RESUMEN

En el presente trabajo nos proponemos analizar la participación de las mujeres dentro de la política abordando dicho tópico desde la inserción del género femenino en los más altos cargos decisorio del Poder  Ejecutivo de los Estados analizados, entendiendo que este poder será más propicio para permitirnos vislumbrar cómo se desarrolla la incorporación femenina a la política desde la voluntad, y no desde el mero cumplimiento de una ley que, como sabemos, se encuentra dotada de la coercitividad de la que la legalidad la reviste.

Planteamos la existencia de una inserción desigual de la mujer dentro del ámbito político en relación al género masculino producto de la sociedad machista en la que vivimos. Para demostrarlo, circunscribimos nuestro estudio al análisis histórico de la incorporación femenina en los puestos decisorios de los países miembros del Mercosur, así como también reflexionamos sobre el tratamiento que dicha organización ha dado al tema.

Entendemos que existe un proceso aún incompleto dentro de la región.

PALABRAS CLAVES

Integración- Participación- Política- Género- Desigualdad- Poder Ejecutivo.

ABSTRACT

In the present work we propose to analyze the participation of women within policy addressing this topic from the insertion of females in the highest decision-making positions of the Executive Power of the analyzed States, understanding that this power will allow us to know better about women’s integration in policy from a wilful position rather than if we study the Legislative Power where the “female quota” runs.

 

We set out the existence of an unequal insertion of women within the political sphere in comparison to the masculine gender product of the patriarchal society in which we live. To demonstrate this, we circumscribe our study to the historical analysis of female incorporation in the decision-making positions of Mercosur member states, as well as we reflect on the treatment that this organization has given to the subject.

We understand that there is still an incomplete process within the region.

 

KEYWORDS

 

Integration- Participation- Policy- Gender- Inequality- Executive Power.

 

 

MUJER EN LA POLÍTICA: SU PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN LOS CARGOS DECISIORIOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR

Di Giorgio Florencia, Mattar Yasmine Beatriz, Staffa Rocío[1]

 

INTRODUCCIÓN

 

En los últimos años en la sociedad argentina, el debate sobre cuestiones de género ha tomado gran relevancia, generando interrogantes sobre el rol de la mujer dentro del sistema político. Dentro de este marco, uno de los puntos que ha llamado la atención es la participación desigual de la mujer en la política. Particularmente esto puede observarse  en el Poder Ejecutivo, dada la ausencia de una legislación que establezca una discriminación positiva, como ocurre en el Poder Legislativo con el denominado “Cupo Femenino”.

Por otra parte, en el contexto de transiciones hacia la democracia que tuvieron lugar en la década de  los ochenta en Latinoamérica, se ha desarrollado un  proceso de descentralización de las competencias estatales hacia arriba que dio lugar a una dinámica integradora entre los países. Bajo este ámbito es que en el año 1991, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil firman el Tratado de Asunción que abrió paso a la creación del Mercosur, integrándose posteriormente en el año 2006 como miembro pleno la República Bolivariana de Venezuela.

Entendiendo que este proceso de desigual integración de la mujer en la política, se replica en los Estados del Mercosur, es que el punto de interés a analizar se planteará en torno a dos ejes fundamentales:

·        La participación de la mujer en el gabinete de ministros dentro del Poder Ejecutivo Nacional de cada país.

·        El rol de la mujer dentro del Mercado Común del Sur  y las políticas realizadas por esta organización en torno al tratamiento sobre las cuestiones relativas a la igualdad de género.

El ámbito temporal en el que nos ubicaremos para realizar este análisis, será desde el inicio de la creación del Mercosur (1991), hasta el año 2016 inclusive. En cuanto a Venezuela, para su gabinete se hará el mismo recorte temporal que al resto de los países (aclaramos esto debido a que Venezuela no se incorporaría como miembro pleno del Mercosur hasta el año 2006).

PRIMERAS APROXIMACIONES

Para comenzar con nuestro análisis, es preciso ubicar el tópico planteado a analizar dentro de un marco aún más amplio, que es el entendimiento de la desigual participación política de las mujeres en los regímenes democráticos. Uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa consiste en la soberanía ejercida por el pueblo en el proceso de elección de sus representantes. En dicha elección, como en el ejercicio de cargos públicos, entendemos que tanto hombres como mujeres poseen los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo este concepto de igualdad dentro del sistema democrático no se encuentra funcionando de manera totalmente eficiente, si bien existe una participación legitimada y aplicada a nivel constitucional, la llegada de mujeres a niveles directivos es un fenómeno más bien novedoso.

La literatura referente a la participación femenina en América Latina, señala dos momentos cruciales en el avance de la mujer dentro del sistema político: uno de ellos producido en pleno siglo XX, donde las mujeres avanzaron en el espectro de la cultura, la defensa de sus derechos sociales y laborales, la participación en organizaciones filantrópicas de beneficencia, y en la lucha por ciertos derechos civiles.  El resultado de ello fue la obtención del sufragio femenino, siendo Ecuador el primer país en alcanzarlo en el año 1929 y Paraguay el último en 1961. El segundo momento de auge en el avance femenino dentro de la política, se dio en la década de los noventa, a través de la instauración de cuotas de participación en el sistema parlamentario, siendo Argentina, pionero en dicho progreso. No obstante pese al importante desenvolvimiento de la mujer en los últimos años, muchos autores confirman el hecho de que dicha participación sigue siendo deficiente si la comparamos con la participación masculina.

Sin embargo pese a estas perspectivas negativas, existen teorías cada vez más optimistas que expresan como este fenómeno se está encaminando a ser neutralizado por el ímpetu de mujeres emprendedoras que no se ocupan simplemente de las tareas del hogar sino que irrumpen  en cargos directivos dentro del sector privado y público, y aspiran a lograr una posición directiva dentro del sistema político.

Ahora bien ¿cómo concebimos el concepto de participación política? Algunos autores manifiestan que solo con delimitar el fenómeno al acceso  de los ciudadanos a las urnas es suficiente. Otros creen que es necesario sumar la participación dentro de organizaciones de la sociedad civil o bien ser parte de alguna manifestación de gran alcance, es decir participar dentro del sistema político más allá de los métodos convencionales.  En el siguiente trabajo, nuestro enfoque se dirige a la participación femenina dentro de los niveles ejecutivos, como a nivel organizacional (Mercosur), dando por hecho su participación dentro del sistema por otras vías o canales.

Entendemos entonces que, incluso a pesar de los esfuerzos realizados por medio de los procedimientos de discriminación positiva, la desigual integración de la mujer a la política continúa siendo un hecho, y por deducción, creemos que esto podrá observarse más claramente en aquellos ámbitos en donde no existe ningún cupo especifico; por ello, como advertimos previamente, tomaremos para el análisis la evolución de la composición de los gabinete de cada uno de los Estados.

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

El Mercado Común del Sur, fue creado en 1991, por medio del Tratado de Asunción, en torno a objetivos esencialmente comerciales y políticos. Desde el año 1998, los países miembros de esta organización (a la que más tarde ingresaría Venezuela para quien también aplicará el procedente análisis) junto a los Estados de Chile y Bolivia, firmaron el Protocolo de Ushuaia por el cual se comprometieron a la defensa y fortalecimiento del sistema democrático a la vez que se condena cualquier atentado o materialización de rompimiento de dicho régimen; a su vez, el mismo se encuentra reforzado por un acuerdo previo conocido como la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el Mercosur de 1996.

Estos acuerdos son de suma importancia para ubicarnos en el contexto de la importancia institucional que reviste para la organización del Mercado Común del Sur el régimen democrático a partir del cual esta investigación se ubica para analizar la participación de la mujer en la política, entendiendo que, como todo sistema creado por el ser humano es constantemente perfectible, y desde su consolidación y legitimación como régimen político por excelencia (al menos desde la Segunda Guerra Mundial y en los países occidentales), este proceso de evolución ha implicado, parafraseando a Norberto Bobbio, un paso de la democracia política a la democracia social, democratizando nuevos espacios, extendiendo el poder ascendente más allá de la esfera política (Bobbio, 1984: 43).

