Resumen.

 

Este trabajo busca indagar en la campaña política y la gestión del primer gobierno federal no priista en México. A través del concepto de neodecisionismo se intentará comprender en qué medida Vicente Fox pudo establecer y desarrollar un liderazgo que le permitiera concretar las reformas estructurales que formaron parte de su agenda. A su vez, se pondrá de manifiesto el marco institucional y político con el cual el nuevo presidente se enfrentaría una vez en el poder. Tomando como contraejemplo la experiencia en Argentina de Carlos Saúl Menem se intentará demostrar que dichos marcos funcionaron como limites infranqueables para el gobierno foxista, impidiendo el surgimiento de prácticas  neodecisionistas como las que caracterizaron a varios países de América Latina en los noventa.

 

 

Summary.

 

This paper seeks to investigate the political campaign and the management of the first non-PRI federal government in Mexico. Through the concept of neodecisionismo will seek to understand the extent to Vicente Fox was able to establish and develop leadership to let him realize structural reforms that were part of their agenda. In turn, it will highlight the institutional and policy framework with which the new president would face once in power. Drawing on the experience in Argentina counterexample of Carlos Saul Menem will attempt to show that such frameworks functioned as insuperable limits to the Fox government, preventing the emergence of practices that characterized neodecisionistas as several countries in Latin America in the nineties. 

 

 

Liderazgo Político y competencia partidaria en México: “Administración Fox. El primer gobierno no priista. El liderazgo y sus límites con un Parlamento Dividido”.

 

                          Por: Matías Mariano Dobrzanski[1]

 

Introducción

 

La democracia, entendida como un proceso de participación en elecciones libres,  justas y competitivas (Anduiza-Bosch, 2004) sólo se logró en México como resultado de un  proceso de liberalización del sistema electoral y la competencia partidaria, que se inició con la reforma electoral de 1977 y fue mostrando una mayor competitividad de los partidos opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las sucesivas elecciones distritales (Valdés Zurita, 1995).  De esta manera se fue debilitando la hegemonía priista que había caracterizado al sistema político mexicano desde la década del 30, llegando a un punto de inflexión en las elecciones federales de 1997 donde el PRI perdió por primera vez el dominio histórico en la Cámara de Diputados. Como sostiene Joseph L. Klesner durante la década de los 90 los partidos opositores desarrollaron estrategias regionales que les permitieron ir construyendo localmente el apoyo a sus partidos (2005). Durante este proceso se fue articulando una competencia partidaria donde el PRI y el  Partido Acción Nacional (PAN)  compiten por el poder en las zonas del norte y centro-oeste y el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el sur.

En el año 2000 el candidato a presidente por el PAN Vicente Fox, ganó las elecciones nacionales en los Estados Unidos de México, consiguiendo un hecho histórico al ser el primer presidente que no provenía de las filas del PRI. Fox consiguió el 42.52 % de los votos relegando al candidato del oficialismo al segundo puesto. Como sugiere Moreno en la década del 90 la contienda política giró en torno a la idea de cambio o de mantenimiento del Statu Quo (2003). Después de los resultados de 1997, los temas principales de la campaña presidencial se centraron directamente en la posibilidad de que el PRI, por primera vez, sea derrotado y de esa manera se consiguiera un cambio en el escenario político nacional, idea que Fox iba a saber explotar muy bien en su figura de “político diferente” y “hombre honesto” con la cual se presentaba. El candidato del PAN consiguió reunir en torno a su figura a una amplia coalición de votantes a lo largo del espectro electoral.

Si bien, Fox, accedió a la presidencia como candidato panista, el PAN no pudo aprovechar el clima de época para imponerse  a nivel local ni para conseguir ser la primera minoría en el Congreso de la Unión. Siguiendo los datos del Instituto Federal Electoral  se puede observar que el presidente, tanto en los primeros tres años de su gobierno como después de las elecciones del 2003,  nunca superó el 41 % de los escaños en ninguna de las cámaras y sólo obtuvo nueve gubernaturas (25%). Si bien ya había comenzado en 1997, a partir de ese momento se iba a poner de manifiesto en México las implicancias que trae aparejado para el presidencialismo el problema de la rigidez del sistema en los casos de gobierno dividido (Linz, 1997). Fox no contó a lo largo de toda su presidencia con una mayoría propia que le permitiera ejercer el poder necesario para llevar a cabo la transformación de país que tenía como objetivo, ya que muchas de las medidas que se prometieron, y que formaban el fuerte del proyecto, tenían  que lograr, para implementarse, la modificación de la constitución  por lo cual  el presidente no pudo imponer, prácticamente,  ninguno de los proyectos reformistas que formaban parte de su agenda.

Tomando como herramientas de análisis los conceptos de líder, liderazgo, estado de excepción  y neodecisionismo,  (Baldioli-Leiras, 2010) se intentará abordar el gobierno del presidente Vicente Fox para tratar de determinar en qué medida pudo establecerse como líder, desarrollando o intentando desarrollar un fuerte liderazgo que le permitiera romper algunas prácticas políticas del viejo régimen autoritario-corporativo y así avanzar en el proceso de democratización iniciado en 1977. Si bien el escenario en el que asume Fox no es el de crisis económica, social y de legitimidad, característicos de los periodos de ruptura de la década del noventa en países de  América Latina como Perú, Argentina o Venezuela, el clima de fin de siglo en México era el de cambio del Statu Quo, el momento de romper definitivamente con el viejo orden priista, para lo cual sería necesario un liderazgo capaz de concentrar en sí todas las fuerzas dispuestas al cambio, enfrentando el aparato priista que, por primera vez en la política nacional, ocupaba el rol de opositor al gobierno. Con la intención de poner de manifiesto la relación particular que se dio en México entre el liderazgo de Fox y los límites institucionales y partidarios del escenario político, se tomará como contraejemplo el caso argentino de la primera presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995). Si bien no se profundizará en el tema, se marcarán las líneas generales de un líder político que supo aprovechar un escenario de crisis económica, política y social  para construir un liderazgo que le permitió gobernar durante 10 años en el marco de las reformas estructurales que caracterizaron a América Latina en la década del 90.

