Resumen: Este trabajo analiza el
surgimiento de los liderazgos populistas y protagónicos en el comienzo del
siglo XXI, que tienen como finalidad terminar con la agenda neoliberal de la
década del noventa. En el mismo se analizan las diferencias y similitudes entre
los liderazgos neodecisionista del ex presidente Carlos Menem en comparación a
los liderazgos de Néstor y Cristina Kirchner.
Summary: This work
searchs to examine the emergence of
populist leaders and leading roles at the beginning of the century, which has the
end objective the neoliberal diary of the nineties. In the same analyzed the differences and similarities between the
leaderships neodecisionista of former President Carlos Menem compared to the
leadership of Nestor and Cristina Kirchner discussed.
“Liderazgos confrontativos nacionalistas de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández”
Por: Rocío Malén Rodríguez
Introducción:
Este trabaja tiene importancia, para poder comprender cómo en
Argentina con el inicio del siglo XXI, en un contexto de crisis socioeconómica
y crisis política surgen nuevos liderazgos políticos caracterizados por el
repudio a las reformas neoliberales, el intento por fortalecer el rol del
Estado, establecer una distribución cabal de la riqueza, la lucha contra el
imperialismo y la implementación de políticas sociales más inclusivas con
respecto a los sectores más vulnerables.
El primer objetivo del siguiente trabajo es verificar si el
liderazgo político de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en
Argentina presenta características de neodecisionismo con claros sesgos de
populismo. El segundo objetico consiste en comparar y analizar las diferencias
o similitudes en algunas políticas económicas y sociales en relación al
liderazgo presidencial de Carlos Menem.
Estos nuevos liderazgos políticos del siglo XXI, presentan
ciertos rasgos del liderazgo neodecisionista, ya que se trataría de un
liderazgo protagónico que asume la toma de decisiones de forma permanente, con
el objetico de evitar acuerdos de tratados de libre comercio. A diferencia del
neodecisionismo del Gobierno de Carlos Menem y de Alberto Fujimori, quienes
llevaron a cabo una agenda económica neoliberal combinándola con políticas
sociales clientelares para obtener el apoyo político de los sectores
empresariales y, a su vez, de las clase media y de los sectores populares.
Es importante comprender los nuevos liderazgos del siglo XXI,
porque lograron conformar su liderazgo protagónico con una base de poder
constituida por el apoyo de la clase trabajadora, los sectores populares y
minorías como los niños, jóvenes y mujeres. Este planteo nos llevará a la siguiente
hipótesis de trabajo: “Los nuevos liderazgos del siglo XXI utilizarán la forma
neodecisionista estado – céntrica y populista causando una ruptura con el
paradigma neoliberal – neodecisionista de la década del 90 del siglo XX”
Las consecuencias de la Agenda Neoliberal.
En el caso de Argentina, bajo el gobierno
de la Alianza, la situación económica era crítica, la estabilidad cambiaria no
se podía mantener, la recesión económica, la caída de la actividad industrial,
el corralito, el aumento del desempleo y la pobreza provocaron el estallido de
las protestas sociales de los sectores populares, la clase trabajadora y más
tarde la clase media. El repudio de la sociedad civil puso en jaque la
legitimidad del gobierno de la Alianza, que nunca logró dar respuestas a las
demandas sociales y económicas, como culminar con la corrupción y tras la
profunda crisis del Plan de Convertibilidad no pudo estabilizar la economía,
que el conjunto de la sociedad civil exigía.
Con la renuncia de Fernando de La Rúa, la
lucha entre fracciones peronistas se libró primero por la designación del
presidente que debía conducir la normalización institucional, y luego por la
nominación de un candidato para las elecciones de 2003.(Sidicaro, 2011:p. 85)
Sin embargo, la crisis de representación y
de legitimidad política junto con las movilizaciones de diversas agrupaciones
sociales, el descontento popular, el repudio de la clase trabajadora y la clase
media hacia la devaluación, el desempleo, el corralito conformaron una profunda
crisis social. El 26 de junio del 2002 se sucedió la Masacre de Avellaneda,
diversas agrupaciones se movilizaron cortando los principales puentes de acceso
a la ciudad de Buenos Aires, la respuesta del gobierno de Eduardo Duhalde fue la
fuerte represión de la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos
Aires y Gendarmería contra el movimiento piquetero en el cual fueron
brutalmente asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El temor a una
gran represión, evocando los horrores de la pasada
dictadura militar, abrió una gran herida en las organizaciones movilizadas,
que encontraría una acelerada confirmación en los sucesivos desalojos y
represiones que caracterizaron el final del gobierno provisorio de Eduardo
Duhalde (2002-2003). (Svampa, 2011:p.22)
Eduardo Duhalde hizo el llamado a las
elecciones presidenciales, a las cuales no se presentaría como posible
candidato. Hacia el interior del partido justicialista le resultó difícil de
encontrar un posible candidato que compitiera con el ex presidente Carlos
Menem. Luego de que diversos gobernadores se bajaran de la candidatura
presidencial como Felipe Solá (gobernador de la provincia de Buenos Aires),
Carlos Reutemann (gobernador de la provincia de Santa Fe) y José Manuel de la
Sota (gobernador de la provincia de Córdoba), se presentaban a tres dirigentes del
partido justicialista: Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem y Néstor Kirchner quien
era el gobernador de la provincia de Santa Cruz, contaba con el respaldo
político de Eduardo Duhalde.
