Resumen: Durante el  período 2003-2011 se producen cambios a nivel político y económico en toda Latinoamérica. La Argentina es un reflejo de estos cambios y puede ser  ubicada dentro del modelo Neoextractivista elaborado por Eduardo Gudynas. Mediante un estudio histórico-descriptivo se abordará dicha temática, describiendo el  modelo extractivista desde la actividad de la megaminería y de los agronegocios en el país.

 Summary: During the period 2003-2011 changes occur to political and economic level in all of Latin America. Argentina is a reflection of these changes and can be placed within the model Neoextractivista developed by Eduardo Gudynas. Through a historical- descriptive study we will address this topic. We will describe extractive activity model focusing on mega - mining and farming business in the country.

          “El neoextractivismo en la política Kirchnerista (2003-2011)”.

                                                 Por: Estibaliz Gómez Hilbert[1]

 Introducción:

El presente trabajo intenta dar un panorama global del modelo “neoextractivista”  desplegado en Argentina en la actualidad puntualmente en los gobiernos “kirchneristas”, es decir, la presidencia de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y el primer mandato presidencial  de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011).

Dicho modelo económico y  político es implementado en toda América Latina y permite a los diversos países insertarse en el mercado mundial como  también presenta un conjunto de consecuencias problemáticas para  la región. Es importante entonces detenerse y mirar como el este proceso se fue desarrollando y bajo qué tipo de gobiernos se llevó a cabo.

Describir este fenómeno es fundamental para poder comprender parte del momento histórico que se está atravesando. Para ello resulta necesario situarse en el contexto de la región; principalmente  en los actores que intervienen, gubernamentales y no gubernamentales, las causas de la implementación del modelo y sus consecuencias  económicas, políticas, sociales, ambientales, etc.

En el artículo se  abordara dicha temática mediante un estudio histórico-descriptivo para desarrollar principalmente el contexto en el cual se implementa este modelo económico en particular en el caso argentino; centrándose en cómo se impuso dicho modelo y la participación de los nombrados líderes presidenciales y otros agentes estatales como principalmente también las corporaciones económicas tanto nacionales como multinacionales. Se otorgara especial atención a los conceptos con los cuales se esta trabajando, explicando los cambios del extractivismo a secas con el “neoextractivismo”

 Asimismo este trabajo se centrara en analizar diversos proyectos de megaminera a cielo abierto que fueron poblando el país, en su mayoría de la empresa Barrick Gold, junto al proceso de sojizaciòn argentina llevado a cabo por la empresa Monsanto.

Se utilizaran fuentes primarias como artículos periodísticos, discursos oficiales, discursos públicos, fuentes jurídicas  y datos económicos como también fuentes secundarias a partir de la utilización de bibliografía necesaria para revelar datos y conceptos relevantes para la investigación. 

El objetivo de este artículo es mostrar el porqué de la implementación de un modelo con características tan particulares en el manejo de los recursos naturales, como afecta y afectara en un futuro próximo a la región y las presiones desde la población que se opone a la indiscriminada trata de recursos naturales.

En el transcurso de estos últimos 10 años la Argentina  no solo lo ha implementado sino que ha fortalecido el modelo a pesar de distintos ciclos económicos de recuperación y decaimiento que tuvo a lo largo de la década. Se intentara hacer una descripción general de dicho contexto centrándose en los acontecimientos particulares relacionados con el “neoextractivismo”.

Las pujas y presiones por el “neoextractivismo” se hacen evidentes en sucesivos acontecimientos de rechazo por parte de la población hacia los proyectos megamineros como hacia los agronegocios y como hacia otros tipos de comercialización indiscriminada de los recursos naturales sobre todo los no-renovables.

 Es importante preguntarse si a la larga es sustentable este modelo, no solo en términos económicos, y si la presión del comercio y del capital puede más que la presión popular. Por esto sería necesario ahondar en la cuestión de la forma que adopta el extractivismo exportador junto al accionar de los líderes presidenciales y los  representantes provinciales con las empresas de carácter nacional como extranjeras dedicadas a esta actividad, en sus diversas formas, en la Argentina.

 Entonces se indagara en la cuestión de: ¿Cómo actúan los distintos agentes estatales que intervienen en la decisión de abrir paso o no a los proyectos extractivistas? ¿Se priorizaran los reclamos populares por los recursos ante las fuertes presiones de los capitales en cuestión? ¿Qué consecuencias conlleva este modelo económico? ¿Se “desarrolla” la región o se la desaloja?

Consideraciones generales:

El estudio de esta temática ha sido desarrollada por múltiples investigadores en los últimos años. El término “neoextractivismo” es incorporado por el investigador y profesor uruguayo Eduardo Gudynas, el cual al concepto extractivismo lo modifica para caracterizar la etapa actual donde la economía extractivista exportador  se conjuga con la política y el  accionar del “Estado compensador”, ya que el excedente que se extrae fruto de la actividad que está en crecimiento  se destina hacia los sectores más desplazados de la sociedad, hay una compensación monetaria incluso hacia los que están padeciendo alguna cuestión de desplazamiento territorial o afección relacionada por la misma actividad económica que lo provoca.

Otros autores como José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati que realizaron recientemente un estudio comparado de América Latina haciendo hincapié en el  extractivismo y el despojo de la región y las graves consecuencias ambientales que esto atañe. Dichos autores realizan un trabajo en detalle de las formas de extracción actuales y las disputas  llevadas a cabo por los movimientos sociales en los distintos países que han adoptado dicho modelo.

En la cuestión puntual de la actividad económica de  megamineria a cielo abierto el trabajo del Colectivo por la Igualdad  “15 mitos y realidades de la minería trasnacional argentina” reflejan el imaginario pro minero y lo desmitifican con argumentos basados en las consecuencias de la actividad.

Otro trabajo  que explica el saqueo del país, en cuanto a los recursos naturales y la corrupción, es el libro “El Mal”, escrito por el periodista y diputado Miguel Bonasso, que desarrolla una trama donde narra la historia de la emergencia de la Barrick Gold y sus redes en el poder político y económico a nivel mundial y como entra su modelo en la Argentina y se desarrolla, con varios precedentes de una política corrupta, donde el comercio es mezclado en la política. Desde el periodismo el relata los conflictos, en torno a lo ambiental, en sus 2 cargos consecutivos como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación del Partido de la Revolución Democrática, desde el 2003 al 2011; en dicho cargo presidio la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano donde impulso la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, ambas disputas por los intereses comerciales y políticos.

Antecedentes históricos:

  Se trata de  un contexto de transición del neoliberalismo  donde aun no termina de concluirse un ciclo, porque aún hay fuertes sesgos neoliberales pero con la presencia de una nueva forma de Estado, con más áreas de influencia e inserción y con otro panorama socio-económico nacional como internacional.

Así esta transición tiene lugar en toda América Latina, con características similares en toda la región.

Particularmente el caso argentino pasa de una crisis económica, institucional, política, social, como la ocurrida en el año 2001 a  un reacomodamiento en todos los niveles nombrados. Se pueden percibir  distintas características de una nueva etapa con anclajes de una política economía transnacionalizada, desindustrializada, reprimarizada, apuntando a un modelo de Estado fuerte junto a un modelo económico extractivista profundo llevado a cabo por el presidente Néstor Carlos Kirchner al asumir en su mandato  en el  año 2003 y continuado, e incluso profundizado, por   Cristina Fernández de Kirchner al asumir en la presidencia de la nación  en el 2007.

Se hace necesario detallar que la Argentina sufre consecutivas décadas del modelo neoliberal con distintas características en el campo de lo político.

El comienzo se remonta desde la trágica toma del poder por parte de las FFAA conocido como “El Proceso de Reorganización Nacional” en el año 1976 derrocando al gobierno de  María Estela Martínez Cartas de Perón, hasta diciembre de 1983 con la asunción del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. En dicho “Proceso”  además de  la práctica de terrorismo de Estado, montando campos de exterminio y concentración en todo el país, como bien relata la ex detenida y actual doctora en ciencia política Pilar Calveiro practicando la  persecución, el secuestro, la tortura y desaparición como también robo de los hijos de los detenidos, entre otras atrocidades; su reorganización era pensada en distintos planos, no solo era la lucha “anti- subversiva” sino en el aspecto económico, se trataba de pasar de un modelo exportador e insipientemente industrializado a un modelo de revaloralización financiera en el plano internacional, para ello se inscribió a la Argentina bajo los parámetros dictados por  Estados Unidos y se cumplió a raja tabla dicho proyecto, dejando al país con una creciente deuda externa y desindustrializado casi por completo y con altos niveles de inflación junto a la desaparición forzada de un sinnúmero de personas.

