Ponencia preparada para el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.

 

Título: Venezuela 1999-2017: De la democracia con adjetivos al autoritarismo a secas.

Nombre/s y apellido/s de/l los autores: Dr. Santiago César Leiras.

Correo Electrónico: santiago.leiras@gmail.com/leiras2@hotmail.com.

Institución: Universidad de Buenos Aires

Área temática a la que se presenta: Política Comparada

Sub-área temática a la que se presenta: Procesos políticos en América Latina.

Resumen.

La inesperada muerte de Hugo Chávez Frías en el mes de marzo del año 2013 dio comienzo a una etapa de profundización y mayor radicalización política aún, del régimen político en Venezuela, que la preexistente desde el año 2007 como resultado de la derrota, en el referéndum llevado a cabo en aquel año, del primer intento de incorporación en la carta constitucional de la cláusula de la reelección indefinida.

En efecto, un proceso electoral controversial en 2013, los sucesivos y fallidos intentos de diálogo político con intervención internacional mediante en 2014 y 2016, el desconocimiento por parte del oficialismo del triunfo opositor en la Asamblea Legislativa a fines del 2015 y los sistemáticos intentos de bloqueo del funcionamiento de dicho cuerpo colegiado a partir del 2016 como así también de la realización del Referéndum Revocatorio y nuevas elecciones regionales, el intento de apropiación de funciones correspondientes a la Asamblea Legislativa por parte del Poder Judicial y la convocatoria a una nueva asamblea constituyente durante el 2017 con el propósito de llevar a cabo una nueva reforma constitucional representan emblemáticas manifestaciones de la radicalización del gobierno venezolano.

El presente trabajo invita a explorar el proceso de transformación del Régimen Político en Venezuela entre 1999 y 2017, partiendo de la premisa de que se trata de un proceso no-lineal tanto en su desarrollo como en la propia evolución del régimen político de gobierno.

Bajo esa premisa, podremos distinguir en el desarrollo del proceso político acontecido en la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 a la actualidad cuatro etapas principales; la Fundacional dictatorial entre 1999 y 2001, de Crisis entre 2002 y 2005, Democrática Iliberal/Delegativa entre 2006 y 2015 y Autoritaria a secas desde el 2016 a la fecha presente.

 

                                            Abstract

Unexpected death of Hugo Chávez Frías on March, 2013 started an era of deeper political radicalization of political regime in Venezuela, even deeper that radicalization existing since 2007 as a result of defeat at referendum on the inclusion of a indefinite reelection rule in the Constitution.

Indeed, a controversial electoral process in 2013; successive and failed attempts of political dialogue with the help of international actors in 2014 and 2016; the officialdom's ignorance of the opposition victory in the Legislative Assembly at the end of 2015 and systematic attempts of blocking normal work of the Assembly since 2016 as well as the recall referendum and new regional elections; the attempt by the judiciary to take over the functions of the Legislative Assembly and the convening of a new constituent assembly in 2017 searching for a new constitutional amendment, they are all emblematic signs of the radicalization of Venezuelan government.

The present paper invites to explore the process of transformation of Venezuelan political regime between 1999 and 2017 on the premise that it is a non-lineal process in its development nor in the evolution of political regime.

Under that premise, we can identify in the development of political process in Venezuela since 1999 to the present, four main phases; the foundations with dictatorship between 1999 and 2001; a Crisis between 2002 and 2005; a non-liberal delegative Democracy between 2006 and 2015 and an Authoritarism since 2016 up to the present.

 

 

Venezuela 1999-2017: De la democracia con adjetivos al autoritarismo a secas.

   Por: Dr. Santiago C. Leiras

 

1.   Presentación

 

La inesperada muerte de Hugo Chávez Frías en el mes de marzo del año 2013 dio comienzo a una etapa de profundización y mayor radicalización política aún del régimen político en Venezuela que la preexistente desde el año 2007 como resultado de la derrota, en el referéndum llevado a cabo en aquel año, del primer intento de incorporación en la carta constitucional de la cláusula de la reelección indefinida.

En efecto, un proceso electoral controversial en 2013, los sucesivos y fallidos intentos de diálogo político con intervención internacional mediante en 2014 y 2016, el desconocimiento por parte del oficialismo del triunfo opositor en la Asamblea Legislativa a fines del 2015 y los sistemáticos intentos de bloqueo del funcionamiento de dicho cuerpo colegiado a partir del 2016 como así también de la realización del Referéndum Revocatorio y nuevas elecciones regionales, el intento de apropiación de funciones correspondientes a la Asamblea Legislativa por parte del Poder Judicial y la convocatoria a una nueva asamblea constituyente durante el 2017 con el propósito de llevar a cabo una nueva reforma constitucional representan emblemáticas manifestaciones de la radicalización del gobierno venezolano.

El presente trabajo invita a explorar el proceso de transformación del Régimen Político en Venezuela entre 1999 y 2017, partiendo de la premisa de que se trata de un proceso no-lineal tanto en su desarrollo como en la propia evolución del régimen político de gobierno.

Bajo esa premisa, podremos distinguir en el desarrollo del proceso político acontecido en la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 a la actualidad cuatro etapas principales; la Fundacional dictatorial entre 1999 y 2001, de Crisis entre 2002 y 2006, Democrática Iliberal/Delegativa entre 2006 y 2015 y Autoritaria a secas desde el 2016 a la fecha presente.

Entendemos como Régimen Político aquel conjunto de reglas o procedimientos, formales o informales explícitos o implícitos, que estructuran y dan forma a la conducta política solo en la medida en que los actores obedecen o aceptan esas reglas -dimensión procedimental-, como así también al comportamiento de los actores consistente en la aceptación, estratégica o instrumental, de las reglas sin que medie en ninguna de las modalidades de aceptación manifestación alguna de rechazo normativo –dimensión conductual- (Munck, 1996).

 

2.   La etapa Fundacional Dictatorial (1999-2001)1.

El ex-teniente coronel y cabecilla de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, Hugo Chávez Frías, encabezando la coalición electoral Polo Patriótico, es elegido presidente de Venezuela con mayoría absoluta el 6 de Diciembre de 1998, obteniendo el 56,20% de los sufragios emitidos, frente al 39,97% de los votos obtenidos por Salas Romer, quién, al frente de una coalición política heterogénea, contó con el apoyo de los partidos tradicionales, tanto de Acción Democrática, como así también del COPEI. No obstante, Chávez no consigue en las elecciones parlamentarias de 1998, la mayoría ni en la cámara de diputados ni en el senado del entonces congreso bicameral, obteniendo 76 escaños en la cámara de diputados (36, 72%) y 19 escaños en la cámara de senadores (33,85%).

Con ello daba término a 40 años de hegemonía de los dos partidos tradicionales AD y COPEI y al sistema partidocrático resultante (Mc Coy, 1999). La precaria situación económica del país, los altos índices de desempleo, el aumento de la pobreza así como la corrupción que genero el viejo sistema de Punto Fijo fueron aumentando el descontento popular y en última instancia llevaron a la ciudadanía a votar por alguien que prometía terminar con la “podredumbre” del sistema y que hablaba de “revolución pacífica” del pueblo.     