Como se señaló anteriormente es interesante, desde esta perspectiva, indagar sobre la figura de Fox como líder que rompe con una cultura política de más de medio siglo, donde, inequívocamente, las elecciones nacionales las ganaba el PRI. En este sentido es de especial interés preguntarse por las cualidades políticas del candidato panista, cómo logro presentarse como ese líder capaz de torcer definitivamente el rumbo de la historia política mexicana, qué aptitudes, resaltadas durante la campaña electoral, le valieron para servirse con la presidencia. A partir de aquí comienza a jugar un rol central la introducción y el uso de la mercadotecnia política en la campaña presidencial de Fox de cara a las elecciones del 2000. Como sostiene Adriana Borjas Benavente, el estilo de campaña política foxista, que privilegió la mercadotecnia política, fue un factor determinante en la configuración del modelo propagandista de comunicación política en México (2003).  

Una vez en la presidencia la imagen de líder político de Fox iba a ser puesta a prueba. Éste llegaba al poder con la promesa de transformar definitivamente las estructuras políticas, sociales y económicas de un México al cual le había llegado la hora de la modernización. Dichas transformaciones sólo podrían ser sostenidas bajo la construcción de un fuerte liderazgo político que pudiera movilizar para su causa a vastos sectores de la sociedad y, que además, le permitiera contar con el apoyo necesario dentro del marco institucional que rodea al proceso de toma de decisiones en México. Como veremos más adelante, el marco constitucional, los resultados electorales en el poder legislativo y el fuerte arraigo del priismo en distintos actores sociales se presentaron como límites infranqueables para el ex gobernador de Guanajuato. La falta de apoyo legislativo iba dejar en el tintero gran parte de las reformas estructurales y constitucionales que formaban parte del proyecto que lo había lanzado a la presidencia. En este escenario y a diferencia del caso argentino las instituciones políticas funcionaron efectivamente como un freno para el surgimiento de prácticas neodecisionistas que el estilo de líder populista y hombre redentor, con el que Fox logró triunfar en las elecciones, podían hacer prever.     

 

Antecedentes: El viejo modelo.

El año 1997 marca un punto de inflexión en las instituciones políticas mexicanas. Bajo la presidencia de Ernesto Zedillo se iba a terminar de materializar el proceso de liberalización política, sentando las bases para que por primera vez se comience a pensar en un recambio presidencial que respondiera a las demandas de la ciudadanía por medio de la competencia electoral y partidaria. En ese año, por primera vez en la historia del país, las elecciones de medio término iban a ser organizadas por un órgano independiente. A partir de esto, el PRI perdió la mayoría absoluta (histórica)  en la Cámara de Diputados y la primera elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México.  Pero este momento crucial en la democracia mexicana responde a un proceso que comienza a gestarse en la reforma electoral  del año 1977.

Como es sabido el PRI se mantuvo en el poder por más de setenta años. Con lo cual preguntarse por su origen es remontarse a las consecuencias sociales y políticas que el país heredaba de la  famosa revolución de 1910-1917. En 1929, luego de la muerte del recientemente electo presidente Álvaro Obregón, el ex presidente Plutarco Elías Calles, formó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para amalgamar a todas las organizaciones políticas y sociales de México con el objetivo de terminar con las luchas violentas entre caudillos rivales que habían emergido como producto de la revolución. Si bien hasta la llegada de Cárdenas al poder el partido sirvió como vehículo personal de dominación de Calles sobre la política del gobierno nacional, desde sus comienzos se presentaría como el partido de masas capaz de encausar el legado revolucionario y lograr la estabilidad política y social.  El PNR, que era concebido como el primer intento de institucionalización del orden revolucionario, funcionó desde el principio bajo la lógica corporativista de poder, estableciendo una fuerte alianza con el ejército y los sindicatos, ejerciendo, además, un fuerte control burocrático sobre los trabajadores y campesinos. A su vez, la incorporación de los sectores populares formó parte de la estrategia de las nuevas conducciones políticas que, para consolidar su posición dentro de las fracciones dominantes, utilizaron la movilización de éstos como cruciales recursos políticos (Ruth B. Collier-David Collier ,1991). Pero, como es lógico, la movilización y el apoyo de los sectores trabajadores y campesinos se efectuaban con la contraparte de concesiones reales, materiales y de participación,  que las elites políticas se veían obligadas a brindar. Además, el apoyo campesino y obrero fue la base del poder político que acumularon los gobernadores a lo largo de este proceso (Ruth B. Collier-David Collier ,1991). Si bien durante el periodo 1928-1934 se conformaron tres gobiernos de corte más conservador, que intentaron acotar el avance de los sectores campesinos, a partir de 1934 el presidente Lázaro Cárdenas reorienta la política hacia la inclusión de dichos sectores de forma similar a la del movimiento obrero. A cambio de grandes reformas que beneficiaron a una parte importante del campesinado, el gobierno logró institucionalizar el apoyo obtenido a través de la constitución de ligas agrarias a nivel estatal que en 1938 fueron agrupadas en la Confederación Nacional Campesina (CNC) siendo, de esta manera, formalmente incorporadas al partido. “En la época que Cárdenas dejó la presidencia, para 1940, había formado una alianza con la clase trabajadora a través de su confederación predominante, la CTM –Confederación de Trabajadores de México-  , instituido una serie de reformas, otorgado buena cantidad de concesiones y beneficios laborales, y triunfado en la incorporación de los sectores populares en un integrado partido multiclasista” (Ruth B. Collier-David Collier ,1991).