De esta realidad se llega a la democracia en manos del radical  Raúl Alfonsín en 1983. Como gobierno de transición intento postular una nueva forma de liderazgo presidencial,  intentando practicar un presidencialismo más moderado que no avasallara a los demás poderes, focalizando su gobierno a cambiar y fortalecer el plano político-institucional en el cual operaba, como es explicado por Fabián Bosoer y Juan Cruz Vázquez  en “Democracia y estado de excepción”. Además de centrarse en ese aspecto baso su gobierno en la cuestión de los derechos humanos, reclamados por las organizaciones sociales y partidos que apuntaban a la justicia por los actos cometidos a lo largo del “Proceso” creando  la  Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y intentado enjuiciar a los responsables en su totalidad  y luego  aplicando la “Ley de Punto Final” y la ley de “Obediencia Debida”.

Vale destacar que Alfonsín tenía fuerte presión por parte de distintos actores con poder de veto por ello no logra cumplir todos los cambios que promete en un primer momento. Principalmente su gobierno se vio atormentado con la posibilidad de un nuevo levantamiento militar que derrocara su gobierno democrático, como el que ocurrió durante la Semana Santa de 1987, entre otras muestras de poder durante su mandato presidencial, cuando se produce el alzamiento militar  “carapintada” para dar cese a nuevos juicios hacia los militares por las violaciones a los Derechos Humanos, que fue resuelto con una negociación, dando lugar a la ley de “Obediencia Debida”.

Como también es importante señalar que durante todo este periodo el aspecto económico fue fundamental en cuanto la Argentina se encontraba en una fuerte crisis económica que venia del periodo anterior  y funciono como factor desestabilizador de dicho gobierno. Intentando dar una solución o un paliativo a dicha situación se pone en práctica en 1985  el “Plan Austral” estableciendo una nueva moneda pero dicho plan no dio buenos frutos, la hiperinflación y la deuda externa e interna no era resuelta. Se aplicara 1988 el “Plan Primavera” para que el Estado actué como intermediario en la compra y venta de divisas pero tampoco tuvo resultados óptimos, sino que la hiperinflación se vuelve cada vez más creciente, juntos con la suspensión del apoyo al país del Banco Mundial. Esta situación de crisis económica como toda crisis también se manifiesta en la cuestión social, dando lugar a una etapa de incertidumbre y descreimiento desde la población que llevaron a un estallido social junto con fuertes presiones desde la oposición política justicialista y la fuerte oposición sindical.

A consecuencia de esta situación de crisis generalizada Alfonsín  renunciara a fines de junio  de 1989  dando lugar a elecciones donde ganara  el candidato justicialista Carlos Menem.

 Este nuevo líder se presentara como representante de una renovación, desde un discurso caudillista con planes de reforma institucional apuntando a la federalización del país junto con reformas económico-sociales como el llamado “Salariazo” y la “Revolución Productiva”, apuntando al crecimiento del mercado interno acabando con la especulación financiera como es explicado por Hernán Fair.

Lejos de este discurso a lo largo del “menemato” la Argentina sufrió fuertes cambios a nivel productivo al agudizarse la desindustrialización nacional de la mano de las privatizaciones. Este modelo adoptado fue producto de seguir las reformas neoliberales del “Consenso  de Washintong”  donde se pactaba en distintos países latinoamericanos pautas para que se “desarrollen” como región inscribiéndolos en un programa integral, económico, social e ideológico.

De esta manera, Argentina, en vez de  desarrollarse entra en dicho programa neoliberal  acentuando el modelo heredado de la dictadura del `76 aplicando las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica.

 Para 1991 aun sin ser estabilizada la inflación  se instaura la Ley de Convertibilidad  conocido como el periodo del “1 a 1”, lo que permite la estabilización monetaria junto con un creciente apoyo popular que caracteriza a esta etapa.

En cuanto al nivel político-institucional hay que destacar entre otras cuestiones la reforma constitucional de 1994 que permite la reelección y acorta el mandato presidencial de 6 a 4 años, una medida que fue relevante para llevar a cabo todas las reformas a lo largo de sus 10 años de gobierno.

Este periodo inaugura  consecuencias graves  a nivel económico y social como fueron los niveles extremos de pobreza y desocupación, el crecimiento de la deuda externa, la flexibilización  del mercado laboral, la reducción del gasto público, sumado a un mercado interno trasnacionalizado por las privatizaciones como el caso de Aerolíneas Argentinas o ENTEL junto al cambio de rol del Estado como actor sujeto al mercado implementando las medidas necesarias para satisfacerlo.

 Hacia fines de su segundo mandato presidencial el gobierno en su totalidad se encontraba con fuertes acusaciones de corrupción, junto con una profunda crisis económica-social que llevaría al traspaso  del gobierno en manos de  “La Alianza” en las elecciones de octubre de 1999, que era una coalición entre la UCR y el FREPASO.

El 10 de diciembre de ese mismo año asume en el puesto de Presidente de la Nación Fernando de la Rúa. Dicha presidencia duraría corto tiempo, ya que la situación económica del país no había cambiado para bien y a su vez “La Alianza” se comienza a resquebrajar por la acusación de coimas en el Senado junto con otros factores y empieza a perder apoyo popular. Para comienzos del 2001 se vuelve a convocar al ex ministro de economía que había llevado a cabo el  Plan de Convertibilidad,  Domingo Cavallo, para que aplique un plan de ajuste generalizado que provocara  una pérdida de apoyo aun mayor, junto a una fuerte crisis de representación política y una crisis económica grave.

Se establecerán ciertos decretos restrictivos hacia los ahorros ciudadanos, que  se conocerá como “corralito financiero”, intentando evitar fugas de los depósitos y la especulación para intentar salir de la Convertibilidad.

Esta medida fue la que termino de armar el cuadro de conflictividad en la Argentina, ya que, la crisis generalizada iba en aumento provocando, para las jornadas de revueltas del 19 y 20 de diciembre del 2001, el conocido “argentinazo”, dando como resultado la renuncia de Fernando de la Rúa al cargo de presidente.

Luego de semanas de traspaso acelerado del poder, en enero del 2002, llegara a asumir el mandato presidencial Eduardo Duhalde,  durante poco tiempo en el poder tuvo que afrontar una de las más grandes crisis argentinas como explican Alberto Baldioli  y Santiago Leiras, no solamente económica y social sino que también de legitimidad.

Entre sus medidas principales se encuentran la devaluación de la moneda que finalizo con el régimen de Convertibilidad, la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera junto con la distribución de planes sociales focalizados y medidas para reformar la situación laborar y anteriormente la cesación de pagos de la deuda externa por parte de Adolfo Rodríguez Saá.

 Si bien se comienza a estabilizar  económicamente al país, la cuestión social no estará del todo saldada y se hará visible el 26 de junio del 2002 en la masacre de Avellaneda, donde 2 piqueteros resultaran muertos por parte de la policía.

 Hacia finales de su corta presidencia Duhalde apoya a Néstor Kirchner para ser candidato a presidente y así llegara Kirchner a ocupar dicho cargo en el año 2003.

Conocido por su actuación como gobernador en la provincia de Santa Cruz, Kirchner llega a la presidencia, proclamando el fin del neoliberalismo,  el distanciamiento de la política de los `90, desde un discurso nacional y popular pero con una política económica fuertemente trasnacionalizada, apuntando a un modelo de desarrollo económico con distribución, obteniendo  los principales recursos económicos de la industria extractivista en sus diversas actividades, desde la soja trangenica, a los yacimientos de petróleo  y hasta las minas a cielo abierto.

Por esta razón se puede caracterizar a la Argentina actual como un modelo neoextrativista a ultranza, ya que combina una formula peculiar de hacer política junto a una manera particular de obtener réditos económicos como nunca antes se había desarrollado en el país  en cuanto a profundización de este modelo y en los niveles en los cuales se desarrolla y  que continua hasta los mandatos presidenciales consecutivos de Cristina Fernández  de Kirchner.

