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El objeto de presente trabajo es realizar un análisis comparativo de la política de derechos humanos (DDHH) durante las gestiones de los presidentes Carlos Saúl Menem y Néstor Kirchner. El trabajo se plantea demostrar la hipótesis de que el kirchnerismo significó una ruptura y no una ratificación de los presupuestos ideológicos del menemismo referido al tema DDHH.

This work aims to compare human rights policy under Carlos Saúl Menem and Néstor Kirchner presidential terms. The paper tries to prove the following hypothesis: The presidency of Kirchner broke ideological assumptions of ‘Menemism’ in connection with Human rights issue.

“LIDERAZGO POLÍTICO Y DERECHOS HUMANOS: los gobiernos de Menem y Kirchner en perspectiva comparada”

El proceso iniciado por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007), a favor de los Derechos Humanos (DDHH) y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia como políticas de Estado, luego continuado por su sucesora Cristina Fernández; plantea en términos comparativos, una política opuesta, en este tema, a la adoptada por la gestión del presidente Carlos Menem (1989-1999).

El presente trabajo se propone explorar si el “kirchnerismo” representa la continuación de la matriz ideológica (Bosoer y Leiras 2001) en la política de Estado referida a los derechos humanos durante la década de 1990; o se trató de una reformulación de los presupuestos ideológicos.

La hipótesis planteada es que: la política de Derechos Humanos (DDHH) del menemismo responde a la consagración de un nuevo liderazgo que restauraría la autoridad del Estado concentrando las decisiones en un núcleo de poder. Este núcleo es el resultado de la alianza entre un presidente plebiscitado convertido en supremo decisor, con el “establishment” económico. La política de DDHH queda así subordinada a este “decisionismo” de nuevo cuño, abocado a la reestructuración del Estado; “neoliberal” en lo económico, con sesgo conservador en lo político.

Kirchner (NK) accede a la Presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina, y con este 22% de apoyo electoral declara que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado. Los DDHH se convierten por primera vez en la vida política de un Gobierno Nacional, en política de Estado.

Schmitt en su Teología Política, dice:” La decisión tiene valor en sí misma, dado que en las cosas de mayor cuantía importa más decidir, que el modo como se decide (…) Lo esencial es que ninguna instancia superior pueda revisar la decisión” (K.Schmitt, 2005: 77)

Para el decisionismo, la crisis y la decisión política se implican y precisan mutuamente. ¿Cuáles eran las razones de Estado durante la gestión iniciada por el presidente N.K. para tal decisión?

“El kirchnerismo significó una ruptura en los presupuestos ideológicos vinculados a la política de DDHH, con respecto al menemismo. Y que tal presupuesto parecería más vinculado a la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad de las que hablaba Max Weber, que al decisionismo de Schmitt”.

Como consecuencia de la crisis financiera de los años ‘70 la capacidad del Estado interventor-benefactor para resolver las demandas sociales, resulta fuertemente cuestionada. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 “terminaría para siempre la Argentina cerrada, ineficiente, inflacionaria y artificial” que había nacido al calor del primer peronismo. (Discurso inaugural del 2/04/76 –ministro de Economía Martínez de Hoz).

La Argentina a aniquilar con ese golpe, era la Argentina del desarrollo industrial, de un movimiento obrero con capacidad de veto; la Argentina de un Estado interventor, que a partir de entonces fuera sólo ejecutora de los intereses del establishment.

El proceso de reforma implementado se orientó a acomodar al estado para que sirviera a las nuevas modalidades de acumulación del capital global. “El viejo andamiaje, asociado a un modelo de acumulación que privilegiaba el mercado interno, ya no era útil a los requerimientos del capital financiero” (Rey, M.T: 2003, p.11)

Los más atroces Crímenes de Lesa Humanidad ejecutados por la dictadura tuvieron esos objetivos como finalidad central. El resultado fue un triunfo a medias indisolublemente ligado a los miles de desaparecidos, torturados y perseguidos.

La dictadura produjo, apoyándose en el terrorismo de Estado, no sólo enormes transformaciones económicas y sociales. Produjo también cambios culturales, a partir de la difusión masiva de ciertos supuestos que, reproducidos desde la política oficial, posibilitaron la posterior hegemonía de la ideología neoliberal. La “solución privatizadora” se instaló así en los medios masivos de comunicación. Periodistas, empresarios, funcionarios, fueron “educando” a la sociedad desde esta nueva perspectiva para entender la Argentina (muy recordada es la famosa “doña Rosa”, eficaz estereotipo creado por el periodista televisivo Bernardo Neustadt para quejarse de los servicios públicos o la consigna publicitaria oficial que rezaba “achicar el estado es engrandecer a la patria”).