En las elecciones del 27 de abril del 2003,
el Frente para la Victoria de Néstor Kirchner obtuvo un 21,99% de los votos,
resultando superado por la Alianza Frente por la Lealtad-UCD de Carlos Menem,
que obtuvo el 24,30% permitiéndole este resultado la posibilidad de disputar el
ballotage que debía llevarse a cabo el domingo 18 de mayo.(Baldioli y Leiras,2012:
pag.236) Dado que no superaban el 40% de los votos debían competir en segunda
vuelta, sin embargo el 14 de mayo el ex presidente Carlos Menem presenta su
renuncia a la primera magistratura. Las encuestas no lo favorecían más bien los
sondeos presentaban resultados positivos al candidato opositor, por este motivo
Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo del 2003 y mantuvo en el
cargo de Ministro de Economía a Roberto Lavagna.
En contraste con Eduardo
Duhalde y su fórmula «default más represión», Néstor Kirchner, el
presidente inesperado, propuso una fórmula viable y atractiva que combinaba
el reciente progresismo latinoamericano con apelaciones tradicionales (pragmatismo
político, concentración de poder, subordinación de los actores al líder, entre
otros), en un contexto económico favorable. (Svampa,
2011: p.32)
El gobierno de Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner, a diferencia del ex
presidente Carlos Menem, se propuso mejorar la situación social y económica
rechazando las políticas neoliberales y afirmando el nacionalismo. Un claro
ejemplo de ello fue el repudio al ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas.) que fue un proyecto de los EE.UU. en la Conferencia de Mar del
Plata. La política internacional del presidente afirmaba la soberanía nacional propia
de la doctrina justicialista. Como muestras de independencia en política
internacional, las visitas al país de Fidel Castro y de Hugo Chávez tuvieron un
alto valor simbólico. La decisión oficial de recuperar el control de ciertas
actividades privatizadas y el congelamiento de tarifas de los servicios o los
bienes provistos por empresas de capital global generaron tensiones que
mostraron la resolución de encaminar la política por una nueva vía distante del
neoliberalismo. (Sidicaro, 2011: p.88)
Néstor Kirchner en su discurso de asunción
como presidente manifestaba:
El Mercosur y la integración latinoamericana deben ser parte
de un verdadero proyecto político regional. Nuestra alianza estratégica con el
Mercosur, que debe profundizarse hacia otros aspectos institucionales que deben
acompañar la integración económica, y ampliarse abarcando a nuevos miembros
latinoamericanos, se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda
regional.
Con otro panorama político, en 2003, durante el gobierno del
Presidente Néstor Kirchner, se renovó la Corte Suprema de Justicia con la
renuncia de dos de sus miembros (que así eludieron el juicio político) y la
destitución por juicio político a un tercero. (Calcagno y Calcagno, 2012:
p.27).
La reconstrucción del mercado interno.
El nuevo presidente debía afrontar la
herencia negativa: la precarización laboral, la desocupación, la elevada
indigencia y la pobreza provocadas por las reformas neoliberales aplicadas en
la década pasada. Por ello, se puso en marcha la pronta recuperación del Estado
como garante de los derechos sociales, de una redistribución cabal de la
riqueza, favorecer la inversión pública, asegurar el pleno empleo. La tarea
emprendida desde 2003 se dirigió en lo fundamental a integrar a los 20 millones
de excluidos, lo cual es muy difícil. La tarea comenzó con una política de
crecimiento económico, que llevó a que el PBI creciera a cerca del 9% anual
durante 7 años, a que la inversión se elevara del 12 al 24%, a que la
desocupación bajara del 22% al 7,4% a que la pobreza descendiera del 46% al 25%.
