Resumen

En este artículo se examina el contexto, el desarrollo y los resultados del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que se celebró entre el 16 y 19 de abril de 2011. Se analiza el proceso de reformas económicas y sociales emanadas del mismo así como el cambio en el liderazgo político es expuesto como un mero cambio intrageneraciónal.

Abstract

This article describe in a detailed manner, the context, development, and results of the VI Congress of Cuban Communist Party which was celebrated in Havana in April of 2011. It analyzes the process of economic and social reform, as well as the shift from one Castro to another is exposed as merely an intragenerational succession.

LOS RESULTADOS DEL VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Dr. ENRIQUE CONEJERO PAZ[*]

I, INTRODUCCIÓN.

El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se celebró en Ciudad de la Habana entre los día 16 y 19 de abril de 2011, una fecha, no elegida al azar, que se enmarca dentro de los fastos que conmemoraban el 50 aniversario de la derrota de la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos). Un evento que culminó formalmente el traspaso de poderes entre los hermanos Castro. En efecto, el 31 de julio de 2006 Fidel Castro delegaba temporalmente en su hermano Raúl sus funciones como Primer Secretario del Comité Central de Partido Comunista, como Comandante en Jefe de las FF.AA. y como Presidente del Consejo de Ministros.[1] Este relevo temporal se convierte en oficial en febrero de 2008.[2] El relevo en el liderazgo del régimen cubano estuvo marcado por la vuelta a la institucionalización del PCC, que no celebraba un congreso desde el año 1997, y el debate sistémico sobre las reformas económicas y políticas necesarias para revitalizar un país con una economía anémica y con un sistema político totalitario.

Por otra parte, ha pasado más de medio siglo del triunfo de la Revolución cubana y, a pesar de que más de veinte de ellos han transcurrido desde la caída del Muro de Berlín, la marea de las transiciones poscomunistas no ha llegado a Cuba. No resulta exagerado afirmar que el debate sobre la viabilidad sistémica de la Revolución cubana -entre sus defensores y detractores, políticos, intelectuales y académicos- se produce desde el mismo derrocamiento del dictador Fulgencio Batista y la entrada triunfal de Fidel Castro a la Habana el 8 enero de 1959. Un debate que se suscita, primero, por la proximidad geográfica de la isla con los EE UU y el “convencimiento” de que el Gran Imperio no toleraría un régimen comunista en su antigua colonia, y se agudiza después con el desmoronamiento del bloque comunista y la pérdida de su mejor aliado: la antigua Unión Soviética (AUS).

¿Cómo analizar la singularidad cubana? ¿Qué recursos politológicos se pueden utilizar en el debate académico? ¿Cuba ha encontrado una solución a la viabilidad de su sistema? ¿Podrá sobrevivir el régimen sin el liderazgo de Fidel Castro? Estas son sólo algunas de las interrogantes que alimentan el debate permanente sobre un país que ha tenido, tiene y tendrá una presencia espectacular en el plano internacional. Visibilidad que supera con creces a la de cualquier otro país que tenga su tamaño (110.860 Km2), su población (poco más de 11 millones de habitantes[3]) o su PIB per cápita (2.821 dólares, 2003).

El PCC no tuvo un papel relevante en la gestación de la Revolución ni la ideología marxista- leninista predominó –al menos aparentemente– en el escenario político cubano durante su primer lustro de vida. Tal como se le conoce hoy, el PCC se creó en 1965, fruto de la fusión en un sólo partido del Movimiento 26 de julio y a las organizaciones políticas existentes (incluido el Partido Socialista Popular) que pasaron en una primera etapa por las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). Si le unimos a lo antedicho que el primer Congreso del PCC no se celebró hasta 1975, y que hasta la fecha sólo se han celebrado seis congresos, se pone de manifiesto su débil grado de institucionalización dentro del sistema. Aunque los congresos no son precisamente el lugar donde se toman las decisiones estratégicas, si son el ámbito en el que estas decisiones se consagran y socializan. Es más, su valor reside en que sus acuerdos constituyen compromisos políticos de las diferentes facciones de la nomenclatura del régimen, y como tales se presentan a la población.

