Resumen

El trabajo a desarrollar buscará estudiar el papel que ha jugado el justicialismo como oposición democrática. Antes del retorno de la democracia el Partido Peronista siempre detentó el poder o, en los periodos en los que no gobernó, se encontró proscripto y luchando por su supervivencia contra gobiernos autoritarios o democracias tuteladas militarmente.

 

Abstract

The following paper looks to study the role that the Justicialista Party played as an opposition force under a democratic regime. Previous to the return of the democratic

Elections the Peronist Party had always been in power or prosecuted by the military governments and fighting for their survival.

 

 

 

 

 

 

El Justicialismo en la oposición.

Relación con el radicalismo en el poder durante las presidencias de Raúl Alfonsín (1983 – 1989) y Fernando De la Rúa (1999 – 2001).

Bruno Ivan Correia^[1]

 

 

Introducción

El siguiente trabajo tiene como finalidad analizar la actuación que tuvo el Partido Justicialista durante los dos periodos en el que fue derrotado en las elecciones presidenciales y vio su papel reducido a ser la oposición de otra fuerza política que ocupó el principal cargo de la nación.
Estos periodos se dieron en 1983, con la victoria del Dr. Raúl Alfonsín al frente de la Unión Cívica Radical y por segunda vez en 1999, cuando el Dr. De la Rúa consiguió la primera magistratura encabezando la Alianza.

La peculiaridad de los dos periodos históricos seleccionados se encuentra en que ambos fueron los únicos casos donde el justicialismo fue derrotado en una elección libre y transparente desde su creación en la década del 40. En todos los casos anteriores donde el partido se vio desplazado del poder esto ocurrió a través de fraudes electorales o por la prohibición que pesaba sobre el partido, lo cual, echaba sobre los candidatos electos la sombra de la ilegitimidad.

No fue este el caso que comenzó en 1983 y de allí la importancia de ver que actitud tomó el partido al encontrarse en una posición a la que no estaba acostumbrado a ocupar.

Los periodos seleccionados, salvando las distancias, tienen una serie de puntos en común que permitirían el desarrollo de un análisis comparativo entre ambos.

Ambos momentos históricos vieron la llegada de un líder radical que prometía un quiebre con el pasado y donde se depositaron las esperanzas del pueblo para que llevara adelante ese cambio.

Ambos periodos vieron al país sumido en profundas crisis económicas que, en el marco mundial, daban pocas opciones para superarlas y limitaban radicalmente las opciones que el gobierno tenía para hacerles frente.

Finalmente ambos gobiernos se vieron jaqueados por la situación del país y su incapacidad para superar dicha crisis los empujaron a abandonar el poder antes de lo previsto. En el caso de Alfonsín la transición se dio de forma ordenada, en lo que fue un gesto del mandatario quien comprendió que su administración no iba a poder salvar el problema y quedarse solo retrasaría la llegada de una posible solución.

En el caso de De la Rúa la salida fue extremadamente trágica y terminó en su renuncia ante la serie de revueltas populares que comenzaron con el colapso de la economía nacional.

Estos periodos de incertidumbre institucional y económica solo podían ser superados mediante la toma de difíciles decisiones y es, en este marco, que entra en juego el rol del Partido Justicialista como fuerza que, aun sin detentar el poder presidencial, tenía en sus manos la capacidad de facilitar o de frenar cualquier plan que tuviera como objetivo el superar la crisis del momento.

Es el objetivo de este trabajo el determinar qué rol jugó el peronismo durante estos periodos y ver hasta qué punto su accionar político ayudo a que se desarrollaran las crisis que obligaron a los presidentes en ejercicio a abandonar sus cargos prematuramente. En ambos periodos su salida fue aprovechada por el peronismo para presentarse a sí mismos como los “salvadores” del país, aprovechando la situación para mostrar que solo el Partido Justicialista tenía la capacidad y la cohesión necesarias para poder solucionar la crisis.

De acuerdo estos hechos se podrían esbozar  el siguiente sistema de problemas:

¿Qué grado de responsabilidad le cabe al peronismo por los fracasos radicales y las profundas situaciones de crisis que vivió el país al finalizar ambos periodos? ¿De qué forma los juegos de poder internos del justicialismo han afectado a los gobiernos radicales? ¿Qué papel jugó esta fuerza política a la hora de sumar o restar apoyos a los gobiernos en crisis y cómo aprovechó dichas situaciones de crisis para posicionarse para encaramarse nuevamente al poder?

A partir de los problemas planteados se construye la siguiente hipótesis:

“El Partido Justicialista como oposición tuvo un discurso de lealtad con el sistema democrático, pero que en la realidad, su accionar demostraría que tuvo una postura de semi lealtad con los regímenes, tanto de Alfonsín, como con De la Rúa, al actuar activamente en la parálisis institucional que supuso su control parcial o total del Congreso Nacional”.

 

Marco Teórico

Como base de este trabajo utilizaremos la tipología de la oposición desarrollada por Juan Linz en su libro “La quiebra de las democracias”.

En su libro Linz afirma que existen tres tipos de oposiciones (Linz, 1991; 57), la oposición leal, la semi leal y la desleal. La primera es la oposición que  acepta las reglas del régimen establecido, manteniendo un discurso conciliador y asumiendo una postura de negociación con el partido que ocupe el poder en ese momento. Su intención es la de llegar al poder pero no pretende crear un cambio de las reglas de juego ni modificar el régimen imperante.

En el otro polo se encuentra la oposición desleal, donde se alinean los partidos que buscan imponer un cambio de régimen y para ellos actúan específicamente buscando el detrimento de las instituciones. Aquí podemos encontrar los partidos anti sistema y grupos minoritarios que están casi por fuera del juego político y solo adquieren importancia cuando comienza a gestarse un colapso del régimen.