Con ello, 5 millones de personas consiguieron empleo, el trabajo “en negro” descendió
del 49,7% de la población económicamente activa en 2003 al 34,6% en 2010; y
entre 2003 y 2009, la remuneración media real de los asalariados registrados
creció 56%. (Calcagno y Calcagno, 2012: p.17)
El gobierno de Néstor Kirchner otorgó un
rol activo al Estado fomentando la inversión pública para incentivar la economía,
el desarrollo productivo y en la implementación de políticas sociales cuyo
objetivo fue incluir a la clase trabajadora y a los sectores mas desfavorecidos
que padecieron las consecuencias negativas de las reformas neoliberales de la
década anterior. Las políticas económicas inclusivas le permitieron conquistar
el apoyo de la clase media, de los trabajadores informales, desempleados,
pequeños y medianos productores que fueron conformando su base de poder.
El primer logró de su presidencia fue el
pago de la deuda externa a los organismos financieros internacionales, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) lo cual significó
cierta autonomía de las recetas que dichos organismos imponen a los países
deudores.
Recordemos que los primeros
gestos de Kirchner contribuyeron a reconfigurar el campo político desde la
esfera institucional: los cambios positivos en la Corte Suprema de Justicia, la
asunción de la política de derechos humanos como política de Estado, la
reivindicación de una cierta autonomía de la política respecto de la economía,
en el marco del default y, por último, la opción por una política
económica heterodoxa, signaron sus primeros pasos. (Svampa, 2011: p.23)
El liderazgo político de Néstor Kirchner
comparte ciertas similitudes con el liderazgo neodecisionista del ex presidente
Carlos Menem que se caracterizó por un liderazgo personalista que abuso de la
emisión de los decretos de necesidad y urgencia con el objetivo de imponer la
agenda neoliberal sin requerir del acuerdo con los partidos opositores que
constituyen el Poder Legislativo. Carlos Menem utilizó los decretos de
necesidad y urgencia para la reducción del gasto público, permitir la
flexibilización laboral, restringir las funciones del Estado, fijar las
privatizaciones de las empresas estatales, entre otras medidas. La prueba
principal de la convicción con que se encaró el programa de privatizaciones fue
una decisión que implicó una ruptura radical con las prácticas del peronismo
durante más de cuarenta años: así se anunció que dicho programa abarcaría las
grandes empresas de servicios públicos, muchas de ellas creadas o
nacionalizadas durante el primer peronismo de 1946-1955. Se abrieron
licitaciones de dos de ellas, ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y Aerolíneas
Argentinas. (Cavarozzi y Landi, año: 1995 p.59)
El 21 de marzo del 2006, el presidente
Néstor Kirchner se encargó de crear a partir de un decreto, la empresa estatal
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la cual fue ratificada por el Congreso
Nacional para constituirse en ley.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la
acción estatal pone límites al abuso privado en sectores estratégicos de la
producción de bienes y servicios masivos, acompañando con políticas económicas
que incentivan el desarrollo del mercado interno. En este marco podemos
destacar la creación en el año 2004 de la empresa Enarsa-Energía Argentina
S.A.- dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta de petróleo y
sus productos derivados, así como la comercialización de gas natural y
electricidad. La titularidad de la empresa está repartida en un 53%
perteneciente al Estado Nacional, un 12% en manos de las provincias y el resto
a comerciarse en la bolsa de comercio. Enarsa cuenta entre sus activos el
monopolio legal sobre de la exploración y explotación de la plataforma submarina
del Mar Argentino. (Baldioli y Leiras, 2012: pag.255) También el
fortalecimiento del Estado se llevo a cabo con las empresas que se fueron estatizando
a partir del incumplimiento de las condiciones por los privados como
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Correo Argentino, Aerolíneas
Argentinas.
Desde la concepción de Menem, el enemigo
era asociado a un pasado representado, por un lado, por la hiperinflación del ’89,
que disolvió los lazos sociales y llevó al caos de los saqueos y al desorden y
la ingobernabilidad política y social. A su vez, era vinculado a un pasado
asociado al primer gobierno peronista, que ya debía ser superado por la
“evolución” de la Historia y la actualización consecuente de las banderas
históricas del peronismo (Fair, 2012: p.111) Ambos líderes personalistas
apelaron a la confrontación con un cierto enemigo, que no necesariamente es un
partido político puede abarcar desde la crisis política e institucional, la
crisis económica, la pobreza, las movilizaciones sociales, entre otras. En el
caso de Néstor Kirchner, el enemigo correspondía a los años noventa y en su
discurso de asunción como presidente lo manifestaba:
En la década
de los noventa, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en
materia económica, en particular en materia de control de la inflación. La
medida del éxito de esa política la daban las ganancias de los grupos más
concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud
de las inversiones especulativas, sin que importaran la consolidación de la
pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la
fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo.
