Resumen

            Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia Argentina se promueven un conjunto de políticas económicas tendientes a implementar un nuevo modelo  Estatal, orientado hacia el mercado. Varios fueron los actores involucrados a la hora de discutir sobre como articular las nuevas políticas laborales implícitas en el modelo.
            El objetivo del presente trabajo es analizar como se desarrolló la relación entre el Estado Nacional y uno de los actores principales de la sociedad civil: los sindicatos.
Asimismo, se estudiará la relación entre el peronismo sindical y el Partido Justicialista, para finalmente comprender cual es la situación de los sindicatos al finalizar el primer gobierno de Menem.

Abstract

            With the arrival of Carlos Menem to Argentina’s presidency, a new group of economy measures was promoted towards the improvement of a new State model oriented market.  Many actors were involved at the moment of discussing how to put into practice the new labor politics in the model.  The main purpose of the present paper is to analyze the development of the relationship between the National State and one of the main actors in civil society: the unions.  
            Likewise, the relationship between the Peronist union and the Justicialista Party will be studied to completely understand which the situation of the unions was at the end of the first period of Menem’s administration.

Liderazgos en latinoamérica: nuevas y viejas prácticas sindicales en torno de las políticas menemistas (1989-1995)

Por Emanuel Pidote*

Introducción
            La relación entre el movimiento obrero y el Poder Ejecutivo Nacional durante la primera presidencia de Menem sería un tema importante a analizar para comprender cómo el presidente intentará, durante su primer mandato, concentrar la mayor cantidad de poder posible en torno a su persona, desequilibrando así a aquellos agentes que intenten competir por este.
            El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación Sindicato-Estado, por un lado, y derivaría de esta, la relación entre peronismo sindical y el Partido Justicialista, para finalmente comprender cual es la situación de los sindicatos al finalizar el primer periodo menemista.
            Durante la década del ´90, el gobierno argentino implementó una serie de políticas económicas destinadas a generar ajustes en el modelo y cambios estructurales. Bajo esta premisa se llevaron a cabo la venta de empresas estatales,  apertura y desregulación de los mercados y políticas destinadas a combatir la inflación. Estas medidas afectaron en forma directa el poder que los sindicatos habían acumulado durante décadas, generaron una suerte de desarticulación de las organizaciones tradicionalmente encargadas de defender los derechos de trabajadores. Todo esto ocurre en una situación histórica particular para el movimiento obrero argentino, que se encuentra ante la disyuntiva de obedecer al nuevo líder del partido -tradicionalmente caracterizado por representar a los trabajadores-, o rebelarse ante las autoridades partidarias –y estatales- frente a la seguidilla de hechos que atentaban contra los derechos obtenidos en tiempos de Perón. Seguidamente deberíamos plantearnos el siguiente problema: ¿Cómo se generaría el proceso de cooptación de los principales agentes del sindicalismo argentino? Y ¿Cuál sería la posición de los delegados de  base de los sindicatos que calificarían entre los más combativos ante las reformas de Menem?
 A fin de desarrollar estas cuestiones, nos proponemos demostrar que “el conjunto de políticas económicas, sociales y laborales, más la aplicación de incentivos selectivos en los principales agentes sindicales contribuiría a la ruptura del modelo sindical tradicional.” De acuerdo a las expectativas que marca esta hipótesis nos disponemos a hacer las siguientes consideraciones.

Antecedentes Históricos.

            El tema del Sindicalismo y su relaciones con el poder durante la década del `90 es extensamente desarrollado por el grupo de trabajo llamado “Trabajo, sujetos y organizaciones laborales” de CLACSO. Dentro de ese grupo autores como Novick, Iñigo Carrera y Cotarelo, nos muestran con claridad como se construye a lo largo del mandato de Menem esa relación, no siempre del todo clara, entre el gobierno y sindicatos. Los textos de Gutiérrez, Falcón y de Gambina-Campione, nos aportan una perspectiva histórica del problema, mientras que los de Murillo y Margheritis ofrecen una explicación desde el plano Económico. La visión del sentimiento de los trabajadores durante ese periodo la va a aportar el texto de De Genaro, mientras que con el texto de Senén Gonzáles-Bosoer van a mostrar la visión oficialista.
            Nuestra propuesta es apostar a una relectura de la relación entre sindicatos y el gobierno, donde se pondrá especial injerencia en la necesidad del Poder Ejecutivo de desarticular las redes de poder tradicionales del sindicalismo con el fin de concentrar poder. Para ello, resultará sumamente útil entender cual es la capacidad que tienen las organizaciones sindicales al llegar la primer presidencia de Menem, para lo cual debemos remontarnos brevemente las primeras luchas entre el ex-presidente y los movimientos obreros, dadas en el seno del partido Justicialista.
            La vuelta de la democracia trajo aparejada una serie de debates sobre la conducción del partido surgidos tras la muerte de Perón y postergados a causa de la dictadura de 1976.  A principios de 1983 todo parecía indicar que serían los sindicatos efectivamente los herederos del poder vacante. De hecho, el principal cargo para las elecciones de ese año era disputado por cuatro precandidatos que habían sido promovidos desde alguna de las agrupaciones intersindicales¹. El elegido para resolver estas cuestiones concernientes a las próximas elecciones sería el titular de la UOM y de las 62 Organizaciones Peronistas, y Vicepresidente Primero del Consejo Nacional Justicialista, Lorenzo Miguel, quien finalmente logró negocia la formula Ítalo Lúder-Deolindo Bittel para las presidenciales de ese año. 
            El fracaso provocado en estás elecciones, marco un antes y después para el sindicalismo peronista. Era la primera derrota en elecciones presidenciales en la historia del Partido y absolutamente nadie dentro del este había contemplado nunca esa posibilidad, ni estaban preparados para enfrentarse con tamaña situación. Es así como, a partir de esta derrota, el mapa político interno se empieza a delinear de una forma distinta. Aquellos dirigentes que por una u otra razón habían quedado marginados de la conducción del partido vieron en esta derrota una excelente oportunidad para reinstalar aquellas pujas internas. Se desencadenó de ese modo una nueva crisis organizativa en el peronismo, pero que esta vez tendría resultados inesperados.
            La conducción oficial del peronismo no logró retener el dominio partidario. La autoridad de Lorenzo Miguel sería desconocida y enfrentada por diversos dirigentes y grupos políticos y sindicales, dando lugar a dos facciones: renovadores y ortodoxos.
            El grupo de los renovadores, quienes finalmente ganarían la contienda, estaba formado por dirigentes políticos de distintas provincias del país, entre ellos Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem, como sus principales referentes.  Dentro de la plana sindical, este grupo contaría con el apoyo y la participación del Grupo de los 25, enfrentados públicamente a las 62 Organizaciones Peronistas.
            El reclamo de los renovadores se basaba básicamente en tres cuestiones: “(1) el reemplazo de la conducción partidaria, (2) el predominio político en los órganos directivos del partido y (3) la implementación del voto directo en las elecciones internas”². Estos cambios eran, para este grupo, mucho más que la llave para que el partido recuperara la mística perdida, significaban la firme posibilidad de convertirse ellos mismos en los líderes del nuevo peronismo.
            Sería el mismo Carlos Menem, quien al día siguiente de la derrota, expresara el lugar que el proyecto renovador reservaría al «brazo sindical del peronismo» en la conducción partidaria: “la derrota fue el fracaso de la conducción; hay que replantear totalmente la conducción, pues, con todo el respeto que me merecen los sindicalistas, la conducción del partido debe estar en manos de un político”³ .
            A partir de 1986, empiezan a surgir las primeras diferencias entre los renovadores. El motivo era la candidatura de dos de sus líderes, Cafiero y Menem, para las elección presidencial de 1989. Sin embargo, nunca rompieron relaciones definitivamente y lograron desplazar a las 62 Organizaciones Peronistas de la conducción partidaria a principios de 1988.  Para ello, fue determinante el caudal de votos peronistas aportados por los lideres renovadores en las elecciones para Diputados nacionales de 1985, donde Menem ganó en la Rioja, Cafiero no ganó en Buenos Aires, pero al presentar listas por fuera del Justicialismo, obtuvo mas votos que Herminio Iglesias, el sindicalista candidato por el FREJULI y conductor del PJ Bonaerense. Por su parte, Grosso obtuvo los votos necesarios para retener las bancas que el PJ ponía a reconsideración en la Capital Federal. Pero el golpe final lo recibirían los ortodoxos en las legislativas de Septiembre de 1987, donde los renovadores demostraron su supremacía electoral, imponiéndose en el conjunto del país.
            Tras la victoria en las urnas, los renovadores presionaron para que se reuniera el Congreso peronista con el fin de renovar la conducción partidaria, todavía controlada por los ortodoxos. Luego de tres meses de negociaciones, los renovadores lograron que el Congreso partidario nombrara un nuevo Consejo Nacional, en enero del 1988, cuya plana mayor estaba conformada por dirigentes renovadores.
Si bien el Consejo proclamado en enero de 1988 incluía, entre las posiciones de menor importancia, a representantes de tres sectores internos de la CGT (el ubaldinismo, el Grupo de los 25 y las 62 Organizaciones Peronistas), quedaba claro que el predominio sindical en la conducción partidaria había llegado a su fin.
            En marzo de 1988, se lanzaron las fórmulas presidenciales que se enfrentarían en la próxima interna: Carlos Menem-Eduardo Duhalde versus Antonio Cafiero-José Manuel De la Sota, que se disputarían cuatro meses mas tarde. La interna, integrada exclusivamente era dirigentes renovadores, dejo como triunfadores a Menem y Duhalde, proclamándolos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. 
Esta victoria, provocó la reorganización interna de los dirigentes políticos y sindicales del peronismo. Los renovadores se sumaron a la estrategia política menemista y todas las agrupaciones sindicales peronistas se realinearon, para colaborar en la campaña electoral de Menem, desplazando al sindicalismo del núcleo de poder del peronismo y debilitando su poder contestatario para los años venideros.