  Asume el 2 de Febrero de 1999 jurando (........) sobre esta moribunda constitución que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias que requiere el país (.....). En este sentido es que se realizará la convocatoria, para el 25 de Abril del mismo año, de un referéndum, en el cual los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la posibilidad de la constitución de una Asamblea Constituyente con el propósito de transformar el Estado, y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia “social y participativa”.

Entre los principales intelectuales orgánicos2 del nuevo régimen se fundamentará dicha convocatoria para la transformación institucional, a partir de los siguientes argumentos:

1.   El carácter programático –ideológico de la constitución no se cumplió con la fuerza necesaria para su concreción. La desviación populista, el clientelismo y la corrupción desvirtuaron el programa constitucional.

2.   Además, el programa constitucional no fue acompañado, o lo fue en forma retardada, incompleta y reactiva, por una acción legislativa eficaz y proyectiva que lo impulsara en forma coherente.

3.   El estado no diseñó las adecuadas garantías constitucionales para la mejor protección de los derechos fundamentales. El gravísimo deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población y los balances en rojo que consecutivamente arrojan las violaciones de los derechos humanos, constituyen el mayor mentís de la carta de los derechos establecida en la constitución.

4.   El deterioro del poder judicial, garante por excelencia del Estado de Derecho, ha impedido su efectiva realización, y por consiguiente desvirtuado el principio central de la supremacía constitucional y la autonomía de las ramas del poder público.

5.   El pálido desarrollo del principio democrático recogido por la constitución y su desviación partidocrática, tutelar y cerrada a la participación, ejemplifica en el país una suerte de régimen político que Duverger denominó alguna vez “democracia sin el pueblo” (Combellas, 1999).

Asimismo, y a tono con el sesgo fundacional y de características plebiscitarias que asume el nuevo régimen, se fundamentará la convocatoria en estos términos:

Una frase del general De Gaulle en los difíciles días del tránsito de la IV a la V República francesa vale la pena aquí citar <Cuando los acontecimientos hablan muy claro y se está de acuerdo en el fondo, los procedimientos tienen una flexibilidad considerable>.

(...) los procedimientos, en definitiva las formas jurídicas, por supuesto que son importantes, pero a todas luces secundarios frente al hecho político fundamental: el llamado al poder constituyente originario, con el fin de abrir cauces al rediseño institucional de la república. Lo que deseo transmitir lo expresan con claridad las palabras del destacado jurista alemán Martín Kriele <la fuerza explosiva que se halla en la idea de la soberanía del pueblo no puede ser eliminada por ningún estado constitucional, solo puede ser moderada y suavizada>.

Los poderes constituidos (el Presidente, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso) afincados en el respeto mutuo implicado en el principio de colaboración de las ramas del poder público, deben atender solícita y prontamente este llamado, que no es otro que el llamado al titular de la soberanía democrática, el pueblo, para que legitime con su sí aprobatorio la convocatoria constituyente. Por supuesto que  el respaldo de la iniciativa popular es fundamental para alcanzar el objetivo propuesto.” (Combellas,  1999).   

Esta convocatoria por cierto estará enmarcada dentro de la discusión planteada por el propio presidente Chávez, en torno a los siguientes ejes convocantes:

 

1.   Los valores de la democracia.

2.   Un sistema político amplio, profundo, de contenido político ético.

3.   La descentralización, la desconcentración y un verdadero federalismo.

4.   La genuina independencia del Poder Judicial.

5.   La defensa irrevocable de los derechos humanos, tanto individuales como sociales.

6.   Un nuevo orden económico.

7.   Un nuevo orden social, basado en la ayuda mutua.

8.   El rescate del ciudadano.

9.   Una nueva doctrina democrática de seguridad y defensa.

10.        Un poder moral como mecanismo de modernización y saneamiento del estado (Chávez, 1999).

 

Finalmente, se realiza la consulta el 26 de Abril de 1999, en base a dos preguntas que constituyeron el eje de la convocatoria:

 

1.   ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?

2.   ¿ Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión fecha Marzo 24, 1999 y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 36.669 de fecha marzo 25, 1999? 

 

Frente a la primera pregunta, fue claro el triunfo de la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente,  con un 92,36% de votos favorables, y un 7,64% de votos negativos, y  la pregunta relacionada con las bases propuestas para dicha convocatoria por el Poder Ejecutivo, obtuvo 86, 43% de opiniones afirmativas, y un 13,57% de sufragios negativos.

Asimismo, el 25 de Julio de 1999, se celebraron nuevas elecciones para la designación de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual es ampliamente ganada por la coalición que apoya a Chávez, Polo Patriótico (PP), que consigue 121 de los 128 elegibles3 de la Asamblea que deberá elaborar una nueva constitución política.

En lo sucesivo la pugna política entre el chavismo y sus opositores, se centrará en torno al tema del carácter “derivado” u “originario” de la asamblea. La diferencia residía en que, si la ANC iba a ser originaria, tendría la facultad de crear un orden jurídico totalmente nuevo y legislar sobre cualquier materia imponiéndose sobre el congreso, mientras que, de ser derivada, tendría que actuar respetando la constitución y acatando la institucionalidad existente, cumpliendo en este marco con la tarea específica de elaborar una nueva carta constitucional.

Poco tiempo después, fue declarada la “emergencia judicial” y la “emergencia legislativa” con lo cual se limitó drásticamente el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  (CSJN) y del congreso en favor de la ANC. Finalmente, la Corte Suprema terminará definiendo el carácter supraconstitucional de la Asamblea Constituyente.

En un nuevo referéndum realizado en el mes de diciembre de 1999, con el 71, 37% de los votos a favor y 28,63 % de sufragios en contra y con un porcentaje de abstención del 54,74%, es aceptada la nueva constitución Bolivariana de Venezuela, quedando ese mismo día, -15 de diciembre-, disueltos el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y las funciones legislativas son asumidas por la ANC.

Entre las principales modificaciones se destaca la incorporación de la figura del referéndum revocatorio. En este sentido, las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente/a de la república, por acuerdo de la mayoría de la Asamblea Nacional, aprobado con el voto de la mayoría de sus integrantes, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores/as inscriptos en el registro civil y electoral (artículo 71), no pudiendo ser objeto de tratamiento consultivo las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público, y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales (artículo 74).

Si el referéndum concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores/as inscriptos en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley (artículo 73).

Por otra parte, todos los cargos y magistrados de elección popular son revocables, cuando igual o mayor número de electores/as que eligieron al funcionario/a hubieran votado a favor de la revocatoria siempre que haya concurrido al referéndum, un número de electores/as igual o superior al veinticinco por ciento de aquellos inscriptos en el registro civil o electoral (artículo 72). Asimismo, durante el período para el cual fue elegido el mandatario no podrá realizarse más de una solicitud de revocación de su mandato.

