Resumen

En este artículo se trabajará sobre el concepto de Estado, y las diferentes formas y concepciones ideológicas y pragmáticas de los mismos. Se develarán problemas históricos que siguen teniendo actualidad ante este nuevo milenio.

 

 

Abstract

This article works on the concept of State and the different types and ideologies and practices that are underneath the state conceptions. We will reveal historical problems that remain being important in the new century.

 

 

 

Los Estados Problemáticos como amenaza para la gobernabilidad democrática

Por Javier Marotte

 (Abogado U. Kennedy; candidato a Doctor en Ciencia Política UNC)

 

1.- ¿Qué entendemos por Estado?

Un Estado es una entidad política autónoma y soberana, en el sentido que no está sujeta a una autoridad política superior. Desde el punto de vista legal, es una entidad del derecho internacional que tiene las siguientes características: territorio definido, gobierno, población permanente y capacidad de establecer relaciones con otros Estados. Un país alude a la dimensión territorial o geográfica del Estado, aunque estos dos últimos términos tienden a usarse de manera intercambiable. Un Estado-nación, es un Estado independiente, dentro del cual una nación es dominante. No obstante, la cuestión no es tan estricta; por ejemplo, Suiza, Bélgica, EUA y muchos países más, tienen grupos étnicos, religiosos y lingüísticos múltiples, sin que alguna nación sea dominante. Si nos atenemos a las definiciones precisas, RU tampoco sería un Estado-nación, pues está conformado por lo menos, por cuatro países (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Más aún, existen muchas naciones sin un Estado, como por ejemplo: los kurdos, los gitanos, los palestinos o los aymaras. (Parodi, 2005).

            Solomon y Cone definen al Estado como: “Un territorio soberano geográficamente limitado y especificado, habitado por una población permanente ligada por una cierta forma de cohesión sociopolítica y gobernada por una autoridad legítima aprobada por la población del Estado, al cual se debe también reconocer como un miembro legalmente igual e independiente de la comunidad internacional de Estados (Solomon y Cone, 2004: 53).

 

            El “Estado” está entre los términos más disputados de las ciencias sociales. Después de la II Guerra Mundial se han promovido diversos debates relacionados con la fuerza, el alcance y la importancia del Estado. En el mundo bipolar la guerra de un Estado a otro era vista como posible. El mito de un Estado socialista fuerte, omnipresente fue promovido en ambos lados de la Cortina de Hierro. En la era de la descolonización, el reconocimiento internacional de los nuevos Estados fue concedido sin atender a la viabilidad de las entidades coloniales anteriores y a su sistema interno de organización, con el concepto de soberanía y de inviolabilidad de las fronteras consideradas como tales por la ONU.[1]

            En el último tercio del siglo XX, las teorías de la interdependencia y la globalización han comenzado a poner en dudas el rol central del Estado, a la par que es desafiado desde abajo por el papel de la sociedad civil, el mercado global, el transnacionalismo, las instituciones internacionales y supranacionales. Desde mediados de los años ochenta, una vuelta al Estado ha sido sugerida por los teóricos neo-estatistas, que promueven una mayor autonomía y capacidad del Estado (Evans et al, 1985:9). Por su parte, los economistas liberales renovaron sus críticas al modelo de Estado intervencionista, defendiendo la idea básica que el “mercado aseguraría equilibrio y aumentaría la abundancia de las sociedades” (Mette Kjaer, 2004: 128).  Poco después del final de la guerra fría ha llegado a ser evidente que al reducirse el alcance del Estado, implantando el dominio absoluto del mercado, la liberalización económica y política y el fortalecimiento de la sociedad civil todo ello no trajo aparejado espontáneamente el “fin de la historia” ni tampoco el desarrollo económico, la victoria del modelo de democracia liberal y la “paz democrática ampliada”.[2]

            Con Buzan, sostenemos que los principales componentes del Estado son:

1) El componente conceptual o la “idea del Estado”. Esto es, el grado de reconocimiento e identificación de la población con su Estado. La idea del estado es entendida como un principio organizativo alrededor del cual se cohesiona la sociedad y que funciona como el lazo que une las mitades de lo privado y de lo público en el Estado-nación.

2) El componente físico, caracterizado por una población permanente, un territorio delimitado, recursos naturales, infraestructura y base industrial.

3) El componente institucional que implica la existencia de un gobierno capaz de mantener un control efectivo sobre el territorio y de mantener relaciones con otros Estados. Consiste en todas las estructuras y cuerpos del gobierno central, así como las leyes y normas relacionadas con la función gubernamental.

4) Un cuarto elemento fundamental que distingue al Estado de otras unidades sociales es la soberanía definida en términos de autogobierno, de la negación de cualquier otra autoridad política superior y de la autoridad suprema del gobierno sobre el territorio y sus habitantes (Buzan, 1993: 57-146).

5) Holsti complementa el planteo de Buzan, añadiéndole los conceptos de legitimidad horizontal y vertical; la primera, concernida con la fortaleza de la sociedad civil expresada en el nivel de cohesión, aceptación y tolerancia entre diferentes grupos dentro de la comunidad política; la segunda, se refiere a aquellos principios sobre los cuales se funda el "derecho a gobernar", los cuales abarcan desde la herencia hasta el desempeño y la ideología. La pretensión de autoridad de un gobierno es legítima sólo con el consentimiento de los gobernados. La lealtad a las ideas e instituciones del Estado está directamente correlacionada a la legitimidad del Estado, en donde "las órdenes se obedecen no sólo por miedo o interés propio, sino porque se cree que en cierto sentido tienen autoridad moral.” (Holsti, 1996: 87-88).

 

2.- ¿Qué comprendemos por gobernabilidad democrática?

Por gobernabilidad democrática[3], nos referimos a las reglas del juego democrático para la conformación de gobiernos legítimos, o sea la creación de legitimidad a través de la elección de representantes y la posibilidad de la participación política, y la democracia gobernable, la plataforma jurídica-institucional para el ejercicio gubernamental eficaz implementando decisiones con amplio consenso social. Bobbio, Matteucci y Pasquino (2002:703-710), definen el término de gobernabilidad como la relación de gobierno es decir, la relación de gobernantes y gobernados, por lo tanto la relación compleja entre los dos entes es lo que permite hablar de gobernabilidad. Joel Migdal (1998), especifica a la gobernabilidad como la capacidad del gobierno de implementar iniciativas políticas aprobadas por el parlamento. Es decir, mientras más fiel al texto de la ley o del programa adoptado sea la implementación, más completa está la gobernabilidad. O al contrario, se entiende que mientras más divergente esté la implementación obstaculizada por ejemplo, por costumbres que van en contra, reglas informales o resistencia organizada o no, más problemas de ingobernabilidad tendrá el gobierno. Algunos autores enfatizan ciertos elementos que la definen como una propiedad (Rial, 1987), cualidad (Flisfish, 1987; Arbós y Giner, 1993) o un Estado (Crozier, Huntington y Watahuki, 1975) de la relación del gobierno.

            Desde la visión de la politología, el concepto hace referencia a la capacidad de gobernar en forma estable y a la viabilidad de un gobierno (Tomassini, 1998) y, por tanto, a la calidad de las relaciones que éste establece con la sociedad. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad es la expresión institucional del problema de la legitimidad de un gobierno y está relacionada con la capacidad de establecer normas que creen consentimiento y satisfacción a las demandas sociales (Sojo, 2002). Joan Prats (2002), arguye que la gobernabilidad adquiere contenidos más amplios; se refiere a la capacidad de un sistema social democrático para auto-gobernarse afrontando positivamente los retos y las oportunidades. La gobernabilidad desde su perspectiva es una cualidad de las sociedades y sistemas y no de los gobiernos.

            En síntesis, la gobernabilidad hace referencia a la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los pactos entre los actores políticos; y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para regular, disciplinar y solucionar los conflictos que se ocasionen entre ellos. Un sistema social es gobernable cuando está estructurado socio-políticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver loas crisis con sujeción a un sistema de reglas y procedimientos formales o informales que pueden registrar diversos niveles de institucionalización. Un sistema de gobernabilidad democrática debe permitir que las reglas y normas sean producto de la participación, la deliberación, la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que tienen en cuenta no sólo sus derechos e intereses sino también la estabilidad y avances en el orden global.

            Por el contrario, entendemos por ingobernabilidad a la suma de debilitamiento de la eficacia del gobierno simultánea al debilitamiento del consenso ciudadano, lo que también se ha definido como “democracia embotellada”, en donde “la demanda es fácil y la respuesta difícil” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2002:704). Según la definición de Schmitter (1988: 395 y 401), la ingobernabilidad se identifica mediante cuatro indicadores: primero, aparece la indisciplina, cuando la ciudadanía recurre a métodos de fuerza violentos, ilícitos o irregulares para influir sobre las políticas públicas: segundo, emerge la inestabilidad que se produce cuando las elites dirigentes pierden capacidad de liderazgo político; tercero, irrumpe la ineficiencia que se patentiza cuando una administración no consigue precisar metas ni asegurar su acatamiento; cuarto, se instala la ilegalidad, entendida como el hecho que los actores dotados con más poder buscan  eludir limitaciones y controles jurídicos en procura de ventajas propias extralegales.

3.- ¿Por qué fallan los Estados?

La generalidad de los Estados tienen cierta debilidad institucional y reconocen fallas de múltiples orígenes (problemas políticos, sociales o económicos), las que crean “tensiones disfuncionales en su actividad hacia dentro o hacia fuera, o en ambos sentidos” (Sánchez Gijón, 2003). Cuando en este trabajo hacemos alusión a los fallos del Estado, nos referimos a los desarreglos en el funcionamiento de sus instituciones, es decir, cuando éstas sufren el desafío de una disidencia interna que les impide conseguir su mayor nivel de eficacia. Pero, cabe señalar que para su categorización en el tema que nos ocupa, deben adquirir en la arena política un nivel de gravedad crítico. “La expresión integral del Estado fallido es el Estado sin ley, esto es, aquél en el que las instituciones han dejado de funcionar para todos y en todo momento... [los] ejemplos de disfuncionalidad de los Estados, abarcan desde la avería total hasta la pérdida relativa de eficacia” (Sánchez Gijón, 2003).

            Previo a adentrarnos en el análisis en sí, resulta menester precisar los extremos sobre lo que implica ser un Estado fallido[4] y otras categorías existentes: Estados débiles (weak states)[5] canallas, agresores, infames, villanos, hampones o matones (rogue states)[6], inmorales (immoral state[7]), Estado derrumbado (collapsed state[8]), Estado frágil (fragile state)[9], cuasi-Estado (quasi-state)[10], Estado depredador (predator state)[11], Estado capturado (captured state)[12], Estado incapacitado (incapacitated state)[13], Estado fracturado (fractured state)[14], Estado disfuncional (dysfunctional state)[15], Estado chantajista (blackmail state[16]), Estado fantasma (phantom state[17]), Estado desviado (deviating state[18]), etc. [19]

            Los Estados débiles y los fallidos germinan en el escenario internacional, como focos de inestabilidad de todo el sistema[20]. Los autores los consideran el problema más significativo después del fin de la Guerra Fría (Crocker, 2003: 36; Fukuyama, 2005: 140) Sus crecientes niveles de vulnerabilidad han ido horadando el espíritu westfaliano, al punto de exhibir una peligrosa desarticulación de las estructuras básicas para ejercer potestad y soberanía. La característica principal es la irrupción o afianzamiento de grupos irregulares antisistémicos, con vínculos transnacionales (guerrillas, mafias, grupos terroristas transnacionales y otros), que no buscan "la toma del poder" ni se plantean el derrocamiento de los gobiernos, como antiguamente, sino instaurar una pax mafiosa, en todo el territorio de un Estado, o en partes de éste denominadas “zonas problemáticas”.

