Modelo
de percepción de riesgos-beneficios e intención de voto a favor de las
ciclovías
Bertha
Leticia Rivera-Varela, Gerardo Arturo Limón-Domínguez, Francisco Rubén
Sandoval-Vázquez, Cruz García-Lirios
Introducción
El
proyecto se inscribe en la disciplina de Trabajo Social, área de estudios
documentales y de la complejidad, pero incluye conceptos provenientes de la
psicología social, la sociología ambiental y la economía solidaria.
Es
así como la percepción de riesgos-beneficios y las intenciones de voto son,
desde la óptica de la psicología social, resulta de la interrelación entre grupos
como es el caso de quienes están a favor de las políticas de movilidad de cero
emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, las decisiones de
usar un transporte ecológico se deben al uso intensivo de una tecnología que
hace posible las cero emisiones, pero sobre todo al significado de esas
tecnologías.
De
este modo, atribuciones positivas a la ciencia que produce las tecnologías de
cero emisiones propicia n una tendencia a favor de las políticas de ciclovías,
las estrategias de movilidad compartida o los subsidios en la instalación de
motores para bicicletas, pero esa construcción social de las cero emisiones
debe complementarse con el significado de la huella ambiental y atmosférica de
los usuarios del transporte que emite el bióxido de carbono a la atmósfera.
Desde
la aproximación sociológica ambiental, la construcción social de la naturaleza
es distinta a la construcción social del equilibrio ecológico ya que, la
primera supone un medio o instrumento de dominio de la humanidad, mientras que
el segundo implica el cuidado del entorno para las futuras generaciones de
humanos, descendientes de quienes hoy toman la decisión de reducir su emisión
de bióxido de carbono y la huella atmosférica
No
obstante, tanto la construcción social del medio ambiente como el significado
en torno al uso de transporte de cero emisiones como es el caso de las
ciclovías implican una lógica de costo beneficio sin la cual no podría
explicarse el avance de la ciencia y de la humanidad que supone mayores y
mejores opciones de protección y conservación del medio ambiente.
Se
trata de una lógica económica ambiental de costo y beneficio que condicionan la
viabilidad de las políticas ambientales, las estrategias de prevención y los
programas de promoción del autocuidado mediante el uso intensivo de la
bicicleta.
Pues
bien, el enfoque del Trabajo Social retoma las contribuciones de las tres
disciplinas y las integra en un modelo de intervención con la finalidad de
articular las demandas civiles en las instituciones estatales y de traducir las
políticas de gobierno en las organizaciones civiles encargadas de incentivar
los subsidios y las condonaciones orientadas a la reducción de la huella
atmosférica como es el caso del uso de las ciclovías.
La
gobernanza desarrollo humano, entendido como un proceso de cogobierno,
cogestión y corresponsabilidad que considera a los recursos y a los servicios
como comunes, es el objeto de estudio e investigación del presente trabajo.
La
gobernanza del desarrollo humano supone un escenario de cogobierno de
conflictos, libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades de gestión
como de autogestión orientado hacia la conservación de espacios y especies
(Carreón et al., 2016).
En
el marco de los efectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental,
los gobiernos locales han implementado políticas y estrategias para reducir
tales efectos, pero la gestión y la administración ha sido preponderantemente
estatal, excluyendo a los ciudadanos o en el mejor de los casos confinándolos a
participar en la evaluación del desempeño de instituciones o funcionarios,
soslayando los derechos que garantizan y obligan a la sociedad civil a proponer
y discutir con sus autoridades un futuro común (García, 2013).
En
consecuencia, las propuestas de autogobierno, autogestión y autoadministración
de los recursos naturales y los servicios públicos se han edificado
contraponiéndose a las leyes, instituciones y decisiones estatales, aún y
cuando los medios de comunicación han difundido a la corrupción política como
el obstáculo para el desarrollo local sustentable (García, Carreón y Hernández,
2016a).
Por
consiguiente, desde la academia es menester la integración del autogobierno con
la rectoría del Estado en materia de cogobierno, cogestión y coadministración de
los recursos naturales y los servicios públicos a fin de reducir el impacto del
cambio climático en la salud pública ambiental (García et al., 2012).
Teoría
del desarrollo local sustentable
Los
marcos teóricos y conceptuales que explican la gobernanza del desarrollo humano
son: 1) teoría de las espacialidades, 2) teoría de los habitus y 3) teoría de
las capacidades.
