Política Laboral de los Gobiernos de

Luis Alberto Lacalle (1990 – 1995) y Julio María Sanguinetti (1995 – 2000)

 y su impacto en el sindicalismo del Uruguay

 

 

Dr. Julio César González Candia

Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, mención Sociología. Académico del Depto. de Tecnologías de Gestión, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. E-mail: julio.gonzalez@usach.cl

Resumen

El artículo ha tenido como objetivo principal, analizar la política laboral de dos  gobiernos post dictadura en Uruguay, nos referimos al de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti,  y conocer su impacto en las bases de poder del movimiento sindical. Para lograr este propósito, se estudió la transición política, poniendo énfasis en la recuperación del Estado en su fuerte centralidad en tanto rector de las políticas laborales, convocatoria y posterior suspensión de los Consejos de Salarios y, en términos más amplios, reconstrucción y posterior degradación del sistema de relaciones laborales. En el desarrollo del artículo, junto con revisar los planteamientos de los teóricos e investigadores, se incorporan opiniones de actores vinculados  directamente a la problemática, fruto esto último, de una serie de entrevistas realizadas a dirigentes sindicales de nivel nacional, académicos, dirigentes de partidos políticos y ex autoridades de los gobiernos en estudio.

Palabras clave: Política Laboral, Sindicalismo, Uruguay

 

 

 

Abstract

The article has had as principal aim to analyse the labour politics of the first three governments post dictatorship in Uruguay,  we refer to that of Luis Alberto Lacalle and Julio Maria Sanguinetti,  and know its impact in the bases of power of the union movement. To achieve this intention, the political transition was studied, putting emphasis in the recovery of the State in his strong centrality while rector of the labour policies, summons and later suspension of the Advices of Wages and, in more wide terms, reconstruction and later degradation of the system of labour relations. In the development of the article, together with checking the expositions of theoretical and investigators, actors' opinions join linked directly to the problematics, as the above mentioned, of a series of interviews realized to labour leaders, academic, leader of national level of political parties and ex-authorities of the governments in study.

Key words: Labour Politics, Unionism, Uruguay

 

 

1. Introducción

 

El presente artículo expone los principales resultados de una investigación[1] en la cual uno de sus objetivos específicos fue analizar las políticas laborales de los primeros gobiernos post dictatoriales en Uruguay,   y conocer su impacto en las bases de poder del movimiento sindical^[2]. Para cumplir este cometido,  junto con revisar los planteamientos de los teóricos e investigadores del tema, se han incorporado opiniones y reflexiones de actores vinculados a la problemática. Fruto esto último, de la etapa de recogida de datos realizada tanto en Chile como en Uruguay^[3].

Es preciso señalar el importante rol que desempeñó el sindicalismo del Uruguay durante la dictadura - desde 1973 - y la transición democrática de ese país (1982-1985).  Cabe mencionar, y así lo han sostenido Lucía Sala de Touron y Jorge Landinelli que fue la clase obrera, sus estructuras organizativas y de alianzas en el plano social y político el que fue visto como el enemigo externo al sistema de dominación.  Así,  en su forma y contenido, el Estado uruguayo pasó a ser  principalmente antiobrero (con un planteo virulentamente anticomunista) y, a partir de ello, profundamente antiliberal (al considerar al sistema liberal como incapaz de defenderse de sus enemigos externos). La política estatal implantada en el país pasó a distinguirse por dos rasgos básicos de tipo fascista: la destrucción de las organizaciones obreras y populares y la anulación de la institucionalidad democrático-liberal. Al igual que en Chile, la dictadura uruguaya según los mismos autores, “eliminaron de raíz las conquistas legales de los trabajadores, fueron disueltas sus organizaciones, se suprimió el derecho constitucional a la huelga y fueron anulados los contratos colectivos, los dirigentes sindicales fueron objeto de una dura persecución y muchos de ellos encarcelados por su condición de tales” (Sala de Touron y Landinelli, 1984:320).