            Cabe señalar que ya en 1976 Faletto y Cardoso subrayaron que “la contradicción de un Estado que constituye una nación sin ser soberano [es] el nudo gordiano de la dependencia”, observando asimismo que ese Estado no puede representar a la nación (Faletto y Cardoso, 2004: 203). Hoy, todas las amenazas concretas para la seguridad internacional, incluyendo terrorismo, expansión nuclear, violaciones arbitrarias de los derechos humanos, pobreza, conflictos armados y catástrofes humanitarias con oleadas masivas de refugiados, son vistas como de responsabilidad de Estados fallidos y consecuencia de la debilidad de la institución estatal (Durdevic-Lukic, 2006; Woodward, 2005; Fukuyama, 2005: 140).

            El tema de la lasitud de ciertos Estados ha sido motivo de reflexión teórica al interior de la disciplina de las relaciones internacionales, y la bibliografía registra un interesante debate conceptual donde se destacan los aportes de David Vital y Michael Handel[21]. Aunque en la actualidad -como una forma de atenuar las vulnerabilidades-, se observa una tendencia creciente a privatizar los conflictos, donde adquieren notoriedad las denominadas Corporaciones Militares Privadas (CPM), que diseñan y ejecutan Operaciones Militares Distintas a la Guerra (OMDG), presentes en África, la ex Yugoslavia[22] y crecientemente en América Latina. Nuevos focos se advierten en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay, Brasil), el lago Agrio (frontera Ecuador/Colombia), selva del Darién (Panamá), corredor Tabatinga-Leticia (frontera Colombia/Brasil), y Surinam.

            El propósito del Estado (“statecrafty”) es manejar el arte de conducir los asuntos públicos y su supervivencia en un ambiente hostil y su meta principal es la adquisición de poder. Su seguridad se percibe como política de Estado y la guerra con otro Estado, como la amenaza principal. La posición y la seguridad relativas de cualquier Estado débil se miden en el sistema internacional específico en el cual está funcionando. El Estado débil se estudia dentro de un arco comparativo: grandes poderes, poderes medianos, Estados débiles, mini Estados[23]. La característica principal de los Estados débiles es su carencia de poder o de la pérdida creciente del monopolio de la fuerza[24]. La fuerza es relativa, un fenómeno no absoluto. Los criterios principales para la distinción entre los Estados débiles y fuertes son: poder militar y posición geográfica como fuentes internas de la debilidad, y relaciones formales de alianza u oposición de los débiles con Estado grandes, como fuentes externas de la debilidad. También, los débiles producen con frecuencia un número muy limitado de productos. Hay varias posibilidades para que las grandes potencias exploten la posición de los Estados débiles, que tienen escasas opciones en la toma de decisión (Handel, 1990: 217-256).

            Según Hans-Henrik Holm, el sistema internacional es creado sobre la base de las normas de los países dominantes acerca de la idea del Estado, su legitimidad y marco legal. Los Estados débiles son incapaces de cumplir con estas normas y representan tanto un fracaso del sistema, como una responsabilidad del mismo (Holm, 1998). Mason (2000) identifica tres características del orden internacional de Post-Guerra Fría que, en su opinión, han contribuido a la debilidad del estado y al aumento de la inseguridad: reestructuración política global, cambios en las definiciones y referentes de seguridad y la globalización económica.

            La fuerza total de un Estado es su potencia interna y externa combinadas. La potencia militar se mide a través “de la población efectiva”, es decir, de la fracción de los habitantes que pueden ser armados e instruidos para manipular las “armas sofisticadas modernas”; de la capacidad nuclear bélica que se posee; y de la relevancia económica, industrial y social. (Handel, 1990: 13-14) Los indicadores usados para determinar la potencia son: población, PNB, PIB per cápita, gasto público, reservas de energía, producción, cantidad de fuerzas armadas y gastos militares. En términos de posición geográfica, la localización y la naturaleza del terreno son importantes, pero también el número de los países vecinos con los cuales se comparte una frontera común, el perfil demográfico, las alianzas de defensa y los objetivos políticos.

            La debilidad o fortaleza del Estado no sólo es medida en términos del poder militar, sino también de la integridad, consolidación y cohesión social, política, económica y territorial de cada país. La naturaleza débil o fuerte del Estado puede determinarse mediante cuatro variables (cohesión sociopolítica, capacidad política, desarrollo socioeconómico y control territorial) que a través de sus indicadores conforman dos tipos polares: el Estado Fuerte y el Estado Débil (Dreyfus, 2001). Dichos indicadores pueden tomarse como un índice acumulativo que indica cuán vulnerable puede ser un Estado a amenazas transnacionales tales como por ejemplo el crimen organizado, el tráfico de drogas, la degradación ambiental, las migraciones ilegales y los conflictos. La situación "débil" o "fuerte" de un Estado no es inamovible, ya que a lo largo del tiempo los Estados pueden fluctuar entre un polo y otro de acuerdo a cambios en las variables.

            Migdal sostiene, que las sociedades fuertes dan lugar a Estados débiles - él excluye la opción de una sociedad fuerte y de un Estado fuerte[25] (Migdal: 1998 y 2001). El Estado fuerte se define como uno con altas facultades para alcanzar sus metas, incluyendo “las capacidades de penetrar a la sociedad, regular la relación social, extraer recursos, crear tributos y utilizar a ambos de maneras decididas.” (Ibíd.: 264) El concepto "weblike societies" acuñado por Migdal es utilizado para referirse a países donde hay comunidades autónomas y autoridades locales que compiten con la autoridad del Estado en el sentido de que existe una red paralela de instituciones cuya legitimidad es superior a las instituciones y símbolos del Estado.[26] El autor ha caracterizado como "sociedades fuertes" a aquellas del Tercer Mundo, caracterizadas por la persistencia de formas no capitalistas de relación y control social, que ha impedido la formación de un Estado centralizado, capaz de lograr "exitosamente el tránsito de un comportamiento guiado por las inclinaciones propias de la gente, a un comportamiento prescrito por normas". (Ibíd :22) El resultado es una situación de fragmentación social que impide el surgimiento de "Estados fuertes" con la suficiente capacidad para integrar la sociedad y centralizar su función regulatoria. La fragmentación social y la primacía de los jefes políticos locales, impide, a su vez, el desarrollo de una burocracia racional y facilita el control de las instituciones públicas locales por intereses personales, lo cual conduce al desplazamiento de las políticas generales del Estado por intereses parciales de la sociedad

            Para Barry Buzan, “los Estados débiles o fuertes referirán al grado de cohesión sociopolítica” (Buzan, 1991: 97). La característica que distingue principalmente a los Estados débiles es “su de alto nivel de la preocupación con amenazas nacionalmente generadas a la seguridad del gobierno; es decir los Estados débiles no tienen, ni no han podido crear, un consenso político y societal doméstico” (Ibídem: 99). Iván Krastev define el Estado débil como “Estado que no pueda proteger los derechos de los ciudadanos y el derecho de propiedad. El fracaso en aplicar la ley es la característica básica de un Estado débil,” mientras que la debilidad del Estado se puede superar principalmente a través de la construcción de burocracia estatal “bureaucracy-building” y construcción de distrito electoral “constituency-building” (Krastev, 2004: 102-114).

            En opinión de Genc Ruli, el Estado débil genera la inseguridad de la propiedad, de la vida, de la dignidad y de las ganancias de la población. Es el Estado débil que permite la propagación amplia de la corrupción, del crimen organizado, y de la captura del Estado por intereses espurios. El Estado débil no puede proporcionar servicios básicos tales como justicia, igualdad de derechos, educación decente, atención médica, electricidad, abastecimiento de agua, etc.” (Ruli, 2003: 161)

 

4.- Una aproximación al concepto de Estado fallido[27]

Una de las innovaciones producidas en las postrimerías de la Guerra Fría es la conceptualización de los Estados débiles o fallidos, a cuyo análisis nos dirigiremos a continuación. El término “Estados fallidos” es usado desde la década pasada[28], ya que su notoriedad se patentiza con ocasión de los genocidios en los Grandes Lagos Africanos, en especial las matanzas de Ruanda (1994). Los autores coinciden que los Estados fallidos[29] representan una amenaza para la comunidad internacional (Fukuyama, 2005; Zeebroek, 2006; Heuhaus, 2005:26-28; Chesterman, 2004; Carment, 2003: 407; Cosidó, 2004, Garton Ash, 2005: 68, Allin: 2002b)[30]. Por Estados desfallecientes, Chesterman entiende a aquellos en el seno de los cuales las instituciones responsables de la gobernanza se encuentran en crisis interna o a afrontan las divisiones existentes en el conjunto del país. Este tipo de Estados se identifica en pueblos extremadamente pobres, con instituciones de gobernanza inexistentes o absolutamente incapaces de ejercer un control legítimo sobre el conjunto de su territorio (Chesterman, 2004).[31]

            En opinión de Olson un Estado fallido “es todo aquel que tiene problemas importantes que comprometen su coherencia y su perennidad “(Olson, 1993). Ciertos Estados son incapaces de administrar el desafío de las rivalidades étnicas, tribales y religiosas. Quedan sumidos por ello en un desorden interno y violaciones de los derechos humanos, que van desde el hundimiento del Estado de derecho hasta los flujos de refugiados y al genocidio (Ronai, 1997). El Estado quebrado (failed), turbado (troubled) o débil (weak) es doblemente desfalleciente: primero, no puede hacer frente al criterio crucial de la soberanía nacional, es decir, la capacidad de pacificar los territorios nacionales y asegurar la protección de las poblaciones que viven en el interior de las fronteras (Mason, 2000). Segundo, es completamente incapaz de ocupar su sitio o sostenerse como miembro de la comunidad internacional” (Helman y Rattner, 1992/93: 3-30; Esty et al, 1995:1).

J.J. Messner, co-director del Índice de Estados Fallidos, sostiene que es “aquel Estado que pierde control sobre su territorio, o pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza física, o pierde legitimidad para tomar decisiones colectivas, o esté inhabilitado para proveer servicios públicos básicos, o que esté inhabilitado para interactuar, de pleno derecho, con otros miembros de la comunidad internacional”. Estos Estados se caracterizan por tener fracasos sociales, económicos, y/o políticos.

