Argentina en el siglo XX. Economía y desarrollo político desde la elite conservadora a Perón-Perón. Buenos Aires: Claro.

Solimano, A. (2012). Capitalismo a la chilena. Santiado de Chile: Catalonia.

Suriano, J. (2001). La cuestión social en Argentina, 1870-1943. La Pampa: Quinto Sol.