Particularmente, amparándonos en la proposición planteada por Bobbio, entendemos que, además, el proceso de democratización implica la extensión de la participación (tanto dentro de los canales políticos, como por medio de las organizaciones de la sociedad civil) de los diferentes grupos que, bajo la estructura social actual, pueden llamarte “minoritarios”, o bien, dado que la mujer en términos numéricos no es un grupo cuantitativamente inferior, podemos hacer referencia a grupos históricamente relegados dentro de un orden sociocultural de predominancia masculina.

Cuando hablamos de conjuntos “relegados” y su participación, particularmente dentro de las instituciones de decisión política, hacemos referencia, por ejemplo, a la enorme brecha que existe entre el hombre y la mujer, y la casi inexistente inclusión (al menos en los países miembros del Mercosur) de personas pertenecientes a la sociedad LGBT, o personas con alguna discapacidad ya sea física o psicológica, entre otros, es decir, observamos como la desigualdad de participación se extiende mucho más allá de la diferencia de género, dado que la estructura patriarcal implica una superioridad de un estereotipo socialmente construido de hombre (tradicionalmente representado por el hombre blanco occidental en nuestras sociedades) por sobre el todo el resto de los grupos de la sociedad en general. No obstante, realizar un análisis extendido con respecto a este tema implicaría un trabajo diferente ahondando en las situaciones de discriminación que sufren particularmente cada grupo, es por ello, que únicamente dirigiremos nuestro estudio hacia la mujer.

Encaminándonos hacia un encuadre teórico general sobre la cuestión, en 1986 se utilizó el término “techo de cristal” en un artículo del Wall Street Journal para develar  la limitación existente del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones: “se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando” (Wall Street Journal, 1986), la causa de estas problemáticas se suelen atribuir a:

a) la ausencia de modelos referenciales femeninos, por la predominancia de los valores masculinos;

b) la dificultad para conciliar los tiempos y esfuerzos que demanda una carrera profesional con los destinados al cuidado familiar;

c) el prejuicio prevaleciente en ciertos ámbitos masculinizados o “machistas”, de que las mujeres tienen menos aptitudes para el mando o menos interés por el desarrollo profesional (estereotipos de género); y

d) la reticencia de los hombres a ser liderados por una mujer.

En la actualidad, numerosas autoras norteamericanas renuncian a la teoría del techo de cristal considerando que la misma ya no refleja fielmente la actual realidad de las mujeres y la reemplazan por la “teoría del laberinto”. De esta manera, se reconoce que la mujer ha logrado finalmente traspasar ese techo invisible que la limitaba.

REPÚBLICA ARGENTINA

La mujer en nuestro país lograría ser sujeto de derecho político recién durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1947, de la mano de la Ley 13.010, la cual dotaba a la mujer de la capacidad de votar y de ser elegidas mediante sufragio, ahora sí, universal. Sin embargo, los diferentes partidos políticos se mostraban todavía reticentes a incorporar a la mujer a la actividad política plena, es decir, les negaban la posibilidad de integrar sus listas lo cual se extendió hasta 1991 que, con la aprobación de la Ley 24.012, se estableció con obligatoriedad un cupo femenino que los partidos políticos debían respetar: un mínimo de 30% de mujeres deberían participar en sus listas electorales.

Argentina se convertía, así, en el primer país de América Latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso. Esta reforma fue impulsada por la entonces senadora radical Margarita Malharro de Torres en 1989, cuando “las mujeres representaban sólo el 5,4 % de la Cámara de Diputados y el 8 % del Senado”. En contraste, y de acuerdo a los últimos datos de ONU Mujeres, para 2013 la representación de mujeres en el parlamento argentino fue del 36,6%.

Podemos notar que cuando surgió la necesidad de amplificar la participación de las mujeres en el espacio legislativo se llevó consecuentemente a la promulgación de la Ley de Cuotas, que, más allá de objeciones válidas a su implementación, permite el acceso de mujeres a cargos legislativos. Sin embargo, la paridad en todos los poderes del Estado, sobre todo en el Ejecutivo, es una deuda pendiente en Argentina.

Intentando no pecar de revisionismo histórico, es posible observar que durante casi todo el gobierno de Alfonsín no hubo mujeres ministros, salvo cuando nombró a Susana Ruíz Cherutti en Relaciones Exteriores. Con Menem ocurrió algo similar: sólo tuvo una mujer como Ministro, Susana Decibe en Educación. Por su parte, De la Rúa tuvo dos mujeres en su gabinete: Graciela Fernández Meijide en Desarrollo Social y Patricia Bullrich en Trabajo. A Duhalde lo acompañaron tres mujeres en su gabinete (lo que a constituye todo un record para esa época): Graciela Gianettasio en Educación, Nélida Doga en Acción Social y Graciela Camaño en Trabajo.

La era Kirchner comenzó con una sola Ministro, Alicia Kirchner; y si bien con el transcurso de su gestión se fueron incorporando figuras femeninas a las diferentes carteras ministeriales y su crecimiento fue progresivo en este sentido, no fue exponencial; sí se debe resaltar que han ascendido mujeres rezagadas de la actividad política, sobre todo en las provincias y que para 2015 ya era notoria la presencia femenina en diferentes puestos de decisión política en la Administración Pública Nacional. Es importante destacar que este ascenso continúa hasta el día de hoy, aunque en los gabinetes ha bajado la participación de las mujeres como se demostrará con mayor detalle durante el desarrollo del presente trabajo.

Sin embargo y a pesar de lo anteriormente estipulado, se debe rescatar la presencia de fuertes figuras femeninas a nivel político (y de alto perfil) que ocupan o han ocupado cargos ejecutivos y tienen una importante cuota de poder propio, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Graciela Camaño, Hilda Duhalde, Patricia Bullrich, Margarita Storbizer, sólo por mencionar algunas.

A pesar de la existencia de destacadas políticas en nuestro país, en lo que respecta a la participación de las mujeres en los altos cargos de la administración pública aún consideramos que existe una deuda. Por eso, a continuación se desarrollará un estudio de caso en consonancia a la conformación de los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional Argentino en el año 2016, ya que consideramos que hace en concreto a la cuestión y que permite señalar con precisión los principales déficits de la Administración Pública Nacional orientados a la inclusión de la mujeres en el ordenamiento de la decisiones públicas.

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo en términos estadísticos de los datos oficiales que develan la cantidad de Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Unidades de Auditoría Interna y otras unidades que conforman cada uno de los 19 ministerios, sumando además la Jefatura de Gabinete de Ministros y la planta administrativa de Presidencia, que conforman la gran cartera ministerial que presenta el Poder Ejecutivo Nacional; y  sobre todo haciendo principal hincapié en los datos relevantes para dicha investigación, presentaremos a continuación las conclusiones obtenidas.

A partir de hacer más accesible la comparación y el análisis de los datos, hemos agrupado a los diferentes ministerios de acuerdo a la cantidad de mujeres que tienen en sus plantas administrativas y políticas, ateniéndonos a los datos que el Poder Ejecutivo decide hacer públicos.

En el primer grupo, hemos incluido a los Ministerios que sólo presentan entre  1% y 9% de personal femenino, y que consideramos tienen una crisis de integración de la mujer en su estructura, a saber:

·        Ministerio de Energía y Minería: Lo hemos considerado uno de los casos más graves en cuanto a la participación femenina dentro del mismo, ya que posee 70 cargos (y cuando decimos cargos a partir de ahora hacemos referencia a quien ocupa la silla grande en las Direcciones, Subsecretarías, Secretarías, Unidades de Auditoría Interna y otros órganos administrativos y políticos subsidiarios que conforman cada Ministerio Nacional), de los cuales sólo 4 son ocupados mujeres, es decir: el grupo femenino forma tan sólo un 6% de la organización.

Sin embargo, es de extrema importancia hacer una aclaración: en la lista de cargos que presenta el Poder Ejecutivo de manera oficial, sólo figuran el 50% de las autoridades. Esto quiere decir que los datos son insuficientes para poder hacer un análisis que se atenga a los hechos. Se desconoce si el motivo es la falta de transparencia, la inexperiencia, la indecisión a la hora de elegir a los directores de cada área (porque cabe aclarar que los datos faltantes corresponden a casi todas la Direcciones del Ministerio) o por simple negligencia; pero la realidad indica que en la gran mayoría de las listas de autoridades ministeriales existe un vacío estadístico parcial, a veces insignificante y a veces de suma importancia, que bloquea oportunamente un análisis completo y sobre todo a escala real de las carteras ministeriales y del “cupo” femenino, que es lo importante en nuestras investigación. Tener presente esta salvedad de aquí en más.

