Presupuestos Participativos:

Redefiniendo la Democracia en los Municipios Argentinos

 

Franco Gabriel Ciucci[1]

 

Sumario: I. Introducción, II. Concepto, III. Proceso Histórico, IV. Características, V. Presupuesto Participativo en Argentina, VI. Conclusiones, VII. Bibliografía.

 

Resumen: Las democracias modernas están siendo cuestionadas por serias crisis de representación, para solucionar este problema político están apareciendo distintas herramientas que intentan incrementar la participación ciudadana. En este trabajo se analiza el presupuesto participativo como una herramienta moderna que permite a los ciudadanos colaborar en la creación de los presupuestos locales. Luego se desarrolla brevemente la historia y las principales características de la práctica. Finalmente, se describe el caso de Argentina donde los presupuestos participativos han venido a salvar al sistema político después de la crisis financiera del 2001. 

 

Palabras clave: democracia, participación ciudadana, presupuestos participativos, sistema representativo.

 

Summary: I. Introduction, II. Concept, III. Historical Process, IV. Characteristics, V. Participatory Budgeting in Argentina, VI. Conclusions, VII. Bibliography.

 

Abstract: Modern democracies are being menaced by several representative crisis, to solve this political problem are appearing different tools which aim to increase citizen participation. In this paper it is analized the participatory budgeting as a modern tool which allows citizens to colaborate in the creation of the local budget. Then it is briefly developed the short history and the main features of the practice. Finally, it is described the Argentinian case where the participatory budgeting has come to save the political system after the financial crise in the 2001.

 

Keywords: democracy, citizen participation, participatory budgeting, representative system.

I. Introducción

A la hora de aplicar una herramienta en las relaciones políticas, previamente debemos partir de las bases y principios de nuestra sociedad y determinar para qué fines pueden servirnos o en qué pueden afectarnos las mismas. En ese sentido, el primer principio sobre el que estructuramos nuestra organización política -en Occidente y en la actualidad- es la igualdad. Sobre la misma, se han construido, modelado y reformado todas las instituciones que sostienen nuestra sociedad. Si asumimos que todos los individuos que forman parte de la organización son iguales, corresponde determinar cómo se toman las decisiones que afectan al grupo. Podemos cuestionarnos si existe una mejor manera de aplicar este principio que el actualmente vigente (por representantes elegidos por mayoría), puede ser decidiendo con consenso o por mayorías pero sin representantes. Por razones prácticas, la toma de decisiones no puede ser unánime, de ese modo sería imposible tomar las decisiones con la celeridad que la práctica política lo requiere en los tiempos que corren. Por ello, son las mayorías por medio de sus representantes las que gobiernan en los sistemas democráticos (Tocqueville, 2015).

El punto donde la discusión es factible es respecto a cuándo y en qué medida corresponde limitar el derecho de las mayorías a tomar decisiones para cederlo a representantes que lo hacen en su nombre. Si lo miramos en perspectiva histórica, cuando las personas se agrupaban en pequeñas comunidades era perfectamente viable un sistema de votaciones para todas las decisiones. Sin embargo, con el crecimiento y el desarrollo social ello ha devenido inviable. Aun así, en la actualidad asistimos a fenómenos contraintuitivos, es decir con el avance tecnológico acciones antes impensadas se tornan totalmente factibles, como por ejemplo realizar votaciones para decidir sobre cuestiones concretas. Es por ese motivo que el concepto de democracia puede ser redefinido, para incluir como un elemento central la presencia de mecanismos de participación directa en los sistemas representativos.

Por esa razón, dentro de una república, la participación de los ciudadanos en la elaboración y discusión de las normas que los afectan, tiene una importancia que ya no deja lugar a dudas. Para lograr el desarrollo de un sistema transparente, hacer aplicables los postulados de una democracia participativa y profundizar la eficacia de las instituciones públicas, es preciso que se diseñen nuevos métodos que permitan a una mayor cantidad de ciudadanos interesados realizar su aporte en la toma de decisiones administrativas y legislativas.

Entre las nuevas posibilidades de participación, destacamos la importancia de permitir a los individuos realizar su aporte en la toma de decisiones presupuestarias. Este trabajo aborda una cuestión concreta en la profundización democrática, esto es la creación de un mecanismo específico en las ciudades que permite que los interesados puedan intervenir en las decisiones: los presupuestos participativos. Dado que son varias las ciudades que han incorporado este nuevo método, en este trabajo analizaremos su concepto, las características del mismo, su origen y la situación actual en las distintas experiencias dentro de Argentina.