            A partir de la llegada de Menem al poder, se puede observar como el rol de los sindicatos en la política comienza a reestructurarse en torno de nuevas funciones, generalmente relacionadas con procesos de cooptación de líderes sindicales.
            El avance de los renovadores en el frente interno del partido justicialista no solo desplazó a los sindicatos de la conducción del partido, sino que, conforme fueron pasando los periodos legislativos, los sindicalistas irían abandonando las bancas del congreso hasta lograr una representación mínima de trabajadores en la Cámara de Diputados, dejando cada vez más cantidad de escaños para los políticos no sindicalizados. El cuadro Nº 1 nos da una breve idea de las crecientes disminución de la participación sindical en el Congreso.

            Como se puede observar, la participación sindical en el poder legislativo, lugar donde el sindicalismo se caracterizó por tener importante cantidad de representantes, acentúa el declive que había comenzado desde la vuelta de la democracia. Con la asunción de Menem la Cámara de Diputados queda conformada por un 9,06 % de sindicalistas. A partir de allí, debido a los procesos de fragmentación que se van dando al interior del partido que los nucleaba, la representación sindical va a ir de un 7,39 % en el ´91, 4,67% en el ´93, hasta un 3,89% en el ´95, lo que implica una importante perdida de la capacidad de negociación y deliberación. A esto hay que agregarle que aquellos que fueron resistiendo a los procesos electorales se alinearían al Poder Ejecutivo bajo una estricta disciplina partidaria. No podemos dejar de mencionar un dato relevante que refleja la perdida de poder de lucha de los sindicatos, que es el hecho de que tanto en las elecciones de 1993 y 1995 el gobierno de Menem obtuvo una importante cantidad de votos provenientes de los sectores obreros y populares⁵, lo que muestra la incapacidad de lograr una base sólida de trabajadores por parte de los sindicatos.
            Pero este hecho, no significó que se subestime el poder de los lideres sindicales, ni que el presidente con no contaría con ellos para sus propósitos de gobierno. Sobre este tema es clara la posición de Gambina y Campione⁶ cuando dicen que no se intentaba cooptar a la dirigencia sindical para que se mantenga “exterior” al Estado y a la clase dominante, sino que resultaba necesario incorporar a esta en un sitio de cogobierno, enfrascar su actividad dentro del Estado. De hecho, los hombres que habían optado por acompañar al presidente desde el principio tendrían una activa participación en las decisiones determinantes para el sector. Luís Barrionuevo (representante de los gastronómicos), Diego Ibáñez (petrolero) y Lorenzo Miguel⁷ (metalúrgico) tendrían un posicionamiento estratégico durante los primeros años de Menem. Los tres dirigentes, junto con el presidente acordarían, entre otras cosas, el nombramiento del sindicalista Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo y la designación de Barrionuevo como titular de la Administración Nacional de Seguro de Salud (ANSSAL), quedando asegurada para estos la representatividad en el ministerio de trabajo y el manejo de los ingresos que generaban las obras sociales en manos de este reducido grupo⁸ . En una entrevista realizada a Jorge Triaca, el Ministro de trabajo dejaría en claro la postura que tomaría la mayoría de los lideres sindicales frente a la estrategia de cooptación del gobierno: “Toda la dirigencia sindical argentina siempre se caracterizo por negociar con quien fuera. Porque si salíamos del ministerio pegábamos uno gritos bárbaros pero en cuanto nos abrían una puesta por el costado, por el frente o por el otro lado, entrábamos y negociábamos porque eran las características de este sindicalismo, de todo el sindicalismo.”  Esta actitud “negociadora” de la que habla Triaca, permitiría al gobierno una mejor y mayor gobernabilidad en lo que se refiere  a la ejecución de políticas de emergencia económica que se sucedieron a lo largo de la presidencia Menemista.
            Pero los incentivos no se limitaron a quienes comulgaban con el presidente. Varios funcionarios de la CGT fueron cooptados por el gobierno para distintos funciones en diversos ministerios. La batalla más difícil de los primeros años del gobierno de Menem se llevaría a cabo con la CGT a cargo de Ubaldini. El gobierno apelaría a los mismos incentivos que con el resto de los sindicalistas, ofreciendo en varias oportunidades “salidas honrosas” para el titular de la central, que iban desde una agregaduría diplomática en España hasta la representación de la Argentina ante la Organización Internacional del trabajo (OIT). Posteriormente, y ante la negativa de Ubaldini, la estrategia giraría en torno a la escisión de la central y conjuntamente de la oposición.