Sin embargo esta iniciativa constitucional, por su propia definición, tropieza con la propia dificultad que supone su implementación; en primer lugar, por la alta exigencia de su convocatoria, 25% de los electores inscriptos, que en el supuesto caso de revocación del mandato del Presidente, representa un número aproximado de 2.500.000 personas. Sumado a ello, la revocación del funcionario se condiciona a la votación favorable de un número de electores mayor al que lo eligió. Este “espejismo” del referéndum revocatorio es advertido hasta por los propios “intelectuales orgánicos” del proceso constituyente, dado que:

 

En suma, el instituto del referéndum revocatorio es adrede exigente y así lo aprobó la Constituyente, dentro de una paradójica defensa del denostado principio representativo, contradictoria a todo evento con la bandera de la democracia participativa como sustitutiva de la malhadada democracia representativa. En esta materia, el constituyente protegió y fortaleció al representante ante los avatares de un fuerte movimiento de opinión adversa. En la cruda verdad, al <soberano> se le tornará, repito, casi imposible deshacerse de los representantes electos, por lo menos mientras transcurre su mandato (Combellas, 2001).      

Entretanto, se “institucionaliza” el proceso de concentración y centralización del poder, a través de la modificación constitucional que introduce la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años con la posibilidad de reelección inmediata y por una sola vez para un período adicional (artículo 230), aún sin satisfacer plenamente las aspiraciones de Chaves quien sostenía:

Me iré, no sé adónde, si Dios quiere, en el año 2009. O un poco antes si la Constituyente decide recortar el período a 4 años. Pero si lo alarga a 7 podrían ser 14 años (Diario el Nacional, 10 de Abril de 1999).

También se establecerán nuevas cláusulas que tenderán a incrementar las facultades legislativas del presidente de la república, como la atribución de declarar los estados de excepción en los casos previstos en la constitución y la restricción de las garantías constitucionales (artículo 236, inciso 7 y 8 y artículos 337, 338 y 339). Es en este contexto que se han llevado a cabo iniciativas legislativas como, entre otras a destacar, el Decreto-Ley nº 113  del 26/04/1999, otorgando facultades al presidente Chávez para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, requeridas por el interés público, las cuales abarcarán los planos de la organización de la administración pública nacional, financiero, tributario y  económico-sectorial.    

Respecto del rol de las Fuerzas Armadas, en la constitución de 1961, en su artículo 132, se definía a las mismas como una institución apolítica, obediente y no deliberante, cuya misión es asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la constitución y sus leyes, estando las mismas al servicio de la república y no de una persona o parcialidad política. Un nuevo rasgo que estará presente en la Constitución Bolivariana será el de la incorporación del derecho a sufragio de conformidad con la ley (artículo 330), aunque esto no implique la posibilidad de participar por el acceso a cargos públicos, ni en actos de propaganda, militancia o proselitismo político4.

En el marco de esta nueva institucionalidad se desarrollaron las elecciones presidenciales del 30 de Julio del año 2000, en las cuales Hugo Chávez Frías derrota s su (ex) compañero de ruta, Francisco Arias Cárdenas por un 59,70 por ciento de los votos frente al 37,50 obtenido por Arias Cárdenas, iniciando de esta manera Hugo Chávez su “primer” período presidencial5: con relación a la duración de su mandato presidencial, el propio Chávez aseguró en aquella oportunidad:

               

Parece que estamos comenzando, parece que estaremos del 2001 al 2007, porque los dos años de transición no contarían (Hugo Chávez publicado en Diario El Nacional. 1 de Marzo de 2001).

Con los partidos tradicionales reducidos a un papel casi testimonial, con pleno manejo de la asamblea legislativa por parte del oficialismo y la subordinación de las fuerzas armadas al nuevo poder político, el presidente Hugo Chávez se lanza a una aventura electoral esta vez con el propósito de desarticular el poder sindical encarnado en la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), en este contexto se lleva a cabo un nuevo plebiscito en el mes de diciembre del año 2000 con el objetivo de consultar a la ciudadanía sobre su acuerdo o desacuerdo sobre la revocatoria de los mandatos de los dirigentes sindicales: con un elevado porcentaje de abstención electoral -75 por ciento- se impone la postura de la revocación de los mandatos (Ellner, 2003)6.

El año 2001 marca el inicio de una dinámica de confrontación y polarización política: diferentes iniciativas desde el oficialismo darán lugar a una estrategia reactiva por parte de la oposición, dando así lugar a un escenario caracterizado por la crisis de legitimidad (Botana, 1988)7. En el punto siguiente analizaremos los hitos más sobresalientes en esta etapa de crisis en la construcción del nuevo régimen político de Venezuela. 

 

3.              La crisis del régimen (2002-2006).

 

Las elecciones del 30 de julio del año 2000 no sólo habían dado cuenta del masivo apoyo popular del proyecto bolivariano, sino también de un nuevo escenario político, marcado por una nueva distribución de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional y los gobiernos estatales. El inicio del “primer período presidencial”8, proveniente de una relegitimación de todos los poderes como el propio Chávez expresara, dio al presidente más fuerzas para allanar el camino hacia una democracia participativa.

En este sentido se inscribe el Decreto 1011 del mes de Octubre del año 2000, a través del cual se proponía reformar el sistema educativo sobre bases bolivarianas, ideologizar la enseñanza pública y nacionalizar los establecimientos privados. La oposición se movilizó alrededor de la propuesta radicalizando sus posturas.

Un año más tarde, el presidente Chávez volvió a tomar el mismo curso de acción. En el mes de noviembre del año 2001, el congreso otorgó al mandatario facultades especiales para aprobar una Ley Habilitante que sancionara un total de 49 decretos con fuerza de ley. Nuevamente la oposición reaccionó elevando la apuesta, convergiendo los diferentes sectores de la misma en la posición de dar por tierra con las leyes sancionadas, donde las de mayor relevancia incluían una Ley de Tierras que disponía la fuerza pública y la realización de una reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y finalmente la Ley de Pesca. 

Las fuerzas contrarias al gobierno convergieron en una sociedad entre Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Venezuela (FEDECAMARAS), y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). Viendo el arco opositor infructuosos sus pedidos al gobierno, decidieron elevar la apuesta y comenzaron a llevar acciones concretas. El día 10 de diciembre del 2010 CTV y FEDECAMARAS llamaron a un paro total de las actividades, y comenzaron una estrategia de movilización con el propósito de presionar el gobierno. Si bien el gobierno no cedió a la presión sectorial, el paro fue considerado exitoso; no obstante, la espiral de radicalización y polarización política desatada a partir de ese momento no tendría fin sino hasta conseguir una derrota definitiva de alguno de los dos bandos (Spinetta, 2010).