·        Ministerio de Seguridad: este Ministerio presenta síntomas parecidos al anteriormente descripto con la salvedad de que su máxima autoridad jerárquica, Patricia Bullrich, es mujer, por lo tanto cualquier persona supondría que sería una influencia para que haya una integración más profunda de la mujer en el resto de la organización, pero no es el caso.

Se debe tener en cuenta que la Seguridad, históricamente, siempre fue “cuestión de hombres”, lo que implica que sus datos revelen la siguiente realidad: partiendo de 81 cargos a asignar (cuantitativamente es el Ministerio que más cargos políticos tiene), sólo 5 de ellos son ocupados por mujeres, es decir, un 6%.

Nuevamente vale hacer la salvedad del vacío estadístico, ya que la fuente oficial sólo revela los nombres del 43% de los cargos totales que conforman el Ministerio, lo que resulta en un análisis pobre de la composición real de esta dependencia. Sin embargo, siguiendo una línea, se pueden deducir fácilmente cuáles serían los resultados fácticos si la fuente mostrara los datos completos.

En un segundo grupo, reunimos a los Ministerios que poseen entre un 10% y un 19% de personal femenino a cargo de diferentes áreas. Estos son:

·         Ministerio de Agroindustria: Esta institución posee 73 cargos de los cuales un 16% son ocupados por mujeres: tan sólo 12 de ellas se encuentran al mando, de las cuales 9 están a cargo de Direcciones que, cabe aclarar, son el cargo político jerárquico más bajo dentro de dichas organizaciones. 

En este caso, el faltante de dato alcanza un 25%, por eso es importante decir que esta información es parcial y debe ser tomada cautelosamente.

·         Ministerio de Defensa: Presenta 67 cargos de los cuales sólo 7 tienen a una mujer como responsable al mando, es decir, un 10% es lo que representa la presencia femenina en la institución. En este caso los cargos ocupados son exclusiva y únicamente en las Direcciones. Al igual que el Ministerio de Seguridad, esta organización estuvo tradicionalmente colmada de hombres y actualmente el proceso de integración de la mujer al terreno de la decisión política se vuelve arduo y es tomado con reticencia por parte de quienes la integran; la cultura organizacional juega un rol más que importante en este sentido.

Asimismo, existe un 21% de vacío estadístico.

·         Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: El grupo femenino sólo conforma un 17% sobre el total de 29 cargos que ofrece dicho Ministerio. Si bien la cantidad de sillas que se ofrecen son relativamente pocas, las mujeres en este caso se encuentran en posiciones más estratégicas y con algo más de jerarquía que en los casos mencionados con anterioridad; de todos modos, el porcentaje sigue siendo muy bajo, teniendo en cuenta que el vacío estadístico es casi nulo.

·         Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: Teniendo en cuenta que “ofrece” la basta suma de 79 cargos, su cuota femenina es algo pobre en comparación: 19%, es decir, 15 mujeres tienen cargos jerárquicos. En este caso, la ubicación de ellas es bastante variada ya que ocupan desde Secretarías hasta Direcciones. Vale aclarar que cuenta con un faltante de datos de un 15% sobre el total.

·         Jefatura de Gabinete de Ministros: Para sorpresa de algunos, esta rama fundamental de Poder Ejecutivo Nacional se ha olvidado de las mujeres ya que cuenta sólo con un 13% de personal femenino, es decir 7 sobre un total de 53. Y además falta el detalle del 38% de la composición de la Jefatura. Se mencionan desde Oficinas hasta Secretarías sin nadie a cargo, o al menos esos son los datos que eligen publicar.

En un tercer grupo, hemos aglutinado a los Ministerios cuya cuota femenina abarca entre un 20% y un 29% del total de cargos que conforman dichas instituciones, a saber:

·        Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Este Ministerio posee un 26% de cargos que fueron tomados por mujeres, pero apenas ofrece 31 en total, es decir que sólo 8 mujeres ocupan puestos de jerarquía; y la situación empeora cuando el porcentaje de mujeres a cargo casi es superado numéricamente por el de vacío estadístico, el cual se sitúa en un 26%: esto quiere decir que hay 9 áreas descentralizadas de las que no se sabe quién es la autoridad a cargo. Además, el 90% de las mujeres con responsabilidad política dentro de la institución se encuentran al mando de Direcciones, el rango político más bajo en la pirámide jerárquica, como ya hemos apuntado.

·        Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Este caso es muy similar al desarrollado anteriormente, sólo que varían un poco sus estadísticas. De 41 cargos a llenar, sólo 10 lo son por mujeres, es decir, conforman el 24%. Se debe aclarar que hay un faltante del 15% de los datos. En este caso, las mujeres sólo tienen control de puestos en las Direcciones.

·        Ministerio de Educación y Deportes: Presenta características similares a los casos anteriores, el grupo femenino abarca un 24%, más específicamente está conformado por 12 mujeres sobre un total de 50 cargos. Sin embargo, el vacío estadístico es aún mayor: el faltante ahora es del 30%. Esta vez, los cargos asumidos por las mujeres son variados, ya no sólo ocupan las Direcciones.

·        Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: La autoridad máxima del Ministerio, en este caso es mujer y estamos hablando de la Canciller Susana Malcorra. Sin embargo, exactamente el 25% de esta institución está conformada por mujeres, ellas son 10 sobre un total de 40 cargos jerárquicos que propone Relaciones Exteriores. El grupo femenino se encuentra disperso a lo largo de toda la pirámide de poder, pero el faltante de nombres es muy alto: nuevamente, un 30%.

·        Ministerio de Transporte: Esta institución está conformada por 69 cargos, de los cuales sólo 15 son ocupados por mujeres, es decir, un 22%. Este porcentaje es superado ampliamente por el de la vacante de datos: un 30% de los cargos por asumir no poseen un nombre propio que los coordine.

Ya entre los grupos de Ministerios que más han sabido integrar a las mujeres, hemos reunido a los que poseen entre un 30% y un 39% de presencia femenina, y ellos son:

·        Ministerio de Comunicaciones: En este caso, el número de cargos a ocupar no es muy opulento, tan sólo hay 23 sillas de las cuales 7 están actualmente ocupadas por mujeres, esto significa un 30% de cuota femenina en la toma de decisiones. Sin embargo, se presenta una particularidad en esta institución, sin bien sorprendentemente no hay faltante estadístico, hemos notado que carece de peso profesional, y con esto queremos resaltar que casi ninguna autoridad de mediano o alto rango posee título universitario. Esto no significa que quienes estén a cargo no sean capacitados para el ejercicio de sus funciones, sino que es una cuestión llamativa que se decanta fácilmente a la hora de la comparación con las demás dependencias de la cartera ministerial.

·        Ministerio de Cultura: Este Ministerio presenta 19 mujeres a cargo de distinta áreas, lo que significa un 35% sobre un total de 54 puestos. Esta institución se ha sabido hacer la fama de que las mujeres son un pilar en su organización, sin embargo eso puede ser relativo; ese porcentaje puede ser inflado a causa de un efecto arrastre de otras gestiones. En este caso, un 18% de los datos han quedado en el camino y no se han publicado.

·        Ministerio de Salud: De un total de 58 funcionarios, 18 son mujeres: un 31%, que varían entre Direcciones y Subsecretarías, y otras unidades de igual o menor rango. La vacante de datos, en este caso, es relativamente baja: sólo 7 cargos figuran como anónimos.

·        Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 54 son los cargos que ofrece este Ministerio, que sabe de su función troncal en nuestra sociedad; 16 son ocupados por mujeres que conforman el 30% de la “población” del mismo. Sin embargo, el 26% de los cargos no presenta el nombre de la persona responsable, un porcentaje muy alto que se torna repetitivo.