No obstante lo anterior, según Rodolfo Porrini y haciendo referencia a la dictadura militar de ese país,  la represión del nuevo régimen sobre partidos, sindicatos y la sociedad toda, no impidió distintos niveles de organización sindical y política entre los trabajadores y limitadas respuestas durante los primeros tiempos del régimen (1973-79). En el decir del autor, “luego de un período muy difícil y en un contexto político de “apertura” muy limitado[4] y de persistencia de muchos luchadores antidictatoriales, se logró abrir un espacio de reorganización y reactivación sindical” (Porrini, 2002:9). El “nuevo estado de ánimo” que define este historiador, se concretó en la constitución de decenas de asociaciones de profesionales entre los años 1982-1983 y como muy significativa o relevante  fue la organización y realización de la conmemoración del 1º de mayo de 1983 que se dio sin solución de continuidad con la creación del “Plenario Intersindical de Trabajadores” – PIT - (un delegado por cada “asociación” o sindicato). La conmemoración del 1º de mayo de 1984 expresó también la unión simbólica entre el PIT y la CNT (Convención Nacional de Trabajadores), adoptando la denominación actual, PIT-CNT[5].

 

El nuevo estado de ánimo también se apreció en el renacimiento de la democracia, en la articulación política que habían realizado distintos sectores de la sociedad uruguaya.

En las propias palabras de uno de los dirigentes del PIT-CNT y que vivió esa etapa, señaló:

- “… entonces nosotros habíamos puesto a la democracia con muchas expectativas y por cierto que el primer gobierno de Sanguinetti, a pesar de ser del partido colorado, un partido que expresa sentimientos a la derecha, hubo un buen tránsito desde la dictadura a la democracia. No se cumplió todo el programa, ni todos los discursos y compromisos electorales, pero hubo un avance…”

La opinión anterior pudo ser, por así decirlo, validada con los planteamientos de un senador del partido colorado, quien en la entrevista también hizo referencia a la buena relación con el sindicalismo en el primer gobierno de Sanguinetti:

- “… hubo una relación sin duda, inclusive algunos aspectos fueron contestados en el plano del movimiento sindical. Por ejemplo, la (re) constitución de los consejos de salarios…. Pero la comunicación con el movimiento sindical estaba confinada al ámbito que era propio del movimiento sindical, que era la reivindicaron de los intereses de los trabajadores…”

Durante la transición democrática de los años 80, se esperaba que el movimiento sindical desempeñara un papel activo en el desarrollo nacional, contribuyendo a la construcción de acuerdos que garantizaran una mayor equidad social. En parte esto se cumplió, al posicionar nuevamente como un actor social clave, recuperar el liderazgo nacional y poder negociador con el retorno de la democracia. Sin embargo, en los años posteriores, y notablemente a partir de los años 90, la realidad mostró un fuerte debilitamiento de su capacidad de defensa de los intereses de los trabajadores y de su rol en la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo. La dimensión de esta crisis ha estado relacionada no sólo - como ya se ha dicho - con el pasaje de Uruguay a un nuevo modelo de crecimiento “hacia afuera”, sino también a un cambio en la matriz socio- política que lo sustentaba. Según Luis Senatore, “esto trajo como consecuencia una pérdida de poder de los sindicatos en la arena laboral y un debilitamiento de su accionar político general” (Senatore, 2008: 1-2).

Para comprender la magnitud de los cambios en el mercado laboral uruguayo se hace también necesario analizar las transformaciones de los años 90: apertura comercial y flexibilización laboral que afectaron a gran parte de los países de América Latina. En el caso de este país, en el año 1992 el gobierno de Luis Alberto Lacalle[6]  anunció la no convocatoria de los consejos de salarios y el retiro del Estado de la negociación laboral (con la excepción de transporte, salud privada y construcción) sin dar a cambio instrumentos legales para que la misma se consolide, esto consideró ni ley marco de negociación colectiva ni fuero sindical.