Ahora bien más allá de esta breve reseña histórica  sobre los distintos procesos políticos, económicos y sociales que fueron sucediendo en  las últimas cuatro décadas es preciso destacar la cuestión del modelo extractivista y como se fue desarrollando.  En la Argentina el modelo extractivista comienza a mediados de los ´90 con la aceptación, por parte del poder político, de la implementación del monocultivo de soja transgenica. Otro componente del modelo neoliberal de la década menemista fue también la política sobre la explotación de hidrocarburos y la privatización de YPF.

 En cuanto a la minería es importante señalar  que hasta el 2003 eran incipientes los proyectos de megaminería, datan  solo unos 40, que en el 2009 serán registrados 336 proyectos en el país y en el 2012 llegaron a 600, según data ECYT-AR. Lo que alienta y promueve este tipo de explotación es, por una parte, las leyes vigentes como también el precio de los commodities en el mercado internacional.

Estas cifras podrán ser trasladadas al resto de las actividades extractivistas junto a un nuevo componente que son los gobiernos de corte “progresistas” y la utilización por parte de los mismos de los fondos recaudados como parte de un fenómeno latinoamericano en el cual Argentina es un principal ejemplo.

Un modelo particular:

 A) Conceptos claves para entender el modelo extractivista efectuado en la Argentina actual:

La implementación del modelo neoextractivista en la Argentina, no puede, ser situado como un hecho o problemática aislado ni ahistórico, sino que, pertenece a un modelo mucho más amplio que se desarrolla en toda la región en un periodo histórico  determinado, con sus singularidades correspondientes de cada país; donde no es solo la cuestión económica que cambia sino también adopta una nueva forma el Estado.

Para caracterizar a dicho modelo se utilizaran los aportes de Eduardo Gudynas en el tema:

“(…) En la actualidad, en el caso de América del Sur, el Estado está enmarcado en circunstancias no solo novedosas sino también muy particulares. En forma resumida, en la mayor parte de los países sudamericanos, el Estado está en manos de agrupamientos políticos-partidarios que se definen como progresistas o de la nueva izquierda y que navegan en una globalización turbulenta; y si bien varios países industrializados están sumidos en una grave crisis económica financiera, el alto precio de las materias primas y el consumo asiático siguen alimentando una buena performance de la región. (…)” ⁽¹⁾

Según su análisis esta estrategia de desarrollo que pone como figura central al extractivismo exportador y junto a los gobiernos que se reivindican de izquierda o progresistas, dan lugar al “Estado Compensador”.

El extractivismo que se fomenta se caracteriza por la explotación a gran escala de recursos naturales desde las economías de enclave, que son exportados mediante commodities. La importancia del mismo responde a condiciones globales como la caída de los mercados financieros y la fuerte demanda internacional de materias primas; esta cadena económica hace crecer las economías regionales, de forma reducida, aunque colabora a realizar políticas públicas que apuntan a la reducción de la pobreza, el desempleo, a aumentar el consumo e incluso hacia el entretenimiento de la población.

Para profundizar este planteo, José Seoane y Clara Algranati, observan que la “salida” del neoliberalismo se da de distintas maneras en la región durante el periodo 2003 al 2008. Hay un proceso expansivo del modelo extractivista que se combina con el crecimiento económico ligado estrechamente a un cambio  significativo en la demanda mundial, principalmente de los mercados de China o India que ganaron terreno. Esto se expande a las economías latinoamericanas, por sus exportaciones de commodities o de materias primas, incrementando el volumen como el precio de las mismas, favoreciendo a la balanza comercial y las cuentas públicas. A este modelo para el 2008 al 2011 lo llaman  la “ofensiva extractivista”.

 El caso argentino es emblemático en cuanto a la reproducción de dicho modelo; crece un 300% la explotación minera del 2003 al 2008 (Secretaria de Minería, 2009) en un país con escasa tradición en dicha actividad y que se complementa, con la masiva expansión del agronegocio y la soja transgénica.

 “(…) América del Sur en la última década y media dio vida a lo que la literatura corporativa y sus divulgadores han llamado la “república de la soja” donde la producción de cinco países (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, y Uruguay) concentra casi el 68% de las exportaciones mundiales (…)” (Seoane, Algranati, Et al, 2013:65).

 Las exportaciones sojeras, de maíz, de trigo y de girasol se incrementaron 140% del 2003 al 2008 en la Argentina.

Siguiendo con el análisis de Gudynas en la materia, reconoce, dos tipos de extractivismo. Uno es el “clásico” propio de  gobiernos conservadores, basándose en una lógica neoliberal, donde las empresas trasnacionales tienen un rol determinante y el Estado es funcional a ellas, con escasos controles y regulaciones, apuntando a generar  “derrame” de las ganancias de esa actividad hacia el resto de la sociedad.

El segundo modelo es el “neoextractivismo progresista”, donde puede existir la nacionalización de esos recursos naturales, pero conviven elementos del pasado (neoliberal) con elementos nuevos desde el plano estatal. Se perfilan como gobiernos de corte “progresistas”, modernizadores, “nacionales y populares” como son dentro del escenario político argentino.

Se podría afirmar que es un estilo heterodoxo de gobierno que se basa en profundizar las extracciones clásicas e incorporar nuevos recursos y expandirse a otros sectores; caso argentino hacia los monocultivos, principalmente la soja transgénica, por medio de la empresa multinacional Monsanto y a nivel local por la empresa “Los Grobo”. O la expansión de minería a “cielo abierto” para extraer metales en los cuantiosos proyectos de la Barrick Gold.

El Estado en el neoextractivismo tiene un rol mucho más activo; en el caso argentino, se puede ver con claridad, que el conjunto de agencias estatales, trabaja para que funcionen este tipo de actividades en el territorio. Se financian las actividades, se aporta con infractructura, se conceden por medio de los acuerdos enormes beneficios para que las empresas operen, se reprimen protestas ciudadanas para no perjudicar a la actividad, se dilata la puesta en práctica de leyes que regularían a estas actividades como la polémica en torno a la Ley de Glaciares ⁽²⁾ vetada en un principio en el  2008 por el poder Ejecutivo y aprobada en el 2010 aun sin ser implementada y de la misma manera con la Ley de Bosques ⁽³⁾ que aún sigue siendo violada, etc.

Como explican, Seoane y Algranati, este proyecto puede ser llamado  “neodesarrollista” y supone un quiebre con el neoliberalismo al ubicar al Estado en un lugar central en la economía,  respecto a la explotación de recursos naturales, apropiándose de la renta generada y al  transferir los ingresos por medio de políticas públicas hacia otras actividades económicas y sociales. La extracción y el desarrollo son partes de un mismo proceso que se complementan. Y el desarrollo es entendido solo como crecimiento económico como plantea Gudynas. ⁽⁴⁾

 Además, se legitima a través de un fuerte discurso pro-extractivismo, pro- desarrollo, que por la captación de los excedentes de estas actividades se hace posible sustentar los planes para luchar contra la pobreza y llevar a cabo los programas entorno a la “justicia social” y la “inclusión”.

El discurso parte del empresariado, como desde los funcionarios políticos y los medios de comunicación y refleja a la actividad como indispensable e irremplazable para fortalecer al crecimiento económico,  a los empleos y a las economías locales y regionales. Por esta cuestión es relegada la  problemática ambiental y presentada como un “daño colateral” que es negativo pero que puede ser aceptable por los beneficios económicos obtenidos.  Es separada la cuestión ambiental de la cuestión social, que se relaciona con las separaciones entre naturaleza y sociedad, entendidas como una relación de oposición difundida desde la visión de la modernidad colonial capitalista. (Seoane, Et al, 2013). 