La
teoría de las espacialidades, para los fines del presente escrito, refieren a
la explicación de la fetichización de espacios a los que se les atribuye un
poder que los diferencia como es el caso de residir o aspirar residir en la
ciudad con respecto a la periferia o al campo (Lefébvre, 1974).
Es
así como una espacialidad supone una atribución desmedida de privilegios con
respecto a procesos, cosas, objetos o personas. De esta manera, la
fetichización de los espacios genera la exclusión de personas, aunque también
se excluyen especies, espacios, cosas, procesos u objetos por el simple hecho
de atribuirles un sitio fuera de una urbe (García, Carreón y Hernández, 2016b).
Sin
embargo, la teoría de la espacialidad no advierte que tales atribuciones de
poder a los espacios urbanos devienen de habitus tanto heredados como
aprendidos. Este es así porque las disposiciones de quienes residen en urbes
son transferidad des generación en generación y se moldean en la interrelación
familiar, escolar o laboral (Bourdieu, 2002).
De
esta manera, la exclusión a partir de la atribución de una superioridad a las
urbes, sintetizada en las percepciones de la calidad de vida o la estética
residencial, es una disposición negativa hacia todo aquello que no esté en la
ciudad, pero también es una disposición que se aprende (García et al., 2013).
Al
interactuar, los residentes de una urbe desarrollan habilidades y conocimientos
en torno a lo que consideran servicios de seguridad y confort que los llevan a enaltecer
su elección de residencia con respecto a quienes residen en espacios sin
servicios que consideran esenciales como pavimentación, alcantarillado, drenaje
o potabilización (García et al., 2014).
Ambos
habitus, heredados y aprendidos explican la elección de un habitad, una
estancia de residencia, así como una travesía hacia el confort y un retorno al
lugar de primera residencia, pero no explican el aprovechamiento de
oportunidades de compra o venta de casa residencia, ni el esparcimiento o
entretenimiento que supone el turismo solidario o la búsqueda de empleo o
estudios en las urbes (García et al., 2016).
La
teoría de las capacidades advierte que los servicios públicos; salud,
educación, empleo, vivienda o entretenimiento, aparentemente distintivos de una
urbe con respecto a la periferia o el campo, son producto de las habilidades y
los conocimientos que un residente desarrolla a partir de una lógica de escasez
o abundancia (Sen, 2011).
La
lógica de la escasez no sólo explica la ineficiencia e ineficacia dela rectoría
del Estado, la ilegitimidad de sus políticas urbanas o la nula efectividad de
sus estrategias sino, además advierte que, en un contexto de austeridad o
contingencia, los residentes se organizan para hacer frente a la crisis de
desabastecimiento, aunque animados por la idea de que conservarán los recursos
naturales para sobrevivir a la ingobernabilidad creciente (García et al., 2017).
En
contraste la lógica de la abundancia, aunque refiere a una serie de creencias
acerca de que el entorno natural es abundante y de que los residentes deben
optimizar tales recursos, plantea el desarrollo de habilidades y conocimientos
necesarios para importar de otros lugares los recursos que se demandan (García,
Valdés y Sandoval, 2016).
La
lógica de la escasez supone una cooperación solidaria mientras que la lógica de
la abundancia sugiere una competencia por los recursos del entorno inmediato y
circunvecino (Hernández et al., 2014).
Por
tanto, la gobernanza del desarrollo humano, desde los enfoques revisados,
refiere a percepciones de escasez o abundancia de recursos y su reflejo en la
calidad de los servicios locales.
Estudios del desarrollo
local sustentable
El trabajo se inscribe en el humanismo desarrollista (libertades,
capacidades y responsabilidades), el constructivismo estructuralista (habitus,
capitales y campos) y el urbanismo marxista (espacialidades).
·
Libertades,
capacidades y responsabilidades para la reapropiación de la ciudad (espacios y
recursos hídricos).
·
Habitus,
capitales y campos en los que se gestan los conflictos por la redistribución de
los recursos y los espacios de la ciudad (acuíferos, redes y pipas).
·
Espacialidades
para la gobernanza de los recursos locales de la ciudad (conciencia para la
distribución equitativa del agua).
La proximidad de los conceptos a los estilos cotidianos, permitirá
discutir la importancia del sistema político de gobernanza en referencia al
sistema económico de ecociudad. En tal sentido, es menester abrir el debate en
torno a la inclusión social a través del derecho a ciudad, principalmente a los
recursos naturales y esencialmente a los recursos hídricos como elementos de
desarrollo sustentable local (Brites,
2012).