Comienza desde esta forma en el Uruguay, un proceso de desregulación del mercado de trabajo, cuyo eje central es la no convocatoria a negociación colectiva. Este país vivió desde entonces una reforma laboral de línea desreguladora, con el objetivo de reducir los costos laborales y ajustar la competitividad por la vía de salarios y nivel y calidad de empleo. Dicho proceso que tuvo su eje fundamental en la no convocatoria a Consejos de salarios establecida en 1992, se complementó luego con medidas parciales establecidas en diferentes leyes. La decisión política de no utilizar esa herramienta de promoción de la negociación, es decir su supresión, es una forma atípica de flexibilización. Forma parte según Senatore, de un discreto proceso flexibilizador, pero de muy fuerte impacto. Lo anterior, debido a que a partir de esa decisión la negociación en el sector privado se cayó; sobrevive en algunas ramas con fuerte organización sindical, en un número reducido de empresas y la mayoría de los trabajadores están sujetos a la fijación unilateral de las condiciones de uso y venta de su fuerza de trabajo por parte de los empleadores. Asimismo, el retiro de esa herramienta de promoción y soporte de la negociación colectiva, en momentos en que se agudizan las asimetrías entre empresarios y trabajadores, produce un fuerte efecto depresor de la acción colectiva. Lo señalado, lleva a la reflexión en torno al delicado equilibrio de los diseños institucionales –entendiendo por tales la combinación entre intervención, autonomía y promoción- y sus impactos en la constitución y acción de los sujetos sociales. Según el autor, “la abstención estatal en la convocatoria a los Consejos de salarios, la debilidad de la organización sindical y la ineficaz protección contra actos antisindicales, abren camino a un proceso de descentralización e individualización de la negociación laboral y a la celebración de acuerdos con cláusulas peyorativas” (Senatore, 2008:5).

En el desarrollo del presente artículo, nos vamos a referir a la experiencia uruguaya, organizando este apartado en dos gobiernos del período en análisis y los elementos más relevantes de su política laboral.

 

2. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990 – 1995)

 

Según Héctor Zapirain (2011), si bien Uruguay tenía una larga experiencia en la aplicación de políticas de corte liberal economicista, será con el gobierno del Partido Nacional (1990 -2004) que la ideología neoliberal ejercerá su más fuerte hegemonía. La administración blanca, que asume precisamente en 1990, impondrá una política de desregulación y de apertura de la economía. La firma del Tratado de Asunción aparece como hito descollante de una nueva actitud de desmontaje de las subvenciones y del proteccionismo estatal como orientación del Estado en el proceso de integración regional. El Estado se retira de la negociación salarial, reduciéndola a la instancia bilateral, e intenta, aunque sin éxito, reglamentar directamente la actividad sindical.

A partir de  1992 y en el marco de un programa de gobierno nítidamente liberal, con la asunción del Dr. Luis Alberto Lacalle – en la perspectiva de Zapirain, se instala en la elite gobernante una concepción que, al tiempo que propugna un retraimiento del Estado en materia social y económica, impulsará políticas de flexibilización y desregulación del mercado de trabajo y de los mecanismos de tutela sociolaborales. Los gobiernos posteriores (períodos 1995 -1999 y 2000 -2005)[7] no introdujeron mayores cambios sino que continuaron con la aplicación de las políticas instauradas por el gobierno del Dr. Lacalle.

La administración del Doctor Lacalle realizó una acción también emblemática en el contexto de los gobiernos post dictaduras del Uruguay, dejó de convocar a los Consejos de salarios y se retiró de la negociación laboral, sin dar a cambio instrumentos legales para que la misma se consolidara (ni ley marco de negociación colectiva ni fuero sindical). Lo anterior, provocó una importante reducción del número de convenios colectivos; los pocos casos fueron predominantemente bilaterales y a nivel de empresa. Se verificaron fuertes  coincidencias entre las políticas efectivamente implementadas de acuerdo a los criterios impulsados por algunos organismos internacionales. Fue la contratara del Estado batllista[8] que intervenía como árbitro en las negociaciones pero que otorgaba autonomía organizativa a los sindicatos. A su vez, la desarticulación de las arenas de intermediación de intereses implementadas por el gobierno, fortaleció una lógica de confrontación en desmedro de una práctica de negociación retomada y profundizada desde la instauración de la nueva institucionalidad democrática (Notaro y otros, 2011:60). Esta orientación se da en un contexto de fuerte debilidad del movimiento sindical, que se empezó a sentir a partir de 1988 y que se acentuó con la crisis del socialismo real a partir de los 90.

