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Revista Nº24 "INSTITUCIONES Y PROCESOS GUBERNAMENTALES" |
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Resumen En la historia de Chile y Uruguay ha existido una relación que podría ser definida como “tradicional” entre el sindicalismo y la democracia. Considerando el fortalecimiento mutuo que se produce entre el movimiento sindical y el tipo de gobierno democrático, así como el debilitamiento del sindicalismo en los gobiernos autoritarios y/o dictatoriales, donde, disminuyó la participación efectiva y calidad de vida de los trabajadores en estas sociedades. Sin embargo, el retorno a la democracia en Chile y Uruguay no generó – en los períodos estudiados - un robustecimiento significativo ni permanente en el movimiento sindical. Esto nos indica que, el tipo de gobierno hoy – en un contexto de globalización y transformación del escenario económico y productivo – es un factor insuficiente para explicar el debilitamiento o la denominada crisis del sindicalismo.
Palabras Claves: Política, Sindicalismo, Chile, Uruguay
Abstract In the history of Chile and Uruguay there has been a relationship that could be defined as "traditional" between unionism and democracy. Considering the mutual reinforcement that occurs between the labor movement and the kind of democratic government, and the weakening of trade unionism in authoritarian governments and / or dictatorial, which decreased the effective participation and quality of life of workers in these companies. However, the return to democracy in Chile and Uruguay did not generate the periods studied - a significant or permanent strengthening in the labor movement. This indicates that the type of government today - in a context of globalization and transformation of economic and productive scenario - is insufficient to explain the weakening or so-called crisis of unionism factor.
Palabras Claves: Keywords: Politics, Trade Unionism, Chile, Uruguay
RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y SINDICALISMO. EL CASO DE CHILE Y URUGUAY EN LOS GOBIERNOS POSTDICTADURAS (1)
Dr. Julio González Candía Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Académico Carrera de Tecnólogo en Administración de Personal Depto. de Tecnologías Generales Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. E-mail: julio.gonzalez@usach.cl
I. Introducción: la dimensión política del sindicalismo
El sindicalismo latinoamericano en su historia reciente, ha desarrollado canales de participación, aportado en la materialización de importantes leyes sociales, luchado y resistido contra los gobiernos autoritarios y/o dictatoriales y contribuido significativamente al fortalecimiento de la democracia de los países, tanto en su entorno inmediato, como a un nivel más general en la sociedad. Es este mismo sindicalismo el que ha travesado en las últimas décadas por una crisis que está relacionada con las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que han afectado a los países de América Latina desde los años 70, por la modificación del contenido y de la forma de operar de los sistemas políticos y de la redefinición de la democracia, lo que claramente ha impactado en la calidad y densidad de la misma y cómo esta es percibida por el conjunto de actores de una sociedad. Todo esto además, con un telón de fondo; la globalización.
En la historia de Chile y Uruguay ha existido una relación que podría ser definida como “tradicional” entre el sindicalismo y la democracia. Considerando el fortalecimiento mutuo que se produce entre el movimiento sindical y el tipo de gobierno democrático, así como el debilitamiento del sindicalismo en los gobiernos autoritarios y/o dictatoriales donde, además, disminuyó la participación efectiva y calidad de vida de los trabajadores en estas sociedades. Sin embargo, nos hemos encontrado con que el retorno a la democracia en Chile y Uruguay no generó – en los períodos estudiados - un robustecimiento significativo ni permanente en el movimiento sindical. Esto nos indica que, el tipo de gobierno hoy – en un contexto de globalización y transformación del escenario económico y productivo – es un factor insuficiente para explicar el debilitamiento del sindicalismo y es necesario explorar nuevos caminos para encontrar respuestas más amplias e integradoras.
Situándonos en esta parte del continente y según la perspectiva de Miguel Ángel Urrego y Jaime Gómez (2000) podemos decir que se ha vivido un proceso de transformación del orden político. Esta transformación considera a los sujetos y a las estructuras desde las cuales se realiza la intermediación política, que se manifiesta a raíz del impacto de la globalización neoliberal. Esta última, que también ha implicado la reducción del mundo del trabajo y un duro golpe a la clase obrera y a sus organizaciones gremiales y políticas. A pesar de todas las dificultades, obstáculos y de la denominada “crisis del sindicalismo”, el movimiento sindical aún subsiste. Continúa desempeñando un rol importante a nivel simbólico, especialmente como el natural conductor de los procesos de oposición y de resistencia al poder de capital y a las prácticas neoliberales instaladas en nuestros países. Aún intenta hacer una contribución efectiva a las democracias de esta parte del continente y como lo señalarían los autores ya citados, lo más significativo es que el sindicalismo se ha constituido, en varios países, “en una organización que no sólo expresa los intereses de los agremiados sino de aquellos que no tienen voz, de la comunidad marginal” (Urrego y Gómez, 2000:162). Lo anterior, se respalda con los planteamientos de Antonio Baylos, quien ha sostenido que el sindicato no es solamente una organización que “representa al trabajo asalariado como agente económico a través de la contratación colectiva de la fuerza de trabajo, sino un actor social, que expresa la identidad social de los trabajadores en su conjunto y que se relaciona por tanto con el resto de los actores que interactúan en el sistema de relaciones laborales”. Podríamos agregar que el sindicalismo en los países en estudio, hoy es un actor social que se desenvuelve e interactúa con otros actores y agentes en sistemas preferentemente democráticos, en donde por esta sola razón no está garantizado para el movimiento, efectividad y mejores condiciones o garantías para su accionar, debido a que estas nuevas democracias son parciales, limitadas o no tienen la calidad y densidad necesarias para permitir que los distintos actores sociales desarrollen todo su potencial y puedan tener una cabida adecuada en este tipo de gobierno.