Queda en el medio de estos extremos la oposición semi leal, la cual tiene un papel decisivo en los procesos de pérdida de poder (Linz, 1991; 58) ya que es la ambivalencia de estos partidos lo que genera una atmosfera de suspicacia que divide las aguas entre quienes buscan confiar en ellos, y ven allí ciertas características leales (que tienen), frente a aquellos que desconfían y destacan sus características desleales (las cuales también tienen).

Estas oposiciones semi leales se presentan con un discurso conciliador y respetuoso del régimen pero esto no evita que deje las puertas abiertas a todo tipo de negociaciones secretas, incluso con partidos anti sistema, si esto significa mejorar la posición del partido de cara a futuras elecciones.

El gran peligro de este tipo de estrategias de negociación incurre en los riesgos que presenta el acercamiento a los grupos desleales, en muchos casos con la esperanza de poder controlar su accionar en el futuro, restándole importancia a su discurso anti régimen. Quedó muy claro, en el caso de la Republica de Weimar, que aquellos que negociaron con el Partido Nazi tenían la certeza de su capacidad para controlar a Hitler, lo cual facilitó su acceso al poder y su posterior política de desmantelamiento de la democracia.

En los casos extremos, los partidos semi leales, a veces sin intención, son los que abren la caja de pandora durante una crisis de régimen y ayudan a que se den las condiciones necesarias para el colapso generalizado y el encaramamiento al poder de un partido totalitario.

Antecedentes históricos

El 16 de Septiembre de 1955, con el triunfo de la Revolución Libertadora, comenzó un largo periodo en el que el país se vio sumido en una tensión entre los grupos civiles y militares. El golpe había sido gestado para echar del poder al General Perón y poner fin a ocho años de gobierno peronista.

Con él nace un nuevo tipo de régimen en el país de gobiernos civiles tutelados por las fuerzas militares con el fin de evitar cualquier posibilidad del regreso de Perón, quien, exiliado en España, aun manejaba los hilos del partido peronista. Este, más allá de la proscripción, aun sobrevivía en la clandestinidad por su fuerte base social obrera que habían visto su vida mejorada con el paso del Peronismo y no estaban dispuestos a perder los logros conseguidos.

El país quedaba dividido en dos extremos, de un lado los militares, quienes buscaban desterrar el modelo peronista, por el otro los grupos afines al peronismo, los sindicatos y las bases obreras, quienes aspiraban al regreso del General Perón y el fin de la tutela militar. En el medio quedaban los radicales. Sus fuerzas se encontraban en la difícil tarea de conseguir los apoyos necesarios para poder gobernar en un régimen donde la mitad de la población tenía a su partido proscrito, los militares tenían la última palabra sobre la continuidad del gobierno electo y el General Perón podía fácilmente desbaratar cualquier posible negociación con el peronismo sin Perón.

En el marco de este tipo de régimen, donde los militares tutelaban al gobierno civil y bloqueaban cualquier posibilidad de un regreso peronista al poder, se configura la actuación del Partido Peronista como oposición semi leal y desleal, según se dieran las circunstancias.
La imposibilidad de presentarse a elecciones llevó al partido a tener que aplicar diferentes tipos de tácticas, desde el voto en blanco masivo (que dejaba en claro la falta de representatividad que tenía el régimen instaurado) hasta la negociación con las fuerzas radicales, las que se encontraban divididas. Fue justamente este cisma en el radicalismo (entre la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín) lo que permitió al peronismo su primer intento de revertir su situación.

La fuerza de Frondizi, en desventaja frente a la UCRP, buscó negociar con el peronismo para ganar su apoyo durante las elecciones de 1958. Frondizi prometió a Perón, en caso de ganar, que restauraría la CGT y que eventualmente levantaría la prohibición que pesaba sobre el Partido Peronista (Sabsay, 1999).

Comenzó así un largo periodo donde el partido peronista asumió una oposición desleal al régimen de tutela militar que se había instaurado en la Argentina (Kvaternik, 1990; 126), mientras que la UCRI tuvo una actitud de semi lealtad al negociar con el peronismo para alcanzar el poder, una deslealtad contra el régimen en el que se encontraba.

Es importante destacar que el carácter de deslealtad no significa que el peronismo fuera un partido anti democrático, más bien, todo lo contrario, su deslealtad era con el régimen de democracia parcial que se había instalado en el país.

Fue esta proscripción lo que desató el accionar del peronismo, lo cual minó el régimen y sembró las semillas de la inestabilidad que se extenderían a lo largo de la historia reciente de nuestro país y desatarían una seguidilla de golpes militares que, como quedó claro con la caída de Frondizi, no permitirían un regreso de Perón como gobernante del país.

Este periodo de inestabilidad se extendió incluso más allá de Perón. Aun cuando este logró volver a ser presidente el país se encontraba sumido en profundas divisiones internas, donde la derecha y la izquierda luchaban violentamente con acciones guerrilleras y terroristas.

Tras la muerte de Perón y con el empeoramiento de la situación interna los militares vieron la oportunidad y dieron el golpe de 1976, que terminó definitivamente con la situación de “péndulo cívico militar”, los militares habían tomado el control efectivo y dejaron de actuar como un árbitro, prohibiendo todos los partidos políticos.

Este nuevo golpe duró hasta 1983, momento en el cual los militares, en una profunda crisis económica, golpeados por múltiples denuncias, dentro y fuera del país, por violaciones de los derechos humanos y tras la derrota de la Guerra de Malvinas, se vieron fuertemente desacreditados y tuvieron que abandonar el poder.