La política de estabilización de precios con ancla cambiaria apreció la moneda nacional en relación con las de los socios comerciales extrarregionales y los impactos sobre la estructura productiva y ocupacional del país fueron muy fuertes. Por efecto de la apertura, la desregulación y la apreciación cambiaria buena parte de la industria manufacturera doméstica sucumbió frente a la competencia extranjera; la competitividad externa de los transables uruguayos se deterioró. Al mismo tiempo, la actividad bancaria, el turismo y el comercio florecieron alimentando la imagen del “país de servicios” y del proyecto de –plaza financiera- con la que buena parte del elenco gobernante soñaba desde tiempo atrás. En un contexto pautado por la liquidez financiera internacional, con una tasa de interés moderada y un esquema de integración comercial regional con socios que también se embarcaron en procesos de apertura externa y estabilización con apreciación cambiaria, la economía ingresó en una fase de crecimiento que se sostuvo hasta fines de los noventa (Notaro y otros, 2011:60).

La propuesta del gobierno blanco impulsó la “desregulación” de las relaciones laborales, teniendo como objetivo darle una mayor flexibilidad a la contratación y la organización de la producción, adecuar las mismas a las necesidades de innovación tecnológica y reconversión productiva y quitarle elementos de garantía y protección de los trabajadores, considerados como “obstáculos” a una mejor inserción de la economía en los mercados externos y en los acuerdos de integración regional. Esta propuesta se asoció a la concepción de que el Estado no debía intervenir en los conflictos entre capital y trabajo, los cuales se debían procesar en la esfera privada por acuerdos bilaterales a nivel de empresa. A su vez, la desarticulación de las arenas de intermediación de intereses implementadas por el gobierno colorado amenazó con fortalecer una lógica de confrontación en desmedro de una práctica de negociación retomada y profundizada desde la instauración de la nueva institucionalidad democrática.

Para uno de los máximos líderes del PIT – CNT, el gobierno de Luis Alberto Lacalle no sólo se caracterizó por haber impulsado la “desregulación” de las relaciones laborales, sino que también es asociado claramente con la mayor instalación de prácticas neoliberales. En el decir de uno de los entrevistados en Uruguay:

-  “Ahí con Lacalle (ya) no vuelve a ser lo mismo. Ahí nosotros asistimos a una correlación de fuerzas totalmente distintas. Nosotros nos desmovilizamos, el entramado social y popular que posibilitó vencer a la dictadura había bajado la guardia por qué se había recuperado la democracia y la derecha y los partidos de centro y la burguesía criolla – no sólo en Uruguay sino que en la región de América – comienzan a abrazar el Consenso de Washington, y comienza a operar en toda América una nueva embestida del mismo neoliberalismo...”

La consecuencia lógica de esta política laboral fue la creciente polarización entre capital y trabajo, una agudización de la conflictividad a niveles similares a los del período de transición y un fuerte descenso en el nivel de ingresos, en el corto plazo, para los trabajadores. Esta orientación fragmentó la negociación colectiva, quitó espacios a la acción sindical centralizada con fuerte presencia pública, acotó la “lucha de clases” a la esfera privada y tendió a despolitizar, en un sentido profundo, al movimiento obrero. A su vez, esta política coincidió con un período de debilidad del movimiento sindical, expresado en una baja capacidad de convocatoria y un descenso de su “peso estructural” en la economía uruguaya.