II. Crisis económica.

El VI Congreso del PCC se celebra bajo la sombra de una crisis económica sistémica. En efecto, cuando se derrumba el Muro de Berlín las autoridades cubanas estaban aplicando una de sus contrarreformas denominadas Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (1986-1990). De este modo se habían puesto el freno a las tímidas reformas económicas implementadas en el plan quinquenal anterior que por primera vez, había potenciado el consumo a través de la utilización de instrumentos de mercado.[4] A partir de ese momento la isla caribeña convive con una crisis económica permanente debido al derrumbe del sistema comunista de relaciones económicas (pérdida de las relaciones privilegiadas con la AUS y a la desaparición de la llamada División Internacional Socialista del Trabajo). Así el 85% del valor de los intercambios comerciales procedentes del COMECON y el 50% de la AUS[5] desaparecieron de la noche a la mañana. Si a lo antedicho se le une la ineficiencia congénita de su estructura económica nos podemos hacer una idea exacta del panorama desolador que tuvieron que enfrentar los cubanos.

El período más crítico ha sido sin duda el de los años comprendidos entre 1990-1994, intervalo de tiempo donde el Producto Interior Bruto disminuye en más de un 35%, la capacidad de importación se reduce de 8.100 millones de dólares a 2.000 millones y el tipo de cambio en el mercado negro pasó de 7 pesos a 150 pesos cubanos por dólar en apenas cinco años. Además, entre 1990 y 1993 las exportaciones se redujeron a la quinta parte y las importaciones en un 73%.[6] Por este motivo, las autoridades se vieron obligadas a adoptar un conjunto de tímidas reformas que se incluyeron dentro del llamado Programa de Emergencia Nacional para el Período Especial Crítico en Tiempo de Paz (1990).

Un plan económico que puede ser catalogado de reformas de subsistencia y que los propios dirigentes políticos tuvieron que aceptar con poco entusiasmo. En este sentido, las palabras del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ricardo Alarcón de Quesada son más que elocuentes cuando refiriéndose a estas reformas afirma:

“La alternativa elegida representa introducir en la sociedad cubana de hoy elementos de la economía de mercado, elementos capitalistas, elementos individualistas, todas esas cosas. Con eso hemos logrado no sólo detener la crisis sino iniciar un proceso de recuperación, dificultoso, con limitaciones pero sin duda en esa dirección. Lo cual no elimina el hecho de que esos elementos que usted dice y que están influyendo en las ideas y en las actitudes. Eso es así desgraciadamente. Pero no hubiera tenido lógica empeñarse en una actitud numantina que nos hubiera llevado a la catástrofe”[7]

Por tanto, a partir de la última década del siglo pasado el país ha intentado su reinserción en el mercado internacional a través de tres pilares fundamentales: a) fomento de la inversión extranjera (Ley 77/1995 de 6 de septiembre); b) re-estructuración del comercio exterior y c) desarrollo del turismo internacional.

En efecto, el gobierno cubano implementó medidas de liberalización económica interna, aunque siempre expuestas al poder discrecional del régimen, entre las más relevante están:

1.- Despenalización y legalización de la tenencia y circulación de divisas –principalmente dólares-, caracterizada por autorizar el flujo de las remesas de los cubanos que viven en el exterior, una mayor flexibilidad en sus visitas a la isla, apertura de tiendas estatales que comercializan en dólares y agencias oficiales de cambio de divisas. En este sentido, se estima que un 60% de la población tiene acceso directo a dólares, sin embargo la mayor parte de ellos en proporciones muy exiguas. Por ejemplo el Estado ‹‹estimula›› con 19 dólares mensuales aproximadamente a un millón de empleados que trabajan en los sectores estratégicos que según las autoridades son vitales para la supervivencia del sistema;[8]

2.- Legalización del trabajo por cuenta propia. En este sentido, se autorizó el ejercicio de unos 120 oficios que, desde un primer momento, han estado rígidamente controlados. Por ejemplo en los últimos años los trabajadores autónomos han pasado de 200.000 en 1995 a menos de 100.000 (representan sólo el 4% de la población activa). Además, ningún cubano residente dentro o fuera de Cuba puede ser empresario en la isla;