            Tokatlian entiende por Estado fallido al que se encuentra definido por una extendida ilegitimidad institucional y por la incapacidad de resguardar a sus ciudadanos y a las comunidades, de las fuerzas que amenazan su seguridad existencial (Tokatlian, 2001). Por su parte, Garton Ash señala como elementos distintivos de los Estados fallidos a: el asesinato de un gran número de personas, únicamente por su adscripción étnica; la acogida amistosa de militantes extremistas y terroristas internacionales; la posibilidad que tanto éstos como los dictadores que los amparan se hagan de ADM (Garton Ash, 2005: 292). Para Sur (2005), se manifiesta un Estado fallido, cuando el aparato estatal no puede cumplir sus funciones esenciales, en especial no puede garantizar la seguridad física de la población. Ello, no se produce solamente por disturbios internos, sino que se suscitan intervenciones de los Estados vecinos, flujo masivo de emigrantes o refugiados y tendencia al contagio de la situación de inestabilidad en los países limítrofes, provocando amenazas a la paz y seguridad internacionales.

            En los casos más drásticos de la debilidad abrumadora, “las funciones básicas del Estado ya no se realizan más” y el Estado se derrumba (Zartman, 1995: 5)[32]. Según Susan Woodward, “la falla del Estado es una inhabilidad de tomar decisiones colectivas y de hacerlas cumplir, en caso de necesidad.” Como muestras más claras de advertir fallas, enumera: desafío creíble al monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza, o la pérdida absoluta de esa prerrogativa; inhabilidad o desinterés del Estado en utilizar la fuerza cuando es necesario; y, la imposibilidad para constreñir al cumplimiento de las normas y la observancia de las leyes y de imponer sanciones efectivas a quienes las violen, ya que el Estado carece de todo instrumento de aplicación (financiero, económico, social, cultural, político, legal y  moral, en el sentido de la legitimidad) (Woodward, 2005).

            El derrumbamiento estatal se insinúa cuando el Estado central comienza a deteriorarse, conduciendo a la desintegración de la sociedad, con la lealtad que cambia del Estado a las comunidades tradicionales que parecen ofrecer una mejor protección. Este proceso es una progresión de tres pasos. Primero, las instituciones fallan en proporcionar servicios adecuados a la población. Segundo, la competencia étnica, social e ideológica es incorrectamente canalizada y contribuye a erosionar la eficacia de las instituciones, tornándolas más débiles aún. Finalmente, los efectos acumulativos de pobreza, superpoblación, huída de las zonas rurales y rápida urbanización sin planificación con el consiguiente daño ecológico, abruman al Estado débil al punto de derrumbarlo. (Dearth, 1996: 119-130) Los fracasos estatales consisten en casos en los cuales la autoridad central estatal se derrumba durante varios años. Podemos agregar cuatro clases de fracaso estatal: (1) guerras revolucionarias, (2) guerras étnicas, (3) matanzas masivas, (y 4) cambio de régimen adverso o disruptivo.

            De acuerdo con Zartman, el fracaso de un Estado se asemeja a una cuesta resbaladiza que posee algunas características notables hacia el final y que sirven como señales de derrumbamiento inminente. Identifica cinco particularidades: 1) la transferencia de poder a las periferias, porque el centro lucha entre sí; 2) debilitamiento del poder del gobierno central; 3) mal funcionamientos del gobierno al evitar iniciativas necesarias pero difíciles de implementar debido a su alto costo político; 4) los gobernantes sólo practican la política defensiva y 5) pérdida de control del centro sobre sus propios agentes (Zartman, 1995: 1-11). Lemarchand, a la luz de la comprobación empírica de los colapsos de Ruanda y Burundi, agrega que los mismos se originaron por presiones demográficas incontenibles, a raíz de la escasez de tierras y por la contracción de las bases políticas de la autoridad del Estado (Lemarchand, 1997).

            La noción de Estados fallidos describe, generalmente, las características internas de un Estado post-colonial que carece de capacidad para suministrar bienes políticos, económicos y de seguridad a su población, con lo que ese Estado se encuentra en incapacidad de seguir funcionando como tal (Montenegro, 2005). Tiene sus raíces en la dinámica de la Guerra Fría y sus efectos perduran en la Post Guerra Fría[33]. Como se dijo, al no poder adaptarse a los cambios en la estructura de poder, su quebrantamiento arrastra consigo toda posibilidad de estabilidad ad intra y ad extra con el consecuente impacto en el campo de la seguridad y de la estabilidad económica regional y global. La existencia de estos Estados fallidos, inseguros, inestables o a punto de colapsar son vistos como lugares atractivos para el asentamiento de redes del delito internacional: terrorismo, narcotráfico, comercio ilegal de armas, refugio de terroristas, crimen organizado, catástrofes humanitarias, degradación ambiental y extremismo político: coacciones que perturban a todo el planeta.

            Cabe señalar que lo que diferencia un “Estado derrumbado” de un “Estado fallido” es el vacío de poder, en tanto que en el primero la autoridad legítima del Estado directamente ha desaparecido y las instituciones no pueden ejercer su  jurisdicción sobre las áreas políticas ni económicas (Zartman, 1995:1, 5 y 9; Adar, 1999:79); mientras que en el segundo, el Estado es incapaz de ejercer sus funciones y prestar los servicios elementales al conjunto de la población, amén de haber perdido el monopolio legítimo del uso de la fuerza y no poder garantizar la seguridad civil.

            Tras los atentados del 11-S el gobierno de EUA ha planteado el grave problema que significan las “zonas sin gobernanza”, es decir, regiones geográficas donde el control del Estado se ha debilitado sistemáticamente hasta llegar a esfumarse, lo que trae como consecuencia la aparición de Estados fallidos o “débiles” y la proliferación de grupos armados no-estatales. La amenaza que representan los Estados en desintegración o fallidos fue un concepto destacado en la Estrategia Seguridad Nacional de la Administración Bush, cuando subraya que: “América se ve actualmente menos amenazada por parte de Estados en expansión, que por los que se encuentran en plena desintegración” (Allin, 2002a). A finales de los ´90 un equipo de investigadores bajo la dirección de Paul Kennedy intentó establecer unos criterios objetivos para poder hacer esa elección estratégica, por lo que elaboraron una lista de “Estados imprescindibles” a los que Occidente y el resto de la comunidad internacional no debían permitirse que se  desintegraran (Allin, 2002a).

            Jean-Germain Gros creó una taxonomía interesante que distingue distintos tipos de Estados fallidos, a saber: “anárquico”, “fantasma”, “anémico”, “capturado” y “abortado”. Los Estados anárquicos no tienen ningún gobierno central. En Estados fantasmas una autoridad existe, pero tiene control muy limitado sobre su territorio; es decir, ejerce la autoridad en algunas áreas muy restringidas y en otras es inexistente. Los Estados anémicos tienen poca energía para gobernar debido a que la consumen en el combate de grupos de contra insurgencia (counter-insurgency). Mientras que las élites oligárquicas que controlan el país, son las que dominan los Estados capturados, aclarando Carment que lo hacen al sentirse inseguras frente a élites rivales, a las que buscan frustrar (Carment, 2003:424). Finalmente, los Estados abortados son aquellos que nunca han realizado realmente una estructura estatal sólida (statehood ) e independiente (Gross, 1996: 455-471) y que fallaron “in vitro” antes de producirse la consolidación de la formación estatal (Carment, 2003: 424). 

            Cabe señalar que la condición de Estado fallido puede adquirirse no solo por desmanes políticos, sino también por catástrofes naturales o humanitarias. Cuando se habla de Estado fallido, no se trata sólo del conjunto de las autoridades públicas, o en otros términos del aparato de Estado, que es el motivo de una discusión. Conforme a la definición internacional del Estado, se trata a la vez de las autoridades públicas: gobierno, administración, fuerzas armadas; y su interacción con la sociedad civil. Un Estado, es a la vez un espacio definido, un grupo social dado y un poder político independiente que asegura, en principio, la cohesión del conjunto. El desfallecimiento concierne a estos aspectos diversos y puede provenir de todos o alguno de estos elementos. Otras causas relevadas son la reivindicación del poder por clanes y otros grupos subestatales, la insuficiencia de la representación de la sociedad en el seno de los gobiernos (déficit de representatividad). Pero, el peligro más grande de un Estado débil es la violencia que puede rápidamente desestabilizarlo y precipitarlo al caos.

            Somalia constituye un ejemplo perfecto del hundimiento de un Estado, Fukuyama (2005:141), lo considera un Estado absolutamente fracasado. Pero, esto no quiere decir que sus habitantes no fueran capaces de asegurar, por si mismos, su supervivencia (Carment, 2003). La comunidad internacional pone por delante sus intereses en materia de seguridad, mientras que para los habitantes de los Estados frágiles , se trata meramente de sobrevivir y de buscar posibilidades de desarrollo para ellos mismos y sus comunidades (Nolting y Poeschke, 2005).

            Uno de los principales indicadores o las medidas de la posibilidad de desfallecimiento de un Estado es el número de personas que lo abandonan, en particular los habitantes ricos y dotados de recursos: Haití, es un ejemplo de ello, al igual que Ruanda. Otros paradigmas son la disolución de Yugoslavia quince años atrás, los problemas permanentes de Líbano o Camboya hace más de veinte años, Afganistán después de la intervención soviética en 1979 y norteamericana en 2001. Aún, yendo más atrás en el tiempo, otro caso a señalar es el de Polonia a finales del siglo XVIII, cuando tres Estados europeos: Prusia, Rusia y Austria decidieron repartirse su territorio.

4.1.-  Concepciones maximalista y realista

En Europa existen dos concepciones del Estado fallido: una maximalista y otra realista. Para la primera, el Estado está considerado como estructuralmente desfalleciente, y lo mejor que pueda llegarle a pasar es ser alcanzado o superado por nuevas formas de organización política. A esta noción se opone una visión más realista, o empírica, que demuestra que hay situaciones históricas de decaimientos de ciertos Estados, pero que la solución pasa siempre, no por la superación o el avasallamiento, sino por la reconstrucción del Estado, que es una forma de organización política insuperable, y en cierto modo el horizonte infranqueable de la sociedad internacional. Sobre esta base, podemos entonces distinguir varias formas, o etapas de desfallecimientos estatales producto de la experiencia y conforme la diversidad de las situaciones históricas de los derrumbamientos estatales.