El sindicalismo actual aspira y promueve su carácter sociopolítico. Está dentro de sus expectativas poder influir políticamente y propender así a la transformación de la actual sociedad, constituyéndose en un contrapeso necesario al capital y a los grupos de poder que lo resguardan con ahínco. Julio Godio ya lo ha señalado, en el sentido que “el sindicalismo sociopolítico se plantea fundamentar una “alternativa abierta” (3) para insertarse en la oleada venidera de resistencia al neoliberalismo” (Godio, 1990: 116). Eso lo planteaba Godio a los inicios de la década de los 90 y sigue estando hoy, plenamente vigente.
De esta forma y considerado que para poder establecer la relación entre sindicalismo y democracia y responder – desde una perspectiva teórica – la interrogante del ¿por qué los gobiernos post dictaduras no generaron un fortalecimiento en el movimiento sindical de Chile y Uruguay?; debemos adentrarnos en las características de este tipo de gobierno y cómo estas a su vez, guardan relación con los propósitos del movimiento obrero.
II. Democracia y Sindicalismo
Si entendemos a los sindicatos como una “asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros” (4), o recordamos lo ya planteado por Alberto Hurtado, cuando en el sostenía que “el sindicato representa a sus miembros en las discusiones con los patrones y con los poderes públicos en todo lo que concierne a sus condiciones de trabajo...” (Hurtado, 1950:13). De esta forma, el resguardar los intereses de las personas y como un espacio de participación efectiva en el mundo laboral, especialmente cuando el sindicato evita, impide o minimiza la explotación del capital a los trabajadores, estamos relacionando al movimiento con un tema político, desde el punto de vista que desde aquí se puede influir en el devenir de la clase obrera y por ende, de un importante sector de la población, en aspectos tan cruciales como condiciones de trabajo, compensaciones, seguridad y protección social, desarrollo laboral, por nombrar los principales. Por esta razón, se hace necesario profundizar en el concepto de democracia y analizar su relación con el sindicalismo.
Pablo González Casanova en el prólogo del libro de Marcos Roitman plantea que éste último se propone alcanzar los más profundos sentidos del término democracia y de sus significados, los cuales considera (en el mismo orden): ü Como poder del pueblo y como parte de procesos más amplios como la liberación de las naciones dependientes, ü Como la organización de la vida y el trabajo con fines no lucrativos sino eminentemente sociales y culturales, ü De justicia social, de redistribución de las riquezas materiales y espirituales ü De extensión de servicios y de bienes básicos, ü De conocimientos humanísticos y científicos, manuales y simbólicos, ü En procesos que permitan comprender y cambiar el mundo a la mayoría de la humanidad para preservarlo y enriquecerlo, ü Cuidando siempre de respetar las distintas expresiones del pensamiento y las creencias de pueblos, agrupaciones e individuos” (Roitman, 2005:7)
Es un aporte enriquecedor en cuanto al radio de acción que involucra el concepto de democracia al ocuparse del pueblo, la libertad, lo social, lo cultural, el bienestar de todos, la preservación, en fin. Destacamos que también considere la organización de la vida, del trabajo y la justicia social que forman parte central del ámbito laboral.
Resulta interesante citar a Alan Knight, quien plantea que hay un consenso entre los cientistas políticos de considerar la democracia liberal representativa, a menudo definida en los términos de Dahl (poliarquía), como la norma, ya que esta definición abarcaría los dos principios de (i) libre asociación y expresión (derechos cívicos) y (ii) participación electoral (derechos políticos)”. Knight sostiene enseguida que concebir la democracia liberal representativa como una “norma” es cuestionable dado que “no estamos diciendo que este sistema sea mejor o que sea la única forma de democracia en términos conceptuales o prácticos” (Knight, 2005:108). Más bien, en el campo de las ciencias sociales, respecto de ciertos conceptos – como el de democracia - hay una cantidad importante de definiciones y reflexiones y que la validez y/o pertinencia de cada una de ellas dependerá en gran medida de los fines teóricos y prácticos que él o los investigadores tengan en mente. Sin embargo, ya en esta primera perspectiva queda claro que en el concepto de democracia, la libertad es esencial.
José Nun analiza la democracia representativa y su éxito en los países ricos, viendo este proceso en los países que no cumplen precisamente esa condición, nos referimos a los países de América Latina. Resultan esclarecedores sus postulados, sobretodo, cuando sostiene lo que él llamó “la paradoja latinoamericana de nuestros días”. Para Nun, la paradoja es “tratar de consolidar democracias representativas en contextos marcados por la pobreza, la desigualdad y la polarización y donde los regímenes sociales de acumulación vigentes fomentan la marginalidad y la exclusión, mientras los Estados se achican y se revelan incapaces de lidiar efectivamente con toda la magnitud de la crisis” (Nun, 2002:151). Paradoja, que por cierto, también se deja traslucir en el sindicalismo. En los discursos políticos no hay líder, sector o partido que no se muestre “partidario” de fortalecer, fomentar y/o propiciar la libertad sindical como señal efectiva de su progresismo, naturaleza democrática o planteamientos “pro trabajadores”. Sin embargo, en los hechos o en la práctica, por ejemplo a la hora de generar proyectos de ley a favor de los trabajadores o a la hora de las votaciones para promulgar alguna ley que fortalezca o fomente el movimiento sindical ese discurso se cae y no logra tener un referente empírico. Es lo que varios teóricos han denominado la dicotomía discurso – acción y que afecta o es importante para el movimiento obrero en cuanto no logra tener un marco legal –normativo que efectivamente lo resguarde ante los particulares intereses de las empresas impidiendo, además, que sea un medio para desarrollar la participación efectiva e integral de los trabajadores en la dinámica laboral y que impacta a niveles más amplios, como la sociedad en su conjunto.