3.- La transformación de la propiedad agrícola con la reconversión de las sobredimensionadas empresas estatales agropecuarias en cooperativas controladas por el Estado (UBPC),[9] la concesión de pequeñas parcelas de tierra a las familias y la reintroducción de los mercados libres campesinos y artesanales;

4.- Medidas fiscales encaminadas a reducir el déficit presupuestario, incluyendo nuevos impuestos, tasas de servicio público, reducción de los subsidios estatales y de algunos servicios gratuitos, incremento de precios en los bienes de consumo y una reducción en las cuotas de racionamiento alimenticia oficial y que en la actualidad sólo cubre, con dificultad, la primera semana del mes;

5.- Nueva Ley de Inversiones Extranjeras, que ha permitido la creación de varias empresas mixtas, particularmente en el turismo y la minería.[10] El patrón de crecimiento estas empresas ha sido muy irregular. Por ejemplo, al inicio del 2004 estaban registradas en Cuba 342 asociaciones mixtas, esto es, un 15% menos de las que existían dos años antes.

Aunque las estadísticas oficiales muestran unas cifras macroeconómicas que tienden a la recuperación -una media de crecimiento económico del 5% del PIB durante el período 1995-2008, la economía cubana ha tardado más de 15 años en recuperar lo niveles de 1989. Así el agudo shock externo sufrido, la dificultad que conlleva la reinserción en los mercados internacionales y la ineficiencia intrínseca del sistema han incidido en que la crisis económica sea el paisaje habitual de los hogares cubanos.

También hay que destacar que el crecimiento medio del 6% del PIB, durante el período 2004-2008, estuvo influenciado por una parte por la apertura del mercado venezolano a los servicios médicos cubanos, así como la reorientación de las importaciones de combustible provenientes de ese país bajo condiciones muy favorables y la consolidación de proyectos de cooperación y negocios con Venezuela[11] dentro del marco del ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de América). Y por la otra, la reanimación del comercio con China y el acceso de Cuba a líneas de crédito a medio plazo que impactan positivamente en el crecimiento económico y la renovación de servicios e infraestructura e inversiones en minería y otros sectores. En este sentido, China se había convertido, según datos de 2003, en el tercer socio comercial, sólo aventajado por Venezuela y España.[12]

En 2008 el impacto de los tres huracanes que azotaron Cuba han originado pérdidas por 10.000 millones de dólares, que unido al impacto de la crisis financiera internacional han producido una desaceleración del PIB desde 2009: sólo creció el 1,4% ese año y apenas el 2,1% en 2010. Aunque si tenemos en consideración la sobreestimación del valor del PIB, podemos estar en presencia del peor escenario económico desde 1994.

Otros elementos negativos que acechan a la economía cubana son: a) La ocupación hotelera del país apenas rebasa el 50 %, con una rentabilidad cuestionable pues hasta las frutas y verduras que consumen los turistas son importadas; b) La masa ganadera apenas alcanza los 2 millones de cabezas de ganado vacuno, mientras que en 1959 para una población de unos 5.800.000 habitantes contaba con una masa ganadera de más 6 millones, y c) Las pensiones peligran al no contar el sistema de seguridad social con una tasa de reposición adecuada, debido a una disminución significativa de la población activa y al envejecimiento de la población.

Por otra parte, la vida diaria para la mayoría de los cubanos sigue siendo una verdadera odisea. En Cuba el salario medio es de aproximadamente 225 pesos cubanos (entre 6 y 10 dólares mensuales y representa un 70% del salario real de 1989) y la mayoría de los bienes y servicios que pueden mejorar la calidad de vida –muchos de ellos productos de primera necesidad- sólo pueden ser adquiridos en dólares y a precios desorbitados con relación al poder adquisitivo existente. Por este motivo, la filosofía basada en el igualitarismo que propugnaba el régimen, y que podía tener algún correlato con la realidad hasta 1989, se ha desmoronado en estos años. Es más, la desigualdad en la distribución de la renta se va homologando al nivel de los países de su entorno. Por ejemplo, las diferencias extremas de salario/ingresos crecieron desde 829 a 1 en 1995, hasta 12.500 a 1 en 2002.