En este sentido, el clímax de la confrontación se dio durante los sucesos de abril de 2002, donde las fuerzas políticas y sociales opositoras lograron desalojar al presidente Hugo Chávez de sus funciones a través de un golpe cívico-militar que duró 48 horas y ubicó a esas fuerzas en una postura de máxima intransigencia e intolerancia.

Enmarcado en fuertes protestas y una huelga general convocada por FEDECÁMARAS, que duró más de tres días, el 11 de abril del 2002, el mando de la oposición convocó a una marcha permitida entre los sectores caraqueños de Parque del Este y Petróleos de Venezuela (PDVSA) Chuao que luego fue desviada hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas, esta marcha fue fuertemente promovida e impulsada por los medios de comunicación privados de Venezuela. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez, y cuando ambos bandos se encontraron se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos bandos. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado tras habérselo solicitado. Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez ejecutaron un Golpe de Estado que colocó en la Presidencia al presidente de FEDECÁMARAS Pedro Carmona Estanga. Luego de fuertes protestas de los simpatizantes de Chávez y algunas presiones internacionales, ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al Gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la Presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002.

La oposición no abandonó sus esfuerzos por desalojar a Chávez del poder, aunque a través de la exclusión de la vía insurreccional: el 17 de Octubre de 2002, una coalición de partidos políticos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales opositoras a la administración de Hugo Chávez dieron inicio a la estructura supra organizacional denominada Coordinadora Democrática (CD).

Con los hechos de abril en el imaginario colectivo aún, y una situación de conflictividad creciente, autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter articularon una mesa de diálogo con el objetivo de que el gobierno y la oposición sentaran un programa común de acuerdos y cese de hostilidades. Fracasada esta instancia, la intransigencia se apoderó de la situación nuevamente y esto llevó a la declaración de un nuevo paro de actividades el día 2 de diciembre del 2002.

Los sectores de la oposición, aglutinados en la CD, la CTV y FEDECAMARAS, junto a otros partidos y organizaciones desencantadas del proyecto bolivariano como el Movimiento al Socialismo (MAS) y el partido Bandera Roja exigieron al presidente su renuncia o la realización de un referéndum consultivo de mandato. Ante la negativa de Chávez, el paro que inicialmente tendría una duración de 24 horas, se prorrogó de manera indefinida. Con una duración total de 62 días y serias consecuencias para la economía venezolana, el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003 constituyó el segundo intento frustrado de la oposición para desalojar a Chávez del gobierno.

Fracasadas las diferentes alternativas de cambio por medio de la vía extra institucional, pareció quedar “allanado” el camino para la resolución institucional de la crisis, haciendo uso de los mecanismos establecidos por la propia constitución bolivariana. En el apartado siguiente analizaremos el proceso que desembocó en el Referéndum Revocatorio9 llevado a cabo el 15 de Agosto de 2004. 

Luego del fallido golpe de Estado y del derrotado paro petrolero que procuraron deponer al presidente Chávez por vías extra constitucionales, desde el mes de febrero del 2003 sectores mayoritarios de la oposición política concentraron sus esfuerzos en alcanzar los requisitos para la realización de un referendo revocatorio.

En el mes de mayo, gobierno y oposición, con los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD), suscribieron un acuerdo donde se comprometieron a encontrar una salida a la crisis política dentro de las pautas establecidas por la constitución de 1999. En el punto 12 de dicho acuerdo, explícitamente se comprometieron a respetar y seguir los requisitos del artículo 72 de la constitución, y en el punto 13 a llevar a cabo esfuerzos para designar a los miembros de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Este acuerdo abrió cauces para que la interna conflictiva vivida desde finales del año 2001 pudiera comenzar a procesarse por medios pacíficos (Lander  y López Maya, 2005).

En el segundo semestre del 2003 fueron designados los integrantes del CNE. En ese momento, las designaciones hechas fueron reconocidas y bien recibidas tanto por las organizaciones simpatizantes del gobierno, como por las de la Coordinadora Democrática (CD). Una de las primeras tareas que tuvo que cumplir el CNE fue la elaboración de un reglamento que estableciera los procedimientos de implementación del referendo: el reglamento aprobado contó con amplio respaldo de las partes.

La recolección de firmas para solicitar los referendos revocatorios de diputados, oficialistas y de oposición, y del presidente se realizaron en dos fines de semana consecutivos, entre noviembre y diciembre de ese año. Cuando se efectiviza la entrega de las firmas, se iniciaron los conflictos.

Al revisar el CNE las firmas entregadas, se encontró con decenas de miles de datos y firmas de caligrafía similar sin nota alguna. Esta situación se presentó tanto en las firmas recogidas para el referéndum presidencial como para la revocatoria de diputados oficialistas o de oposición. El 24 de febrero el CNE tomó la decisión, por mayoría de 3 de los 5 rectores que lo integran, de someter a la observación de la Comisión Técnica Superior (CTS) del Poder Electoral más de 1.480.000 firmas. Si bien la OEA y el Centro Carter criticaron inicialmente la metodología utilizada para seleccionar las firmas a ser observadas, terminaron respaldando la decisión adoptada por el CNE.

El anuncio del CNE suscitó un vehemente rechazo por parte de la CD, que llamó a desobediencia civil lo que desencadenó cinco días de violencia en algunas ciudades del país, suceso conocido como “La guarimba”. El Bloque Democrático (BD), grupo disidente de la CD promovió entre otras por internet una acción de protesta o “desobediencia civil” que consistía en el masivo bloqueo de calles frente o cerca del hogar de cada manifestante. El objetivo era provocar una situación de anarquía y violencia que incitara la intervención de las fuerzas armadas, aunque finalmente este objetivo no fue alcanzado (Lander L. y López Maya M., 2005).

El 2 de marzo el CNE, luego de oír la opinión de la CTS y por decisión nuevamente dividida, acordó someter a ratificación o “reparo” 876.017 de las firmas bajo observación. La CD terminó aceptando cumplir con lo pautado por el CNE y las fechas para los reparos fueron fijadas y cumplidas sin mayores contratiempos. El 3 de junio el CNE dictaminó que el número de firmas recogidas y validadas cumplían con lo pautado en el artículo 72 de Constitución y fijó para el 15 de agosto la realización del referéndum revocatorio presidencial.

