Resumen

En una nueva fase de las históricamente tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la Administración Obama ha fijado una política que aspira a alcanzar el objetivo histórico de su nación respecto a la isla pero apelando a métodos que puedan resultar más efectivos. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resultan herramientas clave para tal propósito. Ello se demuestra en la presente investigación, que toma nota de todo lo regulado en este sector entre el 17 de diciembre de 2014 y el 16 de marzo de 2016. Se detallan los cambios realizados por el Departamento del Tesoro en las Regulaciones al Control de Activos Cubanos, así como los ejecutados por el Departamento del Comercio a las Regulaciones Administrativas para Exportaciones. En las valoraciones finales el autor proyecta los retos que en tal sentido le corresponde asumir a la Revolución Cubana en esta compleja etapa de su desarrollo histórico.

Palabras clave: Internet, tecnologías, regulaciones, sanciones, Cuba, Estados Unidos

Abstract

In a new phase of the historically tense relations between US and Cuba, the Obama administration has set a policy that aims to achieve the historic goal of his nation against the island but appealing to methods that can be more effective. The Information and communications technology are key tools for this purpose. This is demonstrated in this investigation, noting all the regulations in this sector between December 17th, 2014, thorugh March 16th, 2016. Changes made by the Treasury Department in Cuban Assets Control Regulations are detailed, as well as those executed by the Department of Commerce in the Export Administrative Regulations. In the final valorations the author projects the challenges that in this regard must assume the Cuban Revolution in this complex stage of its historical development.

Keywords: Internet, technology, rules, sanctions, Cuba, US

 

LAS TIC COMO UNA DE LAS BASES DE LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA.

Juan Manuel Álvarez Tur. Universidad de Ciencias Informáticas. jmalvarez@uci.cu.[1]

 

 

"Los fines de nuestra política son exactamente los mismos que antes. Se enfoca en lograr un país libre, donde los cubanos tengan el derecho a decidir su futuro."

Roberta Jacobson[2]

 

 

Introducción.

Después del 17 de diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos entraron en una nueva fase de su recurrente diferendo. Un área destinada a jugar un papel importante (desde la parte norteamericana) es la asociada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Desde su discurso de esa fecha el presidente estadounidense Barack Obama lo evidencia: “he autorizado el aumento de las conexiones de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las empresas podrán vender los productos que les darán a los cubanos la habilidad para comunicarse con Estados Unidos y otros países”. El propósito es ofrecerle a los cubanos el acceso a tecnologías que han “empoderado a individuos de todo el mundo” y que les eran negadas por las leyes estadounidenses. (Obama, 2014) Para él, en la medida que aumenta la interacción con las tecnologías más se contribuye a construir las bases para los cambios que Estados Unidos desea para Cuba.

La provisión de servicios de telecomunicaciones a Cuba después de 1959 ha sido regulada con mayor o menor flexibilidad de acuerdo con la política general trazada desde Washington. Esta última, ha enfrentado un dilema importante: ¿cuán productivo es el intento de socavar el sistema político cubano mediante el aislamiento? En los momentos en que se ha definido que la interacción es más efectiva el cuestionamiento esencial ha sido: ¿cuán alcanzable es el objetivo político (que siempre —cualquiera sea el método utilizado— es el mismo) independientemente del respiro económico que el relajamiento en las relaciones comerciales supone para el Gobierno cubano? Luego, ¿hasta qué punto licenciar esos dividendos económicos que recibiría el Gobierno cubano? Todo esto conectado a una enrevesada red de intereses que generan sectores determinados en ese país.