 Se puede reflejar palabras de Néstor Kirchner en el 2005 sobre la inversión de YMAD, empresa minera, en la provincia de Catamarca:

“(…) Por eso, quiero adherir a vuestras palabras y a las palabras del señor Secretario de Minería para decir la profunda satisfacción que tenemos con los resultados, con la inversión que llevamos adelante y el firme compromiso de que la minería que viene creciendo en el país fuertemente, tenga su eje de reconversión en provincias como las que usted ha mencionado, Catamarca, San Juan, La Rioja, que siempre fueron vanguardia y gracias a Dios se está extendiendo a todo el país.(…)Así que por un lado señor Gobernador, estoy muy contento por lo que está pasando en Catamarca; vamos a seguir trabajando en este tema, y por supuesto en la represa y en los otros temas en los que nos hemos comprometido con el pueblo de Catamarca, firmemente por el avance, por el crecimiento de Catamarca, por la lucha contra la pobreza, por la consolidación de una Catamarca que ustedes y todos soñamos para el país y para los catamarqueños. Y por otro lado, la satisfacción de ver estos resultados; el pueblo de Catamarca puede ver que es un trabajo conjunto, hemos logrado revertir el déficit, hay rentabilidad, hay futuro, hay posibilidades de trabajo, hay posibilidades de mayores manos de obra, lo que nos pone tremendamente contentos. (…)” ⁽⁵⁾

 En este contexto se hace necesario analizar los discursos legitimadores  y la certeza de sus afirmaciones. Comenzar  a desmitificar estos argumentos es no seguir aportando a falacias discursivas que son ampliamente divulgadas. Puede verse desde numerosos estudios que, no es real, la masiva fuente de empleos que estas actividades otorgan a la población.   La minería a cielo abierto y la industria del agronegocio, demandan más fuerza de trabajo en los periodos cuando se inicia la actividad que durante el desarrollo de la misma, como también durante un tiempo limitado de posible explotación. Además su extensión en el plano de territorial (como el corrimiento de la frontera agrícola por las plantaciones sojeras) hace desaparecer otras actividades  y destruye otro tipo de empleos. El caso de Catamarca puede ser nuevamente utilizado, para contrastar el discurso con los hechos, siendo una de las provincias más empobrecidas de todo el territorio nacional,  que tras casi 15 años de explotación minera, con altas tasas de desocupación e indigencia (Seoane, Et al, 2013).

También es difundido equiparar el crecimiento económico con el bienestar social, cuando fácil de observar, la importante concentración de riquezas que acompaña este modelo y la limitada redistribución, como reflejo de una sociedad capitalista de exclusión social. Como tampoco contemplar el bienestar de los habitantes que denuncian a estos emprendimientos o son gravemente afectados por los mismos (como los casos de las denuncias en el barrio cordobés Ituzaingó por la fumigación con agro tóxicos, que provocaron el crecimiento de casos de cáncer y malformaciones en la población) ⁽⁶⁾. 

Más allá de cambios observados entorno a la cuestión social, no fueron transformaciones de raíz en cuanto a la desigualdad social existente, si no que se elaboraron planes y asignaciones que por medio de la transferencia monetaria apalearon la pobreza, pero en un sector focalizado de la población y  que  no opero para emerger de su situación económica-social, lo que puede llamarse, “la trampa asistencialista" ⁽⁷⁾, en términos de Gudynas, que se sigue incentivando y difundiendo una actividad como motor indispensable para salir de la pobreza.

Es ampliamente divulgado el ingreso fiscal que estas exportaciones proveen a la nación, que pueden ser reconsiderada si se analizan las concesiones dadas a la minera en la Argentina. Y con respecto al agronegocio y las retenciones móviles también se lo ha sido utilizado para avalar esta actividad Seoane comenta que:

mientras que “ (…)las retenciones agrícolas representaron alrededor de un 8% de los ingresos fiscales totales para el año 2008, el IVA contribuyó con un 30% y sumado a los aportes sobre ganancias alcanzaron un 50 % (…) puede apreciase que, considerada la evolución de los ingresos fiscales entre  los años 2001 y 2008, el aporte derivado de las retenciones sobre las exportaciones agrícolas no ha sido suficiente siquiera para compensar la pérdida registrada en este período en las contribuciones empresarias relacionadas con la seguridad social(…)”. (Seoane, Et al, 2013:246).

Finalmente se debe tener en cuenta, que  lejos de industrializar y desarrollar a las economías de los países, donde se practican estas actividades, se las reprimarizan y quedan profundamente ligadas a empresas trasnacionales. Más adelante se desarrollaran las distintas consecuencias ambientales y sociales que estas actividades provocan.

 El Estado entonces participa alentando y legitimando está practica económica, colabora con el capital e intenta obtener buenos resultados de sus políticas como del excedente a recibir (como ejemplo la Ley 125 de retenciones móviles a las exportaciones del año 2008). Lo que se refiere a regulación o control estatal es desplazado por la necesidad de generar ingresos que lleven adelante sus políticas, como veremos más adelante con varios casos que sirven como ejemplos emblemáticos, donde se intentan aislar las demandas sociales y ambientales.

Es importante recalcar que esta lógica capitalista de comercialización de los recursos naturales junto a los planes focalizados para apalear la pobreza es un modo de hacer política que corresponde al periodo actual y que a su vez funciona como herramienta legitimadora del gobierno. De allí sale el concepto de “Estado Compensador”, Gudynas en cuanto a dicha cuestión plantea que:

Los programas “(…) pueden financiarse en buena medida gracias a los precios de los commodities exportados. Y ello genera a su turno un fuerte incentivo para promover nuevos proyectos extractivistas. Surge así un círculo vicioso: los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales, que requerirán futuras compensaciones.”⁽⁸⁾

 Siguiendo este análisis se puede presentar a este segundo modelo como una fase que atraviesa el capitalismo en la actualidad desde el 2003 al 2011; como salida de la crisis neoliberal, fase que es sumamente depredadora y que conserva fuertes sesgos neoliberales e inclusive es la extensión de dichas políticas económicas en toda la región que se remontan a la década del `70 pero con ciertas características novedosas e impensadas en las épocas pasadas, como la ampliación en materia de derechos, las planes sociales, etc.

Como causas del crecimiento  de este modelo económico extractivo y exportador podemos encontrar principalmente el incremento de los precios de estos bienes naturales (alimentos básicos, energía, minerales) en el mercado internacional registrándose alzas  incluso en un contexto de crisis internacional del 2008 al 2011. A su vez estos procesos son el resultado de las transformaciones del neoliberalismo dentro de un modelo de Centro-Periferia, donde se desarrolla, tras un control oligopolio de los mercados .Este contexto es para Seoane:

Un “(…) nuevo ciclo de mercantilización y apropiación trasnacional de los bienes  naturales de la periferia constituye una expresión particular el impacto de la crisis global en los centros capitalistas y de la creciente aplicación del capital a la periferia a partir de la valorización financiera de los commodities (…).”(Seoane, Et al, 2013:97)

Es una etapa económica que se caracteriza por mercados interconectados. Las empresas creadoras de los proyectos o de las “paquetes productivos” y/o inversoras son en su mayoría de origen extranjero como el caso de la Barrick Gold empresa canadiense y Monsanto de Estados Unidos.  Un entramado a nivel local permite su funcionamiento y sus crecientes ganancias. Las empresas nacionales ligadas a estas actividades son como una extensión de las empresas “madres” extranjeras y actúan como proveedoras o comercializadoras en el mercado local de los productos extraídos.

Para continuar con dicha caracterización podemos utilizar la tipología de extractivismo que Gudynas realiza en el libro “Caminos para las transiciones postextractivistas”:

§     Extractivismo depredador:   este tipo de extractivismo es el que se desarrolla en la actualidad; caracterizado como intensivo, en cuanto, a su extensión geográfica y el alto nivel de sus impactos socio-ambientales, con escaso rendimiento para las economías de enclaves encargadas de proveer los recursos naturas en cuestión. Es en su mayoría trasnacionalizado con cuantitativas ganancias para estos sectores con el aval de los gobiernos sudamericanos  para sus economías.

§     Extractivismo sensato: es el extractivismo que cumple con las regulaciones y  normativas para apaciguar el impacto socio-ambiental; hay regulación por parte del Estado y se controlan los precios y costos como la energía y tecnología que se utiliza.

§     Extractivismo o extracción indispensable: este sería el modelo ideal de implementar; donde únicamente se utilizarían los recursos que son netamente necesarios para la vida. Donde se cumplen las condiciones sociales y ambientales para su desarrollo y la economía no dependa de grandes empresas trasnacionales sino que se regionalicen las economías para lograr instancias de integración regional.