II. Concepto

Es vastamente trillado ya el hecho de que las ciencias sociales sufren las consecuencias de utilizar el lenguaje natural, provocando la ambigüedad y vaguedad en las definiciones, sin embargo es siempre necesario tenerlo presente a la hora de analizar un concepto (Bunge, 1997; Nino, 1980). En el caso de los presupuestos participativos no se da una excepción a lo dicho y por ende, pueden encontrarse tantas definiciones como experiencias han aparecido a lo largo y ancho del planeta (Cabannes, 2004). En líneas generales es una herramienta para dotar al sistema con aspectos propios de una democracia directa, permitiendo a los ciudadanos acercarse a la toma de decisiones políticas. Como el nombre lo resalta, la participación se aplica al presupuesto que es el “cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos y rentas de una corporación” (RAE, 2018). En particular, corresponde a la incidencia en -al menos- una parte de la determinación de los fondos de la asociación en cuestión.

Siguiendo a Goldfrank, podemos distinguir tres acepciones: una genérica, una específica y una intermedia. De manera genérica se puede definir al presupuesto participativo como un proceso de toma de decisiones mediante el cual los ciudadanos participan en, al menos, una parte de la conformación del presupuesto. En un sentido específico, se lo suele definir vinculándolo a criterios de experiencias concretas, principalmente la de Porto Alegre, donde la participación es abierta a todo ciudadano interesado en participar, involucra mecanismos de democracia directa y representativa, los individuos forman parte del proceso de decidir de qué manera se toman las decisiones y tiende hacia la redistribución de la riqueza en favor de los pobres. Por último, se puede buscar una definición intermedia que reduzca los innumerables casos que comprende la genérica (lobby, referéndum, opiniones consultivas sobre presupuesto, etc.) y que amplíe el estrecho margen que deja la visión restringida. En tal caso, se puede definir como un proceso mediante el cual ciudadanos -de manera individual o mediante asociaciones- contribuyen de manera regular y voluntaria a la formación de al menos parte del presupuesto luego de reuniones anuales realizadas junto a sus gobernantes (Goldfrank, 2006: 4-6). A los fines de este trabajo, utilizaremos la acepción intermedia que nos permitirá incluir cabalmente todas las herramientas que las distintas municipalidades llaman en Argentina presupuesto participativo.

El sistema varía según el sistema legislativo de cada localidad, la ventaja de este sistema es que los participantes no solo votan, sino que también proponen medidas concretas para implementar en el lugar donde viven. De ese modo, primero se habilita la etapa de presentación de propuestas, luego se votan las mismas, aquélla (o aquéllas) con mayor apoyo, son llevadas a cabo por el gobierno municipal. Corresponde efectuar una aclaración respecto al efecto de la participación ciudadana, esto es si es vinculante o consultiva. Consideramos que la herramienta solo tiene sentido si se aplica de manera vinculante, es decir que si la decisión obtenida en la votación es obligatoria para los gobernantes. Puede que reglamentariamente ello no sea necesariamente así, pero en la práctica solo tiene sentido para los ciudadanos si las obras y los gastos aprobados son efectivamente llevados a cabo.

Por otro lado, Cabannes distingue entre los casos de democracia directa, donde los ciudadanos tienen poder de decisión directo y los casos de democracia representativa “basados en comunidades” que se dan cuando quienes deliberan y votan son las asociaciones civiles, las sociedades de fomento barrial, las uniones sindicales u otro tipo de organización intermedia no gubernamental (2004: 2). Es decir, existe la posibilidad de articular el sistema de modo que cada ciudadano sea sujeto activo en la votación o que ello se canalice a través de organizaciones intermedias de tipo barrial o asociativo.

Un aspecto de relevancia tiene que ver con los fundamentos normativos de la práctica. En algunos casos se realiza como consecuencia de una norma formal que la torna obligatoria, en otros la misma carece de bases jurídicas expresas que la impongan o la regulen y simplemente se lleva a cabo informalmente. En la mayoría de los casos no existe una regla que lo incorpore, aunque suelen seguirse reglamentos  o guías internas que son para uso de los funcionarios. Naturalmente, ambos casos quedan incluidos en el sentido intermedio de la definición.

