Resumen
–Grosso modo, la
calidad de vida, en tanto consecuencia de las políticas de desarrollo local
emergió en los esquemas de cooperación regional y sustitución de importaciones,
desplegando subsidios de fomento empresarial. En tal sentido es que el objetivo
de presente trabajo es exponer los ejes y trayectorias de relaciones entre los
factores alusivos a la calidad de vida como un efecto de los consensos y
disensos entre gobernantes y gobernados, aún y cuando la literatura advierte
que más bien se trata de una consecuencia de los lineamientos de organismos
internacionales. Se realizó un estudio documental con una selección de fuentes
indexadas a repositorios institucionales. A partir del análisis Delhi se
discuten los alcances y límites de tres enfoques y sus contribuciones al estado
de la cuestión. Se recomienda una extensión del estudio y un análisis de datos
que permita alcanzar un enfoque integral.
Palabras
clave –Calidad de vida, desarrollo local, fomento
empresarial, servicios públicos, emprendimiento social
Theory
of quality of life in local development policies
Abstract
-Grossly, quality of life, as a consequence
of local development policies emerged in the regional cooperation and import
substitution schemes, deploying subsidies for business development. In this
sense, the objective of this paper is to expose the axes and trajectories of
relationships between factors alluding to quality of life as an effect of the
consensus and disagreements between the rulers and the governed, even though
the literature warns that it is rather it is a consequence of the guidelines of
international organizations. A documentary study was carried out with a
selection of sources indexed to institutional repositories. From the Delhi
analysis, the scope and limits of three approaches and their contributions to
the state of the question are discussed. It is recommended an extension of the
study and a data analysis to achieve a comprehensive approach.
Keywords
-Quality of life, local development,
business development, public services, social entrepreneurship
Teoría
de la calidad de vida en las políticas de desarrollo local
Francisco Espinoza-Morales
http://orcid.org/0000-0002-4252-5893
Wilfrido Isidro Aldana-Balderas
http://orcid.org/0000-0003-3407-7412
Arturo Sànchez-Sànchez
http://orcid.org/0000-0002-4946-1559
Cruz García Lirios
http://orcid.org/0000-0002-9364-6796
Enrique Martínez Muñoz
http://orcid/org/0000-0001-6418-5292
Introducción
La
calidad de vida, para los fines del presente trabajo, refiere a un sistema de
gestión y administración de los recursos y los servicios orientados al confort,
la satisfacción y la felicidad. En relación con el desarrollo local, el cual
sugiere un sistema de cogestión entre gobernantes y gobernados a fin de poder
integrar las unidades productivas a la dinámica regional, nacional o
internacional, la calidad de vida resulta ser indicativa de las diferencias
entre los actores políticos y sociales con respecto a las experiencias
positivas que definirán el bienestar subjetivo, principal dimensión de la
calidad de vida (Abolfotouh et al., 2013).
De este modo, los marcos teóricos, conceptuales y
empíricos distinguen entre calidad de vida y desarrollo local en cuanto que
ésta primera es reflejo de las políticas de bienestar social y fomento
empresarial, pero no en un sentido económico sino en cuento a las percepciones
de los gobernantes con respecto al desempeño de sus autoridades (Baldi y
García, 2010).
En consecuencia, la calidad de vida sería indicativa
del bienestar social y las políticas como las estrategias de gobierno para el
desarrollo local, pero si tal proceso genera insatisfacción o experiencias
negativas en los gobernados, entonces la calidad de vida adquiere una dimensión
social en cuanto a que alude a capitales o relaciones entre los sectores
vulnerados por la ineficacia gubernamental (Benites, 2010).
Es decir que en un contexto de ingobernabilidad, la
rectoría del Estado deja de ser el eje la calidad de vida y propicia la
organización civil en torno a experiencias que, si bien no son positivamente
satisfactorias, cuando menos descargan la responsabilidad en el Estado y
aminoran la responsabilidad de la sociedad civil ante sus demandas y
expectativas (Farraguti, 2012).