Si uno se acerca a la realidad cubana puede observar que en la actualidad existen tres niveles bien diferenciados dentro del sistema en cuanto a las posibilidades de acceso a bienes y servicios por parte de los ciudadanos. Un primer nivel diseñado sólo para el turismo internacional –una especie de ‹‹apartheid›› turístico-[13] y al que la mayoría de los cubanos no tienen acceso; un segundo nivel (tiendas de recuperación de divisas, paladares, etc.) al que sólo pueden acceder los cubanos que perciban ingresos en dólares; y un tercer nivel donde los bienes[14] y servicios son escasos y de mala calidad y en el que se mueve la mayoría de ciudadanos que sólo perciben ingresos en pesos cubanos. Por tanto, el gran desafío diario de los integrantes del tercer nivel es hacer realidad el concepto autóctono “resolver” y acceder puntualmente al segundo nivel mencionado con anterioridad.

Por tanto, a pesar de las reformas implementadas el sistema económico seguía estando obsoleto ya que el núcleo central de su estructura fue desarrollado en función de parámetros de ineficiencia y estrechamente dependiente de los suministros de materias primas y bienes intermedios provenientes del desaparecido COMECON. El dato más revelador de esta crisis es que a día de hoy una de las principales fuentes de entrada neta de divisas del país lo constituyen las remesas familiares del exterior. Lo paradójico del caso es que sí Cuba sobrevive y se recupera lentamente es, en buena medida, por el esfuerzo económico de la comunidad cubana en el exterior. Más de dos millones de cubanos que la propaganda oficial despreció durante muchos años.

Por tanto, el VI Congreso del PCC generó expectativas de reformas económicas de calado que podrían cambiar el modelo productivo y convirtieran en realidad el “espíritu reformista” de Raúl Castro que estaba hibernando desde hace cinco años.

III. Disidencia y excarcelación de presos políticos.

Si en 1986 los grupos disidentes en Cuba se podían contar con la palma de una mano, hoy en día existe una pluralidad de organizaciones políticas ilegales, todas ellas organizadas en grupos reducidos con pocos espacios para realizar su labor opositora.[15] En este sentido, las visitas del Papa Juan Pablo II en 1998 y del ex-presidente de Estados Unidos James Carter en el 2002 propiciaron que las autoridades cubanas cambiaran momentáneamente su estrategia con respecto a la disidencia interna. En este sentido, el disidente Elizardo Sánchez Santa Cruz planteó ‹‹que desde 1998 la represión política es de baja intensidad caracterizada por numerosas detenciones de corta duración y amenazas policiales. Pero, a diferencia del pasado reciente, el gobierno ha evitado la formulación de cargos y las condenas a prisión por motivos políticos››.[16] Por desgracia, no sabía en esos momentos que en marzo de 2003 la ola de represión contra la disidencia le iba a alcanzar a él al ser acusado, entre otras cosas, de colaboración con la seguridad cubana.[17]

Abundando en lo anterior, hubiera sido impensable hace unos años que el llamado Proyecto Varela[18] prosperase, esto es, un proyecto que ha intentado promover un debate interno sobre el cambio en el sistema político cubano dentro de sus propios límites constitucionales. Esto es, se pretende que se consulte mediante referéndum a la sociedad cubana sobre la realización reformas que garanticen el libre ejercicio de los derechos de libertad de asociación y de expresión, la concesión de mayores espacios para la empresa privada, la modificación de la ley electoral y la celebración de elecciones libres en un plazo máximo de un año desde su aprobación en la consulta popular.[19]

Así y por primera vez en más de cuatro décadas, la oposición tomaba la iniciativa en el debate político y había obligado al régimen a actuar a la defensiva. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue contundente y en abril de año pasado, aprovechando que la opinión pública internacional estaba centrada en la guerra de Irak, 75 disidentes fueron encarcelados con condenas que oscilaron entre los 18 y los 20 años de cárcel. Fueron acusados por supuestos delitos contra la independencia e integridad del Estado, conspiración con los EE UU e intentos de socavar los principios de la revolución. De este hecho surge uno de los movimientos opositores más activos: Las Damas de Blanco[20], esto es, desde hace 8 años las esposas, hijos e hijas de esos prisioneros políticos han reclamado día a día su puesta en libertad y la apertura de canales democráticos en la Isla.