            La tesis maximalista reenvía a varias corrientes de pensamiento de gran influencia en Europa. Tradicionalmente, esto fue la posición de las perspectivas federalistas, que comprueban que la coexistencia de los Estados soberanos necesariamente conduce a la predación y a la guerra - el ejemplo del reparto de Polonia es a este respecto instructivo. Más recientemente, son las corrientes transnacionales, de las cuales el altermundialismo es el brazo político, las que consideran que, hasta en períodos de paz, los Estados son incapaces de responder a las necesidades universales de la sociedad internacional - por ejemplo en términos de regulación económica, de desarrollo, de medio ambiente, de derechos humanos y civiles. Proponen sustituirles por una gobernanza mundial (global governance), que no pasa por instituciones, sino por redes espontáneas, regulaciones concertadas entre expertos, ONG´s, militantes, y la supremacía de la sociedad civil sobre las instituciones públicas.[34]

            La concepción realista se centra en los desfallecimientos históricos de los Estados, a los que no consideran estructuralmente endebles ni intelectualmente condenados; sino por el contrario, lo razonan como una forma histórica de organización social que hasta ahora no pudo ser reemplazada por ninguna otra. Por cierto, si hay un modelo único de Estado sobre el plano jurídico, si ellos todos son soberanos, son muy diversos en realidad, y tanto más desemejantes cuanto más numerosos son. Durante el siglo XX los Estados pasaron de una cincuentena a casi doscientos. No es el número lo que demuestra su relevancia, sino que la estructura estatal es adoptada unánimemente en el mundo. La proliferación de los Estados no es, no obstante, el único fenómeno que interesa desde este punto de vista.

4.2- El Índice de Estados Fallidos

Los indicadores de Estados fallidos expresan “la aspiración de las potencias de imponer su hegemonía y justificar acciones interventoras futuras” (Ontiveros, 2005). Sin embargo, no dejan de ser un instrumento indiciario a considerar con prudencia y relatividad del caso. La clasificación genera controversias sobre la injerencia de las naciones más poderosas y sus verdaderos propósitos (Mendoza Pinto, 2005:83-98).

            El Fund for Peace (FfP) y Foreign Policy elaboran anualmente el Índice de Estados Fallidos. Consideran como tales a aquellos cuyo gobierno pierde el control físico de su territorio o el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Otros síntomas de fracaso son: erosión de la autoridad para tomar decisiones colectivas, incapacidad de ofrecer servicios públicos razonables y pérdida de la facultad de mantener relaciones formales con otros Estados como miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Como sugiere la lista de los 12 indicadores[35], otros rasgos característicos son: corrupción generalizada y comportamiento delictivo, incapacidad de recaudar impuestos, grandes desplazamientos involuntarios de población, rápido declive económico, desigualdad entre grupos y persecución o discriminación institucionalizadas. Los Estados pueden fracasar de distintas formas, mediante explosión, implosión o erosión (http://www.fp-es.org/ago_sep_2005/story_10_16_extra_content.asp ).

            En relación al Índice FP y FfP, se equipara en el estudio lo “fallido” con la insuficiencia del poder estatal, adoptando la tesitura que la centralización es la manera más adecuada de combatir el desorden. El inconveniente radica en que se puede interpretar como un respaldo a los gobiernos autoritarios (Vargas Llosa, 2005) y en que “la cuestión no es la ausencia de poder estatal, sino mas bien en la ausencia de derechos basados en el individuo, que protejan a las personas del instrumento autoritario utilizado por las sucesivas facciones a lo largo del tiempo para controlarlas: el exceso de Estado.” Sánchez Cacicedo (2006) sostiene que Sri Lanka atraviesa una de sus etapas más críticas ante el estancamiento de las negociaciones de paz con la guerrilla tamil. Empero, resulta sugestivo que el país se considere a punto de convertirse en Estado fallido; ya que hay otros conflictos (en Colombia o Mauritania) mucho más desestabilizadores, pero mejor ubicados en el ranking. Por ello, se interroga si los índices son declaraciones políticas enmascaradas o tienen otras finalidades.

            El Índice presenta el diagnóstico del problema, un primer paso para la elaboración de estrategias que permitan fortalecer los Estados débiles y en peligro de fracasar y estimular su recuperación. Ofrece el perfil de una patología política para la que existen muchos remedios y tratamientos. Pretende anticipar, vigilar y medir los problemas, más eficazmente a fin de prevenir una descomposición violenta y proteger a los civiles atrapados en la conflagración. Las estrategias de recuperación deben centrarse en los indicadores que han obtenido la puntuación más alta; Vg.: en aliviar las presiones demográficas, los agravios enraizados, el empeoramiento económico o la desigualdad. Asimismo, los responsables políticos deben prestar más atención a la construcción de instituciones del Estado, sobre todo las cinco fundamentales: ejército, policía, administración civil, sistema de justicia y gobierno.

 

 

 

4.3.- Estados Fallidos: Relevamiento de sus causas

Los Estados fallidos son un problema por el potencial que tienen para desestabilizar el sistema internacional. Al entorno de este tipo de Estados se ha desplazado en los últimos años gran parte de la conflictividad internacional, como prueban los casos de Yugoslavia, Congo, Ruanda, Afganistán, etc. Entre los signos mas evidentes de alerta temprana acerca de un Estado fallido, se destacan: la desigualdad dentro del Estado, que junto con la pobreza incrementan la inestabilidad; la criminalización del Estado, la cual sobreviene cuando sus instituciones son consideradas “corruptas, ilegales o ineficaces” (Herrera Valencia, 2005). Charles Alao (1999:83-102) identifica un número de factores interrelacionados; éstos incluyen: estructuras estatales débiles y su inhabilidad de enfrentarse con la transición de la Post Guerra Fría; condiciones económicas que se deterioran velozmente; y el incremento de conflictos étnicos.[36]

            Pero, no puede eludirse que una razón de peso son las estructuras administrativas nacidas tras los procesos de descolonización, que enmarañó la secular repartición de los grupos étnicos al ceñirlos en divisiones políticas que les eran ajenas, bajo control de grupos rivales manifiestamente hostiles que han desarrollado políticas nacionalistas basadas en los principios y valores del estamento dominante[37]. Diferentes culturas, religiones y cosmovisiones del mundo se han encontrado desperdigadas en jurisdicciones incompatibles caracterizadas por los problemas de convivencias difíciles o imposibles de resolver, que se amplifican con la pobreza aguda que favorecen a desmejorar la situación. Los Estados fallidos, en países que emergieron en los procesos de descolonización del siglo XX, no crearon instituciones estables, “no pudieron enraizar o lo hicieron tan débilmente que las crisis reiteradas terminan amenazando la propia existencia del Estado nacional”. Estos Estados fallidos revelan su inviabilidad para subsistir en la era de los cambios rápidos, han sido librados a su suerte luego de la desintegración del sistema bipolar; “se sumen en la anarquía y las luchas fratricidas, guiados por caudillos interesados en el asalto al poder mientras las hambrunas y las guerras consumen por millones sus `pueblos soberanos´ (Montenegro, 2005)

            Para establecer un marco integrado para analizar la aparición del conflicto y de la espiral de violencia es necesario entender cómo cada tipo de crisis se convierte en indomable. De modo general, los factores que contribuyen a la escalada del conflicto se categorizan como: factores estructurales, aceleradores o precipitantes y disparadores que catalizan los acontecimientos. Factores estructurales: condiciones de fondo que conforman las situaciones previas de las crisis, tales como exclusión política y social sistemáticas, injusticias económicas congénitas, carencia de instituciones adecuadas y responsables, presencia de minorías étnicas que generalmente son bastardeadas y excluidas, agotamiento de los recursos naturales y financieros, la dependencia excesiva de las importaciones. Aceleradores: aumentan rápidamente el nivel de significación de la más volátil de las condiciones generales, pero pueden también conducir al quiebre del sistema (systembreakdown) o cambios en la causalidad política. Disparadores: acontecimientos repentinos que actúan como catalizadores encendiendo una crisis o un conflicto, tal como el asesinato de un líder, fraude electoral o un escándalo político.

            En el caso de Haití, se trata de la primera república independiente de nuestro Continente, la cual “nunca pudo liberarse de prolongados períodos de dominación externa, sumados a presiones de índole económica como así también a gobiernos dictatoriales, cuya fortaleza autoritaria contribuyó, en contrapartida, a la debilidad política y social de Haití, hasta el extremo de desencadenar una disgregación del Estado y su sociedad” (Rivera, 2005:182).

            En febrero de 2004 Canadá, EUA y Francia resolvieron intervenir unilateralmente en Haití, al socaire de la categorización de “Estado fracasado” (Tokatlian, 2004: 49). Se pretextó la situación de completo desmoronamiento de la autoridad y la imposibilidad de resguardar a la comunidad que quebrantaban la propia seguridad existencial de Haití. Rivera y González y Fernández, sostienen que se le confirió el carácter de “Estado fallido” “por cuanto presenta un Estado de conflicto interno generalizado, con amplias zonas del país que exceden el control del poder central, la presencia de una minoría gobernante que ha establecido un régimen patrimonial, una corrupción masiva, un crecimiento de la violencia social provocado por bandas criminales y mafias y el accionar de grupos paramilitares dirigidos desde el gobierno que ejercitan el control de la población por medio del terror” (Rivera, 2005: 182-183; González y Fernández, 2004:4).

            De este modo, se entiende que la soberanía estatal pierde su validez y se consiente conculcar el principio de no injerencia, teniendo como andamiaje la conmoción interior que vive el país, sumada a la aguda crisis política, económica y social, lo que en definitiva representa un severo peligro para la estabilidad y seguridad regionales. EUA merituó además el riesgo que el narcotráfico podía significar para sus cercanas fronteras, ante un Haití a la deriva. (Rivera, 2005: 143)

            La National Security Strategy de EUA, indica que muchos Estados en el mundo han fallado, fallan o fallarán probablemente porque el apoyo que ellos recibieron como aliados de una o ambas de las superpotencias durante la guerra fría, se vio reducido o directamente eliminado después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Ignatieff, sostiene que después de la conclusión de la Guerra Fría enormes sectores de la población mundial ganaron el derecho de autodeterminación, en las condiciones más crueles posibles: fueron simplemente abandonados por las potencias para que se defendiesen a si mismos y construyeran sus instituciones. Pero, no sorprendió, que sus Estados se derrumbasen por falta de experiencia, de cohesión y de recursos (Ignatieff, 1993: 8).[38]

5.- Reversión del fracaso

Ha habido casos de Estados que han logrado recuperarse después de aproximarse al borde del fracaso. Los más destacables son los que lo consiguieron sin intervención militar ni administrativa del exterior. En los años 70, los analistas predijeron un futuro nefasto –que incluía una hambruna masiva y violencia interna– para India, debido al rápido crecimiento de la población, la mala gestión económica, además de la pobreza y la corrupción generalizadas. Hoy, a pesar de que siguen existiendo muchos problemas, India ha cambiado por completo. Es la mayor democracia del mundo, con una economía competitiva y un sistema político representativo. Otro caso similar es el de Sudáfrica, que en los años ´80 se encaminaba a una violenta guerra entre razas y, sin embargo, se apartó del abismo con un acuerdo negociado que supuso la llegada de una nueva era de gobierno de la mayoría, una constitución liberal y la destrucción de las armas nucleares.

            En cuanto al camino a la rehabilitación de Estados colapsados, Zartman recomienda revertir el proceso de derrumbamiento de la siguiente manera:

1) el gobierno central debe ganar el control de sus agentes estatales (optimizar el funcionamiento, no corromper a militares y policías quienes por otra parte, deben estar subordinados al gobierno);

2) las autoridades de gobierno deben practicar la política positiva (elecciones transparentes, plataformas políticas y legislación justa);

3) el gobierno central debe hacer reformas progresivas (sin evitar la toma de decisiones difíciles);

4) el gobierno central debe ampliar su base de poder política más allá del círculo inmediato o la capital de la nación;

5) el gobierno central debe ampliar su autoridad en todas partes del Estado de modo que jefes militares locales y Estados vecinos no llenen el vacío (Zartman, 1995: 10).