Políticas Económicas Antisindicales

            El 17 de agosto y el 1º de Septiembre de 1990 son fechas claves para la política Argentina en general y para la relación Estado-sindicatos en particular. Es que en la primer fecha es sancionada la ley 23.696, de Emergencia administrativa y Reforma del Estado, mientras que en la segunda, se crea la ley 23.697, de Reforma Económica.
Ambos paquetes de leyes van a tener implicaciones directas sobre el futuro de los trabajadores. El cuadro Nº 2 resume los principales puntos sobre los que abordaran estas leyes.

            Además de estas dos mega-leyes, se presentarían ante el Congreso una serie de proyectos de ley con la firme intención de modificar aspectos básicos de las leyes laborales. Este punto va ser especialmente controversial durante el gobierno de Menem, ya que ante los retrasos del legislativo, -producto muchas veces de la oposición a las intenciones del Poder Ejecutivo- el presidente comienza a utilizar la herramienta del decreto para llevar adelante las reformas en este plano.
            El objetivo central ya no era –como en tiempos de Perón- el fortalecimiento del mercado interno alentado por el Estado, sino mas bien se buscaba fomentar el desarrollo de un nuevo sector secundario, dirigido principalmente hacia la exportación, cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de grupos de intereses locales y extranjeros.
            Por lo tanto, parece lógico que los tres principales instrumentos políticos implementados por el gobierno de Menem, hayan sido la ley de emergencia económica; la ley de reforma del Estado y los decretos y leyes de desregulación. Con este paquete de medidas, se declaraba en emergencia económica la mayoría de los entes estatales; se anulaban los regímenes de producción industrial, sectoriales o regionales; se establecía la privatización de la mayoría de las instituciones del sector publico y se aseguraban los mecanismos para la previa depuración de buena parte del personal del sector, al mismo tiempo, que por vía de la desregulación se limitaban al máximo las tareas dirigistas o reguladoras del Estado en la economía. Así, con este nuevo esquema, el rol del Estado interventor en la economía y regulador del conflicto social, se hace superfluo, casi nulo.
            En lo que concierne más directamente a los trabajadores y al movimiento sindical, no es casual que uno de los primeros objetivos gubernamentales haya sido la reglamentación restrictiva del derecho a huelga. Esta reglamentación establecía una serie de mecanismos restrictivos para con el arma más dañina de cualquier sindicato. La limitación de las huelgas también se enmarca coherentemente en el proyecto menemista.
            A mediados de1991, el gobierno intensificará esta ofensiva, cuando se sienta fortalecido por la escasa resistencia que sus políticas generaron en el ambiente sindical, generalmente explicadas a partir de la dificultad de los sindicatos de lograr una centralización en la lucha. Los Ejes centrales de esa nueva ofensiva, fueron cuatro proyectos: el de flexibilización laboral; el de reforma de los regímenes de negociación colectiva y la reforma previsional. Aquí se cristaliza por primera vez que el proyecto laboral planteado por el gobierno de Menen implica la virtual desarticulación del sindicalismo como factor de poder en la Argentina.

2.1 Flexibilización laboral

            Si bien pareciese que la idea de flexibilización estuvo presente desde los comienzos del gobierno de Menem, la realidad muestra que su implementación legal se vio dificultada por la oposición que generaba semejante proyecto en la opinión publica, en el legislativo y hasta en los legisladores de su propio partido. Sin embargo, la puesta en práctica de una flexibilización laboral estaba planteada como una de las condiciones sin qua non del gobierno, por lo cual poco importaron las oposiciones a la hora llevarla a cabo. El cuadro 3 y 4 exponen, a nuestro entender, las principales reformas llevada a cabo por el gobierno durante este periodo.

            Como puede observarse recién en el año 1991, después de tres años de gobierno, se logra establecer la tan ansiada “Ley nacional de Empleo” (Nº 24.013). Esta ley introducía dos novedades principales. Por un lado, establecía nuevos regímenes laborales, a través de la polivalencia y otras figuras que implicaban nuevas formas de organización técnica y social del trabajo. En segundo lugar, al modificar la forma de contratación y vulnerar, en consecuencia, el principio de la estabilidad laboral, legalizando el trabajo precario, la ley introducía un principio de segmentación de los trabajadores. Mientras tanto, los empleadores se verían beneficiados por las sucesivas leyes, las cuales les permitirían no solamente ampliar sus ganancias en detrimento de los trabajadores, sino también limitar sus derechos adquiridos amparados bajo un paraguas legal constituido.
            Pero si bien es cierto que estas leyes, (especialmente la de flexibilización) resultaban fundamentales para las intenciones económicas del gobierno, no se puede pasar por alto la gran cantidad de decretos firmados por el presidente, (la mayoría de ellos relacionados con ajustes salariales) fueron dando forma y contenido a este marco legal. Especialmente debe resaltarse el decreto 2184/90, que regulaba las huelgas, y al hacerlo apuntaba a la resistencia potencial de los sindicatos del sector publico -leales a Ubaldini-, sobre los cuales los costos del ajuste y los despidos eran mas visibles.
            Es durante toda esta etapa donde el Estado se retira del centro de la escena, y en su repliegue desarticula los institutos laborales típicos de la antigua regulación (fordista) y favorece el disciplinamiento laboral. Al proceder de esta manera, no hace otra cosa más que establecer las nuevas reglas de juego en la negociación colectiva, descentralizando las decisiones ligadas a la distribución del ingreso, y afectando los principios clásicos de determinación del salario. Cancela la indexación de los salarios por costo de vida y habilita aumentos por empresa basado en incrementos de productividad razonablemente fundados e intransferibles a los precios. La habilitación de esta modalidad de negociación sobre la parte variable del salario tiende a descentralizar el accionar sindical y fijar en el campo de negociación lejos de las decisiones nacionales y de las posibilidades de presión corporativa. La negociación centralizada pierde valides ante la heterogeneidad de las situaciones laborales que el proceso de reconversión productiva y/o privatización general en las empresas, y queda limitada su significación a nivel nacional. Los gremios líderes sufren una suerte de privatización en la medida en que el gobierno renuncia a su función equilibradora entre los actores sociales asimétricos.
            En este contexto las relaciones laborales emergen en muchos casos como un componente central, en la medida que facilitarán la aceptación o negociación de las micro regulaciones que las empresas necesitan para funcionar eficientemente como unidad productiva, como parte de una red de empresas y como componente de un sistema productivo nacional que debe encontrar un nuevo modo de competitividad.