La muerte por huelga de hambre del preso político Orlando Zapata Tamayo el 23 de febrero de 2010 desencadenó una tormenta política con fuerte repercusión internacional. En este sentido, el 11 de marzo, la Unión Europea aprobó, por 509 votos contra 30, una resolución en la que, “condenaba enérgicamente la muerte evitable y cruel", de Zapata, haciendo un llamado a la "liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos" y afirmando que los disidentes cubanos eran encarcelados "por sus ideales y su actividad política pacífica", además, el Parlamento Europeo, se opuso a la normalización de las relaciones con Cuba. EE. UU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, entre otros, se manifestaron en el mismo sentido.

A partir de entonces la cuestión de los presos políticos adquirió una visibilidad internacional que obligó al régimen a mostrar signos de apertura. De esta forma, el 8 de julio de 2010 se reúnen en Ciudad de la Habana, el Presidente Raúl Castro, el Arzobispo de la Habana, el cardenal Jaime Ortega, y el entonces Ministro español de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Moratinos y acuerdan un proceso gradual de liberación de prisioneros políticos que culmina, en su mayor parte, antes del comienzo del VI Congreso del PCC. De esta forma, entre julio de 2010 y abril de 2011, 115 presos políticos cubanos fueron excarcelados y trasladados a España junto con 647 familiares. Algunos de los excarcelados han decidido fijar su residencia en EEUU, Chile, República Checa y Canadá y doce se han quedado a vivir en Cuba. Desde su llegada a España, 231 de los excarcelados y sus familiares han aceptado el estatus de protección internacional asistida, que supone la concesión del permiso de trabajo y de residencia, y abre la puerta a la obtención de la nacionalidad española a los dos años. Resulta evidente que con este gesto el gobierno cubano pretendía diluir el conflicto sobre los presos políticos, flexibilizar su postura sobre los derechos humanos de cara al exterior y evitar ruido innecesario que entorpeciera la celebración del VI Congreso del PCC que formalizaba la sucesión de Fidel Castro por su hermano menor, Raúl Castro.

IV. El VI Congreso del PCC.

El IV Congreso de Partido Comunista de Cuba cómo órgano supremo de dicha organización partidista, se reunión en Ciudad de la Habana durante los días 16 y 19 de abril de 2011, reuniendo a mil delegados en representación de cerca de 800 mil militantes del partido agrupados en más de 61 mil núcleos distribuidos por todo el territorio cubano. Desde el informe de apertura, en todos los debates y hasta en la clausura, prevaleció la crítica siempre que se analizó el desempeño del partido en los últimos 52 años. Una crítica sistémica que parecía que no tenía que ver con sus máximos dirigentes, principales responsables de tantos errores y deficiencias señalados. En este sentido, Raúl Castro expresó “lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido”.[21]

Los li­neamientos fueron publicados el 9 de noviembre de 2010, [22] y tras un amplio debate nacional, fueron presentación para su aprobación en abril de 2011 al VI Congreso del PCC, que modificó en un 68% los 291 li­neamientos originales y los aumen­tó a 313 acuerdos (287 económicos y 26 sociales). Pero la mayoría fueron fusiones y correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales. Los acuerdos reconocen que las medidas anteriores son insuficientes para re­solver los problemas del país, de ahí la necesidad de más cambios. Cambios que apuestan por un modelo económico y social que descansan tímidamente en cierta apertura al mercado, la propiedad privada, los autónomos, las cooperativas privadas, y las inversiones extranjeras.