Si bien es un sistema que puede ser aplicado en espacios regionales y nacionales, la mayoría de las experiencias se han dado en el ámbito local. Por ese motivo, aquí nos concentraremos únicamente en el análisis de las experiencias municipales, sin quitar que en un futuro no muy lejano esta novedosa técnica se extienda a las otras esferas territoriales. En algunos países, por ejemplo en Portugal, se ha comenzado a implementar a nivel nacional. Por ese motivo, conceptualmente no corresponde limitar el término a la situación local.

 

III.        Proceso Histórico

En el nacimiento de los presupuestos participativos se distinguen tres grandes etapas: primera, entre 1989-1997 fue un proceso experimental realizado en Porto Alegre y otras ciudades como Montevideo; segunda, entre 1997-2000 se extendió en 130 municipalidades brasileñas; tercero, desde 2000 en adelante se ha comenzado a expandir por América Latina y fuera de ella, principalmente en varias ciudades europeas (Cabannes, 2004: 3).

El origen de la práctica se remonta a fines del Siglo XX en Porto Alegre (Brasil), en su nacimiento fue planteado como una manera de hacer resurgir el socialismo, luego evolucionó como una buena práctica política (Goldfrank, 2006). El sistema se instauró en el año 1989 en solo 12 ciudades brasileñas, en el año 2004 ya lo aplicaban más de 250 ciudades en el mundo. Cuando se trata la historia del presupuesto participativo generalmente se presenta como efecto de la presentación del partido de los trabajadores en Porto Alegre. Sin embargo, hay serias discusiones sobre ese origen, ya que hay casos a fines de la década de 1970 donde se ha puesto a discusión el presupuesto municipal en ciudades gobernadas por miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Cabannes, 2004).

 

Luego de las elecciones de 1988, el Partido de los Trabajadores comenzó a desarrollar en los 36 municipios que ganó las elecciones el presupuesto participativo, para ello se tuvo en cuenta el desarrollo realizado por el PMDB (Goldfrank, 2006: 5). En 1989 se inauguraron en Porto Alegre y recién en 1990 esas prácticas comenzaron a llamarse presupuesto participativo. Similares experiencias fueron llevadas a cabo por partidos de izquierda a la par de las mismas en países como en Venezuela y Uruguay (Goldfrank, 2006: 6). Los objetivos planteados originariamente fueron: 1) participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales; 2) transparencia para prevenir corrupción; 3) mejoras urbanas concretas enfocadas en ayudar a los más pobres; 4) transformar a los residentes en ciudadanos (Goldfrank, 2006: 6-7). De ese modo, se pretendía implementar un sistema que llevara a la práctica los postulados de las teorías socialistas, aunque el sistema fue eficiente para mejorar la percepción ciudadana de la calidad gubernamental no se lograron los cometidos de redistribución de la riqueza, ni se modificaron las bases políticas del sistema, como inicialmente se pretendió.

 

En Porto Alegre, luego de 1989 se creó una estructura para permitir a los ciudadanos participar en las decisiones presupuestarias mediante un sistema de asambleas; basado en dieciséis regiones, en cada una definieron asambleas zonales que establecían un orden de prioridades para cada espacio (Secretaría de Asuntos Municipales, 2014). Ese sistema se extendió de distintas maneras con el nombre de presupuestos participativos.

 

En la actualidad, los presupuestos participativos ya no son un patrimonio único de los partidos socialistas, sino que son utilizados por partidos de diversas ideologías. Ello se debe a la amplia aceptación que logró en la ciudadanía a nivel mundial, principalmente en los países de origen latino en América y Europa (Perú, Ecuador, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Portugal, Francia, entre otros). Además, la participación ciudadana en cuestiones sensibles de gobierno es una necesidad que sobrepasa a las ideologías, principalmente en los espacios locales donde se puede percibir en lo cotidiano la falta de infraestructura o de elementos esenciales para el desarrollo humano. En definitiva, se puede reconocer que los orígenes de los presupuestos participativos datan de partidos ideológicamente agrupados en la izquierda (principalmente el Partido de los Trabajadores de Brasil), aunque ello ya no es un requisito a la hora de aplicar esta práctica políticamente deseable. 