Juan Carlos Gómez sostiene en su libro “La frontera de la democracia”, que los indicadores más importantes que utilizan los analistas para sostener la existencia de un régimen democrático son prioritariamente los de carácter procedimental, y operan con una definición mínima de democracia. Así Gómez Leyton en relación a los procedimientos sostiene que especialmente, consideran los referidos a la existencia de “reglas y normas que regulen la transferencia pacífica del poder político a través de elecciones regulares y periódicas de las autoridades del Estado; la existencia de un sistema de partidos de amplio espectro; la negociación y el compromiso político para solucionar los conflictos políticos y sociales de la sociedad, y la participación política de la ciudadanía a través del sufragio” (Gómez, 2004:16). La definición antes expuesta puede ser considerada como mínima, en cuanto sólo considera algunos elementos del total que se requerirían para que una sociedad sea considerada como democrática. El autor plantea que “para avanzar en el estudio histórico de la democracia es necesario entenderla, fundamentalmente, como régimen político, el cual se desarrolla en determinadas condiciones sociales y económicas que lo condicionan o influyen fuertemente” (Gómez, 2004:19). Este planteamiento implica asumir una perspectiva, es decir, sostener que se va a entender la democracia como un determinado tipo de régimen político, con lo cual se está renunciando a considerar la democracia como un tipo específico de sociedad. Manuel Antonio Garretón en relación a este punto ha sostenido que la democracia, “es un tipo de régimen político que resuelve de determinada manera los dos problemas centrales de toda sociedad – cómo ella se gobierna y cómo se relaciona con el Estado -, por un lado, a través de principios como el Estado de Derecho, derechos humanos y libertades públicas, división de poderes, y principalmente, por la soberanía popular. Por otro, a través de mecanismos como el voto universal, el pluripartidismo y la alternancia en el poder” (Garretón, 1995:20).
En esta misma línea de argumentación, Guillermo O´Donnell, ha planteado que la democracia incluye un régimen político pero no se agota en él. Este régimen implica elecciones competitivas e institucionalizadas, así como un conjunto de libertades de asociación, expresión, movimiento y otras. O´Donnell destaca las razones respecto del por qué el régimen es un componente fundamental de la democracia. De esta forma señala que existen dos razones: “una, porque en su ausencia simplemente no hay democracia. Otra, porque su existencia define la ciudadanía política, aquellos que tienen derecho a votar, intentar ser electos y ejercer las libertades recién mencionadas” (O´Donnell, 2008:26).
Gómez Leyton en base a las definiciones de Diamond, Linz y Lipset, adaptada de Dahl, señala que democracia “es un sistema de gobierno que reúne tres condiciones esenciales: a) un alto nivel de competencia entre individuos y grupos organizados (especialmente partidos políticos) por cargos gubernamentales, a intervalos regulares en donde se excluye el uso de la fuerza; b) un alto nivel de participación política y la selección de los líderes y políticas a través de elecciones regulares y honestas donde ningún grupo social adulto es excluido, y por último, c) un nivel suficiente de libertades cívicas y políticas – libertad de expresión, de prensa y organización – que garantice la integridad, la competencia política y la participación” (Gómez, 2004:22). Esta definición resulta relevante puesto que se construye en dos niveles, a un nivel social planteando que en una democracia debe existir “un alto nivel de participación política…” y – sobretodo - “un nivel suficiente de libertades cívicas y políticas tales como la de expresión, de prensa y de organización”. Esto último, muy vinculado a la libertad y a un nivel personal con énfasis en los actores protagonistas – las personas en su rol de trabajadores y trabajadoras -, puesto que las libertades cívicas hacen referencia a aspectos constitutivos del derecho que tienen los sujetos a expresarse en distintos ámbitos de la sociedad, a informarse de manera amplia y a organizarse con distintos fines.
El movimiento sindical adquiere un rol central si se trata de forjar y consolidar una democracia plena, puesto que contribuye desde su espacio y radio de acción en las tres condiciones esenciales de este tipo de régimen político, a) competencia entre individuos y grupos organizados, distintos sujetos que, con sus respectivos grupos, ideologías y visiones programáticas, aspiran a liderar el movimiento en sus distintos niveles (organizacional, regional, nacional) b) alto nivel de participación política y selección de líderes a través de elecciones. El sindicalismo aspira a proponer y consolidar cambios políticos tendientes a promover el cambio social y eso solo lo puede realizar a través de medios democráticos legitimados por las propias bases y las normativas y legislaciones del país donde esté inserto y c) un nivel suficiente de libertades cívicas y políticas.
Además de lo planteado por Gómez Leyton, Guillermo O´Donnell ha indicado que la democracia en su sentido pleno “implica la extendida existencia de otras ciudadanías: civil, social y cultural. El régimen democrático no garantiza, como la experiencia de América Latina muestra, la vigencia de esos otros aspectos de la ciudadanía. Pero si se considera que el régimen democrático instituye la visión de un ciudadano/agente capaz de tomar decisiones que pueden ser muy relevantes para el bien público (no sólo votar sino participar en la toma de decisiones colectivamente vinculantes), es injustificado ignorar (aunque así lo hace buena parte de las corrientes teóricas hoy dominantes) el tema clásico de las condiciones sociales de la democracia” (O´Donnell, 2008:26). Precisión no menor, la planteada por O´Donnell, en el sentido que hoy un régimen democrático no garantiza en esta parte del continente, la vigencia de otros aspectos de la ciudadanía. Esto último muy ligado a lo ya señalado por José Nun, en relación a la “paradoja latinoamericana de nuestros días”, la que plantea las dificultades de implementar y fortalecer democracias representativas en países en donde la pobreza, la desigualdad y la exclusión alcanzar niveles preocupantes. Y en donde además, los Estados han acotado tanto su accionar que resulta prácticamente imposible resolver la crisis en las cuales están insertos.