En el caso concreto de las telecomunicaciones, primó hasta 1993 un enfoque aislacionista y marcadamente agresivo en su dimensión económica. Tras decretar Kennedy un embargo sobre todo el comercio con Cuba[3] en 1962, AT&T recibió una exención para continuar operando sus servicios de telefonía de larga distancia con Cuba utilizando la infraestructura previamente instalada[4]. Sin embargo, se le prohibió actualizar la tecnología, ampliar los circuitos y realizar pagos a Cuba. A partir 1966 se le requirió a depositar los ingresos correspondientes a Cuba por su participación en la provisión de los servicios en una cuenta escrow bajo su custodia. (Spicer & Torres, 1998) Ya en 1998 los fondos que se le debían a Cuba depositados en el Chase Manhattan Bank (Nueva York) ascendían aproximadamente a 93 millones de dólares. (Alen, 1998) En abril de 1987 la conexión a través del sistema de cables se inhabilita permanentemente, cargando con toda la demanda un sistema de transmisión troposférico activado en 1957. AT&T, para satisfacer las exigencias del Departamento del Tesoro incidentes a la instalación de un nuevo cable, utilizó la tecnología más obsoleta disponible. Posteriormente, el Gobierno estadounidense se opuso a que Cuba recibiera los ingresos correspondientes a su participación en la operación del servicio provisto por este séptimo cable, desplegado finalmente en 1989[5]. En 1991, de 60 millones de intentos de llamada telefónica originados en Estados Unidos destinadas a Cuba, solo 500 mil se concretaron. En 1992 el sistema troposférico fue dañado severamente por el huracán Andrew, cuando ya era crítica su falta de mantenimiento, así como encontrar piezas de repuesto, siendo el único de su tipo en todo el hemisferio occidental. AT&T decidió no repararlo. (Spicer & Torres, 1998) Llegado este punto, no quedaba ninguna conexión directa entre los dos países.

A partir de allí, dos dimensiones intervienen para revertir esa dinámica. Primero la económica. En 1992 compañías canadienses que sí tenían conexión directa con Cuba ofrecían planes para llamadas a Cuba que redundaron en pérdidas para AT&T (Cuba había permitido a esta compañía enrutar alrededor de 2 000 llamadas mensuales a través de ItalCable ante la pérdida de la conexión directa). Ello causó tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El servicio era muy demandado por los cubanos que vivían en Estados Unidos.

En este entorno nace la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (conocida como Ley Torricelli), que autorizó los servicios de telecomunicaciones así como las instalaciones de telecomunicaciones necesarias “para proveer servicios eficientes y adecuados entre Estados Unidos y Cuba”. Los patrocinadores de la legislación fueron persuadidos de que un mayor tráfico telefónico hacia Cuba podría reducir el liderazgo revolucionario en Cuba (donde radica la dimensión política), al tiempo de que era un cambio apoyado por la comunidad de cubanos residentes allí. (Spicer & Torres, 1998)

El 5 de octubre de 1994 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) aprobó la provisión de servicios directos de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba por cinco compañías, permitiendo al mismo tiempo a AT&T ampliar su capacidad para sus servicios hacia Cuba. En 1996, la FCC autorizó a AT&T Corp a proveer servicios directos de telecomunicaciones entre los dos países; en 1997 aprobó el arrendamiento y la operación por Sprint Communications Company L.P de un circuito digital por satélite para ofrecer servicio directo entre Estados Unidos y Cuba.

En el 2000 Cuba cortó todos los enlaces directos con proveedores de telecomunicaciones norteamericanos debido a que la política de Estados Unidos les prevenía de pagar un recargo demandado por el Gobierno cubano a causa de la utilización de fondos congelados que pertenecían a la empresa estatal cubana EMTELCUBA para indemnizar a los familiares de las víctimas de los sucesos del 24 de febrero de 1996[6]. Desde entonces no se ofrece servicio directo, como tampoco existían cables submarinos conectando directamente ambos países.