De esta manera es como el bienestar social propiciado
por el Estado cuando éste no se genera, emerge el bienestar subjetivo
consistente en la autogestión y la autoadministración de recursos con la
intención de satisfacer necesidades y expectativas sociales que excluyen a los
gobernantes de tal esquema (Grimaldo, 2010).
Incluso, la emergencia de una sociedad civil organizada
para garantizar la satisfacción y el bienestar personal, supone la reducción
del Estado a una función gendarme en la que la propia seguridad ya no es de
carácter social, nacional o territorial sino más bien ciudadana y privada
(Melendro, 2011).
Por consiguiente, altos niveles de calidad de vida
corresponden a la reducción de asimetrías entre los actores políticos y
sociales, así como una organización civil fusionada con las instituciones estatales.
Se trata de una gobernanza o cogobierno en el que la calidad de vida sería el
indicador por excelencia (Reyes, 2010).
Empero, los estudios de la calidad de vida separan a
ésta del bienestar social y bienestar subjetivo, advirtiendo que se trata de un
proceso de gestión local sin considerar las asimetrías entre gobernantes y
gobernados al momento de establecer los temas prioritarios en la agenda local
(Tariq, 2012).
Por consiguiente, es menester llevar a cabo un estudio
preliminar a fin de poder establecer los ejes y temas centrales de la agenda
local y en relación con la rectoría del Estado, cristalizado en políticas de
bienestar social, la participación civil traducida en estrategias de bienestar
subjetivo y la calidad de vida como la intersección de ambos tipos de bienestar
(Sandoval et al., 2017).
El objetivo del presente trabajo fue revisar la
literatura y discutir el vínculo entre ambos tipos de bienestar en relación con
los hallazgos reportados de la calidad de vida. Se realizó un trabajo documental,
transversal y exploratorio con una selección de fuentes indexadas a
repositorios locales como Latindex y Redalyc, considerando el año de
publicación de 2000 a 2017, así como la inclusión de conceptos tales como:
“calidad de vida”, “bienestar social” y “bienestar subjetivo”. Se utilizó la
técnica Delphi, la cual consiste en la comparación y la integración de
información a fin de poder establecer una discusión de la problemática y
anticipar escenarios futuros de estudio.
El proyecto se inscribe en la disciplina de trabajo
social, área de estudios documentales con términos provenientes de la
psicología social, la sociología política y la economía solidaria.
Teoría
de la calidad de vida
Los marcos teóricos que explican la calidad de vida
son: 1) bienestar social, 2) establecimiento de agenda, 3) bienestar subjetivo.
La calidad de vida, desde los tres enfoques alude a un
sistema de gestión y autogestión de los recursos y servicios considerados
bienes públicos susceptibles de ser asumidos como privados a fin de poder
garantizar la confianza, compromiso y satisfacción entre los actores políticos
y sociales, los cuales indicarían un cogobierno del desarrollo local (Arístegui
y Vázquez 2013).
El énfasis de la incidencia de las organizaciones
civiles en las instituciones estatales indica una calidad de vida centrada en
el bienestar subjetivo, pero también la emergencia de una administración
pública cercana a las necesidades y expectativas de la sociedad civil
(Barranco, 2010).
Si más bien, se destaca la influencia de las
instituciones sobre las organizaciones civiles, entonces es posible observar
una calidad de vida centrada en el bienestar, la asistencia y los servicios
sociales (Derya, 2012).
No obstante que las teorías destacan la importancia de
un diálogo entre los sectores organizados de la sociedad civil y las
instituciones estatales, la calidad de vida ha sido más atribuida a proyectos
de desarrollo urbano emergentes en los que las autoridades están al margen del
crecimiento de la infraestructura y sólo se encargan de la seguridad,
soslayando su participación en las organizaciones civiles, las cuales sólo
aspira a regular financieramente (Machado, Anarte y Ruíz, 2010).
De este modo, el bienestar social es reflejado por una
calidad de vida centrada en la provisión de recursos y servicios públicos, así
como en la prevención del delito en torno a los bienes privados. O bien, la
calidad de vida es considerada como resultado de un nivel de desarrollo local
en el que el Estado sólo gestiona el enlace entre las organizaciones civiles
con organismos financieros, transnacionales o sus homónimos en otras regiones
(Picazo et al., 2011).