En materia salarial, la política ensayada en el nuevo modelo consistió en fijar los aumentos salariales en base a la inflación proyectada, de manera de no indexar los salarios, al tiempo que se postulaba un retiro gradual del Estado de la negociación salarial, una vez producido un descenso significativo de la inflación, reduciendo a aquella a la instancia bipartita, y el propósito de reglamentar el derecho de huelga. Esto se enmarcó en una política económica de reducción del déficit fiscal a través de un plan de ajuste antiinflacionario. El período que se inicia con la administración blanca marca, en este sentido, una transformación profunda en el sindicalismo de corte keynesiano, inclusivo, centralizado y altamente politizado, para dar lugar a un sindicalismo “poskeynesiano” fuertemente descentralizado, fragmentario, con menor presencia en el espacio público y más despolitizado[9] (Pucci, 2007:439).

 

En todo este período, se aprecia una orientación hacia la profundización de la subordinación de la política social a la política económica y la reproducción social queda pues indirectamente subordinada a los avatares del mercado. Pero sobre todo se puede decir que este gobierno favoreció la flexibilización y en alguna medida la desregulación de las relaciones laborales al nivel de las empresas con la argumentación de otorgarles mayores posibilidades de adaptación al proceso de apertura de la economía y de integración regional. Y la política laboral empezó a funcionar por defecto. Por ejemplo, la drástica caída del salario mínimo, al que están atadas las prestaciones de seguridad social -se lo redujo de tal forma que únicamente sirvió como cifra de referencia, con lo que los salarios reales pasaron a regularse a través del mercado. Aunque con estas medidas en Uruguay se intenta más que un proceso de flexibilización, de desregulación. Esto en tanto lo que se hace es crear un vacío de intervención para que los actores laborales, empresarios y sindicatos (y éstos acotados a su exclusivo ámbito de negociación), realicen reajustes en sus regulaciones de forma particularística y por debajo de las normas jurídicas; no cambia la norma pero se legitima su no utilización. Supervielle y Quiñones, interpretan estas acciones como una suerte de “desregulación velada”, en el sentido de que se “intentan liquidar una serie de mecanismos institucionales que tradicionalmente se habían considerado como favorables a la clase trabajadora[10]” (Supervielle y Quiñones, 2002: 284 - 285).

Volviendo a la clasificación iniciada durante el gobierno anterior, otro momento,   que destaca Jorge Notaro del período en estudio es el de la degradación del sistema de relaciones laborales.

 

B) Degradación: Este momento según el  autor se inició con la ya citada suspensión de la convocatoria de los Consejos a fines de 1992, dejando la negociación salarial librada a los actores; cambió la correlación de fuerzas y permitió el predominio de los empresarios sobre los trabajadores, lo que se reflejó en modificaciones en las condiciones de trabajo y el deterioro en la calidad del empleo, contribuyendo a la caída del salario real en el sector privado. Aumentó el bipartismo y la descentralización con convenios a nivel de empresa, se redujo la negociación colectiva y el número de convenios. Se complementó con el tripartismo en la confrontación, dado que fue usual recurrir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social  cuando surgían conflictos. La descentralización presentó también situaciones intermedias (mixtas o articuladas) en las que algunos aspectos se acordaron a nivel de rama y otros en cada empresa. El movimiento sindical combinó una mayor conflictividad con la participación en nuevos ámbitos vinculados a la integración, la reestructura productiva, el empleo y el medio ambiente (Notaro, 2005:21-22).

El gobierno del Presidente Luis Alberto Lacalle implementó un cambio de estilo en la administración del trabajo y generó conflictos en varios planos. En primer lugar, con un proyecto de ley de reglamentación del derecho de huelga con obligatoriedad de adoptar la decisión luego de un trámite que, en opinión de los sindicatos, esterilizaba la medida. Los proyectos de privatización de empresas públicas también generaron conflictos, ya que los sindicatos los consideraron un deterioro del patrimonio y de la soberanía nacional, así como un riesgo para sus condiciones de trabajo. La Central Sindical puso en marcha una movilización para la derogación de algunos artículos de una ley que regulaba la privatización. Se sumaron diversas organizaciones sociales y políticas, y culminó con la derogación mediante un plebiscito en diciembre de 1992.