6.- Desintegración estatal

La ruptura de gobiernos autoritarios puede dar lugar a la desintegración del Estado y la guerra civil, tal como ocurrió en Liberia, Somalia y Sierra Leona (Levistky y Way, 2004:175). En estos casos de desintegración de Estado sostenido, Linz (2000:253) y Snyder (2001) utilizan el concepto de “caosocracia” (chaosocracy); vale decir cuando lo que existe es un “no regimen y un no Estado” (no regime and no State) en donde impera el caos y del cual algunos obtienen sus réditos. Snyder (2001) introduce una alarmante correlación entre la existencia de recursos naturales saqueables (lootable) y el desorden político. Se refiere así a la mayoría de los que conocemos como Estados fallidos, en donde abundan las gemas, la madera y las drogas ilícitas, recursos fácilmente extraíbles y transportables. Es así como se causan guerras civiles, se inventan motivos y suministran medios para rebeliones rebeldes armadas. Tales recursos naturales saqueables, son vistos como un pote de miel (honey pot), que funciona como combustible de las rebeliones basadas en la avaricia (greed-based rebellions) en los Estados colapsados del mundo subdesarrollado contemporáneo.

            Existen evidencias de la conexión cercana entre riqueza expoliable e inestabilidad política. Algunos periodistas y ONG´s como Global Witness han enfocado su mira en el rol que les cabe a los diamantes en los conflictos actuales en Sierra Leona, Angola y Congo; drogas en Colombia y Afganistán y bosques preciosos en Camboya y Liberia.  Es por ello, que se hace mención de “diamantes de sangre” (blood diamonds) transacciones ilícitas de diamantes por armas (diamonds-for-weapons) y troncos (o leños) de guerra (logs of war).

            Por lo demás, en muchos de los casos paradigmáticos de derrumbamiento del Estado, en donde existen los bienes saqueables a que hicimos referencia, anteriormente fueron gobernados por regímenes de los más duraderos del mundo. Por ejemplo, en Zaire (antiguo Congo) el dictador Mobutu Sese Seko (1965-97) presidió un régimen patrimonial que duró más de 30 años. En Sierra Leona, Siaka Stevens (1968-85) mantuvo el poder sostenidamente durante casi 20 años y fue capaz de entregar el poder apaciblemente a su sucesor escogido y retirarse de manera incruenta. Y en Liberia, el régimen de William Tolbert totalizó 13 años, y fue precedido por 27 años de la dictadura de William Tubman (1944-1971). Además, los especialistas en estos países han mostrado que los recursos despojables eran en realidad un factor clave, que contribuía a la estabilidad de los viejos regímenes no democráticos a quienes proveían de los fondos para sus redes de asistencialismo y reparto de favores políticos.  

            Esta tipología de Estados es viable para caracterizar los países africanos descolonizados con sus Estados nuevos, nacidos a consecuencia del fin del colonialismo europeo. Su homogeneidad y su estabilidad parecían sujetas a caución. Reposaban en fronteras artificiales, sin unidad nacional, religiosa o cultural, fueron dirigidos por poderes autoritarios pero frágiles, y conocían un subdesarrollo dramático. Su situación fundamentalmente no evolucionó desde entonces, y es en su seno que se encuentra los casos más evidentes de desfallecimientos estatales.[39]Martínez Carreras (1992, 177-183) señala que: “La inestabilidad y debilidad de los sistemas políticos, [es] herencia de la administración colonial, dado que su institucionalización no expresa adecuadamente las realidades y necesidades de esos países.”

            En la década del ´90 se derrumbaron varios Estados y se intensificaron las operaciones de paz. Algunas intervenciones, como la dirigida por la OTAN en Bosnia-Herzegovina, consiguieron detener los combates pero no tuvieron mucho éxito a la hora de garantizar una seguridad sostenible, dado que todavía hoy hace falta la presencia de tropas extranjeras para mantener la paz. Otras acciones, como la de Haití, fueron exitosas en sus inicios, con la restauración de un Gobierno elegido, pero no pudieron impedir que el país volviera a caer en una lucha abierta porque las instituciones del Estado seguían siendo débiles. Algunas misiones internacionales, como la intervención en Mozambique, ayudaron a que un país que en los años ´80 había caído en una cruel guerra civil se convirtiera en una nación en marcha, con uno de los mayores índices de crecimiento económico y ningún conflicto armado interno.

            También prestamos atención en el siglo XX a la desaparición de ciertos Estados, como el Imperio Austro-Húngaro, URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia y casos de Estados de existencia intermitente, los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) por ejemplo, o las tribulaciones estatales de Alemania divida hasta 1990 en la República Federal u Occidental y la República Democrática u Oriental. En principio, un Estado es formado a perpetuidad, o cuanto menos se concibe como eterno. En realidad, los Estados pueden desaparecer. La desaparición es a la vez un desfallecimiento superior - pero puede también ser una respuesta a este desfallecimiento, en la medida en que sobre sus escombros se forman Estados más limitados pero más sólidos - y podemos mencionar el ejemplo de Checoslovaquia (Sur, 2005).[40]

            No es tampoco siempre el caso, y por ejemplo por lo menos tres de seis Estados nacidos de ex Yugoslavia tienen problemas si no de existencia por lo menos de estabilidad - Serbia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. Aunque no son oficialmente desfallecientes, están bajo vigilancia estrecha del exterior, y algunos con asistencia internacional permanente. Esto nos conduce distinguir varios grados de desfallecimiento. Es allí dónde se puede indagar si es atinado reunir bajo el mismo término situaciones en realidad diferentes, si no habría que razonar en términos de contextos más bien que en términos de categoría. La categoría de Estado desfalleciente no sería entonces homogénea, correspondería sólo a una visión superficial y rápida, y, sería la ilusión de un “internacionalismo abstracto”, pretendiendo “realizar por el universalismo una aristocracia de sobrevuelo “(Sartre, 1948:226-227)[41]

7.- Emergentes del fin de la Guerra Fría: Estado de secesión y Estado sobrante.

Uno de los atributos de nuevos Estados es la ausencia o la debilidad de sus instituciones administrativas para conducir la diplomacia o relaciones exteriores. Esta carencia de experiencia es un factor relevante en la creación del Estado en sí. Langer y Pöllauer (1995:13-15) mencionan dos tipos de nuevos Estados. El primero es el Estado de secesión (secession state) y el otro es el Estado sobrante (remaining state). En el Sud Cáucaso, las tres repúblicas de la región (Georgia, Armenia y Azerbaiján) han mostrado las características de Estados de secesión, que debido a su antigua inserción en la extinta Unión Soviética, ellas eran simplemente unidades administrativas gobernadas desde el centro, y se carecía de elite local gobernante así como de infraestructura para ser capaces de autogobernarse, sobre todo en el campo de política exterior. Esto tiene varias consecuencias para la formación del aparato estatal (incluyendo la diplomacia), así como para la inclusión del nuevo Estado en la comunidad internacional. 

            El Estado de secesión es contrastado con el Estado “restante”, “remanente” o “sobrante” - por caso, Rusia - que es formado “de las antiguas regiones centrales transformadas” de los antiguos Imperios. Este nuevo Estado mantiene la mayoría de la infraestructura administrativa del Estado central precedente y el personal burocrático (Kotchikian, 2004). Por lo tanto, un Estado débil también es definido como un país que tiene una alta dependencia en la protección por países “más fuertes” y ha limitado recursos de conducir la diplomacia y una política exterior acertada. Basado en estos criterios, un Estado débil ha circunscrito las ocasiones de influir en el sistema internacional (Handel, 1981: 37-46 y 52-53).

 

8.- El Estado quebrado

Actualmente, el caso es de buen tono hablar del síndrome del "Estado quebrado" en África, del proceso de criminalización y de la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas. Pero el Congo contradice esta tesis. Los teóricos del Estado quebrado minimizan la importancia del comercio internacional y de la influencia occidental en las quiebras que lamentan. Es la universalización que hizo posibles las guerras del Congo, y otros gobiernos africanos desempeñaron allí un papel significativo.            

En abril de 2001, el Informe de la ONU sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RDC señalaba que sociedades extrañas "estaban dispuestos a hacer negocios sin preocuparse de actos de ilegalidad… Las sociedades que comercializaban los minerales, que constituyen el motor del conflicto en el Congo, preparaban el terreno para desarrollar actividades mineras ilegales en este país.” En ese ambiente, la gente exigió la elección democrática del Gobierno. (http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/secretaire-general-du-coe/messages-and-letters/24-07-06-elections-en-rdc.html 

            Esta noción es a veces utilizada para designar países cuya situación financiera es tan degradada que no pueden asegurar el pago de los intereses de deudas públicas colosales, ni asumir los compromisos internacionales, etc. La noción de Estado quebrado contiene al mismo tiempo su solución: si se pudiera declarar a tales Estados en situación jurídica de quiebra, podría asegurarse la corrección por vía de intervención internacional de su situación financiera (por ejemplo a través del FMI o BM)[42]. El desfallecimiento financiero de un Estado es generador de tensiones sociales y políticas (como en Argentina de 2001-2002) y causante de un cierto número de rebeliones militares; en África, es vinculado al hecho que el Estado no puede pagar los sueldos a los funcionarios, y sobre todo a los militares o los servicios de seguridad.

            El concepto de Estado quebrado es una figura del imaginario colectivo vinculada a la globalización. Se trata de un concepto normativo, atribuido de modo arbitrario por la comunidad internacional. En una perspectiva de historicidad del Estado, Holanda o Inglaterra del siglo XVIII podrían hoy ser cualificados de Estados quebrados. Bayart[43] aborda las problemáticas del Estado en la era de la globalización y de la privatización del Estado, ya que algunos pretenden concluir que el advenimiento de la globalización tiene como corolario el fin del Estado (Bayart, 2004).

            También podemos oponer, según el origen o los síntomas del desfallecimiento, los Estados que están confrontados con oposiciones étnicas, con conflictos internos entre comunidades que se rompen - lo que se traduce por la opresión recíproca, incluso por las matanzas más o menos organizadas - y los Estados cuyos servicios públicos no funcionan más, que todos no puede más cumplir sus prerrogativas, asegurar la seguridad, la justicia, la educación, y que conocen fenómenos de corrupción, de criminalidad, una suerte de descomposición del aparato de Estado. Pero la distinción es más aparente que efectiva: es en la medida en que el Estado, por su autoridad, por sus servicios públicos, no aparece en el servicio del interés general que tensiones colectivas o étnicas aparecen o triunfan - el caso de ex -Yugoslavia es completamente claro a este respecto.