En 1983 el gobierno militar deja el poder y asume, a través de elecciones libres y democráticas, la presidencia de la Nación el líder radical Raúl Alfonsín. El legado era escalofriante, no sólo en materia de derechos humanos sino también en lo social y lo económico.

Alfonsín designa al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) a Rodolfo Terragno, quien de inmediato propone la privatización parcial de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), de Aerolíneas Argentinas y de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Se define así con todas las letras la cuestión de la privatización como prioritaria en la agenda estatal. El diagnóstico en el que se basaba la propuesta de privatización era el deterioro irreversible de las empresas estatales, el déficit crónico, y el fuerte endeudamiento externo, circunstancias todas que marcaban la imposibilidad de generar recursos para la inversión, condición indispensable para lograr la eficiencia de los servicios públicos.

El peronismo cerró firmemente el paso a esta iniciativa radical. Esto sumado a la pérdida de capacidad política del gobierno, hicieron fracasar los proyectos privatizadores que quedaron sólo como expresión de deseos al expirar el período de Alfonsín. Sin embargo el tema había quedado instalado en el debate público.

El reinado de la perspectiva neoliberal conservadora había triunfado. Los organismos financieros internacionales, tras el Consenso de Washington, propondrían como única solución posible, la contención del gasto público con una férrea disciplina social; la reducción del rol del Estado a sus funciones mínimas y el desarrollo, asociado a una apertura económica irrestricta.

El resultado es un nuevo paradigma económico, no sólo para Argentina pues con distintos matices, se transforma en una especie de “moda” y comienza a imperar durante los años ‘90, en todos los países latinoamericanos. Para llevarlo adelante hacía falta construir un soporte político vigoroso, con la férrea voluntad de resolver de una vez la cuestión.

El 14 de mayo de 1989, ante la renuncia anticipada de Alfonsín, hubo elecciones presidenciales. La compulsa se polarizó entre la fórmula radical Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella y la justicialista de Carlos Menem-Eduardo Duhalde, que resultó ganadora con el 47,5% de los votos.

El candidato radical encarnó el discurso privatista, que sintonizaba mejor con los vientos neoliberales de la época. Esto le significó el rechazo masivo del electorado que no se sintió seducido por los candidatos de un partido que resultó ineficaz para controlar el desborde de la situación económica y social. Se impuso “la incredulidad de los hombres, que nunca se fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos”. (Maquiavelo. El Príncipe, cap. XXVI)

La promesas pre-electorales del candidato justicialista, muy resumidamente, proponían un proyecto de “revolución productiva” y “salariazo” para revalorizar la cultura del trabajo por sobre la especulación, que fuera protagonista estelar del comportamiento económico de los argentinos a partir de 1976.Todo una ironía ante la evidencia de la política que luego se aplicó. Aún así permitía descubrir el pragmatismo y la decisión del líder a la hora de adecuarse a los requerimientos que la coyuntura exigía.

Su mandato comienza declamando ante el mundo su compromiso de enfrentarse ante un

país “por hacer” con un Estado por “rehacer” (Menem, C. y Dromi, R.:R.de E. y T.N;1990, p 9)

“Ahora, los argentinos dicen sí al cambio, a la transformación y simultáneamente dicen no a la especulación, a la desinversión, al déficit fiscal, a la ineficiencia estatal (…).Sólo con un Estado renovado, apoyado por la iniciativa privada, comprometido con la inversión productiva, será posible poner en marcha la producción, el ingreso, la utilidad (…) En suma, solidaridad y sacrificio compartido son el tema de nuestro tiempo.”

“Necesitamos capitales que se humanicen (…) La falta de racionalidad en la administración del Estado ahuyenta el capital de riesgo y sólo promueve el capital de la especulación (…) Por eso la Reforma del Estado sostiene una economía popular y de mercado (...) No más empresarios subsidiados. No más Estado ineficaz e invasor (…) El derecho democrático debe permitir al hombre la comunicación con el Estado, como un nuevo lenguaje de los que mandan y de los que obedecen”

El 29 de diciembre de 1990, con la sanción del decreto 2741 suscripto por el presidente Carlos Menem, se cierra el círculo de impunidad abierto con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Se indulta o perdona a los militares hallados culpables y condenados por los atroces y aberrantes delitos cometidos durante la última dictadura militar. La historia jurídica y política argentina no registraba antecedentes de reos condenados y procesados por tantos y tan graves crímenes[2] en el marco de un total respeto a las garantías del debido proceso y la intervención de los más altos tribunales del país con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Entre los fundamentos para su decisión decía que era una contribución para afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados “los sectores verdaderamente representativos de la Nación”. Agregaba que por sobre toda consideración ideológica, era la única solución posible para la reconciliación definitiva de todos los argentinos.