  Como producto de la revolución, el PRN, se erigía como principal herramienta de articulación de las distintas fuerzas políticas convergiendo en él los distintos líderes y organizaciones que contaban con representatividad y capacidad de movilización. El partido se desarrolló, de esta manera, como la principal institución para la competencia política, ya que dentro de él se dirimían los acuerdos y des-acuerdos en la lucha por el poder público, estableciendo un gran predominio en el escenario político. A partir de esta lógica, fuerzas tanto conservadoras como populistas convivían dentro de la estructura del partido y se disputaban el poder nacional. Es así como en diciembre de 1937,  Cárdenas anuncia su intención de reorganizar el partido para reflejar los cambios que se venían dando en su gobierno institucionalizando la representación de los sectores populares. Tres meses más tarde,  el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) sustituía al PNR  fundado por Calles. En 1946 adquiriría la denominación  actual en el marco de la incorporación de dirigentes civiles con educación universitaria. A partir de allí el Partido Revolucionario Institucional (PRI) seguiría teniendo un rol central en la política mexicana. Como se intentó poner de manifiesto, el PRI fue desarrollándose y creciendo a medida que se reconstruía el nuevo Estado mexicano pos-revolución. La influencia del partido, que se extiende en todos los niveles políticos y en las principales organizaciones sociales a lo largo de la historia del país, es producto de este rol central que jugó como canalizador de las fuerzas que surgían en el escenario posrevolucionario y que iba a permitir la construcción del Estado moderno y el poder central.   

 La hegemonía del PRI en la política mexicana data entonces, desde hace más de 70 años. El rol central que adquirió en la reformulación no sólo del Estado sino de las mismas relaciones de fuerzas lo colocó como mediador fundamental de las tensiones sociales negociando directamente con las distintas corporaciones. De esta forma las instituciones democráticas adquirirían un funcionamiento particular, permanentemente denunciado por los sectores disidentes que, al ir por fuera del partido, quedaban prácticamente excluidos del proceso de toma de decisiones. A medida que el PRI se convertía en el elemento clave de lo que se  ha denominado régimen de partido de Estado (Rhina Roux, 1997), se iría configurando un discurso nacionalista que se materializó más claramente en las décadas del 40 y 50, donde se destaca la política de nacionalización de los recursos petrolíferos. A partir de la reorganización partidaria de 1946, comenzaría un proceso que centralizaría aun más el poder real en torno de la cúpula de la dirigencia partidaria en detrimento del que gozaban las organizaciones y corporaciones que formaban parte de la alianza hegemónica. La figura del presidente de partido adquiría un rol cada vez más importante, presentándose como el principal recurso político que motivaba los enfrentamientos entre las distintas facciones y familias que formaban parte del partido. Este proceso de concentración de poder fue facilitando a su vez el funcionamiento de las prácticas políticas, como el dedazo, que garantizaban la sucesión presidencial de manera estable dentro de la organización. La maquinaria partidista a nivel nacional, que el PRI había logrado desarrollar durante todos estos años, funcionaba, por medio del clientelismo político y la cooptación, como garante del triunfo electoral del sucesor del partido.

     A la par de este proceso y como reacción a las políticas del periodo de mayor radicalización populista, se crea en 1939 el PAN, partido surgido de la Unión Nacional Sinarquista que, según Manuel Alcántara Sáez, era una organización de tipo fascista, tan características de la época (1994). A la postre, el PAN,  iba a ser considerado como el partido opositor ubicado a la derecha del PRI. Durante todas estas décadas, si bien quedó al margen de la competencia política a nivel nacional, el partido creció y se consolidó a nivel municipal y estatal.  Al igual que en el caso del PRI, pueden distinguirse hacia dentro del partido distintos grupos y sectores. En líneas generales se identifican dos corrientes, la vinculada a los empresarios y la católica (Soledad Loaeza, 1997). Si bien los une el rechazo al PRI y al populismo como fenómeno político, ambas corrientes difieren en el diseño y la implementación de políticas económicas y sociales. Según Francisco Reveles se puede identificar una corriente pragmática y una doctrinaria (1998). La primera más vinculada a los sectores de derecha y las posturas más liberales, la segunda  orientada hacia el centro del espectro ideológico. Para el autor los primeros fueron desbancados de la cúpula del partido hasta los 80, pero volvieron a recuperar el poder en la década del 90 logrando colocar sus candidatos para la presidencia.

A principios de 1989 se forma el Partido de la Revolución Democrática en base al Partido Mexicano Socialista y la Corriente Democrática. Esta última es caracterizada, por Lawrence Boudon, como el desprendimiento del ala izquierdista del priismo, sobresaliendo la figura de Cuauhtémoc Cárdenas (1998), quien se convertiría en líder indiscutido del partido, imprimiendo un fuerte sesgo carismático a la organización (Abal Medina, 1998) a pesar de los avances que en materia de institucionalización se lograron durante la década del 90 (como el primer congreso nacional y la elección directa de las autoridades del partido).  Un año antes, en las elecciones presidenciales que coronaron a Salinas de Gotardi, Cárdenas, candidato presidencial derrotado, no había aceptado formalmente la derrota iniciando un escenario de continuas denuncias de corrupción contra el PRI, que serían, a futuro, la principal bandera de lucha del partido contra la hegemonía priista. El PRD se presentó a sí mismo como un partido de centro-izquierda, terminando de ordenar la estructura partidaria y dejando al PRI en el centro del espectro electoral. A partir de 1994 el partido reorienta su estrategia y pasa del nivel nacional al local, concentrando sus esfuerzos, principalmente, en el Distrito Federal y algunos estados del sur y del centro (Klesner, 2005).

En 1983 se produjo un hecho fundamental para el futuro de la democracia mexicana. Las autoridades electorales reconocieron el triunfo de la oposición en varias elecciones municipales de las ciudades más importantes del país. Esto formaba parte del proceso de reforma que había comenzado con José López Portillo en 1977 (luego de una elección presidencial, en 1976, donde ningún partido pudo presentar una opción de oposición al PRI) en un régimen que ya era incapaz de sostener su legitimidad democrática. El proceso de reforma avanzaría durante las próximas dos décadas hasta alcanzar un punto de inflexión: en 1997 con la plena aplicación de la ley de financiamiento público y fiscalización del proceso electoral, el PRI pierde una de los principales pilares de su hegemonía política, la mayoría en la cámara de diputados.  Como se señaló anteriormente el clima que caracteriza al fin del milenio es muy distinto del que se podía prever décadas atrás. Un México modernizado en muchas de sus estructuras económicas y sociales, pero que sin embargo atravesaba todavía por grandes problemáticas como el narcotráfico, la violencia y la pobreza, parecía estar preparado para dar el gran salto en la competencia política democrática. Por primera vez en toda su historia existía la posibilidad, real, de que el sistema político procesara las demandas de la mayoría de la ciudadanía, por primera vez, el presidente de la Unión, sería elegido por su pueblo. La idea de cambio dominó la contienda, en donde aquél que lograra presentarse a sí mismo como ese cambio, tendría grandes chances de ser el primer presidente no priista después de 70 años.  El escenario se prestaba ideal para el surgimiento de un nuevo líder, una figura capaz de terminar definitivamente con la vieja política, a la cual se la culpaba de los males que atravesaba el país.     

