RESEÑA

El proceso de estatalización o nacionalización implementado en un buen número de países latinoamericanos durante los últimos veinte años ha sido muy criticado desde los países capitalistas más desarrollados tanto desde instancias de poder como también de sus intelectuales.

Ello no responde tanto a diferentes enfoques académicos como a lógicas de poder que se insertan en las relaciones económicas y políticas existentes en el sistema internacional vigente. El presente trabajo explicará algunos de esos puntos.

 

ABSTRACT

Intellectual and powerful people from developed countries have criticised nationalization process implemented in several latin american countries over the past twenty years.

This is the result of power logic within economic and political relations in the present international system. This paper will explain some of those aspects.

 

 

El papel del Estado en América Latina en las últimas dos décadas

 

                                                     Clayson Cosme Da Costa Pimenta

 

 

 

1.    Introducción: el problema de las nacionalizaciones

 

El proceso de estatalización o nacionalización implementado en un buen número de países latinoamericanos durante los últimos veinte años ha sido muy criticado desde los países capitalistas más desarrollados tanto desde instancias de poder como también desde algunos think tanks.

Ello no responde tanto a diferentes enfoques académicos como a lógicas de poder que se insertan en las relaciones económicas y políticas existentes en el sistema internacional vigente (cabe recordar, no obstante, que todos los enfoques, sean académicos o no, son no neutrales), lo que implica que no se puede erigir una “muralla china” que separe los estudios académicos, por un lado, y las realidades socioeconómicas que son objeto de estudio, por otro. Y es que precisamente son los países más desarrollados los que cuentan con un sector estatal más fuerte en relación con su PIB (CEPAL, 2010), si bien es cierto que en los últimos años, sobre todo como consecuencia de la profunda crisis económica que afecta a las viejas potencias, se asiste a un proceso de reprivatización —más o menos profundo en función del país al que afecte— de recursos y empresas que antes eran de titularidad y propiedad estatal.

Dicho lo cual, hay que tener en cuenta que la nueva izquierda latinoamericana surge fundamentalmente a finales del siglo XX, si bien hunde sus raíces varias décadas antes. Tanto en Venezuela como en Bolivia, Argentina o Ecuador esta izquierda nacionalizadora se desarrolla en un contexto de economías caracterizadas fundamentalmente por ser de naturaleza extractiva que se ven influenciadas por dos décadas de paradigma neoliberal y del denominado “Consenso de Washington”, en que se llevan a cabo privatizaciones a gran escala (con el pretendido objetivo de “rescatar” a los estados en práctica bancarrota como consecuencia de la abultada deuda externa) y una penetración importante del capital financiero mundial.

Como consecuencia de las políticas impuestas por los organismos económicos internacionales de los grandes países capitalistas, los países periféricos se endeudaron de manera formidable, sufriendo gastos de recortes en servicios públicos esenciales a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE). Es en este escenario en el que los gobiernos de izquierdas latinoamericanos han actuado, tratado de establecer políticas económicas y sociales destinadas a aliviar la pobreza.

Tanto los efectos de la deuda externa como los derivados de la crisis internacional han conducido a la revalorización de la política de industrialización sustitutiva de importaciones. Este último elemento ha vuelto a plantear la interrogante en torno al carácter que ha de asumir la intervención del Estado. Los procesos de redemocratización —o de nacionalizaciones tras la ola de privatizaciones de la época neoliberal— reciente que han sacudido a algunos países de Latinoamérica han planteado dos tipos de problemas con relación al Estado:

1.    La pérdida de soberanía a que han sido confrontados dichos Estados como efecto de la aplicación de esquemas monetaristas de reestructuración económica. En efecto, la deuda externa y la dependencia que ella establece respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI) imposibilitan la determinación soberana de políticas económicas.

2.    La capacidad política de las nuevas democracias para renacionalizar el Estado ante las exigencias de cancelación de la deuda externa que han mermado significativamente la capacidad de importación de la economía. Es esta una situación que reabre el debate sobre la intervención del Estado, el proteccionismo económico y la reindustrialización de las economías que fueron sometidas a prolongados procesos de reestructuración monetarista (Fernández, 1989).