2.2 La negociación colectiva

            El convenio colectivo se constituía en el principal ámbito vinculante entre el sindicato y la empresa y, a su vez, en el punto de encuentro de los dirigentes con sus representados.
            En abril de 1991 se sanciona la Ley de Convertibilidad, la cual no solamente define la nueva paridad cambiaria, sino que prohíbe el reajuste de precios y salarios según los índices de costos de vida. Mas tarde, ese mismo año el Poder Ejecutivo firmaría el decreto 1334/91 que establece el procedimiento a seguir para obtener acuerdos de aumentos salariales basados en la productividad. Este nuevo régimen salarial, fundamentado en una mayor productividad implica que los empresarios no pueden argumentar mayores costos, y evita que el aumento sea trasladado a los precios. Dos años mas tarde se firmaría el ya nombrado decreto 470/93, autoriza a articular la negociación.
            Para Marta Novick¹⁰ todas esas normas, junto con las leyes y decretos de Reforma Laboral, se direccionan hacia la descentralización de las relaciones laborales. Esta autora postula una serie de datos que demuestran la evolución de esta tendencia. 
            Por un lado, afirma que la tendencia a realizar negociaciones en el ámbito de la empresa va a ser una de las dinámicas más claras y comunes para todos los sectores durante el primer período de Menem. Esta nueva forma de negociación implicaría un nuevo rol de los representantes sindicales en la empresa, generando fuertes diferencias  entre los gremios, ya que la estrategia individual de las firmas adquiere un peso mucho mayor a cuando la negociación era por rama o actividad.
            Esta nueva dinámica negociadora implica, a su vez, la desaparición de las clásicas “rondas” de negociación donde todos los actores negociaban de manera simultánea, perdiendo así la homogeneidad para todos los sectores de actividad. Los sectores incluidos en este grupo dinámico de negociación son principalmente aquellos vinculados con la afluencia de inversión directa extranjera en la industria manufacturera, y el vinculado con las empresas privatizadas. En la industria manufacturera se destacan el complejo automotriz, especialmente SMATA; la extracción y refinamiento de petróleo (tanto el sector privado como la estatal YPF); y otros, aunque en menor magnitud, como plásticos, ceramistas, químicos y pasteleros (todas las cadenas de fast-food y semejantes).¹¹
            Otro elemento central para entender la nueva dinámica de negociación sindical fue el cambio en los contenidos y temas de la negociación.  Podría decirse que el principal tema negociado fue el de la flexibilidad. Los puntos mas negociados por sindicatos y el gobierno fueron¹²:

• Modalidades de contratación (flexibilidad “externa”): cláusulas que posibilitan la utilización de modalidades por tiempo determinado u otra forma no “típica” de contratación;
• Cambios en la asignación del tiempo de trabajo (que está indicando en cálculos de jornada anual u otras formas de cálculo de jornada a través de módulos, etc.);
• Flexibilidad en la organización del trabajo (movilidad funcional y/o polivalencia);
• Flexibilidad en las remuneraciones (cláusulas que acuerdan premios sujetos a normas de rendimiento que implican la utilización de criterios flexibles en las remuneraciones).

            El 75% de los acuerdos negociados introdujeron al menos una cláusula de flexibilidad, especialmente el de la jornada. Estos datos demuestran que se estaba en presencia de novedosas formas de negociación.
A pesar de estos cambios que facilitaron la emergencia de un nuevo tipo de negociación, de creación de nuevos ámbitos, de nuevos temas y nuevos actores, la negociación colectiva en la Argentina continuaría siendo un factor de consenso, de debate y de tensión. El sector empresario exigirá una descentralización total de la negociación y la posibilidad de negociar a nivel de empresa en forma directa con los trabajadores. Por su parte los sindicatos mantendrán (en el discurso) una defensa de la negociación colectiva centralizada, mientras que en la práctica aceptarán las nuevas condiciones y negociaran de modos muy diferentes de los típicos del modelo anterior.

2.3 Reforma Provisional

            En junio de 1992 el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de reforma del sistema provisional. El documento estaba compuesto por cuatro secciones: la primera, las características del futuro sistema con respecto a la afiliación, beneficios, organización, instituciones y financiamiento; la segunda se refería a las modificaciones al antiguo sistema; la tercera se ocupaba de los mecanismos que respaldarían ambos sistemas; por ultimo la cuarta, que se centraba en normas concernientes al nuevo beneficio.¹³ Así, el Poder Ejecutivo proponía la creación de un sistema mixto de jubilaciones y pensiones compuesto por un régimen público, basado en el mecanismo distributivo y un régimen de capitalización privado creado a partir de fondos que se crearían a partir de los aportes individuales. La afiliación de aquellos trabajadores menos de 45 años seria obligatoria y la edad de acceso a los benéficos seria aumentada hasta a 65 años, tanto en hombres como en mujeres. De esta manera, los beneficios jubilatorios estarían compuestos por tres elementos. 1) Una prestación básica única, que se pagaría por medio del ANSES; 2) una prestación adicional surgida de la capitalización de los aportes realizados desde la afiliación al nuevo sistema, pagados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs); 3) una prestación compensatoria, que tendía a compensar a aquellos que aportaron al sistema anterior. La reforma si planteada va a pasar por una instancia de negociación entre el legislativo y el Poder Ejecutivo, que duraría cerca de un año y que implicaría varias idas y vueltas respecto a los temas relacionados especialmente con los interese sindicales.
Desde el principio el gobierno bregó por una rápida aprobación de la iniciativa original. La mayoría de los bloques –incluso los mas fieles al gobierno- planteaban la necesidad de debatir cuestiones consideraban primordiales para la aprobación de la ley, como el financiamiento del nuevo sistema o el problema de quienes ya se encontraban jubilados¹⁴ . Pero la disciplina partidaria se impuso y los Diputados sindicales se volcaron a apoyar al Poder Ejecutivo.
            Las comisiones parlamentarias realizaron numerosos encuentros con diferentes grupos de intereses. Fruto de esas discusiones fue un segundo proyecto enviado por el gobierno, que solucionaba algunas de las preocupaciones manifestadas por las comisiones. Pero el proyecto fue revocado por varios bloques de Diputados, especialmente aquellos representantes de los sindicatos.
            A partir de este rechazo, la discusión paso al ámbito del Consejo Nacional Económico para la Producción, la Inversión y el Crecimiento, un foro donde se encontraban representados funcionarios, empresarios y representantes de los trabajadores. En este foro, se suscribiría un documento con propuestas complementarias a la ley de reforma provisional que sería enviado al Congreso a fines de 1992 con el propósito de incorporar ciertas reformas a dicha ley.
            Estas modificaciones permitirían que diversas organizaciones –incluidos los sindicatos- pudieran formar sus propias AFJPs, lo cual legitimaba la participación de los sindicatos en el negocio. Una vez acordado esto, la oposición sindical en el Congreso se desbloqueó, pero aún no se obtenía el quórum necesario para la tratar el proyecto.
            El principal punto de conflicto se centro en la necesidad, por parte de algunos legisladores, de suscribir un resguardo legal en caso de que la AFJPs se vieran imposibilitadas de sostener el sistema previsional en el tiempo. Puntualmente se demandaba que el Estado garantice el pago de jubilaciones, pensiones por invalidez y a los deudos, en caso de quiebra, por lo que la sanción de la ley que estaba prevista para febrero de 1993 se vio interrumpida hasta mayo de ese año. En el transcurso de esos tres meses el gobierno debió llevar a cabo durísimas negociaciones con varios sectores de la oposición, pero también de su partido. Las palabras de Jorge Matzkin, presidente del Bloque de Diputados Peronistas en ese momento, son elocuentes a la hora de describir este proceso: “Algunos legisladores pueden ser disciplinados con un sobre; otros con una amenaza, del tipo “o cerras la boca o la estructura partidaria te caerá encima”; y otros, sólo con argumentos racionales”¹⁵