 

Año 2000: Nuevo líder al poder en un contexto de cambio.

               Una de las preguntas fundamentales que guían este trabajo es en qué medida la personalidad de Fox, sus atributos y virtudes, sus experiencias previas profesionales tanto en el ámbito privado como público, contribuyeron para que el PRI perdiera por primera vez la  presidencia. Como se viene sosteniendo, el poder del partido hegemónico, cada vez más cuestionado, se fue erosionando a medida que el país crecía y se modernizaba y por ende, aquél, se mostraba ya incapaz de sostener la fachada democrática de un régimen que se vio obligado a abrir, paulatinamente, las puertas del juego político a los partidos opositores. En el año 2000 tres iban a ser las opciones, reales, que los ciudadanos tenían para elegir. El PRI como siempre presentaba a su candidato oficial, en este caso Francisco Labastida, el PRD volvía a postular a Cuauhtémoc Cárdenas y el PAN  presentaba a Vicente Fox Quesada.

Fox, segundo de nueve hermanos, se crió en la hacienda familiar el Rancho San Cristóbal, ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato. Criado dentro de un entorno acomodado y con una fuerte inculcación del catolicismo, decidió estudiar, siguiendo los deseos de su padre, administración de empresas en la Universidad Iberoamericana (UIA). Pero en 1964 abandonó la facultad para comenzar con  una exitosa carrera profesional en el ámbito empresarial. Ingresando desde abajo en la filial, para México y Centroamérica, de la multinacional Coca-Cola, llegó a convertirse, en 1975, en presidente de la división regional. En 1979 abandonó la multinacional para dedicarse a trabajar en los negocios familiares. El grupo Fox, sociedad de empresas vinculadas a actividades de agricultura, le abrió las puertas de la Cámara de Comercio Mexicano-Americana y la Asociación de Industriales de Guanajuato. A mediados de los 80 el empresario comienza a mostrar un creciente interés por el desarrollo social y cultural de su Estado, promoviendo y asistiendo a diferentes organizaciones con fines solidarios. Su ingreso formal en la política, en  1988, se dio en la organización que mayor simpatía generaba entre los terratenientes, la burguesía nacional y las clases acomodadas urbanas: el PAN.

Fox comenzó siendo secretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato y en las elecciones federales del 6 de julio fue electo diputado federal por el Tercer Distrito de León. Concluidas sus funciones legislativas en 1991, el empresario se largaría, en ese mismo año, para competir por la gobernación del estado. Fox, que perdió las elecciones con el candidato del PRI, no dejó de denunciar el fraude priista y pasó al frente, siendo el principal promotor, de la resistencia civil al nuevo gobierno electo. La magnitud que alcanzaron dichas movilizaciones, obligaron al entonces presidente de la nación, Carlos Salinas, a darle la derecha a los panistas. Si bien la solución arribada no llevó a Fox a la gubernatura, representó un duro golpe para el PRI, que formó parte del proceso de decadencia en el cual, como se mencionó antes, había entrado el régimen hacia ya más de una década. El ex empresario volvió a presentarse en las elecciones del 95 donde, esta vez, derrotaría al candidato priista con el  58% de los votos. Ya desde la gubernatura mantendría un crítico discurso a la gestión del presidente Zedillo. Fiel a su experiencia y valores, el nuevo gobernador imprimió a la gestión estatal un perfil liberal, motivando la iniciativa privada y las inversiones, generando un crecimiento económico importante para el estado. El 10 de julio de 1999, el gobernador de Guanajuato, anunciaría su candidatura oficial a la presidencia. Después de imponerse sin oposición  en las internas del partido, el 14 de noviembre fue proclamado el candidato oficial del PAN para las elecciones federales del año 2000.  De esta manera, Fox llegaba a las elecciones, no sólo con un discurso opositor al partido oficialista, sino con una historia, si bien corta, de fuerte lucha y rechazo al régimen priista en indiscutible retirada. La experiencia empresarial, marcada por el esfuerzo personal y el éxito lo presentaban como un hombre trabajador, constante y capaz, mientras que su experiencia política le permitía presentarse como verdadera opción de oposición a la vieja política. Si bien esto es cierto, Cárdenas contaba, también, con extensas credenciales como político opositor al priismo. En este punto la capacidad de Fox de presentarse, durante la campaña electoral, como el único líder político con las condiciones  de sacar a México del viejo modelo fue fundamental.

Como se señaló en la introducción, la estrategia de campaña electoral foxista permitió captar gran parte del voto no partidario que buscaba, hacia fines del milenio, el cambio en el Statu Quo. Según Benavente el candidato del PAN desarrolló plenamente el modelo de comunicación política definido por Achache como  propagandista al introducir la mercadotecnia en su campaña electoral (2003). “El modelo propagandista de comunicación política asume el carácter teológico de la propaganda en tanto que plantea <como instancia final una realidad trascendente> al espacio público, expresada a través de discursos impregnados de promesas y cuya esencia ideológica los hace indiscutibles e  <infalsificables>”  (Benavente, 2003). Además, una característica de este modelo es que la convicción de la propaganda depende de la fe de los receptores, los cuales se comportan como espectadores, sin producirse un intercambio comunicativo. La influencia del mensaje no radica principalmente en su contenido sino en la forma y dinamismo que se le imprime (Benavente, 2003). En este sentido la idea de cambio político que dominó las elecciones fue utilizada por Fox para la construcción de esa realidad trascendente. El mismo candidato abrió la campaña electoral al anunciar, dos años antes de las elecciones, sus ambiciones presidenciales. A partir de allí, se pondría al frente del escenario opositor marcando los tiempos de una campaña que, desde el principio, se presentaba atípica. Desde un principio, por medio de la mercadotecnia, (herramienta que el candidato conocía bien por haber dirigido esa aérea  en Coca-Cola) consideró a los electores como clientes a los que había que darles la razón y satisfacerlos (Benavente, 2003). Por medio de sondeos realizados estratificadamente, desde la campaña, se intentaba cubrir las expectativas de todos los grupos. El discurso que se presentaba por momentos incoherente, ya que apuntaba a representar demandas contradictorias, terminaba por unificarse y fortalecerse en el llamado al cambio político y el triunfo definitivo de la democracia. A su vez, la campaña de Fox, no sólo contó con el aparato panista, sino que fue respaldada y activamente promovida por sectores de la sociedad civil agrupados en torno de la Asociación Amigos de Fox, que excedía largamente el alcance al cual podía aspirar el panismo como partido, sumando a su campaña diversos colectivos sociales comprometidos con erradicar la hegemonía priista.