La puesta en vigor de algunos de los lineamientos más importantes (tenencia de la tierra, autoempleo, pequeñas empresas, descentralización, reducción drástica de la burocracia estatal, subsidios económicos, políticas e instituciones de la asistencia social, cierre de comercios estatales no productivos, despidos masivos, y otros) se encuentran en proceso de implementación. Se desregula el mercado para facilitar la compra y venta de propiedades privadas (viviendas, coches, tierra), el arrendamiento de instalaciones estatales a las personas que deseen crear sus propios negocios, otorgando créditos a las pequeñas empresas, pequeños agricultores y cooperativas, y ampliando los incentivos a los inversores extranjeros.

Por otra parte, el Congreso ha sido utilizado por la gerontocracia cubana para enquistarse en el poder con Raúl Castro al mando, y Fidel Castro como asesor espiritual: “soldado de ideas”. Resulta llamativo que la edad promedio de los miembros del buró político —14 hombres y una mujer con poder de decisión sobre los asuntos más trascendentes— es de 67, con el 50% de 70 años o más. Dicho órgano incluye a seis generales y a un comandante histórico de la Revolución. Los militares constituyen el 19 % de un comité conformado por 115 miembros.

Con algunas diferencias a lo largo de las décadas, estos datos revelan algo más que proporciones relativas. Resulta evidente que Fidel, Raúl y otros líderes históricos no confían en las nuevas generaciones formadas en la Revolución durante estas cinco décadas. En este sentido, en los cinco años que lleva Raúl al frente del régimen, ha purgado a un buen número de jóvenes dirigentes vinculados a Fidel, entre otros a Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Yadira García, Marta Lomas, Juan Contino, Fidel Figueroa, General Rogelio Acevedo, General Pascual Rodríguez Braza, Pedro Sáez, Jorge Luis Sierra. Los casos de Lage y Pérez Roque son especialmente llamativos porque sobre ellos sobrevoló el tema de la sucesión, y fueron los encargados, desde los años noventa, de las reformas económicas y de las relaciones exteriores, respectivamente. Por lo menos, en el Congreso se aprobó la limitación de dos mandatos (de cinco años cada uno) para todos los cargos políticos y estatales. De esta forma, dentro de 10 años a Raúl Castro y los líderes históricos les será imposible seguir en el poder, más que por este acuerdo por una cuestión de edad.

Siguiendo a Mesa-Lago (2011) los principales acuerdos sobre reformas económicas y sociales las podemos resumir en:

a) Actualización del modelo económico: el mode­lo económico cubano no se cambia sustancialmente sino que se “actua­liza” para enfrentar los problemas existentes, de manera programada y gradual. Con­tinúa la planificación central como vía fundamental para dirigir la eco­nomía, aunque con transformacio­nes y teniendo en cuenta el mercado y la gestión no estatal o privada, con con­troles financieros y administrativos, y estricta regulación. La empresa es­tatal sigue siendo el actor económi­co principal. Las reformas por implementar no siguen ni de lejos el modelo chino o vietnamita de socialismo de mercado.

b) Tenencia de tierras: Cuba importa el 80% de los alimentos que consume unos 1.200 millones de euros anuales, pero 3,6 de un total de 6,6 millones de hectáreas de tie­rras estatales están ociosas o subex­plotadas. Para incrementar la pro­ducción y reducir las importaciones, el decreto-ley Nº 259 del 10 de julio de 2008 dispuso la entrega en usu­fructo de dichas tierras a pequeños agricultores, cooperativas y entidades estatales, pero el Estado mantiene la propiedad de la tierra y concede el contrato de usu­fructo por solo diez años a particulares (20 años a cooperativas y en­tidades estatales), renovables otros diez si el usufructuario cumple con sus obligaciones. El contrato es can­celado, de forma discrecional, si la tierra no se cultiva “de forma racional y sostenible, no se vende al Estado la producción contratada, o en virtud de necesidades de utilidad pública e interés social. Hasta el momento los datos indican que el usufructo de tierras no ha logrado un in­cremento de la producción agrícola.