La ciudad como un escenario de símbolos, significados y sentidos
en torno a los cuales se representan las asimetrías entre las políticas
públicas y los estilos de vida citadinos. La ciudad es un escenario de recursos
que incrementan capacidades, pero también aumentan las responsabilidades (Cravino, 2012).
Los estudios relativos a los servicios inmobiliarios; espaciales y
tecnológicos señalan que la dimensión de las casas habitación y la tecnología
de sus instalaciones, al ser cada vez más reducidas las primeras y más
automatizadas las segundas, facilitan la captación fluvial y el reciclaje, pero
inhiben el almacenamiento y reutilización de agua. La capacidad de provisión
parece incentivar la irresponsabilidad del derroche de agua (Cueva, 2012).
La interrelación entre recursos, servicios, escenarios,
habilidades, conocimientos y responsabilidades que harían necesario un sistema
de gobernanza suponen un equilibrio entre los factores mencionados este
regulado por el Estado, supervisado por la ciudadanía y financiado por el
mercado (Guillén, 2010).
Sin embargo, a partir de un marco político desarrollista en el que
las libertades darán paso a las capacidades y éstas a las responsabilidades.
Tal proceso parece inhibirse dada la escasez de los recursos naturales en las
ciudades. Es decir, la disponibilidad de los recursos, al ser un hecho objetivo
más que subjetivo, influye en los estilos de vida de los usuarios que habitan
las ciudades. Tal fenómeno de escasez activa políticas públicas que buscan
abastecer de recursos a un sector social en detrimento de otro (Gissi y Soto, 2010).
En respuesta a la exclusión o marginación de los servicios
públicos, la población segregada construye habitus intuito, adopta
estilos de vida desde los cuales se confrontarán simbólica y activamente con
las autoridades. Las protestas, cierres, mítines, manifestaciones, marchas
confrontaciones físicas o verbales son el resultado de la escasez de recursos,
las políticas públicas y los estilos de vida o habitus de la ciudadanía
(Iglesias, 2010).
Los estudios en torno a los estilos de vida en las urbes en
materia de desabasto, ahorro y reutilización de agua muestran que una
disponibilidad inferior a los 50 litros diarios por persona incrementa la
austeridad, pero aumenta las confrontaciones con las autoridades locales;
secuestros de pipas, cierres de avenidas, boicots a redes y tomas clandestinas.
La ciudadanía segregada de los espacios hídricos y los servicios públicos,
desarrollan habilidades y estrategias para evidenciar la situación en la que se
encuentran, manifestar su indignación y apropiarse de espacios (Loyola y Rivas,
2010).
En el marco de los conflictos hídricos entre autoridades y
usuarios, los estilos de vida ciudadanos en una situación de escasez son una
consecuencia de las políticas públicas. La ciudad es un campo de interrelación
entre capitales y habitos socialmente constituidos. De este modo, los
capitales económicos y políticos están confrontados con los capitales naturales
y ciudadanos. Es decir, el mercado y el Estado requieren de acuíferos que
abastezcan la industria y los servicios privados como públicos de la ciudad,
empero la disponibilidad de agua, a través de la recarga de acuíferos, es cada
vez menor a los estándares internacionales o los registros históricos nacionales.
Tal escenario explica la emergencia de habitus o estilos de vida en los
sectores vulnerables, marginados o excluidos (Malmod, 20011).
Sin embargo, los estilos de vida son coyunturales, emergentes e
inherentes a un grupo o agente social. Es decir, ante una situación de escasez
y desabasto, la austeridad subyace y de igual modo, desaparecería en una
situación de sustentabilidad hídrica en la que la recarga de los acuíferos
garantizaría el desarrollo humano y local de las demarcaciones de una ciudad.
Tal planteamiento, es insuficiente si se requiere entender el proceso histórico
que llevó a las ciudades a concentrar los recursos, servicios, estilos de vida
y capacidades (Molini y
Salgado, 2010).
La ciudad como un escenario simbólico en el que se materializan
las relaciones de producción. La ciudad concentró las relaciones económicas
asimétricas entre las clases dueñas de los medios de producción y la fuerza
laboral. En este sentido, la ciudad es un escenario de producción industrial
más que de servicios ya que las relaciones asimétricas entre burguesía y
proletariado prevalecen sobre otras relaciones asimétricas. Por ello, la
conciencia del espacio es menester ya no para apropiarse de la fábrica, sino de
la ciudad que la alberga. El derecho a la ciudad sería la extensión del derecho
a una relación de producción simétrica (Nozica, 2011).