 

En Europa, la mayoría de los presupuestos participativos tienen poco que ver con la experiencia de Porto Alegre y con muchas experiencias similares en América Latina, dado que el contexto social, económico y político es muy distinto entre lo que ocurre en ambos continentes (Sintomer, 2005). A su vez, originariamente apareció en los municipios más pequeños, ciudades con menos de cien mil habitantes, en la actualidad se está extendiendo, incluso en las grandes ciudades europeas, como Madrid. Actualmente, en Europa se utilizan como una doble herramienta: 1) a nivel administrativo para mejorar la gestión a nivel local o micro-local y 2) a nivel político para dar mayor legitimidad a las autoriades políticas (Sintomer, 2005). 

 

En Argentina la primer experiencia de presupuesto participativo surgió en la ciudad de Rosario, tras la crisis económica y social de 2001, como respuesta a las necesidades de relegitimación de las autoridades políticas (Secretaría de Asuntos Municipales, 2014). El objetivo era restablecer la confianza perdida en las autoridades civiles y buscar una manera de salir de la crisis intentando una mayor distribución de las riquezas. A diferencia de la experiencia europea, en nuestro país los presupuestos participativos tuvieron su primer aparición en los grandes aglomerados como La Plata, Rosario, Buenos Aires y Córdoba. Luego del año 2007 se extendió a varios municipios intermedios, adquirió su auge con la creación de la Red Argentina de Presupuestos Participativos (RAPP) en el año 2009, a su vez en el año 2011 pequeños municipios como Cañada de Gómez, Cerrito y Mercedes comenzaron sus experiencias en presupuestos participativos (Secretaría de Asuntos Municipales, 2014).

 

En definitiva en diferentes ciudades del país se realizan actualmente votaciones para decidir la destinación de un cierto monto de dinero del presupuesto asignado para el año calendario, donde los individuos pueden votar para determinar a qué aplicar esa partida. Este proceso de diálogo entre los ciudadanos y los gobiernos acerca de las prioridades de inversión en los municipios se está desarrollando en varios lugares del mundo. En Argentina esta práctica existe en más de cincuenta y seis municipios de distintas provincias, partidos políticos y tamaños, la perspectiva es que esta práctica va a seguir creciendo aunque en algunos lugares con más éxito y participación que en otros. 

 

IV. Características

Un problema corriente a la hora de estudiar presupuestos participativos es que cada experiencia es única (Cabannes, 2004), es decir la libertad de acción que goza cada institución hace saludable a la práctica, pero la torna de difícil análisis y comparación. A su vez, cada experiencia de presupuesto participativo está vinculada a procesos políticos y culturales concretos. El diseño y el resultado de cada  presupuesto participativo depende de la situación local y de las intenciones de sus organizadores, ello sugiere que la organización no es un acto político neutral (Goldfrank, 2006). La modalidad varía según el sistema legislativo de cada localidad, la ventaja es que los participantes no solo votan, sino que también proponen medidas concretas para implementar en el lugar donde viven. De ese modo, primero se habilita la etapa de presentación de propuestas, luego se votan las mismas, aquélla (o aquéllas) con mayor apoyo son llevadas a cabo por el gobierno municipal.

 

Existen ciertas condiciones previas que anteceden a toda participación ciudadana y son: 1) la voluntad política, es importante que el gobierno que lo realice tenga interés en crear un canal para debatir la toma de decisiones; 2) el capital social, es importante la existencia de asociaciones civiles relativamente autónomas dispuestas a participar en los eventos municipales; 3) la competencia burocrática, el personal administrativo tiene que estar formado por una parte importante de empleados técnicamente preparados; 4) el tamaño reducido, para que la acción colectiva se vea incentivada es preciso que las instancias de decisión sean de alcance visible para los ciudadanos involucrados; 5) que los fondos sean suficientes para llevar a cabo los proyectos ganadores; 6) que haya descentralización política en la elección de los administradores de cada área (Goldfrank, 2006: 10). Este último requisito es de una verdad parcial, ya que en Francia -país de tradición unitaria- existen ya casos de presupuestos participativos.

 

Es de fundamental importancia que las divisiones sean adecuadas a la situación social, es decir que cada zona o región tenga una homogeneidad al menos relativa para que pueda existir una comunión de intereses entre los vecinos. Si hay una gran diversidad socio-económica y la distribución es muy amplia se atomiza la participación y pierde relevancia para los actores intervenir ya que se licua el valor material de su acción participativa.