El Estado se erige en agente fundamental de la formación de una clase dirigente y, además, en el actor que protagoniza el paso de una clase de sociedad a otra, la cual se inserta en un proceso general de reestructuración (reestructuración que ha de interpretarse en dos sentidos: reemplazo del patrón de desarrollo de la forma de inserción de la economía en el sistema-mundo y la modificación del sistema de relaciones entre Estado y sociedad civil). Dicho de otra manera, el Estado pasa a detentar un rol de actor principal con una autonomía política relativa con respecto al conjunto de las clases sociales, aunque en última instancia siga funcionando como agente de la clase dominante y, en los países de Latinoamérica, de los sectores de la burguesía más cercanos a las potencias centrales hegemónicas (Fernández, 1989).

Por otra parte, Martins y Silva (2013) plantean que, en lo tocante a la estatización de recursos estratégicos y la línea de creciente integración regional, en el nuevo eje progresista latinoamericano (Bolivia, Ecuador, Venezuela o Argentina) emergen viejos y nuevos temas de la política de la región tales como la defensa de la soberanía de los recursos estratégicos nacionales, los nuevos escenarios abiertos para la integración regional, los límites y alcances de la reforma agraria, la discusión en torno a la extranjerización paulatina de la tierra o sobre la posibilidad y los objetivos de estatización (o re-estatización) de empresas estratégicas y de grandes bancos.

Las políticas de estatización de recursos estratégicos implementadas en algunos países de América Latina han servido a dos propósitos indisolublemente unidos: por un lado, el fomento del desarrollo socioeconómico interno y, por otro, la articulación de alianzas y de simetrías de ámbito regional. Gran parte de la bibliografía existente parece concordar con la idea de que el objetivo básico de estas reformas es lograr que la parte más importante del excedente que se desperdició durante la época neoliberal se destine a la inversión productiva (es decir, para la producción de bienes y servicios primordialmente, no para el consumo ventajoso de las minorías según lo impuesto por los poderes transnacionales y nacionales dominantes). Ello ha permitido avanzar en una mayor integración de la estructura productiva con el propósito de satisfacer las necesidades humanas de gran parte de la población.

No obstante, hay que tener en cuenta que para que las nuevas economías latinoamericanas hayan podido aprovechar el excedente económico de una manera mínimamente racional, ha sido indispensable disponer de un poder con capacidad para tomar las grandes decisiones políticas dirigidas a emprender una honda reestructuración de la economía.

 

 

2.    El rol del Estado, el proceso de nacionalización de los recursos y su impacto en el crecimiento regional

 

Las políticas económicas alternativas aplicadas en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia han seguido distintas direcciones. En primer lugar, se ha procedido a la realización de reformas agrarias profundas que han tenido en cuenta tanto la realidad como las posibilidades y límites de las agriculturas latinoamericanas. El principal objetivo ha sido el de romper una situación que condena a la pobreza a las masas campesinas, que han sido forzadas a proletarizarse y se han visto carentes de inversiones productivas y modernizadoras.

Otra dirección ha sido la estimulación y apoyo económico, técnico, administrativo y político al campesinado pobre para adquirir bienes de consumo, maquinaria agrícola e insumos imprescindibles para la consecución de los objetivos de la política económica alternativa en el campo. Este elemento ha buscado la democratización y una mayor eficiencia en las organizaciones económicas y sociales de los campesinos (uniones de crédito o cooperativas de consumo y de producción). Todo esto se ha conseguido respetando la autonomía de los campesinos, para que así pudieran cumplir sus viejos propósitos: incrementar la producción y sus rendimientos, desarrollar la industria local basada en la agricultura, avanzar hacia la diversificación productiva, ver satisfechas sus demandas más básicas en cuanto a necesidades vitales o liberarse de las distintas cargas privadas y estatales y ser capaces de insertarse en el mercado internacional, logrando con ello un aumento de sus inversiones, sus ingresos y garantizando una ocupación estable y bien retribuida.