Si la fuerza laboral sólo se apropia de los medios de producción,
los espacios serían únicamente un accesorio de la lucha de clases más que un
elemento constitutivo de las diferencias entre dichas clases (Nacif, Martinet y Espinosa, 2011).
La
redistribución de los recursos y su impacto en el desarrollo humano, local y
sustentable se explica desde las diferencias existentes entre individuos (sexo,
edad, habilidades, educación, localidad) determinan las libertades que los
individuos requieren para desarrollarse sostenidamente. En este sentido, las
capacidades son conocimientos y experiencias derivadas de la interrelación
entre las características individuales, los recursos y los espacios. A medida
que los recursos escasean, las capacidades se ven diezmadas y los espacios son
escenarios de conflictos ya que el Estado limita las libertades para garantizar
una distribución proporcional de los recursos (Pallares, 2012).
En
el caso del agua, las capacidades juegan un papel fundamental ya que el uso
cotidiano del agua implica el desarrollo de estilos de vida o habitus
que pueden ayudar a contrarrestar la situación de escasez y desabasto. En tal
sentido, la explicación de las discrepancias entre las políticas locales de
abastecimiento de agua y las acciones de autogestión, cierre de avenidas,
intervención de redes, secuestro de pipas y boicots al sistema son el resultado
de transformaciones de los recursos y espacios a los que un sector de la
ciudadanía no tiene acceso (Oorostegui y Matos, 2009).
Si
las capacidades y los habitus son indicadores de los conflictos entre
las expectativas de la ciudadanía y las decisiones públicas, entonces es
fundamental la reapropiación de los espacios para el debate sobre el derecho a
la ciudad, sus recursos y sistemas de abastecimiento como de distribución
hídrica (Pérez, 2010).
En
tal sentido, la categoría de poder para explicar las diferencias entre las
relaciones de producción simbólica y material. La ciudad se erige como un
símbolo de poder que homogeniza las relaciones de producción porque las
condiciones materiales para la misma ya están pre-establecidas espacialmente.
Es decir, las relaciones espaciales, son relaciones de poder, pero no relaciones
comunicativas o discursivas, sino materiales, aunque su fetichización las hace
parecer como objetos tangibles, pero sólo a nivel discursivo, tales relaciones
podrían transmutarse (Paniagua, 2012).
El
fetichismo del espacio como mercancía desvirtúa el principio según el cual las
condiciones materiales de existencia determinan la superestructura ideológica.
Esto es así ya que el enaltecimiento de los objetos es inherente al valor de su
uso. El espacio, real o simbólico tendría un valor de uso, pero no de cambio,
aunque lo interesante de su fetichización está en que indica el grado de
alineación a las relaciones de producción capitalistas sobre cualquier otro
tipo de relaciones en la que los espacios no fuesen transformados en mercancías
(Santamaría, 2012).
En
cierto modo, las capacidades y los habitus serían precedentes a la
alineación y estarían indicadas por su grado de representación fetichista del
espacio. Si las capacidades y los habitus son habilidades circunscritas
a los recursos y espacios, entonces la alineación sería el resultado de la
escasez de recursos y la distribución asimétrica de los mismos. La escasez de
agua fetichizada en desabasto supondría la emergencia de habilidades de ahorro
o habitus de dosificación, pero tal proceso inhibiría la representación
del conflicto y cambio social. es decir, la escasez, desabasto, confrontación o
boicot indican un seudo-conflicto ya que es resuelto por abastecimiento de
pipas, la distribución de garrafones, la provisión regular de agua o el
otorgamiento de vales para la compra de agua. Las contradicciones existentes
entre las políticas públicas y los estilos de vida, derivadas de la demanda del
mercado farmacéutico, refresquero o cervecero, son reducidas a relaciones de
distribución más que de producción o apropiación de espacios (Verissimo, 2012).
La
fetichización del espacio impide observar las diferencias entre las relaciones
sociales y la estratificación de las mismas a partir de mecanismos de
segregación espacial y económica. Por ello es menester considerar como un
complemento socio-histórico a las categorías de habitus y capacidades
las cuales son a-históricas por considerarlas emergentes o subyacentes a la
ausencia de libertades o la generación de conflictos abstractos entre la
estructura (políticas públicas) y la agencia (Urquieta y Campillo, 2012).