Desde la
perspectiva de Néstor Kirchner, se debía recuperar el rol del Estado para
mejorar el crecimiento del mercado interno y los niveles de empleo, reducir los
índices de pobreza, fomentar la inclusión social y la recuperación de los
salarios de algunos sectores. Estas medidas le permitieron consolidar su
liderazgo en el poder y asegurar la continuidad del proyecto.
A las medidas económicas establecidas se le
agrega la política de Derechos Humanos. Néstor Kirchner impulsó ciertas
reivindicaciones democráticas como la creación del Museo de la Memoria, descolgar
los cuadros de los militares, la reapertura de los juicios por delitos de lesa
humanidad de la última dictadura militar, la abolición de las leyes de
Obediencia debida y Punto Final, que habían clausurado la posibilidad del
juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado de la dictadura de
1976, para así dar inicio a los nuevos juicios. Las iniciativas relacionadas
con las críticas a la pasada dictadura genocida pesaron en el vuelco a favor de
Kirchner de las simpatías de muchas personas que se definían como progresistas (…)
(Sidicaro, 2011: p.89)
La similitud que más se destaca de la
presidencia de Néstor Kirchner en comparación al gobierno del ex presidente
Carlos Menem, es la concentración del poder en la figura del presidente, lo
cual ocasiona la atenuación del poder legislativo y no se logra un equilibrio
de poderes. Se trata de un liderazgo personalizado que hace un uso excesivo de
sus atribuciones y sin importar que cuente con una mayoría legislativa bajo
circunstancias que no son de emergencia como modificar el nombre del Ministro
de Salud o cambiar la fecha de un feriado nacional. En total aprobó 176
decretos de necesidad y urgencia desde el año 2003 hasta abril del 2006. El uso
excesivo e injustificado de las atribuciones del presidente provoca el
debilitamiento de los procesamientos deliberativos característicos de la
democracia representativa.
El mandato presidencial de Cristina
Fernández de Kirchner.
El 28 de octubre del 2007 se celebran las
elecciones presidenciales en las mismas la fórmula de Cristina Fernández de
Kirchner y Julio Cobos por el Frente para la Victoria obtiene el 44,2% de los
sufragios y logran imponerse victoriosos en primera vuelta. La gran aceptación
en la opinión pública de la gestión gubernamental fue, por cierto, un factor
importante. Los apoyos de los dirigentes peronistas provinciales aportaron
también una porción significativa de votos. (Sidicaro, 2011:p.90)
El primer año de gestión tuvo sus
desavenencias con el sector agropecuario que posee un rol dominante en la
economía argentina. Debido a la medida económica impulsada el 11 de marzo del
2008, por el ministro de Economía y Producción Marín Lousteau, que consistía en
un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación de cuatro productos:
soja, trigo, maíz y girasol por un periodo de cuatro años. En un contexto en el
cual los precios elevados de los productos agroalimentarios en el mercado
externo favorecían las tasas altas de rentabilidad para los empresarios del
agro. Por esta medida estallaron las protestas de los productores agropecuarios
orquestando lock outs, cortando y bloqueando las rutas y convocando a un paro.
Las repercusiones de la medida no tardaron
en manifestarse dado que al día siguiente, las entidades agropecuarias
Confederación Intercooperaiva Agropecuaria Limitada (Coninagro), Sociedad Rural
Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) unificaron sus esfuerzos a partir de la constitución
de la denominada “Mesa de Enlace” e iniciaron un paro de 48 horas exigiéndole
al gobierno nacional dejar el sistema de retenciones móviles, como fiscalías y
recaudatorio. (Baldioli y Leiras, 2012: p.259)
La “Mesa de Enlace” rechazaba la Resolución
125 del ministro de economía y producción. El enfrentamiento entre el gobierno
y los actores económicos del sector rural se profundizó cuando el 25 de marzo
los productores del agro optaron por convocar a un paro por tiempo
indeterminado. El paro tuvo sus repercusiones en la falta de alimentos de
primera necesidad en las ciudades y perjudicó al comercio interno como al
externo. Es importante destacar el rol de los medios de comunicación que
televisaban las protestas y los cortes de rutas a favor del rechazo a las
retenciones por parte de los productores agropecuarios y en oposición al
gobierno. Los medios del Grupo Clarín se prestaron para ser la voz de los
sectores rurales apoyados por amplios sectores de la clase media urbana y
rural. El kirchnerismo interpretó que la reacción social en su contra era
impulsada y estimulada a través de la tergiversación de la información fogueada
por los medios de comunicación del Grupo motivados por sus propios intereses
empresarios en el sector agropecuario.