Fox logró explotar sus orígenes, sus valores y su personalidad por medio de una campaña sobradamente exitosa en términos comunicacionales. Con un discurso claro y sencillo logró centrar en él la figura del cambio desplazando a Cárdenas, que si bien al igual que el panista ponderaba el recambio presidencial en el marco del fortalecimiento de las instituciones democráticas,  utilizó un discurso mucho más racional que, por su contenido, era más difícil de captar por el electorado (Benavente, 2003). A través de este discurso puso de manifiesto su misión de transformación del país, misión que implicaría una ardua tarea.

El 2 de agosto del año 2000 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) proclama ganador de las elecciones federales a la Alianza por el Cambio, frente electoral que llevaba como candidato a la presidencia a Vicente Fox Quesada, con el 42,5% de los votos. La ciudadanía se había expresado, y lo había hecho a favor del cambio. En realidad, había votado al candidato que mejor había sabido representar esa demanda durante la campaña electoral. El primero de diciembre el ex empresario y gobernador asumió la presidencia con la enorme responsabilidad de dirigir los destinos del país, poniendo a prueba su capacidad de liderazgo, por la cual había sido elegido, para llevar adelante las transformaciones económicas, políticas y sociales que formaban parte de ese nuevo México que él mismo había animado a creer posible.  

 

El proyecto político y la política de reformas.

             El nuevo gobierno asumió el poder en un marco por demás ordenado y con la aceptación y felicitación de las fuerzas políticas competidoras. El presidente anunció el inicio de un gobierno de transición y de grandes cambios pero que apuntaba a ser plural e inclusivo. Si bien la performance del partido en las elecciones legislativas habían superado cierta expectativa, la realidad era que el PAN, no sólo no contaba con la mayoría, sino que pasaría a ocupar la segunda minoría en ambas cámaras, después del PRI y seguido por el PRD. A nivel local el partido manejaba sólo nueve gobernaturas.

Las reformas buscaban subsanar 71 años de gobiernos no democráticos apuntando a impulsar un desarrollo económico con rostro humano, que no estuviera sometido a los lineamientos neoliberales que los noventa habían puesto en la agenda y que, en México, habían sido implementadas por las últimas dos administraciones priistas. Uno de los principales objetivos sería la creación de empleo masivo, por medio del ahorro y la inversión, de tal magnitud que pueda extenderse y alcanzar a las capas empobrecidas de la población, que para ese momento se calculaban en  45 millones de personas. Si bien la apuesta económica era de perfil liberal, ya que apuntaba a mejorar la competitividad de la economía, durante la campaña había desmentido que se fuera a privatizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) y La Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además de la política económica, Fox, planteó como objetivos principales de su gobierno la lucha contra problemáticas sociales históricas del país como el narcotráfico y el crimen organizado. Una de las cuestiones centrales que el presidente afirmó estar dispuesto a solucionar fue el destrabamiento del marco jurídico para Chiapas por medio del otorgamiento de la autonomía efectiva a las comunidades indígenas. En materia de política exterior la principal apuesta foxista estaba orientada hacia el fortalecimiento de la relación bilateral con los Estados Unidos. El objetivo era lograr ampliar el Tratado de Libre Comercio Del Atlántico Norte (TLCAN) hasta incluir la libre circulación de personas entre los tres países miembros.

Todas estas intenciones debían materializarse en el marco de profundización de las instancias democráticas del poder público y su relación con la sociedad civil. Como se señaló anteriormente, la victoria del PAN ponía de manifiesto la demanda de democratización de la ciudadanía. En este sentido la propuesta se comprometía a una importante reforma en la profesionalización de la administración pública, el fortalecimiento del federalismo y el equilibrio de poderes, impulsando, además, la participación de la ciudadanía por medio de la incorporación, en la Carta Magna, del plebiscito y el referéndum. La apuesta era fuerte porque, en realidad, no podía ser de otra manera. El reemplazo del partido gobernante significa mucho más que un cambio de signo político, representaba el fin de una época, de una historia y de una cultura política que habían arraigado fuertemente en la sociedad. En este escenario las instituciones políticas  jugaron un rol fundamental. Varias de las reformas que el nuevo gobierno intentaría, apuntaban a modificar legislaciones que gozaban de rango constitucional, con lo cual, para su reforma, se requería de una mayoría calificada. El mismo respeto y afianzamiento de los valores y prácticas democráticas, que Fox declaraba que era primordial ponderar y defender, jugaron en la coyuntura como un límite no sólo a la ejecución de prácticas de tipo neodecisionistas, sino también a la misma construcción y desarrollo de un  liderazgo político que el nuevo presidente había sabido transmitir durante la campaña política y que era crucial para llevar adelante las reformas pregonadas. Como se tratará más adelante, la influencia y el arraigamiento del PRI en las distintas esferas de acción y en las distintas corporaciones, como los sindicatos, dejó a Fox un margen muy acotado de acción. Si el marco institucional se presentó como un freno a la práctica neodecisionista, el aparato priista se mantuvo permanentemente activo, durante los seis años, para tratar de impedir que el nuevo gobierno logre generar fuertes consensos en la sociedad civil que le permitan operar, dentro de las instituciones, con la legitimidad necesaria para transformar e impulsar ese nuevo México que se había prometido.