Comenzó así un nuevo periodo en la historia argentina que daba por concluida la intervención de las Fuerzas Armadas en la política. Por primera vez desde 1928^[2] se dieron elecciones limpias y libres de interferencias militares.

Pocos dudaban que, en estas nuevas elecciones, el Peronismo se impusiera ampliamente y conseguiría ganar las elecciones con un holgado margen.

La sorpresiva victoria de Alfonsín fue un golpe inesperado que relegó al peronismo a un papel que nunca antes había tenido dentro de una democracia plena, eran oposición y ya no podían agitar las banderas de la prohibición, habían sido derrotados en una competencia justa. Nacía una nueva época para el país y para el peronismo.

 

Raúl Alfonsín
En 1982 comenzó el principio del fin de la dictadura militar que había estado en poder en la Argentina desde 1976. Seis años de violentas persecuciones políticas, las incipientes denuncias de sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la catastrófica derrota en la Guerra de Malvinas había debilitado al régimen y terminado con las aspiraciones militares de instalar un régimen sin fecha de expiración.

El fin había llegado y ya no se trató de si los militares dejarían el poder, sino de cuando lo harían y quien ocuparía el gobierno en las inminentes elecciones presidenciales.

Para 1983, cuando comenzaron las campañas, quedó claro que las dos fuerzas dominantes eran, por un lado, la Unión Cívica Radical de Alfonsín, que venía de un profundo cambio interno a través del Movimiento Renovación y Cambio; por el otro lado se encontraba el Peronismo histórico dirigido por Ítalo Luder, quien era considerado por todo el mundo como el candidato que ganaría. El regreso del peronismo al poder no era cuestionado casi por nadie.

Pero sorpresivamente se dio una victoria radical.

Esto puede explicarse por una suma de factores, como el liderazgo carismático de Alfonsín, su inteligente utilización de la propaganda durante la elección y la denuncia de un pacto Militar-Sindical que garantizaba una amnistía a los crímenes de los militares (Clarín, 2002). Todo esto significó que el pueblo buscó un cambio y una nueva opción a la hora de elegir.

Sin embargo esta derrota, aunque en un primer descolocó al peronismo que no estaba preparada para enfrentarla, no fue un golpe mortal para el partido. Aunque el radicalismo había obtenido la victoria en la cámara de diputados el partido justicialista había obtenido una no poco importante victoria al asegurarse 21 senadores de un total 46. Quedaba claro que el combate por la recuperación del poder se daría desde Senado.

Asumido Alfonsín este se encontró con dos problemas principales. Por un lado la enorme tarea de consolidar el naciente regreso a la democracia, el subordinar a un poderoso ejército que buscaba conseguir una amnistía para escapar de los crímenes cometidos durante la dictadura, y el desarrollar un modelo democrático que pudiera evitar que las crisis previas que habían desembocado en rupturas volvieran a repetirse (Bosoer y Vázquez, 2012; 42). Por otro lado, el segundo frente fue el económico y social, que se enmarcaba dentro de una década de poco crecimiento para toda la región y con un país sumido en las deudas externa e interna. Fue este frente el que terminaría siendo el verdugo de su gobierno ya que, teniendo la mayoría de sus energías puestas en la consolidación cívica del país, el factor económico quedó desatendido y terminó desencadenando la hiperinflación (Bosoer y Vázquez, 2012; 48).

La primera prueba que se le presentó el gobierno de Alfonsín fue la “Ley Mucci”, la cual apuntaba justamente a terminar con la hegemonía peronista dentro de los sindicatos y a instalar un modelo más democrático y transparente dentro de los mismos.

Esta ley proponía:

-          Abrir la participación de las minorías que obtuvieran el 25% dentro del sindicato

-          La instauración de un periodo de tres años con una sola posibilidad de re elección

-          El proceso electoral sería monitoreado por la Cámara Electoral y no por el Ministerio de Trabajo

Este avance sobre un lugar del poder históricamente ocupado por el peronismo, que ni siquiera los militares pudieron depurar por completo, significó un reto que unificó al partido peronista frente a la amenaza externa.

El proyecto del Ley fue presentado en el Congreso y aunque fue aprobado con facilidad en la cámara de Diputados fue derrotado en Senadores.

Fue la derrota lo que hizo que Alfonsín abandonara el modelo confrontativo que había creído necesario y transformó a los sindicalistas en interlocutores válidos (Basso, 2011) (La Voz, 2014).

Más allá de esta victoria sobre el radicalismo la división interna del peronismo no había sido solucionada, por un lado los se encontraban los sectores sindicales, arraigados en una idea verticalista del poder, y del otro los grupos renovadores que entendían que el modelo democrático que se había instalado después de 1983 debían incorporarse al partido, que había perdido dos pilares fundamentales, el Líder y la idea de que representaban a la mayoría del pueblo.

Del lado sindicalista la CGT se mostró inflexible con el gobierno radical y comenzó a oponerse a todo proyecto que este presentara. El 3 de Septiembre de 1984 la central gremial lanzó su primer paro general contra el gobierno, el cual mostró que la oposición al mismo era posible y aunque el acatamiento solo alcanzó al 50% fue importante para mostrar que la CGT no estaba vencida.

Poco tiempo después, ese mismo mes, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la Cámara de Comercio (CAC), la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME), la Cámara Argentina de la Construcción, y otras entidades empresarias presentaron, junto con la CGT, un documento en el cual criticaban la política económica que llevaba el gobierno (Basso, 2011).