Conjuntamente, se han instrumentado medidas de refuerzo a los servicios de seguridad social, de educación y capacitación, sin olvidar la potenciación de nuevas oportunidades para las jóvenes generaciones rurales de América Latina. Esta medida ha conseguido frenar en gran medida el enorme éxodo rural que se produjo en los años 80 y principios de los 90.

Si bien estas políticas son internas y no forman parte como tales del proceso de integración, sin lugar a dudas lo condicionan. Ello significa que han contribuido al acercamiento hacia el proceso de integración latinoamericana. Desde que se comenzaron a articular los primeros procesos de integración en América Latina, la realidad empírica se ha encargado de demostrar que, en general, el nivel de vida de las poblaciones latinoamericanas ha mejorado considerablemente, sobre todo en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador, y también en Argentina y Brasil.

Se puede afirmar que los gobiernos de izquierda latinoamericanos han conseguido alcanzar una tendencia favorable en los resultados económicos. Dicha tendencia se alcanzó con una fuerte influencia de la participación estatal en la economía que se revela evidente en estos años. Sin embargo, si nos adentramos en una evaluación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de otros países latinoamericanos, se confirma, que en todos los países el índice creció en este período. En el caso del PIB per cápita se percibe que en casi todos los países (Colombia, Perú, Chile, El Salvador y México, entre otros) hay un crecimiento, mientras que en otros (como Paraguay, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) se observa estabilidad y crecimiento. Incluso se evidencia un crecimiento del PIB sostenido en América Latina en este período. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia que expresa un impacto más positivo en los países con fuerte intervención estatal con respecto a aquellos que no participaron en este proceso?

Para comprender el impacto positivo que ejercieron las políticas de los gobiernos de izquierda con respecto a los resultados de los otros países, es conveniente analizar, entre otros aspectos, indicadores asociados a la educación y la salud, que expresan la pertinencia de la utilización del excedente en estos países con una proyección distributiva que beneficia logros sociales.

Los países que tuvieron una mayor participación estatal en la economía y que se definieron con una posición más radical en sus discursos políticos hacia la izquierda alcanzaron, en el período 2000-2010, un mayor crecimiento de la cobertura universitaria en América Latina. Estos países son Ecuador, Venezuela y Bolivia, con tasas de crecimiento del 11,6%, 11,2% y 9,9%, respectivamente. Por consiguiente, las políticas de estatalización de esos países impactaron en el crecimiento de la cobertura universitaria en los primeros diez años del siglo XXI.

El refuerzo de la inversión pública ha sido otro de los grandes ejes sobre los que se ha articulado la política económica alternativa de las nuevas izquierdas latinoamericanas. Tanto en Ecuador como en Argentina, Brasil, Bolivia o Venezuela, se ha conseguido un nivel mayor de crecimiento económico, reorientando principalmente el sistema productivo hacia la producción de bienes de capital, todo lo cual ha repercutido en una mayor integración nacional, regional e internacional.

Para el logro —aún con un nivel insuficiente, pero en absoluto desdeñable— de estos objetivos, las economías latinoamericanas que han protagonizado procesos de nacionalizaciones han llevado a cabo una serie de cambios muy complejos. Estos son algunos de los más relevantes (CEPAL, 2013; García y Pollack, 2004; Etxezarreta, Guridi y Pérez, 2008):

·        El robustecimiento de la capacidad productiva, social y de inversión del Estado, que ha repercutido en una mayor eficiencia, una menor corrupción y una mejora de los proyectos de índole económica, ya que estos se han planificado y seleccionado en función de las necesidades de acumulación propias.

·        La reorientación no solo la inversión estatal, sino también de las grandes compañías privadas con el objetivo de lograr una producción a mayor escala, con una calidad más alta y una mayor productividad del factor trabajo, principalmente explotando más y mejor aquellos sectores en los que los países poseen ventajas comparativas, a través de estímulos y regulaciones apropiados. Se trataba de beneficiarse de las ventajas de las tecnologías más avanzadas y flexibles para incrementar así la productividad y también la oferta de productos básicos de alta calidad enfocados tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

Siguiendo a Etxezarreta et al. (2008), a diferencia de lo que sucedió en la Gran Bretaña de la primera Revolución Industrial, la industrialización tardía de los países dependientes, coloniales y semicoloniales no se ha basado en la innovación tecnológica, sino justamente en la importación y en la adaptación de tecnologías de procedencia extranjera (podemos decir, en todo caso, que los procesos de innovación se basan en el aprendizaje en no pocos países desarrollados). La carencia de tecnologías innovadoras ha entorpecido el proceso de crecimiento y desarrollo económico, así como la competitividad de las economías latinoamericanas en particular y de las dependientes en general (y ello a pesar de la existencia de bajos niveles salariales y a la gestión deliberada de los tipos de cambio).