En el año 2009 Obama realizó los primeros ajustes para el área de las TIC en el régimen de sanciones contra Cuba, con claros objetivos de influencia política. El 8 de septiembre de ese año, el Registro Federal publicó una regulación del Buró de Industria y Seguridad (BIS) creando una licencia de excepción para donaciones de computadoras, software, teléfonos celulares y receptores satelitales a Cuba, aunque con ciertas restricciones. En ella se revisaba la amplitud de la política de licencias para enlaces de telecomunicaciones incluyendo los servicios de televisión y radio vía satélite. Se especificaba que esas acciones implementaban la decisión anunciada por Obama el 13 de abril de 2009 de potenciar el libre flujo de información hacia y desde Cuba y promover contactos entre los estadounidenses y personas relacionadas que vivían en Cuba, con el objetivo de impulsar lo que se denominó “cambio positivo” en Cuba. Se argumentaba que eran consistentes con el sostenido apoyo que Estados Unidos provee a personas y organizaciones no gubernamentales que apoyan los esfuerzos para construir la democracia en Cuba.

Obama había expresado que moverse en este sentido, contribuía a decrecer la dependencia de los cubanos hacia el “régimen de Castro”. (BIS, 2009) El 10 marzo de 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) enmendó las Regulaciones al Control de Activos Cubanos (CACR por sus siglas en inglés) para autorizar ciertos servicios asociados a las comunicaciones personales sobre Internet. (OFAC, 2010)

El apartado 542 del CACR, tomando su versión previa al 16 de enero 2015 (Electronic Code of Federal Regulations, 2015), ya permitía transacciones con el objetivo de utilizar cables, canales satelitales, señales radiales y otros medios de telecomunicación para la provisión de servicios de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos, incluyendo las transmisiones de radio y televisión entre Cuba y Estados Unidos.

Decía Roberta Jacobson (2015) ante el Congreso que la diplomacia pública norteamericana trabajaba “en colaboración con periodistas, incluyendo aquellos de la sociedad civil, y proveyendo a cientos de cubanos cada semana con acceso sin censura [a Internet] a través de... tres Centros de Recursos Informativos”. El autor comprobó que esta dinámica se mantiene después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 1 de julio de 2015. Estos centros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana brindan acceso gratuito a Internet en tres sesiones diarias.[7]

Hasta aquí, por tanto, es importante señalar que la inserción de las TIC (y en especial de Internet, como se verá) como parte crítica de la política de Estados Unidos hacia Cuba se concibió e implementó previo al 17 de diciembre de 2014. Lo que ocurre a partir de allí es una implementación mucho más agresiva, en lo concerniente a avances en las regulaciones, acuerdos en el sector (todavía con un alcance limitado) y una exposición muy clara de los objetivos que persigue (en lo político) la nueva dinámica. La presente investigación tiene como objetivo demostrar precisamente ese aserto: la Administración Obama ha potenciado intencionadamente con fines políticos las posibilidades para la conexión en materia de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Téngase en cuenta, en principio, que tal flujo pudo establecerse en otras áreas.

Materiales y métodos.

Se utilizó el método analítico-sintético para descomponer y seleccionar por su vínculo con el tema de la investigación todo el contenido recuperado a través de la herramienta RSSOwl (una aplicación para organizar, buscar y leer contenido RSS) y que se nutrió de: agencias cablegráficas (Associated Press, Agence France-Presse y Reuters); sitios web del Gobierno de Estados Unidos alojados en el subdominio .gov (buscando las coincidencias del término “Cuba” en él concibiendo un período específico utilizando el buscador web Google); y publicaciones en Twitter de periodistas, medios de prensa, y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Todo el resultado de la búsqueda, una vez sintetizado, ofreció una visión totalizadora de la relación de ambos países en el área posterior al 17 de diciembre de 2014, así como la posibilidad de proyectar el posible curso que debe describir en el futuro mediato.

Por otra parte el método histórico-lógico permitió monitorear y establecer una cronología de los hechos relacionados con las TIC en los que intervinieron ambos países de conjunto o estableciendo regulaciones y propuestas.

Resultados y discusión.