Desde el comienzo de la protesta, algunos
dirigentes peronistas provinciales expresaron de modo más o menos público el
rechazo al aumento de los impuestos a las exportaciones agrarias (en especial
concentrados en la soja), mientras que algunos sectores justicialistas y de
izquierda daban su adhesión a los reclamos de la Federación Agraria Argentina,
la entidad que históricamente había expresado a los pequeños propietarios del
campo. El gobierno, por su parte, activó el viejo clivaje ≤pueblo versus
oligarquía≥. (Sidicaro, 2011: p.91)
El 19 de junio Cristina Fernández de
Kirchner decide enviar el proyecto de ley acerca de las retenciones al
Congreso de la Nación para que sea el Poder Legislativo que resuelva el
conflicto. Es importante aclarar que la presidenta no apeló a los decretos de
necesidad y urgencia en la toma de decisiones políticas. El 17 de julio no sólo
el vicepresidente Julio Cobos rechazó el proyecto de ley, incluso los diputados
y senadores oficialistas, lo cual reflejaba la crisis interna en el propio
partido peronista, como consecuencia de las tensiones que generó el conflicto
agrario entre los gobernadores peronistas y el gobierno nacional. En
conclusión, el conflicto rural perjudicó al gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, por un lado, en la crisis interna que atravesaba al partido
justicialista que reducía su apoyo al kirchnerismo y, por otro lado, las
repercusiones negativas en la opinión pública. Esto se vio reflejado en las
elecciones legislativas del año 2009, en las cuales el kirchnerismo perdió la
mayoría legislativa y se impuso la coalición de la oposición, Acuerdo Cívico y
Social.
Sin embargo, la misma situación de
desarticulación del campo popular que había beneficiado a los promotores del
kirchnerismo primero y los perjudicó luego, jugó en contra de quienes desde la
oposición trataron de proponerse como alternativa política. El alto grado de
desorganización de los partidos políticos y las consecuentes pujas
personalistas entre sus dirigentes obstaculizaron en lo inmediato la acción
mancomunada de los opositores.(Sidicaro, 2011: p.92)
El enfrentamiento entre el sector
agropecuario y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo marcado por
la confrontación, el conflicto y las acusaciones directas del Poder Ejecutivo
Nacional contra la “oligarquía agropecuaria” que sólo defendía los intereses de
los sectores concentrados de la economía, los propietarios de la renta y los
industriales. Es característico de los nuevos gobiernos populistas poner en práctica
un agresivo nacionalismo y en la confrontación con aquellos sectores económicos
o políticos que no respaldan sus reivindicaciones y atentan contra ellas. La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico
hizo que este adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta
inflexible del gobierno (llamándolos «piquetes de la abundancia») como la
rápida reacción de sectores de la clase media porteña, que salieron a la
calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político
autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de
carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado
fuertemente en la tradición nacional-popular: civilización o barbarie;
peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. (Svampa, 2011: p.27)
El conflicto, para ser aceptado como
legítimo, debe adoptar una forma que no destruya la asociación política. Esto
significa que debe existir algún tipo de vínculo común entre las partes en
conflicto, de manera que no traten a sus oponentes como enemigos a ser
erradicados, percibiendo sus demandas como ilegítimas- que es precisamente lo
que ocurre con la relación antagónica amigo/enemigo- . Sin embargo, los
oponentes no pueden ser considerados estrictamente como competidores cuyos
intereses pueden tratarse mediante la negociación, porque en ese caso el
elemento antagónico simplemente habría sido eliminado. (Mouffe, 2009: p. 26 y
27). El liderazgo personalista de Cristina Kirchner construía un campo político
enfrentado con ninguna intención de entablar una negociación con los sectores
financieros y económicos dominantes del sector agropecuario. Además, la
relación con el Vicepresidente, Julio Cobos que había rechazado el proyecto de
ley lo cual fue percibida como una traición desde los dirigentes
kirchneristas.
Las reivindicaciones políticas y sociales.
El gobierno de Cristina Fernández continuó
con la implementación de políticas sociales inclusivas destinadas a los
sectores más vulnerables de la sociedad. El 28 de octubre del 2009, la
presidenta a partir del decreto 1602/09 creó la Asignación universal por hijo,
se basa en una transferencia que el Estado otorga a los padres que están
desocupados o trabajan en condiciones informales y reciben un salario mínimo,
reciben una asignación por cada
hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años.