4. Respuestas del Sindicalismo

4.1 Fragmentación

            Una de las primeras secuelas que tuvieron las políticas gubernamentales fue la división de la CGT. Sin embargo, como se he dicho, la relación al interior de la CGT, entre sindicalistas viejos y nuevos se encontraba especialmente tensa. Incluso antes de la asunción de Menem al gobierno, Luís Barrionuevo, durante mucho tiempo uno de los más visibles exponentes del menemismo sindical, lanzó una campaña contra Saúl Ubaldini, por entonces Secretaria General de la CGT, por considerar que los viejos conflictos entre sindicales y políticos habían terminado. En efecto, la ruptura fue en buena medida, provocada por presiones ejercidas básicamente desde el sector guberna­mental y de los sectores sindicales autoproclamados “menemistas”. Al respecto, las palabras de Menem iban en esa dirección cuando el 23 de Septiembre de 1989, -días antes de lo que sería la convocatoria del congreso sindical-  declaró que “una central unida, organizada, representativa, capaz de actualizar sus métodos de acción y analizar la realidad a la luz de una nueva perspectiva inaugurada el 9 de julio, es el mejor instrumento de participación de los trabajadores en la Argentina del futuro”.¹⁶ .
            El día 10 de Octubre se inicia el Congreso Nacional de la CGT, que se caracterizaría no solo por un rotundo fracaso de las negociaciones al interior de la Central, sino porque el resultado de ese Congreso derivaría en un hecho inédito: por primera vez, en la historia del sindicalismo argentino, se observaba una ruptura cuando el partido de referencia estaba en el gobierno.
            La división de la CGT trajo aparejada una reorganización interna de los antiguos bloques sindicalistas. De la escisión van a surgir dos CGT diferentes, la llamada CGT- San Martín¹⁷ , que se autoproclama menemista y la CGT- Azopardo¹⁸, deno­minada opositora y liderada por Ubaldini. Aunque esta última, detentaba una mayor presencia de organizaciones pertenecientes al sector estatal y al sector secundario, principalmente por la presencia en de la Unión Obrera Metalúrgica, va a ser la CGT San Martín quien registre una leve superioridad numérica en su seno. Mas cercano a los oficialistas que a los opositores se encontraba un tercer sector,  “el grupo de los Indepen­dientes", formado por un pequeño número de sindicatos, entre los cuales sobresalían Bancarios, Luz y Fuerza y Empleados de Comercio.
            La CGT “menemistas” intentará, tres vías de vincu­lación con el gobierno. La primera, se expresaba en las relaciones formales entre CGT y gobierno y en sus esfuerzos por colocar hombres de sus filas en puestos gubernamentales; la segunda de carácter político, que se manifestaba en su participación en el Justicialismo y en sus representaciones legislativas y una tercera, que se expresaba en las alianzas con grupos empresarios.
            La CGT- Azopardo; unida en su repudio al gobierno de Menem, se dividiría por cuestiones de estrategia. En su seno, convergían dos sectores claramente diferentes: los duros y los moderados, que se mantenían unidos gracias al equilibrio impuesto por un tercer sector, conducido por Saúl Ubaldini. Los duros, encabezados por algunos gremios del sector estatal y los docentes, eran quienes se encontraban directamente afectados por las políticas de reestructuración del Esta­do. Esta posición los llevó a ser protagonistas de algunos hechos significativos de resistencia a la política de reestructuración estatal y a presionar a Ubaldini para que adoptara medidas de lucha de dimensión nacional. Los moderados, representados principalmente por Lorenzo Miguel, defendían una polí­tica de “perfil más bajo” en la confrontación con el gobierno. Su propuesta, era evitar una oposición férrea, como la de los duros. La idea era ostentar cierta independencia frente al gobierno, con la cual negociar desde una posición autónoma. En palabras del líder metalúrgico: “Estamos con Menem, pero nos reservamos el derecho a discrepar”¹⁹
            A medida que el gobierno presionaba sobre los sectores duros, las diferencias entre estos y moderados si volvían insostenibles. Desde la Conformación de la CGT- Azopardo, hasta su desintegración –dos meses después- el gobierno nacional había descontado a los empleados públicos las sumas otorgadas por aumentos en concepto de vales de comida y transado; había anulado la Comisión Salarial, integrada por ATE y Upcn, así como aquellas que funcionaban para los docentes nacionales y universitarios; por último, había dejado sin efecto los convenios colectivos para los estatales. Tanta fue la presión que hacia finales de 1990 la CGT-Azopardo se debilitaba considerablemente y con ella la figura de Ubaldini como líder opositor.
            A partir de allí los acercamientos entre la CGT-San Martín y los moderados se harían mas frecuentes hasta que finalmente, en 1992, se llegaría a la tan buscada  “reunificación de la CGT”. Por su parte, muchos integrantes del sector duro de la CGT­-Azopardo, entre ellos estatales y los docentes, decidieron mantenerse al margen de la nueva central obrera. La reunificación de la CGT apareció como un doble resultado. Por un lado, el incumplimiento de las promesas de campaña de  “revolución productiva” y “salariazo”, reclamado por el conjunto de los trabajadores. Por otro, en respuesta a las iniciativas del gobierno sobre la reformulación de la ley de asociaciones profesionales, la transformación del régimen de negociación colectiva y sobre todo la vigencia de las Obras Sociales, de donde los dirigentes sindicales obtenían la mayor parte de los fondos. La CGT reunificada, surge entonces, en busca de un distanciamiento suficiente que permita una mejor capacidad negociadora frente al gobierno.
            Autoexcluidos tanto del proceso de reunificación quedaron otros tantos sectores minoritarios, que presentaban propuestas alternativas. Es así, como a fines de 1992 muchos de estos gremios verdaderamente disidentes, se constituyeron en el  Congreso de Trabajadores Argentinos²⁰, que tiempo mas tarde, se transformaría en un núcleo sindical alternativo, no solo por aciertos propios, sino también por el proceso de desgaste entre el sindicalismo y el gobierno menemista. En la dirección provisoria de la entidad convergieron dirigentes de distinto nivel en sus respectivas organizaciones: secretarios generales de sindicatos nacionales, como ATE, secretarios generales de entidades de tercer grado, como CTERA, secretarios generales de secciónales sindicales, como la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, cuya dirección nacional permanecía en la CGT (posteriormente en la CGT disidente) y secretarios de comisiones directivas de sindicatos que no adherían formalmente a la CTA. La nueva organización se planteó otros temas en la búsqueda de su identidad: el carácter político o sindical de la organización; el grado de autonomía y el tipo de afiliación. Otra característica novedosa, fruto de la pérdida de identidad de los obreros, generada principalmente por la desocupación, será la inclusión a esta central de organizaciones sociales no sindicales, desde agrupamientos de jubilados y de desocupados hasta representantes de ONGs y de organismos de derechos humanos,  los que se destacan por tener una representación activa dentro de la misma, con posibilidad de voz y voto.
            Por su parte, este nuevo periodo de unión entre las centrales, solamente se extendería por dos años. En 1994, se producen problemas por discrepancias en la renovación de autoridades y nuevamente aparecen disidencias respecto a las políticas implementadas por Menem, llevando así a la división de la central en dos grupos: el MTA, el cual concebido como una corriente orgánica integrada dentro de la CGT transciende sus objetivos originales, y se desprende de la CGT oficial como un grupo disidente, aunque posteriormente, en la práctica no existieron diferencias claras que demuestren tal postura.
            Hacia fines del primer gobierno de Menem, y a pesar de la existencia de pequeños grupos de sindicatos autónomos, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la mayor parte de los sindicatos no lograban desarrollar una política de lucha constante debido a que los intereses individuales, los incentivos aplicados a algunos sectores y la políticas de “palos” aplicada a otros no permitían generar una acción colectiva que unificara a los trabajadores dentro de una central. Así planteadas las cosas, los gremios se encontraban atomizados bajo tres grandes centrales: la CGT oficial, la CGT disidente y la CTA.