Entre las modificaciones al CACR publicadas en el Registro Federal estadounidense el 16 de enero de 2015, está el establecimiento de una licencia general expandida que autoriza las transacciones que establecen mecanismos para proveer servicios de telecomunicaciones en Cuba o conectar terceros países con Cuba. También se actualizaron las licencias generales autorizando las transacciones relacionadas con las telecomunicaciones, incluyendo el pago relacionado con la provisión de servicios de telecomunicaciones relacionados con Cuba o provistos a personas cubanas. De acuerdo con la disposición, las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense pueden comprar tarjetas para llamadas telefónicas a ser usadas por individuos cubanos; también pueden pagar sus cuentas directamente al proveedor cubano de servicios de telecomunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA). Todo esto con el objetivo expreso de incrementar la habilidad de los cubanos para “comunicarse libremente”. (Department of Treasury, 2015)

Quedaron autorizadas en prácticamente todos los escenarios las transacciones destinadas al cobro de servicios de comunicación como correo electrónico y otras plataformas para el envío de mensajes, redes sociales, VoIP, hospedaje de sitios web (siempre que no se dediquen a promover el turismo) y registro de nombres de dominio. Los servicios relacionados a la mayoría de los tipos de software (incluyendo las aplicaciones) utilizados en las computadoras personales, teléfonos celulares y otros dispositivos personales de comunicación fueron autorizados. También otros como el almacenamiento en la nube, el diseño de software, consulta de negocios y la provisión de servicios de almacenamiento y soporte relacionado con el uso de hardware y software exportado o reexportado a Cuba a través de la Licencia de Excepción “Dispositivos de Comunicación para Consumidores”. (Ibídem)

Se aprobaron los acuerdos para brindar servicios de roaming con proveedores de telecomunicaciones en Cuba. Una licencia general permite el establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones, aprobando las transacciones que se demanden para tal fin. Se permite la conexión a través de cables de fibra óptica y el establecimiento de instalaciones satelitales para proveer servicios de telecomunicaciones (datos, telefonía, telégrafo, conectividad a Internet, radio, televisión, entre otros) en Cuba o que enlacen a Cuba con terceros países. (Ibídem) Quedó claro que no se permitía la exportación o reexportación de ningún producto a Cuba. (OFAC, 2015:a)

Una regulación del Buró de Industria y Seguridad, que administra las restricciones a exportaciones y reexportaciones a Cuba habilitó la exportación de ciertos productos entendidos para contribuir a la “habilidad del pueblo cubano para comunicarse con Estados Unidos y el resto del mundo”.

Como disposición legislativa habilitante, se citó la sección 1705(e) de la Ley Torricelli, que autoriza la exportación de instalaciones de telecomunicaciones en tal cantidad y calidad como sea necesario para proveer adecuados y eficientes servicios de telecomunicaciones entre los dos países.

La licencia de excepción creada en la regulación autorizó la exportación de dispositivos de comunicación (computadoras personales, teléfonos móviles, televisores, radios y cámaras digitales entre otros) ampliamente disponibles para su compra y que son comúnmente usados para intercambiar información y facilitar las comunicaciones interpersonales, como también ciertos programas relacionados con la seguridad de la información y las telecomunicaciones. (BIS, 2015:a)

En los ajustes de septiembre de 2015, se enmendaron las secciones 542 y 578 del CACR para autorizar a personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos a establecer y mantener presencia de negocios en Cuba, lo que puede ejecutarse a través de subsidiarias, ramas, oficinas, franquicias, agencias y otras relaciones de negocio con cualquier persona o entidad cubana para exportar e importar los servicios autorizados de telecomunicaciones y basados en Internet[8].

OFAC autorizó a personas sujetas a la jurisdicción norteamericana a entrar en acuerdos de licenciamiento relacionados con los servicios autorizados por los citados apartados, y a comercializar esos servicios.

La OFAC añadió una disposición en la sección 578 para autorizar la importación en Estados Unidos de aplicaciones móviles originadas en Cuba. En adición, se autorizó la contratación de nacionales cubanos por personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos para desarrollar esas aplicaciones. Esto pudiera provocar un tentativo flujo de profesionales cubanos dedicados a la programación de aplicaciones móviles en ámbitos estatales o incluso privados hacia esta oportunidad.