A propósito de democracia, su definición y especialmente el alcance de este concepto a los distintos actores que forman parte de un sistema democrático, no debemos dejar de mencionar que en la actualidad hay autores, entre ellos, María Ester Feres (2008) que ha expresado que el sindicalismo para poder superar la crisis en la cual está inserto debe “democratizarse”. Así ha señalado que las estrategias para remontar las crisis orgánicas y de legitimidad implica el trabajar en dos grandes ejes que confluyen en un solo camino. Uno es el eje orgánico: el que está relacionado con la democratización del sindicalismo, en sus diversas dimensiones. El otro eje que plantea la autora es el de elaboración de estrategias y plataformas sindicales política y técnicamente sólidas. Enseguida, Feres volviendo al proceso de democratización antes indicado y haciendo una dura crítica al interior del sindicalismo chileno sostiene que “un actor que lucha por la democratización integral de la sociedad, no puede continuar con prácticas internas que reproducen vicios y enclaves propios de una democracia restringida, ni con discursos o políticas de representación excluyentes de los intereses de grupos mayoritarios de trabajadores, sin expresar la actual y dinámica heterogeneidad del mundo del trabajo” (Feres, 2008: 47). Otro autor, Patricio Frías, sostiene que otra de las debilidades presentadas por el sindicalismo está relacionada centralmente con la definición de sus principios de identidad. Según Frías, (esto) “conduce, en cadena, a debilitar y empañar sus restantes comprensiones y definiciones de sus opositores y de sus proyectos globales de sociedad, vale decir, precisamente de aquellos factores y elementos que lo pueden constituir en un movimiento social”. Muchas veces estas debilidades quedan aminoradas, o descuidadas, por los importantes logros conseguidos por la acción histórica del sindicalismo, en términos de sus conquistas de mayores y mejores niveles de justicia, equidad, democracia, etc. Pero se trata de dos dimensiones que corren parejas, imbricadas, prevaleciendo con mayor fuerza, una u otra, a lo largo del transcurso de su acción (Frías, 2008:69). Tanto Feres como Frías ponen en el centro de su análisis algunas de las tareas más urgentes del sindicalismo si desea aumentar su poder e influencia tanto en el ámbito laboral como en otras dimensiones del quehacer nacional.
Continuando con las definiciones, señalar que un régimen político, de acuerdo con Dahl, para ser calificado como democrático debiera como mínimo cumplir con siete requisitos que se encuentran presentes en las tres condiciones antes señaladas por Gómez Leyton, a saber:
Nuevamente, podemos destacar algunos de los requisitos en relación con el objeto sobre el cual nos interesa reflexionar; libertad de asociación por excelencia (que en esta perspectiva es proporcionada por el Estado), información alternativa y libertad de expresión. Ahora bien, todos estos aspectos debieran darse de manera concomitante para generar el efecto deseado, puesto que de lo contrario estaríamos sólo frente a una parte o fragmento del concepto de democracia. También podemos hacer la analogía respecto de que los requisitos que se requieren a nivel “macro” – país por ejemplo – también se necesitan a nivel “micro”, es decir, que para que exista un régimen político democrático necesitamos que estas características “permeen” las distintas capas y niveles de la sociedad. Sólo así podemos relacionar las 7 condiciones con el concepto de libertad y más aún con el de libertad sindical. El autor Gómez Leyton nos plantea, además, que dado que la democracia política no es un estado estático sino un proceso cambiante, a los requisitos señalados por Dahl, algunos autores le han sumado otros, de acuerdo con las actuales necesidades de la democracia. Así, Guillermo O´Donnell le suma otras cuatro condiciones:
Entre las causas conocidas para impedir una mayor generación de trabajo decente en América Latina y el Caribe están el no respeto de los derechos laborales y las trabas al ejercicio de la libertad sindical. Para que la democracia se extienda al conjunto de la sociedad y permeen las distintas capas de la misma es necesario que los derechos laborales y en especial la libertad sindical sean reconocidos y protegidos por todos los actores produciéndose una especie de círculo virtuoso donde más democracia implica necesariamente más derechos laborales y estos últimos deben necesariamente también considerar al sindicalismo si es que efectivamente se desea que la democracia llegue a todos los ámbitos del quehacer de las personas. Estamos de esta forma frente a una relación conceptual y empírica de dos direcciones; a mayor democracia mayor libertad sindical y frente a una mayor libertad sindical con todo lo que ella conlleva sin duda alguna estaremos frente a un régimen político más democrático.