 

Si bien es cierto que cada experiencia es única hay ciertos aspectos que están fuera de discusión y, por ello, muchas veces se dan por sentado. Los mismos son básicos para que se trate de un presupuesto participativo en la acepción intermedia que hemos descrito y ellos son: 1) todos los ciudadanos involucrados (sea de manera directa o mediante asociaciones) deben tener la posibilidad de presentar proyectos en los lugares que los afecten; 2) debe existir cierto un espacio (sea físico o virtual) para el debate, la consulta y la deliberación de propuestas -así sea de manera informal-; 3) debe ser previsto un sistema de votaciones que garantice a aquel o aquellos proyectos más apoyados el efectivo cumplimiento del mismo.

 

Se dan múltiples debates en torno al diseño ideal de la institución, dado que los casos son distintos entre sí, teniendo en consideración de donde provienen los actores involucrados, la cultura del lugar y los objetivos políticos de sus promotores es difícil determinar cuáles son los aspectos que deben estar presentes para que la práctica sea exitosa, además se discute cuándo la utilización de esa herramienta es aceptable. La discusión se da entre quienes entienden que la participación es un fin en sí mismo y aquéllos que consideran que debe pensarse en un esquema que sea de utilidad para la sociedad más allá de los beneficios políticos. Algunos puntos que se debaten son: si es conveniente que el presupuesto participativo sea utilizado para resolver necesidades inmediatas o a largo plazo; si los participantes deben deliberar cara a cara o puede realizarse el proceso de manera virtual; si corresponde regularizar mediante una norma legal o hacerlo informalmente para permitir las variaciones, entre otros (Goldfrank, 2006: 15). Parece saludable que en cada caso se utilice el sistema y la manera que resulte de mayor utilidad y sea de preferencia para las personas involucradas, en los aspectos procedimentales una excesiva regulación puede provocar el fracaso absoluto de la práctica.

 

Entre las críticas que puede recibir esta herramienta, la principal es que requiere  altos costos administrativos y que no siempre se justifica, teniendo en cuenta los bajos niveles de participación que existe en algunos casos. Por otro lado, se considera que la participación ciudadana no es en la mayoría de los casos de gran calidad, dado que existe poco conocimiento acerca del funcionamiento práctico de las instituciones, aunque sí es útil como medio de obtener y compartir información (Franklin et al, 2009). En la misma dirección Irvin y Stanburis consideran que los gobernantes deben discernir si la población tiene un interés genuino en la participación; porque de no ser así, es más eficiente el uso directo de los recursos sin utilizar una instancia deliberativa previa (2004: 10).

 

En el estudio comparativo realizado por Goldfrank, éste encuentra que: 1) las leyes nacionales obligando a realizar presupuestos participativos no han sido exitosas en aumentar la participación ciudadana, la transparencia y la efectividad en la administración municipal; 2) las experiencias exitosas se han presentado en localidades pequeñas, con poblaciones homogéneas y también en ciudades grandes con diversas etnias. Algunas características que se presentan en los casos exitosos, han sido: el intendente es indígena o de un partido de izquierda (o ambos), no hay oposición de las élites locales, el dinero o la asistencia técnica provienen de organizaciones nacionales o internacionales, los municipios tienen montos significativos para hacer contribuciones importantes a programas públicos y/o existe una gran tradición cooperativa entre asociaciones civiles o grupos indígenas locales; 3) ni siquiera en los casos exitosos el presupuesto participativo logra reducir la pobreza de manera significativa que es un propósito común entre todos los promotores (2006: 2-3).

 

V.    Presupuesto Participativo en Argentina

 

El desarrollo en Argentina ha sido vertiginoso desde su aparición en Rosario en el año 2001, en tan solo diez años lo incorporaron más de cincuenta ciudades a nivel país. Sin embargo, pasado su auge en el año 2011 ha comenzado a decrecer en importancia en varias de las ciudades que lo habían incorporado, si bien formalmente se mantienen año a año el dinero suministrado disminuye en términos reales considerando los altos índices de inflación, obviamente que ello goza de importantes excepciones (Rosario, Vicente López, Godoy Cruz, Gualeguaychú, entre otros).

 

Como hemos mencionado, las experiencias son bastante distintas entre sí en las distintas ciudades. Sin embargo, en Argentina como producto del trabajo de la Red Argentina de Presupuestos Participativos se ha unificado bastante el sistema. Esta modalidad de acción tiene la ventaja que permite alcanzar escalabilidad y profesionalización por parte de las burocracias. En sentido contrario, tiene la desventaja de desaprovechar la heterogeneidad y la riqueza de cada comunidad local para desarrollar nuevas características y encontrar el método más adecuado a la realidad concreta del lugar.