En el área social, se atacó el núcleo duro
de la pobreza, que se había mantenido a pesar de que hubo 5 millones de nuevos
empleos desde 2003 y que se recuperaron los salarios. Ahora, las asignaciones familiares
a todos los hijos de desocupados y trabajadores “en negro” suprimirán la
indigencia y reducirán de modo sustancial la pobreza. (Calcagno y Calcagno,
2012: p.253)
El 15 de julio del 2010 se llevo a cabo la
aprobación del matrimonio igualitario que consistió en romper con férreos
tabúes en la sociedad. Siendo la Argentina el primer país en América Latina en
reconocer el matrimonio entre personas del mismo género.
En los medios culturales provinciales más
apegados a las tradiciones católicas se expresaron descontentos ante esa
innovación en materia de derecho de familia, y esas reacciones adversas
recibieron el apoyo de algunos gobernadores justicialistas y de parte de los
legisladores nacionales a ellos vinculados. El caso más notorio fue el de José
Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, que a pesar de estar alineado
con el kirchnerismo no solo manifestó u desacuerdo público con la mencionada
reforma, sino que, además, contribuyó a la realización de las movilizaciones
organizadas por sectores religiosos contra la ley.(Sidicaro, 2011; p.89).
El 14 de diciembre, a través del decreto de
necesidad y urgencia 2010/1009 la presidenta creó el Fondo del Bicentenario para
confirmar el pago de los intereses de la deuda externa. Para lo cual, se debía
recurrir a fondos de baja tasa de interés para así no reducir el gasto público,
el empleo, la asistencia social ni afectar el crecimiento económico.
El sentido del Fondo del Bicentenario es
dar a los acreedores la señal de que Argentina quiere y puede pagar, para
reducir el “riesgo país” y de ese modo facilitar y abaratar el acceso al
crédito (…) El Fondo del Bicentenario también apunta a ahorrar cuantiosos
intereses que de otro modo debería pagar el Estado; y a reducir la demanda
pública en el mercado de financiamiento, que de otro modo encarecería el
crédito tanto para el sector público como para el privado. Esto ampliaría el
margen de maniobra del sector público, que podrá ser usado para continuar la
recomposición de las infraestructuras físicas y sociales. (Calcano y Calcano
,2012: p.200)
El decreto del Fondo del Bicentenario
desató polémicas en las voces de la oposición que desde el Congreso Nacional e
inclusive el Poder Judicial exigían paralizar la medida. A lo cual se sumó el
repudió del presidente del Banco Central, Martín Redrado, ante el cumplimiento
de dicho decreto. Como consecuencia de la reacción de Martín Redrado la
presidenta de la Nación optó por emitir el decreto 18/2010, el 7 de enero del
2010 para removerlo por no ejecutar el decreto y expulsarlo como presidente del
Banco Central. Al final Martín Redrado presenta su renuncia el 29 de enero del
2010 como presidente del Banco Central.
El 3 de febrero de 2010 fue confirmada la
destitución de Redrado por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su
lugar Mercedes Marcó del Pont. Finalmente, la presidente derogó el decreto de
creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el
Congreso, y mediante otro DNYU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento,
anunciando esta decisión en forma sorpresiva durante la inauguración de las
últimas sesiones ordinarias del Congreso Nacional 1۫۫
de marzo. (Baldioli y Leiras, 2012: p.273)
Las políticas sociales dirigidas a los
sectores más vulnerables de la economía en el territorio argentino por Cristina
Fernández de Kirchner, como la asignación universal por hijo le garantizaron el
apoyo político de los sectores populares y la clase trabajadora. Bajo su
mandato presidencial también se propuso fortalecer el rol del Estado como
garante de la aplicación de políticas de redistribución. A diferencia del ex
presidente Carlos Menem, que para obtener el apoyo de la clase media y de las
clases populares y a su vez, de los sectores empresariales, implementó el Plan
de Convertibilidad como política económica que establecía una relación de
paridad entre el peso y el dólar (1 peso = 1 dólar). En este caso, la
institucionalización de una moneda de paridad fija mediante un marco legal
genera, precisamente, una confianza social que excede la “seguridad jurídica”
que demandan los agentes del mercado. (Fair, 2012: p.124).
La ley de medios.
En 2005 el Presidente Néstor
Kirchner emitió el decreto 527/05 que estableció la prórroga de las licencias
de TV abierta en manos del Grupo Clarín sin la apertura a nuevos
oferentes hasta el 2015. En diciembre de 2007, tres días antes de finalizar su
mandato la resolución 257/07de la Secretaría de Comercio del Ministerio de
Economía autorizó la fusión de las dos principales operadoras de TV prepagas
Multicanal y Cablevisión, el negocio más redituable del Grupo Clarín. Lo que lo
convertía en el grupo de medios de comunicación de mayor tamaño de la Republica
Argentina.