III. Gobiernos “post dictaduras” o “nuevas democracias” de Chile y Uruguay
En todo caso, es importante también precisar que los gobiernos post dictaduras tanto de Chile como de Uruguay o también denominadas como “nuevas democracias”, han tenido características bien particulares. Para el caso chileno, nos referiremos a dos, que nos parecen muy pertinentes dado la problemática en estudio, el carácter de protegida y de hibrida, en el Chile post dictadura. Así tenemos, que para Oscar Godoy, el término de democracia protegida, está relacionado con la elaboración del proyecto constitucional de la dictadura, su aprobación por los constituyentes, y posterior refrendo a través del plebiscito de 1980. Godoy, agrega que, “el régimen impone su voluntad unilateral sin contrapesos. Con todo, la democracia protegida consagrada en la Constitución de 1980, antes de su reforma en 1989, representaba un ordenamiento más democrático y flexible que otras opciones que se barajaban dentro del régimen” (Godoy, 1999:87). Resulta interesante indagar un poco más en el término de “protegida” según la mirada de esta autor. Godoy señala que en la Constitución de 1980 “se mantuvieron todas aquellas disposiciones que configuran la participación institucional de las Fuerzas Armadas en el proceso de decisiones políticas, por una parte, y también aquellas que le aseguraban a Augusto Pinochet un fuero político continuo por el resto de su vida” (Godoy, 1999:103-104). Godoy cita a los “ejercicios de enlace” y al “boinazo”, como ejemplos concretos de cómo durante el primer gobierno democrático con Patricio Aylwin como presidente, las fuerzas armadas manifestaron su descuerdo con acciones públicas que podían afectar cuestiones cubiertas por el pacto con la oposición de la época (5). Para Tomás Moulián, sencillamente, el término de “democracia protegida” proviene “del propio lenguaje del pinochetismo. Señala el autor que fue acuñado por el régimen militar para realizar una crítica contra la presunta neutralidad ante los fines y valores de la democracia liberal representativa” (6) (Moulián, 1995:3)
Por otra parte y ahora ya relacionada con la segunda característica de nuestra democracia post dictadura, y según Francisco Zapata, una de las características sobresalientes de la nueva democracia post dictadura chilena ha sido su carácter “híbrido” (7). Lo anterior, según Zapata porque se está en la presencia simultánea de dos tipos distintos de instituciones; “una, las democráticas, como son los procesos electorales para designar a aquellos ciudadanos que ocuparan los puestos de representación popular; las otras, las autoritarias, heredadas del régimen militar, (como) las que están contenidas en la Constitución de 1980” (Zapata, 2004:12). Otra definición que resulta interesante de instalar y que es más general que las dos características de la naciente democracia chilena, es la de “democracia defectuosa”. Este concepto y según Collier y Levitsky (1997), trata de evitar las docenas de diferentes “democracias con adjetivo” que se han definido por distintos autores. Para Hans-Jürgen Puhle, “se refiere a los regímenes en transformación que no han llegado a consolidar una democracia liberal que corresponde a los criterios de democracia enraizada, pero que, al mismo tiempo, ya no son regímenes autocráticos por el hecho de que, básicamente, funciona como principio el régimen electoral (elecciones libres y honestas) (8)” (Puhle: 10).
En el caso de Uruguay y nuevamente con un elemento histórico común con Chile, nos referimos a los plebiscitos durante las dictaduras respectivas y sus resultados en ambos países, en el año 1980, se generaron según María José Romero “reglas de juego” que regularon la relación de los gobiernos militares con sus respectivas oposiciones. Para la autora, “el resultado favorable al gobierno autoritario en Chile provocó la institucionalización del régimen, con plazos rígidos que garantizaban la conducción de Pinochet hasta por lo menos 1989. En Uruguay, el voto contrario al proyecto obligó a los militares a formular un conjunto de reglas flexibles que facilitó la actuación de la oposición política y social, favoreciendo escenarios de negociación para la transición” (Romero, 2009:123). Según Romero, en uno y otro caso existieron reglas que condicionaron la dinámica del proceso de transición. La diferencia entre los marcos institucionales que regularon la salida reside en el grado de flexibilidad. Mientras en Uruguay, el “cronograma” formulado por los militares resultó ser muy flexible, la Constitución chilena de 1980 resultó extremadamente rígida (9) (Romero, 2009:133). Para otro autor, José Rilla el verdadero valor para el Uruguay del plebiscito fue que aquél, “resultó aquel un acto refundador de la democracia: el país se reencontraba, sin estridencias pero desde convicciones, con tradiciones cívicas que mucho le habían costado”. Agrega el autor que, “el gobierno, a su vez y a su modo, no pudo entonces menos que aceptar el veredicto ciudadano, reconocer su derrota y cambiar el rumbo. Allí comenzó la transición democrática” (Rilla, 1997:1). Prácticamente al finalizar su trabajo José Rilla sostuvo que “el plebiscito de 1980, gesta cívica sin igual, nos reincorporó entre otras cosas a una tradición bifronte y al fin y al cabo muy antigua: a la democracia de partidos y representantes y a la democracia de electores y de votadores” (Rilla, 1997:8). Cabe mencionar, que los resultados del plebiscito en referencia hablan por si solos, prácticamente un 58% de los uruguayos voto en contra del proyecto de la dictadura (10), a favor, casi un 42% (11).
Tal vez por todo lo anterior, las cosas se dieron de manera muy distinta en cada país. Mientras en Chile el retorno a la democracia implicaba gradualmente ir suprimiendo, cambiando o renovando cada atadura que dejó la dictadura - lo que claramente está relacionado con el carácter de protegida o híbrida de nuestra democracia - , en Uruguay se pudo volver a su tradición democrática de manera mucho más efectiva y sin los contratiempos que se generaron en Chile.
Según información entregada directamente por uno de los investigadores del tema en Uruguay, cuando terminó la dictadura en 1985, se asumió plenamente la democracia anterior al golpe de Estado. Algunos datos relevantes del período fueron: retomó la vigencia de la constitución aprobada en 1965, con la cual las libertades políticas y sindicales se recuperaron plenamente. El nuevo parlamento que se instaló en febrero de 1985 aprobó una amnistía para los presos políticos y la reincorporación de los despedidos por razones políticas, la Universidad de la República recuperó la autonomía y las organizaciones sindicales recuperaron los locales expropiados por la dictadura. Hasta hoy los militares no han tenido ninguna participación o presión sobe las decisiones de los distintos gobiernos post dictaduras. Según la misma fuente, la únicas restricciones fueron: a) que en las elecciones de noviembre de 1984 no se autorizó a ser candidatos a la presidencia a los candidatos de la elección de 1969, que fueron Líber Seregni del Frente Amplio, Jorge Batlle del Partido Colorado y Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional. El Frente Amplio y el Partido Colorado estuvieron de acuerdo como una concesión para que se convocara a elecciones, el Partido Nacional no estuvo de acuerdo porque su líder era insustituible; b) que se aprobó una ley por los partidos Colorado y Nacional donde se limitó la investigación de los crímenes de la dictadura. No obstante y en una perspectiva diferente, Daniel Corbo distingue dos etapas al hacer una periodización de la transición uruguaya a la democracia. Por una parte, define una fase como “dictadura transicional” (1980 al 1984) y la segunda, denominada transición democrática (entre 1985 al 1989). Para el autor, la transición a la democracia efectiva habría tenido sólo parcialmente lugar durante los años últimos de la dictadura militar. Según Corbo, “este proceso no se cierra con la asunción en 1985 de autoridades constitucionales electas en noviembre del año anterior. Sólo una visión simplista de los fenómenos históricos se afiliaría a un criterio formal de esta naturaleza y a su pretensión de que el hecho de la elección de un gobierno civil anulaba de un plumazo la ingerencia y tutela del poder militar, así como los residuos autoritarios enquistados en el aparato del Estado y en la sociedad” (Corbo, 2007:26). Resulta interesante destacar el punto de vista de Corbo, puesto que plantea que es necesario matizar los planteamientos referidos a que en Uruguay se acabó la dictadura y se volvió como arte de magia a su anterior tradición democrática. Como en otros países, luego de una dictadura y con la vuelta a la democracia, quedan en la sociedad, sus instituciones y cultura elementos autoritarios imposibles de abandonar de manera automática. Es necesario siempre un tiempo para ir superando cada uno de los amarres y condicionantes – en estos casos – heredados de las dictaduras militares, lo que a su vez representa u nuevo desafío para las noveles e incompletas democracias.