Y ahora toca el turno de los casos ejemplificadores, ministerios que con el tiempo han sabido integrar a la mujer en su seno y que hoy las estadísticas los avalan. Estas instituciones poseen un grupo femenino que oscila entre el 40% y 49% del total de personas que desempeñan sus funciones dentro de ellas. A continuación el detalle de ellos:

·       Ministerio de Desarrollo Social: Partiendo de la base que la figura de autoridad máxima radica en una mujer, Carolina Stanley, pero no contentándonos por ello, este Ministerio posee en su organigrama un total de 63 cargos, de los cuales 30 son ocupados por mujeres, poniéndolo en otros números, exactamente un 48%. Además de que casi la mitad de su organización está conformada por mujeres, sólo posee un faltante estadístico del 3%, casi nulo en términos reales. Dichas mujeres están posicionadas en todos los cargos que presenta la jerarquía de la institución, desde el más bajo hasta el más alto.

·       Ministerio de Justicia: A priori se suele creer que este Ministerio fue y es manejado por hombres, pensamiento que tiene una beta verdadera, sin embargo hoy día el 43% de su “personal político” es femenino y tan solo reviste un faltante de datos del 7%. Además, las mujeres están ubicada en áreas que son clave para el funcionamiento de la institución, por lo tanto conforman un pilar fundamental en el desarrollo de la misma. Es de esperar que este Ministerio sepa mantener esa paridad a la cual le ha costado llegar.

·       Ministerio de Modernización: De un total de 49 cargos que presenta este Ministerio, 22 fueron asumidos por mujeres; es decir que un 45% de la organización está conformada por damas. Además posee un índice de deserción estadística muy bajo en la publicación de su organigrama: tan sólo un 4%.

·       Presidencia de la Nación: Los cargos más importantes del área más importante del Poder Ejecutivo han sido ganados por mujeres; comenzando por la Vicepresidente de la Nacion, Gabriela Michetti, la lista de sillas ocupadas por damas es bastante larga: 28 mujeres están desempeñándose en Presidencia sobre un total de 59, es decir , un 47%. Lo que no se le puede dejar pasar por alto a este sector es su deficiencia en los datos que enseña, ya que el 10% de los cargos no poseen los nombres de sus respectivos responsables. Considerando la importancia que se le debe dar a la transparencia institucional, esta área debería ser el ejemplo.

Por último, debemos resaltar la labor de un Ministerio en particular en cuanto la integración femenina en su organización y éste es el Ministerio de Turismo: el 61,5% de su personal es femenino. Si bien sus cifras nominales no son muy elevadas, no le quita mérito al valor que se le da a la mujer en esta institución, dejando a la institución con el porcentaje más alto de mujeres con presencia en un Ministerio Nacional.

Los datos duros recabados para dicho análisis fueron obtenidos del registro que lleva el Ministerio de Modernización, el cual señala que se puede encontrar  en él “cómo se conforma la estructura de la Administración Pública Nacional por jurisdicción, sus unidades y autoridades. Se visualiza en formato de Organigrama Escalar o Mixto; cuenta con un buscador por unidad y la posibilidad de ajustar la búsqueda por tipo de administración” (Ministerio de Modernización, 2016).

Si observamos la composición de género de los cargos jerárquicos de los distintos ministerios, además de observar la baja participación femenina en las cúpulas organizacionales, podemos ver que su participación es mínima en ministerios cuyas áreas de trabajo son consideradas “masculinas” tales como Defensa, Interior y Hacienda y Finanzas Pública.

Por su parte, aquellos ministerios con mayor proporción de mujeres en puestos de liderazgo son aquellos que abordan fundamentalmente problemáticas sociales como el Ministerio de Desarrollo Social, y los Ministerios de Educación y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Existen deudas pendientes que sólo podrán ser saldadas con un Estado comprometido con la justicia y la equidad de género, dispuesto a abordar esta tarea desde un enfoque holístico y no desde una dimensión meramente normativa”. (GPS del Estado, 2016).

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

            La República de Paraguay es uno de los países que mayores deudas tiene con las mujeres en Latinoamérica y dentro de los países del Mercosur. Por un lado, históricamente hablando, fue casi uno de los últimos países en aprobar el sufragio femenino, siendo legislado en el año 1961 (durante la dictadura de Alfredo Stroessner), por lo que a la hora de ejercer dicho derecho lo hacían en un contexto en el que las elecciones funcionaban como forma de dotar de apoyos y legitimidad a un sistema autoritario en donde la libertad no era parte del sistema político.

            Luego de Paraguay, únicamente tres países en la totalidad del continente bastaban aprobar el voto femenino, Bahamas y Belice (que incluso aún eran colonias) y Guatemala. Pero en el subcontinente el resto de los Estados aventajaba a Paraguay con respecto a este tema; además, a esto se le suma el hecho de que no sería sino hasta el final de la dictadura que las mujeres ingresarían a la política o, más bien, a puestos de decisión pública. En 1989, tras el fin del gobierno militar de Stroessner, una mujer sería nombrada ministra de Salud Pública y Bienestar Social, siendo la única persona del género femenino dentro del gobierno.

            Lo que sucede en este país es que las estructuras tradicionales se encuentran muy arraigadas incluso al día de hoy. Paraguay es un Estado en donde las costumbres y tradiciones son muy difíciles de cambiar, el machismo se calcula a niveles muy altos, aún se practica la institución del “criadazgo” (niñas de familias humildes son criadas y explotadas por familias pudientes para las cuales deben trabajar y a las que deben servir), la trata de mujeres es un flagelo que sacude a la sociedad, se estima que de la totalidad de los embarazos registrados un 20% corresponde a niñas entre 9 y 14 años producto, la mayoría de ellos, de violencia sexual, en 2015 se registraron 4991 denuncias de violencia de género; y como estas situaciones, pueden continuar nombrándose muchas otras en donde se demuestra como la mujer paraguaya está a merced de una sociedad machista en donde gran parte de la misma cree que los hombres son dueños de ellas.

            Esto también se traduce a nivel político, por un lado en la escaza participación femenina existente en este ámbito y por el otro en la gran dificultad que existe para ellas a la hora de ingresar. Esto último producto de una serie de cuestiones tales como: la tendencia a pensar a la mujer como ama de casa y madre que no puede salirse de dichos límites socialmente impuestos, los menores niveles de acceso a la educación por parte de las mujeres por lo cual existen menos profesionales para ingresar a los puestos de toma de decisiones, y el hecho de que en este país es habitual la práctica del “padrinazgo”, es decir, al ámbito político se suele ingresar de la mano de un padrino político y, para ello, muchas veces es necesario poseer recursos económicos y contactos que no todos poseen.

            Además, la política se encuentra fuertemente cooptada por “caudillos” políticos y líderes tradicionales que determinan la dinámica dentro de este ámbito.

            Es así que para 1991 encontramos mujeres únicamente al nivel de las subsecretarías (sólo dos) y cinco en las Direcciones Generales (que es el tercer rango dentro del nivel administrativo), esto demuestra que no tenían ninguna incidencia importante en la toma de decisiones sino que ocupaban puestos donde su función era la de obedecer y ejecutar las medidas tomadas por sus superiores. E incluso a este nivel, la cantidad de mujeres es mínima.

            Deberemos esperar unos pocos años para encontrar mujeres nuevamente dentro de las carteras ministeriales cuando una mujer es nombrada Viceministra de Educación en el Ministerio de Educación y Culto. Ni siquiera dentro de la Secretaría de la Mujer vamos a tener mujeres en los puestos más altos, sino que ocupaban los cargos de subsecretarias como máximo.

            Además, lo que sucede en Paraguay, como también en el resto de los países, es que el género femenino queda relegado a determinados ámbitos, vinculada casi siempre con el bienestar social, educación, cultura y no con las esferas tales como las propias de las ciencias duras.

            Una cuestión que si debemos destacar de este país es que fue uno de los primeros países en Latinoamérica en seguir la política vanguardista inaugurada por Argentina del cupo femenino legislativo cuando en 1996 (mismo año que México) sancionó la ley que estableció el mínimo de 20% para todas las listas que compitan en elecciones y requiere que al menos uno de cada cinco candidatos sea mujer. Los vicios que ocurren con esta medida, como fue previamente aclarado, no serán analizados en este trabajo. Pero sí es necesario mencionar que este país posee una cuota de género dado que estas medidas se enmarcan dentro del enfoque inaugurado por la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de la ONU organizada en Beijing en 1995 la cual fue un punto de inflexión en cuanto al tratamiento de las cuestiones de género (aquí comienza a aplicarse fuertemente dicho término) y empieza a fomentarse la idea de aplicar medidas positivas tendientes a reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres (como son las leyes de cupo).