Las alas nacionalistas y de izquierda del peronismo también criticaron duramente los proyectos del gobierno para firmar un acuerdo con Chile para terminar de una vez por todas con el conflicto del canal de Beagle, donde se aceptó la mediación Papal. Sin embargo ciertos grupos internos del partido si apoyaron la medida, con lo que continuó gestándose una división interna dentro del partido (Escudé, 2000).

Fue esta constante oposición a las políticas progresistas del radicalismo lo que alienó al peronismo de las clases medias, sector que se estaba volviendo cada vez más importante para definir las elecciones (Basso, 2011).

Quedó claro para ciertos líderes que era necesario una renovación dentro del peronismo para que este pudiera sobrevivir.

Con la muerte del general Perón desapareció el elemento aglutinador de un partido que tenía vertientes de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha.

Para ese momento el peronismo se había visto muy golpeado por los años de plomo y de todas las agrupaciones que lo habían conformado solo dos aún tenían poder dentro de su estructura, por un lado los caudillos provinciales y por el otro los grupos sindicales, quienes eran los únicos que poseían las capacidades político económicas para controlar el partido habiendo conseguido, en los últimos tiempos de la dictadura, la normalización gremial y el control de las obras sociales, una importante fuente de ingresos (Basso, 2011).

En este contexto era necesario un planteo nuevo que permitiera sobrevivir al partido y pudiera evitar que el mismo se desarmara en unidades políticas menores. La derrota fue el puntapié inicial para el nacimiento de la Renovación Peronista, de la mano de Antonio Cafiero (Cafiero, 1984).

Este movimiento reformista apuntaba a consolidad al peronismo dentro del nuevo marco democrático que vivía el país, democratizando al partido y terminar con las especulaciones políticas del mismo, con la intención de reconectarse con las bases que los habían abandonado en las elecciones presidenciales de 1983.

El movimiento renovador entendía que sin estas reformas internas era imposible hacerle frente al radicalismo sin correr el riesgo de que el partido se desmembrara o dejara de ser una potencia de peso dentro de la arena política del país.

Así el peronismo comenzaba su inserción en un modelo democrático con fuertes divisiones internas.

Estas tensiones internas derivaran en una serie de reuniones donde las ideas renovadoras chocarían de frente con los líderes conservadores. Estas pugnas se darán en una serie de congresos sucesivos, el del Teatro Odeón (Diciembre 1984), Río Hondo (Febrero 1985) y finalmente Santa Rosa (Julio 1985), donde quedaron conformados dos frentes de cara a las elecciones legislativas de 1985.

Por un lado se encontraba el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), conformados por los líderes ortodoxos, y el Frente Renovador Justicia, Democracia y Participación

(FREJUDEPA) presentado por los renovadores.

La UCR logró un gran triunfo en estas elecciones, ya que mantuvo su caudal electoral, pero esta victoria tuvo un sabor amargo al no lograr establecer una mayoría total en el Congreso.

El FREJULI salió como el gran ganador de la interna entre ortodoxia y renovadores, pero el triunfo radical mostró lo importante que era que el partido peronista lograra unificarse para enfrentar la amenaza que representaba. A su vez, las victorias del FREJUDEPA le abrieron las puertas, al ala política del partido, a dinero proveniente de los nuevos cargos públicos ocupados y le dio autonomía financiera frente al poder  que antes solo habían tenido los sindicalistas. Comenzó así el lento, pero constante, crecimiento de las fuerzas renovadoras (Basso, 2011).

Del lado radical se dieron varios triunfos y logros, como la aprobación de la ley de divorcio, la recomposición de la imagen internacional del país, así como la normalización de las relaciones con los Estados Unidos y un acercamiento con Europa Occidental.

Otro gran éxito del radicalismo fue la promoción del Juicio a las Juntas Militares, que gobernaron al país entre 1976 y 1983, para buscar a los responsables de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Además se buscaba juzgar a los líderes de los movimientos guerrilleros ERP y Montoneros.

Sin embargo el frente económico fue el que opacó todos estos logros y debilitó sustancialmente el poder de los radicales, abriendo la puerta por la que el partido peronista pudo armar su plataforma para acceder al poder.

Alfonsín fracasó a la hora de reducir el Estado, equilibrar el déficit fiscal y frenar la inflación crónica que azotaba al país. A todo esto se suma un ámbito internacional poco amistoso a la hora de ayudar al país a superar su difícil situación económica y la enorme deuda externa que habían dejado los militares.

Aunque el Plan Austral (1985) fue un primer paso en la dirección correcta, la falta de más reformas minó su éxito y fue necesaria, tres años más tarde, implementar el Plan Primavera que, aun con un inicio auspicioso, más tarde naufragó. Poco tiempo después comenzaría la hiperinflación (Biblioteca UCR).

En este ámbito el peronismo siempre mantuvo su oposición al gobierno. Por su parte la CGT lanzó 13 huelgas generalas entre 1984 y 1988, que a lo largo del tiempo, y con el empeoramiento de la situación económica, fueron ganando adhesiones y fuerza.

Otra gran amenaza para el gobierno fueron las asonadas militares que sufrió el gobierno, llevados a cabo por grupos que buscaban frenar los juicios a las juntas o asegurarse que ellos mismos quedaran fuera de la lupa de la justicia.

El más importante de estos alzamientos ocurrió en la Semana Santa de 1987. En ella el ex teniente coronel Aldo Rico se sublevó y los generales que no se plegaron anunciaron que no dispararían contra otros militares. Dejaron al gobierno sin un apoyo fundamental.

Sin embargo, en este caso, el apoyo popular y político se extendió por todo el espectro. Toda la oposición y los sindicatos se alinearon detrás del gobierno. Antonio Cafiero fue una de los más cercanos en su apoyo a Alfonsín (Clarín, 2011).