            La constitución Argentina expresa en su Art. 14 bis que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho a huelga”²¹. Mas allá de las regulaciones que se hicieron casi inmediatamente posterior a la asunción de Carlos Menem, con la firma del decreto 2184/90, donde se puso coto a la posibilidad de realizar paro a los servicios considerados “esenciales” –servicios públicos estatales-, sin duda un método de lucha tradicional dentro del sindicalismo fue durante toda primer presidencia serán las huelgas.
            Durante el periodo 83-89 la CGT había realizado un total de trece paros nacionales contra las políticas de gobierno llevadas a cabo por Alfonsín. La postura agresiva y luchadora de la central fue decisiva en el desarrollo del gobierno radical, especialmente sobre los meses finales del mandato de Alfonsín. Cabe recordar que seis meses antes de terminar su mandato, se escucharon voces como la de Saúl Ubaldini quien proclamaba “Si no hay soluciones, se debe dar paso a quien las tiene”²² , haciendo clara alusión de abandonar el sillón presidencial lo antes posible. Estos reclamos, sumados a la condiciones de ingobernabilidad darían paso a la renuncia de Alfonsín y la prematura llegada al gobierno de Carlos Menem.
 A principio de los ’90, el gobierno de Menem va a encontrar en la Central General del Trabajo corroída, lista para atomizarse. Como se explicó anteriormente dos grandes grupos divergentes formaría la central, la CGT- San Martín –decididamente pro-menemista y fácil de cooptar- y la CGT- Azopardo- formada por diversos grupos, sobre los que se aplicaran un política de “zanahorias y palos”-. Más allá de las futuras realineaciones que sufriría la CGT,  de los gremios que integraron este último grupo surgirán la mayor cantidad de huelgas durante todo el periodo 1989-1995.
            El cuadro nº 5 nos muestra las principales huelgas desarrolladas por las centrales obreras durante la primer presidencia de Menem.   

             Los principales focos de adhesión son aquellos lugares donde las políticas liberales estaban golpeando mas duro: los cordones industriales mas importantes (Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba) y otras regiones del país, cuya protesta se vinculaba las pésimas condiciones de los asalariados de las administraciones provinciales y municipales, y docentes (Mar del Plata, Chaco, Noroeste, Entre Ríos, Río Negro, Tierra del Fuego). Debe destacarse que esa adhesión se realiza a pesar de la amenaza constante de declarar ilegal los paros, por parte del gobierno, sobre todo los primeros años, y también a pese a la presión que ejercen la gran demanda de empleo por parte de un amplio sector de la población afectado por la recesión económica.
            Como puede observarse en el cuadro, no existe durante todo el periodo 89-95 una política sindical conjunta que permita huelgas totalmente masivas frente a las políticas menemistas. Pero esta imposibilidad no significó que no se realizaran huelgas, -de hecho durante este primer periodo hubo aproximadamente 6900 conflictos laborales- sino que el éxito de estás fue condicionado por la falta de solidaridad sectorial, la gran variedad de cuestionamientos presentes en los conflictos laborales²³ y por una política de represión muy dura respecto del Poder Ejecutivo contra aquellos gremios que se declaraban rebeldes a las políticas implementadas por el gobierno. En este ultimo caso debe recordarse la famosa frase expresada por el mismo presidente Menen, en ocasión de un para de ferroviarios: “ramal que para, ramal que cierra”
 

Respuestas a las políticas antisindicales

            A continuación analizaremos cuales fueron las principales estrategia tomadas por las tres centrales más representativas de los trabajadores argentinos.