Como principales medidas políticas del proyecto foxista que requerían la modificación de la constitución se encontraban: la solución del conflicto de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la autogestión de sus tierras y sus recursos, la sustancial modificación del marco fiscal, uno de los menos recaudatorio de América Latina, necesaria para equilibrar las variables macroeconómicas y aliviar los compromisos asumidos por el Estado en materia de deuda externa y las reformas para regular las relaciones laborales, modernizar la función pública y expandir la participación del capital privado en el sector energético. Como veremos, ninguna de estas reformas pudo llevarse a cabo como el presidente quería. Y esto no es menor. Estas medidas eran el tronco del modelo foxista proyectado para la construcción de un país diferente. Formaban parte de la modernización económica, social y política que se intentó implantar desde el comienzo.

Otra cuestión a la cual el nuevo presidente iba prestar central atención y dedicar un gran esfuerzo era al posicionamiento de México en política exterior. Dos eran las apuestas. Primero, como ya se mencionó, estrechar los vínculos con los E.E.U U. a fin de avanzar en el marco de la integración regional por medio del TLCAN, permitiendo la libre circulación de trabajadores y la adopción de mecanismos de cooperación que puedan reducir las diferencias sociales y estructurales entre los miembros  y, además, en el marco bilateral, lograr dar una solución definitiva al problema migratorio y la situación ilegal en la que se encontraban más de tres millones de trabajadores mexicanos en el país vecino. En segundo lugar México debía abandonar la cómoda postura de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. El nuevo gobierno apostaría a jugar un rol más activo en los foros multinacionales, defendiendo y promoviendo políticas de derechos humanos a nivel regional y mundial.

 

Fox y la construcción del liderazgo.

Límites estructurales e institucionales.  

Una pregunta interesante para hacerse, sobre todo si se compara con los casos de liderazgos políticos en Sudamérica es por qué el presidente, que llegó al poder con el apoyo de la ciudadanía y concentrando en sí mismo las fuerzas mayoritarias que apuntaban hacia un cambio esperado por décadas, no pudo, durante seis años en el gobierno, implementar el grueso de las reformas que lo habían llevado a la presidencia. La respuesta parece responder a causas de distinto orden. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las grandes reformas que se anunciaban, apuntaban a modificar temas sustanciales que gozaban de rango constitucional y que requerían, por lo tanto, de un gran consenso en las fuerzas políticas que participaban del proceso de toma de decisiones.

Según el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos de México: “La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Con lo cual no sólo es necesario obtener un consenso mayoritario a nivel nacional sino que las fuerzas políticas tienen que lograr, además, imponer las reformas como mínimo en 16 estados de la Unión. Estos procedimientos formales hacen, de hecho, muy complicado el proceso de reforma. Como ya se adelantó, el PAN, no sólo no contaba con una mayoría calificada, sino que no contaba con la primera minoría (en ninguna de las cámaras para ninguno de los periodos legislativos 2000-2003, 2003-2006). Los proyectos de reformas enviados por el presidente al Congreso tenían pocas chances de ser aprobados si éste no lograba el apoyo del PRI.  

Uno de los conceptos teóricos que se nombraron en la introducción es el de neodecisionismo. El decisionismo como teoría política moderna toma cuerpo a partir de los escritos del jurista alemán Carl Schmitt y consiste en la primacía que adquiere la decisión política sobre la norma escrita en momentos de excepción como el Estado de Naturaleza político-social y/o económico (Baldioli-Leiras, 2010). De lo que se desprende que el objetivo de la decisión política se orienta a conservar la misma unidad política, el Estado, como prioridad absoluta, en una coyuntura que amenaza con su destrucción. Si bien el jurista alemán lo pensó como expresión de las crisis políticas, sociales y económicas de la Alemania de su tiempo, el estado de excepción arribado por algunos países de América Latina hacia fines de los ochenta, producto del desgaste de la matriz estado-céntrica y de las crisis fiscales y políticas que lo expresaban, permiten utilizarlo para estudiar e interpretar los procesos en los cuales surgieron fuertes liderazgos políticos que actuaron por encima de las instituciones, transformando el marco jurídico que las sostenía, como en los casos de Menem y Fujimori (Baldioli-Leiras, 2010).  En este marco de fin de siglo de los países latinoamericanos es que se puede hablar de neodecisionismo. Si bien conserva, del concepto de Schmitt, la idea  de un fuerte liderazgo, aparecerá ahora más proclive hacia el clima de época que el neoliberalismo imponía, y que proponía como salida de la crisis fiscal y económica un Estado Mínimo sin tanta centralidad y funcionalidad frente a la sociedad (Baldioli-Leiras, 2010). Ahora bien, la situación en la que asumió Fox, si bien no era un estado  de excepción como en la Argentina del 89 ¿Ameritaba el surgimiento de prácticas neodecisionistas? ¿Era posible que dichas prácticas surgieran? Ambas preguntas parecen responderse de la misma manera. Si se considera solamente lo expuesto hasta aquí, las reformas promovidas sólo podrían haberse puesto en marcha si Fox hubiera logrado la construcción de un liderazgo tal, que le hubiera permitido avanzar sobre las enmiendas constitucionales que regulaban los temas que formaban parte de la agenda reformista. Pero la única manera de lograrlo era por medio del congreso, ya sea con mayorías propias o estableciendo pactos con los demás partidos. El entramado institucional impedía que el presidente actuara solo. A partir de aquí el liderazgo foxista no tendría otro camino que el intento de construir un pacto o alianza con el PRI en torno a la modificación de la política fiscal, laboral, energética y de la regulación de la gestión pública.                

 

  Su relación con el PRI.

El PRI tenía por delante el enorme desafío de redefinirse como partido político. A partir de la reforma de 1997, con la apertura de la competencia electoral, participaría de elecciones competitivas en las cuales no tenía, ni mucho menos, garantizado el triunfo. Si bien esto reconfiguraba drásticamente la posición del partido, también es cierto que el aparato y la influencia del priismo excedía lo meramente electoral. La mayoría legislativa y la relación del partido con el sindicalismo, que se iba a poner de manifiesto en la política energética, marcarían lo difícil que, a partir del 2000, sería para cualquier gobierno no priista la conducción de la política nacional.