Se crearon nuevos ámbitos de participación sindical como la Sub Comisión Laboral de la Comisión Sectorial del Mercosur, se implementó la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social que estaba prevista en la Constitución vigente desde 1966 y se creó una Junta Nacional  de Empleo de carácter tripartito, para orientar la recalificación de trabajadores cesantes por el cambio tecnológico y la reestructuración productiva. La Ley Nº 16.462. Rendición de Cuentas de diciembre de 1993, autorizó a los directores de Empresas Públicas a celebrar convenios colectivos con el personal; era una de las reivindicaciones más sentidas por los asalariados públicos. Pocos días después se firmó un acuerdo marco que suscribieron autoridades y sindicatos de ocho empresas públicas[11] (Notaro, 2005:22).

A modo de cierre de este segundo gobierno postdictadura, podríamos decir que el gobierno de Luis Alberto Lacalle – en cuanto a la política laboral -  se caracterizó por la flexibilización y la desregulación de las relaciones de trabajo, lo cual tuvo repercusiones en diversos planos. En primer lugar, en el debilitamiento del rol del Estado y como consecuencia, una subordinación de lo social a lo económico. Esto, a su vez, determinó que, en los hechos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tuviera escasa o nula incidencia en las políticas generales. Fundamentalmente, con aquellas que tienen que ver con el empleo y la fijación de salarios. Desde el punto de vista de la legislación, a diferencia de otras experiencias en América Latina y el mundo, la flexibilización se llevará a cabo más bien por la no aprobación de normas que por la adopción de leyes desreguladores. La experiencia práctica de estos años, fundamentalmente a partir de 1992, en que el Gobierno decide no convocar más a los Consejos de salarios, demuestra que, salvo el caso de ciertas ramas de de actividad – como lo fue la banca, el transporte, la salud privada y la construcción – se produjo un verdadero declive de la negociación colectiva.  Esa situación tuvo consecuencias directas en el sistema de relaciones colectivas de trabajo; por un lado alentó la negociación por empresa en menoscabo de la negociación por rama y, por otro, favoreció una liberalización salarial que provocó una pronunciada caída de los niveles del salario real. Según Daniel Chasquetti y Daniel Buquett (2004) y considerando otras áreas, durante el gobierno de Lacalle se destacan la incorporación de Uruguay al MERCOSUR y sus exportaciones a la región prácticamente se duplicaron. La caída de la inflación y el crecimiento de la economía permitieron una disminución de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso.

Para Héctor Zapirain (2011), la prescindencia del Estado, el descaecimiento de la negociación colectiva y el debilitamiento sindical, sumado a un contexto de desempleo e informalidad, provocaron un reequilibrio de las relaciones laborales a favor del sector empresarial. Lo anterior, generó una situación que redundó en un desmejoramiento en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

 

3. Durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995 – 2000)

 

En 1995, retorna al poder el gobierno colorado. En este nuevo período, el elenco gobernante, lejos de modificar los componentes señalados en las relaciones laborales, tendió a intensificar la política de descentralización de la negociación. Un indicador de la continuidad con la política anterior es que, hasta 1999, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social siguió en manos del Partido Nacional (Pucci, 2007:439 y Zapirain, 2011). A nivel de la negociación colectiva, se profundizan las tendencias ya reseñadas. La negociación por empresa se vuelve casi mayoritaria; la negociación se mantiene a nivel bilateral; aparecen, en los convenios, diferentes cláusulas sobre flexibilización de horarios, de cantidad de trabajadores, de condiciones salariales, etc. (Cozzano; Mazzuchi; Rodríguez, 1997). En este período, aparece con fuerza el problema del desempleo, producto de la incapacidad de muchos sectores industriales para competir en las condiciones impuestas por la integración regional. El desempleo industrial, a su vez, generó una debilidad creciente del movimiento sindical en los diferentes ámbitos de negociación, lo que acentuó las tendencias descentralizadoras y la desprotección de los trabajadores, tanto industriales como del sector servicios. (Pucci, 2007:440).