Se puede agregar a la descripción de este modelo “extractivo depredador”, distintas fases que aporta José Seoane; La primera fase es de la mercantilización, explotación y despojo, es la fase de “acumulación por desposesión”, que se da principalmente en el interior del país: la explotación metalífera de la cordillera de los Andes, Mendoza, San Juan, La rioja, Catamarca, etc. La producción de soja y el corrimiento de las fronteras agrícolas, Salta, Formosa, Santiago del Estero como las nuevas provincias sojeras o en el Chaco uno de los primeros lugares donde se empezó a desplazar otros cultivos (como el algodón) y otras producciones (como la de lácteos) por la soja trangenica. ⁽⁹⁾   Dentro este análisis se plantea que la conflictividad social en estas áreas es intensa, donde la represión por las revueltas ciudadanas ante estos proyectos es cotidiana y se ha llegado a producir varias  muertes (asesinato de un comunero del pueblo diaguita en Tucumán en el 2009, la represión sufrida por la comunidad  quom-toba La Primavera de Formosa que provoco la muerte del indígena Roberto López en el 2010, o los asesinatos de Cristian Ferreira en Santiago del Estero en 2011 o de Miguel Galván en Salta en el 2012 realizados por sicarios del agronegocio, etc.). Mientras que en las zonas urbanas se cuenta con iniciativas para incluir a los sectores menos favorecidos por el sistema, a través de distintas políticas sociales. Se da una división que es propia de la “gobernabilidad de extractivismo” intentando aislar las problemáticas sociales y ambientales sin cuestionar las consecuencias del actual modelo.

 Los aparatos provinciales del Estado se ven transformados para poder consolidar el modelo de intervención e influencia corporativa, se propaga el modelo desde la difusión por medio de la propaganda política, se brindan recursos para que los proyectos tengan sustentos, se desplaza o reprime a la población, etc. Desde las corporaciones empresariales se implementa la “responsabilidad social empresaria o corporativa” las cuales se dedican a mejorar el entorno en general (lo social, lo económico y lo ambiental), financiando establecimientos e instituciones, que permiten su legitimación y agregar valor a la comunidad.

Otros de los elementos desplegados en el análisis es que hay un bloqueo en el campo científico-profesional, debido  que por medio del financiamiento de instituciones de enseñanza y de investigación o por el control  de ciertos sectores del trabajo técnico se impide que surjan nuevas visiones  criticas de estos modelos como también son los mismos profesionales los que realizan los estudios de impacto ambiental y están financiados por las empresas de las cuales realizan los informes.

B) La megaminería a cielo abierto en la Argentina:

Desde la década del `90 puede rastrearse el inicio del “boom de desposesión minera” en Latinoamérica. Las empresas principales que lo llevaron a cabo fueron grandes compañías mineras trasnacionales que pertenecen a Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica e incluso Brasil. Concentrándose en un número reducido de las mismas, que controlan, la actividad en toda la región (Seoane, 2013).

Bajo las presidencias de Carlos  Saúl Menem (1989-1999) junto con el Ministro de economía Domingo Cavallo y ya como diputado nacional José Luis Gioja  se produjeron las reformas neoliberales que permitieron que la Argentina ingrese en este “boom” a través de la venta de terrenos  a las empresas trasnacionales mineras en zonas que no estaban permitidas y tras la aprobación de la Ley de inversiones mineras ⁽¹⁰⁾  como proyecto de Ejecutivo que en 1993  le daba múltiples beneficios a las compañías mineras ⁽¹¹⁾ :    sólo un 3 % de regalías como máximo sobre el valor de los minerales en “boca de mina”, es decir, los declarados por las empresas, descontando los gastos de explotación. Así como también la exención de todo tipo de gravamen o impuesto durante los primeros 5 años de actividad o la estabilidad fiscal por 30 años garantizada y prohibir que las empresas estatales participen de la actividad, etc.

En ese entonces el proyecto que fue aprobado convirtiéndose en ley, reflejaba los acuerdos entre distintos funcionarios estatales y profesionales ligados a la actividad.                       Este en particular se había gestado no sólo por parte del Presidente y el ministro de Economía sino también con el aporte del secretario de Minería Ángel Maza, vinculado con la minera Camiri Gold and Energy Inc. Alberto Kohan experto en geología y secretario general de la Presidencia de la Nación y ministro de Salud y Acción Social  ligado al BCCI y Roberto Dromi   abogado especialista en derecho administrativo en el cargo de Ministro de Obras y Servicios Públicas  de la República Argentina llevando a cabo la primera etapa de privatizaciones en el país. Lo que refleja que la actividad estaba estrechamente unida al proceso neoliberal que se iba consolidando y a los intereses particulares de distintos funcionarios que lo llevaban a cabo.

También comienzan los tratados binacionales para desarrollar un proyecto minero  conjunto entre Argentina y Chile  (Pascua Lama) firmando en 1997,  el Tratado Minero Argentino Chileno, dándole su fin a la Ley de Defensa que tenía restricción de territorios e incluso  incorporaba que todas las actividades aduaneras, migratorias, de control de plagas, etc. estarían financiadas por las empresas que operaran en el territorio, es decir  en este caso, Barrick Gold. A su vez le daba concesiones al libre uso de recursos naturales, sin discriminación de los mismos.

El presidente Fernando de la Rúa, como sucesor de Menem, no realizó cambios en el modelo planteado por el menemismo sino que ratificó ese Tratado y  también participaba de la actividad en cuanto a sus ganancias: 

“El fugaz presidente radical Fernando de la Rúa era accionista principal de dos minas en la provincia de Salta. Según información oficial de la Cámara de Diputados, la de Diablillo la vendió a Pacific Rim Mining Argentina-Barrick Exploraciones (Canadá) y la de Taca Taca Bajo a Corriente Argentina (Canadá) y Rió Tinto (Gran Bretaña).” (Bonasso, 2011: 133)

  Pero la “década de la minería” como declara la  Secretaria de Minería en el 2012, es del 2002 al 2011, con un crecimiento del 434% en millones de pesos en las exportaciones; de 664% en metros de exploración; del 1948% en las inversiones en millones y del 841% de la producción también en  millones. (Seoane, Et al, 2013).

 La Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993  fue ratificada en el  2001 y para el 2004 fue ampliada a través del decreto 753 emitido por Néstor Kirchner y firmado por el jefe de Gabinete de ministros Alberto Fernández y el ministro de Economía Roberto Lavagna; en dicho decreto se otorgaba total libertad a las empresas mineras para negociar en el exterior las divisas obtenidas de las exportaciones sin pasar por el Banco Central.

De la misma manera el Tratado Minero Argentino Chileno fue extendido  también durante el 2004  con el Protocolo Adicional Especifico para el proyecto minero Pascua Lama.          Este Protocolo le permitió a la empresa canadiense Barrick Gold que empiece a trabajar en el proyecto binacional. Pascua correspondería a la zona del valle de Huasco en Chile y Lama  en la provincia de San Juan  a unos casi 400km de la capital provincial del lado argentino.

 Como explica Bonasso  Pascua participara en el proyecto extrayendo un 75% del mineral y obteniendo las ganancias vía impuestos por dicha cantidad mientras que Lama  se encargara de procesar el material que reciben desde Pascua por medio de una segunda molienda y por el proceso de lixiviación, destinando 60 millones de litros de agua a un precio mucho menor de lo que paga un consumidor final, recibiendo millones de toneladas de desechos con cianuro.                                                                                                                           

A su vez  la empresa exportará y extraerá reservas que se calculan en 18 millones  de onzas de oro, 718 millones de onzas de plata y 62 millones de libras de cobre junto con otros minerales  que se extraigan. Ya fueron nombradas las enormes concesiones a las que están sujetos estos emprendimientos y  que deja a esta actividad con bajo costo de producción  en relación a las enormes ganancias que son percibidas. 

Hay que explicar que la megaminería tiene de por si características que la hacen particular y por la cual hay una ferviente oposición. Es la minería realizada a cielo abierto o de tajo abierto, que busca la explotación extensiva de minerales  que se hallan próximos y dispersos a las superficies territoriales. Para llevar a cabo dicho proceso se debe remover tras dinamitar enormes cantidades de tierra y rocas haciendo un gran pozo u olla. Además de dinamitar para la extracción se necesita transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas para purificar el mineral (utilizando por ejemplo la lixiviación con cianuro). Los desechos que son producto de este proceso se acumulan en los diques de cola, enormes piletones.