Así, Menem incorpora a los militares como partícipes subordinados de su estrategia de gobierno; “sólo en ese marco tiene sentido considerar la cuestión de los DDHH” (Novaro, M:Cara o Ceca: 61)(…)” Su estrategia de pacificación supuso cerrar definitivamente la revisión del pasado y los juicios, como paso para asegurarse la obediencia firme de los uniformados en vista a los objetivos que realmente importaban: la integración al mundo unipolar que resultara de la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento del bloque soviético, y la adecuación del aparato estatal a una nueva etapa de expansión capitalista”.(Novaro, M.: Cara o Ceca:61)

La causa de la “reconciliación y el olvido” tenía entusiastas partidarios en la iglesia, las FFAA y un sector importante del PJ y de la UCR. La premisa que sostenían era que los crímenes cometidos desde el Estado no alcanzaban a deslegitimar lo que las Fuerzas Armadas se habían visto obligadas a hacer en salvaguarda de los superiores intereses de la Nación, como lo fue combatir la subversión.

Con este ánimo fue que Menem proclamó el cierre de tan largo ciclo de inestabilidad y se proclamaría a sí mismo artífice de la definitiva pacificación del país.

“Como presidente de los argentinos, me comprometo ante Dios y ante mi pueblo a suturar definitivamente estas heridas, para que a partir de la unidad nacional marchemos hacia la patria grande…” (Dársena Norte 30/09/89). A sólo siete días de pronunciar estas palabras (07/10/89) firmará los primeros indultos dejando en libertad a más de 250 represores. Al año siguiente firmará los últimos, liberando al resto, entre ellos a los condenados en el juicio a los comandantes.

Así comenzó su gestión Menem, la década del ’90 encuentra a nuestro país con todos los genocidas en libertad a través de mecanismos constitucionales. Gozaban de libertad y especulaban con la posibilidad de una reivindicación de lo actuado: “Casi unánimemente se coincide en que el liderazgo militar convergerá sobre Jorge Rafael Videla por la forma casi mística y sin momentos de flaqueza espiritual con que sobrellevó sus 5 años de prisión (…) el comportamiento de Videla fue inobjetable en todo momento (Editorial “Ámbito Financiero” 22/08/1989)

La decisión de dejar en libertad a los máximos responsables del Terrorismo de Estado recayó en una acción unipersonal sin necesidad de consensos. Cabe recordar que como contracara de esto, Alfonsín necesitó de dos leyes del Congreso, y su intervención personal en la votación. Por cierto, la concepción schmittiana de la acción política está presente desde la cúspide del poder; la decisión como impulso vital de la acción política, que se impone en un contexto de emergencia económica y social, sobre la deliberación pública. Si durante la campaña electoral, Menem se cansó de repetir la frase “sólo un tonto puede confundir pacificación con amnistía”, los indultos marcaron el comienzo de un profundo cambio para la Argentina indisolublemente ligados a las profundas transformaciones de la economía política estructural, y le permitieron conformar una coalición económico-social y política marcadamente heterogénea que se encolumnó detrás de su liderazgo sin cortapisas. Sin ese apoyo difícilmente hubiese podido lograr sus objetivos reformadores.

Menem pudo lograr con cierto éxito llevar a cabo su política neodecisionista, gracias a una sociedad individualista y atomizada, con una oposición fragmentada.

“Las teorías políticas decisionistas pueden distinguirse por tres rasgos básicos comunes:

1) Atribuyen una importancia central y definitoria a la decisión en las cuestiones políticas.

3) Tienen al estado de excepción o de emergencia, como la manifestación más pura de ese poder definitivo” (Heller, A. 1989; Schmitt, C. 1984, 1985,1994).

El nuevo decisionismo o neodecisionismo del que se habla en los ’90, tiene importantes diferencias con ese decisionismo de la teoría, pues aparece como respuesta al desafío de la globalización y la crítica de las estructuras de representación institucional. Aporta una lógica eficientista, frente a la lógica de los procesos deliberativos de control horizontal que se muestran como ineficaces para conjurar esa crisis. Este estilo neodecisionista de gobierno “coincide con una forma de democracia “delegativa” que reinterpreta el estilo republicano de la división de poderes (…) como división de funciones” de un mismo y único poder estatal”. El decreto, el veto, el control de la Corte Suprema de Justicia fueron parte central de esta estrategia para reformar el aparato estatal a gusto del mundo empresarial y actores internacionales.