Pero más allá de todos estos apoyos el gobierno negoció con los militares sublevados y llegó a un acuerdo que limitó las investigaciones. Alfonsín no supo capitalizar el apoyo que había conseguido y creyendo su posición más débil de lo que era claudicó a la extorsión de los grupos militares.

Este incidente marcó el acercamiento entre Cafiero y Alfonsín, cuya relación se fue estrechando a medida que se deterioraba el poder del gobierno y crecía la incertidumbre. Una de las ambiciones de Alfonsín era la de cambiar el modelo de presidencialismo fuerte que, según se creía, era la causante de las situaciones de jaques institucionales que habían minado las experiencias democráticas anteriores (Bosoer y Vázquez, 2012; 35).

Su proyecto político de modificaciones estructurales, que permitieran salvaguardar a la democracia, requería una reforma constitucional que atenuara el sistema presidencialista, incluyera la figura del Primer Ministro, acortara los periodos de los senadores e introdujera la elección directa del presidente, entre otras cosas (Bosoer y Vázquez, 2012; 56).

La victoria peronista en las elecciones legislativas y de gobernadores los había dejado con el control de la Cámara de Diputados y fue claro para Alfonsín que era necesario negociar con la oposición para llevar adelante su proyecto.

El 15 de Enero Alfonsín y Cafiero acordarían que la reforma de la constitución se haría en 1989 (El País, 1988). Ambos políticos compartían ciertos puntos en la idea de la construcción de futuro país.

Sin embargo, para desgracia de Alfonsín, Cafiero no conservaría el poder dentro del peronismo por mucho más tiempo, había apostado por el caballo equivocado.

Hacia 1986 comenzaba a definirse una división interna dentro de la Renovación, que para ese entonces era la fuerza que comenzaba a dominar el peronismo. Por un lado se encontraba Cafiero, quien mantenía una posición de crítica al gobierno y al ala ortodoxa del partido. Del otro lado se encontraba Carlos Menem, quien en su discurso en la Plaza Once, el 23 de Mayo de 1986, viró buscando un acercamiento con la ortodoxia, postulando como meta principal  la de unificar el partido, diferenciándose de sus compañeros renovadores.

También, durante ese mes, hizo públicos sus intenciones de presentarse como candidato presidencial y comenzó a conformar una agrupación propia (Basso, 2011).

Este cambio interno del peronismo comenzó a gestarse en el principio del declive radical. Con una economía que comenzaba a empeorar y un giro en las políticas militares que buscaban reducir la presión en estos sectores para evitar nuevas asonadas, el radicalismo comenzó a perder el apoyo del pueblo y su imagen positiva comenzó a deteriorarse.

Las “leyes de perdón” y la Ley de Obediencia Debida fueron vistas como derrotas del gobierno en su flanco más fuerte, que era el enjuiciamiento de aquellos que habían actuado durante el golpe militar.

El peronismo triunfó ampliamente en las elecciones de gobernadores y congresales, y la victoria de Cafiero en la gobernación de la provincia lo colocaba como el peronista más importante. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos dentro del partido, esta victoria solo recrudeció la interna con un Menem que no estaba dispuesto a perder su posición de candidato presidencial.

No se logró gestar un acuerdo en el que Menem y Cafiero pudieran participar en una formula conjunta para las presidenciales ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder el primer lugar. Se dejaba atrás la última posibilidad de evitar una interna.

Se conformaron dos fórmulas, por un lado la de Menem-Duhalde, este último había abandonado las líneas cafieristas cuando fue dejado de lado en la repartición de los puestos durante las elecciones del 87; y por el otro Cafiero-De la Sota.

La elección de De la Sota como vice causo algunos roces con las fuerzas más ortodoxas, lo cual restó apoyos internos en el partido. En una elección presidencial abierta la dupla podría tener buenas posibilidades de atraer al voto independiente, pero en una elección interna le restaba importantes apoyos y disminuía su capacidad de triunfo (Basso, 2011).

Menem supo aprovechar esta debilidad del cafierismo y comenzó a aglutinar más fuerza bajo su ala. Fustigó a Cafiero asimilándolo al oficialismo y denunciándolo como el principal impulsor de la colaboración. Cafiero se convertía así en aliado de Alfonsín, en un momento en el que la imagen del gobierno era la peor y en la que sus políticas económicas comenzaban a ser cada vez menos simpáticas.

Tras estas maniobras y con la perdida de apoyos que sufrió Cafiero, la formula Menem-Duhalde se impuso por el 52% y con ello triunfó un discurso que dejaba a Alfonsín sin su interlocutor más cercano en un momento de extrema debilidad. Además, la derrota de Cafiero significó el fin de la renovación y una migración masiva de sus integrantes al menemismo.

En este marco se dieron los últimos meses del gobierno radical, agobiado por la amenaza de golpes de estado, por la crítica situación económica del país, por los constantes ataques que le propinaban los sectores sindicales y la falta de apoyo que existía no solo desde la oposición, sino desde el interior de su propio partido. Alfonsín vio que la acción más adecuada era la de adelantar las elecciones de diciembre a mayo.

Estas elecciones se dieron en un marco de hiperinflación, saqueos y desordenes civiles. Con la victoria de Menem sobre el radical Angeloz quedó claro que la sucesión radical quedaba descartada, el peronismo había vuelto al poder y tras años de fuertes luchas tanto contra el gobierno como intestinas, había logrado recuperar su poder y la primera magistratura.