El 1 de marzo de 2009 en su
discurso de Apertura de Sesiones Legislativas en el Congreso de la Nación,
la presidenta anunció que enviaría un proyecto de ley para modificar la Ley
22.285/80. El 18 de marzo presentó en el teatro Argentino de La Plata la
propuesta de un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
que reemplazaría la Ley de Radiodifusión vigente.
El Grupo
Clarín puede ser identificado como uno de los actores no estatales más poderosos
y con mayor protagonismo a lo largo de todo el proceso de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual. Su nivel de concentración económica y la cantidad
de medios en poder del grupo lo convirtieron en el actor con mayor visibilidad
ante la opinión pública, dado que era el que contaba con mayor capacidad de
movilización de recursos materiales y simbólicos. Los periodistas del grupo se
referían a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como “la ley de
medios K” y de esta manera se hace evidente su posición contraria a la
modificación de la norma, que resultaba adversa para su posición dominante en
el mercado nacional de medios.
El Poder Ejecutivo Nacional apelaba a la
formación de un verdadero consenso en torno a la nueva ley, con la que se cerraba
una rémora de la última dictadura cívico militar: “Debemos desconcentrar y
democratizar la propiedad de los medios, favoreciendo un federalismo real que
fortalezca lo local, con protección de nuestros bienes culturales, y
defendiendo a los trabajadores y creadores, abaratando el acceso del ciudadano
a la información y otros contenidos, a lo largo y ancho del territorio
nacional.”
El conflicto fue un parte aguas:
en ese marco, el gobierno logró la adhesión activa de un grupo amplio de
intelectuales y académicos de corte progresista, llamado Carta Abierta, que
salió en defensa de la institucionalidad y realizó una lectura de las
movilizaciones agrarias en términos de «conflicto destituyente». . (Svampa,
2011: p.28)
El 27 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de
ley modificado al Congreso. La facultad de iniciativa legislativa es uno de los
recursos de los que dispone el Ejecutivo nacional
para impulsar las políticas de gobierno.
En el proceso de debate se realizaron cinco audiencias en
Diputados, la última organizada por los sectores opositores al proyecto,
mientras que en el Senado se llevaron a cabo siete reuniones plenarias para
debatirlo.
El 31 de agosto la Cámara de
Diputados inició el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El 8 de septiembre comenzaron en el Congreso
Nacional las audiencias orales y públicas para debatir el proyecto de ley.
En la madrugada del 10 de octubre la nueva Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en el Senado nacional con 44
votos a favor y 24 en contra. El 21 de octubre en el acto en que se anunció la
implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cristina
Fernández de Kirchner sostuvo:
Quiero agradecerles también a los partidos
políticos de la oposición, que mantuvieran, mantienen y mantendrán diferencias
con nosotros, pero supimos construir, desde las diferencias, los consensos
necesarios para que hoy este instrumento fuera aprobado por mayorías nunca
vistas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores” haciendo
explícito que aquella alianza se había concretado.
A partir de este posicionamiento del Poder Ejecutivo Nacional, el
Grupo Clarín tomó posición y presentó una demanda judicial solicitando la
suspensión provisional de algunos artículos de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que interpretaban como una restricción para el
funcionamiento de sus medios. El Grupo Clarín argumentaba que la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual respetaba sus "derechos adquiridos" y que
violaba la Constitución Argentina.
Una vez más, en la confrontación del gobierno de Cristina Kirchner
con el Grupo Clarín, se hizo evidente el nacionalismo agresivo establecido por
el Poder Ejecutivo Nacional que continuamente atacaba a este medio masivo de
comunicación por oponerse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y
los exponía como los adversarios en el campo político. El conflicto y los
enfrentamientos entre el gobierno de Cristina Kirchner con los diversos grupos
económicos dominantes del territorio argentino provocaron una creciente
polarización política que atravesaría todo el periodo de su gestión y sería mas
profunda durante su segundo mandato presidencial.