Tanto la política de impunidad, como la concreción de un plan de despojo de los recursos nacionales pasados a manos privadas (y todos los símbolos de los ’90: indultos, flexibilización laboral, la reglamentación del derecho de huelga, adhesión de Isaac Rojas y Martínez de Hoz a la política económica, la venta de empresas del Estado, despidos masivos, tropas al Golfo Pérsico, política de sumisión a los EEUU) no hubiesen sido factibles sin la intervención y aprobación de los representantes del Estado en su conjunto (Congreso de la Nación, Corte Suprema o Poder Ejecutivo). Fue un Estado fuerte, legitimado, el que logró un marco legal a la política de impunidad en todos sus términos; siendo además garante del cumplimento de esos “pactos”.

A partir de esta forma de liderazgo tomará forma una “matriz ideológica” sustentada en:

a) “Una determinada interpretación de la historia que resignifica el pasado.

b) Una reestimación de los fundamentos del poder político como constructor de orden y

c) Una estructura normativa capaz de articular los contenidos doctrinarios, jurídicos y organizacionales de la decisión política.”(Bosoer-Leiras: cap.2)

La definición de una “matriz ideológica” se explica a partir de la aplicación del sistema de ideas y creencias como un mapa que “orienta la navegación en el mar de la política” (Sartori, G., 1992).

Así, la figura de Carlos Menem encarnará el ascenso de esta coalición político-ideológica convirtiéndose en el “hombre de Estado” que logra controlar la situación y se hace cargo de plasmar “una nueva voluntad colectiva”.

Néstor Kirchner es el emergente de la gran crisis de 2001. Asume la presidencia de la Nación con un magrísimo 22% de los votos y un peronismo dividido que debe reconstruir legitimidad sobre ese porcentaje. Una y otra vez apelará a esta situación para justificar su decisionismo concentrador. “Todas las mañanas me doy cuenta de que no ha quedado nada. Que no hay Estado. Que sólo estoy yo” en una interesante glosa de la frase de Luis XIV, “El Estado soy Yo”, superpuesta a la de Carl Schmitt, el soberano es quien decide en el Estado de Excepción” (reportaje revista Debate junio 2003)

El kirchnerismo se nos presenta, entonces, como un intenso fenómeno de poder a secas al punto que N.K. en las dos primeras semanas de su gobierno produjo por sorpresa dos hechos decisivos, que marcaron su mandato presidencial. En la primera semana descabezó la cúpula del renacido Partido Militar, en la segunda promovió el juicio político contra la mayoría automática en la Corte Suprema. Y pidió al Congreso la ratificación de la convención internacional que determina la imprescriptibilidad de la desaparición forzada de personas y la declaración de nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

¿Era una cuestión de “emergencia decisionista” donde crisis y decisión se precisaban mutuamente, el que después de casi 30 años Kirchner reabriera este capítulo procesal?

¿Se trataba de un anacronismo utilizado políticamente como carta demagógica populista para aumentar su exigua base electoral?

Lo cierto es que el gobierno de Kirchner mostró una actitud muy clara en relación con los derechos humanos. No le interesó escuchar argumentos contrarios a su posición, ni tampoco le importó justificar su actitud o entreverarse en un debate frente a quienes mostraban ideas contrarias a las oficiales; no aceptó correcciones a su postura. La agenda de los DDHH volvió a colocarse en el centro de la escena política a partir de su llegada a la presidencia. Vale recordar que durante todo el período post-1983 se preservaron la mayor parte de las lógicas de represión policial selectiva y persecución a disidentes políticos.

En agosto de 2003, el Congreso declara “insanablemente nulas” las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hasta el año 2010, producto de esta medida hay 820 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad procesados y un total de196 condenados.

Esta inusual situación, contrasta de manera drástica con lo acontecido durante la gestión del Presidente Carlos Saúl Menem que intentó cerrar la cuestión del Terrorismo de Estado en Argentina.

El propio Alfonsín había intentado cerrar el tema con un juicio “ejemplar”; Menem con los indultos de “pacificación”; De la Rúa rechazando las extradiciones y la cooperación penal internacional. Néstor Kirchner provoca la sustitución de la noción de impunidad por la de una justicia universal con la reapertura de las causas. El contraste es notable no sólo con las gestiones de signo partidario opuesto, sino con las del partido de su mismo signo político (el peronismo), un verdadero viraje en la materia.

N.K, tuvo la visión de encarar como propio un viejo anhelo de justicia: el de los familiares y de los organismos de DDHH, acompañados por importantes sectores de la vida política argentina en la lucha contra la impunidad.

El 24 de marzo de 2004, en el acto en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), Kirchner mostraba una voluntad de negación de la experiencia acumulada desde el Estado y desde la sociedad en veinte años de gobierno civil, entraba en lo que había sido un reducto emblemático de la represión ilegal y el exterminio. Pedía perdón en nombre del Estado, en un acto organizado fuera del predio, despojado de las características propias de una ceremonia de Estado, sin representantes parlamentarios, ni del poder judicial o de la oposición y casi sin gobernadores.