            Pero a pesar de dicha medida que pudo haber implicado un primer atisbo de búsqueda de igualdad de participación política entre el hombre y la mujer, la realidad es que Paraguay se ubica en uno de los últimos puestos en este índice con respecto a sus hermanos Estados latinoamericanos.

Año	Participación política de la mujer
2003	12%
2008	16,2%
2012	15%
2013	16%
2015	16%

 

            Con estos índices, Paraguay se ubica como el cuarto país dentro de América Latina y el Caribe con menor participación política detrás de Brasil, Guatemala y Chile. Estos alarmantes números generaron que organizaciones internacionales hayan solicitado explícitamente a Paraguay la toma de medidas para solucionar este problema, lo hizo la Organización de los Estados Americanos y más vehementemente las Naciones Unidas cuando a principio de 2016 el Consejo de Derechos Humanos interpeló a Paraguay en cuestiones referidas a la cuestión de género (violencia doméstica, sexual, acoso) y dentro de ello también se incluyó el acceso diferencial que existe al ámbito laboral y político.

            Esta situación demuestra que la decisión de elevar a rango de Ministerio a la Secretaria de la Mujer en el año 2012, si bien es una medida positiva y que demuestra la existencia de un interés por parte del gobierno de fomentar políticas en favor de la igualdad de género, no es suficiente dado que son cuestiones estructurales las que generan las principales trabas a la hora de lograr una igualdad participativa. No obstante, es remarcable la existencia de una cartera ministerial para el tratamiento de este tema dado que los ministerios de un gobierno demuestran cuáles son los ejes de su política y el hecho de que este haya durado dos gestiones (Lugo-Franco y la del actual presidente Cartes) implica que existe un interés más allá de las ideologías políticas dado que estas gestiones corresponden a dos partidos políticos diferentes (los primeros del Frente Guasú y Cartes del Partido Colorado).

            Finalmente en cuanto a las carteras ministeriales encontramos presencia, entre el 2013 y el 2016, de mujeres en 6 de 11 Ministerios, en calidad de ministras y viceministras. Estos son: el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Justicia, y Ministerio de Hacienda. Las mujeres fueron parte en algunos de estos ministerios o lo son en la actualidad, siendo destacable la presencia en los tres últimos los cuáles no corresponden a los denominados ámbitos “tradicionales” de las mujeres.

            En relación a la cantidad de hombres, la presencia continua siendo mucho menor dado que, si bien se encuentran en la mayoría de los ministerios, la realidad es que los hombres están en todas las carteras las cuales suelen tener entre dos a cuatro cargos de los cuales, en los ministerios en que están presentes, las mujeres sólo ocupan uno (a excepción del Ministerio de la Mujer).

            Por lo tanto si bien hoy podemos manifestar que ha existido una mejora debido a la incorporación de la mujer dentro del ámbito del Poder Ejecutivo (el cual no posee ninguna ley que obligue a incorporar a la mujer por lo que es una mejor esfera para analizar cómo se da la integración femenina en la política al no existir medidas positivas sinos sólo la voluntad política), aún estamos lejos de hablar de igualdad, dado que el hombre continúa predominando en los ministerios.

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La República Oriental del Uruguay fue el primer país en América Latina en legislar en favor del sufragio femenino tras el Plebiscito de Cerro Chato, permitiendo la celebración de este derecho en el año 1927. Tras esta conquista, en el año 1934 se permitiría que las mujeres no sólo fueran electoras, sino también, pasibles de ser elegidas a los cargos públicos. El país oriental se ubicaba a la vanguardia dentro del continente en materia de igualdad de género, tras haber logrado la ley de divorcio, la de maternidad y hasta la despenalización del aborto en 1938; incluso luego de que pudieran ser elegidas, cinco legisladoras pudieron llegar al Parlamento. No obstante, a pesar de esta ola que logró desarrollarse y parecía ser cada vez más grande, el proceso se vio truncado y dichos logros no lograron progresar hasta convertirse en una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.

En la actualidad este país es considerado uno de los Estados con participación media (según Naciones Unidas) con tendencia a baja de las mujeres en la política (basado esto último, principalmente, en las denuncias realizadas por las uruguayas de la situación que viven en su país).

La República Oriental es reconocida a nivel mundial como una de las democracias con mayor institucionalización y se encuentra enmarcada dentro de un aceitado pluralismo político, no sólo por los partidos políticos bien diferenciados con los que cuenta, sino también porque los diversos grupos de interés se encuentran organizados y participan activamente de la política. A pesar de ello, esta democracia que se muestra tan aceitada, nos muestra que se queda a medio camino cuando de integración igualitaria de la mujer se trata.

Previamente en este trabajo describimos, bajo el aporte teórico de Norberto Bobbio, que el proceso de expansión de la democracia implica la extensión de la misma a todas las instituciones de la sociedad y la integración activa e igualitaria de los diferentes grupos, históricamente considerados “relegados”, dentro de los cuales enmarcamos a las mujeres, a los puestos de toma de decisiones.

En primer lugar, lo que debemos destacar antes de proceder a una mera demostración cuantitativa sobre la participación de la mujer en la política, son los diversos argumentos que suelen esgrimirse a la hora de entender por qué existe la marcada diferencia. Por un lado, tiende a haber un consenso a la hora de afirmar que los valores y tradiciones enraizados producto de la sociedad patriarcal tienen una influencia mayúscula en un doble sentido, y es que los hombres tienden a ser ampliamente reticentes a la hora de permitir la entrada de mujeres en los puestos directorales, lo cual puede verse bien en los partidos políticos cuyas cúpulas no encuentran mujeres en su seno. A su vez, políticas uruguayas han declarado que, para entrar al mundo político de su país, necesitaban del padrinazgo de un hombre, dado que de otra forma no hubieran podido llegar a ningún lado. Por lo tanto, los hombres poseen un amplio poder de decisión sobre el porvenir político de las mujeres quienes, lamentablemente, no poseen los márgenes de acción que sus contrapartes masculinos sí. Por otro lado, en el marco de la sociedad patriarcal que remarcamos anteriormente, las mismas mujeres son las que muchas veces frenan las demandas en pos de una igualdad de género, o bien porque el tema no es importante para ellas, o porque creen que no deberían existir medidas de acción positiva sino que los puestos deben ser ganados (sin advertir las mayores dificultades que se tiene por el mero hecho de ser mujer para lograrlo), o tal vez debido a que no se identifican con la cuestión de género sino que, más bien, lo hacen con alguna otra “lucha”.

El problema anteriormente mencionado, genera que a la hora de transformar la cuestión de género en una demanda articulada al sistema político, esta quede a medias dado que aquellas que se verían principalmente beneficiadas, ni siquiera apoyan discursivamente el reclamo. Incluso sucede que la población en general, y el espectro femenino en particular, han manifestado que no votarían por una candidata mujer al no creerla capaz de manejar las situaciones de crisis, reduciendo esto a un terreno propio de los hombres; vemos aquí, nuevamente como la sociedad patriarcal continúa penetrando en la forma de pensar de los uruguayos.

Por otro lado, las diferencias de accesos a los servicios públicos que tienen las mujeres ha dejado una huella importante cuando de participación política se habla, y es que, debido al acceso a la educación diferencial que existía en el pasado (hoy ya puede verse que esto se ha equilibrado) las mujeres no estaban preparadas para ingresar a altos puestos técnicos y decisorios, pero sí tenían gran presencia en los cargos administrativos o aquellos técnicos que no requerían estudios universitarios avanzados. Esta tendencia logra quebrarse en el ámbito del Poder Judicial, debido a que la carrera de Derecho era una de las de mayor presencia femenina.

Por otro lado, un estudio basado en el proceso clásico de toma de decisiones, ubicó que las mujeres tendían a tener mayor participación (lo cual no significa igualitaria) en las etapas de identificación del problema y elaboración de las alternativas, para luego reducirse a la hora de tomar las decisiones.