 Además de las características en torno a  cómo se desarrolla la actividad propiamente dicha es fundamental hacer referencias a las distintas consecuencias que son intrínsecas en el desarrollo de la actividad. Seoane hace referencia a la primera fase de “acumulación por desposesión” como aquel proceso al cual se hacía referencia anteriormente  que se llevó a cabo en el periodo de inicio de las privatizaciones y desregulación de los mercados que significaron una serie de cambios a nivel legislativo, normativo e institucional para realizarlo durante las décadas de los `70 y los `90. Para poder hacer posible este modelo también se hizo necesaria la apropiación privada y la extracción de los bienes naturales.                                        Es relevante destacar que las comunidades han sido enormemente afectadas por estos emprendimientos: más allá del discurso no  han sido resueltas las cuestiones  de pobreza estructural, junto a la represión por la oposición  a dichas actividades (caso Famatina en  la provincia de la Rioja),  sumado al desplazamiento  de las poblaciones por la apropiación de sus tierras junto la destrucción de otras actividades económicas   por la contaminación del aire, el suelo y el agua, etc.                                                                                                          

Este último recurso nombrado es el más afectado por la actividad minera que además de la contaminación ⁽¹²⁾  sufre el excesivo uso, como se refleja en la actividad de  La Minera Alumbrera  ubicada en Catamarca que utiliza 1200 litros de agua por segundo junto a la utilización de forma extraordinaria de  energía eléctrica, que  esta misma empresa minera usa en un150% la energía que consume el resto de la provincia.  O en Veladero 110 litros por segundo y en Pascua Lama 360litros por segundo desde el informe oficial; 70% del agua proviene de los glaciares ubicados en la región.

La problemática del agua ha sido lo más contundente en el proceso de lucha de las organizaciones ciudadanas que se oponen al modelo y la también por parte de la legislación para regular el uso de misma. La lucha legal ha sido un campo de batalla para estos sectores en pugna.

Cuando comienzan a efectuarse los proyectos de exploración y explotación de la megaminería se hacen evidentes las problemáticas que el modelo conserva en sí mismo. Para ejemplificar, el proyecto Pascua Lama,  a través del Informe de Impacto Ambiental (IIA) ocultó la presencia de glaciares en la zona a explorar. Sin embargo por medio del estudio de la zona  de profesionales independientes e la empresa presentan que hay al menos 3 glaciares comprobados: Toro I, Toro II, y Esperanza.

El IIA es realizado por la misma empresa de forma oculta e ilegal. La consultora privada que realizó el informe Knight Piésold cohabita en el mismo domicilio de la empresa trasnacional. Y en el sector publicó también existió  esta tergiversación. Jorge Omar Mayoral secretario de Minería de la Nación  posee vínculos con  empresas mineras a las cuales regularía como con la empresa Micas Argentinas S.R.L. y Millstone S.A. relacionada con Barrick Exploraciones Argentina S.A. 

De la misma manera ocurrió con el proyecto Veladero. En el 2005 se firman los acuerdos ente el IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera) y Barrick para que se inicie el proyecto Veladero en la provincia de San Juan.  Juan Pablo Milana experto en glaciología realizó un informe donde mostraba la presencia de glaciares en toda la zona donde se iba a desarrollar dicho proyecto, dándole el aval la  Federación de Ciudadanos Independientes que se presentaba como un grupo en defensa de los glaciares en San Juan. Sin embargo luego de denunciar fervientemente a esta empresa y a los informes distorsionados, Milano es contratado por La Junta de Vigilancia del Agua del Valle de Huasco de Chile que había recibido desde Barrick más de 60 millones de dólares. De esta manera Milana cambiara su posición y dirá que no eran glaciares sino cuerpos de hielo con poca antigüedad (Bonasso, 2011).

Otro caso significativo donde cohabitan las funciones de control y regulación con los intereses de la empresa, el es caso del ingeniero y funcionario Eduardo Jorge Millón. En sus comienzos presidía el Instituto de Hidráulica en la Universidad Nacional de  San Juan. Cuando en el 2002 previo a que sean firmados los acuerdos para el proyecto Veladero, nuevamente la consultora Knight Piésold hizo el IIA contrató a Millón para hacer el diseño hidráulico del proyecto. En el 2004 José Luis Gioja como gobernador lo  designa a Millón como director del Departamento de Hidráulica y este aprueba el plan hidráulico que él mismo había diseñado cuando había sido contratado por la consultora de la empresa, resolviendo el pago mínimo del consumo del agua para Veladero, sólo unos 93 pesos por día. (Bonasso, 2011).

En vista de estos asuntos gravemente problemáticos en cuanto a la preservación de recursos naturales, principalmente un recurso fundamental y  no renovable como es el agua, en octubre del 2007 la Comisión  de Recursos Naturales y conservación del Ambiente Humano presidida por Miguel Bonasso y con Marta Maffei como vicepresidenta, aprueba un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el área periglacial, que fue votada por unanimidad por la cámara de diputados y por senadores no tratada por 1 año. En el Senado también fue aprobada por unanimidad en octubre del 2008.  La Ley de Glaciares (26.418) fue aprobada contemplaba: como objetivo principal el cuidado y preservación de los glaciares, por ser una de las escasas fuentes de agua potable en el territorio nacional, para ello  proponía la realización de un inventarió de glaciares por parte del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales( IANIGLA), que permita individualizarlos y monitorearlos así como también la prohibición de la ejecución de proyectos y actividades en las áreas cercanas a los mismos para evitar que sean dañados.

Pero a través de la facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo, la Ley fue vetada, por parte de Cristina Fernández de Kirchner por medio del decreto 1837/08.                                         Fue tratado el veto en noviembre de ese mismo año en la reunión de la Comisión y  al mismo tiempo suspendida la sesión del día próximo para el tratamiento del veto por parte del bloque oficialista.

Tras numerosas campañas de ambientalistas, intentaban volver a poner en boga  al tratamiento de la ley vetada. Recién en marzo del 2010 se reunirán las Comisiones correspondientes, la Comisión  de Recursos Naturales y conservación del Ambiente Humano y la Comisión  de Minería, para poder reinstalar la discusión sobre la Ley de Glaciares y por medio de la aprobación de la mayoría podía volver a ser tratada. Se la quería reformular contundentemente desde el bloque oficialista liderado por Filmus, quitando la protección de las áreas periglaciares y Bonasso presenta una ley basada en la Ley Maffei que había sido vetada. Finalmente tras arduas discusiones se vota y se aprueba en julio del 2010, Ley 26.639, de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” que coincidía más con la ley original.

Para febrero del 2011 la ley no había sido implementada, ni tampoco fueron entregados los fondos para sustentarla. Es entonces cuando  Greenpeace protesta contra las minas q siguen funcionando a pesar de violar la ley.  Se encadenan a Un container amarillo con la inscripción “Barrick: basta de bloquear la Ley de Glaciares” se ubica en el ingreso principal de la mina Veladero y es acompañado por un grupo de carpas  y a unos 300mts otras 20 carpas que ocupan la ruta que da ingreso a la mina de Pascua Lama. Esta acción se dio en el Departamento de Iglesia en San Juan, la cual fue reprimida, tras la orden de Gioja y la jueza Silvia Rodríguez. Fueron detenidos 50 activistas. ⁽¹³⁾

Luego de este suceso con la organización ambientalista, fueron asignados, 3 millones 400 mil pesos a la fundación Innova T para que realice el inventario de los glaciares (con un plazo de 5 años) en vez de ser sido asignados al IANIGLA. Esta fundación tenía “vinculaciones tecnológicas- Convenios” con  Barrick Gold Exploraciones Argentinas S.A. que aparecían  publicadas en la Pág. Web.