“Ese día también es nuestro, a pesar de la discriminación ideológica que ni el peronismo ni sus votantes merecen”, expresaban su descontento un grupo de gobernadores desaprobando el modo en que Kirchner se había conducido. Lo hacían a través de una solicitada titulada “Nunca Más”, publicada en el diario “La Nación” del 24 y 25 de marzo de 2004.

La proclama de Kirchner era sobre todo un acto de militancia. Revisaba y dejaba atrás una posición política sobre el pasado que había estado vigente en el peronismo, de Luder a Menem y Duhalde. El PJ no se acomodaba fácilmente a ese giro. Prueba de ello fue el congreso partidario realizado pocos días después, donde De la Sota arrancaba una ovación de la mayoría de los presentes reivindicando a Rucci. Las políticas de gobierno reabrían el camino de la justicia recibían más apoyo de la oposición radical y de centroizquierda que en el propio partido y el sindicalismo peronista.

La decisión política de Kirchner fue determinante, ante todo porque forzó un cambio de postura en su propio partido. Además, la renovación de la Corte Suprema apoyada por casi todo el espectro político, garantizaba la continuidad de una posición jurídica favorable al enjuiciamiento de crímenes considerados de lesa humanidad.

La compleja relación entre justicia, historia y memoria nace de la relación que éstas tienen con la noción de verdad. La Comisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideran una cuestión de principios en lo que se refiere a los estados, el deber de poner a disposición de los individuos y de las sociedades, todos los medios necesarios y las informaciones en su poder, al fin de conocer “(…) la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quienes participaron en ellos” (Cfr. Informe N° 25/98, par 95 de la CIDH).

El hecho de que el Estado deba poner a disposición todos los medios necesarios a fin de satisfacer el derecho a la verdad de una parte no implica necesariamente el involucramiento del poder Judicial.

Por eso el pronunciamiento de la Corte Suprema en la confirmación de la derogación de las leyes de amnistía, representa un momento relevante para el reconocimiento de la promoción y tutela de los DDHH. El razonamiento de los jueces supremos, haciendo referencia a la Constitución, encuentra su propio fundamento en el significado jurídico propuesto por la comunidad internacional. El derecho penal, como garantía de derecho a saber lo que sucedió, es derecho de verdad, o bien de conocer los hechos y sus responsables, como garantía de no repetición y posibilidad para una sociedad de encontrarse, repensarse y redefinirse.

Vale traer a colación, que debió ocurrir el Holocausto para que, por primera vez, se estableciera un tribunal para juzgarlos. El Tribunal de Nüremberg, que fue severamente criticado entre otros motivos, por haberse constituido por las potencias vencedoras y establecerse con posterioridad a los hechos creando un Estatuto especial para juzgar a los responsables, sin embargo dio respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia. Este Tribunal tuvo el altísimo mérito de abrir un fructífero camino que inició una nueva etapa en el derecho penal internacional.

Su principal triunfo podríamos decir, fue haber vencido el obstáculo que significa imaginar una realidad distinta a la que se tiene.

El 25 de mayo de 2003 N.K. tuvo la valentía de decirle al Congreso de la Nación “yo no vine para dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Y de seguido además de haber llevado al banquillo a los represores removió la desprestigiada Corte menemista para integrar un supremo tribunal con juristas respetados, independientes y sin nexos espurios con el Poder Ejecutivo; juristas todos, que pasaron por un proceso de selección revisado por asociaciones civiles sin vínculo político alguno con el gobierno.

NK “imaginó” una Justicia comprometida con el derecho, no sometida al decisionismo del Ejecutivo y procedió en consecuencia.

“El racionalismo positivista ha hecho del derecho un instrumento universal al servicio de cualquier ideología” (Dromi, R. 1994 op. cit.). Desde esta concepción asume el menemismo asume que el derecho está cargado de axiología al servicio de idearios políticos, cualesquiera sean.

Por lo tanto, “el derecho debe estar comprendido, comprometido, responsabilizado con el sistema político” (Dromi, R., 1994. Op. cit.)

Desde esta visión, el derecho deja de ser un sistema de reglas que permite la coexistencia de distintas concepciones y creencias acerca de cuestiones como “el bien”, “la verdad” o “la buena sociedad” y pasa a ser “la herramienta de la verdad”. (Dromi, R., 1994. op. cit.)

“La realidad denuncia que la Constitución está sitiada. El Estado ha cambiado y la Constitución no puede permanecer indiferente. Muchas cláusulas constitucionales ya han dejado de estar vigentes por el propio desuso (…) Este divorcio entre la Constitución escrita y la Constitución vivida, entre la Constitución formal y la Constitución real nos está dando el imperativo de reformar ahora la Constitución” (Dromi, R., op. cit.)