A su vez, una situación que debe destacarse a la hora de entender cómo se articulan las diferente aristas respectivas a la participación política diferencial entre hombres y mujeres es el hecho de que existen ministerios tradicionalmente identificados con lo masculino y otros, considerados más “suaves”, en los cuales se ubica principalmente a las mujeres. Esta diferenciación responde, por un lado a que las ciencias consideradas “duras” o las ciencias exactas tendieron a ser un ámbito de desarrollo académico predominantemente masculino, por lo tanto, al haber menos profesionales mujeres, estos ministerios eran ocupados por hombres, esta situación producto de la estructura patriarcal, ha llevado a que se arraigara la tradición de identificar a las mujeres con ámbitos relacionados a lo social/cultural. Como veremos más adelante, la República Oriental del Uruguay no escapa a esta situación.

Además, una situación que tiende a suceder es que las mujeres duran mucho menos en sus cargos ministeriales (como ministras, secretarias o directoras) que los hombres, y a la hora de ser reemplazadas, en lugar de ser sustituidas por otras mujeres, son hombres los que pasan a ocupar los puestos.

Previamente mencionamos que la lucha por una igual participación política pareciera ser una demanda social a medias debido a las trabas que encuentra dentro del mismo género, no obstante, ello no significa que no existan sectores dentro de la sociedad que buscan hacer escuchar sus peticiones. A raíz de ello, en el año 2009 se sancionó la Ley de Cupos que determinó que para todo cargo elegible debe cumplirse con un 30% de cupo femenino; esta medida de acción positiva tuvo una serie de consecuencias negativas que no serán analizadas en esta investigación debido a que nuestro interés recae sobre el Poder Ejecutivo, no obstante, creímos necesario destacar cómo 18 años después de Argentina, el vecino oriental decidió aplicar esta medida (aunque sólo fue por un período electoral).

A su vez, dentro del Ministerio de Desarrollo Social existe el Instituto Nacional de las Mujeres (ámbito estatal creado para la conformación de políticas específicas para la consecución de la igualdad de género), también Naciones Unidas emprende trabajos de cooperación junto a los diversos grupos y asociaciones de la sociedad civil como Cotidiano Mujer, CIRE, la Comisión Nacional de Seguimiento- Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía (CNS Mujeres) y la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento. Por lo tanto, la lucha de género es una cuestión en ascenso en Uruguay.

Entonces, luego de entender el contexto en el que esta arista dentro de la lucha de la igualdad de género se enmarca, debemos evaluar los números que muestran las diferencias. Para 1990 el personal total de la administración pública se distribuía de la siguiente manera (incluye puestos decisorios, técnicos y burocráticos):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Como puede observarse, en los ministerios tradicionalmente masculinos (Defensa, Economía y Finanzas, Ganadería Agricultura y Pesca, Industria y Energía, Transporte y Obras Públicas, Educación y Trabajo) la presencia de mujeres era menor y, en algunos casos, ampliamente menor. Únicamente, en el Ministerio de Salud la presencia de mujeres era mayor, para ser casi igualitaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque algunos de estos porcentajes denotan números elevados de participación, previamente se explicó cómo las mujeres tendían a ocupar puestos principalmente administrativos o que no requerían gran preparación académica.

           

            Las tendencias de baja participación de las mujeres dentro del Poder Ejecutivo parecieron revertirse durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) en cuyo gabinete se incorporaron tres ministras y dos subsecretarias para luego incorporarse una mujer más tras el recambio de gabinete, convirtiendo a Uruguay en uno de los países con mayor representación política de la mujer en el Ejecutivo. Además de ello, algo que debe destacase, es que, por primera vez, dos mujeres ocuparon el máximo cargo en dos carteras tradicionalmente masculinas: Defensa e Interior.

 

            Lamentablemente dicha tendencia no fue continuada durante el gobierno de Mujica, durante el cual Uruguay pasó a tener un 14% de presencia femenina en los Ministerios, 3% por debajo del nivel promedio mundial (incluso los países del mundo árabe detentan un promedio de 17%) y 8% menos que el promedio en América Latina. Así, el país se ubica en el puesto 60 dentro de un ranking elaborado por la ONU que incluye 97 países.

 

            En la administración actual, nuevamente con Tabaré, encontramos que la cabeza de cuatro ministerios de trece están ocupados por mujeres, los dos primeros de lo considerados tradicionalmente masculinos:

·        Ministra de Educación y Cultura: María Julia Muñoz.

·        Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: Ministra: Arq. Eneida de León.

·        Ministra de Desarrollo Social: Marina Arismendi.

·        Ministra de Turismo: Liliam Kechichin.

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Para comenzar a detallar lo sustancial de la política brasileña en cuanto a participación primero haremos mención a la obtención del denominado cuota femenina el cual fue producto de la iniciativa individual de la diputada Marta Suplicy (perteneciente al PT de San Pablo) quien en 1995, presentó, en el momento de discusión de la ley electoral municipal y muy cerca de la pronta Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, una propuesta de cupo femenino. El pilar esencial del proyecto se aposentaba en la introducción (obligatoria) de un porcentaje del 30% de mujeres en las listas de candidatos de los diferentes partidos políticos de alcance nacional. Pero además la propuesta incluía la promoción de un estímulo financiero a cualquier tipo de candidatura femenina.

Sin embargo lo que ocurrió en realidad fue sustancialmente distinto al proyecto concebido por aquella diputada, pues el porcentaje de integración femenina en listas fue reducido al 20% y neutralizado por la ampliación del número de candidaturas autorizadas por el estado (pasando de 100 al 120%), esto opaco drásticamente la cuota femenina, porque si bien las mujeres brasileñas tendrían ahora mayor representación, la competencia en la cual se veía inmiscuidas era a su vez mucho más ardua.

No obstante nuevos logros serían obtenidos para el año 1997 cuando por medio de la ley n° 9504, la cuota femenina alcanzara el ansiado 30% de representación en los partidos políticos. La cuestión es que más allá de todas las medidas adoptadas a nivel legislativo, la norma no conlleva ningún tipo de obligatoriedad, y por lo tanto ni la más mínima sanción ante su incumplimiento.

Lo paradójico de la situación de Brasil reside, según un informe del Banco Mundial, en que el número de mujeres brasileñas corresponde al 51 % de la población, sin embargo recién en 2010  el país sería gobernado por una de ellas. Algunos autores atribuyen este fenómeno a la cultura autoritaria presente en la mayoría de los habitantes. Brasil fue uno de los tantos países de América Latina víctima de sucesivos Golpes de Estado, poco tiempo después de la consolidación de su independencia.

Otra mirada de este proceso, entiende que el problema de la poca presencia de las mujeres en los niveles ejecutivos está estrechamente relacionado con la estructura organizacional de los partidos que las integran. En primer lugar, existe una falencia en cuanto al sostén político otorgado por parte de  los líderes masculinos de los partidos. Esto hace que en mayoría de las ocasiones las candidatas renuncien a postularse cuando no existe un marcado apoyo a las mismos. Prueba de ello, es que la llegada del Dilma sólo puede entenderse gracias al apoyo político prestado por su antecesor Lula Da Silva.

En segundo lugar, otro de los factores de gran importancia está relacionado con la escasa capacidad de financiamiento que poseen las candidatas a la hora de desplegar una campaña electoral. No sólo en ocasiones el dinero no es suficiente, sino que tampoco logran recaudarlo por medio de donaciones voluntarias del público.

                  Si realizáramos un paralelismo con la situación actual de la República Argentina, y comparáramos la misma con la presente en Brasil, podríamos vislumbrar que el sistema brasileño es uno de los peores casos de la región. Ejemplo de ello es que la llegada de una mujer al poder ejecutivo en Brasilia, no significo ningún cambio sustancial en la política ejecutada por la presidente en cuanto a la designación de su gabinete de Ministros. Cuando Rouseff llega al poder, sólo 3 mujeres fueron designadas para formar parte de la cartera ministerial (de un total de 24); y, si bien las mismas fueron nombradas en temáticas de gran importancia social (Medio ambiente, Desarrollo social y Lucha contra la pobreza y Agricultura, Ganadería y Abastecimiento), su gestión no hizo ningún intento de modificar la predominancia del género masculino en el ejecutivo nacional.