Desde Marzo de 1995 y hasta 1998, con la Dra. Ana Lía Piñeyrúa como Ministra del Trabajo y Seguridad Social, se intentó una recomposición con tres instancias de dialogo y negociación tripartita convocando a dos comisiones, una con agenda abierta y otra para negociar un proyecto de Ley marco de los convenios colectivos. La primera casi no funcionó y la segunda no logró un proyecto de consenso. Entre los puntos controvertidos cabe mencionar la aspiración de los empresarios a una mayor flexibilidad y de los sindicatos al fuero sindical. La tercera fue una convocatoria a un diálogo social con agenda abierta que comenzó a fines de 1997 (Notaro, 2005:22-23).

En relación a la organización del propio movimiento sindical, la configuración de políticas económicas presentes originó además de una restricción de recursos de poder de los sindicatos en términos agregados y un aumento de la dispersión de los niveles de poder organizacional al interior de los sindicatos. Aquellas organizaciones sindicales localizadas en las áreas liberalizadas de la economía sufrieron un debilitamiento importante, reflejado en la disminución del número de afiliados existentes. Estas áreas se ubicaron fundamentalmente en el sector privado de la economía. La implementación de un paquete de reformas económicas híbridas, produjo efectos diferenciales sobre el mundo laboral. Esto provocó reajustes distintos a nivel sectorial en los distintos sectores sindicales organizados. Como resultado, los sindicatos vinculados a la extracción de rentas estatales mantuvieron sus niveles de movilización y los recursos institucionales para actuar como grupos organizados. Por el otro lado, los sectores organizados que actuaron en arenas en donde se implementaron fuertes procesos de reformas (desmantelamiento de estructuras proteccionistas, desregulación de la normativa laboral) experimentaron un proceso de caída en los niveles de afiliación y organización. (Filgueira y Alegre, 2008:13).

Entre el año 2000 y 2004 esta situación de desamparo de los trabajadores se agrava, llegando la negociación colectiva a sus niveles más bajos, alimentado por un empresariado que en un contexto de fuerte crisis económica (2001-2002) suprime o se muestra reacio a aceptar iniciar espacios de negociación por empresa, y por un sindicalismo extremadamente debilitado especialmente en el ámbito privado. Asimismo y en línea con la inspiración liberal de los gobiernos de los años 90 e inicios del 2000, el salario mínimo, que en contextos expansivos, no operaba como piso real de salarios, pero en contextos recesivos si empieza a hacerlo, es indexado muy por debajo de la inflación sufriendo un marcado deterioro a lo largo del período 1990-2003 (Filgueira y Alegre, 2008:12-13).

Se aprecia el surgimiento, con carácter secundario y en un reducido número de casos, de un relacionamiento que puede definirse como informativo – participativo; requiere una apertura de la empresa para presentar información sobre la situación económica y aceptar la negociación de aspectos que tradicionalmente se consideraban reservados al ejercicio del poder de la administración. Exige también una comprensión por parte del sindicato de la lógica empresarial y del mundo de los negocios. Si se dan estos dos componentes culturales en los actores, se establece una relación que, sin estar exenta de conflictos, permite el desarrollo de la cooperación que, a su vez, mejora los resultados para ambas partes. Comenzaron a mediados de la década de los noventa, principalmente en la industria manufacturera que realizaba inversiones con cambios tecnológicos y en la organización del trabajo; por ejemplo en la producción de papel y cartón, bebidas, textiles y metalurgia. Continuaron con las crisis sectoriales o la recesión, en el transporte urbano de pasajeros, las instituciones de salud y los bancos. En casi todos los casos se negociaron reducciones de empleos con compensaciones superiores a las establecidas por la ley y reducciones de salarios por períodos delimitados (Notaro, 2005:23).