La sección también ampara aquellos servicios relacionados con exportaciones de dispositivos de comunicación para consumidores no elegibles por la Licencia de Excepción “Dispositivos de Comunicación para Consumidores” pero autorizadas a través de licencias individuales del Departamento del Comercio, así como a servicios relacionados con las exportaciones autorizadas por la Licencia de Excepción “Apoyo al Pueblo Cubano” de ciertos productos de software que serán usados por personas naturales o entidades del sector privado para desarrollar software que “impulsará el libre flujo de información o que apoyará ciertas actividades del sector privado”. La intención clara es potenciar al sector no vinculado al entramado estatal, generando división social.

Permite a personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos proveer servicios relacionados con los productos exportados a Cuba desde terceros países. En el mismo paquete regulatorio, la OFAC removió una restricción relacionada con la recepción por parte de organizaciones administradas o controladas por el Gobierno cubano o el Partido Comunista de Cuba (PCC) de ciertos servicios basados en Internet (como mensajería instantánea, chat, correo electrónico y redes sociales), pero manteniéndola para miembros prohibidos del Gobierno y el PCC. (OFAC, 2015:b).

Los ajustes realizados por el Buró de Industria y Comercio a la Licencia de Excepción “Apoyo al Pueblo Cubano” y publicados en el Registro Federal el 21 de septiembre de 2015, autorizan la exportación o reexportación a Cuba de artículos (designados como EAR99[9] o controlados en la Lista de Control de Comercio[10] (LCC) solo por razones de antiterrorismo) para facilitar el vínculo entre Estados Unidos y el pueblo cubano, el libre flujo de información de, desde y entre el pueblo cubano y la actividad económica independiente (privada) en Cuba. Estos serían para el uso de personas de Estados Unidos autorizadas a mantener presencia física comercial en Cuba con el objetivo de brindar servicios basados en Internet o proveer servicios de telecomunicaciones y establecer instalaciones de telecomunicaciones.

Por otra parte, se autorizó exportar o reexportar a Cuba por períodos que no excedan un año, ciertos artículos designados como EAR99 o controlados solo por razones antiterroristas en la LCC. Estos pueden ser programas de computación a ser usados por el exportador o el reexportador o sus empleados para la instalación, prestación de servicio o reparación de artículos sujetos a las Regulaciones de Exportación de la Administración (EAR en inglés) y que están siendo exportados o reexportados a Cuba bajo una licencia o licencia de excepción, o bien artículos de origen foráneo que no están sujetos a las EAR, cuya propiedad y uso exclusivo obedece al sector privado en Cuba. Deben permanecer bajo control efectivo del exportador o reexportador a través del uso de sistemas de contraseña, conexiones VPN y cortafuegos personales sobre dispositivos electrónicos.

También se permitió exportar (dentro del período especificado en el párrafo anterior) tecnología para su uso por personas estadounidenses exportadoras o reexportadoras que viajan o están temporalmente asignados en Cuba para la instalación, prestación de servicio o reparación de artículos sujetos a las EAR y que han sido exportados o reexportados a Cuba bajo una licencia o licencia de excepción, o artículos de origen foráneo que no están sujetos a las EAR que pertenecen al sector privado en Cuba. El exportador o el reexportador y el receptor de la tecnología deben tomar las precauciones de seguridad para protegerse del acceso no autorizado a la tecnología mientras está siendo transportada o transmitida y usada en otros países.