Pues bien, cuando el Estado ni previene los conflictos
ni los atiende con el concurso de sus instituciones, la calidad de vida parece
confinarse una dimensión más privada que local o regional. La emergencia de
una agenda centrada sólo en las necesidades y expectativas de la ciudadanía con
mayor poder adquisitivo adquiere el nombramiento y mandato social de calidad de
vida (Quiceno y Vinaccia, 2013).
En tal sentido es que la experiencias positivas son
satisfactorias para residentes que cuentan con los recursos y servicios
necesarios para su salud, educación, trabajo, recreación o esparcimiento. Se
trata de un bienestar subjetivo que no sólo excluye a quienes comparten los
recursos y los servicios provistos por las instituciones estatales, sino además
reducen la función rectora del Estado al respaldo financiero, el mantenimiento
de infraestructura o la reparación de instalaciones que inhiben la experiencia
subjetiva de calidad de vida residencial o barrial (Sadeghzadeh,
2012).
En ambos casos, bienestar social y bienestar subjetivo,
el establecimiento de una agenda personal, barrial, local o pública es de suma
importancia. Se trata de un proceso de incidencia en políticas o estrategias
que responsabilizan o exculpan a cada uno de los actores en función del impacto
de una difusión informativa relativa a un problema de recursos o servicios
públicos (Carreón, 2016).
La agenda resultante de las diferencias y similitudes
entre gobernantes y gobernados refleja un nivel de calidad de vida, bienestar
social y subjetivo desde el que es posible anticipar un escenario de conflicto
entre los actores políticos y sociales. Esto es así porque la agenda resultante
devela el grado de satisfacción de los implicados con respecto al desempeño de
su contraparte (Carreón y García, 2017).
Por consiguiente, los aspectos más detallados de las
asimetrías entre la influencia de las organizaciones civiles en las instituciones
y de éstas en aquellas sugiere la posibilidad de llevar a cabo un análisis más
puntual en el reporte de los hallazgos (Carreón y García, 2013).
Estudios
de la calidad de vida
La calidad de vida entendida como satisfacciones
relacionadas con recursos, valores, normas, expectativas, percepciones y
capacidades es un tema central en la agenda de salud pública para el desarrollo
local sustentable (Carreón et al., 2013).
Algunos estudios relativos a la calidad de vida
establecen diferencias significativas entre sexos con respecto a transporte,
empleo y recreación. Así mismo, cuando se pondera como un sistema perceptual de
los recursos alrededor del individuo y en referencia al grupo primario, se
considera un estilo de bienestar personal que se orienta a la integración
social (Carreón et al., 2014).
Empero, la calidad de vida se correlaciona con la
ansiedad y la depresión en situaciones de incertidumbre médica y deterioro de
la salud. Es decir, la calidad de vida es el resultado de la percepción de
escasez de recursos más que de las esperanzas generadas a partir de las
capacidades personales. Las oportunidades parecen reducirse a su mínima
expresión y con ello la responsabilidad de autogestión se incrementa y se
observa un mejoramiento de expectativas a través de los nexos entre los
integrantes de un grupo social, familiar o escolar (Carreón et al., 2016).
Las dimensiones alusivas a la calidad de vida tratan
del bienestar económico, la relación interpersonal de pareja, situación
familiar, contexto de vecindario, capital social y estado de salud. Por
consiguiente, la calidad de vida es un entramado de expectativas que parten de
un núcleo figurativo para incidir en las decisiones de distribución de recursos
(Carreón et al., 2017).
Cuando el individuo atraviesa por una coyuntura
económica, sanitaria, familiar o interpersonal, a menudo estima que su calidad
de vida se ha modificado sustancialmente. De inmediato se activan expectativas
estéticas, afectivas y racionales que impulsan acciones que se dirigen a la
generación de oportunidades y actualización de capacidades del sujeto para con
el grupo al que pertenece o quiere pertenecer. Esto es, la calidad de vida es
antecedente de la formación de una identidad de grupo y sentido de pertenencia
anclada a libertades de elección, expectativas de justicia y movilización
colectiva (García, 2013).