Por todo ello, los Estados de América Latina se han visto forzados a intervenir más en la industrialización tardía de los países periféricos que lo que tuvieron que  hacer los Estados más poderosos en las experiencias anteriores de desarrollo industrial. Las dos vertientes fundamentales sobre las que ha pivotado esta intervención nacional/estatal han sido la adopción de medidas con miras a favorecer la expansión y la diversificación de la industria así como el aseguramiento de una transferencia eficaz de la tecnología extranjera y de una mayor generación de tecnología nacional (Rojas, 2012).

Por otra parte, se hace evidente una acción más consciente y mejor calibrada en torno al proceso de concentración y centralización de los mercados que se desarrollan dentro de todos y cada uno de los países latinoamericanos. No obstante, esto ha tropezado en ocasiones con el problema del entorpecimiento relativo de la acumulación de capitales y la creación de ciertas fugas de capital. A pesar de ello, el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores (no monopolistas) ha sido considerable.

También se trabajó en la reorganización profunda de todo el sistema financiero y fiscal, transformando este último en un sistema progresivo (y no regresivo, como lo era durante el periodo de hegemonía neoliberal); del sistema bancario y del conjunto de las instituciones financieras y de crédito, haciendo con todo ello más accesible el crédito para las pequeñas y medianas empresas, tan importantes en el conjunto de los países de América Latina. Este proceso, si bien aún está lejos de haberse completado, ha mejorado considerablemente durante las últimas décadas gracias al proceso de integración ocurrido en la región.

No escapa a estos resultados la disminución de la deuda externa que se produjo en la a mayoría de los países de la región entre 2003 y 2008. Este período, caracterizado por una fuerte abundancia de liquidez internacional, está relacionado con un fortalecimiento de la situación financiera exterior gracias a la obtención de excedentes en la cuenta corriente y a una deuda externa que se mantuvo moderada y fue inferior al crecimiento del PIB. En concreto, durante la primera década del siglo XXI se observa una significativa disminución del coeficiente de la deuda externa que conlleva un considerable incremento de las reservas de divisas que administran los bancos centrales. Esta tendencia se observa en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y, especialmente, en Venezuela.

El crecimiento económico, sobre todo entre los años 2003 y 2008, así como la posibilidad que tienen los Estados de retener una parte de los ingresos generados por el alza de los precios en las materias primas —por medio de aranceles al comercio exterior u otras formas de captar la renta—, fueron otros factores que contribuyeron al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Por último, la puesta a disposición de mecanismos financieros y fiscales ha abierto nuevos cauces a proporciones cada vez mayores del ahorro interno. Esto se ha planteado con el propósito de orientar dicho ahorro a la acumulación de capital productivo, procediendo los Gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana a estatizar o a controlar de manera parcial desde el sector público los resortes financieros más importantes, los bancos centrales y las políticas monetarias y financieras básicas. Una gran ventaja de la integración latinoamericana y del proceso de (re)nacionalizaciones ha consistido precisamente en la consecución de la estabilidad monetaria y cambiaria, lo que sin lugar a dudas ha impedido en gran medida la fuga de capitales.

 

 

3. Conclusiones: logros sociales del papel del Estado y las nacionalizaciones en América Latina durante las dos últimas décadas

El periodo de fuerte crecimiento económico registrado a partir de 2002 impactó en la disminución promedio del Índice Gini, que fue de al menos un 1 % al año en el período 2002-2011, lo que significa un descenso de las desigualdades en la distribución de ingresos. Los países que registraron las mayores reducciones, con tasas de disminución del Índice de Gini superiores al 2 %, fueron Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, constatándose de nuevo un predominio de los países con gobiernos de izquierda.