 

Fernando De la Rúa

El 24 de Octubre de 1999 el partido peronista nuevamente tuvo que confrontar la derrota en las elecciones presidenciales. Carlos Menem, quien fue el verdugo del movimiento reformista y quien había buscado fortalecer al partido se encontró incapaz de construir un movimiento peronista unificado. Las pujas internas entre él, incapaz de presentarse a un tercer mandato como candidato a presidente, y su rival Eduardo Duhalde dividieron al partido y lo dejaron vulnerable a los embates de la fuerza liderada por Fernando De la Rúa, quien atacaba la excesiva corrupción en todos los niveles del gobierno y el creciente malestar económico. Se presentaba como una opción moderada y honesta.

Nada podría hacer pensar que a menos de dos años de asumido su mandato el presidente De la Rúa se viera obligado a abandonar el poder, dejando al país sumido en el caos económico y social. Nuevamente la maldición radical parecía perseguir al primer mandatario quien, aun venciendo al peronismo en las urnas, no logró gobernar el país y terminó abandonando el cargo antes de tiempo.

Es difícil comprender el desarrollo de la presidencia de De la Rúa sin entender la situación en la que se encontraba el país cuando este logró su victoria. Esta situación fue la que facilitó dicha victoria pero se mostró imposible de domar una vez que los radicales y sus aliados lograron hacerse con el poder.

Carlos Menem se encontró, al asumir su presidencia, con un país en llamas. La economía se encontraba hundida en la hiperinflación, con un aparato estatal paralizado y la cadena productiva sumida en el caos; todo esto sumado a una deuda externa masiva.

Tras varios experimentos fallidos el gobierno de Menem encontró un antídoto en la aplicación de recetas neo liberales siguiendo el Consenso de Washington. Estas reformas planteaban cambios estructurales al Estado y la sociedad, la reducción del Estado, mediante la búsqueda del déficit cero, la privatización de empresas estatales y la aplicación de la convertibilidad, atando al peso argentino a una paridad artificial de uno a uno con el dólar estadounidense. El gobierno de Menem recibió de parte del pueblo y los demás partidos políticos una suerte de cheque en blanco con la esperanza de que se encontrara la solución para salir de la crisis de una buena vez por todas (Palermo, 1999; 202).

Aunque estas medidas redujeron notablemente el desequilibrio económico, y lograron frenar la hiperinflación, fueron incompletas y dejaron al país en una potencial situación de peligro.

La desaparición de la capacidad de devaluar la moneda generó que las variables de ajuste con las que contaba el Estado se vieran reducidas. Si bien el déficit fiscal pudo reducirse gracias al dinero que llegó con las privatizaciones, esta fuente de ingresos no duraría para siempre.
Además, para empeorar las cosas, la amplia capacidad de maniobra política con la que contaba el gobierno para implementar reformas solo duró muy poco tiempo y sirvió para sentar las bases de un cambio incompleto que no podría ser sustentable (Palermo, 1999; 198).

El grado de reforma económico logró perdurar en el tiempo solo gracias a un contexto internacional muy favorable que significó la inyección de grandes capitales externos dentro del mercado argentino.

Sin embargo, al comenzar a desaparecer la sombra del regreso a la hiperinflación dejó de existir la confianza ciega en el presidente y volvió una re politización de la sociedad, así como un relajamiento de la disciplina partidaria hacia el interior del peronismo (Palermo, 1999; 241).

Se había montado así una carrera contra el tiempo, donde la expansión del país lo llevó al límite de sus capacidades económicas, atada fuertemente al influjo de capitales exteriores. Este estado de cosas solo pudo ser sostenido hasta 1994, cuando la devaluación Mexicana (el efecto Tequila) generó que la atmosfera global positiva comenzara a retraerse. Este traspié fue cubierto por los aportes de organismos internacionales, pero su ayuda se consiguió con grandes costos.

El crecimiento que generó el gobierno no era crecimiento genuino. El costo de esta reforma se tradujo en una caída del salario real y un decrecimiento del empleo, lo que profundizó las diferencias sociales hacia el interior del país y generó un creciente malestar social que se fue profundizando a lo largo de los años y a medida que las promesas de mejoras sociales se incumplían.

Así convivían dos situaciones en el país, por un lado el malestar social frente a la desocupación y el crecimiento de los índices de pobreza y por el otro lado el temor de un regreso a la hiperinflación, para la cual la convertibilidad era vista por el pueblo como un seguro de que no sucedería.

En este marco Menem se presentaba como el padre del modelo y como un reaseguro de la continuidad de la convertibilidad (Clarín, 1997). Las elecciones de 1995 probaron que Menem tenía su posición asegurada mientras el pueblo lo siguiera viendo como un continuador del modelo.

Sin embargo el empeoramiento de la situación económica y las crecientes denuncias de corrupción que llegaban desde todos los niveles del gobierno generaron una situación de hastío en la sociedad. Sumado a esto se dio el conflicto interno del peronismo, donde Duhalde quedó enfrentado a Menem cuando este hizo públicas sus intenciones de presentarse como candidato a presidente en un tercer mandato consecutivo (Página 12, 1998).

La enemistad entre Duhalde y Menem se profundizó aún más cuando el último tuvo que abandonar su proyecto reeleccionista. Desde ese momento Menem comenzó a operar contra su compañero de partido (El País, 1999) en favor, irónicamente, del candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa. Era preferible que ganara un radical a que un rival como Duhalde llegara al sillón de Rivadavia.

Por su parte la Alianza comenzaba a perfilarse como una fuerza que podría desplazar a los peronistas del gobierno. Las claves de su programa electoral era el de continuar la convertibilidad (Clarín, 1999), lo cual era un elemento clave a la hora de mantener tranquila a la sociedad ante el temor de abandonar un elemento de seguridad; y un ataque contra el modelo de hacer política de la “fiesta menemista” (Incarnato y Vaccaro, 2012; 187).