Establecer un modelo correlativo para discutir la
importancia de otras variables en la investigación de la calidad de vida una
vez que se especificaron las relaciones entre los factores derivados de la
revisión de la literatura: satisfacción de vida, capacidades esperadas,
expectativas de oportunidad, relaciones de confianza, percepción de justicia,
valoración del entorno, normas de contexto y recursos percibidos supone el
análisis correlativo con la satisfacción de vida a través de las normas de
contexto (García, Bustos y Carreón, 2017).
La calidad de vida en su fase perceptual genera
emociones de desconfianza hacia las autoridades que derivan en acciones
ciudadanas disidentes. Antes bien, la percepción de calidad de vida, en cuanto
a la noción de justicia social, se enlaza con estilos convencionales de
desarrollo que el individuo ha aprendido desde su infancia y ahora en su etapa
adulta traduce como fiabilidad o confianza, pero al darse cuenta de que el
vínculo con sus autoridades es asimétrico, entonces moviliza los recursos
necesarios para la desobediencia civil (García, Carreón y Bustos,
2012).
La calidad de vida, en su dimensión de satisfacción
vital, requiere de un conjunto de indicadores que oriente no solo la percepción
del sujeto, sino además la acción colectiva. Un bajo nivel de satisfacción de
vida es suficiente para activar el proceso de disidencia social, pero un alto
nivel de satisfacción vital no crea nexos colaborativos, solidarios o empáticos
(García,
Carreón y Bustos, 2017).
Sin embargo, bajos niveles de satisfacción vital, los
cuales sugieren mínimos estándares de calidad de vida, favorecen la formación
de redes de apoyo. Es el caso de los nuevos movimientos sociales lésbico-gais o
ecologistas, quienes al conformar grupos de autoayuda ocasionan un bienestar
subjetivo mayor a quienes solo perciben abundancia de recursos (García,
Carreón y Hernández, 2014).
A medida que la calidad de vida se específica y
delimita a factores psicológicos, se incrementan las expectativas de
inconformidad, indignación y desobediencia civil, pero también afloran
habilidades sociales como la creatividad e innovación de grupos minoritarios
frente a la imposición ideológica o pragmática de las mayorías (García,
Carreón y Hernández, 2017).
La calidad de vida en términos económicos, políticos,
sociales, sanitarios, educativos, laborales y tecnológicos es un constructo
multidimensiona. Las relaciones entre oportunidades, capacidades,
responsabilidades, justicia, fiabilidad y movilización dirigidas a la
satisfacción vital pueden concretarse en un modelo. Se trata de correlaciones
entre variables en torno a las cuales los vínculos de dependencia entre
factores económicos, políticos, sociales, grupales y personales influyen en la
satisfacción de vida (García et al., 2012).
La teoría del capital humano advierte que las
capacidades tendrían un impacto significativo sobre la satisfacción vital, ya
que un alto nivel de educación se compensa con un elevado estilo de vida
satisfactorio. Más aún, si la conexión entre capacidades y satisfacción parte
de oportunidades reales o simbólicas, entonces como lo señala la teoría, el
desarrollo humano está complementado (García et al., 2017).
Sin embargo, el proceso que supone libertades de
elección, capacidades y satisfacción vital necesariamente, de acuerdo con la
teoría de las demandas y recursos, se sujeta a la disponibilidad de recursos y
su distribución entre las especies. En el caso de los recursos comunes existe
una tragedia de suma cero en la que los actores involucrados en lugar de
cooperar y establecer una corresponsabilidad administrativa de los recursos,
compiten desenfrenadamente y suprimen la posibilidad de crecimiento de otras
especies. Es por ello que la disponibilidad de recursos afecta de modo
indirecto a la satisfacción vital (García et al., 2015).