            La noción de Estado quebrado “failed state” o fallido “failing state” entró en el discurso estratégico al principio de los años 90. Aflora, en 1991, entre teóricos de la guerra: observando que la mayoría de los conflictos desde el 1945 fueron guerras civiles, Martín Van Creveld en 1991, distingue en el hundimiento o colapso del Estado el fenómeno geopolítico dominante de la época: las, por él llamadas, low intensity wars (guerras de baja intensidad no convencionales, ("no clausewitzianas"), y su acompañamiento de matanzas, serán la forma dominante de guerra en el futuro. Se interroga por la utilidad y la capacidad de EUA cuando intervienen en este tipo de conflicto. En el mismo momento, los partidarios de la seguridad colectiva comienzan a vaticinar que los riesgos de desintegración de los Estados requieren un fortalecimiento de la asistencia económica a las jóvenes democracias. Preconizan una implicación más fuerte de EUA en la ONU, en las expediciones humanitarias y las operaciones de paz. El concepto de Estado quebrado se hace trivial con la crisis somalí. Aplicado, primeramente, sobre las crisis que sobrevienen en la zonas lejanas de nulo desarrollo (Somalia, Liberia, Sierra Leona, Ruanda, Afganistán, Ceilán), o próximas (Haití, Argelia), ha sido extendida muy rápidamente a las crisis en los países del ex bloque comunista (antigua Yugoslavia, Georgia, Nagorno-Karabaj, Chechenia).

            Combinando los criterios de potencia o de proximidad con diagnósticos sobre el desfallecimiento de los Estados (probabilidad e intensidad), podemos situar los Estados sobre una escala de amenazas. Un desfallecimiento de intensidad débil de un Estado poderoso o vecino figurará a la cabeza de las amenazas: la cual debe ser prevenirla o directamente, desintegrada. En cambio, la implosión de una pequeña nación lejana llamará sólo al interés humanitario (humanitarian concern): los Estados intervienen según el interés que tengan en el caso y la mayoría de las veces, tardíamente.

            También alcanzamos a distinguir en la literatura francófona entre Estado abatido (état effondré) y Estado asaltado (état assailli). El primero es el que se hunde bajo las dificultades de origen interno, como la ex Yugoslavia. El segundo, es el que está confrontado con infiltraciones y desórdenes que provienen de sus vecinos - así, recientemente, ex Zaire (hoy República Democrática del Congo), o los riesgos que corre Côte-d'Ivoire. Allí aún, la distinción es relativa, porque los fenómenos son a menudo intrincados. El desfallecimiento corre peligro de ser contagioso, y que un Estado que falla tiene serios riesgos de exportar sus dificultades a los países limítrofes, tales como ARY Macedonia, o la República del Congo, respecto de Serbia y Kosovo y ex Zaire, respectivamente (Sur, 2005).

            Concluyendo, es Estado desfalleciente el que no puede resolver sólo sus problemas, el que necesita, -aunque no la solicitare- de una intervención exterior. Los desfallecimientos son por cierto de naturaleza diferente. Una dictadura sangrienta conculca el derecho humanitario y valores universales, lo que puede impeler a una intervención exterior - Camboya, Ruanda, Kosovo, en una menor medida Irak. Pero el aflujo de refugiados incomoda y perturba a los vecinos del Estado, lo que claramente la torna en una cuestión de seguridad regional.

9.- Non-Etats [44](No-Estados)

            Los teóricos israelíes han desarrollado el concepto de “non etats” (Barthé, 2007; Shalom, 2006) que son concebidos desde sus inicios como un “Estado quebrado dirigido”[45] que busca recaudar fondos de cooperación internacional, pero que en realidad aspiran a entrenar futuros terroristas. En esta concepción, el Estado quebrado dirigido es un territorio regido por una autoridad pero no reconocido como un Estado y sin embargo protegido políticamente, en cierta medida, contra las invasiones. Ejemplos que se mencionan son: Palestina, y las zonas que Hamás está gestando en la Franja de Gaza y en la frontera sur del Líbano. Cuando Israel evacua un territorio, la reacción inmediata de quienes toman el control consiste no sólo en transformarlo en campo de entrenamiento gigante para kamikazes, sino que también y sobre todo en mantenerlo deliberadamente al margen del sistema interestatal. Advertimos que en los últimos años, el Estado de Israel hace la guerra contra fuerzas tales como Al Fatal, Hezbollah o Hamás en sitios donde la ausencia del Estado libanés es manifiesta.

            El hecho de no ser un Estado no impide gozar de las ventajas propias de los Estados reconocidos, como el reconocimiento internacional o el acceso a la ONU. Los palestinos fueron los primeros en gozar de estas ventajas, lo que también se dio para algunos movimientos guerrilleros como el ANC o el SWAPO. La OLP gozó de una suerte de reconocimiento diplomático (la comunidad internacional declaraba que la OLP era el único representante legítimo del pueblo palestino, lo mismo que el SWAPO para el “pueblo Namibia”).

            Para comprender bien la situación jurídica del no-Estado palestino, merece señalarse el enredo jurídico que alimenta el conflicto entre los propios palestinos. En 1947, la OLP adoptó la resolución 242 de la ONU (lo cual implicaba que reconocía al Estado de Israel). La OLP, de la cual forma Al Fatah, obtuvo entonces el status de observador en el seno de la ONU, ante la cual sigue representando aún a todo el pueblo palestino, incluyendo a los expatriados. Sin embargo, al no existir un Estado palestino, una constitución, una corte constitucional, fronteras, ni moneda propia, no hay derecho posible; no se vislumbra una regulación jurídica del conflicto, sólo existe una pugna de fuerzas en la que se inmiscuyen potencias externas (Cattori, 2006).

10.- Estados iluminados, malvados y clientes

            Antes de introducirnos en el análisis de los Estados canallas y terroristas, no podemos soslayar la distinción que hace Noam Chomsky entre “Estados iluminados” y”Estados malvados” Los primeros son aquellos que deberían usar la fuerza cuando lo considerasen necesario, dejando de lado los conceptos de soberanía y de derecho internacional. Actuarían conforme a sus principios tradicionales, teniendo como misión la defensa de los “derechos humanos” y expandir la civilización y la democracia a los pueblos atrasados del mundo (Chomsky, 2004: 57-58 y 83). En contraposición, serán considerados “Estados malvados” todos aquellos que se declaren enemigos de los primeros, no obedezcan sus órdenes (Chomsky, 2004: 68) o pongan en dudas el poder, posición o prestigio de los iluminados, en especial de su líder, los Estados Unidos (Acheson, 1962). Chomsky, encuentra entre unos y otros, una tercera categoría, la de los “Estados clientes” (Vg.: Indonesia, Timor Oriental, Pakistán, la Filipinas de Marcos, Irak hasta 1990) en los cuales por ser aliados de los EUA se eluden todo tipo de atrocidades que se cometen, en especial, contra su población (Chomsky, 2004: 72) y la potencia hegemónica muestra en estos supuestos, una inexplicable sujeción a los principios del derecho internacional y de la soberanía de los Estados, aun cuando esta no existiese en absoluto, como se dio en Timor Oriental en 1998-99. 

            Cuando EUA y los aliados europeos bombardearon Kosovo, muchos pensaron que ingresábamos en un nueva era «humanitaria», en que la fuerza a escala internacional sólo sería utilizada en determinados casos. La idea era que la soberanía y el derecho internacional devenían en conceptos totalmente superados por la globalización, y que si un Estado de los llamados rogue states aniquilaba a su población, sería necesario intervenir por razones humanitarias. Los «Estados iluminados» decidirían cuándo y cómo. Luego se sucedió la crisis de Timor Oriental, donde se produjeron matanzas asimilables al Holocausto. En ese caso, los «iluminados» decidieron que la soberanía de Indonesia debía ser respetada, aunque Timor Oriental nunca formó parte formalmente de Indonesia. Se aguardó a que Indonesia pidiera ayuda para enviar fuerzas de la ONU. La diferencia es simple. Si bien en ambos dos casos se estaban cometiendo atrocidades, Indonesia es un «Estado cliente» de Occidente, mientras que Yugoslavia era un «Estado delincuente».

            Los iluminados son los que se definen a sí mismos de ese modo. EUA es un Estado iluminado, al igual que su aliado perpetuo, el Reino Unido. Todo el que acepta participar en sus cruzadas adquiere el carácter de iluminado, y sobre los que no lo hacen se ciernen las peores sospechas que son Estados delincuentes. Aunque, contradictoriamente EUA es el país que menos acuerdos sobre derechos humanos ha firmado y ratificado internacionalmente.

11.- Blackmail state

El gobierno sucesivo de los ex presidentes ucranianos Kravchuk y Kuchma dio por resultado lo que Keith Darden (2001:67-71) ha descrito como un Estado de chantaje (blackmail state). Hoy un claro ejemplo es el régimen imperante en Bielorrusia (Belarus) encabezado por Aleksandr Lukashenko. Mykola Riabchuk (2004b) explicó que cuando el Estado soviético se derrumbó, le siguió un vacío de poder, ya que un nuevo sistema no apareció inmediatamente. En cambio, surgió un Estado débil. Muchas personas percibieron eso como la democracia - que no era. Eventualmente, las autoridades poscomunistas descubrieron nuevos caminos de gobernar: el Estado de chantaje.

            El Estado de chantaje, como Riabchuk (2004b) lo describió, consiste en tres elementos fundamentales. Primero, "el vicio y la corrupción son tolerados y hasta animados por las autoridades por las autoridades". Los gobernantes sienten que la gente que es corrupta es confiable porque pueden ser objeto de chantaje. En otras palabras, es fácil controlarlos. Segundo, "la corrupción es tolerada, pero al mismo tiempo es muy estrictamente supervisada." Ucrania heredó de la URSS las instituciones muy fuertes de vigilancia e inventó dos organismos nuevos y poderosos: Administración Fiscal y Policía Fiscal.[46] Estas instituciones son más fuertes incluso que la extinta KGB en su momento. “El tercer elemento del Estado de chantaje es "el uso selectivo de la ley” (doble rasero). Las leyes no son aplicadas a los adherentes del régimen, o eventualmente le son impuestas muy suavemente. Pero contra los opositores, ellas son usadas del modo más áspero posible."[47]

            En este sistema los objetivos son principalmente los ciudadanos que participan activamente en la política y los empresarios y comerciantes. Es por ello, que cualquier hombre de negocios puede ser encarcelado. Entonces ninguno de ellos puede apoyar abiertamente a un partido de oposición. De esa manera, el progreso en asuntos políticos y de negocio es sólo posible con la bendición del poderoso Poder Ejecutivo (Kuzio, 2002). El Estado de chantaje contribuye a la creación de los contornos vacíos de instituciones democráticas como los parlamentos, elecciones, y administraciones locales nominalmente autónomas (Riabchuk, 2004a).

12.- Estado desviado (Deviating State)

Solomon y Cone (2004: 54) enuncian respecto de ciertos Estados africanos que “los límites de la ciudad marcan las fronteras eficaces del Estado.” Más allá de las afueras de los conglomerados urbanos, la existencia oficial se disipa. Dentro de la ciudad se encuentra el área favorecida, el lugar adonde se dirigen los gastos públicos y donde la minoría educada de la comunidad insiste en vivir.