Los
sistemas de gobernanza de los recursos naturales, principalmente los hídricos a
los estilos de vida de los usuarios en referencia a las políticas públicas de
oferta de agua y abastecimiento irregular. En tal sentido, la
reconceptualización de los sistemas de gobernanza local permitirá una mayor
equidad entre los sectores a través de un marco jurídico normativo de derecho a
la ciudad en lo general, los recursos naturales y servicios públicos en lo
local y el confort del agua en lo particular (Vieira, 2012).
No obstante, la urgencia
de un sistema político más justo en torno a la ciudadanía de las urbes, los
proyectos de ecociudad son multidimensionales y en dicha diversidad estriba su
complejidad (García et al., 2017).
El
concepto ecocidad es multidimensional. Ha sido entendido como un sistema
económico, político y social para reducir la huella ecológica de las
generaciones antecedentes en referencia a las capacidades de las generaciones
precedentes, un espacio delimitado a un millón de habitantes, cuyas actividades
son la agricultura y la industria en función de la disponibilidad hídrica,
aunque escenario de conflictos, el reciclaje se plantea como su principal
instrumento de desarrollo (García et al., 2013).
El
concepto de ecociudad está relacionado con otros de índole socio-histórica. Aunados a las categorías de libertades, capacidades,
responsabilidades, habitus, capitales, campos y espacialidades, los
conceptos de gobernanza, segregación, sustentabilidad, centralidad,
inclusión, periferia y plusvalía permitirán conceptualizar la problemática de
escasez, mercadocracia y desabasto en la demarcación de estudio (García et al.,
2014).
Si se consideran los conceptos esgrimidos, un sistema de
gobernanza orientado a la ecociudad es opuesto a la segregación vía la
relocalización de sectores sociales a partir de la naturalización de su
exclusión, pero está más próximo al desarrollo local ya que el termino
sustentabilidad incorpora al sistema de gobierno como rector de los recursos y
servicios de la ecociudad. Antes bien, un sistema de gobernanza se gesta en
localidades pequeñas tales como el barrio o la periferia hasta extenderse al
centro de la ciudad. Es así como los indicadores de ecociudad serían aquellos
relacionados con la sustentabilidad e inclusión. En este sentido, los estudios
en torno a los proyectos de sustentabilidad y ecociudad parecen demostrar la
viabilidad de los términos a partir de indicadores heterogéneos (García et al.,
2016).
Los
estudios latinoamericanos en torno a la escasez, la mercadocracia y las
políticas públicas de los recursos hídricos en las ciudades han utilizado
diversos instrumentos para medir los indicadores de sustentabilidad hídrica
local. El manejo de los recursos hídricos; la apropiación étnica del espacio
urbano; la densidad poblacional como factor de sustentabilidad residencial; la
identidad nacional como argumento de diseño de las edificaciones; el
reordenamiento a partir de la inclusión y exclusión espacial, las políticas de
turismo bi-oceánico periurbano; la percepción de riesgo periurbano; la
segregación de las plazas públicas y la representación de la ciudad según
estratos sociales son ejemplos de la relevancia empírica de estudiar la
escasez, mercadocracia y políticas públicas en torno a los recursos hídricos de
la Ciudad de México (García et al., 2014).
Los
estudios empíricos respecto a la sustentabilidad y ecociudad han incorporado la
dimensión simbólica y representacional de quienes consumen los recursos y por
tanto evalúan los servicios públicos. De este modo, los estudios se han
enfocado en el impacto de las políticas públicas sobre los estilos de vida de
los pueblos originarios, comunidades, barrios y localidades periurbanas en
referencia a la centralidad y el ordenamiento territorial. En tal proceso, los
estudios cualitativos han sustituido a la cuantificación de los espacios, los
instrumentos tales como planos, registros y mapas han sido sustituidos por
entrevistas a profundidad. La indagación de las relaciones espaciales y los
recursos naturales ahora han incorporado las representaciones de los servicios
públicos como elemento fundamental del sistema de gobernanza a través del
establecimiento de tarifas por los servicios urbanos (Carreón et al., 2016).
Las
relaciones de apropiación, transformación y distribución de recursos y espacios
en su proceso de desarrollo, incentivaron la diferenciación de las clases
sociales. A medida que las diferencias se exacerbaron, la segregación de los
espacios resguardó las diferencias apropiativas y transformativas al mismo
tiempo que enalteció las diferencias distributivas de los recursos,
principalmente los hídricos. Tal proceso confrontó a las políticas públicas
frente a los estilos de vida privilegiando las demandas del mercado (Hernández,
et al., 2014).