Se autorizó a partir de septiembre de 2015 la exportación y reexportación temporal por menos de un año de productos o software para su exhibición en ferias comerciales o para cualquier entidad cubana privada elegible para recibir productos o software bajo las provisiones de la Licencia de Excepción “Apoyo al Pueblo Cubano”. (BIS, 2015:b)

De acuerdo con la Licencia de Excepción “Apoyo al Pueblo Cubano”, ciertos artículos pueden ser vendidos a compañías y corporaciones que son propiedad del Gobierno cubano, u operadas y controladas por esa institución, para la creación y mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones. También dispositivos de comunicación para consumidores como teléfonos móviles, computadoras y software y hardware relacionado pueden ser vendidos al Gobierno cubano para su reventa al pueblo cubano. (BIS, 2015:c) A partir del 16 de marzo de 2016 se autorizó la importación en Estados Unidos de software cubano (Department of Treasury, 2016).

En una regulación emitida el 16 de enero de 2016 el BIS actualizó su política de aprobación de licencias para la exportación a Cuba de dispositivos de telecomunicaciones y determinados productos y software para el uso de: 1) organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales que “promueven la actividad independiente para fortalecer la sociedad civil en Cuba”; y 2) agencias de prensa en Cuba cuyo propósito primario es reunir y diseminar noticias al público en general.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Jeffry DeLaurentis, explicó al programa “60 minutos” de la televisora estadounidense CBS, que la nueva excepción a la política de sanciones contra Cuba permitiría un intercambio de tecnología de Internet que puede ser una pieza que cambia el juego conectando Cuba con el mundo e iluminando la isla. (Snow, 2015)

Algunas empresas han comenzado a tejer sus redes en Cuba en este sentido, como Fuego Enterprises, Inc., presidida por Hugo Cancio, nacido en Cuba y residente en Miami. Inicialmente, Cancio y sus socios se han enfocado en la industria de los medios y el entretenimiento, para luego insertarse en áreas tales como el mercado de bienes raíces, el turismo y las telecomunicaciones. Las operaciones de Cancio en Cuba, a juicio del autor, resultan una interesante dinámica para estudiar los distintos escenarios para el futuro mediato (y a veces inmediato) de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como también los retos que suponen para el socialismo cubano.[11]

¿Qué pasa en el Congreso con las TIC?

Desde el anuncio de Obama el 17 de diciembre de 2014, se han introducido una serie de proyectos legislativos en el Congreso, dominado por el Partido Republicano. Entre ellos se encuentran “United States-Cuba Normalization Act of 2015”, de Bobby L. Rush, que autorizaría la instalación y reparación de instalaciones y equipamiento de telecomunicaciones en Cuba, y también la provisión de servicios de telecomunicaciones entre los dos países.

La iniciativa legislativa número 403 en la Cámara de Representantes, introducida por Charles Rangel, persigue autorizar la instalación y reparación de instalaciones y equipamiento de telecomunicaciones. El mismo objetivo tiene la número 735, introducida por José Serrano.

El proyecto legislativo número 1389 introducido en el Congreso 114 (las anteriores numeraciones se corresponden con esta sesión del Congreso) por el Senador Tom Udall, entre sus disposiciones, autoriza la exportación de dispositivos de comunicación para consumidores y la provisión de servicios de telecomunicaciones a Cuba, al tiempo que rechaza algunas sanciones vigentes. Se presentó el 19 de mayo de 2015 y se envió al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. (Sullivan, 2015)

El proyecto 570 de la representante por el Distrito 4 de Minnessota en la denominada cámara baja Betty McCollum, promueve eliminar las transmisiones de Radio y TV Martí. Según McCollum, “Radio y TV Martí son artefactos extemporáneos de la Guerra Fría... Nuestros contribuyentes no deben estar financiando transmisiones de propaganda”. También expresó que en lugar de apoyar esa dinámica, deben facilitar “los esfuerzos del pueblo de Estados Unidos para relacionarse directamente con el pueblo cubano”. (McCollum, 2015)

Los líderes de la Mayoría republicana en las dos cámaras, ocupantes de roles críticos para que estos proyectos por lo menos sean debatidos[12], han mostrado una actitud hostil respecto al cambio de la política contra Cuba, aliados al grupo de congresistas de ascendencia cubana más reaccionario, comandado por Ros-Lehtinen, Bob Menéndez, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.[13]

Las regulaciones de la FCC

Esta instancia gubernamental encargada de la regulación de las telecomunicaciones en Estados Unidos, todavía sostiene una prohibición asociada con Cuba, al tiempo que ha dado pasos para relajar normas que solo se aplicaban a este país.