c) Reducción del empleo público y aumento del empleo privado: La cifra oficial de desem­pleo abierto era de 1,6% en 2010 pero, como parte de las reformas, el go­bierno reconoció la existencia de desempleo oculto y dispuso un plan de reducción del empleo público: 500.000 trabaja­dores en seis meses, entre octubre de 2010 y marzo de 2011 (10% de la fuer­za laboral de 2010), un millón al final de 2011 (20% de la fuerza laboral) y 1,8 millones para 2014 (39%). Esta disminución del empleo público se vería compensada por la creación de 250.000 puestos de trabajo por cuen­ta propia en la primera etapa y otros tantos en otras actividades privadas. El gobierno decidió aprobar 178 ocupaciones en 2010; algunas tienen cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes específicos, trans­portista de carga y pasajeros, traduc­tor e intérprete, reparador) pero la gran mayoría son artesanales y no calificadas (aguador, limpiabotas, pe­lador de frutas, payaso, llenador de líquido para fosforeras, forrador de botones, carretillero). Siguen exclui­dos de realizar trabajo por cuenta pro­pia los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos de sus pues­tos y tendrán que desempeñar ocupa­ciones privadas no calificadas.

d) Política social: Con anterioridad al Congreso, se había debatido sobre el coste de los servicios sociales (51% del presupuesto estatal y 31% del PIB en 2010) y su expansión eran insoste­nibles, por lo que debían ser subordi­nados al incremento de la producción y los recursos fiscales disponibles, y sometidos a ineludibles recortes. La elimina­ción de “gratuidades indebidas· y el racionamiento «de manera ordenada y gradual». En 2010, diversos alimen­tos y manufacturas fueron sacados de la libreta de racionamiento (pa­pas, chícharos, jabón, pasta de dien­tes, detergente, cigarrillos) y se au­mentó el precio de bienes y servicios (electricidad, gas, agua, gasolina).

Por otra parte, las pensiones de seguridad social son una carga grande y creciente en el PIB (7,6% en 2010) y el Estado cubre el déficit (40% del gasto) porque los in­gresos por contribuciones son inferio­res a los egresos, un problema que se agrava por el acelerado envejecimien­to de la población (el segundo mayor en la región después de Uruguay). Para enfrentar estos problemas, la re­forma de 2008 aumentó las edades de retiro e introdujo otros cambios, que no han arreglado el déficit existente. Con respecto a la educación superior, la explosión de la matrícula bajo la “Batalla de Ideas” lanzada por Fidel Castro a inicios del siglo XXI generó un aumento enorme en las carreras de humanidades, trabajo social, peda­gogía y medicina, pero la matrícula en las ciencias naturales y matemá­ticas se contrajo y solo aumentó lige­ramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas. Esto provocó un déficit de ingenieros agrónomos y de científicos que compromete el desa­rrollo económico futuro del país.

A pesar del incremento de titulados en educación, los bajos salarios de los maestros causaron un éxodo a otras actividades más lucrativas y ocurrió un déficit de docentes que se inten­tó cubrir con «maestros emergentes» (jóvenes traídos del interior y entre­nados con rapidez en cursos cortos). El resultado fue una baja en la calidad de la enseñanza y serias deficiencias en ortografía en los exámenes para admisión universitaria. Ya se ha cancelado el ineficaz programa de trabajadores sociales (que eran utilizados para otras tareas), se ofreció incentivos a los maestros retirados para que vol­vieran a enseñar, y se hicieron más estrictos los exámenes de ingreso, se restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales y se intentó aumentar la ma­trícula en las más necesarias. Los acuerdos estipulan que las matrícu­las en las carreras universitarias se correspondan con las demandas de desarrollo de la economía y la socie­dad.

Uno de los acuerdos más importan­tes, que no estaba en los “lineamien­tos”, es la autorización de la compra­venta de viviendas, prohibida desde 1960 y que forzó la «permuta» o inter­cambio de viviendas de «similar» va­lor, cuajada de trabas burocráticas y corrupción.

En cuanto a sanidad, la “exportación” de médicos, oftalmólogos, enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a Venezuela, ha generado ingresos en divisas por ventas de servicios profe­sionales de alrededor de unos 3.200 mi­llones de euros anuales, pero también ha creado un déficit interno de estos profesiona­les (aproximadamente un tercio de los médicos está en el exterior). Uno de los acuerdos estipula garantizar que la graduación de especialistas médicos cubra «las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales». El incremento ya ex­perimentado en la matrícula universi­taria en medicina podría resolver este problema.