Los resultados de referéndum ratificaron las previsiones llevadas a cabo por las principales encuestadoras de Venezuela: 

 

Cuadro I

Principales encuestas previas al Referéndum Revocatorio

 

            Fuente: Lander, 2004

 

El resultado preliminar fue anunciado por Francisco Carrasquero, presidente y uno de los cinco rectores del CNE, en la televisión y la radio nacional aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del ya 16 de agosto después que el 94% de los votos habían sido escrutados, siendo el siguiente resultado:

·             El Si (a favor de la destitución de Chávez): 3.576.517 = 42%

·             El No (a favor de la permanencia de Chávez en el poder): 4.991.483 = 58%

Pero los resultados finales dados el 18 de agosto por el CNE fueron aún más favorables por el "No", escrutándose todos los votos, donde se reafirma en dejar sin efecto el pedido del cese del gobierno de Chávez, con una abstención de 30,08%:

 

 

                                                  Cuadro II 

Resultados Referéndum Revocatorio Presidencial

15 de agosto de 2004

 

	Votos	%
Censo electoral	14.037.900	100,00%
Total votos	9.815.631	69,92%
Total votos válidos	9.789.637	99,74%
Total votos inválidos	25.994	0,25%
Total votos Si (a favor de la destitución de Chávez)	3.989.008	40,64%
Total votos No (en contra de la destitución de Chávez)	5.800.629	59,1%

                                            Fuente: Consejo Nacional Electoral-CNE

Estas elecciones tuvieron una muy numerosa presencia de observadores internacionales, incluyendo a las dos organizaciones que la dirigencia de la oposición había señalado como los únicos árbitros confiables en cuyo veredicto aceptarían: la OEA y el Centro Carter.

 

Precisamente esta última organización elaboró un informe reconociendo la validez de los resultados electorales; en las conclusiones del mismo se señalaba lo siguiente:

 

La conclusión del Centro Carter es que las máquinas de votación automatizada  funcionaron bien y que los resultados de la votación reflejan la voluntad del pueblo. Nuestro conteo rápido incluyó también a los centros de votación manual, y no hubo casi preocupaciones a este respecto.

Esperamos que estas conclusiones le den al pueblo de Venezuela confianza en que el sistema automatizado funcionó adecuadamente, específicamente frente a la cercanía de las elecciones regionales.

El Centro Carter en su reporte final al Consejo Nacional Electoral con su evaluación de todo el proceso y con recomendaciones específicas para mejorarlo.

La masiva votación de cerca de un 73% del REP refleja el intenso interés suscitado por el referéndum revocatorio. Se debe hacer un reconocimiento al pueblo de Venezuela que permaneció en las filas durante horas sin generar incidentes, en una demostración cívica de participación y orgullo ciudadano.

Instamos a todos los ciudadanos a aceptar esos resultados y a mirar hacia el futuro. El 41% de la población que votó por un cambio en la presidencia tienen preocupaciones legítimas que deben ser atendidas. Urgimos al gobierno a reconocer los derechos y las preocupaciones de esta enorme minoría y a iniciar discusiones con ellos que les permita crear una visión común sobre el futuro de Venezuela. También instamos a aquellos que conforman la oposición a buscar caminos que les permitan trabajar de manera constructiva con el gobierno a fin de alcanzar los sueños de todos los venezolanos (Centro Carter, 2004).

Así también desde el propio informe se plantearon una serie de recomendaciones a futuro:

A fin de que Venezuela pueda avanzar hacia los próximos procesos electorales previstos para elegir gobernadores y alcaldes a fines de septiembre, nos permitimos respetuosamente sugerir algunos pasos que ayudarían a generar confianza en el proceso y a asegurar mayor eficiencia:

·           Los procesos electorales automatizados son la tendencia dominante hacia el futuro, pero es necesario que los ciudadanos confíen en estos nuevos sistemas. Aun cuando pensamos que las máquinas de votación funcionaron bastante bien, creemos que una posterior evaluación e información generada por otras compañías de tecnología similar ayudaría a informar mejor al público venezolano sobre los diversos sistemas automatizados.

·           El CNE sufrió la ausencia de comunicación y coordinación interna, lo que bloqueó la capacidad de los miembros del Directorio para tomar decisiones a tiempo y para que la organización funciones con eficiencia. Urgimos a los Rectores a compartir información, y a desarrollar una mayor comunicación y coordinación entre ellos y con los miembros de las otras instancias del CNE.

·           La transparencia es la base fundamental de la confianza. Durante los últimos ocho meses, la ausencia de una política de información del CNE al público de Venezuela, los partidos políticos y hasta los observadores internacionales ha generado preocupaciones y sospechas innecesarias. Reclamamos mayor transparencia a todos los niveles, a fin de asegurar la confianza en los futuros procesos electorales (Centro Carter, 2004).

La reacción de la oposición no se hizo esperar, dado que la misma impugnó los resultados del proceso revocatorio en medio de fuertes denuncias de fraude electoral10, esta actitud tuvo su traducción en relación a los procesos electorales subsiguientes: así durante las elecciones regionales del mes de Octubre del mismo año 2004 y municipales de agosto del 2005 los resultados de la oposición fueron magros, decidiendo en diciembre del mismo año 2005 todas las fuerzas opositoras abstenerse en las elecciones para la renovación de representantes de la asamblea nacional; esto permitió al Movimiento Quinta República (MVR) y sus aliados políticos obtener el 100 por ciento de los escaños parlamentarios.

En este escenario de fortalecimiento del oficialismo y fragmentación/desmoralización de la oposición, se desarrollaron las elecciones presidenciales el día 3 de diciembre de 2006 con el resultado de un nuevo triunfo del presidente Hugo Chávez Frías por un porcentaje del 62, 84% de los votos positivos frente al 36,90% de los votos obtenidos por el candidato de la oposición, Manuel Rosales, en ese entonces gobernador del estado de Zulia, abriendo inicio a la etapa de “consolidación” del régimen político.

Cuadro III

Resultado Elecciones Presidenciales Venezuela

3 de Diciembre de 2006

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral-CNE

4.       La democracia iliberal/ delegativa (2006-2015)11.

 

Poco antes de finalizar la campaña y ratificado luego del triunfo electoral, el presidente Chávez anunció su intención de conformar una comisión para evaluar, formular y abriera debate los contenidos de una reforma constitucional que fortaleciera el proyecto socialista, calificado como “originario, indígena, cristiano y bolivariano” (Lander. y López Maya, 2007). Así también Chávez anunció la conformación de un partido único, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y la desaparición de su organización electoral, el Movimiento Quinta República (MVR).

El objetivo de reformar la carta magna de 1999 en palabras del diputado del MVR Carlos Escarrá no era otro que el de poder crear formar y organizar el poder popular como una estructura orgánica del estado y no como un simple elemento de política abstracta. Ello remite a la inclusión de la reelección indefinida del presidente de la República. Por otra parte, el modelo de desarrollo que se intentaría definir a partir de esta reforma de la constitución estaría dirigido hacia la ampliación de nuevas formas de producción que podrían convivir junto con la propiedad privada de los medios de producción, siendo la más importante para el gobierno la estatal, en convivencia con las empresas mixtas, las empresas de producción social y los procesos de cogestión (Maingon, 2007, LGDESN, 2008).

El 2 de diciembre del 2007 se lleva finalmente a cabo el referéndum sobre la propuesta de reforma constitucional: hecha inicialmente por el presidente venezolano Hugo Chávez, la misma sería luego ampliada por la Asamblea Nacional de Venezuela con el objeto de modificar 69 artículos de la Constitución de 1999. En un complejo aunque corto cuestionario, los ciudadanos venezolanos dirimieron la consulta realizada en base a dos preguntas principales:

 

¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final; presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?