            Los estados africanos comparten en su totalidad -excepto Etiopía- un status post-colonial. Heredaron del pasado colonial fronteras artificialmente establecidas y la noción de Estado europeo les fue impuesta a las distintas sociedades africanas. El patrón común es el ejercicio del poder por las clases dominantes y favorecidas. Últimamente los diferentes Estados son atormentados por un contexto externo penetrante y una dependencia continua (Doornbos, 1990:180). En un sentido económico esta característica se puede ligar al hecho de que África es el Continente de menor desarrollado en el mundo y sufre de los niveles más altos de la inseguridad, de necesidades y de pobreza humanas (Schoeman, 1999:166). Tales características enunciadas han tenido y aún tienen, una influencia significativa en los patrones específicos de la formación del Estado (Doornbos, 1990:180) y han determinado la manera en la cual los distintos Estados africanos se desviaron del concepto occidental de Estado. Cornwell, destaca que:

             “Las estructuras políticas y sociales tradicionales, junto con el universo moral basado a menudo en las relaciones de sangre con otros miembros de la comunidad inmediata fueron ensombrecidas o sustituidas por un nuevo Estado colonial, con abstracción de los derechos de los nativos. Las nuevas estructuras institucionales fueron instauradas por la imposición del extranjero colonizador, sin respeto de la soberanía ni la cultura africanas” (Cornwell, 1999:62).

 

            En este sentido, el actual sistema estatal en África se puede considerar como de importación extranjera, que fue injertado sobre los sistemas políticos y sociales que preexistían (Bayart, 1993:8). Los límites que definen el paisaje político actual en África son el resultado de fronteras dibujadas según las preferencias y los caprichos de las antiguas potencias coloniales (Cornwell, 1999:62) y tuvieron como objetivo la creación de unidades políticas manejables (Adar, 1999:77). Por lo tanto, las fronteras de los Estados africanos desatienden a menudo la cohesión étnica, el potencial económico y la distribución de los recursos naturales (Thomsom, 2000:12 - 13 y Ohaegbulam, 1995:144).

            Los imperios coloniales impusieron en Africa una reproducción no exacta de las teorías modernas del poder, la territorialidad y la soberanía que se aplicaban en Europa. Las doctrinas referidas a las limitaciones del poder, por ejemplo, no fueron transferidas, sino omitidas y Cornwell sostiene que ello puede explicar el criterio autoritario de los gobiernos post-coloniales. Igualmente se aplica a la idea de nationhood, como complementaria al Estado. África hereda una férrea tradición intervencionista estatal en todos los ámbitos de la economía, lo que fue en detrimento de las funciones judiciales y reguladoras.

            Asimismo, después de la independencia, el control social siguió atrincherado en organizaciones sociales con excepción del Estado. No asombrosamente, el control del estado en África se ha disputado ferozmente (Migdal, 1988:130, 137), sustentándose en la cultura política de la revolución. Desde 1960, las máximas autoridades africanas en un 60 % debieron terminar su mandato por muerte, exilio o encarcelamiento violento y varios Estados tuvieron que enfrentar luchas armadas importantes para sustituir al titular del régimen (Sollenberg y otros., 2000:52 - 55).

            Todas estas consecuencias han desempeñado un rol preponderante en la desviación del Estado africano del ideal de Estado fuerte (Solomon y Cone, 2004:56). Si bien es cierto, que una gran mayoría de los Estados africanos no son strong states ni consolidados, sino por el contrario son vulnerables, se han derrumbado o se encuentran en proceso de decadencia; este resultado es producto de la mensura del statehood con estrictos criterios occidentales. Empero, si examinamos las desviaciones del Estado, como una mixtura idiosincrásica de herencia post-colonial y formas pre-coloniales de organización política e ideas acerca de la gobernanza, podemos concluir que las mismas son las auténticas causas del desvío (Ibíd., 57).

            La mayor parte de las transiciones de dependencias coloniales a “Estados independientes” fueron asociadas a la creación precipitada de nuevos Estados en ambientes hostiles que se encontraban implicados en irresueltos conflictos sobre territorios e identidad. Hay diferentes mecanismos causales:

(1) La internalización externa del conflicto externo en el cual los Estados más débiles incitan a involucrarse a otros del exterior, que están fuera del conflicto, o incluso de la región en crisis. Por ejemplo, la participación externa agrava el conflicto interno al grado que cuanto más pobre es la nación, más injustas son las desigualdades, y más dependiente el Estado, todo lo cual lo torna susceptible a la exacerbación de la violencia interior;

(2) la externalización interna del conflicto implica: a) un cambio en el equilibrio de poder o, b) intervención externa (Carment, 2003: 423).[48]

 

            Los líderes de estos nuevos Estados africanos, asiáticos y de Europa del Este (a posteriori del fin de la URSS) debieron hacer frente a tres problemas de composición que realzaron su persistente inseguridad: las fronteras que tuvieron que resguardar eran arbitrarias; sus sociedades eran generalmente diversas en la composición; y pocos líderes tenían experiencia en cultura cívica, construcción del Estado de Derecho y prácticas democráticas inclusivas y participativas. Esencialmente, las amenazas de la seguridad de estos Estados eran y son tanto internas como externas.

13.- Estados canallas y terroristas[49] (État delinquant)

Otra clasificación es la de Estados canallas[50] (rogue States, o États voyous), diferenciados de los Estados desfallecientes. A priori, ambas categorías son opuestas: un rogue State - todavía una noción controvertida de origen americano - es un Estado cuyas políticas constituyen una amenaza abierta para su medio ambiente, porque viola tratados internacionales, el derecho humanitario, ejerce una dictadura policíaca, incluso se propone adquirir o alcanzar ADM. Pero, de otro punto de vista, un rogue State es un Estado desfalleciente virtual, porque las medidas tomadas contra él en la comunidad internacional pueden conducir a su hundimiento: Camboya del Khmer Rouge, Afganistán actual, Irak. Cabe preguntar qué se harían Siria en caso de desaparición del régimen, o Irán, incluso Corea del Norte o Nigeria. La interfaz entre rogue State y Estado desfalleciente puede también depender de la percepción que se tiene: así, para Darfur, podemos considerar que Sudán es incapaz de dominar milicias particulares, pero así como en la realidad actúan con su complicidad, es tan responsable de un verdadero genocidio.

            Una amenaza asociada, que coincide regularmente con los grupos no estatales es la de los Estados criminales, es decir naciones que de Estado sólo tienen el nombre. La corrupción y el deseo de amasar riquezas, mediante la explotación de recursos naturales hacen que el Estado mismo devenga en una empresa delictiva permanente. En estos casos, el Estado sigue gozando de las prerrogativas inherentes a su condición de tal como emitir pasaportes diplomáticos reconocidos, mantener registros de navegación y aviación, controlar las fronteras y recaudar impuestos, recepta a un sinnúmero de actores no estatales y se asocia con estos para lograr sus fines.[51] De tal manera, se fusionan el aparato estatal y los diferentes grupos criminales y terroristas en una única y misma asociación ilícita, en la que todos a pesar de diversidad de intereses, pueden beneficiarse. Las organizaciones terroristas explotan las “zonas grises” donde los Estados son débiles, la corrupción desbordante y el Estado de derecho inexistente. Es allí donde redes criminales pueden superponerse y funcionar en un entorno de Estados fallidos.

            Los Estados matones, hampones, etc. (cada uno elige su calificativo) son viables, establecidos y más o menos ampliamente reconocidos por otros Estados; pero son Estados a los que la comunidad y la opinión pública internacionales miran con desconfianza y temor por su propensión a crear conflictos con otros Estados. Casos notorios son los tres del llamado eje del mal (Irak, Corea del Norte y quizá con mayor autocontención Irán), y caso no tan notorio es el de Pakistán, con su reivindicación subrepticia y violenta de Cachemira (Sánchez Gijón, 2003). Aunque la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue provocada por un “Estado canalla” (Serbia) que promovía el terror (Ferguson, 2006: 34); en el mundo contemporáneo, los Estados canallas -quijotescamente elegidos- se han creado con el fin de sustituir a terroristas difíciles de difícil localización y destrucción (Barber, 2004: 17). [52]

            Las percepciones que las potencias establecidas tienen sobre los peligros de la inestabilidad creada por los Estados fallidos han ayudado a elevar sus preocupaciones sobre la peligrosidad de los Estados matones o rogue states, que por sus acciones desestabilizan regiones enteras del mundo. Dos notas colocan a los Estados fallidos y a los Estados matones dentro de una misma categoría gnoseológica:

1) comparten formas similares de anomia: los Estados fallidos son internamente Estados sin ley y los Estados matones se comportan al margen de la ley internacional;

 2) ambos tipos de Estado poseen gran potencial para producir y propagar la inestabilidad en amplias regiones del mundo (Sánchez Gijón, 2003).

Ziegler (2005) y Wicht (2006) señalan que en Latinoamérica y otras zonas, -excepto en Europa- se dan los movimientos paramilitares, que no se hallan en oposición con el Estado, pero que actúan de hecho «como un Estado de sustitución». Aplican tal concepto a Colombia y a la guerra civil del Líbano, donde una organización paramilitar (Hezbollah)  efectúa -sobre un mandato más o menos explícito del Estado- algunas de las  tareas que éste  monopolizaba  anteriormente,  haciendo  reinar  el  orden y  la

justicia sobre un territorio. El caso más emblemático, son los movimientos paramilitares colombianos que son utilizados por el gobierno para luchar contra la guerrilla de las FARC. En la hora actual en Líbano el Estado se halla debilitado y casi desfalleciente, mira con complicidad y benevolencia al Hezbollah instalado en Líbano meridional, porque la fuerza terrorista le garantiza la frontera del país frente a Israel, porque el propio Estado libanés no es capaz de asegurar él mismo estas funciones. Ziegler (2005) introduce el concepto de refeudalización (reféodalisation) para aplicar a estos supuestos.[53]

14.- Estados problemáticos: Necesidad de evitar o limitar sus consecuencias.

Recapitulando, existe el Estado que se disgrega territorialmente, como lo hizo la República Popular de Yugoslavia. El Estado en dicho supuesto, deja de existir y otros Estados emergen en su lugar, en el mismo ámbito territorial. Es Estado fallido aquel cuyas fuerzas sociales y grupos humanos retornan a un estadio de desarrollo político y social preestatal —a la tribu y al grupo étnico—. Éstos se consideran a sí mismos irreconciliables con otros grupos étnicos,por ejemplo Ruanda, Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona, etc.