 

 

Las elecciones se resolvieron en favor de la Alianza, que ganó las elecciones con un 48,5% del electorado. Se iniciaba así una nueva etapa con un gobierno que prometía un cambio social, una mejora de la situación de vida y una recuperación de puestos de trabajo; pero que prometía, a su vez, mantener vigente los mecanismos económicos que habían evitado el caos de la híper. El plan político de la Alianza era una quimera y no existía una idea clara de cómo lo conseguirían (Incarnato y Vaccaro, 2012; 181).

Aun cuando la Alianza llegó al poder con una amplia victoria, esta no fue suficiente para alcanzar la mayoría ni en la cámara de Diputados ni el control sobre la cámara de Senadores. Además el peronismo logró imponer su candidato en la provincia de Buenos Aires, cosa que Alfonsín no tuvo que sufrir hasta la segunda parte de su mandato.

Esta victoria relativa fue una mala noticia para la Alianza y fue un hecho que marcó fuertemente la posición que tuvo el peronismo en el desarrollo del gobierno.

Otro problema que sufrió la Alianza, y que no tuvo el radicalismo alfonisinista, fue la extrema debilidad de los cimientos sobre los que se apoyaba la coalición que había alcanzado el poder.

Incluso antes de las elecciones, cuando se confirmó la exclusión de Menem a la carrera presidencial, comenzaron las fricciones entre las dos fuerzas principales de la coalición, la UCR y el FREPASO (La Nación, 1998).

El gobierno de la Alianza llegó al poder dividido, con una oposición que ocupaba una posición de fortaleza y sin un plan serio de cómo ejecutar el plan económico y social que habían prometido en la campaña.

Así el gobierno del presidente De la Rúa se encontró desde el primer momento en una situación complicada ya que al no poseer una mayoría en ninguna de las dos cámaras del Poder Legislativo la situación era efectivamente la de un gobierno dividido, donde se desarrolla un juego de suma cero y se corre el riesgo de que se bloqueen las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo (Incarnato y Vaccaro, 2012; 193).

Esta situación le daba un enorme poder al partido peronista, el cual no tendría que pagar los costos políticos de un gobierno dividido, cuando la responsabilidad de la inacción y las promesas de campaña incumplidas recaería principalmente en el poder ejecutivo.

Irónicamente el principio del fin de la gestión de De la Rúa no comenzó con la economía sino que fue dentro del mismo Senado de la Nación.

Mientras el gobierno nacional intentaba que se aprobara una ley de flexibilización de los contratos laborales, surgió la denuncia, por parte de Hugo Moyano, de que el ministro de trabajo, Alberto Flamarique, había dado a entender que contaban con “una Banelco” para convencer a los senadores de que votaran la ley (Incarnato y Vaccaro, 2012; 197).

Dicha denuncia fue ratificada meses más tarde por el periodista Joaquín Morales Sola, con lo que el escandaló fue ganando fuerza. Esto generaría fuertes roces hacia el interior de la Alianza y provocaría la ruptura entre la UCR y el FREPASO cuando Carlos “Chacho” Álvarez presenta su renuncia cuando De la Rúa no tomó las medidas que él considera necesarias para limpiar el gobierno de funcionarios sospechosos.

Así el peor escenario comienza a aparecer, no solo se encontraba el país con una situación de gobierno dividido sino que la coalición gobernante se había hecho pedazos y el presidente De la Rúa quedó solo dentro de su círculo interno enfrentando una crítica situación socio económica y sin un margen para maniobrar.

El nombramiento de Cavallo, bajo estas circunstancias, se convirtió en un vano intento de presentarle al país un salvador con el sueño de reeditar un cambio económico drástico como el que había sido dado en 1992 con la convertibilidad. Pero el sistema económico estaba muerto, no era posible mantener la paridad de la moneda con el dólar y el gobierno carecía del valor y el capital político para tomar la medida de devaluar.

El gobierno de De la Rúa se dirigía hacia una catástrofe y frente a esto el partido peronista no tuvo que hacer mucho más que esperar.

Para noviembre del 2001 comenzaba a ser claro que el país no podría salir del pozo. Los inversionistas extranjeros comenzaron a sacar sus capitales del país y para diciembre se lanza el corralito en un vano intento de controlar la economía.

A partir de ese momento se suceden los hechos vertiginosamente y la caída se vuelve indetenible. Todos los intentos que hizo el gobierno de De la Rúa para acercar posiciones con la oposición, en especial el partido peronista, fueron infructuosas. Estaba claro para el peronismo que el gobierno no duraría y solo debían esperar a su caída para poder volver al poder.

El último intento desesperado de De la Rúa es la de convocar a un gobierno de unidad nacional. El peronismo, que ya había sido tentado con esta posibilidad antes de las elecciones de Octubre de 2001, se negó categóricamente (Clarín, 2001).

En las calles corría la sangre, los saqueos se habían extendido durante días, comenzaban a aparecer los reportes de las primeras muertes a manos de la represión policial y la imagen de las Madres de Plaza de Mayo atacadas por la policía montada daban el golpe de gracia al gobierno de la Alianza.

El 20 de Diciembre del 2001 el presidente De la Rúa presentaba su renuncia y escapaba en un helicóptero. El momento que el peronismo estaba esperando se había materializado y la lucha interna dentro del mismo comenzó cuando el sillón de Rivadavia aún estaba caliente.