Así la CSJN con la integración de aquéllos años avaló la constitucionalidad tanto de las leyes de impunidad como de los indultos a condenados y procesados. “La matriz ideológica, en este caso, fue un principio de legitimación agregado, aunque claramente diferenciado, al de legitimación democrática”(Bosoer-Leiras: op. cit. P.43)

De hecho, la nueva Corte Suprema fue tan autónoma que varios de sus fallos sorprendieron, comprometieron e incluso perjudicaron los intereses del propio gobierno “k” (como por ejemplo la queja que hizo pública la Presidenta Cristina Fernández por las medidas cautelares a favor de los medios audiovisuales, sentencias que consideró “pro-monopolio”).

La matriz ideológica menemista, surge con absoluta transparencia, de manera similar a como había ocurrido con Kirchner, pero ubicada en las antípodas. En 1989 ni bien asume Menem, su Ministro de Defensa Italo Luder sincera la política respecto del Terrorismo de Estado y declara que “el gobierno argentino perdonará a militares rebeldes acusados de violar los derechos humanos como parte de una estrategia para aumentar la credibilidad del país y atraer inversiones extranjeras (…) el inversor no es filántropo, asume un riesgo; sino tiene reglas claras en el campo económico y solución del conflicto militar entre otros aspectos” (El cronista Comercial 25/08/1989)

La sinceridad más brutal llegará a partir de 1990 con una seguidilla de hechos. En marzo las Madres de Plaza de Mayo son acusadas por Menem de traición a la patria; en abril es detenida otra vez la ex detenida/desaparecida Graciela Daleo, en junio las Madres reciben su cuarto atentado (robo y destrucción de la Casa de las Madres) y en noviembre Menem pide que “dejen de cargar con sus muertos, y olviden, que los muertos lloren a los muertos”.

En plena implementación de la Reforma de Estado el presidente de la nación advierte a la población que participaba de marchas de repudio a su política económica, y sobre todo a los jóvenes que repudiaban sus planes para la educación que “no vaya a ser que volvamos a tener otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos” (Página 12. 09/07/1992)

Esta inversión de los términos de la responsabilidad sobre lo sucedido durante la dictadura, la criminalización de los actos militantes y el descuido de sus madres, se enlaza con la peor tradición de la dictadura en Argentina y una campaña similar lanzada por la Policía Federal (1976/77) “¿sabe usted señora dónde está su hijo ahora?”

La dictadura mató miles de ciudadanos para aplicar un plan económico que se plasmó en los ’90, pero preservando a la vez la figura del Estado, para monopolizar nuevas decisiones con autoridad.

N.K. por el contrario, tendrá un sinnúmero de gestos contundentes: a la semana de asumir descabeza la cúpula del ejército y recibe a las Madres de Plaza de Mayo (08/06/2003). Al mes deroga el decreto de De La Rúa y restablece la cooperación internacional en materia penal (decreto 420/03 del 25/07/2003). Ese año el Congreso Nacional declara nulas las leyes de impunidad y en diciembre, el día internacional de los derechos humanos, en una nueva edición de la Marcha de la Resistencia por los DDHH, convoca otra vez a las Madres a la Casa Rosada. El nuevo aniversario del golpe militar (24/03/2004) lo encuentra dando un discurso en la ESMA y transformando el lugar en Museo de la Memoria, mientras retira los cuadros de los generales de la dictadura. En diciembre de 2007 se produce la primera sentencia desde la reapertura de los juicios; en 2008 el país suscribe el convenio sobre desaparición forzada de personas (sólo dos naciones lo hacen en ese momento: Argentina y Francia) y en sólo 3 años son casi doscientas las condenas.

Mientras Menen culpabilizaba los actos militantes, Néstor Kirchner, en el discurso de la ESMA de 2004 y también ante NU reconoció la lucha de los familiares de desaparecidos y pide volver a tomar como ejemplo la militancia social de los desaparecidos (de hecho, en las últimas sentencias, la militancia política de las víctimas ha sido considerada un agravante en la pena, algo impensado en el juicio a los comandantes).

Esta nueva situación, de reconocimiento del componente militante político y social de “un proyecto nacional y popular”, traza un relato que retoma a sus protagonistas y les devuelve su lugar político.