Ya desde los comienzos de la carrera política de Fox en el Estado de Guanajuato, la relación iba a ser de creciente oposición y rechazo al priismo, la cual empeoraría durante la campaña presidencial, que como ya se señaló, se orientó alrededor del llamado a terminar  con la dictadura priista, y se manifestaría concretamente durante el gobierno de Fox por medio de la hostilidad que los diputados y senadores priistas presentarían a todos los proyectos de reforma enviados por el ejecutivo al Congreso. En este sentido es importante resaltar  que el PRI contó durante el periodo 2000-2003 con 208 diputados (superando en uno al PAN) y en el periodo 2003-2006 con 222 diputados. Si se tiene en cuenta que el total de la cámara se compone de 500 diputados  y que la reforma constitucional requiere de las dos terceras partes, no es necesario decir mucho más al respecto sobre la importancia que el bloque priista tenía en las reformas de las enmiendas constitucionales, simplemente, mantenía poder de veto. Para graficar la importancia  que asume el problema del gobierno dividido en los presidencialismos (Linz, 1997) basta describir tres de las problemáticas que el ejecutivo intentó encarar en los primeros años de gobierno.

Al día siguiente de asumir su cargo, el presidente retiró el ejército de Chiapas y anunció el inminente envío del proyecto de ley sobre Derechos y Cultura indígenas elaborado por la Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA). La gran mayoría de los diputados rechazaron el texto tal cual fue presentado y propusieron realizar una serie de modificaciones que limitaran las demandas de los neozapatistas. Como era de esperarse, los líderes del ejército de liberación exigieron que el texto sea sancionado tal cual fue redactado por COCOPA. El presidente, que en todo momento mostró voluntad para solucionar el conflicto, se hizo eco de las reticencias del Congreso y ratificó la ley sancionada por el mismo el 25 de abril del 2001. Dicha ley limitaba en gran medida el derecho a la autodeterminación de los pueblos y ni el ejército zapatista ni varios de los congresos provinciales (incluido el de Chiapas) la aceptarán. Si bien no se volvieron a producir conflictos armados por este motivo, la voluntad del presidente de otorgar la autodeterminación a los pueblos indígenas, como había prometido, fue limitada y cuestionada no sólo por la totalidad del priismo sino, incluso, por algunos legisladores panistas.

Para el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, era absolutamente prioritaria la reforma del sistema fiscal. La principal medida sería la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% para alimentos y medicamentos con el fin de acrecentar notablemente los ingresos públicos. Si bien el presidente intentó cosechar el apoyo necesario para una reformar que requería de las dos terceras partes, la mayoría de los legisladores del PRI y el PRD descartaron la posibilidad de implementar el IVA y sancionaron, a fines del 2001, tres leyes en materia fiscal que no satisfacían las demandas del ejecutivo.

La misma suerte corrieron, durante los primeros años, los intentos del gobierno de reformar la regulación vigente de las relaciones laborales, modernizar la función pública y expandir el capital privado en el sector energético. En todos los casos la parálisis de gobierno se ponía de manifiesto con un congreso hostil que impedía las reformas estructurales prometidas por el presidente. Es importante el caso de PEMEX porque ilustra lo que se viene sosteniendo desde la introducción: el arraigo y el vínculo del PRI con los sectores sindicales. En septiembre de 2002 estalló el escándalo sobre el presunto desvío de fondos, unos 123 millones de dólares, de la compañía petrolera para financiar la campaña política del PRI en las elecciones del 2000. Cuando en ese mes se procede a la petición del desafuero de tres legisladores priistas implicados en el caso, éstos, que eran también importantes líderes sindicales, convocaron al paro de la plantilla esgrimiendo reivindicaciones salariales que excedían largamente las aspiraciones de los cuadros medios de los trabajadores. Si bien las interpretaciones del escándalo fueron variadas y estuvieron, como era lógico, supeditas a diferentes lecturas políticas, no deja de ser cierto que éste estallaba en la última parte del 2002, año previo a las elecciones legislativas, a las cuales el PAN no llegaba de la mejor manera. Dos años de gestión en un gobierno de tipo dividido habían desgastado lo suficiente al panismo como para que el escándalo sea interpretado como una ofensiva del gobierno sobre el priismo, de cara a las elecciones del 2003.   

Como muestran las frustraciones de lo que se consideraban los grandes proyectos reformistas durante su gestión, Fox,  no pudo y en todo caso, no supo, construir los consensos necesarios para imponer sus ideas. Si bien las instituciones y los partidos opositores funcionaron como importantes limitaciones, el presidente, fue desgastando rápidamente la imagen que había sabido construir durante la campaña, y la capacidad de liderazgo insinuada empezaba a demostrarse impotente dentro del nuevo juego político del país. 

Balance: Logros y fracasos del proyecto foxista.

Sería adecuado después de lo que se viene desarrollando, mencionar aquellas cosas que el gobierno pudo presentar como logros de su gestión. Si bien no son muchas, hay algunas que son importantes como para destacar. En lo que se puede describir como política económica, en los primeros años el gobierno logró subsanar algunas de las variables macroeconómicas, como por ejemplo la estabilidad monetaria, el aumento de las reservas, el control del déficit público y, principalmente, la reducción de la inflación hasta alcanzar el 4% anual. Todas estas mejoras eran presentadas como  consecuencia de la seriedad y responsabilidad que el gobierno empezaba a imprimir a la administración pública. En este sentido  en junio de 2002 se sancionó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ley que sería considerada un paso importante en la lucha contra la corrupción. El gobierno también destacaba los avances realizados en lo concerniente a la defensa de las instituciones y las garantías de la democracia como así también la línea que éste marcaba con respecto a la defensa activa y a la  promoción de los Derechos Humanas en el escenario internacional.