Sólo recordar y a modo de síntesis del apartado, que tanto en Chile como en Uruguay se vivieron gobiernos dictatoriales, donde la falta de democracia fue sólo una de las razones que impidieron el desarrollo del sindicalismo. No podemos dejar de mencionar el autoritarismo imperante durante aquellos años en los países en estudio. Tantos años de gobiernos autoritarios calaron muy hondo en la cultura chilena y uruguaya. Entre ellas, la cultura laboral, en donde la participación efectiva a través de la organización sindical debía volver a posicionarse como importante para los trabajadores. Posicionarse o volver a nacer luego que los sindicatos fueran prohibidos, perseguidos y sus líderes y dirigentes violentados hasta su máxima expresión con todo lo que ello significaba en el plano simbólico y material para el mundo del trabajo. Es por esta razón que también nos vamos a referir al Autoritarismo y su relación con el movimiento sindical.
IV. Autoritarismo y Sindicalismo
Según Leopoldo Allub, los sistemas políticos contemporáneos recuerdan su pasado. Las formas en que responden en cierto momento no son libres pues dependen de su historia. La democracia, el autoritarismo y el totalitarismo han tenido un alumbramiento histórico distinto que concuerdan con condiciones estructurales muy diferentes en su origen. Allub ha planteado que existen numerosas circunstancias que pueden presentarse en los orígenes de una sociedad y en el curso de su desarrollo. Sin embargo, hay eventos que, sin ser seguramente los únicos, parecen poseer consecuencias relativamente estables para definir las alternativas de desarrollo democrático o no democrático de las sociedades. Para el autor, “los procesos sociopolíticos no se desarrollan al azar, pues una vez iniciados, tienden a seguir un número limitado de “rutas” en función de las condiciones estructurales existentes al inicio del proceso mismo” (Allub, 1983:15).
El autor Gino Germani (2003) hace una distinción entre el autoritarismo tradicional y el autoritarismo moderno. En las diversas áreas de actividad o en los subsistemas en los cuales prevalece la acción de tipo prescriptivo, el comportamiento humano seguirá modelos internalizados para los cuales son “impensables” las respuestas alternativas o diferentes. El autoritarismo está, por lo tanto, implícito en la cultura y no es considerado como tal por lo sujetos, para los cuales las pautas de comportamiento que siguen en sus acciones permanecen más allá de cualquier duda o discusión. Agrega más adelante en su obra que lo esencial en el autoritarismo moderno y, sobretodo, en su forma “pura” (el totalitarismo propiamente dicho) es que el objetivo de su socialización y su resocialización planeadas es la transformación de la población en participantes ideológicamente “militantes” activos. Esto deriva del hecho de que la moderna estructura industrial, en sus numerosas variedades, requiere un nivel de participación activa por parte de todos los habitantes de un país. La creciente especialización y el alto grado de interdependencia generada por ella finalmente abarcan a la totalidad de la población en áreas de actividad que tienden a crecer continuamente. Según Germani, el autoritarismo moderno en su forma pura no reduce a los individuos a sujetos pasivos; en un sentido, quiere que sean ciudadanos. Su objetivo no es la despolitización (aunque esto pueda ocurrir), sino la politización de acuerdo con cierta ideología específica. Los ciudadanos tienen opiniones políticas en vez de creencias. Deben ejercitar la elección y alcanzan una cierta convicción, pero su contenido debe corresponder a la ideología oficial. Existe una elección, pero ésta es abiertamente manipulada. Para el autor, “los controles externos, la represión y el terror son también necesarios, pero cuando el Estado totalitario es exitoso, dichos controles se aplican en su mayoría a una parte reducida de la población, principalmente a los intelectuales” (Germani, 2003:38-40).
Desde una perspectiva histórica, podemos señalar que según el autor David Collier, emerge el concepto de autoritarismo burocrático desde que Argentina y Brasil (12) fueron gobernadas por los militares en cuanto que institución, más que por gobernantes militares individuales. Agrega Collier que “los militares parecían adoptar una aproximación burocrática y tecnocrática a la política” (13). Según el autor, este modo de aproximarse a la política llevó a los estudiosos a unir el adjetivo burocrático al término “autoritario”, denominando así “burocrático autoritarios” a dichos sistemas. Esta etiqueta se ha convertido en un importante añadido a las tipologías de los regímenes políticos nacionales (Collier, 1985:10). Continúa Collier, señalando que los acontecimientos que se produjeron en esta parte del continente en la década de los 70 acrecentaron la importancia de entender el autoritarismo burocrático. Este tipo de gobierno militar persistió en Brasil y reapareció en Argentina en 1976. En el año 1973, en otras dos naciones de América Latina económicamente avanzadas, Chile y Uruguay, también caían regímenes bien fundamentados institucionalmente, siendo reemplazados por sistemas burocráticos autoritarios. En sus propias palabras: “en Argentina, Chile y Uruguay, tanto el nivel de violencia empleado en la supresión de los partidos políticos, sindicatos y protestas laborales como la reducción de los ingresos reales del sector popular llegaron más lejos de lo experimentado en Brasil y Argentina en sus períodos iniciales de autoritarismo burocrático de la década de los 60” (Collier, 1985:11). Se subraya de lo planteado por el autor, que los dos países en estudio de la presente tesis se destacan por la violencia empleada por parte del autoritarismo burocrático.