El aspecto formal y expresado en el lenguaje ampuloso del régimen, el VI Congreso del PCC, una vez evaluados los dictámenes de las cinco comisiones creadas, acordó, por supuesto que de forma unánime:

‐ Aprobar los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución con las modificaciones acordadas;

‐ Orientar al Gobierno la creación de una Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, la cual, sin menoscabo de las funciones que corresponden a los respectivos Organismos de la Administración Central del Estado, tendrá la responsabilidad de controlar, verificar y coordinar las acciones de todos los involucrados en esta actividad, proponer la incorporación de nuevos lineamientos, y conducir, en coordinación con los órganos competentes, la divulgación adecuada del proceso;

‐ Recomendar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Gobierno y a los organismos correspondientes que elaboren y aprueben, según el caso, las normas jurídicas necesarias para crear la base legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adopten, y por último

‐ Encargar al Partido Comunista de Cuba la responsabilidad de controlar, impulsar y exigir el cumplimiento de los Lineamientos aprobados, lo que presupone elevar la cultura económica de sus cuadros y militantes, a todos los niveles. El Pleno del Comité Central del Partido analizará al menos dos veces al año la marcha de la actualización del modelo económico y la ejecución del Plan de la economía.

V. Reflexiones finales.

Las reformas acordadas en el marco del VI Congreso del PCC son escasas y condicionadas por la difícil situación económica y los problemas sociales y políticos acumulados du­rante 52 años de socialismo en Cuba. Las reformas propuestas, analiza­das y debatidas hasta la saciedad por expertos de dentro y de fuera de la isla, no fueron corregidas por los acuerdos finales. La conclusión es evidente: la élite política considera que la aceptación de instrumentos de mercado es un mal necesario, un mecanismo coyuntural para superar la crisis económica. Por tanto, la efectividad de las reformas y los acuerdos queda lastrada por objetivos mutuamente excluyentes o contra­dictorios, esto es, existe una restricción ideológica subyacente. Así, por una parte se reconoce la necesidad de aumentar la produc­ción, eliminar la mano de obra exce­dente en el sector público, reducir el costo de los servicios sociales, etc., así como reconocer el papel creciente que deben jugar el mercado y el sec­tor privado. Y por otra parte, se pone énfasis en la planificación centralizada, el control, la regu­lación y la fuerte tributación al sec­tor privado que impide su desarrollo. A mi juicio el VI Congreso del PCC fue más un evento simbólico que culminó el proceso de sucesión en el liderazgo político del régimen después 52 años.

A corto plazo la dinámica política en la isla mayor de las Antillas consolidará el liderazgo político de perfil bajo Raúl Castro y una renovada institucionalización del PCC. Movilización política oficial permanente –contra la amenaza de una “permanente” invasión norteamericana y el reclamo de puesta en libertad de los cinco agentes de la seguridad cubana detenidos en los EE UU acusados de espionaje-, crisis socioeconómica e incremento de la brecha entre el discurso oficial y la cotidianidad cubana serán los elementos visibles del paisaje político en la isla. Y por desgracia, todos aquellos que ansiamos la llegada de la democracia en Cuba tendremos que seguir esperando.

* Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y de la Administración.

Universidad Miguel Hernández de Elche

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[*]Enrique Conejero Paz

Es Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Miguel Hernández, España), Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de la Habana, Cuba) y Master en Economía y Administración del Sector Público (Instituto Nacional de Administración Pública, España). Es profesor contratado doctor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), también ha sido profesor en la Universidad de Alcalá (Madrid) e investigador visitante en la London School of Economics and Polítical Science. Es autor o coautor, entre otros, de los siguientes libros: Inmigración Integración, Mediación Intercultural y Participación Ciudadana (2010), Globalización y democratización en América Latina (2006), Introducción al Derecho (2004), Dinámica poscomunista: democratización y competitividad (2003) y El Ciclo de Proyectos Sociales: Una Introducción (2002). Colabora sobre política nacional e internacional en diversos medios de comunicación. Correo electrónico: ecp@umh.es

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