También en este contexto se perciben de manera favorable importantes cambios en la esfera laboral que indican una mejoría en el nivel de vida de la población, resultado de políticas estatales orientadas al empleo, así como una mejor atención al complicado tema de las pensiones y otras importantes áreas asociadas a la problemática social en estas naciones. En el periodo comprendido entre 2003 y 2012 se percibe un decrecimiento de la tasa de desempleo urbano en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En todos estos países, excluyendo a Venezuela, la tasa promedio de desempleo es inferior a la media latinoamericana, tal y como se aprecia en la Tabla 1.

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Desempleo urbano

Fuente: OIT (2013).

En los países con gobiernos de izquierda que hemos seleccionado se constata una disminución del desempleo juvenil urbano, lo cual constituye un componente social importante dirigido a crear condiciones para mejorar el nivel de vida de la juventud. Por comentar los casos más llamativos, en Argentina el desempleo juvenil pasó del 35,3 % en el año 2003 al 18,2 %; en 2012 y en Brasil de 38,2 % en 2003 al 22 % en 2012. También se produjo un descenso importante en otros países como Bolivia Ecuador y Venezuela. En cambio, en países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú no mejoraron las tasas medias anuales de desempleo juvenil.

En la Tabla 2 se confirma un crecimiento de la tasa de ocupación en el sector estatal de los países analizados. Se destaca Venezuela, que creció aproximadamente seis puntos porcentuales pasando de un 14,8 % en el año 2000 a un 20,5 % en 2012. Le siguen Argentina (del 16 % en el año 2000 al 17,3 en el año 2012) y Bolivia (del 10,7 % en 2000 al 12,1% en el 2012). Sin embargo, Ecuador se encuentra por debajo de la media latinoamericana y Brasil se sitúa al mismo nivel que el conjunto de la región.

 

 

 

Tabla 2. América Latina: Población ocupada urbana según categoría ocupacional y sexo. 2008-2012. Ocupación en el sector público

Fuente: OIT (2013).

Las políticas dirigidas al sector público por parte de estos gobiernos se ocuparon con resultados favorables de la protección de la salud y de la problemática de las pensiones. En la Tabla 3 se muestra que el país que más ha avanzado en la protección de la salud y en las pensiones en este período es Ecuador con un crecimiento porcentual de 17,4 % en el sector público, lo cual confirma toda la labor en estas esferas que se ha realizado en la nación en tan solo doce años. También se constata como Argentina es el país que se encuentra por encima de la media latinoamericana y como Brasil se mantiene en la media latinoamericana, mientras que Ecuador supera la media solo en los años 2011 y 2012.

Tabla 3. América Latina: Población ocupada urbana con protección en salud y/o pensiones, 2000, 2008-2012 (Porcentajes)

Fuente: OIT (2013).

Con respecto a la tasa de ocupación urbana, Venezuela es el único país que alcanza una tasa superior a la media de América Latina y al mismo tiempo muestra un crecimiento de esta tasa en el período analizado que va del 52,9 % en 2003 hasta el 55,7 % en 2012. Argentina, y Brasil también exhiben crecimientos, mientras Ecuador y Bolivia revelan un estancamiento en este rubro.

Por último, una mirada al salario real mínimo nos revela un crecimiento en Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, se pasó del 117,4 en 2003 hasta el 197,5 en 2012 y en Bolivia del 117,0 al 153, 3. Por su parte, en Ecuador, en el año 2003 el salario mínimo fue de 98,4 y en el 2012 de 144,9, mientras que en Venezuela se pasó del 85,1 al 113% en el mismo período. En cambio, en otros países como México, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana los salarios mínimos reales se mantuvieron estancados a pesar del crecimiento económico que obtuvo América Latina en todo este período. Así pues, estos datos confirman que los gobiernos de izquierda contribuyeron a mejorar el bienestar de la población ocupada en el período analizado, gracias a un crecimiento del salario mínimo.