No obstante que la disponibilidad de recursos marca la
pauta en la organización de los grupos humanos, es el Estado en referencia a la
ciudadanía, según lo advierte la teoría de la elección racional, quien
incentiva la diseminación de los recursos. Cuando la relación entre sociedad
civil y sus autoridades es asimétrica, entonces la calidad de vida se
desvanece, pero cuando existen vínculos de confianza, entonces aflora la
satisfacción vital (García et al., 2014).
En otro escenario, el nexo entre ciudadanía y
autoridades genera expectativas de justicia que merman o enaltecen la
corresponsabilidad. Esto es así porque, según la teoría ecológica del
desarrollo, la política es concomitante con la economía. Mayores niveles de
gobernabilidad se observan en países prósperos, mientras que la
ingobernabilidad subyace en economías débiles. Es por ello que la justicia
esperada incide directamente en la satisfacción vital de la ciudadanía para con
su sistema político (García et al., 2012).
En el proceso que parte de la confianza, capacidades y
satisfacción vital la relación entre sociedad y Estado orientada al desarrollo
tiene en la formación del capital humano su vínculo principal. El desarrollo, a
diferencia del crecimiento, supone elevados estándares de satisfacción vital
razón por la cual, las capacidades son un factor esencial en el nexo entre
fiabilidad política y satisfacción de vida personal. La relación indirecta
entre justicia y satisfacción al ser mediada por las capacidades supone
escenarios ecológicos de desarrollo. La conexión entre autoridades y ciudadanos
se define por acciones molares y moleculares que afectarán la satisfacción
individual (García et al., 2014).
Los actos molares, al contrario de las acciones
moleculares, implican vínculos significativos que contrasta el individuo en
situaciones de crisis. Por su parte, las relaciones poco significativas se
entienden como actos moleculares desde los cuales no es posible construir una
memoria colectiva, disidencia social o desobediencia civil. Es así como la
justicia, al considerarse un sistema de acciones molares, influye en la
satisfacción vital mientras es regulada por las capacidades personales (García
et al., 2013).
Sin embargo, las oportunidades las que inciden en las
relaciones entre fiabilidad, justicia, capacidades y satisfacción. De este
modo, las libertades de elección al vincularse con la fiabilidad política y
capacidades individuales impactan en la satisfacción vital. Esto es así porque
la confianza entre ciudadanos y políticos depende de opciones de elección en
materia de empleo. Si existen oportunidades laborales, entonces la fiabilidad
política se incrementa y al afectar las habilidades propicia altos estados de
satisfacción. O bien, las oportunidades son diseminadas como factores de
justicia incidiendo en la generación de habilidades laborales, mientras que es
posible observar el acrecentamiento de satisfacción personal de vida (García et
al., 2017).
Ahora bien, las libertades de elección implican
decisiones, demandas y recursos a partir de los cuales las oportunidades se
gestan. Es por esta cuestión que la disponibilidad de recursos, pero sobre
todo, el dilema de la distribución de los mismos, impacta en el desarrollo de
comunidades o grupos que comparten escenarios y contextos (Carreón et al.,
2017).
La historia de una comunidad o grupo parece estar
socavada por las redes de cooperación y confianza mientras la disponibilidad de
recursos lo permita. Ante una situación de escasez emergen los dilemas y con
ello las tragedias de las entidades comunes. En este sentido, las oportunidades
son el resultado de una corresponsabilidad entre las partes implicadas (Carreón
et al., 2016).
De este modo, la gestión de recursos afecta
indirectamente a la satisfacción a través de las oportunidades, fiabilidad,
justicia y capacidades. En primera instancia, la carencia de recursos crearía
una reducción de los niveles de confianza ciudadana ante la administración
pública, ello impactaría en las opciones de elección aminorando la capacidad de
consumo. Una vez que el poder adquisitivo está comprometido, los niveles de
satisfacción ciudadana se reducen a su mínima expresión. En este tenor, la
escasez también puede incidir en percepciones de injusticia ciudadana, frente a
la falta de atingencia gubernamental, las capacidades de elección se reducen
hasta influir en la satisfacción vital (Carreón et al., 2016).