A su vez en el Boletín Oficial habían modificado la ley aprobada, quitándole el artículo 15,  que preveía la realización de auditorías ambientales en los emprendimientos que estuvieran en ejecución, como Veladero y Pascua Lama.                                                                          

La ley aún sigue sin ser aplicada y los emprendimientos siguen funcionando. Estos son algunas de las problemáticas que la megaminería presenta en la región y solo se han nombrado pocos proyectos que actualmente están desarrollándose en el país como ejemplo del neoextractivismo progresista.

 c) La Republica de la Soja:

 El proceso de sojizaciòn argentina se inscribe dentro de lo que  ha sido llamada la “la Revolución Verde” que se remonta a las décadas de los 40´ y 60´.Está fue una profunda transformación técnico-científica que intentaba incrementar la producción agrícola por medio de la manipularon científica-tecnológica. De esta manera  fueron creadas semillas híbridas de mayor rendimiento que las tradicionales, exigiendo para su implementación, la eliminación progresiva de la biodiversidad. Como también la implementación del monocultivo y el uso de pesticidas.

Ya para las décadas de los 70´ y los 80´ esta “revolución” toma un nuevo rumbo entrando en su segunda fase que corresponde con la expansión del neoliberalismo y el extractivismo. Está se caracterizaba por el desarrollo y la difusión de la biotecnología.  Esto significó  la manipulación de semillas, plantas y otras especies para el crecimiento de la actividad económica con consecuencias importantes en la producción agrícola tradicional, en el empleo y en los hábitos alimenticios de la población, entre otras.

En la actualidad este modelo tomo más vigor y sobre todo en el Cono Sur y se manifestó en la creciente presencia de capitales trasnacionales en torno a la agricultura y los alimentos dando lugar a los “agronegocios”. Este proceso estuvo estrechamente vinculado a las reformas legislativas, el corrimiento de fronteras agrícolas y el descenso del costo de producción, etc.

 Los agronegocios se caracterizan por la vinculación de capitales privados, sectores agropecuario y rural, junto a sectores agroindustriales con fondos financieros de inversión generando la concentración de capitales y la creación de un mercado oligopolio.

Particularmente en la Argentina puede verse  la incorporación de este modelo tras un proceso acelerado de surgimiento, expansión y acaparamiento de la producción ⁽¹⁴⁾. En 1996 se aprueba con el voto de Felipe Solá la incorporación de la soja transgénica en el territorio nacional ⁽¹⁵⁾; en tiempo record se trató y se aprobó aceptando el paquete productivo que  vendía Monsanto.

Son varias las cuestiones a problematizar en este modelo incorporado sin  el análisis de impactos socio-ambientales necesarios y sin percatarse que en varias regiones del mundo se encuentra prohibido. Para explicar en qué consiste este “paquete productivo” utilizare las palabras de  Emilio Taddei:     

“la difusión del paquete tecnológico transgénico (o “paquete cerrado” compuesto por la semilla y el herbicida glifosato) permitió su asociación al sistema de siembra conocido como siembra directa (SD). Por otra parte las semilleras promovieron políticas crediticias que permitían diferir el pago por la compra de las semillas al momento de recolección de la cosecha y que resultaron muy atractivas para los pequeños productores. La concentración del mercado se vio también estimulada por acuerdos con los productores que contenían cláusulas de exclusividad  para los productos de las diferentes firmas transgénicas. La venta en circuitos informales de semillas no fiscalizadas (práctica conocida como “bolsa blanca”) fue otro factor que influyó en la consolidación del paquete biotecnológico”. (Emilio Taddei, Et al, 2013:162,163)

También la incorporación de este modelo necesito de la implementación de nueva maquinaria agrícola, junto a sistemas rada rizados y computarizados de control hacia las zonas productivas combinados con formas de trabajo precarizados y escasamente remunerados.

  Las salidas de las crisis de legitimidad del modelo neoliberal presentaron características particulares en toda la región. Una de ellas y común a distintos países  fue la consolidación del modelo extractivo exportador que trajo el resurgimiento de las economías que se encontraban devastadas basándose en la expansión de la explotación de bienes comunes de la naturaleza, principalmente desde el 2003 al 2008.

Es para el 2003 los sectores ligados a este tipo de producción incrementaron su producción y fueron actores fundamentales en el proceso de recuperación económica. Dos factores fueron relevantes, el primero para considerar, fueron las reformas neoliberales que le abrieron paso a estos sectores. El segundo factor, fue la recuperación, del precio de los commodites. Este factor hizo que se recuperen los términos de intercambio en Sudamérica e incrementó el ingreso fiscal de los países de la región junto al incremento de la demanda mundial de commodities y materias primas desde los mercados orientales que permitió este proceso.

Estos factores a nivel internacional también fueron combinados con cambios a nivel local. Es importante destacar las políticas desarrolladas por los gobiernos que llevan a cabo estos modelos  guían los cursos de la economía.

 “La republica sojera” se fue gestando en el primer gobierno kirchnerista pero se consolido fuertemente en durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Puede decirse que mantenía una relación con los sectores del agronegocio era estable hasta  el desarrollo de la 125, ley de retenciones móviles a las exportaciones, en el 2008. La puja por las retenciones tenso durante varios meses los lazos entre estos sectores que presentaban un crecimiento acelerado y el gobierno, pero no los corto. Es decir, más allá, que se discutió a fondo la cuestión y se lo acompaño desde ambos lados con  diversas manifestaciones, la relación no se rompió y mostró signos de recuperación en poco tiempo. Lo que se agudizo, es que a través del incremento del control estatal de la renta generada por estos sectores, se profundiza el modelo desde el sector gubernamental, hay notables cambios de discurso y planes que acompañan a este modelo y al crecimiento del mismo.

El año 2009 no fue el mejor en términos económicos, ya que la crisis internacional, desaceleraba el crecimiento de las exportaciones. Pero hacia fines del 2010 ya comenzaba a resurgir nuevamente.

En el 2011 el gobierno hacia público el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, estableciendo metas de la producción alimentaría:

“Los ambiciosos planes oficiales estipulan el incremento de la producción de granos, que pasará de las actuales 100 millones de tns. A 130 millones de tns. En el 2016, con el objetivo de alcanzar 157 millones de tns. En 2020. Se estima que la realización de estos objetivos requerirá el incremento de 27% de la superficie cultivada actualmente.” (Emilio Taddei, Et al, 2013: 166)

Un dato relevante  que excede al periodo estudiado, es que el agosto del 2012, una Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina autorizó la comercialización en el país de soja transgenica de Monsanto. Por ello dicha trasnacional invierte en la Argentina para abrir nuevas plantas, ya que su futuro es prometedor, si se  calcula que ya en dicho entonces, se estaba desarrollando una nueva Ley de Semillas desde el gobierno, que favorecería a los intereses de esta multinacional.

 Ahora bien muchas son las cuestiones que presentan controversias en el modelo que se esta profundizando. Principalmente las cuestiones socio-ambientales son las que mas presentan argumentos en contra. La agroindustria necesita la concentración a gran escala de tierras para su desarrollo, que se obtiene mediante la compra o el alquiler por parte de los grandes pool siembra (muchos optaron por rentar sus tierras ya que no tenían las hectáreas necesarias para poder plantar y que sea redituable), también  a través del corrimiento de las fronteras productivas, es decir no sólo quitándole espacio a otras producciones( las plantaciones de algodón en el Chaco, la industria láctea o ganadera) sino también por medio de los desmontes y la apropiación de tierras de comunidades indígenas.

Para el 2004 se presenta los  proyectos  de lo que será  la Ley de Bosques para afrontar varias problemáticas. Como relata Bonasso a comienzos del siglo XX, en la Argentina, había 100millones de hectáreas de bosques nativos, hoy apenas quedan 30millones. También contra el accionar, entre otros, del gobernador  de Salta Juan Carlos Romero que quería privatizar 25 mil hectáreas de una reserva provincial en la selva pedemontana para las actividades económicas. Se planteaba la emergencia forestal de la nación y se proponía frenar todo tipo de desmonte hasta que sea realizado un ordenamiento territorial, pautando que zonas no podían ser alteradas y cuales sí evaluando el impacto ambiental. Recién para noviembre del 2007 la Ley fue tratada y aprobada, pero si bien se redujo un 60% la deforestación, la Ley no ha sido implementada un 100%.