En
torno a la situación de escasez y desabasto generada por las políticas públicas
que se ajustaron a las demandas del mercado, los sectores marginados, excluidos
y vulnerables desarrollaron habilidades, conocimientos y estrategias de
apropiación de espacios (acuíferos, instalaciones, redes) para abastecerse y
confrontar a las autoridades por la regularización del servicio. En este marco,
la transformación de los recursos hídricos fue delegada al gobierno federal y
el cobro del servicio al gobierno local (García et al., 2012).
En
este sentido, el desabasto de agua y el incremento de las tarifas orientaron
los conflictos hídricos hacia la condonación de deudas, la implementación de
medidores, la reparación de fugas visibles, el resguardo de instalaciones, el
control de las manifestaciones y los acuerdos entre autoridades delegacionales
con representantes de los usuarios. En contraste, las concesiones de los
acuíferos, la tecnología de reciclaje y captación fluvial, la inversión en
infraestructura, la detección de fugas imperceptibles, la contaminación y
sobrexplotación de los acuíferos, las culturas del agua y la desregulación
inmobiliaria fueron soslayadas como problemáticas que impiden la
sustentabilidad de la ciudad (García et al., 2014).
En
el marco de los proyectos de ecociudad y la evaluación de sus sistemas de
gobernanza, principalmente políticas públicos en torno a los recursos
naturales, esencialmente los hídricos, el Índice de Desarrollo Humano pretende
observar, medir y comparar las libertades, capacidades y responsabilidades,
pero en el mejor de los casos sólo registra la cantidad de bienes públicos que
evidenciarían la sustentabilidad local. Por ello se requiere de un índice que
describa la sustentabilidad con énfasis en los recursos hídricos en referencia
a su disponibilidad, extracción, distribución, consumo, reutilización,
reciclaje y tarifa como elementos constitutivos de un sistema de gobernanza
local (García et al., 2016).
Un
modelo es una representación de las trayectorias de relaciones entre los
factores esgrimidos en el estado del arte.
La
gobernanza del desarrollo humano, indicado por los campos de capacidad de
libertades, espacios de capacidad de oportunidades, campos de fetichización de
capacidades y espacios de capacidad de responsabilidad supone la construcción
de un sistema de cogobierno, cogestión y coadministración.
Los
campos de capacidad de libertad sugieren que, en el desarrollo local
sustentable, los gobiernos promueven y garantizan los derechos económicos,
políticos, sociales, laborales o sexuales en función de las habilidades y
conocimientos de sus gobernados. En tal sentido, la relación entre gobernantes
y gobernados se establece en campos de poder en los que ambos actores se influyen
mutuamente.
Por
consiguiente, los espacios de capacidad de generación de oportunidades se
gestan en la medida en que entre los actores políticos y sociales dirimen sus
asimetrías a partir del establecimiento de una agenda pública en la que los
temas a gestionar y administrar son compartidos.
Empero,
los campos de fetichización de capacidades advierten que si bien, las
libertades y las oportunidades son más difundidos y protegidos en las urbes,
ello no explica las diferencias entre la centralidad y la periferia o la semiperifería.
En consecuencia, se gesta un apego hacia los recursos y los servicios urbanos.
Los
espacios de capacidades de responsabilidad son resultado del cogobierno. Es
decir, la conciliación de intereses entre las partes en conflicto. Por tanto,
indican la cogestión y la coadministración al ser la corresponsabilidad un
síntoma de gobernanza.
La
relación entre comportamiento proambiental e intención de voto a favor de
propuestas sustentables ha sido abordada desde el apego al lugar y la calidad
de vida, indicada por satisfacción ambiental. En este sentido, quienes tienen
un mayor apego al lugar no sólo llevan a cabo comportamientos proambientales de
baja intensidad como la separación de residuos sino, además se implican en
organizaciones civiles que inciden en políticas de conservación de plazas
públicas (Ramkinsson y Mavondo, 2017).
Lincold,
Lindsay y Tara (2017) compararon a grupos de surfistas con no surfistas y
encontraron diferencias significativas con respecto a un bajo esfuerzo
(separación de residuos) como un alto esfuerzo (activismo) en torno a la
conservación, concluyeron que los grupos recreativos son más proclives a la
conservación ambiental, alcanzando altos niveles de satisfacción con la
experiencia surfista.