            El Estado falla cuando pasa a ser dominado por agentes no estatales exteriores, como ocurrió, por ejemplo, en Afganistán. El Estado sigue existiendo formalmente, pero sus atributos de soberanía e independencia se ven debilitados o secuestrados. Sólo seguirá siendo viable gracias a la tutela exterior. Estados fallidos son también aquellos que no aseguran un mínimo vital de alimentación y salud a su población, como ocurre en Haití y en numerosos Estados africanos. El Estado tiene una eficacia virtual, resultante de meras convenciones internacionales. O Estados que no logran proporcionar seguridad en la totalidad de su territorio: un caso notorio y extremo es Colombia, otro Sri Lanka. El Estado mantiene lo fundamental de sus atributos de legitimidad, pero se encuentra en beligerancia con grupos armados que controlan partes importantes del territorio. Hay Estados cuya legitimidad no está consensuada por el conjunto de su población, como en el caso de RU y de España. El Estado goza de todos los atributos de legitimidad y aunque sufre un nivel significativo de disidencia, ésta puede ser contenida por las leyes y las fuerzas del orden.

            El Estado que no garantiza la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos responde en algún grado al caso del Estado fallido: EUA antes de las leyes de derechos civiles, por ejemplo. El Estado posee de todos los caracteres de legitimidad, y puede desplazar la disidencia interna a los márgenes de la vida política con sólo introducir legislación más justa. Podríamos enumerar otros casos de Estados implicados en mayor o menor grado en disfunciones políticas, pero estos son suficientes para ilustrar el concepto y las consecuencias que aquí nos interesa analizar. Los Estados fallan por su incapacidad para afrontar los desafíos internos o las agresiones externas. Corrientemente es imposible separar las consecuencias de unos y de otras, pues se nutren recíprocamente: los retos internos de grupos hostiles estimulan forzosamente la intervención exterior. A su vez, una agresión externa suele ir antecedida por la provocación de agentes de división interna en el Estado-objetivo (Sánchez Gijón, 2003).

            El desafío del movimiento extremista musulmán en las Repúblicas de Asia Central es un paradigma de interacción entre factores internos y externos, movilizados con similar designio ideológico. La yihad islámica en su versión uzbeka tuvo un efecto destructivo de la estabilidad interna de varios Estado vecinos. Este reto bifronte se produjo precisamente en Estados débiles como Kirguizistán, Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, etc. Las causas que originaron su extenuación interna son la ineptitud de los gobernantes, la corrupción, la violación de los derechos humanos, el subdesarrollo económico, etc. Estas condiciones se utilizaron como fundamento para intervenciones externas en la protesta social o en la guerra civil. Los efectos de la intromisión externa empeoraron aún más el problema. Este escenario esparce sus secuelas sobre los Estados limítrofes. La represión incita el destierro de los enemigos y opositores que, desde sus bases en los Estado vecinos, retornan como guerrilleros o terroristas; la guerra civil destierra enormes masas de refugiados, como en el caso de Afganistán, aumentando los problemas de los países del entorno.

            Ese mismo tipo de desafío ideológico, si es dirigido contra Estados fuertes, normalmente fracasa, como en el caso de Egipto o de Argelia. La represión interna logró dominar la acción subversiva de la ideología extremista religiosa, y pudo retirarse cuando los disidentes fueron dominados policial y militarmente. En ambos dos casos la cantidad de exiliados fue pequeña y los cuantiosos refugiados trataron de desplazarse dentro del propio país.

            Paradójicamente, la capacidad de un Estado parcialmente fallido para seguir ejercitando sus funciones esenciales bajo las circunstancias más extremas de desafío doméstico, puede demostrar la flexibilidad y vigor de ese Estado. Después de más de cinco décadas de guerra civil y terrorismo, Colombia, por ejemplo, no ha fenecido como sociedad gobernada por un conjunto de instituciones soberanamente votadas. El caso argelino parece indicar que un Estado desafiado internamente por grupos considerablemente fanáticos y violentos puede salir de la experiencia indemne y consolidada. Otros países mantienen simbólicamente los atributos propios de un Estado merced a la convención de ser considerados tales por los otros agentes internacionales, pero no conseguirían seguir existiendo si no recibieran del exterior lo primordial para su sostén o para la actividad de sus instituciones. Están en estas condiciones algunos países de los Balcanes, Haití, Timor Oriental, etc.

            Las limitaciones culturales, éticas y económicas de la generalidad o la mayoría de los grupos humanos constituidos en un Estado dado son tradicionalmente las que decretan su debilidad. La ausencia de élites, el subdesarrollo económico, la escasez o ausencia de capas medias de la población, el enraizamiento de los valores grupales en prácticas ancestrales escasamente socializadas, etc., explican los diferentes niveles de falencia de los Estados. Ello origina el aprovechamiento especulador de sus debilidades por parte de otros Estados más fuertes y más avanzados históricamente. Esto ocurrió de modo notable en el periodo de la Guerra Fría, en que se promovió la descolonización de sociedades inmaduras por parte de las potencias coloniales occidentales y la consecuente exportación de los conflictos ideológicos y geopolíticos de los grandes a terceros países. Este mecanismo de externalización de la competición entre los bloques perturbó el desarrollo y maduración de muchas naciones, muchas de las cuales son en la actualidad casos conspicuos de Estados fallidos.  (Sánchez Gijón, 2003)

CONCLUSIONES

Sostenemos, en síntesis, que un Estado problemático es aquel que resulta absolutamente incapaz de autosostenerse como miembro de la comunidad internacional, enfrentando a la par, problemas internos que amenazan su continua coherencia" o que presentan desafíos internos significativos para su orden político. Concluimos que las causas primarias del fracaso de un Estado se insinúan desde: los importantes cambios producidos en el orden global desde el fin de la Guerra Fría, al disolución de la URSS y el colapso del sistema colonial; la presencia de instituciones democráticas débiles, prematuras, inestables o impuestas; el creciente incremento de la ingobernabilidad; las serias calamidades nacionales, como sequías, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas, que pueden causar sufrimiento y daños que van más allá de la capacidad del Estado para hacerles frente.             El estado problemático es incompetente para solucionar los inconvenientes inmediatos, lo cual puede llevar a un aumento en la violencia, padecimiento y destrucción. Los factores más importantes pueden ser: autoridad política fragmentada; incremento del crimen organizado; generación de severos problemas para sus vecinos y puesta en riesgo de la estabilidad regional. Los estados fracasados suelen surgir simultáneamente a emergencias complejas, es decir, no generadas por un solo evento. Durante el desarrollo de la emergencia compleja, deben observarse las siguientes categorías:

1) crisis ambiental: incluye desastres naturales como sequías, hambrunas e inundaciones, así como crisis provocadas como el hombre tales como polución exagerada, destrucción ambiental y competencia sobre recursos hidrológicos;

2) crisis social: los conflictos étnicos y religiosos existen en muchas sociedades sin necesidad de que sean violentos. Si estos conflictos se vuelven violentos repentinamente, las instituciones sociales y de gobierno corren el riesgo de colapsar con rapidez. Mientras que los agravios de ambos lados pueden ser ancestrales, el estallido de la guerra actual conduce a un rompimiento repentino de la coexistencia;

3) crisis económica: El colapso repentino de la moneda de una nación puede causar pobreza, desempleo y crimen. Esto, a su vez, puede conducir al colapso de los sistemas de distribución. Los alimentos y otros bienes esenciales no llegan a las personas que más los necesitan. Los individuos no pueden pagar sus cuentas, la industria deja de progresar, se pierden fuentes de trabajo y el ciclo se repite. Sin intervención externa, el colapso económico ocurre en pocos meses. La crisis económica puede causar el conflicto (las personas luchan por sobrevivir) o puede ser el resultado de un conflicto;

4) crisis política súbita: como el asesinato de un líder, denuncia de altos niveles de corrupción o la elección inesperada de un extremista radical pueden desencadenar una emergencia compleja. Si el gobierno existente no tiene legitimidad, puede enfrentar desafíos súbitos de grupos rivales. Revueltas populares e insurgencias rebeldes pueden paralizar al gobierno y agravar la crisis. De igual manera, un golpe de estado militar puede desencadenar la rebelión entre grupos minoritarios o conducir al colapso económico;

5) crisis de seguridad: las milicias dentro de las fronteras nacionales pueden causar crisis inesperadas, también pueden ser causadas por la falta de presencia policial dentro del país. Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, no logra controlar adecuadamente sus fronteras y permite el ingreso indiscriminado de criminales y grupos rebeldes extranjeros, surgirán más problemas.

            Las consecuencias del caos producido en los Estados problemáticos son las siguientes:

a) movimientos descontrolados de población;

 b) crisis alimentaria a nivel de hambruna generalizada;

c) colapso económico, que redunda en un incremento repentino en el nivel de desempleo, rompimiento de los canales de distribución (incluyendo alimentos y necesidades básicas) y un alto nivel de incertidumbre social;

d) escalada continua de la violencia, el repentino colapso económico, la escasez de alimentos, los movimientos de refugiados, las crisis de salud y la anarquía política incrementan los motivos que condujeron al inicio del conflicto violento. Todas las partes se sentirán más vulnerables y menos inclinadas al compromiso, prefiriendo en su lugar, la defensa de sus propios intereses.

           

            Los Estados fallidos resultan intolerables para la seguridad de las sociedades democráticas. Así, el vacío dejado por la ausencia de un orden interior es ocupado por todo tipo de grupos criminales que expolian sus riquezas y hacen del tráfico de drogas, armas y seres humanos su principal fuente de ingresos. Esta situación suele declinar además en la multiplicación de conflictos entre bandas y clanes rivales que provocan, a su vez, traslados masivos de población. Las organizaciones criminales internacionales utilizan estos espacios de máxima impunidad para asentarse en tales territorios como base para sus operaciones. (Cosidó, 2004).

El término “Estado fallido” nació tras la caída de las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2009, y la guerra contra el terrorismo que estableció el concepto de “guerra preventiva” y que se trata de una política promovida por EU en contra de estados donde se conjetura la presencia de organizaciones terroristas. La ciencia política comenzó así a ensayar el concepto de “Estado fallido” y su taxonomía conforme a la gradualidad que los caracteriza de estados débiles, estados en riesgo, estados colapsados y estados fallidos.

Un Estado fallido fracasa o es incapaz de resolver sus problemas por sí mismo, llegando a requerir en ocasiones la injerencia extranjera para salir adelante, pues el gobierno es ineficiente para cumplir con las funciones básicas por las que se ha configurado, sin articular los intereses de la población ni dar respuesta a sus necesidades. Deja de cumplir con los requerimientos esenciales para el trabajo estatal: un aparato burocrático apolítico que legitime la neutralidad de las instituciones de gobierno y que mantenga el orden social (Chesterman, 2004.).

Generalmente, un Estado no deviene automáticamente en fallido; ya que se inician como débiles y en la medida en que desmejoran sus instituciones y aumentan sus problemas llegan a convertirse en fallidos o a partir de un suceso determinado, se denominan como un Estado colapsado (Rotberg, 2004). Es así se ha podido desentrañar una sintomatología mensurable en indicadores que previenen a las naciones sobre el riesgo y  la debilidad en sus políticas a fin de corregir rumbos y evitar convertirse en un Estado fallido. La fórmula es la sustentabilidad y efectividad en sus políticas públicas, dirigidas a satisfacer indicadores básicos para el desarrollo de su sociedad, evitando de tal modo la alerta de un Estado fallido (Rodríguez, 2012)

 

 

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