De esta forma, hemos planteado algunas ideas que nos permiten ir construyendo una perspectiva teórica aplicable al tema central de este artículo. Por un lado, nos interesa centrarnos en el mundo del trabajo haciendo hincapié en el sindicalismo como una instancia real de participación de los trabajadores donde no solo están en juego sus condiciones laborales sino también el rol político que este actor social – a través de esta vía – puede desplegar para influir decididamente en su futuro y en el de los que le rodean. Estas formas de participación se pueden dar de manera más profunda o sólo quedar en la superficie dependiendo – en gran medida - del sistema o tipo de gobierno que esté instalado en los niveles micro y macro del cual el trabajador o la trabajadora formen parte. Nos referimos a la organización y/o empresa y al país. En una democracia – por muy incompleta que ésta sea - encontraremos una serie de condiciones que posibilitan el mantenimiento y el desarrollo de la participación laboral. En la otra cara de la moneda, estamos frente a regímenes autoritarios, que configuran estructuralmente una serie de normativas, prácticas y condiciones que limitan o restringen estas mismas formas y/o instancias de participación en el mundo del trabajo.
En el fondo y tal como fuera abordado en otro artículo del autor de este trabajo (14), poner énfasis en el rol sociopolítico que puede asumir el movimiento sindical en estos tiempos. Recordemos que el sindicalismo sociopolítico – en la perspectiva de Julio Godio - aspira a fundar una estrategia sindical renovada para democratizar a la globalización y dar una dirección progresista a lo que se conoce como autorrevolución del capital. Según Godio, también se trata de un sindicalismo democrático e internacional, que se apoya en sus tradiciones, pero que se plantea ahora representar a diversas categorías de trabajadores, con epicentro en los trabajadores de las empresas transformadas, pero también instalado en el mundo del trabajo precario e inestable, y entre los trabajadores que desarrollan sus actividades en el enorme y variado sector informal de la economía. Señalar también, que este nuevo rol para los sindicatos, se dan en sociedades mercado céntricas con un claro acento de la ideología neoliberal que impacta en las distintas capas o dimensiones del quehacer de la sociedad.
V. Conclusiones
Retomando la interrogante formulada al inicio del mismo, ¿por qué los gobiernos democráticos post dictaduras no generaron de manera significativa y sustentable, un fortalecimiento en el movimiento sindical en Chile y Uruguay en las últimas dos décadas?. Podríamos decir que aunque la respuesta es bastante más amplia y tiene que ver también con lo que se ha desarrollado en otros trabajos del autor, podemos señalar en términos generales – considerando los planteamientos de los autores antes expuestos y el proceso reflexivo asociado - que el sindicalismo no se fortaleció en los gobiernos post dictaduras por las siguientes razones:
1) El impacto de la globalización neoliberal y sus prácticas. Muchas de las cuales llegaron para quedarse y si bien fueron instaladas y promovidas por las dictaduras para reordenar al sistema capitalista asegurando que las reglas del mercado pasaran a ser las que rigieran el desarrollo económico y social, éstas no fueron eliminadas de las estrategias de desarrollo de los respectivos países por parte de los gobiernos post dictaduras. Aunque con diferencias importantes, en Chile y en Uruguay se amplió y profundizó el modelo de libre mercado.
2) La aplicación de reformas económicas en el marco del llamado Consenso de Washington. Especialmente sus consecuencias negativas relacionadas con los desalentadores indicadores en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y condiciones sociales. Se destaca la alta desigualdad en América Latina – más que cualquier otra región mundo - especialmente en cuanto a la distribución del ingreso y de los activos.
3) En una sociedad neoliberal se fomenta el individualismo y el egoísmo en sus ciudadanos. En este contexto se hace muy difícil propiciar prácticas solidarias y cooperativas que involucren a un colectivo en pos de objetivos y metas comunes. Esto también atenta al corazón de cómo y para qué se concibe al movimiento sindical en estos tiempos. En buenas cuentas, atenta a los propósitos y finalidades históricas del sindicalismo.
4) Las nuevas democracias fueron incompletas. Lo que significa que sólo algunas de sus características pudieron ser apreciadas en la realidad. Para el caso chileno, se reconoce el término de “democracia protegida” o del tipo o carácter “híbrido”, porque durante los primeros gobiernos post dictaduras habían muchos “amarres” heredados de la dictadura. Adicionalmente y en la perspectiva de José Nun, lo que ha ocurrido en esta parte del continente es que se han tratado de consolidar democracias representativas en contextos marcados por la pobreza, la desigualdad y la polarización y donde los regímenes sociales de acumulación vigentes han fomentado la marginalidad y la exclusión. Estas premisas o condiciones imperantes han hecho más difícil alcanzar los objetivos para el movimiento sindical.
5) Muy ligado con lo anterior, la falta o déficit de democracia general en la sociedad, evidentemente permean a otras capas, niveles y actores. El Sindicalismo es uno de ellos. Según lo plantea María Ester Feres uno de sus principales desafíos es el de “democratización interna”. La autora también postula, que las estrategias para remontar las crisis orgánicas y de legitimidad considera trabajar en dos grandes ejes: el primero en el eje orgánico relacionado con la democratización del sindicalismo, en sus diversas dimensiones. El segundo eje es el de elaboración de estrategias y plataformas sindicales política y técnicamente sólidas.