Es el caso de las reglas de no discriminación, que requieren que todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que operen en la ruta Estados Unidos-Cuba deben operar con idénticas tarifas y condiciones. En el año 2012 la FCC eliminó esta barrera entre Estados Unidos y el resto de los países, con la excepción de Cuba. El 12 de febrero de 2016 la FCC propuso eliminar este requerimiento para Cuba.

El viernes 15 de junio de 2016 retiró a Cuba de su lista de exclusión. Era también el único país que permanecía en ella. Con este paso, las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones no requieren ya de la aprobación de la FCC para operar en Cuba. Este proceso de aplicación que existía no tenía límite de tiempo. Ello explica por qué las medidas que Obama anunció en el área desde que tomó la Oficina Oval no llevaron a acuerdos concretos. No había una postura decidida realmente a avanzar en este terreno. La medida se tomó previo a la visita a Cuba de una delegación encabezada por Daniel Sepúlveda. (Recio, 2016) Estados Unidos desea rapidez en la absorción por parte de Cuba de las medidas. (Whitefield, 2016)

El caso Airbnb.

Airbnb inició operaciones en Cuba en abril de 2015. Se trata de una compañía que permite a sus usuarios contratar casas y apartamentos de renta en su sitio de Internet. Tenía, según reportó The New York Times en septiembre de 2015, más de 2 000 residencias cubanas listadas. El servicio puede ser utilizado no solo por los viajeros estadounidenses licenciados, sino que también permite realizar reservaciones a turistas extranjeros en general desde marzo de 2016. El pago a los cubanos es depositado en sus cuentas bancarias a través de intermediarios o por otras vías[14]. (Burnett, 2015) Según The Washington Post, Airbnb opera en Cuba con el beneplácito del Gobierno cubano. (DeYoung, 2015)

Sin embargo es importante revisar la conexión de Airbnb con una propuesta impulsada por la Administración Obama. El Director ejecutivo y cofundador de Airbnb, Brian Chesky, fue nombrado en mayo de 2015 por el Presidente norteamericano como uno de los Embajadores Presidenciales para el Emprendimiento Mundial (PAGE por sus siglas en inglés) (Airbnb, 2015). La iniciativa PAGE emplea las habilidades, redes y recursos de los mejores empresarios americanos para desarrollar “la próxima generación de emprendedores en Estados Unidos y el exterior”. PAGE busca realizar “contribuciones significativas al objetivo del Gobierno de Estados Unidos de generar más de (mil) millones de dólares para los emprendedores emergentes en el mundo”. (Office of the Press Secretary, 2015). La operación de Airbnb en Cuba, es una clara muestra de la intención de Obama de favorecer solo a un sector de la sociedad cubana. Además, le resuelve en parte el problema de las críticas por la estancia de los viajeros autorizados en los hoteles administrados por el Gobierno cubano, y potencia también su política de intercambio “pueblo a pueblo”. Algunos medios se han encargado de reforzar esta visión, en parte criticando la industria turística cubana, pero también sobre la base de asegurar que no es el Gobierno cubano el beneficiado del cambio de política.[15]

En junio de 2016 se conoció que Airbnb también trabajaba para expandir el ecosistema empresarial (privado) en Cuba a través de: 1) la alfabetización en Internet; 2) educación práctica en fotografía, arte, y marketing; y 3) la introducción de sistemas de pago en línea. También jugó un rol en la presencia de emprendedores cubanos en la Cumbre Mundial de Emprendimiento 2016 (Department of Commerce, 2016). Celebrado en la Universidad de Stanford, en este encuentro participaron once cubanos, entre ellos el co-fundador de AlaMesa, un directorio disponible para móviles con restaurantes por lo general habaneros. (Recio, 2016:b)