En contraste, cuando la disponibilidad de recursos es
insuficiente pero ampliamente percibida por la ciudadanía, las oportunidades de
elección parecen actuar en la confianza ciudadana y con ello en la toma de
decisiones buscando la satisfacción no solo personal o grupal, sino social.
Esto también supone un proceso de justicia ante la distribución de recursos vía
los servicios públicos. En este escenario, la satisfacción vital precede a las
opciones de elección que al percibirse como abundantes transfieren el efecto de
la justicia social hacia la satisfacción vital (García, 2013).
Así mismo, la relación entre la valoración del entorno
(recursos disponibles) y la satisfacción de vida (necesidades obtenidas) como
un proceso directo y significativo. Se trata de una relación asimétrica, ya que
la escasez de recursos frente al aumento de expectativas suscita un escenario
que compromete la confianza de la ciudadanía para con sus futuros gobernantes y
las capacidades de la sociedad civil futura (Carreón, 2016).
Las normas sociales en cuanto a la administración y,
por ende, la distribución de los recursos, su vinculación con la satisfacción
al ser directa y significativa comprende un reduccionismo estructural, o bien,
en la interrelación con la justicia social y las capacidades implica la
emergencia de un sistema democrático de coparticipación ciudadana frente a la
apertura del Estado (Carreón y García, 2013).
La especificación de relaciones entre los factores que
las teorías emplean para explicar la incidencia de la disponibilidad de
recursos sobre la satisfacción vital conlleva la formación de capacidades
entendidas como opciones de elección, orienta la conformación de capital humano
como factor de desarrollo cuando menos económico (Carreón y García, 2017).
Las oportunidades, capacidades y responsabilidades
percibidas no desde la disponibilidad física de los recursos, sino desde las
expectativas de consumo que los servicios públicos diseminan en los usuarios.
Debido a que los recursos son administrados en primera instancia por el Estado,
generan percepciones de confianza que enaltecen las opciones de elección, pero
la desconfianza inhibe las alternativas de elección y con ello la satisfacción
vital (Carreón et al., 2013).
La disponibilidad común de los recursos desencadena
relaciones de dependencia entre los factores esgrimidos, con el objetivo de
incentivar las oportunidades de elección y con ello alcanzar la satisfacción
vital. Los vínculos de dependencia que se concretan en el modelo se ajustan a
los datos observados. Es decir, la percepción de disponibilidad y comunalidad
de los recursos impacta directa e indirectamente en la satisfacción de vida de
los estudiantes. En el segundo caso de relación indirecta, las expectativas de
oportunidad, confianza, justicia y capacidad al reducir o aumentar la
incidencia de los recursos esperados sobre la satisfacción vital, ajustan sus
relaciones especificadas a los datos obtenidos (Carreón et al., 2014).
Es decir, la plena satisfacción de acciones relativas a
la academia, tecnología y empleo está influida por la disponibilidad de los
recursos percibidos a través de los comportamientos arraigados de los
estudiantes. Esto es así porque la conservación de los recursos obedece a
costumbres enraizadas en las que el sentido de pertenencia es fundamental para
la satisfacción personal, grupal o comunal (Carreón et al., 2016).
En referencia a la relación de dependencia entre la
ansiedad y la baja calidad de vida percibida, la disponibilidad de recursos
percibidos correlaciona indirectamente a la satisfacción de vida a través de
las normas de contexto. La calidad de vida al haber sido considerada desde dos
dimensiones preponderantes: subjetiva y física, supuso la interrelación entre
disponibilidad de recursos y procesos psicológicos básicos en los que los
vínculos de grupos no incidirían sobre la percepción de satisfacción plena
(Carreón et al., 2017).
No obstante que en este trabajo las relaciones de
confianza y la percepción de justicia son variables relativas a la dinámica de
grupos a los que el individuo pertenece, su influencia es menor a la valoración
de los recursos (servicios públicos de educación, tecnología y empleo) y las
capacidades personales (libertades de elección, habilidades y conocimientos),
aunque las normas de contexto (conductas arraigadas) incrementan la relación
entre los recursos disponibles y la satisfacción de vida. Empero, será fundamental
incluir las patologías personales en el modelo de relaciones de dependencia
para contrastar su influencia en la satisfacción de vida (García, Carreón y
Bustos, 2012).