Lo que esta en juego en la lucha agonista (…) es la configuración
misma de las relaciones de poder en torno a las cuales se estructura una
determinada sociedad: es una lucha entre proyectos hegemónicos opuestos que
nunca pueden reconciliarse de un modo racional. La dimensión antagónica está
siempre presente, es una confrontación real, pero se desarrolla bajo las
condiciones reguladas por un conjunto de procedimientos democráticos aceptados
por los adversarios. (Mouffe, 2009: p28)
Por otro lado, se amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación
explícita de la juventud –que tuvo notoria presencia en las exequias de
Kirchner–. Agrupaciones pequeñas como «La Cámpora» (fundada por Máximo
Kirchner, hijo del matrimonio presidencial) tuvieron un enorme crecimiento, y
otras similares comen zaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una
doble militancia: tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde
las bases, marcadas por un activismo virtual antes que territorial, desde
blogs, Twitter y otras redes sociales. (Svampa, 2011: p.28 y 29)
Sin embargo, los reiterados conflictos con los partidos opositores
(incluso líderes opositores como Mauricio Macri o Elisa Carrió), el sector
agroproductor, los financistas y los industriales y el gobierno kirchnerista
fueron desaprobados por la clase media porteña como los sectores medios del
interior de las provincias. Y comenzaron a abandonar y a oponerse a la figura
de Cristina Fernández de Kirchner. La caída de su popularidad generó la decisión
de la presidente para no postularse para la una eventual reelección en el
2011 y sería Néstor Kirchner quien se postularía para dicha elección. Aunque su
fallecimiento el 27 de octubre del 2010, modificaría el proyecto del
kirchnerismo para enfrentar las elecciones presidenciales del siguiente año.
Sin épica propia, el deterioro del kirchnerismo se vio revertido
al producirse el fallecimiento de Kirchner, que fue sentido por amplios
sectores de la opinión pública como un excepcional acto de sacrificio personal realizado
en nombre de un ideal político. Los índices de popularidad personal de Cristina
Fernández crecieron influidos por esa percepción y, seguramente, en virtud de
la evaporación de las dudas sobre quién tomaba las decisiones. (Sidicaro, 2011:
p.93).
Finalmente, en las elecciones presidenciales del 2011, la fórmula Cristina
Fernández de Kirchner y Amado Boudou por el Frente para la Victoria logró el
triunfo con el 54,11% de los sufragios.
Conclusiones.
Considero que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
mantuvo y continúo con las políticas económicas ejecutadas por el Gobierno de
Néstor Kirchner. Además, determinados derechos políticos y sociales que no se
implementaron y quedaron truncos en el periodo presidencial de Néstor Kirchner,
como la aprobación del matrimonio igualitario y la ley de medios, y profundizó
las políticas sociales inclusivas, precisamente con la asignación universal por
hijo.
La expectativa del cambio pareció diluirse de manera casi
inmediata, a partir del momento de darse a conocer el gabinete de ministros para
el nuevo gobierno. Del los doce integrantes designados, siete ya ocupaban
carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y sólo cinco de ellos asumieron por
primera vez un ministerio. (Baldioli y Leiras, 2012: p. 269). Solamente
ingresaron como nuevos ministros los siguientes: Martín Lousteau como ministro
de Economía, Florencio Randazzo en el ministerio de Interior, Juan Carlos
Tedesco en el ministerio de Educación, Lino Barañao como ministro de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva y como ministra de Salud y Ambiente,
Graciela Ocaña.
Estos nuevos liderazgos políticos del siglo XXI, se caracterizan
por imponer un liderazgo personalista, con un nacionalismo confrontativo que
pregona un discurso antineoliberal, que intentan aplicar cambios políticos y
sociales poco consensuados y proponen resolver los problemas sociales de manera
absoluta y bajo le decisión del presidente. Estos nuevos liderazgos
personalistas y populistas por su estilo confrontacional dividen a la sociedad
en dos bloques entre los sectores populares y oligárquicos, generando el
rechazo de los empresarios nacionales.
La ventaja del presidencialismo es que permite la identificación
con la figura del presidente, lo cual posibilita el fortalecimiento de la
imagen positiva del presidente y, a su vez, ocasiona una polarización de la
sociedad. Con respecto al liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández
de Kirchner conformaron fuertes personalismos en defensa de los intereses del
pueblo, y rechazaban a los partidos políticos tradicionales ya que desaprueban
las políticas inclusivas y antineoliberales provocando una ruptura con el paradigma neoliberal – neodecisionista de
la década del 90 del siglo XX.
La
consolidación de los liderazgos protagónicos y populistas contribuye a profundizar
la crisis de los partidos preexistentes, ya que su discurso fomenta el
descrédito de éstos, y a menudo sus políticas están dirigidas a socavar los
mecanismos de funcionamiento de la representación, erosionando sus bases
sociales y recortando su papel en las instituciones políticas.
Se puede considerar que estos liderazgos son neodecisionistas ya
que se encuentran fuertemente concentrados en la figura presidencial que
recurre a sus atribuciones de manera permanente lo que debilita los procesos
deliberativos de la democracia representativa.
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