                  Finalmente otro de los factores que pueden ser esbozados si comparamos a Brasil con el caso Argentino, está relacionado con la importancia de la legitimidad. El rol de la mujer en Argentina se ha visto intensificado y legitimado en los últimos años, en contraste, la situación Brasileña no parece ser la misma, prueba de ello es la reciente destitución de su presidenta y la llegada de una nuevo Presidente que consideró innecesario introducir mujeres en su cartera ministerial.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                  Venezuela consta de un sistema Presidencial y Republicano donde los tres poderes poseen una total independencia entre sí, predominando entre ellos relaciones básicamente de tipo horizontal.

                  Por su parte el Poder Legislativo Federal es ejercido por la Asamblea de Venezuela, órgano unicameral, que consta de la presencia de diputados de diversos sexos, más una cuota obligatoria que da lugar a la participación  indígena en el Parlamento Nacional.

                  Si bien Venezuela es el último de los países en incorporarse al Mercosur como Estado Miembro, las luchas por la participación femenina dentro de la política venezolana provienen desde 1999. Para muchos, el anterior presidente Hugo Chavéz no marco nunca una agenda política donde la participación de la mujer fuera uno de los objetivos a cumplir. Sin embargo es una de sus paradójicas acciones lo que va a llevar a fomentar un gran movimiento feminista proveniente esencialmente del ámbito académico. Todo surgió cuando en uno de sus discursos anunció un recorte presupuestario del 80% al CONAMU (Consejo Nacional de la Mujer). Ante este hecho y el rumor de un posible nombramiento como jefa del organismo a la mujer de una ex militar, las mujeres del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central (CEM), con la ayuda de algunas congresistas, salieron a defender al organismo, el cual no sólo termino desarticulado sino que fue convertido en el Instituto Nacional de la Mujer (INA Mujer)

Pese a este hecho, Mujeres del Movimiento V República, lograron una conquista trascendental en la Constitución de 1999, en la cual se incluyeron cuestiones tales como el uso no sexista del lenguaje, el reconocimiento expreso de la igualdad entre los sexos y la inclusión de medidas positivas tales como la garantía de la igualdad real y efectiva.  No obstante en el año 2000 se presenció un retroceso a todo este proceso cuando el Consejo Nacional Electoral por medio de un Decreto Ley del Presidente de la República, decidió eliminar la cuota femenina del 30% lograda en el año 1998, alegando que violaba la igualdad establecida en la Carta Magna de los venezolanos y creaba una ventaja inadmisible de las mujeres sobre los varones.

                  A pesar de la derogación de la cuota en el año 2000, en los comicios llevados a cabo entre 2005 y 2008, el Consejo Nacional Electoral estableció, sobre la base de la igualdad de las personas, la exigencia paritaria y alternativa en la conformación de las listas partidarias para la elección de los cuerpos deliberativos nacionales, municipales y parroquiales en 2005 y a nivel regional en 2008.  Con esta nueva legislación Venezuela se convertía en el primer país de la región en aplicar criterios de paridad política de género en comicios nacionales y regionales. Sin embargo el incumplimiento de esta normativa no conllevaba la aplicación de ningún tipo de sanción por lo que rara vez fue ejecutado por los partidos políticos al pie de la letra.

                  Es por ello que el avance fundamental debía ser ejecutado al nivel de la organización electoral y, por sobre todas las cosas, desde los propios partidos políticos. A pesar de ello y de la paridad presuntamente establecida, los proyectos simplemente quedaron en el aire. Es más existe un proyecto presentado en el 2002 por el Ina Mujer denominado “Ley orgánica para la Equidad e Igualdad de Género” que establecía paridad del 50% para ambos sexos en la formación de las listas de los partidos políticos, que no sólo no ha sido discutido por el ejecutivo nacional, sino que en los años recientes tampoco existió un marcado interés por resolverlo.

                  Pese a que la situación en el nivel legislativo es bastante desesperanzadora, esto se invierte de manera trascendental en los niveles ejecutivos. En el período comprendido entre 1999 y 2008 han sido designadas un gran número de mujeres ministras y vice ministras. En total hablamos de un número de 23 mujeres en cargos ejecutivos dentro de este lapso de tiempo, contra tan sólo 2 dentro de las presidencias anteriores. Es más, para el año 2008 las mujeres ocupaban el 29% del gabinete, mientras que en año 2003, 6 ministerios de 30 eran ocupados por una mujer.

                  Uno de los ejemplos más demostrativos durante la presidencia de Chávez, fue la designación de Carmen Meléndez, en uno de los Ministerios tradicionalmente dirigidos por hombres en la historia política de Venezuela como lo es el Ministerio Defensa.

Por último, cabe resaltar que el actual presidente de la República, Nicolás Maduro  designó en el año 2016 a Delcy Rodríguez como ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores; a Jacqueline Farías, en Comunicación; Iris Valera, en Sistemas Penitenciarios, y Andreína Tarazón en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Estos hechos ubicaron a Venezuela, según un Informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el eslabón más alto de la igualdad de género en la política latinoamericana.

MERCOSUR Y LA COMPARACIÓN DE LOS PAÍSES

El Mercado Común del Sur nació con el fin de promover la integración económica entre sus Estados miembros, no obstante, a lo largo del tiempo se ha ido redefiniendo incorporando a sus objetivos como organización cuestiones de naturaleza social, política, medio ambiental, entre otras cosas; y, dentro de estas, la igualdad de género ha tendido a ocupar un lugar cada vez más relevante.

            Como sabemos, la igualdad de género es un tema sumamente amplio que abarca temas que van desde la violencia hasta la desigual integración de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad y, el Mercosur ha buscado trabajar sobre todas ellas, pero haciendo foco, principalmente, en cuestiones relativas a la trata de mujeres y el maltrato. No obstante, en relación a lo que a este trabajo compete nosotras haremos hincapié en el análisis de políticas por parte de esta organización que giren en torno a la integración de la mujer dentro de la misma para el tratamiento de la igualdad de género y qué se ha hecho para promover la participación política de la mujer.

            El Mercosur se ha caracterizado por una introducción temprana de los temas relativos a la igualdad de género lo cual se debe, en gran medida, a la presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil (grupos feministas, sindicatos, etc.) ya desde los inicios de la institución. Dicha presión logró que en el año 1995 (tan sólo cuatro años después de su nacimiento), y luego en 1997, se celebraran foros para discutir la situación de las mujeres en el MERCOSUR como organización y en los países que lo componían; los mismos, sentaron las bases para que en 1998 se creara la Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur (REM).

            Las REM fueron reuniones en las que participaban las delegaciones de los Estados miembros y asociados, como así también Estados invitados y, habitualmente, organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de discutir desde todas las perspectivas los diversos temas referentes a la mujer y las dificultades que debe atravesar en la sociedad moderna producto de la desigualdad existente, todo esto desde una perspectiva de género.

En sus documentos, el Mercosur ha dado a entender que el marco general desde el cual se trabaja sobre la desigualdad que sufren las mujeres, para entender la situación y para promover políticas para darle tratamiento, es desde la perspectiva de género según la cual existe en la sociedad una estructura que se ha reproducido históricamente y continúa haciéndolo la cual ha ubicado a la mujer en una situación de “inferioridad” con respecto al hombre, restringiendo su participación en todos los ámbitos sociales. Para ello, se sustenta en otros foros que a nivel internacional han dado tratamiento el tema, como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la IV Conferencia Internacional Sobre la Mujer de Beijing, y los Consensos asumidos en el marco de la CEPAL

Las REM funcionaron como el principal foro dentro del Mercosur para discutir sobre lo relativo a la igualdad de género hasta el 2011 cuando, en dicho año, la misma fue elevada a Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), marcando un paso histórico dado que implicó un avance en la institucionalidad de la cuestión, lo cual demuestra como este tema se ha vuelto cada vez más relevante dentro de la agenda del Mercosur.

            La RMAAM es el foro donde se reúnen los representantes de los cinco Estados miembros y de los Estados asociados y, si bien ha sido un gran avance el hecho anteriormente marcado, debemos remarcar que el foro carece de un presupuesto propio y genuino, necesario para poder otorgarle mayor orden y estructura al mismo.