La calidad de vida, en su dimensión de satisfacción
plena de los servicios públicos de educación, Internet y empleo, en la muestra
de jóvenes encuestados es la relación indirecta entre los recursos percibidos y
la satisfacción de vida sugiere que existen factores grupales y personales que
regulan el impacto de una escasez o abundancia percibida de los recursos,
aunque el estado del conocimiento advierte que son las variables psicológicas
las que se asocian a las percepciones de satisfacción plena de la vida (García,
Carreón y Bustos, 2017) .
La satisfacción de vida al interrelacionarse con
recursos percibidos, valoraciones del entorno, normas de contexto, percepción
de justicia, relaciones de confianza, oportunidades y capacidades esperadas
puede explicarse desde marcos teóricos psicológicos o sociológicos, pero es
menester incluir teorías y constructos de orden económico y político, ya que su
exclusión reduce la calidad de vida a la percepción de los encuestados (García
et al., 2017).
Consideraciones
finales
El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión
radica en la revisión y la discusión de los marcos teóricos, conceptuales y
empíricos relativos a la calidad de vida. En el marco del desarrollo local, la
calidad de vida parece estar determinada por el grado de experiencias positivas
o satisfacción personal en torno a los recursos y los servicios públicos,
aunque la selección de fuentes informativas y la técnica de análisis limitan el
trabajo a un contexto local más que regional.
Se recomienda extender la selección de información a
repositorios internacionales como Ebsco, Copernicus o Scopius, así como el
análisis de minería de datos. Ambas estrategias permitirán una discusión y
análisis orientado a la influencia de los organismos financieros
internacionales sobre las instituciones estatales y de éstas en las organizaciones
civiles. La literatura internacional especializada en el multilateralismo y el
regionalismo permitirá observar la emergencia de una calidad de vida
determinada por estándares internacionales y desvinculados de la identidad,
apego y sentido de comunidad.
En relación al estudio de Carreón et al., (2017) en el
que se destaca el poder de las instituciones estatales sobre las organizaciones
civiles a través del micro financiamiento, el presente trabajo ha sugerido que
un equilibrio entre el bienestar social y el bienestar subjetivo implica una
alta calidad de vida y una corresponsabilidad en la construcción de la misma.
García et al., (2017) advierte que la resiliencia es
generada por bajos niveles de consenso entre los actores políticos y sociales
ante la prevención y manejo de desastres naturales, los cuales suponen
servicios públicos y asistencia social encaminada hacia la reducción del estrés
que se genera por la insatisfacción, aunque el presente trabajo muestra que más
bien el estrés es inherente a las asimetrías entre gobernantes y gobernados al
momento de gestionar y administrar los bienes públicos. Tal proceso sugiere que
la calidad de vida sería determinada por los conflictos más que por los
acuerdos ya que, los primeros son permanentes, obligando a una negociación
interminable y los segundos al ser efímeros suponen la ruptura entre las
partes.
Sandoval et al., (2017) señala que los riesgos como el
estrés percibido son determinantes de la resiliencia esperada en una situación
de ingobernabilidad. Es decir, la calidad de vida supone una expectativa de
amenaza latente y galopante que puede devenir en la insatisfacción, el
conflicto y eventualmente en un cambio de sistema político, régimen de gobierno
o forma de Estado.
Precisamente, la importancia de la calidad de vida
radica en que no refleja el bienestar social que las políticas aspiran a
proveer, pero si orillan a la ciudadanía a la construcción de un bienestar subjetivo
que legitime la ausencia del Estado en materia de protección civil,
emprendimiento ciudadano o innovación sustentable.
Se recomienda la revisión y la discusión de factores
relativos a la calidad de vida como el riesgo, el estrés y la resiliencia como
factores indicativos, pero también determinantes de la
corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados al momento de establecer una
gestión y administración de los recursos y los servicios públicos.
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