En relación a algunos datos, podemos señalar que el sindicalismo se redujo cuantitativamente con una brutal caída de la tasa de sindicalización que pasó del 35% en 1987 al 15% en el año 2000. Este descenso fue especialmente grave en el sector privado de la economía donde cayó del 28% al 8% en el mismo período. Como resultado de ello, se produjo al interior del movimiento sindical, una sobrerrepresentación de los funcionarios públicos, que pasaron de ser el 49% de los afiliados en 1987 a ser el 69% en 2003. Con la casi única excepción en el sector privado del gremialismo bancario, este sindicalismo reducido cuantitativamente, desposeído de los ámbitos institucionales de negociación salarial y, por la vía de los hechos, sin la garantía estatal del derecho de asociación y de huelga, perdió gravitación como actor social, viéndose, en el sector privado notablemente reducida su capacidad para defender a los trabajadores frente a los embates de un nuevo empresariado vinculado a las actividades más dinámicas en el contexto del modelo de crecimiento de los noventa. Las dificultades impuestas por las empresas, incluyendo diversas formas de persecución como el despido de los que intentaban organizar un sindicato, constituyeron  una barrera casi infranqueable al no existir una ley que estableciera el fuero sindical (Notaro y otros, 2011:65).

Si bien no considera el período en estudio, es necesario señalar que la situación para el sindicalismo uruguayo cambió significativamente a contar del año 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Para Méndez y Senatore (2011), desde esta fecha se procesó una revitalización del movimiento sindical. Los cambios en la regulación de las relaciones laborales (mayores garantías a la actividad sindical e institucionalización de la negociación colectiva) fueron el trasfondo de un aumento significativo del número de afiliados, que pasó de 100.000 en el 2003 a 330.000 trabajadores sindicalizados en el 2011. La relación entre el Frente Amplio y el sindicalismo es ampliamente conocida, ya lo ha sostenido Gonzalo Martner al señalar que los vínculos orgánicos “con un sindicalismo representativo han hecho de la experiencia del frente amplio uruguayo una de las de mayor coherencia entre las del progresismo latinoamericano actual” (Martner, 2011:7). Podemos apreciar aquí algo que es deseable socio políticamente y que es la articulación efectiva y virtuosa para el movimiento sindical y un gobierno afín a sus propósitos y orientaciones.

 

4. Conclusiones

A modo de cierre, podemos señalar que durante los gobiernos postdictatoriales de Uruguay en el período en estudio, el sindicalismo se vio fortalecido o debilitado según las políticas laborales propiciadas por las distintas coaliciones, las cuales a su vez estaban directamente vinculadas con el sistema de relaciones laborales que las respectivas coaliciones políticas deseaban desarrollar y/o implementar. Cabe mencionar también, que estas políticas laborales no estuvieron ajenas a los cambios producidos en materia económica como tampoco al período de transición política, con todas las dificultades y  tensiones (las más) y oportunidades (las  menos) que ese hito pudo representar y significar para el movimiento sindical. De los variados aspectos que la transición política instaló en los sistemas de relaciones laborales, no podemos dejar de mencionar en el caso uruguayo, la convocatoria y posterior suspensión de los consejos de salarios así como los efectos de la apertura y la desregulación, fueron hitos importantes que afectaron de manera importante al movimiento sindical del Uruguay.

Adicionalmente, podemos volver a subrayar que durante la transición democrática de los años 80, se esperaba que el movimiento sindical desempeñara un papel activo en el desarrollo nacional, contribuyendo a la construcción de acuerdos que garantizaran una mayor equidad social. En parte esto se cumplió, al recuperar el liderazgo nacional y poder negociador con el retorno de la democracia. Sin embargo, en los años posteriores, y notablemente a partir de lo años 90, la realidad mostró un fuerte debilitamiento de su capacidad de defensa de los intereses de la clase trabajadora y de su rol en la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo. La dimensión de esta crisis ha estado relacionada no sólo con el pasaje a un nuevo modelo de crecimiento “hacia afuera”, sino también a un cambio en la matriz socio- política que lo sustentaba. Esto trajo como consecuencia una pérdida de poder de los sindicatos en la arena laboral y un debilitamiento de su accionar político general.

 

 

Agradecimientos

 

ü  A la Srta. María Raquel González Candia, por su valiosa colaboración en la traducción al inglés del resumen del presente artículo.

ü  Al investigador, Sr. Jorge Notaro por toda su ayuda y valiosa contribución en la generación de este trabajo.

 

 

 

 

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