Por eso la distancia entre lo que bien se hace actualmente, impone por momentos un abismo. “Y podemos sostener que la situación es inédita no sólo en nuestra historia reciente, sino en el siglo y medio que nos separa de la conformación de un Estado que ha resuelto sus conflictos sociales con una violencia inusitada y nunca antes revisada desde una noción de justicia institucional hacia las víctimas”. (Napoli, Bruno. Cara o Ceca. P.75)

El 26 de diciembre de 2006 el Presidente Néstor Kirchner recibió en la Casa Rosada a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Durante el encuentro Bonafini le realizó una entrevista al Presidente para el programa “Pariendo Sueños” que se emitió en una edición especial el jueves 28 a las 22 hs por AM 530 La Voz de las Madres, y por internet en www.madres.org.

“Los juicios por los DDHH- decía N.K- son juicios en muchos casos que trascienden a las personas, abarcan a las instituciones. Hay muchos que están pensando, cuando se vaya este “loquito” de la presidencia todo volverá a ser como antes”. “La reconciliación sin justicia es imposible, especulando con que dejemos el pasado. Y ese pasado es presente. La construcción del presente democrático argentino tuvo muchos huecos porque tendió a tener una actitud cómplice con ese pasado que fue horrendo.”

“Es imposible quedar bien con todos los intereses. Hay intereses que van a reaccionar. También hay quienes dicen que quieren el cambio y la transformación y son socios del pasado abrazados con la oligarquía, burlándose.”

“El sistema tradicional- concluía- no responde, está agotado. Hace falta construir un espacio político nacional y popular dejando la política del jerarca que tanto daño hizo. El gran desafío es la construcción de poder popular como lo vemos en Venezuela, Ecuador y la Bolivia de Evo”.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo recibió con satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular los indultos dictados por el menemismo con los que buscó beneficiar a los genocidas.

“La medida constituye un verdadero acto de justicia que permite reafirmar el camino para lograr el juicio y castigo para los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Este fallo termina de derribar el muro de impunidad con que se pretendió ocultar el pasado sobre la base del olvido. Las Madres, ahora más que nunca, seguiremos reclamando la cárcel para los genocidas de nuestros hijos.” (01/07/2007)

Alfonsín había recibido a la Madres de P. de M. y a la A.P.D.H. (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de la qué él era co-presidente y fundador, en noviembre de 1983 siendo presidente electo pero no en funciones. Ya a cargo del ejecutivo las recibe el 06/08/85, y escucha las quejas por la sucesión de ascensos a militares denunciados por crímenes de la dictadura. En la última audiencia con ellas (24/06/86) no se presenta, va a una gala del Teatro Colón y las Madres ocupan la Casa de Gobierno durante 20 horas esperándolo. Luego de esto, nunca volverá a recibirlas.

Menem, no sólo no las recibe sino que las ataca sin miramientos en cada tribuna que puede. De la Rúa hace lo propio.

Kirchner no sólo las recibe tempranamente y las reivindica sino que las convoca asiduamente., transformándolas en parte simbólica y material de su gestión.

“En junio de 2003 N.K. me pregunta ¿qué es ser presidente? ¿Los ganaderos, el helicóptero…? O cambiamos lo que estamos haciendo o no tiene ningún sentido…” Eran los primeros gestos. (Reportaje a Aníbal Fernández –Ministro del Interior- en radio AM 530 el 26/02/07).

“La policía que pegaba no debe, no debería estar más. Nosotros estamos desarrollando una policía profesional. Las manifestaciones populares son contenidas por personal policial sin armas de fuego. La contención debe estar dada en el marco de la democracia; explicar, convencer, desarrollar estrategias que nos muestren que con la autoridad uno puede ganar, y no con el palo.”

“De las fuerzas a cargo del Ministerio del Interior, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, nadie tiene habilitación para pegarle a nadie. Los gestos de genuflexión de las fiestas fastuosas de champagne y habanos que terminan estafando[3] al que menos tenía, se terminaron. La calidad institucional ha mejorado mucho. No tenemos un palco en el Tabarís como Juan Duarte, o la testa rosa.”

“Para que a uno le vaya bien tiene que saber hacer participar al resto de la sociedad. Manu militari no sale nada. Para desarrollar una política de estrategia social que sea comprendida y acompañada tiene que tener la gente al lado, sino no lo van a entender ni a acompañar.”

“¿Cómo hacer sino para desarrollar una política pública en la que nos crean que estamos yendo hacia un determinado lugar? No puede ser que saque una ley y le de dos garrotazos en la cabeza para que usted acepte que la ley es buena. Circunstancialmente puede ser que a algunos no les haga todo lo bien que desean, pero le tiene que hacer bien al conjunto de la sociedad. Escuche a todos que nunca le va a ir mal.”

El juicio a las Juntas Militares fue un hito en la lucha contra la impunidad, sin embargo la política de DDHH de Alfonsín tuvo como objetivo someter sólo a juicio a unos pocos. Desde el inicio se pensó en la obediencia debida, así fue como se sancionó la ley 23.049 que modificaba el Código de Justicia Militar con el objeto central de excluir la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. De esta manera el gobierno instauraba la idea de un origen individual de los crímenes, descartando la existencia de un plan y una metodología institucional.