El peronismo volvía al gobierno ya que controlaba el Congreso y sería este el que determinaría quien ocuparía la presidencia. Ahora se trataba de un conflicto interno entre quienes querían un llamado a elecciones lo más rápido posible y aquellos que querían completar el mandato trunco de De la Rúa.

Finalmente, y tras varias idas y vueltas, efímeros presidentes y convulsiones sociales, Duhalde logró llegar al cargo que le había sido negado en 1999.

El país volvería a estar en manos del peronismo.

 

 

Conclusión

Aún queda por responder la pregunta planteada al principio del trabajo. ¿Qué nivel de responsabilidad le cabe al Partido Peronista en los sistemáticos fracasos del radicalismo en el poder? ¿Fue al Partido Peronista un partido desleal o simplemente un partido leal que jugaba su juego para posicionarse de cara a la posibilidad de acceder nuevamente a la presidencia?

Como en todos los casos en los que se trabaja con tipos ideales el autor se enfrenta al problema de definir conceptos determinados en un mundo donde las líneas fronterizas son borrosas y no se puede encasillar al objeto de estudio perfectamente dentro de una categoría.
Por ello es necesario aislar al peronismo en su actitud hacia diferentes situaciones. Queda claro que el mismo peronismo no es una estructura estática sino todo lo contrario, se trata de un partido que se especializa en sobrevivir y en adaptarse a las nuevas realidades que le toca vivir.

Con Alfonsín el principal problema que enfrento el partido no fue tanto la victoria radical sino sus propias diferencias internas. Esto se repitió en el mandato de De la Rúa, lo que deja claro que el peor enemigo del peronismo es el mismo peronismo y solo cuando un líder logra unificarlo es que logra triunfar sobre otras fuerzas políticas.

Tras el Proceso de Reorganización Nacional desaparecieron los intentos de las alas más extremistas del peronismo (Montoneros) de lograr el poder a través de actividades guerrilleras y terroristas. La democracia dejó de ser vista como un mecanismo de control burgués y el partido, más allá de sus prácticas personalistas y verticalistas, entendió que la democracia era el único camino posible para gobernar el país.

En este campo no se puede decir que el peronismo haya sido desleal o semi leal contra el régimen democrático. Desde 1983 se han respetado las formas legales e incluso en los peores momentos del régimen se mantuvieron los procedimientos, como en el 2001 cuando fue el Parlamento, popularmente elegido, el que nombró a un nuevo presidente y piloteó la transición en lo más profundo de la crisis.

También en los levantamientos militares de Semana Santa el partido peronista, incluidas las centrales gremiales que habían declarado la guerra a Alfonsín, se alinearon para respaldar al gobierno cuando la democracia parecía estar realmente en riesgo.

Otro aspecto a tener en cuenta fue la transformación que sufrió el partido tras la renovación de Cafiero, al instaurarse una estructura mucho más horizontal y democrática hacia su interior.

Sin embargo el peronismo también mostró matices semi leales, no tanto hacia la democracia en sí, sino a la existencia de gobernabilidad para que el país pueda funcionar y superar sus problemas sin caer en una situación de caos.

Queda claro que Alfonsín, más allá de sus falencias, sufrió el ataque indiscriminado de los grupos sindicales que reaccionaron agresivamente cuando vieron su poder cuestionado por el gobierno. Y tanto el gobierno de Alfonsín como el de De la Rúa, estando en desventaja en el Congreso, sufrieron gravemente a la hora de ejecutar sus planes políticos.

Es así como las internas del peronismo han repercutido en toda la estructura del gobierno, incluso cuando estos no se encuentran en el poder. Alfonsín fue el mayor perjudicado cuando Cafiero fue derrotado y, por el contrario, De la Rúa fue beneficiado cuando Menem traicionó a Duhalde. Es este juego interno lo que marca la agenda del partido y queda muy claro que no hay reglas a la hora de vencer a un contrincante. No importa si se debe dejar al gobierno sin apoyos o si se permite a un opositor llegar al poder, todo vale a la hora de conquistar la fortaleza interna dentro del partido o para destruir las bases que sustentan a un potencial rival.

Es esta interna lo más peligroso porque si todo vale a la hora de controlar al peronismo entonces no quedan descartados ningún método y toda alianza está permitida, lo cual no cierra las puertas a una negociación con grupos desleales si esto dejara una ganancia política.
Esto significó que Alfonsín no encontrara respaldos firmes para equilibrar la situación económica del país, ya que solo importó destruir sus bases de poder y asegurarse un nuevo presidente peronista (aunque nadie supiera como harían luego para salir del caos), o que De la Rúa fuera abandonado cuando desde Octubre del 2001 pidió con urgencia la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional. Nuevamente no primó la seguridad económica y la continuidad del país, sino una idea egoísta de no quedar pegados a la crisis que se avecinaba, lo que hizo que la crisis efectivamente llegara.
En las formas el peronismo es una oposición leal, ya que no cuestiona al régimen democrático, pero en su interior existe un espíritu desleal ya que en su carrera por llegar al poder ha demostrado que está dispuesto a traicionar a propios y ajenos y a abandonar al presidente del país aun cuando eso significa la bancarrota de toda la sociedad. Esta mentalidad desnuda un deseo de poder peligroso que muy bien podría hacer que el partido se vuelva plenamente desleal si las circunstancias políticas así se lo demandaran.

Solo queda ver, la próxima vez que al peronismo le toque ser oposición,  si es capaz de domar sus conflictos internos y si comienza a actuar como una oposición no solo leal, sino responsable, capaz de sacrificar su propio poder si es necesario para el bienestar de toda la sociedad o continua adelante con su potencial semi lealtad.

 

 

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