Los
grupos recreacionistas y conservacionistas que apoyaron a candidatos
promoviendo el voto, incidieron sobre las intenciones de los electores locales.
En
la medida en que la imagen del candidato es cercana a grupos recreacionistas y
conservacionistas las intenciones de voto a favor de sus propuestas se
incrementan (Warner y Banwart, 2017).
La
imagen de candidatos que determina la preferencias e intenciones electorales
estriba en a) promesas de conservación de espacios recreativos y turísticos; b)
apoyo moral a movimientos recreacionistas y conservacionistas; c) gestión de
espacios para la recreación y el esparcimiento; d) experiencia en
administración de zonas protegidas.
Al
ser la imagen del candidato el predictor de la intención de voto, las
expectativas de consenso en torno a su desempeño y los beneficios esperados de
tal desempeño suponen predictores de la intención de voto y el comportamiento
proambiental.
Pérez
et al., (2017) establecieron una relación directa entre la intención de voto
con respecto a los beneficios esperados y las expectativas de consenso en torno
a la imagen de candidatos como responsables y líderes ambientales en las redes
sociales. La incidencia de los beneficios esperados sobre la intención de voto,
supone el uso de la bicicleta como predicción de la intención de voto. Es
decir, el uso de la bicicleta al estar vinculada a una recreación determina el
apoyo a candidatos con experiencia en gestión y administración de espacios y
sistemas de transporte sustentable o de cero emisiones, así como de políticos
con una imagen de usuarios de ciclovías.
Formulación:
¿Cuáles son las diferencias entre las expectativas de una muestra de electores
de un municipio sin y con ciclo-pista en comparación a las observaciones de una
localidad en relación con la imagen de candidatos e intención de voto en los
comicios presidenciales que se celebrarán en 2018?
Hipótesis
nula:
Los electores que residen en el municipio sin y con ciclo-pista tienen una
imagen positiva de los candidatos y su intención de voto será a favor de
quienes incluyan propuestas movilidad de cero emisiones, evidenciando que la
teoría explica el fenómeno en el contexto de estudio.
Hipótesis
alterna: Las expectativas en torno a las elecciones
presidenciales que se celebrará en 2018 y la instalación de ciclo-vías no incidirán
en las muestras de electores al mantenerse una imagen e intención de voto
desfavorable a cualquier candidato, aún y cuando alguno incluya propuestas de
movilidad de cero emisiones.
Método
Se
realizó un estudio documental con una selección intencional de fuentes
indexadas a repositorios nacionales, asumiendo que su periodo de publicación
ubica a la fuente informativa en un grupo selecto para discutir las relaciones
entre las variables indicativas del objeto de investigación: un modelo para el
estudio del desarrollo local sustentable. Se advierten los límites y los
alcances de la búsqueda, selección, procesamiento y modelamiento de la
información, sugiriendo un proceder más sofisticado y extensivo.
Se
estableció un modelo de complejidad, llevando a cabo una investigación
documental que considera la literatura publicada de 1974 a 2017, así como la
inclusión de los conceptos “espacialidad”, “habitus” y “capacidad”. La
información seleccionada fue procesada a partir de la técnica Delphi, la cual
consiste en la selección, síntesis e integración de los datos consultados.
Se
realizó un estudio no experimental, exploratorio y transversal. Se llevó a cabo
una selección no probabilística de 250 residentes de dos municipios del Estado
de México, 125 de un municipio con cliclopista y 125 residentes de otro
municipio sin ciclovía. Se consideró el tiempo de residencia, la credencial de
elector y el voto en anteriores comicios. El 70% de los entrevistados son
hombres y el restante 30% mujeres; el 52% tiene menos de 18 años, el 33% tiene
entre 19 y 29 años, el restante 15 tienes entre 30 y 65 años. El 40% sólo
terminó la primaría, el 24% completó la secundaría, el 19% concluyó el
bachillerato y el restante 17% culminó una carrera universitaria. El 62%
ingresó menos de 3500 pesos al mes, el 28% ingresó entre 3500 y 7000 pesos al
mes y el restante 10% ingresó más de 7000 pesos al mes. El 80% no tiene una
bicicleta y el restante 20% cuenta con una bicicleta, pero sólo el 5% la
utiliza para transportarse.