En la misma línea de debilitamiento de la calidad institucional, el gobierno de Alfonsín confirmó la permanencia en sus funciones de los miembros del Poder Judicial que habían actuado durante la dictadura.

Y en cuanto a derecho internacional no declaró la imprescriptibilidad de los crímenes, ni estableció su carácter de lesa humanidad, o sea no se aplicaron con efectividad las nociones de derecho internacional.

El argumento utilizado fue la necesidad de armonizar las instituciones con la conciliación entre los argentinos. La CSJ finalmente avaló la política de gobierno y declaró válidas las leyes.

Los sucesivos gobiernos que lo sucedieron, de los presidentes Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde, negaron sistemáticamente todo pedido de colaboración judicial y de extradición solicitados por los países que habían iniciado causas penales contra argentinos por crímenes de lesa humanidad.

Max Weber decía en “La política como vocación” ”…sacaré la conclusión de que no han estado a la altura de sus propios actos, no han estado a la altura del mundo tal como realmente es, ni a la altura de su tiempo (…) carecieron de la vocación política que creían poseer…”

El único gobierno que, ni bien asumió dio signos inequívocos, fue el de Néstor Kirchner tal como se señaló precedentemente. En agosto de 2003 el Congreso de la Nación sanciona la ley por la que se declararon insanablemente nulas las leyes de impunidad. La CJN coordina una comisión interpoderes que también monitorea el estado de las causas y permite que en su seno se discutan las distintas problemáticas. Debe decirse que por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, el avance de estos juicios se ha tornado una política de Estado, más allá del Gobierno. Con “Instituciones capaces de convertir las libertades en derechos, instituciones capaces de fijar límites precisos entre el poder político y la sociedad civil” (Botana, N.:1994)

Podemos afirmar entonces que la gestión de Kirchner en el tema DDHH se caracterizó por un “decisionismo” sin crisis ni emergencia que mutuamente se precisaran y “autorizara todo” y reconstruye la trama institucional. La historia jurídica argentina no registra antecedentes de reos condenados y procesados por tantos y tan graves crímenes, con total respeto a las garantías del debido proceso por los más altos tribunales del país y el reconocimiento de la comunidad internacional.

Demuestra una nítida reformulación de los presupuestos ideológicos, contenidos en la matriz ideológica del menemismo y todos los otros gobiernos que lo precedieron o sucedieron.

Recordando a Max Weber “… nadie puede sentenciar si hay que proceder conforme a la ética de la responsabilidad o de acuerdo a la ética de la convicción; no son términos opuestos entre sí, son complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, que pueda tener “vocación política”. Llegado aquí, estimado auditorio, me permito emplazarlos para que hablemos nuevamente de este tema dentro de diez años”.

Bosoer, F. y Leiras, S.(2001). “Los fundamentos filosóficos del decisionismo presidencial en la Argentina, 1989-1999: ¿Una nueva matriz ideológica para la democracia argentina? (págs. 41-89). En Pinto, Julio (Compilador).Argentina entre dos siglos. La política que viene. Buenos Aires: EUDEBA.

Botana, Natalio, (1995): “Las transformaciones institucionales en los años del menemismo” .Revista Sociedad, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)-conferencia del 04/11/1994-

Leiras, S. (2008): “De Néstor Kirchner a Cristina Fernández: entre la continuidad y el cambio”. Revista N°12 “Actualidad I”

Baldioli, Alberto. “Neodecisionismo en América Latina: entre la apatía cívica y la participación política. Argentina Brasil (1989-1992).

Thwaites Rey, Mabel (2003): “La (des)ilusión privatista. El experimento neoliberal en la Argentina”. EUDEBA

Andreozzi, Gabriele (coordiador)(2011): “Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina”. Ed. Cara o Ceca.

Menem C. y Dromi R.,(1990): “Reforma del Estado y Transformación Nacional”. Ed. Ciencias de la Administración.

Baldioli, Alberto. “Neodecisionismo en América Latina: entre la apatía cívica y la participación política. Argentina Brasil (1989-1992).

Levy, Guillermo (28/04/2012):”El legado de Martínez de Hoz”. Diario Pág.12: p10.

[1] Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Ciencia Política (UBA).

[2] N.A. Los Crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo al Derecho Internacional son imprescriptibles, y no admiten siquiera reducción de pena alguna.

[3] Nota del Editor: algunas palabras de esta entrevista fueron cambiadas en la edición, de esa manera se suavizó el lenguaje expresado por el ex ministro en la entrevista.