Bloque A

Artículos: 11, 16, 18, 64, 67, 70, 87, 90, 98, 100, 103, 112, 113, 115, 136, 141, 152, 153, 156, 157, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 272, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329, 341, 342, 348.

Bloque B

Artículos: 21, 71, 72, 73, 74, 82, 109, 163, 164, 173, 176, 191, 264, 265, 266, 279, 289, 293, 295, 296, 337, 338, 339.

 

El pronunciamiento ciudadano constituyó la primera –y única- derrota del presidente Hugo Chávez: por un ajustado margen es rechazada la propuesta de reforma constitucional, en particular el polémico artículo 230 relacionado con la introducción de la cláusula de la reelección indefinida:

Cuadro IV

Resultados referéndum constitucional

2 de Diciembre de 200712

 

Bloque	Opción SI	SI	Opción NO	NO
A	4.404.626 votos	49,34%	4.521.194 votos	50,65%
B	4.360.014 votos	48,99%	4.539.707 votos	51,01%

Fuente: CNE y Wikipedia.

 

La derrota fue reconocida por el propio Hugo Chávez, aunque caracterizándola como una “victoria de mierda”13. Inmediatamente después de referéndum de 2007, un parlamentario del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Hernández, expresó que la propuesta podía ser presentada nuevamente, sólo que la iniciativa no podía partir del Presidente, pero sí del parlamento o de los ciudadanos.

Un mes después, durante un discurso a la Nación, Chávez dijo que para 2009 incluiría otra pregunta en el hipotético caso de un referendo presidencial, que según él podría plantearse de la siguiente forma: "¿Está Usted de acuerdo con realizar una enmienda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permita la reelección indefinida?".

A todo esto, la oposición sostuvo que esta consulta sería ilegal, alegando que la propuesta ya había sido rechazada en el referéndum del 2007, y que no era posible presentar una reforma de la Constitución en un mismo período constitucional. Sin embargo, durante la mayor parte del 2008, el tema de la reelección se mantuvo de bajo perfil, porque se inició la discusión para las candidaturas de gobernadores y alcaldes para las elecciones regionales de ese año.

El 1 de diciembre de 2008, una semana después de las elecciones regionales, Chávez propuso un referéndum con el objetivo de levantar el límite al número de reelecciones presidenciales. Una propuesta inicial del partido oficialista Patria Para Todos (PPT), de incluir a todos los funcionarios electos, fue rechazada inicialmente por Chávez, aunque finalmente fue aceptada esta iniciativa.

El Referéndum constitucional de Venezuela de 2009, también llamado Referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional, se llevó a cabo el domingo 15 de febrero de 2009 para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. La siguiente pregunta fue el objeto de la consulta ciudadana:

 

¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección, exclusivamente, del voto popular?

 

La propuesta es aceptada con el 54,85% de los votos frente al 45,14% por la negativa a la modificación. La participación en los comicios alcanzó el 70,32% de los electores.

 

Cuadro V

Resultados Referendo Aprobatorio de la enmienda Constitucional14

15 de Febrero de 2009

 

Opción	Votos	Porcentaje
SI	6.310.482	54,85%
NO	5.193.839	45,14%

Fuente: CNE.

Quedaba abierto de esta manera el camino para una nueva presentación de Hugo Chávez Frías como candidato a presidente de Venezuela en los comicios previstos para el 2012, sin embargo este proceso va a estar signado por una inesperada noticia: el 10 de junio del año 2011, Hugo Chávez Frías es operado de urgencia en La Habana a causa de un "absceso pélvico". En ese momento no se habla de cáncer.

Veinte días después, el 30 de junio, el presidente venezolano se somete a una segunda intervención quirúrgica en la que se descubre un tumor cancerígeno. En septiembre de ese mismo año, el propio Chávez anuncia que termina su tratamiento de quimioterapia. La penúltima de sus operaciones fue hace casi un año, en febrero de 201215

Declarando estar “totalmente libre del cáncer”16 Hugo Chávez encabeza en una nueva oportunidad las listas del PSUV para las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 7 de Octubre de 2012, derrotando en esta oportunidad al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles Radonski obteniendo el 55,07 por ciento de los votos frente al 44,31 por ciento del candidato opositor, alcanzando la participación electoral el 80,49 por ciento del padrón electoral.  

 

 

Cuadro VI

Resultados elecciones presidenciales en Venezuela

7 de Octubre de 2012.

 

Candidato	Votos	Porcentaje
Hugo Chávez Frías (PSUV)	8.191.132	55,07%
Henrique Capriles Radonski (MUD)	6.591.304	44,31%
Reina Sequeira (PL)	70.567	0,47%
Luis Reyes (ORA)	8.214	0,05%
María Bolívar (PDUPL)	7.378	0,04%
Orlando Chirino (PSyL)	4.144	0,02%

Fuente: CNE y Wikipedia

 

El clima electoral favorable al oficialismo del mes de octubre se verá ratificado en los comicios regionales del 16 de diciembre del 2012, aumentando el mismo el número de gobernaciones de 15 a 20, conservando la oposición solo 3 de los 7 distritos en su poder hasta ese entonces17.

Con el agravamiento de su enfermedad, Hugo Chávez Frías anuncia en los primeros días del mes de diciembre del 2012 el alejamiento “temporario” de sus funciones para someterse a una nueva operación en La Habana y designa, siendo esta su última decisión política pública, como sucesor a Nicolás Maduro en caso de que se diera la situación de nuevas elecciones sin su presencia física.

Como vicepresidente, Maduro asumió las funciones administrativas  y económicas de Venezuela durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Al morir Chávez el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió 3 días después la jefatura de Estado y de Gobierno como «presidente encargado de Venezuela» hasta la celebración de elecciones presidenciales. Ante esta situación, algunos medios de comunicación internacionales destacaron que, según su interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, no sería el vicepresidente Maduro sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien tendría que haber asumido la presidencia interina de la república. Sin embargo, el mismo día del juramento de Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró que su presidencia era constitucional en base al mismo artículo.

El resultado electoral cerrado en las elecciones del 14 de abril del 2013 reabrió viejas heridas políticas en la medida en que, bajo condiciones de un escrutinio disputado pero favorable al oficialismo a una sola vuelta y con fórmula de mayoría relativa, se (re)instalan las sospechas de fraude por parte de quien detenta la conducción política del estado.

Cuadro VII

Resultados Elecciones Presidenciales Venezuela

14 de Abril de 2013

 

Candidato	Número de votos	Porcentaje
Nicolás Maduro	7.587.579	50,61 %
Henrique Capriles Radowski	7.363.980	49,12 %
Eusebio Méndez	19.498	0,13 %
María Bolívar	13.309	0,08 %
Reina Sequera	4.241	0,02 %
Julio Mora	1.936	0,01 %
Votos validos	14.990.543	99,55 %
Votos Nulos	66.937	0,44 %
Votos Escrutados	15.057.480	99,99 %

Fuente: Consejo Nacional Electoral-CNE

 

Al problema de los cuestionamientos sobre la legitimidad de origen del gobierno de Nicolás Maduro se sumaron las manifestaciones iniciadas el 4 de febrero de 2014 en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, como consecuencia de la inseguridad, el alto nivel de la inflación y la escasez de productos básicos. Los manifestantes alegan que estos problemas han sido causados por las políticas económicas del gobierno venezolano ―entre ellas los estrictos controles de precios―, los cuales han llevado a uno de los niveles de inflación más altos del mundo en la actualidad.