• Confederación General de los Trabajadores (CGT)

            Durante la década del ’90, la CGT, órgano destinado a la protección de los intereses de los trabajadores, va a acompañar, en líneas generales, las políticas desarrolladas por el gobierno. La relación entre la mayor central sindical y la administración de Menem, llega a punto tal que, fue la propia CGT que se propuso como interlocutora entre el gobierno y la sociedad trabajadora. Claro está que este apoyo venia acompañado por un interés en mantener algunas instituciones tradicionales de las relaciones laborales en la Argentina e incrementar los incentivos otorgados por el Poder Ejecutivo a sus lideres.
            Dentro de las instituciones a perpetuar, nos encontramos con la representación única por rama y la negociación colectiva centralizada por actividad, aunque permitiendo en varias oportunidades, diversas formas de descentralización reguladas y controladas desde las comisiones directivas de cada seccional o gremio. Ejemplo de esto último, es un acuerdo firmado con tres de las principales industrias automotrices del país, Toyota, Chrysler y Fiat, donde se firman un conjunto de cláusulas que regulan mecanismos de contención frente a situaciones de inestabilidad y fluctuaciones de la demanda habituales en este sector. Convenios que aseguran períodos de suspensión de los trabajadores manteniendo la relación laboral garantizados con un 75% del salario y disminuyendo el porcentaje del salario en caso de prorrogarse la medida.²⁴
            Sin embargo, esta participación no sólo se fue debilitando, sino que fue perdiendo poder en la política económica y, sobre todo, en  lo referido a materia distributiva. Los representantes sindicales de esta central han reaccionado en forma corporativa intentando retomar las formas de negociación centralizada en lo que respecta a salarios básicos de convenio y de confrontación nacional con las políticas de ajuste y de flexibilización laboral propuestas. Esta confrontación, sin embargo, se pierde en palabras, mientras que en la práctica se firmaron gran cantidad de convenios descentralizados.
            En julio de 1994, firmaría, junto con el gobierno y organizaciones empresariales el Acuerdo Marco para el empleo, la productividad y la equidad social, por el cual se enviaba al Congreso un “paquete de leyes” de elaboración conjunta, que tendía a disminuir el “costo argentino” y a flexibilizar la normativa laboral existente, dando lugar cada vez mas a importantes medidas de flexibilidad, tanto a nivel legislativo como en los acuerdos y convenios colectivos. A la firma de este acuerdo, se suscribieron una de cláusulas, que implicaron la obtención de beneficios como $ 21.000.000 para las Obras Sociales, como forma de compensar la caída en la recaudación de las mismas o un Plan de pagos especial para sindicatos y Obras Sociales por las deudas provisionales, que como empleadores tenían con la DGI. ²⁵
            Por otra parte, los “beneficios” obtenidos por la CGT serían un sinnúmero de recursos económicos obtenidos, ya no solamente del manejo de las obras sociales, sino que además se obtendrían de las nuevas AFJPs formadas con capitales de grupos de sindicalistas y hasta en muchos casos lanzadas al mercado desde los mismos sindicatos, con la presión que eso refiere para los trabajadores.
            La gran mayoría de los estos optarían, durante el gobierno Menemista, por sumarse al frenesí “capitalista” en el intento de reforzar la tendencia a la venta de  “servicios”. Incluso, esta tendencia llevo a convertir al sindicato en empresas, que compiten por los fondos privados de pensión, las prestaciones prepagas de salud, servicios de turismo, hotelería, seguros, etc. Al respecto, el Secretario General de la CTA, Víctor de Genaro, decía:
 
            “No sólo se visten como empresarios. No sólo piensan como empresarios. Son empresarios. Dejaron de entender que el sindicato es la organización de los trabajadores.
Pasó a ser el sindicato una empresa que ve a sus compañeros como clientes. A los cuales hay que ganar como cualquier otra empresa del mercado.”²⁶

• Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)

            Las propuestas de la CTA se inclinaron al desarrollo de un nuevo estilo de sindicalismo, “autónomo, independiente del Estado, de los partidos políticos y de las empresas”. Pero además, incorporó organizaciones sociales no sindicales, agrupamientos de jubilados, de desocupados,  ONGs y organismos de derechos humanos, los cuales cuentan con representación en su mesa directiva.
            La inclinación por constituirse como alternativa sindical y no política, fue una manera de concentrar fuerzas en los sindicatos primero, para luego facilitar un abordaje al terreno político. De todas maneras, uno de los debates hacia el centro de la CTA, continúa siendo la posibilidad de representar movimientos sociales diversos y dispersos o ser la base de un partido político alternativo.
            Respecto a la autonomía, la propuesta fue la de independizar al movimiento de cualquier estructura partidaria evitando todo tipo de subordinación a estrategias suprasectoriales. La propuesta de autonomía, es sin duda, un quiebre de las tradiciones sindicalistas de nuestro país, vinculados, como ya observamos, al movimiento cegetista.
            Un punto significativo, donde la CTA se destaca sobre las otras centrales está relacionado con el modelo de afiliación. El nucleamiento puede estar integrado por entidades de primer grado, de segundo grado o por adherentes individuales. Aceptar adherentes individuales constituye es el gran cambio en el modelo de representación confederada, por lo que la central se vuelve capaz de saltar por encima de la representación orgánica estipulada para la negociación colectiva, sin quebrar ningún marco jurídico.
            Otra transformación estratégica es la incorporaron de intelectuales, investigadores sociales y profesionales, en centros de investigación, cuerpos docentes para la formación profesional y sindical, etc.  Con la misma intención, se establecieron acuerdos y convenios con universidades e instituciones académicas, destinados a establecer canales de información y de capacitación útiles para el mundo sindical.
            En términos generales, la CTA desarrolla actividades de promoción de medidas económicas protectoras para desempleados. Casi al final de la primer presidencia de Menem, en 1994, encabezaría una marcha desde el norte del país hasta la capital, nucleando a distintos sectores fuera del ámbito exclusivo del trabajo. En ese sentido, es la central sindical que más se identifica con la figura del trabajador como “ciudadano”, sin tener en cuenta su condición laboral, considerando por igual a trabajadores desempleados o empleados, subocupados o precarios.
            En el plano salarial, la CTA se vio obligada a reformular un cambio en sus reivindicaciones. Las políticas económicas y las nuevas condiciones de la economía obligaron a dejar de solicitar mejoras, contentarse con, a veces, el solo hecho de mantener las mínimas condiciones de una prestación laboral: el pago de los salarios.

• Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) o CGT disidente

            El MTA, formado en 1994,  se amplió a partir del enfrentamiento sobre la última reforma laboral, cuya intención era aumentar la descentralización en la negociación colectiva, cuestionar la figura del sindicato único como firmante de la negociación, extender el período de prueba, etc.,  incorporando algunos gremios tradicionales, como la UOM, los metal mecánicos y el de la construcción.
            Si bien existe cierta ideología peronista dentro del movimiento, el MTA se caracterizó por no subordinarse a ningún partido, generando un sindicalismo autónomo, aunque con dirigentes políticamente definidos.
            La expectativa generalizada del MTA se centra en recuperar las tradiciones Estado-céntricas, donde se reformule a este como agente intervencionista en la economía, capaz de mediar en las relaciones entre capital y trabajo, y de reorientar las políticas re-distributivas de ingreso a favor de los asalariados
Pese a que su discurso crítico intenta empujar a la movilización sindical e insta a alcanzar el apoyo de la sociedad civil, en plano gremial no logran una diferencia sustancial de la CGT oficial en materia de identidad y centralidad sindical.

Conclusiones

            Durante el transcurso de la primer presidencia de Juan Domingo Perón, el movimiento obrero argentino, surgirá como una actor de suma importancia en la vida política del país. Vastos derechos fueron reconocidos a los trabajadores mediante la lucha organizada en gremios y sindicatos. Esto no solamente fomentó un gran espíritu corporativista en la época que duraría –con altos y bajos-  casi cuarenta años, sino que además hizo participar, crecer y desarrollarse política y económicamente, a una gran porción de la sociedad, que encontró su identidad dentro de una matriz en la cual, el Estado se presentaba como centro de todas las relaciones sociales y económicas.
            Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, se van a producir cambios trascendentales en las instituciones tradicionales de nuestro país. Aquella matriz Estado-céntrica va a ser rápidamente reemplazada por un conjunto de nuevas políticas económicas tendientes a resignificar el rol del Estado en Argentina, acordes con las impuestas en los ´80 por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente.  
            Planteada esta necesidad de reconfiguración del papel del Estado, -lo que muchas veces implicaría pasar por sobre aquellos derechos obtenidos por los trabajadores en el ´50-  esta nueva cosmovisión encontrara en los sindicatos, un potencial obstáculo para su feliz realización. De esta manera, se pondrá en marcha una feroz estrategia desindicalizadora que a nuestro entender tendría dos ejes básicos:

• Premiar con incentivos económicos a aquellos sindicatos que acepten las nuevas formas de juego;
• Eliminar toda posibilidad de oposición mediante la atomización de la competencia y el disciplinamiento de los trabajadores.

            Inmediatamente posterior a la asunción de Carlos Menem a la asunción, se produjo una fractura dentro de la principal central de trabajadores argentinos, la CGT. De allí surgirán la CGT- San Martín, autoproclamada “menemista” y la CGT-Azopardo, reunida en torno a la oposición al presidente. Mas allá de que esta no sería la única, esta primer escisión resulta trascendental a la hora de comprender la estrategia del gobierno.
            Mientras que los gremios que conformaron la CGT-San Martin, se encontraban tras las filas de Menem, se les permitió participar activamente en varias negociaciones políticas, como el nombramiento de Ministros, la inclusión dentro de organismos nacionales vitales para sus intereses corporativos y hasta la posibilidad de integrar las listas del partido oficialista en las legislativas de 1993 y 1995.  Además, no debe olvidarse que, fruto también de sus concesiones respecto a las políticas del gobierno, se les permitirá gozar de ciertos beneficios económicos obtenidos por la transformación de los sindicatos en “empresas al servicio del trabajador”, por lo que varios líderes sindicales llegarían a acumular grandes sumas de dinero en tan solo seis años de gobierno.
            A los gremios de la CGT-Azopardo, les tocaría sentir el rigor de ser oposición a las políticas neoliberales de Menem. Con ellos la estrategia fue totalmente diferente. Lo primero que se buscaría –con éxito- sería la atomización de la central, mediante la cooptación de aquellos sectores más moderados. Una vez concretada esta estrategia, el gobierno ya no pelearía contra una gran central opositora, sino contra un puñado de sindicatos, generalmente estatales, incapaces de lograr captar la atención del conjunto de los trabajadores, subidos a la propuesta consumidora del Poder Ejecutivo. Estos sectores rebeldes se encontrarían a la deriva hasta casi la mitad del mandato de Menem, en donde surge la CTA alternativa y posteriormente, sobre el final, el MTA. Pero ni siquiera con el surgimiento de estas nuevas, pero débiles, alternativas impedirían que se concretara el plan neoliberal, ni la modificación de la Constitución con su consecuencia más notoria y más buscada: extender el gobierno un periodo más. Así, el movimiento obrero en su conjunto, pasó de ser un actor de gran presencia y poder de negociación en la década del ´50 a ser uno fragmentado, imposibilitado de realizar cualquier estrategia en contra de un Poder Ejecutivo nacional capaz de tomar decisiones sin mediar los riesgos.
            En su artículo “Maquiavelo, Schmitt, Gramsci y el “decisionismo” de los años ‘90: viejos y nuevos príncipes”, Fabián Bosoer hace una clara alusión a la nueva función que cumplió el Poder Ejecutivo argentino durante los ´90. En palabras del autor: “mientras se universalizan la democracia liberal y el libre mercado como principios aceptados para el funcionamiento de las sociedades, se crean las condiciones para el surgimiento de un argumento fuerte de justificación de la concentración del poder en momentos en que el armazón estatal pierde su entidad monolítica y su alcance de dominio.”²⁷ Sin duda, -y esta fue la intención de este trabajo- la relación entre gobierno-sindicatos durante la primer presidencia de Menem transitará estos caminos. El Poder Ejecutivo se verá obligado a articular las ya mencionadas estrategias de cohesión y consenso, abriéndose el camino para llevar a cabo su gobierno en un contexto neodecisionista. ¿Pero qué es lo que lo obliga? Podríamos decir que los sindicatos representaban un potencial enemigo para los nuevos tiempos de la política argentina, encarnados por Menem. Ante la tamaña envergadura del proyecto neoliberal, no podía dejarse en manos de los sindicatos, detalles tan relevantes como la posibilidad de generar descontento social y mucho menos una oposición como la generada ante Alfonsín, mas allá de que sobrasen motivos para hacerla.
            De la cooptación y/o eliminación de estos dependía, en gran parte, el manejo de la voluntad de la mayoría de los trabajadores representados, lo cual como efectivamente sucedió, generó el margen necesario para su garantizar en última instancia lo que desde el neodecisionismo argentino se plantearía como gobernabilidad. En palabras del presidente  “... la capacidad para tomar decisiones drásticas en situaciones adversas y ejercer el poder político democrático en forma continuada en un marco de crisis...” ²⁸

.........................................................................

Bibliografía:
Libros:

WWW:

Documentos

.........................................................................