 

El sistema que ha propuesto la RAPP consiste en cinco etapas: 1) talleres participativos, aquí los funcionarios se acercan a cada región y explican el funcionamiento del sistema; 2) presentación de propuestas, en la segunda reunión cada ciudadano interesado puede acercar sus proyectos para someter a la siguiente etapa; 3) análisis de factibilidad, generalmente el área encargada de la ejecución analiza la viabilidad de las propuestas para después someter a votación; 4) votaciones, una vez cumplida la anterior etapa los proyectos factibles son sometidos a votación y se determina cuál o cuáles han sido los ganadores; 5) ejecución de los proyectos, por último corresponde que el municipio ejecute las obras ganadoras (Secretaría de Asuntos Municipales, 2014).

 

El esquema planteado además de no aplicarse en todos los municipios admite en sí distintas variaciones. Por empezar, los plazos quedan librados a la discreción de los organizadores, lo lógico es que finalicen los comicios en el mismo año que comienzan los talleres; por otro lado, las obras suelen llevar más tiempo en terminarse, pero en la mayoría de los casos se finalizan dentro del año siguiente a su inicio (Secretaría de Asuntos Municipales, 2014). Luego, con respecto a la presentación de propuestas, no todas las ciudades admiten que ciudadanos de manera particular presenten proyectos, sino que lo limitan a las asociaciones civiles, sociedades de fomento, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Esa limitación es, a nuestro entender, una limitación arbitraria que no se ajusta a los objetivos de los presupuestos participativos que van en dirección a profundizar la democracia involucrando directamente a los ciudadanos sin requerir intermediarios o representantes. Por otro lado, respecto a la elección de proyectos ganadores hay básicamente dos sistemas: uno que solo ejecuta la obra del proyecto con más votos, independientemente de que alcance el total del presupuesto destinado a ese lugar (en Argentina es el caso de Bahía Blanca); el otro que ordena los proyectos según la cantidad de votos y ejecuta los proyectos hasta agotar el presupuesto (es el sistema más común y se utiliza en casi todos los municipios con PP).

 

Según el informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Municipales en el año 2011, cada municipio disponía para el presupuesto participativo un promedio de 1,8% (2014). Por otro lado, se puede analizar la misma situación en comparación por habitante, por ejemplo en el año 2017 el Municipio de Vicente López fue uno de los que más destinó con un total de 240 $ por habitante (Web Oficial, 2018). En cambio, la mayoría de las ciudades promedian los 100 $ por habitante. El nivel de presupuesto destinado es un buen índice para determinar el compromiso por parte de las autoridades, así se ve con claridad en Porto Alegre que anualmente destinan 350 U$S por habitante al presupuesto participativo (Cabannes, 2004). Es evidente que el compromiso asumido por los gobernantes comprometiendo una buena parte del dinero disponible para la discusión popular es un gran aliciente para la participación de los ciudadanos.

 

Por otro lado, el nivel de participación es muy variable de lugar a lugar, pero en la gran mayoría de los casos vota menos del 10 % de la población, la única excepción que hemos encontrado en Argentina es la de Vicente López que en el año 2017 participó casi el 17 % de la población (Sitio Web Oficial). Las razones para la baja participación ciudadana son distintas caso a caso, por el momento no contamos con los elementos necesarios para hacer afirmaciones categóricas respecto a las causas. Pero habiendo analizado en profundidad los casos de la ciudad de Vicente López observamos que existe una tradición que se incentiva año a año con publicidades oficiales y además el índice de cumplimiento de las obras es cercano al 90 %. Consideramos que ambas son causas que pueden ser relevantes: la divulgación mediática de la herramienta y el cumplimiento efectivo de los proyectos ganadores. En sentido contrario, está fuertemente difundida la creencia de que la población Argentina, en su mayoría no tiene una preocupación genuina por participar en actividades concretas como los presupuestos participativos. 

 

VI.    Conclusiones

En este trabajo hicimos un breve análisis de las características principales del presupuesto participativo que en su acepción intermedia se puede definir como un proceso mediante el cual ciudadanos contribuyen de manera voluntaria a la formación de al menos parte del presupuesto luego de reuniones realizadas junto a sus gobernantes. En ese sentido, incluimos distintas experiencias con distintas variantes pero destacamos que es un sistema que tiende a profundizar la participación ciudadana en los sistemas representativos a la hora de decidir acerca de parte del presupuesto de una organización, sea municipal o de otra escala.