Se
utilizó la Escala de Percepción de Riesgos y Beneficios de Carreón (2016) la
cual mide la imagen de los políticos en torno a propuestas de movilidad
sustentable o cero emisiones, centrada en la utilidad de la ciclovía o
ciclopistas, aparcamientos y seguridad vial. Incluye 21 reactivos con seis
opciones de respuesta que van desde 0 = nada probable, 1 = muy poco probable, 2
= poco probable, 3 = ni improbable ni probable, 4 = poco improbable, 5 = muy
poco improbable.
Se
utilizó la escala de intención de voto de Carreón (2016), la cual incluye 28
ítems relativos al 1) la gestión de la movilidad sustentable o cero emisiones y
2) la administración de la seguridad en el transporte. Incluye seis opciones
de respuesta que van desde 0 = nada probable, 1 = muy poco probable, 2 = poco
probable, 3 = ni probable ni improbable, 4) poco improbable, 5 = muy poco
improbable.
Se
encuestó a los residentes en su domicilio, considerando la proximidad con la
ciclopista o ciclovía, así como algún otro sistema de transporte y movilidad,
garantizando por escrito la confidencialidad de sus datos y el anonimato de sus
respuestas, así como la advertencia de que los resultados del estudio no
afectarían su calidad de vida en cuanto al transporte, la movilidad y la
seguridad. La información se procesó en SPSS versión 17,0 y AMOS versión 4,0
Se
realizaron estimaciones de confiabilidad con el parámetro alfa de Cronbach a
fin de establecer la consistencia interna de los instrumentos. Se calculó la
validez con un análisis factorial exploratorio de ejes principales con rotación
promax para reducir los datos y establecer factores. Se llevaron a cabo
correlaciones entre los factores socioeconómicos y de las escalas de
expectativas e intenciones. Se estimaron regresiones múltiples para observar
las relaciones de dependencia entre los factores y se calculó un análisis de
varianza para establecer diferencias entre los grupos.
Resultados
La Tabla 1 muestra las
propiedades psicométricas del instrumento que mide las percepciones de riesgo y
beneficios, así como las intenciones de voto a favor de las políticas de
movilidad de cero emisiones, centradas en la instalación de las ciclovías.
Los
parámetros de ajuste ⌠X2 = 124,35
(22gl) p = 0,006; GFI = 0,990; CFI = 0,995; RMSEA = 0,009⌡sugieren
la aceptación de la hipótesis nula la cual advierte la explicación teórica del
fenómeno observado.
Discusión
El
aporte del presente trabajo al estado del conocimiento estriba en el
establecimiento de un modelo para el estudio de las políticas de cero emisiones
respecto a la implementación de ciclovías y su orientación hacia la gobernanza
del desarrollo humano, pero el tipo de selección de la muestra, la búsqueda en
repositorios nacionales y la técnica de análisis limitan el modelo, por lo cual
se requiere una selección informativa en repositorios internacionales con una
técnica de análisis más sofisticada como la minería de datos.
Sin
embargo, el tipo de estudio exploratorio, el tipo de selección muestral
intencional y el tipo de análisis factorial de ejes principales con rotación
promax limitan los resultados al contexto y a la muestra de estudio. Es
menester llevar a cabo una extensión del estudio para el contraste del modelo y
su ajuste a los datos empíricos observados en el contexto de la investigación. Se
trata de una selección probabilística con un análisis de componentes
principales con rotación variamax. Tal estrategia permitiría la inclusión de
marcos teóricos, conceptuales y empíricos relativos al desarrollo local
sustentable como la movilización social, la acción colectiva, las esferas
civiles y las redes ciudadanas en conflicto y concertación con sus autoridades.
Conclusión
El
objetivo del presente trabajo ha sido establecer la confiabilidad y la validez
de un instrumento que mide la percepción e intención de voto a favor de las
políticas y candidatos que apoyen as estrategias de movilidad de cero emisiones
con base en la implementación de las ciclovías. Los resultados muestran que los
riesgos esperados tienen una mayor correlación con la intención de voto, pero
no muy diferente a la incidencia de la percepción de beneficios.
Es
decir, en el contexto de estudio, parece evidenciarse una peculiaridad no
observada en otros escenarios como es el caso de la ambivalencia, la cual
supone que el electorado está dividido en un grupo que apoya las estrategias de
reducción de cero emisiones, pero coexiste con otro grupo que parece
inconformarse con la proliferación de ciclistas y el abandono de la movilidad
tradicional.
Agradecimientos
El
proyecto fue financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación tecnológica, IN305516.
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