Otras oportunidades concretadas

En febrero de 2015, Netflix (el mayor proveedor de televisión por Internet, con un catálogo que supera 100 millones de horas de contenido[16]) habilitó el consumo de sus servicios desde Cuba, aún cuando el país no tiene lista una infraestructura para ello[17]. Es una entrada simbólica, pero que puede tener alguna intencionalidad, precisamente por ello.

En marzo de ese año IDT Corp anunció un acuerdo con ETECSA para proveer servicio directo de larga distancia internacional entre Cuba y Estados Unidos. Boost Mobile, parte de Sprint Corp, lanzó en abril del mismo año un plan prepago para sus clientes estadounidenses que contempla los servicios de mensajería de texto y llamadas a Cuba. Verizon Communications Inc (Verizon) acordó con ETECSA en septiembre de 2015 los términos para ofrecer servicio de roaming inalámbrico en Cuba (con intermediario —Vodafone— y afectando la calidad del costo) (Dwyer, 2015; EFE, 2015; Schwartz, 2015) En noviembre de ese año Sprint se convirtió en la primera operadora estadounidense en alcanzar un acuerdo para el servicio de roaming directo. (Weissenstein, 2015) En marzo de 2016 Verizon firmó con ETECSA un acuerdo de interconexión directa para el intercambio de tráfico de voz internacional. (ACN, 2016) IDT, por su parte, introdujo un plan que les permite a los usuarios utilizar la aplicación Boss Revolution para llamar a Cuba con una tasa de 0.65 dólares por minuto. (GLOBE NEWSWIRE, 2016) En agosto de 2016 ETECSA y AT&T firmaron Acuerdos de Interconexión Directa para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba, así como para el servicio de roaming de voz, texto y datos para clientes de AT&T que viajan a Cuba. (ETECSA, 2016)

Conclusiones

Estados Unidos ha manejado el área de las relaciones con Cuba después de 1959 utilizando en todo momento aquellos recursos que entiende más efectivos para conseguir sus objetivos de dominación. Si bien la estrategia principal ha sido bloquear las entradas económicas al país, ha flexibilizado el marco legal cuando lo ha creído necesario.

En la actualidad, y aprovechando la creciente penetración de las TIC en Cuba, como también la posibilidad de Internet para promover interacción en la dimensión política, la administración Obama ha presentado precisamente este sector como relevante en la nueva etapa iniciada el 17 de diciembre de 2014. Para ello se han realizado cambios en las regulaciones para liberar las oportunidades de negocio, concretándose acuerdos entre ETECSA y proveedores de servicios norteamericanos, pero ninguno que se conecte con la urgencia que Estados Unidos demanda par ampliar la conexión a Internet.

El Gobierno cubano ha expresado que la gestión de las telecomunicaciones seguirá marcada por las prioridades nacionales de informatización y protegiendo la soberanía tecnológica del país. Téngase en cuenta que el presidente Obama tiene la capacidad legal para actuar no solamente en el sector de las telecomunicaciones, sino que puede operar del mismo modo en otros sectores. Como plantea el Canciller cubano Bruno Rodríguez, “la importante apertura que ha realizado EE.UU. en el ámbito de las telecomunicaciones tiene una clara intención política que los norteamericanos no disimulan”. (Rodríguez, 2016) Del mismo modo, se busca aupar a quienes ejercen el trabajo por cuenta propia (empresarios privados).

Estados Unidos apuesta a que un acceso más universal a Internet provoque un cambio de juego en el área política. A juicio del autor, sin embargo, el despliegue de los cubanos allí será siempre un reflejo de lo que en el escenario político-ideológico haya logrado cimentar la Revolución Cubana en esta singular etapa de su curso.

Referencias bibliográficas

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