El 12 de febrero de 2014, la ciudad de Caracas se sumó a las protestas, convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López  y organizadas en conjunto con movimientos estudiantiles. Se realizan en varias ciudades del país, y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el descontento ante la supuesta vulneración de los derechos civiles (una «suspensión de garantías»), la escasez crónica de productos básicos, los altos niveles de violencia delictiva y la presunta injerencia de Cuba en la política de Venezuela.

A la par de las manifestaciones de oposición, el Gobierno también convocó a marchas a su favor en Caracas y en otras ciudades. El Ejecutivo afirma que no se han suspendido garantías y que en Venezuela se vive el ejercicio pleno de las libertades civiles. El gobierno de Maduro identifica a los manifestantes y líderes opositores que, según el discurso oficial, promueven violencia y odio como “fascistas”.

Hasta el momento, las manifestaciones y los disturbios han dejado un saldo de 42 fallecidos (oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros), más de 486 heridos y 1854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal Venezolano denuncia 33 supuestos casos de tortura.

Se ha informado la comisión de actos vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones, que el gobierno venezolano atribuye a supuestos opositores, así como la existencia de bandas armadas motorizadas o «colectivos», formadas supuestamente por simpatizantes del gobierno, que atacan a los manifestantes de la oposición y que habrían causado varias muertes y agresiones.

El 21 de febrero el gobierno venezolano retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los canales internacionales NTN24 y CNN en Español, retractándose de su decisión el 22 de febrero con CNN, emitiendo nuevas credenciales para los periodistas de la cadena estadounidense.

El 10 de abril de 2014 se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre representantes de la oposición venezolana e integrantes del gobierno nacional. El encuentro tuvo lugar en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, ubicado en la capital del país. El proceso de mediación se llevó a cabo mediante la participación de la canciller Colombiana María Ángela Holguín y el canciller de Ecuador Ricardo Patiño Aroca y el canciller de Brasil  Luiz Alberto Figueredo, y un representante del Vaticano a través del nuncio apostólico en Caracas Aldo Giordano que sirvió de testigo a petición de la oposición Venezolana. 

El presidente Maduro fue acompañado por Cilia Flores, la primera dama; el vicepresidente Jorge Arreaza; el canciller Elías Jaua, el secretario del Movimiento Tupamaro José Tomás Pinto y el alcalde de Libertador Jorge Rodríguez, entre otros. El excandidato presidencial y gobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski fue acompañado de diferentes representantes de la Mesa de la Unidad Democrática entre ellos Ramón Guillermo Aveledo y Henry Ramos Allup. La reunión contó con 22 oradores en total, 11 de la MUD Y 11 del gobierno. Los integrantes tocaron diferentes temas durante 5 horas en cadena nacional de radio y televisión. El papa Francisco envió una carta a los integrantes de la reunión con la cual se dio inicio al diálogo.

Sin embargo el diálogo se vio interrumpido luego de la última reunión llevada a cabo el 13 de mayo cuando la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que congelaba su participación a la espera de algunos "gestos" de parte del Gobierno, entre los que incluyó la liberación de los "presos políticos".

La MUD ha dicho que en el escenario del diálogo pidió al Gobierno la creación de una "verdadera Comisión de la Verdad" que no esté conformada por dirigentes de ninguno de los dos bandos. Además, la alianza opositora solicitó la liberación por motivos de salud del comisario Iván Simonovis, condenado por 2 de las 19 muertes registradas durante el fallido golpe de 2002 contra el entonces presidente, Hugo Chávez, y la revisión de los casos de los que considera presos políticos.

El año 2015 se vio sacudido por un hecho político sin precedentes en los años de la “Revolución Bolivariana”; el día 6 de diciembre de 2015 se celebraron las elecciones parlamentaria  para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional, mediante votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional. Las elecciones resultaron en la victoria de la  Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal movimiento de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (56,2% de los votos), y la primera victoria electoral de peso para la oposición en 17 años.

 

 

Cuadro VIII

Composición Asamblea Nacional en 2010 y 2015.

 

	2010	2015
Gran Polo Patriótico-GPP	98	55
Mesa de la Unidad Democrática-MUD	65	11218
Patria Para Todos-PPT	2

Fuente: elaboración propia en base a Consejo Nacional Electoral-CNE y Wikipedia.

 

El contundente resultado fue aceptado por el presidente Maduro, aunque con una muy particular lectura del mismo:

 

Ha triunfado la guerra económica, ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país, ha triunfado circunstancialmente el estado de las necesidades creado por una política de capitalismo salvaje, de esconder los productos, de encarecerlos, es una guerra sin parangón, sin igual19.

 

De esta manera la Revolución Bolivariana se veía sacudida por una nueva “victoria de mierda” de la oposición, como aquella acontecida en 2007, que abría la puerta a la radicalización y endurecimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

 

5.    Autoritarismo a Secas (2016-2017).

 

Si la etapa comprendida entre los años 2016 y 2015 podría ser definida haciendo referencia a términos tales como “democracia delegativa”, “democracia iliberal” o “autoritarismo electoral o competitivo”, dando cuenta de la hibridez del régimen político venezolano, en el caso particular de este tramo presente de la vida política de Venezuela el término “autoritarismo electoral” entre otros utilizado abre paso a la denominación del Régimen Político de Gobierno como “autoritarismo a secas”, más autoritario menos electoral. El triunfo del MUD en las elecciones legislativas del mes de diciembre de 2015 representa sin lugar a dudas una bisagra en la evolución del gobierno de Nicolás Maduro y del Régimen Político en Venezuela.

La inesperada muerte de Hugo Chávez Frías en el año 2013 había dado comienzo ya a una etapa de profundización y mayor radicalización política del régimen: un proceso electoral controversial en 2013, los sucesivos y fallidos intentos de diálogo político con intervención internacional mediante en 2014 y 2016, el desconocimiento por parte del oficialismo del triunfo opositor en la Asamblea Legislativa a fines del 2015 y los sistemáticos intentos de bloqueo del funcionamiento de dicho cuerpo colegiado a partir del 2016 como así también de la realización del Referéndum Revocatorio y nuevas elecciones regionales representan claros indicadores de la radicalización del gobierno venezolano.

El intento del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela de asumir aquellas funciones legislativas correspondientes a la Asamblea Nacional perpetrado en el transcurso del mes de Febrero representó un escalón más en la creciente radicalización que caracteriza al gobierno venezolano.