            El mismo año de su creación, la RMAAM contribuyó a la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, un documento que establece una serie de ejes generales primero, y directrices particulares luego, para entender y darle tratamiento a las cuestiones relativas a la igualdad de género y la discriminación de la mujer, todo desde la perspectiva de género. Específicamente, en el punto 6.2 se habla sobre la participación paritaria en los procesos de toma de decisiones y puestos de poder, destacándose la necesidad de trabajar en la promoción de la integración de la mujer en los ámbitos decisorios para lograr una situación igualitaria con sus contrapartes masculinos.

En los últimos años se ha hecho hincapié en la participación política de la mujer como condición sine qua non de una democracia plena e igualitaria. En la recomendación 3/10 propuso “propiciar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados partes del Mercosur en lo que refiere a acciones, legislaciones y estrategias para el aumento de la participación política de las mujeres” (Recomendaciones del Consejo del Mercado Común, 2010).

Así en la tercera  Reunión Ordinaria de la RMAAMM, celebrada en Mayo del 2013, en Montevideo, las principales portavoces del órgano hicieron hincapié en la necesidad de institucionalizar los procesos que promueven una mayor participación de la mujer dentro del sistema político; para ello manifestaron de vital importancia la creación de una política transversal a nivel regional encargada de llevar a cabo tal objetivo.

Desde el Mercosur se busca poder trabajar con las diversas organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos que lo componen, razón por la cual se han promovido actividades con los mismos cuyo objetivo ha sido debatir y concretar políticas. En este contexto, en mayo de 2013 se realizó el “Encuentro sobre Lineamientos de Política de Igualdad de Género en el Mercosur”, considerada una reunión fundamental por parte de quienes participaron de ella debido a la gran coordinación que se logró entre los diversos organismos internos del Mercosur y entre las organizaciones invitadas, lo cual es clave para poder dar un enfoque ordenado a la elaboración de políticas de género para la región. Al día de hoy la organización continúa dando tratamiento a la cuestión de género desde la RMAAM y celebrando encuentros en los diferentes países.

En los últimos años, la incidencia de las políticas llevadas a cabo por el Mercosur, en materia de género ha generado resultados tangibles en muchos de sus países integrantes. De la misma manera las políticas internas que estos Estados han promovido en el tratamiento de la cuestión de la participación femenina, ha tenido influencia en los países hermanos; tal es el caso de Argentina, que como mencionamos anteriormente fue la pionera a nivel mundial en la incorporación del sistema de cuotas dentro del sistema legislativo mediante la ley 24.012 sancionada en el año 1991 la cual establece un cupo del 30% dentro de las listas de diputados (la misma sería complementada por sucesivos fallos de la Cámara Nacional Electoral en los cuales se manifestó que el cupo no implicaba únicamente llenar un número, sino que era necesario que estas mujeres ocuparan cargos específicos dentro del sistema legislativo). Este resultado a nivel institucional se vio acompañado por la difusión de los llamados Encuentros Nacionales de Mujeres fomentados desde 1986, como también por la acción llevada a cabo por militantes dentro de la Unión Cívica Radical, donde ya se planteaba a necesidad de la integración de la mujer en las listas de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos.

En cuanto al resto de los países del Mercado Común del Sur, su sistema no se encuentra tan desarrollado como el de la República Argentina, en el año 2009 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) declaró que el parlamento argentino se encuentra entre “los cinco países con mayor proporción de mujeres en el mundo, por delante de la mayoría de los países europeos” (Taus, 2014: 317). En cuanto a los miembros de la organización, quienes cuentan con una ley homóloga son Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela; no obstante, en numerosos casos han sido objeto de controversia.

En cuanto a Uruguay, como previamente fue mencionado, este país fue el primero en lograr el voto femenino en el año 1932, pero no sería sino hasta el año 2009 (fue el último de los Estados previamente mencionados) que se sancionaría la Ley de cupo femenino la cual establece que, mínimo, un tercio de la lista debe ser ocupada por candidatas mujeres. En cuanto a Brasil, la ley se sancionó en el año 1997 y el cupo establecido fue del 30%, Venezuela aprobó su ley en el año 1997 que incluye el 30% para ambas cámaras, pero en el año 2000 fue declarada inconstitucional, no obstante, esto sería equilibrado luego cuando en el año 2005 se exigió a los partidos políticos paridad en la conformación de las listas; finalmente, Paraguay dictaminó por ley que el cupo debe ser de 20%.

Por otro lado, luego del análisis realizado hemos podido aseverar que la República Argentina representa el país dentro de esta pentarquía en donde más se ha progresado en materia de inclusión de las mujeres dentro del Poder Ejecutivo, en cambio, el resto de los países, han sido denunciados en diferentes momentos por la escasa participación del género femenino dentro de los cargos decisorios siendo los peores casos nuestro colosal vecino, Brasil, y Paraguay (país en el cual, además, se combinan cuestiones culturales y tradicionales que agravan la cuestión).

La afirmación previamente sostenida de que nuestro país se ubica a la vanguardia en lo que respecta a la integración y participación política de la mujer puede reforzarse con un hecho histórico que tuvo lugar en el corriente año (2016) que fue el logro de la media sanción para el proyecto de Ley de Paridad de Género, el cual implica que toda lista partidaria debe presentar un 50% de candidatas mujeres y, el orden de las mismas, debe intercalarse mujer-hombre para evitar los vicios que solían ocurrir, en donde las damas eran ubicadas debajo evitando, así, que pudieran ingresar a los cargos.

CONCLUSIÓN

Podemos ver, entonces, que tanto a nivel estatal, como a nivel organizacional, se han fomentado políticas que promueven una discriminación positiva con el objetivo de lograr incorporar a la mujer en la política; es decir, es necesario que existan políticas específicas sobre materia de inclusión femenina dado que, de otra forma, pareciera que el problema estructural de desigualdad entre el hombre y la mujer se replicaría aún hoy, cuando el movimiento feminista lleva años alzando su voz. E incluso con la existencia de las leyes de cupos, muchas veces las mujeres han sido discriminadas.

En Venezuela, hasta antes del 2010, casi siempre las mujeres ocuparon los puestos suplentes dentro de las listas de manera que nunca pudieron llegar a ocupar un verdadero cargo; en la República Argentina hubo siete fallos de la Cámara Nacional Electoral, cinco de la corte Suprema de Justicia e incluso se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por petición de María Teresa Merciadri de Morini quien denunció, en el año 1994, que la lista del partido de la Unión Cívica Radical de Córdoba había ubicado a las candidatas mujeres en los puestos cuarto y sexto, cuando por ley se establece que debe haber al menos dos mujeres dentro de los primeros cinco.

Si bien la totalidad de los Estados han realizado acciones que apuntan a la contribución en la lucha por la igualdad de género, aún es una gran deuda pendiente en todos lograr dicho objetivo. Particularmente, en relación a lo que compete a este trabajo, que es la participación política de la mujer, entendemos que si bien esta es una arista sumamente importante dentro del enorme espectro que implica la igualdad de género y la superación de la discriminación femenina bajo todas sus formas, es un hecho que hoy en día, la urgencia versa sobre el eje relacionado con la violencia de género; un flagelo dentro de la sociedad cuyos daños colaterales implican cifras vergonzantes de mujeres golpeadas, abusadas, y asesinadas. Por lo tanto, la gran mayoría de las políticas, hoy en día versan sobre esta lamentable situación que se reproduce en todo el mundo.

La integración de la mujer dentro de la política continúa siendo un gran pendiente dentro de nuestra pentarquía analizada, no obstante es una situación sobre la cual los países, algunos más que otros, afortunadamente se encuentran trabajando; como así también lo hace la organización del Mercosur.

Finalmente, una situación que quisiéramos recalcar es la importancia que han tenido históricamente, y que tienen hoy en día las organizaciones de la sociedad civil dentro de la consecución de estos objetivos. Estas instituciones, mediante sus continuas manifestaciones logran presionar para que la igualdad de género sea un tema de agenda cada día más relevante para la sociedad y para los decisores políticos.

 

BILIOGRAFÍA

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