Otra problemática es la cuestión de los agrotoxicos, para que estas semillas trangénicas vivan (soja, maíz, trigo),  es necesaria la fumigación con sustancias toxicas como el glifosato. De la misma manera que la Barrick realiza los Informes de Impactos Ambientales de los proyectos de megaminería Monsanto controla la toxicidad de los componentes para la fumigación. Innumerables son los casos de organizaciones y vecinos que denuncian las fumigaciones ya que comparten la zona con este tipo de actividad; el problema es que no reciben respuestas y crecen los casos de distintos tipos de Cáncer, alergias, enfermedades respiratorias, etc.

Otra cuestión es la perdida de la biodiversidad del suelo.  La soja transgenica es una planta que  absorbe de forma abundante distintos minerales de la tierra (como el fósforo, el potasio) y no pueden ser reincorporados a la tierra de manera natural, sino a través de agregados artificiales. También la demanda acelerada de estos productos, sobre todo hacia el mercado internacional,  no permite que los suelos “descansen” y no se realiza rotación de cultivos por no ser redituables.

Estos elementos, el monocultivo transgénico  principalmente, producen la desertificación de los suelos sin posibilidad a que estos se recuperen. Seguido a ello los desmontes para extender la frontera productiva también traen la perdida de la biodiversidad de las regiones afectadas y provocan consecuencias mayores como las inundaciones por la baja absorción de los suelos y la escasa cantidad de flora nativa como también la pérdida significativa de fauna que no tiene el territorio necesario para desarrollarse.

 Es relevante destacar que la concentración de las tierras y de la producción en pocas manos, crea mercados oligopolios y desplaza a ciertos sectores de la actividad. Esto se ve reflejado en la desocupación que trae este modelo de siembra directa, donde solo grandes propietarios pueden comprar las maquinarias que exige este modelo productivo y reduciendo significativamente la cantidad de mano de obra empleada. Una de las consecuencias de este fenómeno fue la migración del campo a las ciudades que trae aparejada la concentración de población en las grandes urbes. Así como también son reprimidos los pueblos que habitaban esas regiones para poder apropiarse de sus tierras y asesinados en enfrentamientos con las fuerzas provinciales o a manos de sicarios de los agronegocios como pasó en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, etc.

 Conclusiones:

El modelo está en pleno proceso de profundización. La Argentina, es un caso que ejemplifica a la perfección el modelo neoextractivista, tanto a nivel político como a nivel económico, y cómo fue planteado a lo largo del trabajo.                                                                      

Ahora bien, se hace necesario reflexionar sobre este modelo a seguir. El extractivismo actual se presenta como la solución para enfrentar los problemas de pobreza y redistribución del ingreso. Crecen las exportaciones, por consiguiente el PBI, lo que llevaría un mayor bienestar social. Sin embargo este simplismo es problemático. Se puede considerar a dichas actividades como  principales fuentes de expansión de exportaciones y capitales, pero conserva en sí mismo fuertes impactos ambientales que son irreversibles y tensiones sociales que se hacen imposibles de saldar.

Entonces además de no resolver las cuestiones de fondo, como la pobreza y la desigualdad social como ha sido desarrollado en el trabajo, ocasiona nuevos puntos de conflicto. Hay pérdida significativa de los bienes naturales, contaminación en general, desplazamiento de comunidades para el uso de sus tierras o por falta de trabajo en la actividad, destrucción de las economías regionales generando una economía netamente trasnacional, represión a quienes se oponen al modelo, etc. Lejos de desarrollarse la región es despojada de sus recursos naturales y las luchas contra estos proyectos son reprimidas, ignoradas y aisladas. Muchas son las consecuencias negativas del neoextractivismo donde el negocio se mezcla con la política y donde no existe una salida real al neoliberalismo, sino más bien, termina siendo un modelo heterodoxo con fuertes sesgos neoliberales y con políticas sociales focalizadas que suavizan sus impactos.

Otro aspecto de relevancia a señalar es que la extracción de los recursos a gran escala tiene un futuro acotado, ya que los recursos son finitos.

Puede decirse que este modelo no resuelve los problemas actuales y agrega otros nuevos. Además que reproduce el modelo de centro-periferia a la perfección donde los países del tercer mundo exportan sus recursos naturales o bienes primarios hacia los países centrales, reprimarizando aún más a las economías.  A su vez muchos autores que fueron trabajados coinciden en la recolonización de Latinoamérica con dichas prácticas extractivistas, ahora la apropiación tiene otras características que han sido abordadas, pero conserva la misma concepción  de expoliación de estos territorios.

También vale cuestionar a estas actividades, en cuánto concentran las actividades y riquezas cada vez en menos cantidad de manos recrudeciendo aún más al sistema capitalista. Son prácticas que lejos de incluir  como plantean los discursos empresariales y estatales desplazan y que los cambios a los cuales aporta no son sustanciales sino superficiales y momentáneos.

Es necesario desmitificar los discursos de desarrollo y progreso que conservan en sí mismos intereses puntuales y particulares. Hay que presentar otra forma de interpretar  al mundo y que no sea sinónimo de mercancía. ¿Progreso hacia dónde? Se podría plantear en base a lo desarrollado.

De esta manera se tiene que plantear un modelo que nazca desde las alternativas políticas y económicas, que contemple en sí mismo las distintas cuestiones a resolver desde otra concepción ideológica de la naturaleza y el mundo. Un modelo que no apunte al materialismo, al lucro, al individualismo y la concentración de poder y capital. Si no que este modelo partiendo desde las alternativas utilice las practicas  sólo para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana sin afán de lucro y comercialización. Un modelo en el cual se  pueda concebir  la armonía de los seres vivos y la naturaleza.

Bibliografía:

  Bonasso, Miguel (2011): “El mal: el modelo K y La Barrick Gold”. Buenos Aires. Ediciones Planeta.

 Calveiro, pilar (1998): “Poder y desaparición  Los campos de concentración en Argentina”. Buenos Aires. Editorial Colihue.

 Colectivo Voces de Alerta (2011): “15 mitos t realidades de la minería trasnacional en la Argentina”. Buenos Aires. Ediciones Herramienta y Editorial El Colectivo.

  “Democracia y estado de excepción: Argentina, 1983-2008”. Leiras, Santiago (Comp.), 2012 . Buenos Aires. Ediciones Prometeo Libros.

Gudynas, Eduardo (2012): “Estado Compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”. Revista Nueva Sociedad. Nº  237. Buenos Aires.

Seoane, José y Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2013): “Extractivismo, despojo y crisis climática: Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América”. Buenos Aires. Ediciones Herramienta, Editorial El colectivo y GEAL.

 Referencias:

 1: Gudynas, Eduardo, a: “Estado compensador y nuevos extractivismo. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”. Revista Nueva Sociedad Nº 237, enero-febrero de 2012, véase en http://www.nuso.org/upload/articulos/3824_1.pdf

2: Ley de Glaciares, 2010.  En http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm

3: Ley  de Bosques, 2007. En http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm

4: Gudynas, Eduardo, b: “Caminos para las transiciones post extractivistas” véase en http://www.redge.org.pe/sites/default/files/GudynasCaminosPostExtractivismoPeru11.pdf

5: Discurso del presidente Néstor Kirhner, 2005  Véase en: http://www.cronista.com/impresageneral/Texto-completo-del-discurso-de-Nestor-Kirchner-en-Catamarca-20051124-0109.html

6: Noticia sobre agrotoxicos, Pagina 12, enero del 2009 véase en:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-118075-2009-01-12.html

7: Gudynas, b, Op Cit.

8: Gudynas, a, Op Cit, Pág. 138.

9: Informe documental “Hambre de soja”: véase en: http://www.youtube.com/watch?v=gsEiZkcZksU

10: Ley de inversiones mineras, 1993. Véase en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/594/texact.htm

11: Datos disponibles en: http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Miner%C3%ADa_en_Argentina

12: Datos disponibles en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Mineria_de_oro_a_cielo_abierto_y_sus_impactos_ambientales

13: Noticia sobre la detención de manifestantes de Greenpace, Pagina 12, febrero del 2011, disponible en:http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-162969-2011-02-24.html

14: Informe documental “Hambre de soja”: véase en: http://www.youtube.com/watch?v=gsEiZkcZksU

15: Noticia sobre el comienzo de la soja trangenica en la Argentina, Pagina 12, abril 2009, disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123932-2009-04-26.html

[1] Carrera de Ciencia Política (UBA)