     El origen de la práctica se remonta a fines del Siglo XIX y tiene su aparición en Porto Alegre (Brasil), si bien surgió claramente como una herramienta para volver a dar fuerza a los ideales socialistas, bien pronto se extendió como una práctica útil para relegitimar a las autoridades civiles y fue utilizada por partidos de todo el espectro político. En Argentina, el proceso histórico comenzó luego de la crisis del 2001, surgió en Rosario y se extendió rápidamente a las grandes ciudades. La finalidad de su aplicación en nuestro país fue recuperar la credibilidad en los gobernantes, después de la ya conocida catástrofe institucional. En los años posteriores se extendió a lo largo y ancho del país en más de 56 municipios, incluyendo grandes y pequeñas ciudades.

     Los presupuestos participativos incluyen una amplia gama de instituciones que son diferentes entre sí, pero que gozan de ciertas características en común. En primer lugar, requieren ciertas condiciones previas para su instauración que son: la voluntad política de los gobernantes, el capital social de los ciudadanos, la competencia del cuerpo burocrático, la distribución en regiones de tamaño reducido, los fondos necesarios para destinarlos a los proyectos ganadores y la descentralización política. El últimos requisito se ha puesto en duda en aquellos países que son unitarios y están aplicando la herramienta (como Francia).

     La experiencia en Argentina se da en las distintas ciudades siguiendo modelos relativamente similares caracterizados por cinco etapas: los talleres participativos, la presentación de propuestas, el análisis de factibilidad, la votación de proyectos y la ejecución de los ganadores. Ciertas variaciones se presentan entre los Municipios en relación a los sujetos legitimados para presentar proyectos: si son todos los ciudadanos o solo las asociaciones. Además existe una importante diferencia con respecto a la cantidad de proyectos ganadores: si solo se ejecuta el que más votos recibe o se extiende según el orden de votos hasta alcanzar el límite de lo presupuestado. Nosotros consideramos que el segundo sistema es el más apropiado a los fines de la práctica, ya que es más transparente e incentiva más a la participación.

En la actualidad, si bien hay varios municipios que lo están implementando en la mayoría de ellos la participación es inferior al 10 % de la población, lo que indica que el sistema no es exitoso o no es atendido por la población. No contamos con los elementos para afirmar categóricamente cuáles son las causas de la baja participación, pero existen dos líneas de razonamiento que son útiles para futura investigación: por un lado, se considera que la población Argentina en su gran mayoría no se caracteriza por su vocación participativa; por el otro, se observa que en la mayoría de las ciudades no se dan las actividades de propagación y publicación de la herramienta. 

Para concluir, consideramos que es solo el comienzo de una nueva experiencia que será indispensable para las democracias modernas. Estos cambios responden a que los intelectuales y los gobernantes reaccionan a la crisis del sistema representativo que habilita a acercar a la sociedad civil a los problemas políticos y a darle nueva legitimidad a la estructura social. Sin embargo, es necesario que los ciudadanos tomemos consciencia de la importancia de participar, controlar y comprometernos directamente con el sistema socio-político para poder convivir mejor.

 

VII.       Bibliografía

l   Bunge, M., 1997, Las Ciencias Sociales en discusión: una perspectiva filosófica, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 569 p. 

l   Cabannes, Y., 2004, “Participatory Budgeting: a significant contribution to participatory democracy”, Environment&Urbanization, Vol 16, N° 1, 27-46 p.

l   Franklin, A., Ho, A. y Ebdon, C., 2009, “Participatoty Budgeting in Midwestern States: Democractic Connection or Citizen disconnection?”, Public Financial Publications, 22 p.

l   Goldfrank, B., 2006, “Lessons from Latin American Experience in Participatory Budgeting”, University of New Mexico, Presented at the Latin American Studies Association Meeting, San Juan, Puerto Rico, 52 p.

l   Irvin, R. y Stansbury, J., 2004, “Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?”, Public Administration Review, 64, 54-65 p.  

l   Nino, C., 1980, Introducción al análisis del derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, 504 p.

l   Secretaría de Asuntos Municipales, 2014, “Presupuesto Participativo”, Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina, 53 p.

l   Sintomer, I., 2005, “Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 31, 17 p.

l   Tocqueville, A., 2015 (1835), La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México, 752 p.