Esta iniciativa reconoce como antecedentes la disolución del parlamento llevada a cabo por José María Bordaberry en Uruguay en 1973 y años después por Alberto Fujimori en Perú en 1992, en un contexto de enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La particularidad de este intento de intervención en la Asamblea Legislativa en Venezuela ha estado dada por la intervención del poder judicial representando una suerte de “Golpe de Estado Judicial” en lugar del tradicional golpe civil con soporte en las FFAA como el protagonizado en Uruguay y Perú.

La expresión Golpe de Estado se usó posiblemente por primera vez cuando Napoleón, el 9 de noviembre de 1799,  provocó la caída del directorio y se incorporó definitivamente en el uso del vocabulario político cuando Luis Napoleón, el 2 de diciembre de 1851, disuelve la asamblea, ordena el arresto de su principales opositores y solicita al pueblo el poder de dictar una nueva constitución.

Tres son las acepciones más corrientes: a) Alzamiento contra el orden político vigente por parte del propio jefe de gobierno o alguno de sus componentes, b) Medida grave, que puede o no ser violenta, por el que uno de los poderes del estado usurpa atribuciones del otro, c) Uso en todo o en parte, de coerción de un sistema político para cambiar a las autoridades o las reglas legales, o parte de ellas, en condiciones que violan dichas reglas legales (Arlotti, 2003).

En función de los acontecimientos sucedidos, se ha tratado claramente de un golpe de estado (o tentativa de por lo menos) en la medida en que el proceso cumple con los atributos descritos en las acepciones a y b.

Esta situación se ha visto agravada por la inhabilitación judicial de dirigentes de la oposición como el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y la más reciente convocatoria a una asamblea constituyente con el propósito de aprobar una nueva propuesta constitucional destinada a profundizar el proceso revolucionario, sin conocerse al momento de escribir estas líneas iniciativa alguna dirigida a la normalización del proceso electoral.

Se ha intentado equiparar esta situación con el proceso de impeachment que culminó con la destitución de Dilma Rousseff durante el año 2016; a diferencia de lo acontecido en Venezuela, la ex presidente de Brasil se sometió al proceso judicial que culminó con su remoción sin apelar a mecanismos tan “heterodoxos” como los implementados en Venezuela y al mismo tiempo se vio garantizado el proceso de continuidad institucional con la sucesión de Michel Temer al frente del poder ejecutivo aún en tan crítica coyuntura20.

En resumidas cuentas, mientras en Brasil el problema ha sido (y probablemente es) más de legitimidad que de legalidad, en Venezuela el dilema tiene lugar tanto en términos de legitimidad política como de legalidad.

 

 

 

 

6.    Conclusiones.

 

El presente trabajo ha tenido como propósito principal explorar el proceso de transformación del Régimen Político en Venezuela entre 1999 y 2017, partiendo de la premisa de que se trata de un proceso no-lineal tanto en su desarrollo como en la propia evolución del régimen político de gobierno.

Bajo esa premisa, hemos distinguido en el desarrollo del proceso político acontecido en la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 a la actualidad cuatro etapas principales; la Fundacional dictatorial entre 1999 y 2001, de Crisis entre 2002 y 2005, Democrática Iliberal/Delegativa entre 2006 y 2015 y Autoritaria a secas desde el 2016 a la fecha presente.

La definición de Régimen Político de Gerardo Munck (1996) bien puede representar una adecuada metáfora para comprender la naturaleza de la crisis que vive la república Bolivariana de Venezuela hoy, consistente en la ausencia de aceptación o por lo menos tolerancia del resultado del proceso electoral por parte de los actores participantes del juego político, tanto de la oposición en las primeras etapas del régimen –habiendo transitado desde una estrategia “destituyente” a una de carácter abstencionista y finalmente a retomar la vía electoral- como del oficialismo a partir de las derrotas de 2007 y 2015 –habiendo caracterizado las victorias de la oposición como “victoria de mierda” y “triunfo de la guerra económica” respectivamente.

¿Cuál es la consecuencia principal de esta crisis política que se ha tornado crónica? La persistencia de un conflicto que se desarrolla en tres ámbitos concurrentes y al mismo tiempo diferenciados: la calle, las instituciones del estado y el terreno simbólico.

En el terreno del espacio público, esto tiene manifestación en las movilizaciones llevadas a cabo por los adherentes al oficialismo y la oposición, en muchas de ellas con confrontación directa y en la mayor parte con la utilización por parte del estado de su aparato represivo; respecto al territorio de las instituciones políticos el choque se produce entre un oficialismo con control de cuatro de los cinco poderes del estado-Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral- y la oposición que ejerce el control de la asamblea legislativa con fuertes embates desde las distintas agencias del estado bajo control del gobierno nacional. En el plano simbólico, la irreconciliable disputa tiene expresión a través dos visiones sobre la caracterización del régimen político –Democracia Popular o Dictadura- resultado del choque entre definiciones en conflicto sobre la democracia –Representativa vs Popular-

En este escenario de confrontación y radicalización creciente cabe preguntarse si tiene salida la crisis en Venezuela; la dinámica que ha adquirido el conflicto nos lleva a ser más bien escépticos en función de los posibles desenlaces de la crisis:

 

1)   Diálogo Político: esta alternativa parece ser de poca viabilidad a la fecha, en primer lugar por el desgaste que ha sufrido la utilización de herramienta al fracasar las iniciativas de los años 2014 y 2016, en segundo lugar por la ausencia de interlocutores moderados en el oficialismo y la oposición que pudieran encabezar el proceso de negociación, y en tercer término por la carencia de un interlocutor externo con reconocimiento como tal por las partes; por distintas circunstancias ni la OEA ni el Vaticano ni los Estados Unidos podrían cumplir ese rol. Una alternativa podría ser el involucramiento de alguna potencia moral reconocida como tal, como es el caso de Noruega.

 

2)   Guerra Civil: Este desenlace no puede ser descartado como opción en condiciones de una polarización creciente, y un aumento del número de segmentos de la población –no solo las fuerzas armadas- con acceso a armas: se estima que hay aproximadamente 200.000 ciudadanos civiles integrantes de milicias paraestatales con entrenamiento militar para un conflicto más extendido, con la población civil o con la propia FANB.

 

3)   Revolución dentro de la revolución: a través de un golpe –militar o cívico-militar- que pudiera ser llevado a cabo por oficiales de media y baja graduación directamente involucrados en los operativos de represión de la población civil, reeditándose aquellas condiciones que, como el Caracazo en su oportunidad, fueron el origen de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 encabezada por el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Se desconoce la dinámica al interior de la oficialidad como así también la existencia de sectores de estratos bajos y medios que bajo el liderazgo de “algún Hugo Chávez Frías” pudieran llevar a cabo un alzamiento militar.

 

No obstante el panorama descrito, nuestro deber es seguir siendo, parafraseando a Antonio Gramsci, pesimistas en el pensamiento y optimistas en la voluntad.

 

7.       Bibliografía.

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