Finalmente, estas respuestas, nos ayudan a establecer de una manera actual y renovada la relación existente entre sindicalismo y la democracia en los países en estudio. De la “tradicional relación” establecida entre el Sindicalismo y la Democracia, podemos señalar hoy que:
A) El fortalecimiento mutuo que se produce entre el movimiento sindical y el tipo de gobierno democrático sólo es factible si las “democracias” de las cuales hablamos o tomamos como ejemplo, tienen la densidad y profundidad necesarias. Democracias incompletas, protegidas, híbridas o más genéricamente; “defectuosas”, no garantizan el fortalecimiento sustentable del sindicalismo. Y
B) Por otra parte - como un factor que atenta de manera concomitante a otros factores al sindicalismo-, las democracias limitadas con las cuales hemos vivido durante el periodo en estudio (especialmente en Chile) y considerando el inevitable contexto de globalización y transformación del escenario económico y productivo, generan más problemas y/o dificultades para el robustecimiento del movimiento sindical.
Santiago, Enero 06 de 2015.-
NOTAS:
(1) Artículo basado íntegramente en la Investigación “EL SINDICALISMO EN LAS DEMOCRACIAS POST DICTADURAS” - Estudio comparativo del movimiento sindical en el período de consolidación democrática de Chile (1990-2000) y Uruguay (1985 – 2000), realizada durante el año 2013 por el autor de este trabajo como Tesis para optar al grado académico de Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, mención Sociología, en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS.
(2) Un especial agradecimiento a la Srta. María Raquel González Candia, por su valiosa colaboración en la traducción al inglés del título y resumen del presente artículo.
(3) Julio Godio explicita que lo de “alternativa abierta” está dicho en el sentido de propuesta a partidos, movimientos sociales, en fin.
(4) Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición en www.rae.es visitada el día 02 de octubre de 2010.
(5) Óscar Godoy plantea al finalizar su trabajo que en una democracia consolidada, tales actividades habrían sido manifiestamente subversivas. Pero, en el contexto de la transición pactada, eran actos significativos de malestar por el no cumplimiento de acuerdos tácitos incluidos en el pacto de transición: afectaban la intangibilidad de la ley de amnistía y la inviolabilidad política de la persona del general Pinochet (Godoy, 1999:105).
(6) Para Tomás Moulián, en su versión original, propuesta por Pinochet en julio de 1977, el modelo institucional de la democracia protegida incorporaba las incrustaciones corporativistas o estamentales que buscaban aclimatar en Chile los nostálgicos de un franquismo recién extinto. Pero los referentes intelectuales de la propuesta no eran Primo de Rivera, ni siquiera Vásquez Mella, sino Hayek. Las tesis de este último eran la concreción institucional de un modelo de dominación tecnocrática, cuyo objetivo era asegurar que un uso atenuado y regulado de los mecanismos electorales fuera compatible con decisiones de óptimo racionalismo. El peso concreto e histórico de los intereses se combinaría así con la influencia abstracta de las aspiraciones e ideas generales a través de instituciones mixtas o híbridas.
(7) Francisco Zapata se basa también en los planteamientos de Weffort (1993) y Roberts (1998).
(8) Para Hans-Jürgen Puhle, por ejemplo, llegan al gobierno los que fueron votados por los ciudadanos, y que no se falsifiquen los resultados electorales en forma significativa y sustancial. En contraste, son otros criterios y otros regímenes parciales de la democracia que están violados o disminuidos de manera que se constituyen ‘defectos’ concretos en áreas distintas, rompiendo la lógica funcional del sistema de la democracia liberal y la complementariedad y el balance entre los factores y regímenes del enraizamiento (‘embeddedness’) designados para asegurar y proteger libertad, equidad y control.
(9) Para María Jesús Romero las reglas de juego generadas en los plebiscitos de 1980 marcaron en uno y otro país, los tiempos del proceso, e influyeron directamente sobre las preferencias y estrategias de los actores de oposición. La transición chilena, enmarcada en una constitución creada para institucionalizar al régimen, estuvo controlada por el gobierno autoritario, pese a los esfuerzos de la oposición por acelerar su retirada. El proceso de transición uruguayo se desarrolló en un marco de reglas “negociadas”, en el que la oposición democrática resultó fortalecida. Las reglas que imponía la constitución en Chile obligaron al arco de partidos políticos opositores a reestructurarse con el objetivo de frente al régimen de manera eficiente (Romero, 2009:134).
(10) El 30 de noviembre de 1980 el pueblo uruguayo acudió masivamente a las urnas -votó un 85% de los habilitados- para pronunciarse a favor o en contra de una reforma de la Constitución elaborada por las autoridades de la dictadura. El 57,9% de los uruguayos votó por NO rechazando la reforma constitucional y expresando, a la vez, su desacuerdo con el régimen cívico-militar que se había instalado el 27 de junio de 1973, mediante un golpe de Estado.
(11) José Rilla, precisa el porcentaje en un 41.8% a favor del proyecto militar.
(12) Se hace referencia al golpe militar de Brasil en 1964 y el de dos años más tarde en Argentina.
(13) Según Collier en “oposición a la aproximación más política, según la cual el modo de actuar viene conformado por las demandas económicas y políticas de los diferentes sectores de la sociedad expresados en diferentes canales, como elecciones, legislaturas, partidos políticos y sindicatos” (Collier, 1985:10).
(14) Ver artículo de GONZÁLEZ, Julio. 2014. Sindicalismo Chileno. Una mirada desde sus orígenes, rol y funciones. En Revista de Ciencia Política N° 22, Agosto. Edición Aniversario. En: http://www.revcienciapolitica.com.ar/num22art8.php visita el 28 de diciembre de 2014.
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