                  De los fracasos ya se ha dicho bastante. A los frustrados proyectos reformistas por la oposición parlamentaria hay que sumarle otras cuestiones a las cuales el presidente se abocó con mucho ímpetu y terminaron con resultados parecidos. Brevemente, podemos mencionar el fracaso de los reiterados intentos de Fox por lograr mejores condiciones para los emigrantes mexicanos en EE.UU. (producto también de las ondas de choque que el 11S dejaría durante todo el periodo) y del deterioro al que el presidente llevó las relaciones con algunos de los nuevos líderes políticos latinoamericanos (principalmente con Hugo Chávez Frías). Además, al fracaso reformista ya mencionado se sumaría en el 2004 el intento de modificar la seguridad pública y el sistema de justicia, esta vez el Poder Judicial  Federal sería el encargado de vetarlo. Si bien se había logrado ordenar las principales variables macroeconómicas, esto se había logrado a costa, como sucede por lo general, del crecimiento económico. Éste, que promediaba para el sexenio un 2,3%, comenzó  con porcentajes del 0,8 para el 2002 y 1,4 para el 2003 haciendo nulo el desarrollo con rostro humano que el presidente había prometido.

                     Durante el año 2002 comenzarían las críticas de falta de liderazgo sobre el presidente, que se multiplicarían ya pasado el 2003. Distintos grupos empresariales, políticos e intelectuales de izquierda y derecha remarcaban su falta de empuje y capacidad  para la construcción de los consensos partidistas, que desde el año 1997, eran centrales para poner en marcha las instituciones. Durante el 2004 se sumaría el escándalo de Marta Sahagún (esposa del presidente) sobre los supuestos de su candidatura presidencial y en el 2005 se sucedieron hechos de extrema violencia entre bandas narcotraficantes y el problemático y conflictivo desafuero de López Obrador. Estos hechos tendieron a erosionar aun más el liderazgo del presidente, tanto fuera como dentro del partido, que cerró el sexenio con un balance, aunque era entendido como negativo, tenía cosas importantes para ser rescatadas por el próximo candidato panista. El PAN ganó las elecciones nuevamente, pero el sector foxista del partido no renovó el poder. De hecho gran parte de la campaña panista consistió en diferenciarse del último presidente.

Conclusiones.  

                            Como se trató de demostrar a lo largo del trabajo, en el caso mexicano las instituciones políticas funcionaron como un límite al posible surgimiento de prácticas neodecisionistas. Si bien esto puede afirmarse, no deja de ser interesante preguntarse en qué medida el éxito de las instituciones dependió del marco socioeconómico y de la  capacidad de liderazgo de Fox. Como se mencionó antes, en el 2000, la situación del país no era similar a la de los países de Latinoamérica a finales de los ochenta. México ya había superado los efectos de la crisis del tequila bajo la administración priista, y había implantado gran parte de las reformas neoliberales que formaban parte del clima de época. Los cambios que se esperaban eran otros, los retos que se afrontaban también. Para México el cambio de signo político en el gobierno abría una nueva etapa histórica, esperada por mucho tiempo y generó una enorme expectativa sobre las posibilidades que se le abría al país a partir de este gran paso. El mismo Fox había sabido explotar muy bien esa coyuntura logrando identificar su figura con el cambio esperado. Pero la victoria de un candidato presidencial no priista era, solamente, el primer paso. El poder que el PRI ostentaba excedía ampliamente lo electoral y estaba profundamente arraigado por décadas de hegemonía política. Con lo cual, y como se mostraría a lo largo del sexenio, convivir y negociar con tamaño actor político sería una de las principales condiciones para todo nuevo liderazgo que intentara introducir reformas al orden social. En este sentido, si bien el marco institucional-constitucional impedía, de raíz, el surgimiento de prácticas de tipo neodecisionistas, Fox no logró utilizar y movilizar el clima de cambio, que lo llevó al poder, para construir las alianzas y consensos necesarios para gobernar dentro del marco institucional. El partido otrora hegemónico funcionó durante las dos legislaturas como actor de veto sobre los proyectos del ejecutivo. El grueso de las reformas del proyecto foxista se quedó en el tintero.

           En la introducción se adelantó que se señalarían algunas características del liderazgo de Carlos Saúl Menem que podrían servir a la comprensión del foxismo. Menem que asumió la presidencia en 1989, en plena crisis del modelo estatal vigente hasta la época, supo aprovechar el estado de crisis para la construcción de un liderazgo capaz de realizar las transformaciones necesarias que, para salir de la crisis, recomendaban los centros financieros internacionales. El nuevo presidente lograría concentrar en sí mismo el proceso de toma de decisiones por medio de la disciplina partidaria, el fortalecimiento del gobierno federal frente a los gobiernos provinciales, la utilización recurrente del veto parcial y total, el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia y la cooptación del Poder Judicial (Baldioli-Leiras, 2010). A su vez, un ejemplo de la capacidad de liderazgo del ex presidente fue el Pacto de Olivos que, a través del núcleo de coincidencias básicas, permitió el acuerdo entre el presidente. La reforma tendió a concentrar aun más el poder en la figura presidencial (Baldioli-Leiras, 2010).

        Menem, a partir de su capacidad de liderazgo, consiguió redefinir el rol de las instituciones de manera tal que pudo gobernar por medio de prácticas decisionistas. En este escenario ni el congreso, ni los partidos opositores, ni el poder judicial contaron con poder real para impedir ni limitar la concentración de poder alrededor de la figura presidencial. Como vimos la suerte de Fox no fue la misma. El presidente mexicano no pudo y no supo construir un liderazgo que le permita movilizar amplios sectores de la sociedad y la opinión pública en defensa de su causa. De esta manera los intentos de reforma en un escenario que no era de ruptura de los lazos sociales, aunque sí uno que auguraba grandes cambios sociales, políticos y económicos, chocaron constantemente con la oposición del partido hegemónico que, dentro del marco institucional y aprovechando su mayoría legislativa, puso duramente de manifiesto las implicancias que la rigidez del sistema presidencialista tiene en los casos de gobierno dividido (Linz, 1997). Pero el retroceso en la agenda reformista del nuevo gobierno no sólo es producto de las limitaciones que se le impusieron, sino también de la propia incapacidad del presidente para negociar con la oposición, para negociar con el PRI.

 

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