Todos los resultados alcanzados coincidieron con uno de los mayores auges en el mercado de materias primas de la historia moderna. Los gobiernos pudieron ampliar las exportaciones (desde petróleo hasta soya) y recibieron ingresos extraordinarios que, en la mayoría de los casos, se gastaron en programas sociales bien diseñados y accesibles. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que entre 2003 y 2012 las economías latinoamericanas crecieron por encima del 4 % anual. Según este organismo, en la primera década del siglo la pobreza extrema y el hambre se redujeron a la mitad de los niveles de 1990, el analfabetismo entre los jóvenes descendió más del 75 %, bajó la mortalidad infantil en dos tercios y cayó a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable.

En este contexto, la izquierda en el poder ha tenido éxitos extraordinarios, aún más teniendo en cuenta que los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad se han dado en el marco de una economía internacional con bajos ritmos de crecimiento que, al contrario, aumentó dichas magnitudes. En el continente más desigual del mundo, cercados por un proceso de recesión profunda y prolongada del capitalismo internacional, tal como afirma Sader (2016), “los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay Bolivia y Ecuador han disminuido la desigualdad y la pobreza, han consolidado procesos políticos democráticos, han construido procesos de integración regional independientes de Estados Unidos y han acentuado el intercambio Sur-Sur”.

Los resultados mostrados corroboran la idea de que los procesos de nacionalización y la participación activa del Estado en los gobiernos de izquierda han iniciado un camino que permite la mejora de las condiciones de la inserción internacional, la ampliación y la consolidación del desarrollo (dándole sustentabilidad), la mejora del bienestar de la población, el afianzamiento de la estabilidad social, la paz y un acercamiento al proceso de integración latinoamericano. De ahí que la integración tenga que constituirse en un proyecto económico y político estratégico, siendo la base fundamental para el mismo el pensar y sentir de manera compartida, conformando una voz solidaria en áreas sustantivas que posibiliten lograr las metas indicadas anteriormente. (Rojas 2012).

Por consiguiente, se constata un acercamiento en torno a la unidad regional lograda y al crecimiento y desarrollo conseguido en América Latina en estos años del inicio del siglo XXI hasta los años 2012-2013. En otras palabras, se aprecia una vinculación entre el desarrollo humano y la integración económica.

Se debe tener en cuenta que el desarrollo humano es un proceso de ampliación continua de las opciones de las personas, lo cual se logra ampliando las capacidades del hombre en todas sus dimensiones. Esta perspectiva implica, así pues, una visión global de los derechos humanos en todos sus ámbitos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y es bajo esta conceptualización del desarrollo humano como debe concebirse cualquier política económica alternativa, pretendiendo resultados más ambiciosos que el neutro equilibrio macroeconómico, es decir, buscando la mejora permanente de las condiciones de vida de las mayorías sociales así como también la consecución de un progreso nacional independiente.

 

           

Referencias

 

            Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 2013. http://www.cepal.org/es/datos-y-estadisticas

Pérez, J. Etxezarreta, E. Guridi, L. (2008). ¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Solidaria? Nuevas Economías. Ecuador.

Pollack, M. García, A. (2004). Crecimiento, competitividad y equidad: rol del sector financiero. Descripción en: Serie financiamiento del desarrollo. CEPAL (Santiago, Chile) n. 147 noviembre de 2004.

            Silva Flores, C. y Martins, C. (2013). “Nuevos Escenarios para la Integración de América Latina” Grupo de Trabajo Integración Regional y Unión Latinoamericana, Editorial Arcis, Clacso, pp. 3-324

            Sader, E. (2016). La crisis de la izquierda latinoamericana. http://www.alainet.org/

Rojas Aravena F. (2012). “La Celac y la integración latinoamericana y caribeña”. Nueva Sociedad, 240.

Rojas Aravena, F. (2012). “La Celac y la integración latinoamericana y caribeña. Principales claves y desafíos”. Nueva Sociedad, 240

          Martínez Fernández (1989). “El Che y el socialismo”.  México, Nuestro Tiempo, 1989.

          CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010a), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2009-2010 (LC/G.2458-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.10.II.G.3.

            (2010b) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2010 (LC/G.2480-P), Santiago de Chile, diciembre. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.11.II.G.2

             Organización Internacional del Trabajo (OIT). https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm