Resumen
A partir de finales de los años 90s del SXX Hugo Chávez Frías
propugnó por un cambio en la política latinoamericana, su ejemplo sería seguido
por varios mandatarios a lo largo de la primera década del SXXI. En el presente
escrito se analizarán comparativamente el accionar político del líder
venezolano y sus pares Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina, y la
ruptura del paradigma neoliberal en la región.
Abstract
In the end of decade of 1990 in the last century, Hugo Chávez
Frías defended a change in Latin American politics. His example would be
followed by several presidents during the first decade on the twentieth one
century. This work will compare Venezuelan leader’s and Néstor and Cristina
Kirchner’s political behavior and the breakthrough of neoliberal paradigm in
the region.
“Neoliberalismo y carácter
de la ruptura con el mismo, en los casos de Hugo Chávez, y Néstor y Cristina
Kirchner”
Por: Carolina Lebermann
INTRODUCCION
La presente
investigación, tiene relevancia porque en América del Sur se registra un
período de grandes transformaciones. El paradigma neoliberal que rigió nuestras
políticas económicas desde fines de los 70, y más profundamente en la década de
los 90, ha perdido el consenso del que gozaba. Han sido electos en la región,
una mayoría de gobiernos anti-neoliberales (Hugo Chávez 1999, Kirchner 2003,
Lula Da Silva 2003, Tabaré Vázquez 2005, Evo Morales 2006, Bachelet 2006,
Rafael Correa 2007, Daniel Ortega 2007, Fernando Lugo 2008, Ollanta Humala 2011).
A la vez, en algunos países han sido electos gobiernos que sostienen en
neoliberalismo y las relaciones con los Estados Unidos (Álvaro Uribe, Sebastián
Piñera).
A la hora de
delinear posibles escenarios futuros, es necesario analizar la profundidad de
los cambios emprendidos, en qué aspectos se ha roto con los 90 y en qué
aspectos el neoliberalismo sigue presente. Tomaremos el caso argentino, por ser
nuestro lugar de residencia y acción política, y lo compararemos con Venezuela,
por ser el que –consideramos- ha realizado los cambios más radicales.
El objetivo del
presente trabajo es analizar comparativamente las presidencias de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y de Hugo Chávez Frías, observando
las políticas públicas que llevaron adelante y cómo fueron reaccionando los
diferentes actores, para así establecer en qué grado se ha roto con el
neoliberalismo en ambos países, cual es la situación actual y qué posibles
escenarios se delinean en un futuro cercano.
En los años `50,
el paradigma dominante en la mayoría de los países latinoamericanos era sin
duda el desarrollismo. Éste se basaba en la proposición de que el capitalismo
productivo y nacional iba a llevar a los países subdesarrollados, a alcanzar el
nivel de desarrollo de los países centrales.
El Estado de
Bienestar, en un principio, generó una situación de pleno empleo y de seguridad
social para la mayoría de los habitantes. Sin embargo, hacia los años 70, las
economías latinoamericanas entran en crisis, por diversas razones que no cabe
aquí explayar.
El ciclo de
dictaduras en la mayoría de los países, y, excepcionalmente, un gobierno
elegido democráticamente en Venezuela, comienzan a instalar el paradigma
neoliberal. Los grandes grupos económicos notan que es menos rentable producir
que especular sobre esa producción, y así van transformándose los mecanismos de
acumulación de capital. En esta época comienzan a implementarse algunas medidas
de corte neoliberal, como las privatizaciones, la liberalización financiera,
etc.
Los años ´80 son
un período de crisis generalizada, donde aún quedan algunas resistencias, y ya
en los ´90 el modelo neoliberal se instala en toda su profundidad. Tanto Carlos
Andrés Pérez en Venezuela, como Carlos Menem en Argentina, utilizan en sus
campañas discursos populistas, productivistas, anti-FMI, de retorno al
desarrollismo. Y los dos presidentes, al asumir, hacen totalmente lo contrario
a lo prometido. Así, en la década de los ´90 van a implementarse las reformas
neoliberales en profundidad en ambos países. Venezuela, tras las presidencias
de Pérez y de Caldera, llegó a tener un 60,94% de su población en situación de
pobreza (en 1997);
y Argentina, hacia fines de 1996 ostentaba un 17,1% de nivel de desempleo,
agravándose la situación hasta el 2002, donde el desempleo alcanzó su pico del
21,5%.
Como reacción a
las situaciones expuestas en el párrafo anterior, tomó cuerpo la creencia de
que el neoliberalismo no era la panacea que se había proclamado, ni mucho
menos. Así, en Venezuela, gana las elecciones presidenciales de 1999 el
Comandante Hugo Chávez, representante de una alianza con clara orientación de
izquierda (el Polo Patriótico, que incluía al MVR, al partido Comunista, al
MAS, entre otros). A su vez, en Argentina, tras un fallido intento de gobierno
de la Alianza y tres gobiernos interinos, en 2003 es electo Néstor Kirchner,
apoyado por Eduardo Duhalde y con un discurso en el cual se diferenciaba
abiertamente de Carlos Menem, proponiendo un programa de perfil
socialdemócrata.
Tanto Hugo
Chávez como Néstor Kirchner, y su sucesora Cristina Fernández, han llevado
adelante programas de gobierno que de alguna manera, retornan al paradigma
desarrollista, ahora llamado “neodesarrollista”. Han transformado las
relaciones con el FMI y con los Estados Unidos; contra el monetarismo
fiscalista de los ´90, y han impulsado la industrialización de sus respectivos
países, impulsando fuertes políticas sociales inclusivas.
El sistema de
problemas que aquí planteamos, respecto a los gobiernos de los Kirchner y de
Chávez, es el siguiente: ¿en qué grado y en qué aspectos, rompen con el
paradigma neoliberal? ¿Que continuidades podemos observar y cuales pueden ser
sus posibles causas? ¿Podemos hablar de un retorno al desarrollismo, o se trata
de nuevos paradigmas de gobierno?
A partir de la
ruptura del orden neoliberal en Venezuela en 1999, y en Argentina en 2001, se
han desarrollado dos proyectos de gobierno con muchas similitudes, pero también
con diferencias sustanciales. Nuestra hipótesis es:
“Los grados en
que Chávez y los Kirchner habrían roto con el neoliberalismo son diversos, y
varían según el área temática en que nos enfoquemos. El proceso de ruptura en
la dimensión económica sería mucho más marcado en Venezuela que en Argentina;
mientras que la construcción simbólica de anti-neoliberalismo es igual de
importante en ambos países”.
MARCO TEÓRICO
Para introducirnos brevemente en el tema del desarrollismo,
utilizaremos los aportes que sobre ese período histórico hace Ruy Mauro Marini.
En el caso de Venezuela tomaremos un texto de Rodríguez, y en el caso Argentino
de Verseci.
Para trabajar el tema de la crisis de este modelo, y el surgimiento
del neoliberalismo, nos basaremos en los aportes de Rodríguez Rojas, Varesi,
Sader y Svampa.
Al trabajar el tema de las reformas neoliberales, nos serviremos de
estos mismos cuatro autores, definiendo al neoliberalismo como lo hace Pierre Bourdieu.
Agregaremos los aportes de Castel y Vilas sobre políticas sociales.
Para el caso argentino, usaremos los textos de Bosoer y Leiras, de
Novaro y de Gambina para caracterizar a Menem; y para ver las reformas al
estado lo haremos a través de Thwaites Rey, López, Corrado y Ouviña.
En el caso venezolano, usaremos para su etapa neoliberal los textos
de Corrales, Maignon, y Gómez Sánchez.
Más adelante, para analizar las presidencias de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández, utilizaremos los trabajos de Leiras, Varesi, Barbosa y Gambina.
A
la hora de estudiar a Chávez, nos serviremos de los aportes de Guerrero, López
Maya, Lander, y Ellner y Hellinger.
Por
último, analizaremos ambos procesos y extraeremos nuestras conclusiones
basándonos en los trabajos de Sader, Guerrero, Gambina, y en un interesante
aporte de José Schulman.
1. DESARROLISMO (O DE DÓNDE SURGE EL NEOLIBERALISMO)
Hacia mediados
del Siglo XX, el paradigma dominante en la mayoría de los países
latinoamericanos era sin duda el desarrollismo. Su teorización surgió de los
estudios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en particular de
un informe elaborado en 1949. Según el economista y sociólogo brasilero Ruy
Mauro Marini, la teoría del desarrollo tenía “un propósito definido: responder
a la inquietud y la inconformidad manifestadas por las nuevas naciones que
emergían a la vida independiente, a raíz de los procesos de descolonización, al
darse cuenta de las enormes desigualdades que caracterizaban a las relaciones
económicas internacionales. Confrontados a esa situación, los países
capitalistas centrales se preocuparon de explicar y justificar esas
disparidades, que los beneficiaban de manera óptima, al tiempo que buscaron
convencer a los nuevos Estados de que a ellos también se abrían posibilidades
de progreso y bienestar.”.
Ante la opción del socialismo como horizonte viable, el capitalismo debía
plantear una alternativa de mayor bienestar para las grandes mayorías si no
quería ser desplazado como relación social principal.
La teoría del
desarrollo se basaba en la proposición de que el capitalismo productivo y
nacional iba a llevar a los países subdesarrollados, a alcanzar el nivel de
desarrollo de los países centrales. Podríamos decir que era una diferencia de
grado de modernización, y no una diferencia cualitativa, la que hacía que un
país se ubique en uno u otro estadio del continuum de desarrollo. “Ello
implicaba que, a partir de medidas correctivas aplicadas al comercio
internacional y la implementación de una adecuada política económica, los
países subdesarrollados verían abiertas las puertas de acceso al desarrollo
capitalista pleno”.
El objetivo central de la política económica, para la Cepal, debía ser una
industrialización; para así elevar los salarios, dar mayor dinámica al mercado
interno y mejorar el desarrollo tecnológico. Este proceso llevado adelante en
muchos países de América Latina se conoció como “Industrialización por Sustitución
de Importaciones” (ISI), y se suponía que funcionara como catalizador para
solucionar todos los desequilibrios sociales y económicos de estos países.
El Estado de Bienestar, en un principio, generó una situación de
pleno empleo y de seguridad social para la mayoría de los habitantes. La
seguridad es definida por Robert Castel como “estar a salvo de los
imponderables que podrían degradar el status social del individuo”. Podemos decir que
durante el Estado benefactor, los ciudadanos vivían “seguros”. “El desarrollo
del Estado Social es estrictamente coextensivo a la expansión de las
protecciones. El Estado en su rol social opera esencialmente como un reductor
de riesgos”.
A su vez, el Estado estaba también acompañado por colectivos fuertes. Como dice
el autor, “existía una suerte de círculo virtuoso entre las relaciones de
trabajo estructuradas de modo colectivo, la fuerza de los sindicatos de masas,
la homogeneidad de las regulaciones del derecho laboral y la forma generalista
de las intervenciones del Estado que permitía una administración colectiva de
la conflictividad social”.
Veamos algunas
estadísticas de este período, para dimensionar el clima general de estas
sociedades:
En Venezuela, durante
el gobierno de Raúl Leoni (1964-69), por ejemplo, se mantuvo la producción
petrolera en sus niveles más altos, se aumentó la producción de hierro, el
crecimiento interanual del PTB (Producto Territorial Bruto) fue de 5.6%
interanual (con mayor proporción del agro y la industria), la tasa de desempleo
bajó de 14,2% en 1962 a un 6,4% en 1968; se mantuvo el equilibrio
presupuestario, se logró reducir la deuda pública y se
incrementaron las reservas de la Nación; se avanzó en la Reforma Agraria, se
incrementó la generación de energía eléctrica, se construyeron gran cantidad de
vías de transporte nuevas, aumentó el presupuesto para las áreas de salud y
educación, y se incrementó la matrícula escolar, entre muchos otros logros.
En Argentina, “como
resultado de la política económica en el periodo 1958-1962 se lograron los
siguientes resultados: se triplica la producción de petróleo, se difunde el uso
del gas, se incrementa notablemente la producción de carbón de Río Turbio, se
triplica la producción de acero. Se sanciona la ley de radicación de capitales
extranjeros,
aumenta la producción y el consumo de energía, se construyen 12.000 kilómetros
de carreteras, se incrementa notablemente la radicación de plantas automotrices,
con el consiguiente aumento de la producción en el sector. Disminuye el déficit
público como consecuencia de la racionalización administrativa.”.
Sin embargo,
hacia los años 70, las economías latinoamericanas entran en crisis, por
diversas razones que no cabe aquí explayar.
Tan solo esbozaremos brevemente que la tasa de beneficio disminuyó, la ausencia
de ahorro interno fue compensada con deuda externa para el desarrollo, el
Estado entró en crisis fiscal, y que la falta de ciertas tecnologías llevó a
incentivar la inversión externa –si bien regulada-, haciendo que los países subdesarrollados
tengan economías muy vulnerables. Todo esto, sumado a la ofensiva neoliberal
que se da a nivel mundial, hace que “cuando se abre el ciclo de las dictaduras
militares, el desarrollismo cepalino entra definitivamente en crisis..
2. SURGIMIENTO DEL NEOLIBERALISMO
Con las
dictaduras militares (en la mayoría de los casos, ya que el comienzo del
neoliberalismo, excepcionalmente, en Venezuela se dio bajo un gobierno elegido
democráticamente), se impone un modelo económico basado ya no en el capital
industrial sino ahora en el capital financiero. Los grandes grupos económicos notan
que es menos rentable producir que especular sobre esa producción, y así van
transformándose los mecanismos de acumulación de capital. La situación de todas
formas es bastante diferente en los dos países a trabajar.
2.1 EL CASO VENEZOLANO
En Venezuela, en
los 70 comienzan a evidenciarse las deformaciones que en la economía producía
la magnitud de los ingresos petroleros. El gran aumento del precio del barril
entre 1970 y 1979, y la especulación financiera que de él se deriva, van a
tener sus graves consecuencias cuando nuevamente descienda el precio del
petróleo, llevando a la crisis que comienza en 1983.
Bajo el gobierno
de Luis Herrera Campins (1979-84), se comienzan a implementar las primeras
medidas de corte neoliberal como la reducción del gasto público y la
liberalización de los precios. Este tipo de medidas van a continuar en el
siguiente gobierno, el de Jaime Lusinchi. “En el periodo de 1983-1988 se
producen medidas económicas que en ningún momento pretendían hacer un cambio
estructural en el modelo económico rentista, a pesar de reconocerse su
agotamiento, sólo se aplicaron medidas a corto plazo y de carácter coyuntural.
La década de 1980 en Venezuela se inserta, igual que el resto de la América
Latina, en lo que se ha hecho llamar “década perdida”.”
2.2 EL CASO ARGENTINO
En Argentina,
como plantea Maristella Svampa,
los cambios de orden económico, respecto al modelo desarrollista, comienzan en
la década del 70. Podemos ubicar el primer intento de liberalización y ajuste
con el “Rodrigazo” en 1975; y luego con la dictadura militar que comienza en
1976. Como también sostiene Gastón Varesi,
los sectores más concentrados se alían con el Estado, para reprimir a la clase
trabajadora. Desarticulan las organizaciones de la clase trabajadora, eliminan
sus expresiones armadas y disciplinan a la población mediante el terror,
abriendo así las condiciones para una profunda
transformación de las bases económicas, políticas y sociales en las que se
asentaba la sociedad argentina. Los militares y
sus aliados civiles, despliegan una política económica de corte neoliberal:
reducción arancelaria a la importación, liberalización financiera, altas tasas
de interés para fomentar la especulación y la “valorización financiera”, entre
otras medidas que favorecieron a los principales grupos económicos, tanto
nacionales como extranjeros. También hacia la segunda mitad de los 80, ya en
democracia y bajo el gobierno radical, comenzó a figurar en la agenda pública
el tema de las privatizaciones, aunque no pudieron llevarse adelante por la
oposición de los legisladores justicialistas (partido que unos pocos años
después, al ser gobierno, las implementaría).
Podríamos decir de
manera muy esquemática que en los 70 se preparan las condiciones para llevar
adelante este modelo económico, y comienzan algunas medidas de corte
neoliberal; los 80 son un período de crisis generalizada, donde aún quedan
algunas resistencias, y que ya en los 90 el modelo neoliberal se instala en
toda su profundidad.
3. AUGE DEL PARADIGMA NEOLIBERAL
Queda entonces claro
que el proceso de liberalización no comienza en la década de los 90, sino bastante
antes. Lo que implica una abrupta ruptura en los 90 es el grado en que se
aplicaron las políticas neoliberales en la mayoría de los países de América
Latina.
Citemos a Pierre
Bourdieu, pues es muy claro al respecto: “esta utopía [la del neoliberalismo] suscita
una formidable creencia, la fe en el libre cambio, no solamente en los medios
de quienes viven en él en forma concreta, como los financistas, los patrones de
las grandes empresas, etc., sino en los de aquellos que extraen de él la
justificación de su existencia, como los altos funcionarios y los políticos.
Ellos sacralizan los poderes del mercado a nombre de la eficacia económica, la que
exige el desmonte de barreras administrativas o políticas que puedan molestar a
los detentadores del capital en la persecución puramente individual de la
maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de
racionalidad.”
El neoliberalismo se caracteriza por:
v
Privatización de las empresas estatales
v
Liberalización/desregulación del mercado de
bienes y capitales
v
Transferencia de capital del sector productivo
al financiero/especulativo
v
Gran injerencia de organismos internacionales en
políticas nacionales.
v
Independencia del Banco Central
v
Control de la inflación como principal objetivo,
a costa del aumento exponencial de la deuda pública (Convertibilidad en el caso
argentino).
v
Flexibilización laboral
v
Reducción del papel del Estado, despido de gran
parte del personal
v
Políticas sociales compensatorias y focalizadas.
v
Pensamiento único, instalado desde los medios de
comunicación
v
Visión negativa de la política, de la acción
colectiva, y de la juventud. Individualismo
Nos vuelve a
decir Bourdieu: “en nombre de este programa científico de conocimiento [el
neoliberalismo], convertido en programa político de acción, se cumple un
inmenso trabajo político (…), que busca crear las condiciones de realización y
de funcionamiento de la “teoría”: un programa de destrucción sistemática de los
colectivos.”.
Consideramos que este es un factor clave del proyecto político que encarna el
neoliberalismo, que está profundamente asociado con su proyecto económico. La
desestructuración de los colectivos es lo que permitió que reformas tan
perjudiciales para las grandes mayorías pudieran ser llevadas a cabo, sin que
la resistencia alcance para detenerlas. La primacía del capital financiero está
profundamente asociada con los altos niveles de pobreza, con la exclusión
social, con la desvalorización de la política como acción colectiva, con el
individualismo generalizado, con la flexibilización laboral, con la
concentración de riqueza y con la vulneración permanente de derechos básicos.
Ninguno de estos factores puede analizarse como algo aislado; y a la vez, todos
estos factores son los que van a empezar a revertirse, en mayor o menor grado,
con los nuevos gobiernos en América Latina.
3.1 ARGENTINA:
REFORMA DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES, LIBERALIZACIÓN, CONVERTIBILIDAD.
Carlos Menem
asumió el gobierno en julio de 1989, seis meses antes de lo que hubiera
correspondido, dada la situación de conmoción social y de crisis económica que
se vivía en el país. Las primeras dos leyes que sanciona, sin oposición del
Congreso, son la Ley de Emergencia Administrativa (o de Reforma del Estado) y
la Ley de Emergencia Económica. Predicando una supuesta lentitud del Congreso,
el presidente comienza con una práctica que va a ser predominante a lo largo de
toda la década: los Decretos de Necesidad y Urgencia. Es a través de esta
herramienta que se va a llevar a cabo el proceso de liberalización,
imprimiéndole sus principales características: la celeridad e improvisación con
que se realizó.
Menem lanzó un
programa de ajuste inédito en la Argentina. Uno de los pilares fundamentales
del programa fue el vasto plan de privatizaciones de las empresas estatales de
servicios. Asumiendo el diagnóstico liberal-conservador de la ineficiencia
estatal, las privatizaciones se realizaron con inusitada rapidez, fuertemente
marcadas por la necesidad urgente de “caja” que tenía el Estado. La ley de
Reforma del Estado incluía una nómina de más de 20 empresas “sujetas a
privatización”. Las primeras en venderse fueron Aerolíneas Argentinas y ENTEL,
por su atractivo para inversores extranjeros. En 1992 se completó el grueso de
las privatizaciones, con la electricidad, el gas, obras
sanitarias, y los principales ramales ferroviarios. En menos de cinco años se
privatizaron casi 100 empresas públicas. Las palabras del Ministro Dromi, quien
ante el Senado de la Nación manifestó que “lo fundamental es hacer y realizar,
y si no se hace por ley lo haremos por decreto”, son muy ilustrativos
de esta etapa. Esa expresión muestra que “lo importante era la rapidez y el
dinamismo que había que imprimirle al proceso privatizador, más allá de
cualquier forma legal o institucional. Con ello se cuestionaba y
degradaba una vez más el papel del Parlamento -sede natural de las
discrepancias- como instancia deliberativa legítima, marcando así un estilo de
gestión y un tipo de política refractarios al debate público.”
Las
privatizaciones implicaron todo un cambio en el concepto de “servicio público”,
y apuntaron claramente a una mercantilización de los mismos. Se consideraba que
el mercado era el asignador de recursos más eficiente, dejando así
desprotegidos a grandes y crecientes sectores de la población.
En un mismo
sentido, las políticas sociales del período neoliberal, como desarrolla Vilas, tienen tres
características básicas. La primera de ellas es la privatización, es decir, la
introducción o el incremento de aranceles en los servicios básicos,
mercantilizándolos e incorporando un criterio de comercio en los mismos. En
Argentina, por ejemplo, el sistema previsional fue parcialmente privatizado en
1993. La segunda característica es la focalización de las políticas: se reemplaza
la acción estatal universal por programas sociales asistenciales dirigidos a un
grupo específico de la población (los sectores de pobreza extrema), para así,
con un mínimo de recursos, paliar las graves consecuencias del modelo
económico. Es un mecanismo compensatorio, antes que una integración plena del
sujeto a la sociedad. Cumple una función “bomberil”, es decir que actúa sobre
situaciones límite para evitar tensiones fuertes. La asistencia se concibe como
transicional; se supone que, tras una etapa inicial, el equilibrio producirá
crecimiento económico y nuevos puestos de empleo. Su financiamiento proviene
por lo general de fondos externos, como donaciones o créditos muy blandos. La
tercera y última característica de las políticas sociales neoliberales es su descentralización:
se intenta que sean implementadas por agencias gubernamentales de menor nivel,
como provincias o municipios; o directamente por Organizaciones No
Gubernamentales. Esto generó muchos problemas de implementación, ya que los
municipios no cuentan con la estructura necesaria (en términos de recursos
organizativos, administrativos, humanos y materiales) para llevar adelante las
políticas.
Desde una visión
más general, y para utilizar el concepto de Castel, hablaríamos de una
ciudadanía “desprotegida”, que vive “inseguridad”, y que sería la principal
destinataria de estas políticas públicas. “Existen franjas de la población, ya
convencidas de que han sido dejadas en la banquina, impotentes para dominar su
porvenir en un mundo cada vez más cambiante.”
Otro aspecto de
la desprotección fue la flexibilización laboral, que se concretó a través de
varios instrumentos. El 17 de octubre de 1990, Menem
suscribió el decreto 2184/90, destinado a regular el ejercicio de huelga en los
servicios esenciales. El decreto 1334 de mayo de 1991, prohibía homologar los
convenios colectivos que contuvieran cláusulas indexadoras. Los salarios no
podían pactarse por menos de seis meses y todo incremento de salarios debía
vincularse con mejoras en la productividad. Con la Ley
Nacional de Empleo de diciembre de 1991, se establecía la
contracción temporaria y la reducción de las cargas sociales con las que, según
el gobierno menemista, se incentivaría a los empleadores para crear más puestos
de trabajo. Los efectos principales de esta mutación
del capitalismo, en el ámbito social y laboral, son, según Castel, “la
imposición de una movilidad generalizada de las relaciones laborales, de las
carreras profesionales y de las protecciones asociadas al estatuto del empleo;
dinámica profunda que es, simultáneamente, de descolectivización, de
reindividualización y de aumento de la inseguridad.”.
La flexibilización
laboral, sumada a la creciente desocupación o subocupación, impactó
negativamente en los sindicatos. Éstos perdieron mucha fuerza y capacidad de
negociación colectiva. Las reformas promovidas desde el gobierno, también
transformaron la relación de los aparatos sindicales con sus afiliados, ahora
considerados “clientes” a los cuales había que venderle “servicios”: se llamó a
este fenómeno, “sindicalismo de negocios”. Una parte de la CGT aceptó las
reformas que se estaban llevando adelante, a cambio de puestos en las listas
del Partido Justicialista, de mantener el monopolio de la representación, y del
control de los fondos de las obras sociales, entre otras cosas. Sin embargo, la
Confederación se fracturó, ya que algunos sectores se opusieron fuertemente a
las reformas.
Surgió también una Central de Trabajadores alternativa, pero al día de hoy
(2011) no consigue personería gremial.
Otro de los
pilares del proceso fue el Plan de Convertibilidad, de abril de 1991, que consistía
en fijar por ley la tasa de cambio entre el peso argentino y el dólar
estadounidense, y en el compromiso del Estado de que toda la moneda circulante esté
respaldada con las reservas en divisas del Banco Central. Con este plan se
logró reducir drásticamente la inflación y estabilizar la economía. Más con
este compromiso, la economía del país se hacía altamente dependiente de la
afluencia de capitales extranjeros, y terminó acrecentando la deuda externa.
Además, el Estado perdía autonomía para manipular variables monetarias.
Esto está
sumamente relacionado con la independencia del Banco Central, establecida en
1992 por Cavallo. La nueva Carta Orgánica puso como único
objetivo del BCRA asegurar el valor de la moneda, alterando su objetivo
originario: asegurar el desarrollo económico con altos niveles de empleo. Como
plantea Emir Sader, “autonomizar el Banco Central y la política monetaria es la
expresión institucional y política de la hegemonía que el capital financiero
asume en el neoliberalismo. El capital financiero bajo su forma especulativa,
esto es, no como financiador del desenvolvimiento económico, del consumo y de
la investigación, sino esencialmente de la compra de papeles de la deuda
pública y de la compra y venta de títulos en la bolsa de valores. Un capital
parasitario, que no crea bienes, ni empleos, apenas transfiere capital,
acentuando su concentración.”
La independencia
del Banco Central fue uno de los principales canales por donde el FMI y el
Banco Mundial tuvieron injerencia en la política interna argentina, y de los
demás países de América Latina. Sin mencionar la deuda externa, cuyas continuas
renegociaciones implicaron fuertes condicionamientos a la política interna
argentina (y del resto de los países tercermundistas). El ingreso al Plan Brady
en 1992, para refinanciar la deuda, implicó una serie de acuerdos sobre las
políticas públicas con el FMI, el BM y el BID, que limitaban severamente la
soberanía nacional. El gobierno menemista redujo los impuestos sobre las
importaciones, se desregularon variadas actividades económicas, y se eliminaron
restricciones a las inversiones externas. Todas estas medidas fueron señales
claras para la comunidad internacional en el sentido de incentivar las
inversiones extranjeras, asegurando la adhesión argentina a las reglas del
mercado mundial.
Esta concepción de
reducir el papel del Estado, que se venía gestando como vimos desde los `70,
vino acompañada de una fuerte reducción de la planta de empleados estatales. De
cerca de 335 mil empleados públicos, se pretendía desvincular a 120 mil
aproximadamente. El Banco Mundial y el BID hicieron los préstamos para pagar
las indemnizaciones. Los organismos de salud y educación se descentralizaron a
las provincias, y se disolvieron o reestructuraron muchos organismos.
Para poder llevar
todas estas reformas, Menem necesitaba una Corte Suprema sumisa. Con mayoría en
ambas cámaras, no le fue difícil que se apruebe su proyecto de ampliar la Corte
de 5 a 9 miembros. Dos de los ministros renunciaron, y el presidente, con
acuerdo del Senado, designó a los 6 miembros faltantes. Por otra parte, Menem
también reemplazó -por primera vez en la historia argentina, mediante un
decreto y sin acuerdo del Senado- al procurador general de la Corte.
Como plantean
Ferreira Rubio y Goretti,
hubo dos factores que fortalecieron el poder presidencial en esta etapa. Uno es
el hecho de que el Partido Justicialista contara con mayorías en el Congreso,
la Corte Suprema, y los órganos de fiscalización, y con numerosas Gobernaciones
e Intendencias; y el segundo factor fue la emergencia económica, que a los ojos
de la opinión pública amerita una acción rápida y eficaz. Siguiendo el
desarrollo de Bosoer y Leiras, podemos definir al liderazgo menemista como
decisionista. “En el plano jurídico opondrá la excepción a la norma, la
decisión personal a la normatividad impersonal, la competencia (¿cómo se decide
y quién decide?) al contenido sustancial (¿qué se decide?). En el plano
político opondrá la soberanía del Estado al poder difuso y disolvente
representado por la sociedad; el Estado asociado con la guerra y la política a
la moralidad burguesa, la economía y la tecnología; la dictadura presidencial a
la democracia parlamentaria. En el plano filosófico, finalmente, la decisión
política a la discusión pública y crítica”.
Como plantean los autores, aparece como respuesta a las crisis de los grandes
relatos colectivos, de empleo, de las estructuras tradicionales de
representación; a los desafíos impuestos por la globalización y a la primacía
del paradigma liberal.
El rol de los
medios de comunicación en toda esta etapa fue clave. Marcos Novaro y Vicente
Palermo,
califican al uso de los medios en la campaña y los primeros años menemistas
como muy intenso. Menem hablaba continuamente de una vieja y una nueva
política. Se constituyó simbólicamente como “caudillo salvador”, con una
relación directa con las masas, “no sólo a través de la propaganda televisiva
sino de caravanas en las que recorrió las principales ciudades del país (…).
Las caravanas le permitieron además focalizar el vínculo con sus adherentes en
torno a su persona y reducir al mínimo el rol de la organización y la presencia
partidaria”.
Y con esto llegamos
nuevamente, y por otro camino, a un punto clave en nuestra concepción del
neoliberalismo: la descolectivización. Durante estos años, desde los distintos
ámbitos se tendía a desvalorizar la acción colectiva y pública, y a resaltar al
individuo y a lo privado. Desde las decisiones presidenciales, relegando al
Congreso a un plano secundario; hasta la privatización de los servicios
básicos, la transformación iba claramente en ese sentido. El rol del Estado se
transformó drásticamente.
Y nótese que
hablamos de transformar, no de “reducir” como suele argumentarse, pues
consideramos que en los `90, no ha habido “menos” intervención estatal. Como
demuestran los datos de los principales organismos nacionales e
internacionales, el Estado ha mantenido o incrementado, según los casos, las
unidades organizativas y el gasto público. Lo que ha hecho es reorientarlos
para garantizar las ganancias del capital, como plantean Andrea López, Aníbal
Corrado y Hernán Ouviña.
Los ciudadanos ya no son concebidos como sujetos de derecho sino como meros
consumidores, ahora lanzados al mercado para resolver individualmente sus
necesidades.
¿Cuáles fueron las
consecuencias del modelo? Tras las reformas, el estado quedó reducido
básicamente a las funciones de administración de justicia, defensa de la
propiedad privada, relaciones exteriores, cobro de impuestos y emisión de
moneda. Las consecuencias sociales fueron evidentes: la tasa de pobreza era de
un 25,9% en 1998, ascendiendo a un 38,3% en 2001; la de desempleo era de 18,3%
en 2001 y llegó a 21,5% en 2002.
La precarización, la desigualdad creciente y desarticulación de los colectivos
fueron los resultados más visibles.
“En las sociedades
modernas, los ciudadanos se vinculan con el Estado y las estructuras de poder a
través de 4 instituciones principales: la escuela, el hospital, el plan de
obras públicas y la policía. La conjunción de crisis y neoliberalismo ha
conducido a la contracción drástica del plan de obras, al deterioro de la
educación básica, a la crisis de los hospitales. Empleo, cobertura escolar y
atención en salud caen verticalmente. La policía resulta en consecuencia el
medio sobreviviente de relacionamiento del Estado con los ciudadanos. En estas
condiciones la gobernabilidad puede ser rescatada bajo el imperio del control,
pero la democracia se queda por el camino.”
Llegados a este
punto, consideramos de suma relevancia aclarar una cuestión. Hasta ahora hemos
analizado básicamente las acciones desde la perspectiva estatal. Es verdad que
desde los sectores dominantes (a través del Estado, de las relaciones
laborales, de los medios de comunicación) se propugnaba el individualismo y la
descolectivización. Pero esto no significó que los sectores populares no
resistiesen. La acción colectiva fue menos frecuente, menos cotidiana, pero más
intensa cuando se producía, dada la adversidad del contexto.
Al principio de la
era menemista, es real que hubo un bajo nivel de movilización. Pero hay un hito
que rompe con ella y que marca el inicio de la etapa de resistencia: el motín
que se produce los días 16 y 17 de diciembre de 1993 en las ciudades de
Santiago del Estero y La Banda, iniciado por la falta de pago de salarios a los
empleados estatales, quienes asaltan e incendian los edificios de los tres
poderes del estado provincial, provocando un gran impacto nacional e
internacional. A partir del “santiagueñazo”, entramos en una fase de la
movilización de los sectores populares que se evidencia en distintas marchas y
sucesos de acción colectiva.
El 6 de julio de
1994 comenzó la Marcha Federal, que partió desde La Quiaca para arribar a Plaza de Mayo. Participaron del acto final cerca de 50 mil personas y
sectores muy diversos.
El 20 de Julio de 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior -como tercera ley importante que
establecía los lineamientos del Banco Mundial en la educación argentina- sin
consultar a la comunidad universitaria y estableciendo fuertes tendencias
privatistas. Esto generó una gran movilización de los sectores universitarios,
sobre todo estudiantiles, para evitar su sanción. Durante 1995 y 1996, las tres
grandes organizaciones gremiales del país (CGT, CTA y MTA) van a lograr un
relativo nivel de acuerdo.
Durante esos dos
años convocaron a jornadas de paro y movilización contra el gobierno de Menem y
sus políticas de flexibilización laboral, siendo los años de mayor cantidad de
huelgas generales de la década. El 14 de agosto de 1997 se realizó otra huelga
general importante, convocada por la CTA y el MTA, y con la presencia de un
incipiente actor: los desocupados, que poco a poco iban siendo llamados
piqueteros. A esto debemos sumarle el inicio de los llamados “piquetes” hacia
fines de junio de 1996, cuando cerca de 20 mil habitantes de Cutral-co y Plaza
Huincul cortaron durante una semana todas las rutas de acceso al área,
demandando fuentes de empleo genuino, y dando nacimiento a una forma de
protesta que en los años siguientes se extendería de una forma inimaginable por
todo el país.
En el año 1997 se
instaló la “Carpa Blanca”, iniciándose así el conflicto en el sector educativo.
Ese mismo año proliferaron los cortes de ruta y los ataques a edificios públicos
en demanda de empleo genuino. Todas estas expresiones de protesta, más allá de
los indicadores, ponían en tela de juicio al modelo menemista como respuesta a
las necesidades de la población.
La grave situación
social descripta, contribuyó decisivamente a la deslegitimación de Menem y el
PJ y a que en 1999 ganara la elección presidencial Fernando de la Rúa, por la
Alianza (conformada por la UCR y el Frepaso); venciendo a Eduardo Duhalde (PJ).
De la Rua había centrado su campaña en “depurar las instituciones”,
contraponiéndose a la corrupción menemista. Asumió el gobierno en diciembre de
1999, pero al poco tiempo, demuestra su gran incapacidad para gobernar, y sobre
eso, el vicepresidente “Chacho” Álvarez renuncia el 6 de octubre del 2000,
acusando de corrupción a la administración delarruista y al Senado. Durante el
período en que duró su mandato, De la Rua mantuvo los lineamientos básicos del
neoliberalismo que ya describimos: convertibilidad y liberalización de la
economía, políticas sociales focalizadas e insuficientes -la promesa de
“democratizar la ayuda social” recentralizándola, fracasó rotundamente-, y la subordinación
a los organismos internacionales.
La Convertibilidad
necesitaba para sostenerse del ingreso de divisas. Al principio de la era
menemista estaban garantizadas por la venta de empresas estatales; sin embargo,
a medida que este recurso se fue agotando, el país se endeudó cada vez más. La
inestabilidad económica era muy grande, De la Rua tuvo que hacer varios cambios
de Ministros en esa cartera. Machinea estuvo hasta marzo de 2001, entre marzo y
abril estuvo Lopez Murphy, y finalmente asumió como Ministro de Economía, Domingo
Cavallo (por si quedaba alguna duda sobre la continuidad con la política
menemista). Entre mayo y junio de 2001, éste último ministro firmó, junto al
presidente De la Rúa, el “Megacanje”. Consistió en una refinanciación de la
deuda pública; pero no del todo legal: en 2006, ambos fueron procesados por el delito
de defraudación al Estado, por ese plan.
La situación
económica del país era de grave recesión. La gran cantidad de votos nulos y en
blanco en las legislativas de Octubre de 2001 ya predecían la magnitud de la
crisis política. En noviembre y diciembre de 2001, el modelo neoliberal mostró
su talón de Aquiles: se produjo una gran fuga de capitales, haciendo colapsar
al sistema bancario. A comienzos de diciembre, Cavallo anunció las restricciones
al retiro de fondos de los bancos (el "corralito") y a las
operaciones de cambio, para limitar la demanda de divisas, preservar el stock
de reservas y evitar la devaluación de la moneda, es decir, el abandono formal
de la Convertibilidad.
Nos detendremos en
este episodio pues lo consideramos un punto de inflexión en la suerte del
neoliberalismo argentino. La movilización popular no se hizo esperar. Las
primeras en reaccionar fueron las capas medias, por el “corralito”. Durante
todo diciembre se sucedieron las protestas, y el 16 comenzaron los saqueos a
los supermercados, por parte ya de amplios sectores populares, en su mayoría
desocupados y trabajadores precarizados. En ese momento explotó toda la tensión
social que venía acumulándose en los últimos años. En las jornadas del 19 y 20
de diciembre, confluyeron muy diversos sectores: desde ahorristas a quienes el
“corralito” no dejaba extraer su dinero de los bancos, hasta el sector
educativo, el de salud, partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales,
los movimientos de desocupados, en su mayoría piqueteros, y también muchos
sujetos autoconovocados que repudiaban al sistema político. La consigna que se
impuso fue: “¡Que se vayan todos!”, demostrando la profundidad de la crisis que
se vivía. El saldo de la represión gubernamental fue de 40 muertos. De la Rua
se vio obligado a renunciar el 20 de diciembre.
En ese momento, los
sectores movilizados no lograron articular una salida política, en su mayoría
tan solo expresaban rechazo al orden vigente. El mismo 20 asume la presidencia
Ramón Puerta, hasta entonces presidente de la Cámara de Senadores. Convocó a
una Asamblea Legislativa, y fue electo para reemplazarlo Adolfo Rodríguez Saá.
El 24 se declaró el default, pero el presidente no pudo hacerse cargo de la delicada
situación, y alegando falta de apoyo político, renunció el 30 de diciembre. El
siguiente presidente fue el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño.
Éste volvió a convocar a Asamblea Legislativa, que eligió al entonces gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, para asumir la presidencia.
3.2 EN VENEZUELA:
EL “PAQUETE ECONÓMICO”, PRIVATIZACIONES, DESCOLECTIVIZACIÓN, REPRESIÓN
En Venezuela, el
neoliberalismo nunca triunfó en las urnas. Quienes propusieron políticas gubernamentales
de libre mercado han sido históricamente rechazados por los electores. Los
gobiernos que aplicaron el neoliberalismo en Venezuela -los segundos gobiernos
de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera- lo hicieron bajo la manipulación, el
primero recordado por la nacionalización petrolera, el pleno empleo, la
Venezuela Saudita de la década de 1970; el segundo considerado como el
pacificador, el hombre equilibrado, que atacó a Pérez como traidor y en cierta
forma justificó los sucesos de 1989 y 1992 y, con ello, logró el apoyo popular.
En 1989 es
electo presidente, por segunda vez, Carlos Andrés Pérez. Su campaña fue un
discurso populista y anti-FMI, que recordaba su primer gobierno, durante el
cual la renta petrolera le había permitido sostener el pleno empleo y gastos
sociales altos. Pero apenas asume, anuncia el VIII Plan de
la Nación (o “Gran Viraje”), que definía la política exterior como la
estrategia para el desarrollo. Esto implicó que Pérez acuerde
con la banca internacional y lance un paquete de medidas de liberalización
(conocido como “paquete económico”). Las medidas constaban de privatización, reconversión
industrial, disminución del gasto público, eliminación de los aranceles de
aduanas, y liberación de los precios y de las regulaciones cambiarias.
Sin embargo, la
reacción popular no se hace esperar; y a menos de un mes de la asunción, en
febrero de 1989, el pueblo sale a las calles en lo que fue la movilización
espontánea más grande de la historia venezolana: “el Caracazo”. Sólo la
represión y los asesinatos indiscriminados pudieron detener a tal fuerza.
Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se atacaron las huelgas, los
sindicatos, se intervino la prensa y se reprimió al movimiento estudiantil.
Una cuestión a
resaltar, y en claro contraste con el caso argentino, es que el partido del
presidente no apoyó las reformas. Acción Democrática fue muy crítico con Pérez,
se opuso a prácticamente todas las reformas que éste planteó, y a fines de 1991
el partido rompió relaciones con el Poder Ejecutivo. Así, CAP vio truncada la
posibilidad de sacar adelante su proyecto político. El presidente intentó
encontrar aliados por fuera de AD, con otras fuerzas política; pero esto no
resultó y debilitó aún más su posición. Por otra parte, corría con una
desventaja respecto a Menem: en Venezuela no había habido hiperinflación,
factor que en Argentina disminuyó las resistencias a las reformas.
Los objetivos
económicos principales del gobierno de Pérez fue corregir los desequilibrios
económicos, mantener la estabilidad de los precios, reducir el déficit fiscal,
lograr competitividad internacional y abrir el mercado externo, fomentar las
inversiones extranjeras, liberar los precios, eliminar subsidios, y privatizar
empresas públicas -con su previa revalorización.
Al igual que en
Argentina, se reformó la legislación sobre el Banco Central. En 1992, se dictó
una nueva Ley del Banco Central de Venezuela, que aumentó la libertad de
elección de los miembros del Directorio, por cuanto éste quedaba formado por el
Presidente y seis directores designados por el Presidente de la República, con
la autorización del Senado, emitida por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros.
“La eliminación de la representación sectorial del órgano de gobierno del Banco
Central supuso un importante avance en la autonomía de la institución.”.
Según Corrales,
las reformas se dieron de diversas maneras según los diferentes ámbitos, de
acuerdo a la relación del sector con el gobierno. En el área industrial se
dieron las reformas más profundas (apertura comercial y eliminación de
subsidios), con una gran colaboración del sector.
Las empresas más
grandes que lograron privatizarse fueron CANTV, VIASA y Sidor (de esta última
se promulgó la ley de privatización en 1993, aunque finalmente se concretó el
traspaso en 1997). También el banco Italo Venezolano y República, ASTINAVE y
Central Azucarero El Tocuyo. Asimismo, se reestructuraron el Banco Industrial
de Venezuela, INOS, IMAU, VTV, INAVI, CADAFE, BANDAGRO, INH Y ADAGRO. Sin
embargo, a diferencia de la apertura comercial, el proyecto privatizador de Pérez
colapso a partir del golpe de febrero de 1992. Una razón crucial para este revés
político es que uno de los sectores afectados por las privatizaciones –las uniones
obreras –contaban con lazos formales fuertes con AD. Estos lazos institucionales
explican el por qué las uniones dejaron de cooperar con las privatizaciones a
finales del 1991. Una vez que AD decidió no cooperar más con el programa
económico, las uniones perdieron también el incentivo para seguir haciéndolo. A
partir de entonces, se canceló la posibilidad de aceptación política de
iniciativas reformistas en el área de privatizaciones. Lo mismo ocurrió con
la reforma agrícola: debido a las resistencias no pudo llevarse adelante.
Hacia 1992 la
situación en Venezuela era de crisis económica y política. El gobierno estaba
deslegitimado, entre los enfrentamientos con su propio partido y las sospechas
de corrupción. Ese año, se producen 2 levantamientos militares, el primero en
febrero del que participa Hugo Chávez y el segundo en noviembre. Si bien en su
momento ambos fueron intentos fallidos, van a tener sus consecuencias más a
largo plazo, ya que es el momento en que el futuro presidente Chávez se hace
conocido. Asimismo, contribuyeron a deteriorar aún más la ya frágil
institucionalidad.
En 1993, a
diferencia del caso argentino, donde Menem fue reelecto con gran consenso,
Carlos Andrés Pérez debe dejar la presidencia anticipadamente, bajo acusaciones
de corrupción, sin apoyo de su partido y en una situación de fuerte convulsión
social. Ramón J. Velásquez se hace cargo del gobierno transitorio, y en
diciembre de 1992 gana las elecciones Rafael Caldera, con un discurso
paternalista, anti-neoliberal, y de comprensión hacia los sucesos de 1992, que
demostraban gran enojo popular. Caldera venía del otro gran partido Venezolano,
COPEI, aunque a estas elecciones se presentó como “Convergencia” tras haber
perdido las internas y separarse de su partido. Notemos que aquí comienza a
expresarse la crisis de los partidos tradicionales, ya que se trata de la
primera elección presidencial perdida por AD y COPEI desde 1958.
Una vez electo, al
hallarse ante una situación de crisis social –y financiera- muy profunda, Caldera
lanzó un «Programa de Estabilización y Recuperación Económica», pensado como
puente entre el esquema neoliberal de Pérez y un nuevo modelo de desarrollo
económico que se incorporaría el Noveno Plan de la Nación. Es decir, este
programa implicaba retroceder en algunas medidas de liberalización, regresando
por ejemplo a los controles de precios y teniendo que decretar una
nacionalización general de la banca en 1994.
Caldera se vio ante la tarea de recomponer la confianza en el gobierno por
parte de una ciudadanía mus escéptica. Pero el período “populista” no fue
demasiado a fondo ni perduró en el tiempo. Las leyes emitidas en 1994 y 1995
buscaron proteger fuertemente al sector financiero, y las políticas continuaban
apuntando sobre todo a la estabilidad macroeconómica y a la apertura de las
fronteras para bienes y capitales extranjeros.
En marzo de 1996,
por un acuerdo de Estabilización Económica con el FMI, y ante las dificultades
económicas y políticas de la primera mitad de su mandato, se puso en marcha un
nuevo ajuste dirigido al logro de la estabilidad macroeconómica, conocido como
“Agenda Venezuela”. Se restableció la libre convertibilidad de la moneda,
progresivamente se desmontó el régimen de control de precios, incluso
incrementando algunos para fortalecer los ingresos fiscales, y se avanzó en la
privatización de entes públicos. Las primeras privatizaciones habían levantando
oposiciones desde diversos sectores. Sin embargo, tras convertirse en hechos
(Cantv, Viasa y el sistema portuario), la opinión pública fue cambiando, y esas
resistencias fueron desapareciendo paulatinamente. En algunos casos, ni los
partidos de izquierda se oponían con fuerza a las privatizaciones. Los años 1997
y 1998 representaron una continuidad en este sentido de ajuste, liberalización
y apertura económica.
Según Thais
Maignon, “La segunda presidencia de Rafael Caldera en 1993 fue un período de
reducción del papel del Estado en la sociedad y, en especial, de sus funciones
sociales, creciente desigualdad social y aumento de la pobreza.”
El sindicalismo
corre una suerte similar a su par argentino. Las bases de sustentación del
movimiento sindical venezolano se vieron minadas por varios factores: la
desaceleración del crecimiento del empleo productivo, el aumento de la
desocupación, la informalización del empleo, y por otra parte, por la gran
centralización en los mecanismos de toma de decisiones tradicionales del
sindicalismo venezolano, que hicieron aparecer hechos de corrupción y
negociación “entre bambalinas”. Además, como plantea Rolando Díaz, la
particularidad de los sindicatos en Venezuela es que fueron directamente
creados por los partidos. Los dirigentes sindicales no eran legitimados por sus
bases, sino colocados a dedo por el partido. Eran los partidos los que definían
las líneas de acción del movimiento sindical. Por ejemplo, el acuerdo que
prestó el movimiento sindical a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)
en 1997. Esta eliminó el cálculo retroactivo de la indemnización por despido,
que servía como garantía contra la inflación. Por otra parte, la obligación del
patrón de pagarle al trabajador un mes de salario por cada año de antigüedad en
caso de despido injustificado, se redujo a cinco meses de salarios, aumentando
la inestabilidad laboral al hacer menos costosos los despidos. “Fueron las
conducciones nacionales de los partidos las que dispusieron previamente la
reforma con el gobierno del ex-presidente Rafael Caldera para que recién
después de ese pacto el movimiento sindical y sus técnicos dieran forma y
viabilizaran la necesaria reforma laboral.”.
La política social
en toda esta etapa (1989-1999) consistió en la sustitución de políticas
universales por políticas focalizadas y compensatorias. Las características
fueron las mismas que ya desarrollamos para el caso argentino. El Plan de
Protección Social de la Agenda Venezuela se lanzó con el objetivo de proteger a
las familias de menores ingresos y compensar su ingreso en una situación de
emergencia social. “Desde el punto de vista político, las modalidades de gestión
del Plan de Protección Social de la Agenda afectaron negativamente el
desarrollo de la democracia así como de la construcción de una relación
Estado-sociedad basadas en el principio de igualdad y de ampliación de los
derechos sociales. (…) “el ciudadano como participante en política da paso al
ciudadano como consumidor y, eventualmente, como co-administrador” (…)Es una
participación controlada desde el Estado y tiene un carácter normativo que
prescinde de las condiciones del medio social en el que actúan los usuarios o
agentes participantes, de las condiciones culturales y socio-económicas de
quienes se aspira asuman el papel de `gerentes sociales´.” ()
En
1997, según el Instituto
Nacional de Estadística (la
entonces llamada Oficina Central de Estadística e Informática -OCEI), más del
60% de la población total de Venezuela se encontraba en condiciones de
pobreza.
4. LA SALIDA DEL NEOLIBERALISMO Y LOS NUEVOS GOBIERNOS
América Latina
fue donde primero se experimentó con el modelo neoliberal, y donde asumió sus
formas más radicales. Por lo tanto, fue la región del mundo donde produjo sus
efectos más nefastos, y se constituyó en el eslabón más débil de la cadena.
Desde la asunción de Chávez, se multiplicaron las experiencias de
cuestionamiento al neoliberalismo. Como decíamos en la Introducción, Kirchner asume en 2003, mismo año que su par brasilero Lula Da Silva.
En 2005 triunfa Tabaré Vázquez en Uruguay. 2006 es el año de las asunciones de
Evo Morales en Bolivia y Bachelet en Chile (aunque aquí luego se retornó a un
gobierno liberal, con el empresario Sebastián Piñera en 2010). Rafael Correa y
Daniel Ortega asumen sus respectivas presidencias en 2007, y finalmente Fernando
Lugo se convierte en presidente de los paraguayos en 2008. Recientemente
-2011-, vemos incorporarse a esta ola al Perú, con el triunfo de Ollanta
Humala.
Por lo tanto,
desde principios de este siglo asistimos a un retroceso general del paradigma
neoliberal, quedando solamente los gobiernos de Chile y Colombia con una buena
relación con los Estados Unidos y los centros de poder mundial. Sin embargo, el
anti-neoliberalismo no representa una homogeneidad. Los diferentes gobiernos
han tomados diversos caminos, pero visualizamos grandes dificultades para
articular potentes proyectos alternativos. Veamos qué ocurrió en los dos países
que son objeto de nuestro análisis tras la derrota de los gobiernos de De la
Rúa y Caldera.
4.1 EN ARGENTINA: TRANSICIÓN Y KIRCHNERISMO
(2003-2011)
El 2 de enero,
asume la presidencia de modo interino Eduardo Duhalde. Lo primero que hace
Duhalde, es poner fin a la Convertibilidad, y con ella a todo un ciclo
económico en la Argentina. “El que puso dólares, recibirá dólares y el que puso
pesos, recibirá pesos”, anunció. Finalmente, con la pesificación asimétrica de
deuda privada (es decir, que los bancos devolvieran 1,40 peso por cada dólar
prestado, mientras que los privados devolvieran 1 peso por cada dólar recibido
en préstamo del banco) se “socializaron” y licuaron las deudas de las grandes
empresas, del sector agropecuario y las privatizadas.
Además, el gobierno
dispuso un plan de “salvataje” al capital financiero para compensar a dicha
fracción del capital por las implicancias de la salida devaluatoria y la
pesificación asimétrica, y que sería cubierto con la emisión de nueva deuda
pública.
En el período de
Duhalde en la presidencia, si bien se logra estabilizar la economía, la
situación social prácticamente no mejora. La devaluación permite a los agentes
del capital productivo mejorar su capacidad exportadora y esto aportó a
recomponer las cuentas públicas, mediante las retenciones. El tipo de cambio
incentiva la industria nacional, pues importar se hace más costoso. Sin
embargo, el efecto inflacionario de la devaluación reduce el salario real, y
afecta a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, durante esta etapa
continúa habiendo un alto grado de movilización más que nada de asambleas
autoconvocadas y piqueteros. La protesta social es reprimida, llegando a su
punto cúlmine el 26 de junio de 2002, cuando son asesinados Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán.
Los Planes
Sociales, como el Plan Trabajar o el Barrios Bonaerenses recibieron un nuevo
impulso. Ya existían desde 1996, como respuesta del menemismo a los crecientes
niveles de conflictividad social; pero se habían visto reducidos durante el
gobierno de la Alianza. Duhalde lanzó el programa Jefes y Jefas de Hogar, y
reforzó los ya existentes. Aquí hay una diferencia con el modelo anterior, ya
que en cierta forma, se universalizaron, alcanzando a muchos más destinatarios.
Sin embargo, la lógica “clientelar” de manejo a través de punteros del PJ no
cambió, lanzando “Chiche” Duhalde sus “manzaneras” para distribuir los
alimentos del Plan Vida.
Asimismo, en 2002
se da un momento de auge de las empresas recuperadas. Cuando los patrones
abandonaban las empresas, a veces dejándolas vacías y a veces con todos los
activos adentro, muchos obreros decidían no quedar desempleados, sino
prescindir de la mediación patronal. Fueron muchos los casos en que se tomaron
las empresas y se las puso a producir, rompiendo el esquema de producción
tradicional.
La de Duhalde era
una presidencia interina, y con la Masacre de Avellaneda, tuvieron que
adelantarse las elecciones, fijándose para el 27 de abril de 2003. Menem salió
primero por la UCD, con un 24,3% de los votos y Kirchner (por el Frente para la
Victoria, y con el apoyo duhaldista) sacó un 22%. Al bajarse Menem del
ballotage, quedó proclamado presidente Néstor Kirchner.
Kirchner asume el
25 de mayo. Había buscado en su campaña, diferenciarse claramente de los
gobiernos de Menem y De la Rúa. Planteaba como ejes de gobierno la producción,
la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud. Sus slogans eran
“Un país en serio” y “Primero Argentina”.
Recordemos que
Néstor Kirchner asume impulsado por Duhalde y con una muy baja legitimidad. El
Ministro de Economía duhaldista, Roberto Lavagna, continua en su cargo; y el
presidente debe disputar el control sobre el fragmentado PJ con su predecesor.
Un 38% de la población tenía problemas de empleo, el 54% se hallaba por debajo
del límite de pobreza; y un 27% por debajo de la línea de indigencia; y la
sociedad aún descree de la política. Digamos que la situación no es la más
favorable para llevar adelante una política clara y fuerte. Primero era preciso
contar con legitimidad propia, y con el control sobre el PJ, clave de la
gobernabilidad en la Argentina actual.
En muy poco tiempo,
Néstor se hizo del apoyo de los más diversos sectores; desde la Unión
Industrial Argentina, pasando por la burguesía agroexportadora, hasta los
medios de comunicación, gran parte de los movimientos de derechos humanos y
algunos movimientos sociales (que comenzaron a acercarse sobre todo por su
política de Derechos Humanos, y por su discurso anti-neoliberal). Para el 2007,
al final de su mandato, contaba con una gran popularidad y legitimidad, con el
apoyo de casi todos los gobernadores, y con una mayoría propia en el
Parlamento. Además, controló a su partido y organizó por fuera del mismo una
fuerza propia (el Frente para la Victoria), sobre la base de la
transversalidad, es decir, la confluencia con sectores peronistas propios, del
progresismo y algunas figuras de izquierda.
La candidata a
sucederlo, Cristina Fernández de Kirchner, ganó la elección presidencial con un
44,8 % de votos, duplicando el porcentaje con el que había asumido Néstor.
Tomaremos de aquí
en adelante a los dos períodos presidenciales kirchnerista (2003-2007 y
2007-2011) como un todo, dado que consideramos que se trata de un mismo
proyecto de gobierno, y para facilitar la exposición al hacerla por temática y
no por orden estrictamente cronológico.
Néstor Kirchner
intentó construir su hegemonía en base al rechazo al modelo económico
neoliberal, a la deuda externa, al capital concentrado, a la impunidad, a la
corrupción, a la pobreza y a la exclusión. Lo mismo puede verse ya desde su
primer discurso como Presidente nacional:
“Por
mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política ésta es la
oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la
hora. Cambio es el nombre del futuro. (…) La medida del éxito de esa política
[la de los 90] la daban las ganancias de los grupos más concentrados de la
economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones
especulativas, sin que importaran la consolidación de la pobreza y la condena a
millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y en
enorme e interminable endeudamiento externo. (…) En este nuevo milenio,
superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros
parámetros, en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su
acercamiento a la finalidad de concretar en bien común (…) Queremos recuperar
los valores de la solidaridad y la justicia social.” (Clarín, 26/05/03).
Las primeras
medidas que tomó Néstor Kirchner, fueron tendientes a ganar simpatía popular.
Una de las primeras cosas que hizo a pocos días de haber asumido, fue criticar
fuertemente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsando su juicio político; y modificar la
composición de la Corte, popularmente repudiada. Teniendo en cuenta el rol que
jugó la Suprema Corte de Justicia en los `90, esto representa un quiebre
bastante importante.
Podemos decir que
un reclamo casi unánime de todos los sectores era el “Juicio y castigo” a los
responsables de la dictadura. “En sus tres semanas como Presidente, Kirchner
produjo seis hechos en esa franja de temas [los referidos a derechos humanos]
(…) Carente de un apoyo partidario tradicional, el Presidente necesita a la vez
ensanchar su base de apoyo sin perder en ningún momento las señas de identidad
que fijó como elementos constitutivos. La cuestión de los derechos humanos es
una de esas señas”.
A lo largo de su gobierno y el de su sucesora, el gobierno va a impulsar
fuertemente el juzgamiento de los responsables de la última dictadura militar.
En agosto de 2003 se anulan las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los
cambios en el Ejército y la policía, igual que la incorporación de Eugenio
Zaffaroni a la Corte Suprema, fueron bien vistos por los principales organismos
de derechos humanos. También se transformaron varios ex-centros clandestinos de
detención en espacios culturales.
Los juicios impulsados
ya han encarcelado a más de 100 represores. E incluso han empezado a poner
sobre el tapete la cuestión de la profunda imbricación de militares y civiles
en la represión. Esto tiene más profundidad de la que parece, y nos da una
pequeña clave para entender lo que está ocurriendo en Argentina. Como plantea
José Schulman,
el Genocidio, como momento fundacional del neoliberalismo, no tenía sólo como
objetivo destruir a la organización de los trabajadores y al movimiento
popular, sino también al sector de la burguesía que en los 50 y 60 había
apostado, con Gelbard y la Confederación General Económica, a un desarrollo
capitalista nacional, con más independencia de los países centrales y con un
importante mercado interno. Entonces, decir que hubo una “dictadura militar con
cómplices civiles” no es exacto: más bien lo que hubo fue un conjunto de sectores
y fuerzas militares, grupos económicos, intelectuales, comunicadores,
religiosos, políticos y sindicalistas, que, con la orientación de los Estados
Unidos, instauró la dictadura militar, en 1976 en Argentina y por esos años en
muchos otros países del continente. Si pensamos que fueron los militares los
que por motu propio tomaron el poder, no se explica por qué ocurrió a nivel
continental, y por qué en todos lados tuvo la misma consecuencia: el predominio
del modelo neoliberal. Todo este desarrollo, está implícito en la investigación
sobre Papel Prensa, que presentó Cristina Fernández en el año 2010, ya que
empieza a investigar a los actores civiles participantes en el golpe de Estado.
Si bien aún falta avanzar muchísimo en ese camino, esto es un primer paso. Por
eso lo consideramos tan relevante
Volvamos ahora al
resto de los aspectos del gobierno kirchnerista:
Desde la asunción
de Néstor Kirchner en 2003 se embanderó la cuestión de resolver la inequidad
social, tanto a través de planes más inmediatos y asistencialistas, como de
soluciones más estructurales. Observamos claramente esta intención en un
discurso de la Ministra Alicia Kirchner en abril de 2005:
“Lo que queremos
desde nuestra gestión de Gobierno es el desarrollo humano. Pero esto no se
produce con un decreto o apretando un botón mágico. Va a exigir un cambio de
tipo estructural y el Gobierno está empeñado en hacerlo -y les pido a ustedes
que nos ayuden a hacerlo- desde la articulación integral entre el Estado y su
sociedad civil. (…)La familia tiene que sentirse con pertenencia y con
pertinencia en el lugar, para lo cual necesita su vivienda, su empleo, tener un
lugar y eso es generar un activo patrimonial. Y nuestra política tiene que
ayudar a crear activos patrimoniales sino no sirve. (…) No se ha cambiado todo
pero el Estado está al frente de los problemas, no se esconde. La pobreza y la
desocupación no deben ser consideradas naturales e irreversibles. Es humano y
modificable. Es nuestra obligación el cambiar esto. El trabajo es el resolutor
de los problemas del país.”
Allí se enmarca el
aumento cuantitativo y cualitativo del alcance de los planes sociales, como el
Plan “Manos a la obra de 2003, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
también de 2003, y el Programa Familias por la Inclusión Social de 2005, todos
implementados desde el Ministerio de Desarrollo Social, y que se suman a los
diversos planes y programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Tras la crisis financiera de 2008-2009, el gobierno lanza el Plan
Argentina Trabaja, que implica una transferencia de ingresos hacia los sectores
más pobres, y por ende con más propensión al consumo, de más de 7.500 millones
de pesos en el 2010. Todo esto implica, en contraposición al menemismo, una
clara expansión de las funciones sociales del Estado. De todas formas, el mismo
gobierno reconocía
que esto no era suficiente para resolver los problemas de fondo de desempleo y
pobreza, cuyos niveles continuaban siendo altos. Se plantea como una
problemática a la que se viene enfrentando, pero que no se resuelve con tanta
facilidad, y menos sin la cooperación de los sectores más concentrados de la
economía.
Desde los niveles
críticos de 2002, la desocupación ha ido descendiendo, gracias a la
industrialización fomentada por el dólar alto, y al favorable contexto
internacional de altos precios de las commodities (soja, trigo, maíz, carne,
petróleo, etc.). El gobierno kirchnerista, aparte de las políticas sociales ya
mencionadas, ha impulsado aumentos en el salario mínimo; la expansión y
aumentos en los convenios colectivos de trabajo y la extensión masiva y el
aumento de las jubilaciones mínimas. En cuanto a acabar con la flexibilización
impuesta en los 90, no se ha avanzado demasiado. En 2004 se promulgó la ley
25.877. En ella, el período de prueba, las indemnizaciones y los aportes
patronales son los ejes sobre los cuales se propusieron los cambios, pero no se
ha alterado sino superficialmente el modelo flexibilizador de los años 90. De
hecho, propone la reducción de cargas sociales para las PyMEs de hasta 80
empleados, con el argumento de fomentar la creación de puestos de trabajo; es
decir, el mismo argumento que se utilizaba en los `90, y que termina
desprotegiendo al trabajador. La Ley regula varios aspectos que la del 2000 no
regulaba, pero aún consideramos que son necesarias mayores protecciones para
los trabajadores si queremos hablar de una ruptura plena con el neoliberalismo.
La posición de los
sindicatos respecto al gobierno cambió radicalmente: mientras que la mayoría se
opusieron a las políticas menemistas, hoy en día son una de las bases de apoyo
más importantes del gobierno nacional. La organización sindical se ha fortalecido,
dada la disminución del desempleo. Sin embargo, la única central reconocida
sigue siendo la CGT, negándosele la personería gremial a la CTA, surgida al
calor de la resistencia anti-neoliberal.
Por otra parte, en
especial en los últimos años, desde el gobierno se ha promovido fuertemente la
formación de técnicos y científicos. La importancia que tiene esta área para el
gobierno se observa en el rango ministerial que le dieron. A fines de 2007,
Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; área hasta entonces ubicada bajo la órbita
del Ministerio de Educación. Su misión es orientar la ciencia, la tecnología y
la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor
inclusión social y mejore la competitividad de la economía Argentina, bajo el
paradigma del conocimiento como eje del desarrollo.
Se entregan becas
de estudio, se realizan concursos y actividades en la comunidad, se hacen
acuerdos internacionales, y se fomenta el desarrollo de un Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), entre otras acciones. Un hito de
enorme trascendencia fue cuando, en junio de 2011, se lanzó el satélite SAC-D
Aquarius desde California. El satélite, construido íntegramente por argentinos,
y sin intervención de empresas privadas, aporta datos para diversas y
relevantes investigaciones científicas.
Argentina es la
encargada de centralizar y difundir los datos recabados. “Es muy importante la
tarea de los científicos y demuestran mucha inteligencia, pero para lograr el
desarrollo de las investigaciones, a la inteligencia hay que sumarle plata”,
destacó la Presidenta. Y aseguró que “hoy podemos poner en marcha esto porque
ha habido desde el 2003 a la fecha un formidable esfuerzo e inversión que hemos
hecho en todas las áreas como el Conicet, la Conae, las universidades, donde
pusimos todos los recursos que se necesitan para el desarrollo”.
Asimismo, desde el
kirchnerismo se predica fuertemente el antiimperialismo. Este aspecto tiene sus
claroscuros. Rechaza desde un principio las “relaciones carnales” con los
Estados Unidos. En 2005, se realizó en Mar del Plata la IV Cumbre de las
Américas, simultáneamente con la III Cumbre de los Pueblos. Allí, el presidente
Argentino rechazó junto a Hugo Chávez el ALCA, planteando la necesidad de la
unión latinoamericana. La retórica tiende durante su gobierno hacia ello. Los
acuerdos comerciales más fuertes son con Brasil y Venezuela. También se hacen
acuerdos de intercambio con Cuba, y se sostiene que debe entrar al Grupo de
Río. En 2010, Néstor Kirchner llega a asumir el cargo de Secretario de la
Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).
Sin embargo, la
posición del kirchnerismo no es tan radical como lo fue en otros países como Venezuela,
Bolivia o Ecuador. Un hecho que habla por sí solo es que la Argentina continúa
pagando la ilegítima deuda externa.
A pesar de la retórica anti-Estados Unidos, Kirchner ha aceptado la Ley
Antiterrorista que este país impulsó para nuestros países; y ha enviado tropas
argentinas a Haiti bajo el mando de la ONU (que no hace falta aclarar a qué
país representa en las relaciones de fuerza concretas).
Hay un conjunto de
políticas que debemos considerar para visualizar la redefinición del rol del
Estado en el período kirchnerista. Consideramos como un punto de inflexión el
llamado “conflicto entre el campo y el gobierno”. Detengámonos para explicar de
qué se trató esto.
En el contexto de
fuerte alza del precio internacional de los alimentos en general y de la soja
en particular, el 11 de Marzo de 2008 el Ministerio de Economía emitió la
resolución Nº 125 mediante la cual se establecía un esquema de retenciones
móviles a las exportaciones de granos. Dicha medida implicaba un aumento
considerable sobre los derechos de exportación de soja y girasol. Esta medida fue duramente resistida, a tal punto que desembocó en un
conflicto de proporciones inusitadas. A nuestro entender, y teniendo en cuanta
la gran exposición mediática que alcanzó, la fuerte politización de la sociedad
que implicó, los funcionarios que debieron apartarse de su cargo (el mismo
Ministro de Economía renunció el 24 de Abril) y la dura fractura que sufrió la
coalición gobernante,
fue la crisis política de mayor trascendencia desde que se recompuso la
gobernabilidad con la asunción del presidente Kirchner en 2003.
El conflicto implicó
una fuerte polarización de la sociedad entre dos sectores definidos. Por un
lado, el sector agrario representado por cuatro entidades: Sociedad Rural
Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercoperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) articuladas en la denominada “mesa de enlace” encabezaron el bloque
del “campo”. Por el otro, la presidenta junto con su partido y diversos
movimientos sociales conformaron el polo denominado “el gobierno”. El conflicto
incluyó cortes de rutas de ruralistas para impedir la comercialización de
granos, gran cantidad de actos masivos por parte de ambos “bandos” (en oportunidades
simultáneamente), cacerolazos, protestas de camioneros por los cortes de rutas,
instalación de carpas frente al Congreso Nacional, conferencias de prensa,
vigilias y escraches entre otras.
A
lo largo de los 128 días en que se desarrolló la disputa, la sociedad se vio
atravesada por un debate de fondo: la intervención estatal en la economía. Los
medios de comunicación lo priorizaron en su agenda, contribuyendo a la
polarización. En su mayoría, tendieron a oponerse a la resolución. Finalmente,
en una peleada votación, el Senado rechazó la medida, con 36 votos a favor y 37
en contra, contando el del vicepresidente.
Consideramos
con Varesi,
que este conflicto expresó una disputa al interior de la clase dominante, entre
los agentes económicos y corporativos del agro, los grandes oligopolios de la comunicación
y los partidos de derecha y centro-derecha, expresando al paradigma neoliberal;
y el oficialismo con los sectores que lo apoyan, representando un proyecto
neo-desarrollista. La oposición triunfó tanto en la disputa en torno a las
retenciones como en las elecciones legislativas del 2009. A partir de entonces,
consideramos, el gobierno va a profundizar algunas de sus medidas, tanto para
enfrentar la crisis mundial como para recomponer su marco de alianzas, dando un
“giro progresista”.
En Noviembre de
2008, el Congreso aprueba el proyecto de ley enviado por Cristina Fernández
para nacionalizar los fondos privados de pensiones. Esto supuso el traspaso al
Estado de US$ 23,350 millones, para evitar que los futuros pensionistas pierdan
más rentabilidad en sus fondos debido a la crisis financiera; y con toda una
concepción detrás que sostiene que la seguridad social es un derecho, no un
negocio, y por lo tanto debe estar en manos del Estado para poder ser garantizado.
A partir del 9 de diciembre, entró en vigencia la Ley 26.425 que crea el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y elimina el régimen de
capitalización, absorbido y sustituido por el régimen de reparto. El nuevo
sistema circunscribe el otorgamiento de las prestaciones al Estado y se
financia con recursos provenientes del pago de aportes y contribuciones
previsionales, además de impuestos recaudados a tal fin. Estos millonarios
recursos desde hacía 15 años (es decir, desde la privatización en 1993, llevada
adelante por Cavallo) estaban en las carteras de las Administradoras de Fondos
de Jubilación y Pensión (AFJP), quienes los utilizaban en la timba financiera
para obtener sus ganancias, poniendo en riesgo las futuras jubilaciones de los
trabajadores. En tal caso, la responsabilidad debía asumirla el Estado. Es
decir, se hacía cargo de los riesgos, sin participar de las ganancias. Hoy en
día, se garantiza a todos los ciudadanos una jubilación, incluso a las amas de
casa que no tenían aportes.
El nuevo sistema de
seguridad social prevé dos incrementos anuales, atados al incremento de la
recaudación impositiva y a un índice de salarios. Desde la implementación, la
movilidad dicto aumentos del 11,69% y 7,34% en el 2009 lo que totaliza un
aumento de 19,03% en pleno impacto de la crisis mundial. Ya en el repunte
económico, en el 2010, los aumentos fueron del 8,21% y 16,9%, totalizando un
incremento superior al 25%. De esta manera el haber mínimo jubilatorio alcanza a
principios de 2011 los $1046, lo que arroja un incremento del 597% si se lo
compara con los niveles del 2003. Hoy en día está en $1.227. Desde nuestra
perspectiva, recuperar el sistema previsional argentino mediante el
reconocimiento pleno del Estado Nacional como único administrador de los fondos
de jubilaciones y pensiones, es un acto de clara diferenciación con la década
menemista.
Asimismo, debemos
hacer mención de la nacionalización de Aguas Argentinas en 2006, cuando el
gobierno decidió la rescisión del contrato, tras un episodio en que distribuyó
agua contaminada, poniendo en riesgo potencial a 800 mil personas. La primera
intención fue transferir el contrato a otro privado, pero ante la imposibilidad
de llegar a un acuerdo, se decidió re-estatizar. Así el sistema de distribución
de agua y las cloacas pasaron nuevamente a manos estatales, bajo el nombre de
Aguas y Saneamiento Argentinos – AySA. También en 2008 se nacionalizó la
empresa Aerolíneas Argentinas, en medio de fuertes controversias, ya que la
empresa poseía un pasivo de 2500 millones. La oposición denunció que se trataba
de licuar una deuda privada, y el gobierno sostuvo que intervenía ante la
"extrema iliquidez" en que se encontraba la compañía, para “salvar a
la aerolínea de bandera”. Por lo pronto, hasta el 2011, el gas, la electricidad
y la telefonía continúan en manos privadas.
El 10 de octubre de
2009, se va a promulgar la Ley N 26.522, de Servicios de Comunicación
Audiovisual; que reemplaza a la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada por la
dictadura militar. La necesidad de reformar esta última estaba latente desde
1983, y más de 300 organizaciones venían trabajando sobre los “21 puntos por el
derecho a la comunicación”, organizadas en la Coalición por una Radiodifusión
Democrática. Cristina Fernández lo había planteado como parte de su programa de
gobierno en la campaña de 2007; y en 2009 cumple su promesa. La ley plantea la
regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito
territorial de la Argentina. Con el fin de impedir la formación de monopolios y
oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes
a la cantidad de licencias y por tipo de medio, ya que se considera a la
comunicación audiovisual como de interés público y de carácter esencial para el
desarrollo sociocultural de la población; y no como una actividad comercial
más. La participación del capital extranjero en las empresas prestadoras se
limita a un 30% máximo, y los servicios de televisión abierta deberán emitir un
mínimo del 60% de producción nacional. Un 33% del espectro radiofónico se
reserva a las organizaciones sin fines de lucro, entre otras cuestiones que
establece. Aunque aún no ha tenido un efecto tan visible, la implementación
plena de esta Ley implicaría un cambio rotundo en el mapa de medios de la
argentina, y lo llevaría a una mucha mayor democratización.
En este mismo
sentido, dos meses antes se lanza el Programa “Fútbol para todos”. Desde 1991,
los derechos de transmisión de los partidos de primera división habían sido
propiedad de Televisión Satelital Codificada (TSC) –Grupo Clarín y TyC-. Tras
un conflicto entre la AFA y TSC, el gobierno pagó a TSC 600 millones de pesos
por los derechos de televisación. A partir de entonces, los partidos de primera
división fueron transmitidos gratuitamente por los canales de aire. La crítica
de la oposición se basó en las “pérdidas” que representaba este programa. Sin
embargo, según cifras oficiales el Estado desembolsa aproximadamente 600
millones de pesos anuales para que todo el país (o gran parte de él) pueda
disfrutar del fútbol, en contrapartida con los 1200 millones que se gastaban
por año en publicidad hasta el año 2009. Y lo que consideramos más relevante,
se garantiza un acceso universal a algo que culturalmente es muy relevante en
la Argentina, como son los partidos de fútbol, y que en los 90 se habían
convertido en el privilegio de los que podían pagar el cable. Consideramos que
aún falta avanzar en la democratización del acceso a concurrir a la cancha a
ver el partido en vivo, pero el “Fútbol para todos” sin duda constituye una
ruptura importante con la concepción neoliberal.
Por otra parte,
tenemos la Asignación Universal por Hijo. Sostenemos que es, junto con la
re-estatización de las jubilaciones, la política de estado de cambio estructural
más relevante en relación a la década de los 90. Asegura a cada niño que tenga
un padre o madre desocupado o trabajando en condiciones precarias un monto
mínimo de 180 pesos mensuales. La AUH, financiada por el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del ANSES busca complementariamente garantizar la escolaridad y
la salud, ya que para cobrar el monto se deberá presentar certificado de
asistencia escolar y certificado de vacunación. El Centro de estudios CEIL
–PIETTE,
afirma que el impacto en este sentido fue sustancial, en un año se
incrementaron un 25% las matriculas escolares y hubo un incremento del 40% de
menores en el seguro medico estatal PLAN NACER. En relación a los impactos
socio económicos, muestran “como principales resultados que: 1) todos los
indicadores de bienestar social examinados experimentan una notable mejoría,
especialmente en las regiones más carenciadas del país (el norte argentino); 2)
Con la AUH, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%,
retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974,
resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para
establecer el valor de la canasta de subsistencia); 3) Luego de la AUH, el
indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que
los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la Argentina sea ahora el
país más igualitario de América Latina (ranking otrora comandado por Uruguay,
Venezuela y Rep. Dominicana”)
La AUH para 2010 ya
cubría a 3,6 millones de niños menores de 18 años, que sumados a las
Asignaciones Familiares por Hijo de los sectores formales, la cobertura alcanzaba
a los 7.5 millones de niños y jóvenes.
Por último, tenemos
que, con la crisis de 2008, el gobierno toma algunas medidas económicas que
muestran una orientación decididamente intervencionista. A fin de mantener el
nivel de empleo de algunos sectores productivos y mantener el nivel de consumo
en estas ramas, por medio del ANSES se brindaron líneas de créditos económicos
a través del “Plan de Renovación de Electrodomésticos”. El otro sector
beneficiado fue el sector automotriz, al cual se le han otorgado créditos para
financiar exportaciones, la producción de nuevos modelos de autos y la
comercialización interna por medio del plan “Mi primer 0 km”. Las políticas
anti-crisis también se extendieron al sector agropecuario, con financiamiento y
agilización en la adquisición de maquinaria e insumos para el maíz, trigo, y a
la ganadería, como también la expansión de los cupos de exportación. Otro Plan
coyuntural es el plan REPRO (Programa de Recuperación Productiva), en el cual
el estado nacional se hace cargo parte del salario de los trabajadores de las
empresas inscriptas, para sostener el nivel de actividad económica, el empleo y
por ende la demanda agregada. En concreto estas políticas favorecen al capital
debido a que se lo exime de impuestos y se lo subsidia, pero la otra cara es
que son políticas que buscan no ajustar a los sectores populares.
En agosto del 2008
se sancionó la ley 24.476, la cual implementaba una moratoria y blanqueo de
capitales en relación al IVA, al impuesto a las ganancias, los bienes
personales y aportes patronales. El principal objeto de estas políticas fue
incrementar la recaudación pública a fin de no reducir el gasto del estado
cumplimentando el objetivo de sostener la demanda agregada y el superávit
fiscal. En este sentido, se en marca, también, el pago de la deuda externa con
reservas del BCRA.
Asimismo, la crisis
va a generar un giro en la política comercial. A fin de que incremento del
consumo interno sea destinado a productos producidos en el país y no
importados, se han aplicado distintas barreras, tanto arancelarias como no
arancelarias, tales como la aplicación de licencias no automáticas que implica
restricciones directas a importaciones, además de acelerar los procesos
relativos al comercio desleal. Lo curioso es que hasta entonces la única
política proteccionista era el tipo de cambio y a raíz de la crisis mundial no
se vaciló en implementar tal medida aun cuando no era lo acordado en el G-20.
A pesar de todo lo
descripto hasta ahora, también podemos observar ciertas continuidades con la
era neoliberal:
Son sólo tres
empresas (Repsol, Panamerican y Total) las que concentran el 61% de la
extracción de petróleo y el 75% de la de gas. La legislación actual les permite
a las petroleras liquidar el 70% de las utilidades en el exterior. Al descender
la exploración y explotación de nuevos pozos, se han observado últimamente
algunas situaciones de escasez, que repercuten directamente en el consumo
local.
El oligopolio en manos extranjeras claramente no nos da soberanía sobre
nuestros recursos naturales, e implica una continuidad con la privatización y
la extranjerización de la economía típica de los años noventa.
Otro de los
problemas que observamos es el proceso de “sojización”. Este cultivo, por su
alta rentabilidad en el mercado mundial, ha desplazado a otros cultivos
orientados a la producción de alimentos. Este proceso está destruyendo el
suelo, en una inversión cortoplacista de altas ganancias pero que no contempla
la soberanía alimentaria futura de la Argentina. Tras este mapa de los cultivos
se esconde un concepto liberal de que cada empresario puede dedicarse a la
actividad que le plazca, sin importar el costo para el país, y sin tener un
planeamiento estratégico y global. La reciente Ley de Tierras, parece dar un
paso hacia la regulación, al definir a la tierra como un recurso estratégico no
renovable. La ley prevé limitar en un 20% del total la venta de tierras a manos
extranjeras. Sin embargo, si bien nos parece una medida que fortalece la
soberanía nacional, no soluciona la problemática que marcábamos de la
“sojización”, sino tan solo de un aspecto de la propiedad de la tierra, y -hay
que aclararlo- tampoco redefine radicalmente la tenencia de la tierra en el
país.
El crecimiento de
las importaciones presenta un incremento anual mayor al de las exportaciones,
siendo todavía las primeras, bienes de consumo no producidos en nuestro país y
presentado las segundas una estructura muy concentrada en pocos complejos,
dando muestra de la poca diversificación de la producción o dependencia de
ciertos sectores no muy sustentables ecológicamente en el tiempo.
Actualmente,
asistimos a una gran contaminación de agua, cielo y
tierra, a causa de la minería. La actividad minera en Argentina creció un
20.000% entre 1997 y 2007, y se caracteriza por el uso de cianuro y otros
químicos altamente contaminantes. En Catamarca, La Alumbrera extrae 4 millones
de litros de agua por hora en una zona desértica, volviéndola inservible e
irrecuperable para cualquier otro uso. Todo con permiso del estado provincial.
Además, la minería goza de innumerables beneficios impositivos y fue favorecida
por el veto presidencial a la ley de protección de glaciares en 2008.
Podemos decir que la
masificación de pesticidas para la implementación del paquete tecnológico en la
producción agrícola también es contaminante y afecta la salud de las
poblaciones lindantes a los cultivos.
Durante todo este
periodo, el proceso de concentración empresarial sigue en pie. Las 500 empresas
más grandes del país crecen a más del 20% anual, un ritmo notablemente superior
a la economía argentina. Las políticas, si bien presentan rasgos
redistributivos en términos de la distribución personal del ingreso y leves
mejoras en la distribución funcional del ingreso, no modifican el patrón
productivo.
“El mercado de
alimentos en el país está fuertemente concentrado. El 80 por ciento del aceite
que se consume lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera
General Deheza. En lácteos, el 78 por ciento lo manejan La Serenísima y Sancor.
En enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante la ejerce Arcor,
que concentra el 70 por ciento. El 75 por ciento del azúcar que se consume es
de Ledesma. (…)Ante esa situación, aumentan los precios muy por arriba del
incremento de sus costos y del resto de las productoras de alimentos.”
Según el Indec, con
datos al 2009, agravados en el 2010, la concentración y extranjerización
económica crece en la Argentina. De allí surge que de las 500 empresas más
grandes del país 324 son extranjeras y sólo 176 argentinas, según datos que
arroja la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Son datos que excluyen
al agro y las finanzas.” 50 grandes concentran el 53% de las ganancias de las
500. He aquí donde se define el modelo productivo, el patrón de consumo y la
fijación de los precios en el sistema económico local. Acordamos con Gambina
en que es la concentración de las empresas el factor más determinante de la
inflación.
4.2 EN VENEZUELA: CHÁVEZ (1999-2013)
El
6 de diciembre de 1998, es electo Presidente con el 56,24% de los votos, Hugo
Chávez Frías, por el Polo Patriótico (cuyo componente principal era el Movimiento
Quinta República); asumiendo el poder en febrero de 1999. El comandante había
estado preso dos años tras el intento de golpe de Estado de 1992, y había sido
perdonado por el gobierno de Caldera. Su campaña fue de completa oposición al
neoliberalismo, a las medidas económicas y políticas que se estaban tomando en
ese momento; y proponía convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para
“refundar la república”.
Con
su elección, hizo estallar el “pacto de Punto Fijo” que dominaba la política
venezolana desde
1958.
AD y COPEI, los partidos que habían gobernado alternativamente desde el
puntofijismo, quedaron políticamente derrumbados, poniendo en evidencia la
magnitud de la crisis política que se vivía. Los nuevos actores políticos van a
demostrar una gran sintonía con el electorado, ganando los referéndums y
elecciones con un apoyo rondando el 70%.
En
abril de 1999, se realizó el “Referéndum para la Convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente”, para poder modificar la Constitución de 1961. Se aprobó
la convocatoria por un 87,75% de los votos.
Aquí
tenemos una de las cuestiones claves a destacar del gobierno chavista: los
referéndums. Así comenzó su gobierno, y así lo continuará hasta la actualidad.
En la nueva Constitución se plantea la construcción de una democracia social,
no representativa sino participativa. Chávez ha convocado a numerosos
referéndums durante su mandato, los iremos mencionando a lo largo del
desarrollo del trabajo. Esto nos habla de una coherencia en este planteo de la
democracia participativa. Las decisiones importantes para el país, o la
reafirmación de los dirigentes que deben tomar las decisiones, queda en manos
del electorado, a través de un mecanismo de los más democráticos en la actual
sociedad de masas.
La
constitución elaborada por la ANC, fue refrendada por el pueblo venezolana en
diciembre de 2000: el 70% de los sufragantes aprobó la nueva Constitución.
Consideramos
muy relevante, para entender el proyecto bolivariano, citar el texto de la
Nueva Constitución, donde se plantean como objetivo:
“refundar la República para establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un
Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a
la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni
subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e
impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio
de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e
indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad
internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes
jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.”
Si bien sostiene un
discurso anti-capitalista, el perfil es más bien nacionalista con profunda
vocación humanística y cristiana; y en un principio no pone en duda la
propiedad privada. No va a ser hasta el año 2005 que se hable de socialismo.
Sin embargo, el
nuevo gobierno tiene una consecuencia de gran trascendencia para la historia
venezolana: acabar con el puntofijismo. AD y COPEI gobernaron el país,
turnándose la presidencia, durante 41 años, y de repente se vieron desplazados
del escenario político por una coalición que se basaba en los ideales de Simón
Bolívar de una “patria grande”, pregonaba el indigenismo, el nacionalismo,
algunos el socialismo; es decir, todo lo contrario a lo que habían hecho sus
respectivos últimos gobiernos. Y Chávez plantea hacer más democrática la sociedad,
incluir a los excluidos del sistema, a los marginales. Él va a priorizar el
bienestar social, y no las ganancias privadas. Si bien en un principio, como
dijimos, no cuestiona la propiedad privada, es claro que su gobierno va en el
sentido de mayor estado y menos mercado.
En junio de 99, se
lanza el Programa Económico de Transición 1999-2000. Como
es un año de recesión, no se dispone inicialmente de muchos recursos para
políticas sociales, y se decide reunir todos los recursos en una sola
institución, que resultaba costosa pero -hasta entonces- no realizaba muchas
acciones por el bienestar ciudadano: el ejército. Chávez propone el Plan
Bolívar 2000, mediante el cual cada división del Ejército llevaría adelante un
programa. Por ejemplo, la Marina el Plan Pescar 2000, o la Guardia Nacional el
Plan Avispa (para construir viviendas populares). Esto se implementó hasta el
año 2001, y “reparó miles de escuelas, hospitales, clínicas, casas, iglesias y
parques. Más de dos millones de personas recibieron tratamiento médico. Se
abrieron cerca de un millar de mercados con precios populares, se vacunó a más
de dos millones de niños, y se recogieron miles de toneladas de basura, sólo
por nombrar unos pocos resultados del programa.”
Tuvo sus críticas: la falta de transparencia hizo que se levantaran
muchos cargos de corrupción contra los funcionarios, y por otra parte es cierto
que representaban soluciones de contingencia. Sin embargo es necesario analizar
el Plan Bolívar 2000 en el contexto de escasez de recursos que se presentaba.
Aún faltaba para las mucho más exitosas “misiones”.
Asimismo, en 1999 se crea el Fondo Único Social (FUS). Se trata de “un
Instituto Autónomo que tiene por objeto concentrar en un solo ente, la
captación y administración de los recursos para lograr la optimización de las
políticas, planes y regulación de los programas sociales, destinados a
fortalecer el desarrollo social, la salud integral, la educación y el impulso
de la economía popular competitiva, con énfasis en la promoción de microempresas
y cooperativas, como forma de participación popular en la actividad económica y
en la captación para el trabajo de jóvenes y adultos.”
Respecto a los
sindicatos, podemos decir que quedaron relativamente desorientados tras la
asunción de Chávez. Como habíamos planteado, dependían fuertemente de los
partidos tradicionales. Al quedar éstos virtualmente destruidos, los sindicatos
perdieron la brújula. La relación de la CTV -principal central- con Chávez fue
desde entonces muy conflictiva. Como la mayoría de los líderes sindicales
provenían de los partidos que la elección de Chávez hizo caer, era bastante
evidente que no iban a tener demasiadas simpatías por su gobierno. El
descreimiento hacia los partidos tradicionales, hizo que la sociedad venezolana
sea bastante tolerante a los intentos de intervención de los sindicatos. De
hecho, en julio de 2000, se realizan las elecciones para relegitimar todos los
poderes, y el presidente gana con el 59,76% de los votos.
Chávez, desde la
campaña venía planteando la cuestión de reformar las estructuras sindicales. Su
actitud al asumir fue de hostilidad. El primer gesto fue el retirar los aportes
gubernamentales a los sindicatos (aunque esto bien podría leerse como positivo:
los aportes favorecían la corrupción y desincentivaban la capacidad de lucha
del movimiento sindical). Por otra parte, el gobierno, a través del Ministerio
de Trabajo, intervino en el sentido de renovar las conducciones sindicales. El
vínculo entre gobierno, partido y sindicato, hacía que la renovación de los
líderes no fuera muy frecuente ni dinámica. Había un mecanismo llamado
“reestructuración de la directiva”, que consistía en no hacer elecciones sino
una asamblea para ratificar a los directivos existentes. El gobierno de Chávez
apoyó decididamente a las corrientes emergentes. La Constitución de 1999 es
asimismo altamente intervencionista, ya que coloca bajo el control de un
organismo externo -Consejo Nacional Electoral- los procesos electorales
sindicales. En el año 2000, el gobierno convocó a un Referéndum Sindical, para
intentar ganar la conducción de los mismos. No cabe aquí explayarse sobre el
tema, pero diremos que representó un intento de que toda la comunidad decida
sobre la vida sindical, y fue un fracaso rotundo para Chávez. Así, la CTV fue
ganada por la oposición. Los sindicatos y los sectores empresariales actuaron
de oposición durante los primeros años de gobierno, pero en un principio eran
relativamente débiles. Fueron consolidando su posición hacia el tercer año de
gobierno. Para esta etapa, ya convocaban a movilizar contra el gobierno,
obteniendo bastante apoyo en las calles.
En el año 2000, se diseña el documento Líneas Generales del Plan
de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 el cual se plasman los cinco grandes
ejes para la constitución de la nueva República:
1.
El equilibrio político que garantice la democracia participativa y protagónica.
2.
El equilibrio económico para garantizar una economía solidaria, productiva y
autosostenida.
3.
El equilibrio social mediante la educación, la cultura y la justicia,
fundamentalmente.
4.
El equilibrio territorial para la ocupación proporcionada del territorio
nacional.
5.
El equilibrio internacional para fortalecer la soberanía, desarrollar la
integración no sólo de América Latina sino también con el resto del
tercer mundo.
De esta forma, Venezuela se convirtió en el primer país del
continente que logró construir un programa estratégico económico-social fuera
de las recetas de los organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, diseñadas para América Latina y el Caribe.
Esto va a empezar a generar cierto rechazo en la comunidad internacional de
negocios.
En junio del 2001, Chávez crea los Círculos Bolivarianos,
instrumentos clave de su proyecto. Los mismos estarían compuestos de 7 a 11
personas, y se dedicarían a discutir y ayudar a canalizar al organismo
competente, los problemas de la comunidad. También tienen como tarea promover
la cultura, la ciencia y el deporte. Según Modesto Guerrero, hasta el
golpe de 2002, había unos 1.500 círculos organizados; pero después de ese
momento, fueron nutridos por centenares de miles de militantes en todo el país,
hasta convertirlos en la principal herramienta de lucha en los barrios,
oficinas y algunas fábricas. Los círculos están organizados de manera
piramidal, con un coordinador parroquial, uno municipal y uno estadual. El
máximo dirigente de los Círculos Bolivarianos será el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela.
En noviembre de
2001, el Congreso aprueba la Ley Habilitante, bajo el amparo de la cual Chávez
sanciona 49 controversiales leyes. Éstas estaban
orientadas a adaptar el marco legal a los nuevos postulados constitucionales. Las más polémicas fueron la Ley de Tierras, la de Pesca, el
establecimiento de la responsabilidad social de las entidades financieras, y,
sobre todo, la Ley de Hidrocarburos. Veamos brevemente de qué se trataban.
La Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, una de las rupturas más radicales, y resistidas, del
gobierno, básicamente plantea que cualquier venezolano adulto que cumpla
ciertos prerrequisitos básicos, tiene derecho a solicitar un terreno para su
familia. Contempla la capacitación y las herramientas para que esa tierra sea
productiva. El Estado se reserva el derecho de adquirir tierras de los
privados, si tienen determinada cantidad de hectáreas, a precio de mercado. En
el 2003 se entregaron, por ejemplo, 1,5 millones de hectáreas a 130.000
familias. El plan está dirigido a reducir la pobreza rural -y en menor medida
la urbana- y a asegurar la soberanía alimentaria del país.
La Ley de Pesca y
Acuicultura, básicamente prioriza la demanda del mercado nacional; protege a
los pescadores artesanales y a sus caladeros de pesca, y les da exclusividad en
una gama de actividades de explotación de los recursos pesqueros. Plantea el
respeto al ecosistema y define como propiedad del Estado los recursos
hidrobiológicos que se encuentran permanente u ocasionalmente en el territorio
nacional y en las áreas bajo soberanía de la República.
También se dio
impulso al cooperativismo o “economía social”, mediante un programa de
microcréditos, la creación del Ministerio de Desarrollo de la Economía Social,
y una ley bancaria que exige a todos los bancos convencionales dedicar cierto
porcentaje de sus préstamos a microcréditos. Consideremos que las cooperativas
y pequeñas empresas son las primeras generadoras de empleos en una economía, y
que implican un cambio rotundo en la mentalidad de los trabajadores y en la
distribución del ingreso entre los mismos. El cooperativismo es considerado por
el gobierno bolivariano como uno de sus pilares. En este sentido, se crean el Banco del Pueblo Soberano (en 1999) y el Banco de la Mujer
(en 2001).
Para explicar la
Ley de Hidrocarburos, vamos un poco más atrás. PDVSA venía impulsando una
política de debilitamiento de la OPEP, ya que “obstaculizaba” sus negocios.
Desde la empresa, no se respetaron las cuotas máximas, y la sobreoferta produjo
una gran caída de los precios, en 1998-99. En Venezuela, altamente dependiente
de estos ingresos, esto provocó una gran recesión. Chávez, apenas asume, se
propone recuperar tanto la OPEP como los precios petroleros, y lo hace a través
del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El gobierno pone fin a la “Apertura
petrolera” de los noventa, que beneficiaba más al capital extranjero que al
nacional. En septiembre de 1999 se promulga la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos y, luego, en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Con
ellas se procura garantizar un ingreso fiscal más
estable y evitar la fuga de capitales, al compartir los riesgos de precios
bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista. Hasta
1999, la toma de decisiones era prácticamente monopolio de la alta gerencia de
PDVSA; desde entonces, el proceso de toma de decisión se ha desplazado
crecientemente hacia Ministerio de Energía y Petróleo. Esta es una cuestión muy
trascendente, dada la relevancia de los ingresos petroleros para el país, y la
importancia de contar con políticas públicas planificadas estratégicamente y en
beneficio de todos. También se cobran los impuestos atrasados a las
transnacionales que operaban en el sector. El programa político de Chávez es
financiado en su gran mayoría por los ingresos del petróleo.
Entre 1999 y 2009,
el gobierno invirtió cerca del 60% de los ingresos fiscales del país (es decir,
330.000 millones de dólares) en gasto social, a través de programas de salud,
educación y alimentación, entre otros. En 1998, el gasto social representaba
sólo un 8% del PBI. En 2009, representaba un 20%.
Como dice Elías
Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE): “esta inversión
es muy importante, porque el venezolano es considerado como elemento humano
fundamental para las políticas de Gobierno, donde el ser humano juega un papel
de primer orden”.
En vez de priorizar
la asistencia económica a las empresas privadas, se asiste a los ciudadanos
directamente para que sus derechos se cumplan. Esto implica todo un cambio de
paradigma, sobre cuál es el rol del Estado.
La forma en que
fueron aprobadas estas 49 leyes, y en particular la manera en que el proceso
fue presentado por los medios de comunicación, generó cierto malestar en la
población que ya tenía cierto recelo hacia las políticas gubernamentales y con
concepciones más liberales sobre la política. “El paquete legislativo fue
legitimado democráticamente entre la población con una inusual campaña de
información y discusión. (…) La prensa reflejaba en esos días lo peor de ese episodio:
la gente más humilde, la mayoría de la clase obrera, y una parte de la clase
media asalariada, comenzaban a sentir el contenido de esas leyes como si fueran
una parte importante de sus reclamos y sus sueños.”
Además, tocaban
poderosos intereses económicos – nacionales e internacionales-, y todo aquel
que se vio afectado, salió a defender sus privilegios. Todas
estas leyes van a consolidar la economía venezolana, y a reafirmar la soberanía
del país sobre sus recursos naturales. Y esto naturalmente provocó una reacción
de las grandes firmas mundiales y de los Estados Unidos, acostumbrados a
controlar la política y los recursos de su “patio trasero” -Latinoamérica. La
ofensiva, sobre todo mediática, pero también de presión política, económica y
militar, dio comienzo.
El 10 de diciembre
de 2001, Fedecámaras, apoyado por la CTV y otras organizaciones opositoras,
convocó a un paro, que resultó exitoso, con un 90% de la actividad económica
paralizada. El 23 de febrero de 2002 también se convocó a una movilización
opositora, que tuvo gran capacidad de convocatoria. Todo este clima de tensión
y polarización se fue incrementando, sumado a la recesión económica, para dar
paso a un período de fuertes confrontaciones políticas entre el chavismo y la
oposición.
Los enfrentamientos
callejeros se hicieron cada vez más frecuentes, y esto terminó desembocando en
el golpe de estado del 11 de abril de 2002. La oposición convocó a una
movilización “en apoyo a la huelga de los petroleros”, pero luego se desvió la
marcha hacia el palacio de Miraflores. Quedó así evidenciado que el apoyo a la
huelga era tan solo una excusa. Chávez fue secuestrado y Pedro Carmona tomó el
poder presidencial por 47 horas. Los medios de comunicación, que desde la
asunción de Chávez habían actuado como factor aglutinante y voz de la
oposición, jugaron un rol clave en el golpe. Finalmente, la gran movilización
popular logró que Carmona deba retirarse y que Chávez regrese al poder. Tampoco
nos detendremos en los pormenores de estos sucesos, ya que no es el objetivo de
este trabajo.
Lo que sí queremos
resaltar son dos cuestiones. La primera es que las masivas movilizaciones para
exigir su regreso demostraron que Chávez contaba con apoyo activo y no sólo
electoral. Creemos que esto es un fuerte indicio para suponer que el apoyo al
comandante no se trata meramente de “clientelismo”, ni siquiera de artimañas
mediáticas de campaña. Sostenemos en este trabajo que el gobierno bolivariano
está formando una ciudadanía activa, interesada en política, y de la cual gran
parte considera que Chávez le ha devuelto la dignidad al pueblo venezolano. El
proceso ha integrado a las grandes mayorías a la órbita de los derechos
humanos. Caso contrario, no se explicaría la masiva concurrencia ante el golpe
de estado; incluso considerando que los medios de comunicación estaban tomados
por los golpistas.
Y en segundo lugar,
desde nuestra perspectiva, el golpe da cuenta de la magnitud de los cambios
emprendidos, antes los cuales los sectores que vieron afectados sus intereses,
reaccionaron con una medida extrema: el quiebre del orden democrático. El golpe
y su fracaso terminaron siendo contraproducentes para estos sectores, que
quedaron ampliamente deslegitimados.
Chávez regresa a
sus funciones con un apoyo popular fortalecido, y convencido de la necesidad
urgente de profundizar la democratización y la equidad.
En 2002, el Gobierno Bolivariano creó los Comités de Tierras Urbanas,
que han promovido la organización popular para la regularización de la tenencia
de la tierra en los barrios populares
Entre diciembre de
ese año y febrero del 2003, los sectores opositores convocaron a un paro
petrolero. Éste paralizó la economía y causó un grave deterioro de la misma,
teniendo que ponerse el esfuerzo en volver a estabilizar la economía y los
ingresos estatales. Durante 63 días, cerraron sus puertas más de 10 mil
empresas y comercios, y la oposición tomó control de las plantas de la
industria petrolera de PDVSA. Sin embargo, una vez superado este paro, la
economía comienza a crecer ininterrumpidamente hasta el año 2008. Esto permitió
que los trabajadores mejoraran su capacidad adquisitiva a lo largo de este
período.
En 2003, el presidente Chávez crea las misiones sociales, con el objetivo de consolidar la democracia social
participativa. Su propósito fundamental es enfrentar las causas y consecuencias
de la pobreza y la exclusión, con la participación protagónica del pueblo. Enumeraremos a
continuación las más relevantes de las 27 misiones existentes.
La Misión Robinson I, lanzada en junio de 2003, tiene como
propósito la erradicación del analfabetismo. La Misión Robinson II es la
segunda fase del proceso educativo de los sectores excluidos, y tiene como
objetivo garantizar los estudios básicos de la población alfabetizada, que deberán
graduarse en educación primaria luego de una formación de dos años.
Por su parte, la Misión Ribas se ocupa de incorporar a la
educación secundaria y diversificada a quienes no tuvieron oportunidad de
terminarla, o que nunca pudieron acceder a la misma.
La Misión Sucre se orienta a facilitar el acceso a la educación
superior de aquellos sectores de población que no han tenido o no tienen
oportunidades de acceso, debido a las inequidades todavía existentes en el
sistema educativo formal.
Misión Barrio Adentro es un programa integral,
basado en la experiencia de décadas de la República de Cuba, que brinda
servicios de salud primaria preventiva y curativa y de promoción de la salud en
las propias comunidades. Se encuentra en proceso de consolidación Barrio
Adentro II, que consiste en la puesta en operación del segundo escalón del
nuevo sistema, por medio de la construcción de centros de diagnóstico y
rehabilitación integral en las adyacencias de las comunidades. Barrio
Adentro III implica el rescate integral de la red hospitalaria nacional,
para garantizar la eficiencia del sector terciario del nuevo sistema.
Por medio de la Misión Milagro, las personas de escasos recursos
con problemas agudos de la vista viajan a Cuba, donde los especialistas cubanos
resuelven sus dolencias oculares sin costo alguno, devolviéndoles la vista y la
plena capacidad de incorporarse a la vida nacional.
La Misión Negra Hipólita, nombrada en honor de una de las
nodrizas de Simón Bolívar, busca superar las deficiencias de los programas
ortodoxos de asistencia social, ofreciendo una oportunidad real de vida digna a
los niños y niñas que viven en la calle.
Por último, la Misión Mercal se propone garantizar la seguridad
alimentaria en toda la población, y consiste en la distribución de alimentos a
precios populares, mediante la subvención la construcción de mercados
populares, o las jornadas de mercados en la vía pública. Hasta 2010, Mercal ha
expendido más de 8.4 millones de toneladas de alimentos, habiendo beneficiado
al 80% de la población.
Según Gómez y Alarcón,
ya desde el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, se habían delineado las
características básicas del período chavista: integración social,
corresponsabilidad, cohesión social, participación social, ciudadanización,
progresividad, intersectorialidad, centralidad de la familia y desarrollo
humano integral. Como vemos, estos principios son claramente contrapuestos a
los que habían guiado las políticas sociales neoliberales. Asistimos a una
universalización de las políticas y a una impresionante ampliación de los
derechos de las personas, en especial en las áreas de salud y educación.
Según la CEPAL la
pobreza bajó de un 49,4 % en 1999 a un 30,2 % en 2006 mientras que la
indigencia o pobreza extrema pasó del 21,7% al 9,9% en el mismo período. El
desempleo descendió de un 15,2% en 1999, a 6,6% diez años después (según datos
del INE).
Entre 2003 y 2004
van a surgir también la Coordinadora Agraria Nacional "Ezequiel
Zamora" (Canez), los Batallones Electorales –en los cuales se organizaron
más de dos millones de venezolanos para hacer la campaña durante el Referéndum
de 2004- y la Unión Nacional de Trabajadores –que desde su surgimiento en abril
de 2004, se convirtió rápidamente en la vanguardia obrera del país. Los tres organismos,
al igual que los Círculos Bolivarianos, vas a ser blanco permanente de crítica
de los medios de comunicación.
Los resultados de
las políticas llevadas a cabo hasta entonces y la inmensa labor de estas
organizaciones de base, se ven plasmados en las elecciones, y son elocuentes.
El 15 de agosto del 2004, se realiza un referéndum presidencial (mecanismo
establecido en el artículo 72 de la nueva constitución) para evaluar la gestión
presidencial, convocada por la oposición. Un 59,6% de los votantes, ratifica a
Chávez en la Presidencia de la República. Es el primer Jefe de Estado que se
somete a este tipo de consulta específica en el mundo entero, y con este
resultado, sumaron 7 las elecciones que Chávez y sus partidarios ganaban desde
1998.
Los partidarios de
Chávez presionan para que, dados los favorables resultados, se radicalice el
rumbo emprendido. En Noviembre de 2004, ya se perfila lo que está por venir,
con en el diseño de los 10 grandes objetivos estratégicos de la Nueva Etapa de
la Revolución Bolivariana. Ellos son:
1.
Avanzar en la conformación de la nueva estructura
social
2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional
3.
Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo
modelo democrático de participación popular
4.
Acelerar la creación de la nueva institucionalidad
del aparato del Estado
5.
Activar una nueva estrategia integral y eficaz
contra la corrupción
6.
Desarrollar la nueva estrategia electoral
7.
Acelerar la construcción del nuevo modelo
productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
8.
Continuar instalando la nueva estructura
territorial
9.
Profundizar y acelerar la conformación de la nueva
estrategia militar nacional
10. Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional
En diciembre de ese
año, hay un punto de inflexión clave: por primera vez, Chávez habla en un acto
público de la necesidad de crear el “Socialismo del Siglo XXI”. 2005 es un año
de consolidación y expansión de las “Misiones”. Es el año en que Venezuela se
declara "Territorio libre de analfabetismo", gracias al Programa
cubano “Yo, Si Puedo”. Ese año se incrementó la producción del hierro, el
aluminio y el acero batiendo récords históricos; se incrementó la producción
agrícola en distintos rubros, el comercio y la inversión internacional, entre
otros.
Hay “tres áreas,
estrechamente entrelazadas, en las cuales el gobierno centró su accionar: 1) la
industria petrolera; 2) la integración latinoamericana y la búsqueda de la
multipolaridad en el ámbito internacional; 3) la economía social y el
desarrollo endógeno.”
Respecto al primer
punto, en abril de 2006 se eliminaron por ley los convenios operativos,
sosteniendo que su contenido de éstos era incompatible con las reglas
establecidas en el régimen de nacionalización petrolera. El gobierno negoció la
conformación de nuevas empresas mixtas, con una participación mayoritaria de
PDVSA; y además incrementó las regalías y los impuestos al sector. Así, una
creciente proporción de los ingresos del sector fueron pasando al Estado. De
los 85.000 millones que ganó PDVSA en 2005, 25.000 millones fueron a manos
estatales. Por otra parte, la política petrolera venezolana también ha apuntado
a la integración con otros países, proponiendo el gobierno diversas formas de
cooperación con ellos. Esto se cristalizó por ejemplo en la creación de
Petrocaribe, donde participan 15 países del Caribe, o en los acuerdos con
Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, y China. Además, se ha diversificado el
origen de las inversiones, haciéndolas menos vulnerables. Se le hacen varias
críticas, entre ellas la gran participación de capitales extranjeros tras una
retórica nacionalista (a lo cual se responde que así los beneficios fiscales
son mayores), y el riesgo que representa el uso de combustibles fósiles para la
continuidad de la vida en el planeta (lo cual es planteado hasta por el mismo
Chávez). Es este aspecto falta información y debate público sobre lo que
implica la industria petrolera para Venezuela, en todos sus aspectos.
El segundo punto,
la integración latinoamericana y la multipolaridad, está muy relacionado con lo
anterior. En 1999, Chávez asume rodeado de gobiernos neoliberales. Las
relaciones con los Estados Unidos no fueron buenas: desde la recuperación de la
OPEP, pasando por la relación de Venezuela con países considerados parte del
“eje del mal”, y finalmente con la participación estadounidense en el Golpe de
2002. En 2003 Chávez critica fuertemente al ALCA y lanza la iniciativa del ALBA
(Alternativa Bolivariana para la América), profundizando el enfrentamiento. En
diciembre del 2004 firma con Cuba la primera declaración del ALBA, con 12
principios orientadores. Bolivia se une a esta Alianza en 2006 con la asunción
de Evo Morales. En el marco del ALBA, en 2005 Argentina, Cuba, Uruguay y
Venezuela crean el canal Telesur, para contrarrestar el monopolio mediático
reinante en el subcontinente. Además, en 2006 Venezuela se retira del CAN por
los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos que algunos de sus miembros
llevaban adelante, apostando desde entonces fuertemente al Mercosur, al cual
ingresó ese mismo año. Los acuerdos energéticos fueron claves en la integración
latinoamericana que el ALBA propicia. Si bien la proporción del comercio
petrolero entre Venezuela y Estados Unidos continúa siendo altísima, está
tendiendo a decaer, para fortalecer el comercio con otras naciones.
Por último,
respecto al tercer punto, podemos decir que desde el 2004 se potenciaron las
iniciativas tendientes a fortalecer la economía social y el desarrollo
endógeno.
En marzo de 2004 se
crea la Misión Vuelvan Caras, cuyo objetivo era generar empleo permanente
mediante la capacitación para el trabajo, la formación sociocultural y la
creación de
Núcleos de
Desarrollo Endógeno. Los NUDE son “áreas o localidades con potencial de desarrollo endógeno de acuerdo
a sus propias características históricas y culturales” y para conformarlas “se
convoca a los habitantes de las localidades cercanas a la formación
técnico-productiva y socio-política, orientadas al posterior desarrollo de una
actividad cogestionaria o autogestionaria en el objetivo de desarrollo”.
El objetivo
ideológico del programa consistía en atacar la división entre los que piensan y
los que hacen, rechazar el trabajo asalariado como tal y promover la propiedad colectiva.
En septiembre, se
crea el Ministerio para la Economía Popular (MINEP), con el objetivo de guiar
la transición de un modelo capitalista, a otro que privilegie la economía
social y solidaria, haciéndolo sostenible. Coordina los NUDE, y promueve las
cooperativas y micro emprendimientos. En 1998 había 877 cooperativas
registradas. En 2005, más de 100.000. El gobierno ha promovido el concepto de
co-gestión, tanto para estas empresas como para varias empresas del Estado
(tales como las de distribución de electricidad CADAFE y CADELA, y la empresa
de producción de aluminio Alcasa); y para empresas privadas a través del
programa Fabrica Adentro, de subsidios e incentivos. En julio de 2005 el
presidente Chávez propuso la creación de un nuevo tipo de unidad económica de
producción: la Empresa de Producción Social (EPS), donde habría igualdad
sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación participativa y
protagónica, y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la
combinación de ambas.
Nosotros agregaríamos a estos ejes el tema de la democracia
participativa. El tema está muy presente ya en la Constitución de 1999: hay
cerca de 70 artículos que hablan de la participación ciudadana. La Ley de los
Consejos Locales de Planificación Pública, del 12 de junio de 2002, se crea
como una instancia en la que se incorporaría la ciudadanía a los procesos de
planificación de las políticas y programas municipales. Tras la inicial
resistencia de los Alcaldes a la hora de implementarla, en junio del año 2005
se promulga Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y principios de abril de
2006, se promulga la Ley de los Consejos Comunales, estableciendo ahora una
relación directa entre los consejos comunales y el Ejecutivo nacional a través
de las comisiones presidenciales establecidas para tal fin. Un estudio
realizado a principios de 2008, de la Fundación Centro Gumilla, muestra que un
74% de la población consideraba que la relación entre el Consejo Comunal y el
Estado era altamente positiva, y un 71% calificaba de igual modo las relaciones
de cooperación entre los consejos comunales y la comunidad. Un 85% sostenía que
la iniciativa de armar el consejo comunal había sido de la propia comunidad, y
un 84% participaba de los mismos, demostrando que la ciudadanía se apropió de
esta herramienta de manera muy activa. Un 76% consideraba que las decisiones
son absolutamente democráticas, mientras que un 21% consideraba que había
personas con mayor poder de decisión que otras. El 77% de los consejos
comunales señalaban que habían contado con algún tipo de asesoría de
funcionarios gubernamentales para el desempeño de las actividades.
Creemos que con estos datos, es suficiente para reconocer la enorme
importancia que tienen los consejos en la construcción de una democracia más
participativa y menos delegativa, como una cuestión clave del proyecto
bolivariano.
A partir de 2005, Chávez comienza con la
expropiación de latifundios y tierras improductivas, para entregarlas a
familias para que las trabajen, basándose el la Ley de Tierras. En diciembre hubo
elecciones legislativas, y como la oposición llamó a abstenerse, los chavistas
obtuvieron todos los escaños. Durante el año 2006, se inauguró una seri de
obras de infraestructura muy importantes (Línea 4
del Metro de Caracas; proyecto ferroviario Ezequiel Zamora - Valles del Tuy -
Metro de Los Teques; Metro de Maracaibo; Segundo Puente sobre el río Orinoco;
Autopista de Oriente "Gran Mariscal de Ayacucho"; Represa Tres Ríos,
estado Zulia, entre otras). PDVSA invirtió 6.000 millones de dólares en el Proyecto
Delta Caribe del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho y la
infraestructura del gasoducto transoceánico (Colombia, Panamá y Venezuela); en
el marco del Plan Siembra Petrolera. A fines del 2006, se realiza una nueva
elección presidencial, donde Chávez es reelecto con el 62, 84% de los votos, es
decir, con una ventaja de más de 3 millones de votos. Después de esa victoria,
se constituyó el actual Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para
llevar adelante las reformas que se venían.
Al renovar su mando, en enero de 2007, Chávez lanza
la frase “Patria, Socialismo o Muerte”, reafirmando su voluntad de llevar al
país hacia el Socialismo del Siglo XXI. Caracteriza el periodo 1999-2006 de su
presidencia como la “fase de transición” y dice que se ha entrado a una nueva
era, lo que denomina el Proyecto Nacional Simón Bolívar de 2007-2021. Para
ello, plantea, se requiere impulsar cinco “motores”: una Ley Habilitante
mediante la cual se reformarán un conjunto de leyes; una reforma constitucional
que incluye la propuesta para la reelección presidencial indefinida; una
jornada nacional para la educación popular, una nueva geometría del poder
basada en un cambio de lo político-territorial con el fin de crear un sistema
de ciudades y territorios federales; y finalmente el quinto motor seria la
“explosión del Poder Comunal” que implicaría “que los consejos comunales
deberán trascender el ámbito local, para formar federaciones y confederaciones
que estudien las necesidades del territorio y participar en la nueva ordenación
territorial socialista”.
Los cambios fuertes comenzaron a materializarse:
en 2007 comenzaron las nacionalizaciones en diversas áreas:
1.
Petróleo: en mayo del 2007, el gobierno tomó las instalaciones -operadas por
corporaciones petroleras internacionales- de cuatro proyectos de crudo pesado
en la faja petrolífera del Orinoco. En mayo del 2009 también tomó de activos de
unas 74 empresas que prestaban servicios a PDVSA.
2.
Telecomunicaciones: en mayo del 2007 se estatizó CANTV, la mayor empresa de
telecomunicaciones del país, tras pagar 1.300 millones de dólares por el 79,62%
de las acciones.
3.
Electricidad: Venezuela concretó en mayo del 2007 la nacionalización de la
Electricidad de Caracas (EDC), la mayor eléctrica privada del país, tras pagar
740 millones de dólares a la estadounidense AES Corp. En febrero del 2007 pagó
106 millones de dólares a CMS Energy por su paquete accionario de 88% en la
empresa eléctrica Seneca de la Isla de Margarita.
4.
Siderúrgica: en mayo del 2008, Chávez suscribe el decreto de nacionalización de
la Siderúrgica del Orinoco (Sidor); un año después el gobierno acordó pagarle
1.970 millones de dólares a Ternium para tener una participación de 59,7% en la
empresa.
5.
Cementeras: El gobierno anunció en abril del 2008 la nacionalización del sector
cementero, proceso que afectó a las filiales de Cemex (México), Holcim (Suiza)
y Lafarge (Francia). Cuatro meses después Lafarge aceptó venderle al gobierno
89% del paquete accionario de su filial venezolana por 267 millones de dólares.
Holcim transfirió 85% de las acciones de su cementera por 552 millones de
dólares. Ninguno de los pagos por las cementeras se ha concretado. Cemex y
Holcim iniciaron acciones legales contra el gobierno venezolano en tribunales
internacionales para exigir una indemnización por la toma de sus activos. El
conflicto con Holcim se resolvió en 2010, y con Cemex aún hoy no está resuelto.
6.
Alimentos y tierras: En el 2008 el mandatario adquirió para el Estado algunas
empresas menores en el sector de alimentos, como una planta lechera y una
compañía de frigoríficos para carne; y declaró de utilidad pública algunas
empresas que pasaron a ser propiedad de sus empleados. Desde el 2005 ha
expropiado unas 2,2 millones de hectáreas. En 2009 se expropió la
estadounidense Cargill, cuya división de procesamiento de arroz se estaba
negando sistemáticamente a producir arroz regulado.
7.
Banca: en 2009 se concretó la nacionalización del Banco de Venezuela. El
gobierno pagó 1.050 millones de dólares al grupo español Santander.
Hablamos de “nacionalizaciones” para simplificar
la exposición, pero es necesario aclarar este término. Vamos a citar a Modesto
Guerrero, que es muy claro al respecto:
“Es difícil catalogarlas de
nacionalizaciones, aunque las hay, o de simples estatizaciones, que también
existen, en realidad se trata de un cuadro más complejo de figuras jurídicas
usadas por el gobierno bolivariano para posicionar al Estado como un actor
determinante en la economía, desde la producción, la comercialización, la
distribución, la fiscalización técnica y normativa al crédito de inversión
productiva. Se ha expropiado, pero sobre todo se han pactado contratos de
compra con indemnización, o se ha intervenido para evitar colapsos o impedir
desabastecimiento, contrabando y ruptura de la cadena alimentaria. Alrededor de
15.000 millones de dólares ha gastado el gobierno para sufragar esos
desplazamientos de propiedad capitalista hacia el Estado. Los doce rubros en
los que ingresó enlistan ramas tan variadas como alimentos, electricidad,
telefonía, telemática, acero, minería, energía fósil, cementeras, silos,
paking, cadena de frío, transporte de combustible, banca, televisión y pesca.
En veintiuna plantas los desplazamientos estuvieron precedidos o cruzados por
conflictos laborales donde los sindicatos reclamaron a las privadas con huelgas
y ocupaciones por condiciones salariales, de salud y formas irregulares de
contratación tercerizada. (…) la mayoría de las empresas se definen por su
participación directa en dos acciones consideradas criminales: el golpe de
abril de 2002 y el golpe petrolero de enero-marzo de 2003.”
Respecto a los medios de comunicación, en 2007, Chávez decidió no renovar la licencia del grupo audiovisual Radio
Caracas Televisión (RCTV), que expiraba en mayo. Esto suscitó una viva polémica
en el seno de la prensa internacional, que lo acusaba de “censura”. Hugo Chávez
ha acusado reiteradas veces, a Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV –que
controlan cerca del 90% del mercado y disponen de un monopolio mediático “de
facto”– de llevar a cabo una “guerra psicológica” contra su administración.
Éstos han cuestionado incesantemente su legitimidad y apoyo popular. Más allá
de estos agravantes, la clave está en que RCTV participó en el golpe de Estado contra
el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Como la ley venezolana
estipula que las señales de emisión pertenecen al Estado, que dispone del
derecho de concesión; desde este trabajo sostenemos que la decisión de no
renovar la licencia es tanto legal como legítima. La permanencia de los demás
medios opositores y sus permanentes ataques al gobierno dan suficiente cuenta
de la libertad de expresión que existe en el país.
Aquí hay algo que consideramos se está poniendo
en juego, y es el entender a la información como un derecho y no como un
negocio. Si bien consideramos que aún falta mucho para democratizar las
comunicaciones, la no renovación a RCTV es poner límites a las mentiras y las
desinformaciones que día a día se reproducen en los medios hegemónicos.
Mientras tanto, Telesur continúa expandiendo su órbita de influencia.
Por otra parte, consideramos que es necesario
mencionar otra cuestión sensible en nuestro análisis del neoliberalismo, que
también tiene que ver con más regulación, pero en un campo diferente. La
Constitución de 1999 es la primera en la historia constitucional venezolana que
se ocupa del Banco Central de Venezuela. Son varios los artículos donde se va a
regular su configuración y su relación con el Poder Ejecutivo. “Con la regulación
de la banca central, la Constitución de 1999 reconoce la relevancia de la
institución responsable de la política monetaria, y determina su imbricada
situación en el complejo sistema de relaciones entre las llamadas
administraciones independientes y el Estado.”
En 2008, el PSUV ganó las elecciones locales. En
2009, tras perder el Referéndum de 2007 sobre la Reforma Constitucional, se
realizó la consulta popular para modificar la Constitución, y así, entre otras
cosas, permitir la reelección indefinida del presidente y de los demás cargos
electivos. El Sí a la propuesta de enmienda alcanzó
6.319.636 votos (54,86%) y el No 5.198.006 votos (45,13%). Llegaremos hasta
aquí nuestra exposición sobre Venezuela, pues consideramos que con las
políticas expuestas nos alcanza para elaborar algunas reflexiones finales.
5. COMPARACION ENTRE AMBOS PROCESOS
Volvamos a
nuestras preguntas iniciales: ¿en qué grado y en qué aspectos, rompen con el
paradigma neoliberal los gobiernos de Chávez y los Kirchner? ¿Que continuidades
podemos observar y cuales pueden ser sus posibles causas? ¿Podemos hablar de un
retorno al desarrollismo, o se trata de nuevos paradigmas de gobierno?
Antes de
intentar esbozar alguna respuesta a estas preguntas, nos gustaría hacer una
aclaración. Entendemos que, por residir en Argentina,
tenemos una visión diferenciada de ambos países, pues los datos a los que
accedemos son de diferentes niveles de profundidad. Leemos los diarios
argentinos todos los días, y vemos con nuestros propios ojos cómo se llevan
adelante las políticas, lo cual nos da una visión más integral de la situación.
Los datos a los que accedemos de Venezuela son sobre todo a través de los
artículos académicos o periodísticos, de los informes del propio gobierno, o de
algún diario que podamos ver, pero nuestro contacto con la realidad venezolana
es mucho menor. Aclarado esto, prosigamos.
Es muy claro
desde la retórica, que ambos gobiernos (continuando con el criterio de
considerar a los gobiernos de Néstor y Cristina como uno solo, al mero efecto
de simplificar la exposición) ganan las elecciones diferenciándose del pasado
neoliberal. También es claro, solamente con escuchar un discurso de cada uno,
que hay diferentes grados de radicalización.
Chávez no sólo
se opone al neoliberalismo, sino que desde el comienzo de su gobierno se opone
directamente al capitalismo; y más aún desde 2005, con el anuncio de que
Venezuela iba en camino hacia el Socialismo del Siglo XXI.
En cambio, el
proyecto kirchnerista jamás se propuso superar los límites del capitalismo.
Planteó un capitalismo donde las decisiones fueran más soberanas, donde los
organismos internacionales y los países centrales no guiaran más los destinos
de la Argentina, y donde se priorizara el mercado interno. En líneas generales,
lo mismo que planteaba Perón, el fundador del movimiento, en 1945. Retornando
al peronismo clásico, el gobierno se plantea como mediador entre el capital y
el trabajo, pero no cuestiona las relaciones de producción.
Es curioso que
Chávez se identifique tanto con el líder argentino que durante la Guerra Fría
planteó la “tercera posición” entre capitalismo y socialismo, cuando el mismo
líder bolivariano se encarga de remarcar continuamente que no existe una
tercera vía, que las opciones son socialismo o barbarie.
Veamos algunos
aspectos puntuales de ambos procesos.
*Nacionalizaciones:
En este punto,
Venezuela ha ido mucho más lejos que Argentina. El gobierno de Chávez ha
realizado cientos de nacionalizaciones, y en sectores estratégicos, como son el
petróleo, la electricidad, la industria alimenticia, la banca, la siderurgia y
las telecomunicaciones. Además, Chávez ha puesto en cuestión la propiedad
privada, expropiando directamente las empresas en algunos casos, cosa a la que
el kirchnerismo no ha llegado. También puso en cuestión el régimen de tierras,
expropiando los grandes latifundios y entregando parcelas a las familias para
que las trabajen.
Los Kirchner han
avanzado en este aspecto con mucha más cautela. Si bien la nacionalización de
las AFJP ha generado algunas resistencias; las de los otros dos sectores clave
(Aerolíneas Argentinas y AySA) prácticamente no han afectado grandes intereses.
Por otra parte, el resto de los servicios básicos siguen en manos de los
privados como en los noventa: la electricidad, el gas y las telecomunicaciones.
A pesar de la reciente Ley de Tierras que limita la compra extranjera (de acá
en adelante), no se planea una reforma de la tenencia de la tierra.
*Economía social, bancos y microcréditos:
En este aspecto,
consideramos que el avance de Chávez es nuevamente muy superior. Como se vio,
el impulso del cooperativismo y de los microcréditos fue una política de estado
fuerte en Venezuela, cristalizándose en la creación del Ministerio de
Desarrollo de la Economía Social. También en este sentido se crean el Banco del
Pueblo Soberano y el banco de la Mujer. En Venezuela, se ha nacionalizado la
banca, y la ley exige a todos los bancos dedicar cierto porcentaje de sus
préstamos a microcréditos
En Argentina, el
reconocimiento a las fábricas recuperadas por los trabajadores, por ejemplo, es
muy lento. El intento de crear cooperativas con el Programa “Argentina
Trabaja”, a pesar de la transferencia de ingresos a los sectores de menos
recursos, no ha dado frutos en cuanto a lo que sería un real cooperativismo
(con sus 7 principios). La economía social es marginal y no es una política de
estado relevante el fortalecerla. La Ley de Entidades Financieras que rige aún
es la de la dictadura militar (económicamente liberal), a pesar de que se han
presentado proyectos de Ley que obligarían a los bancos a dar más microcréditos
y que plantean que hay que regular y supervisar el sistema para que esté al
servicio de la producción y no al de la especulación financiera.
*Banco Central:
La constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, va a regular ampliamente las
atribuciones y obligaciones del Banco Central de Venezuela.
En Argentina, la
autonomía del Banco Central se mantiene intacta. A pesar de haber reformado su
Carta Orgánica en 2003, su objetivo principal sigue siendo preservar el valor
de la moneda.
*Grado de enfrentamiento con los organismos internacionales y
Estados Unidos / Integración latinoamericana:
Si hay algo que
caracteriza a Chávez es su enfrentamiento constante con los Estados Unidos.
Desde que Chávez tomó medidas de corte nacionalista, éstos comenzaron a
financiar a la oposición; y apoyaron económica y mediáticamente el golpe en su
contra. En la ONU en 2006, le tocó hablar al día siguiente que a Bush,
exclamando al comenzar “Ayer vino el diablo; aquí huele a azufre todavía”. En
2008, durante un conflicto en Bolivia, Chávez llegó a expulsar al embajador
norteamericano de su país. Tras un encuentro con Obama en 2009, declaró: “Que
nadie se equivoque: ahí está el Imperio, vivito y coleando”. A pesar de
mantener un comercio fluido con los Estados Unidos, ya que Venezuela necesita
esos ingresos, Chávez ha impulsado por toda Latinoamérica no firmar acuerdos de
Libre Comercio con los Estados Unidos, sino fortalecer la unidad del
subcontinente con herramientas propias (ALBA, Banco del Sur, Unasur, tratados
comerciales).
Si bien
Argentina tiene un proyecto de desarrollo de orientación nacionalista, no ha
roto relaciones con Estados Unidos de manera tan tajante. En 2010, por ejemplo,
Cristina Fernández se comprometió a colaborar con los Estados Unidos para
suavizar sus relaciones con Evo Morales. Podemos decir que tiene una posición
mucho más ambigua, de mediación, con episodios alternantes de enfrentamientos y
de colaboración. De hecho Argentina ha decidido por ahora no ingresar en la
Alternativa Bolivariana para la América, lo cual da cuenta de los límites de su
apuesta por la integración latinoamericana.
*Sustentabilidad del desarrollo local
Aquí ambos
países sufren de ciertas debilidades. Por un lado, la economía venezolana
continúa siendo altamente dependiente de los ingresos petroleros, para con
ellos importar un volumen muy grande de alimentos –entre otras cosas- que no
produce. Esto hace a su economía muy vulnerable ante las vicisitudes de los
precios internacionales del petróleo. A pesar de las medidas en ese sentido,
aún falta mucho recorrido para que pueda garantizar su soberanía alimentaria.
Argentina, por
su parte, tiene otro tipo de problemas. En nuestro país se producen muchos más
alimentos de los que se necesitan para alimentar a la población. La producción
energética también es importante. Sin embargo, el modelo de producción no es
sostenible a largo plazo, porque no tiene en cuenta los cuidados ecológicos,
necesarios para sostener la vida humana y del ambiente. Como planteamos, la
sojización llevará a la desertificación del suelo argentino; los químicos que
se utilizan en los cultivos están afectando la salud de los pobladores rurales,
y la megaminería está contaminando cantidades impensables de agua potable,
aparte del suelo y el aire.
*Políticas Sociales
Este es uno de
los fuertes de ambos gobiernos, sin embargo también observamos gradaciones. Las
27 grandes misiones bolivarianas están pensadas desde una organicidad, para que
no se convierta en mero asistencialismo. Son fundamentales como herramientas de
ampliación de derechos. Se trata de constituir una nueva cultura, una nueva
conciencia. Han implicado un cambio revolucionario en lo que es atención en
salud y en educación, viéndose beneficiado un 70% de la población. Atienden
problemáticas tan diversas como el abandono de los pueblos originarios, los
niños en situación de calle, las personas con capacidades diferentes o las
personas indocumentadas. Contemplan la promoción del arte, la cultura, la
ciencia y la tecnología.
En el caso
argentino, las políticas sociales han abarcado también áreas muy diversas, pero
de una manera descoordinada, muchas sin una buena publicidad (haciendo que los
potenciales destinatarios ni siquiera sepan que la política existe), y muchas
de ellas manejadas a través del aparato del PJ, excluyendo a otros actores de
las mismas (como el Plan Argentina Trabaja). Consideramos que el mayor quiebre
lo representa la Asignación Universal por Hijo, pensada como algo un poco más
integral que tan solo un subsidio. Sus efectos probablemente se aprecien en
toda su magnitud en algunos años. La nacionalización del sistema previsional y
el permanente aumento jubilatorio también implica un avance muy positivo hacia
la ampliación de derechos, aunque esto aún no implica que no haya una gran
cantidad de jubilados bajo la línea de pobreza. Es una gran deuda de nuestra
democracia.
*La recuperación simbólica de la política como herramienta de
transformación.
En Venezuela,
desde 1999 hasta la fecha, se ha dado un proceso de creciente participación
popular. Para analizar lo electoral, debemos recordar que votar no es
obligatorio. En las elecciones de 2010, hubo una participación del 66,5%, es
decir, el triple que en las legislativas anteriores (2005). Aún considerando
que en las de 2005 la oposición se abstuvo de votar, se observa una creciente
concurrencia a votar. Pero de todas formas, consideramos que lo novedoso del
proceso bolivariano no pasa por la cantidad de votantes (ni por la cantidad de
elecciones sucesivas que ganó Chávez), sino por la democracia participativa que
está surgiendo. En su momento, el golpe a Chávez demostró que, cuando es
necesario, la política en Venezuela se dirime en la calle. Y esto implica un
grado mucho mayor de compromiso con la democracia que simplemente ir a votar
cada dos años, pues es poner el propio cuerpo en riesgo. No se trata de una
cuestión menor. Por otra parte, la creación de los Consejos Comunales constituye
sin duda un giro de 180º en lo que es hoy el concepto de democracia
predominante. Nos remitimos a la descripción que realizamos en el desarrollo
del trabajo para comprender su relevancia.
Por otra parte,
Argentina también ha vivido una restitución del valor de la política a la hora
de modificar la realidad. Los Kirchner se reivindicaron como militantes, e
instaron a la sociedad a organizarse en los diferentes ámbitos. Néstor dijo en su discurso de asunción que “no iba a dejar las
convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Una frase muy pronunciada tras su
muerte fue que “el mejor legado de Néstor Kirchner fue la vuelta de la
política”. Desde el estado, aún no se han encontrado
mecanismos para una democracia más participativa, como son los referéndums o
los consejos comunales en Venezuela. En Argentina hay algunos casos de
implementación presupuestos participativos, por ejemplo, pero no son relevantes
en términos nacionales. Sí ha habido una ampliación de derechos que no podemos
dejar de mencionar: la Ley de Matrimonio Igualitario. Ésta implicó un fuerte
enfrentamiento con la Iglesia católica y con los sectores más conservadores de
la sociedad. Sostenemos que parte de la clave para poder profundizar estas
políticas de mayor distribución del ingreso y mayores derechos, es abrir instancias
de mayor participación popular y de democratización. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, es un hito trascendente en ese sentido, al romper con
una norma de la dictadura, para democratizar los medios de comunicación y dar
espacio a nuevas voces. Sin embargo, la democratización debería abarcar también
los ámbitos de toma de decisiones y de manejo de recursos, no sólo a los
formadores de opinión pública, porque el poder se disputa en ambos lugares.
6- REFLEXIONES FINALES
“presenciamos un cambio de época
y no una simple época de cambios”
(Rafael Correa)
Queremos hacer una
nueva aclaración. Hemos decidido no analizar en profundidad el rol del
sindicalismo y de las leyes laborales, en los gobiernos post-neoliberales, a
sabiendas de que tienen también su impacto en los procesos que describimos.
Abarcar ambos temas hubiera implicado una extensión mucho mayor de este
trabajo, ya que son asuntos bastante complejos. También hemos dejado de lado
nuestra intención inicial de analizar las relaciones entre ejecutivo y
legislativo en cada caso. Lo evaluamos como un análisis sumamente interesante
para hacer en un futuro, pero nuevamente, abarcarlo aquí hubiera extendido en
demasía el trabajo. Entendemos que con los argumentos presentados, nos atenemos
a nuestro objetivo principal, que era analizar la ruptura con el
neoliberalismo. Sostenemos que el tema de la relación ejecutivo-legislativo y
del decisionismo, trascienden nuestra discusión. Es decir, no detectamos una relación
visible entre modelo económico y modelo de toma de decisiones. Sospechamos que
la cuestión de los líderes decisionistas tiene más que ver con el contexto y la
historia latinoamericana, que con un paradigma en particular, ya que hay
decisionismos de los más variados signos ideológicos.
Respecto a lo que
es propiamente nuestro trabajo, esbozaremos algunas conclusiones y reflexiones
que nos surgieron del mismo.
Vamos a la primera
parte de la hipótesis: el proceso de ruptura en la dimensión económica sería
mucho más marcado en Venezuela que en Argentina.
"El
principal efecto de 1989 es que el capitalismo y la riqueza han dejado, por el
momento, de tener miedo", planteaba Eric Hobsbawm. En 1992, Francis
Fukuyama lanzaba su libro “El fin de la Historia y el Último Hombre”, donde
cantaba la victoria definitiva de la democracia liberal. Sin embargo, diez años
más tarde de la caía del Muro de Berlín, asumía la presidencia de Venezuela el
Comandante Hugo Chávez, marcando el inicio de una ola de gobiernos cuestionadores
de los principios de la democracia liberal y del predominio del capital
financiero como único sistema posible. Y hoy, tras doce años más, las
nacionalizaciones llevadas adelante por el gobierno venezolano han hecho que el
capitalismo y la riqueza vuelvan a “tener miedo”.
Nos limitaremos
a citar al presidente Chávez, pues consideramos que los hechos analizados en el
trabajo avalan que en Venezuela está ocurriendo, obviamente con sus lógicas
contradicciones, lo que él plantea en estas sencillas palabras:
“Aquí está en marcha un modelo alternativo al capitalismo, estamos
impulsando un modelo económico distinto, cuyos impactos apenas están comenzando
a sentirse porque es un proyecto de largo plazo, estamos en una fase de
transición y eso es importante, que todos y todas lo reconozcamos con claridad
[...] Le vamos a dar un porcentaje de acciones a los propios trabajadores para
que sean co-dueños junto al
gobierno, junto al Estado, de esos activos y de esas empresas que están naciendo
[...] Así que de esta manera estaremos pronto transformando el modelo socioeconómico,
el capitalismo, el neoliberalismo, hacia un modelo distinto, de economía social
productiva de cogestión, de autogestión obrera, donde los trabajadores y
trabajadoras tengan un rol esencial y fundamental en el impulso de la nueva
economía al servicio del ser humano, para irnos alejando del capitalismo, del
neoliberalismo salvaje.”
Por otra parte, consideramos
que el conjunto de políticas públicas que viene desarrollando el kirchnerismo en
Argentina desde 2003 representa un cambio respecto al modelo neoliberal, ya que
se basan en una fuerte intervención del Estado en las problemáticas de pobreza,
exclusión social y desempleo. El ver que en algunos aspectos aún hay
continuidad con los años 90, nos llevó a esbozar nuestra tesis inicial, de la
menor radicalidad del proceso argentino frente al venezolano.
Consideramos que
hubo un hito dentro del período kirchnerista, que fue el conflicto con el campo
en 2008, y que provocó una profundización de las políticas redistributivas. En
ese momento, se optó la expansión del gasto público con el fin de sostener la
demanda suavizando el impacto de la crisis mundial sobre el PBI y el empleo
(opción que en otra época hubiera sido por planes de ajuste). A partir de ese
entonces, comenzó una serie de políticas redistributivas y de ampliación de
derechos sociales. Sin embargo, hasta el 2011, compartimos con Varesi que el
kirchnerismo presenta un carácter neo-desarrollista. Hay algunas marcas de
época que nos permiten pensar en un futuro de mayor radicalidad (reforma
tributaria, reforma agraria, fin de la minería contaminante, por mencionar solo
algunos ejemplos). La asistencia masiva a los actos por el Bicentenario y por
la muerte de Néstor Kirchner, hablan de un pueblo que retoma la calle, que tras
la larga noche neoliberal va lentamente volviendo a querer participar. Sin
embargo, los planes del gobierno no parecen ir en el sentido de las posibles medidas
mencionadas, tanto desde lo discursivo como desde sus acciones. Por eso aún
sostenemos la hipótesis inicial.
Respecto a lo
simbólico, podemos decir que las situaciones son demasiado diferentes en los
dos países como para hacer una comparación en términos de grados. El discurso
de Chávez citado es más que elocuente, por lo tanto no diremos más.
Respecto al
kirchnerismo, una de sus rupturas más fuertes respecto a los 20 años
anteriores, fue el fin de la impunidad para los militares que cometieron
Crímenes de Lesa Humanidad, que justamente eran los que habían introducido formalmente
al neoliberalismo en nuestro país. Y, como explicamos, el informe de Papel
Prensa de 2010 puede significar un avance mucho más profundo en descifrar la
verdadera trama de la dictadura. Los juicios no son una cuestión menor, pues
Foucault nos enseño que el derecho crea verdad. Y Gramsci nos enseñó que la
batalla por el sentido común está íntimamente relacionada con la transformación
de las condiciones materiales de existencia. Es un proceso largo y complejo, de
marchas y contramarchas. Quizás la “vuelta de la política”, también propugnada
por el kirchnerismo, implique más un avance que un retroceso.
Entonces, concluimos
que cada gobierno a su manera ha roto con el neoliberalismo desde la
construcción discursiva y el sentido común que genera. La diferencia clave está
en que Chávez ha comenzado a dar batalla también contra el capitalismo,
cuestión que lo diferencia claramente de su par argentina.
De algo no nos
quedan dudas y deseamos resaltarlo. La resistencia de los 90 fue clave para que
una década después pudieran revertirse las reformas. De no haber existido una
resistencia, que existió a su manera en cada país del continente, no sabemos
qué hubiera sido del experimento neoliberal en América Latina. Hoy en día, consideramos que los procesos de mayor participación política, con
sus diferentes modalidades y grados, son los que le dan la potencialidad a
estos proyectos de transformación de la sociedad. Pero todo es parte de una dinámica compleja, donde entran en juego las presiones de
los sectores populares y de los grandes grupos económicos, con las decisiones
gubernamentales.
Carrera de Ciencia Política
(UBA)
BIBLIOGRAFIA
LIBROS
·
Bosoer,
Fabián y Leiras, Santiago (2001): “Los fundamentos filosófico-políticos del
decisionismo presidencial: Argentina 1989-1999 ¿Una nueva matriz ideológica
para la democracia argentina? en Pinto Julio (compilador): “Argentina entre
dos siglos: la política que viene”. Editorial Universitaria de Buenos
Aires. Buenos Aires.
·
Castel,
R. (2004). “La inseguridad social. ¿Qué significa estar protegido?”. Ed.
Manantial. Buenos Aires.
·
Ellner,
Steve y Hellinger, Daniel (2003): “La política Venezolana en la época de
Chávez. Clases, polarización y conflicto”. Editorial Nueva Sociedad.
Caracas.
·
Gambina,
J. y Campione, D. (2003): “Los años de Menem. Cirugía Mayor.” Buenos
Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, IMFC.
·
Guerrero,
Modesto Emilio (2009): “Venezuela 10 años después: dilemas de la Revolución
Bolivariana”. Editorial Herramienta. Buenos Aires.
·
Lander,
Luis y López Maya, Margarita (2007): “Venezuela: las elecciones presidenciales
de 2006. ¿Hacia el socialismo del siglos XXI?” en Cheresky, Isidoro
(Compilador): “Elecciones presidenciales y giro político en América Latina”.
Editorial Manantial. Buenos Aires.
·
López,
A., Corrado, A. y Ouviña, H. (2005): “Entre el ajuste y la retórica: la
Administración Pública tras veinte años de reformas”. En “Entre tecnócratas
globalizados y Políticos Clientelistas”. Prometeo. Buenos Aires.
·
Maignon,
T. (2007): “Venezuela: una democracia complicada” en Cheresky, I. (compilador):
“Elecciones presidenciales y giro político en América Latina”. Editorial
Manantial. Buenos Aires.
·
Novaro,
M. y Palermo, V. (1996): “Política y Poder en el gobierno de Menem”. Grupo
Editorial Norma. Buenos Aires.
·
Sader, Emir (2010): “El nuevo topo: los caminos
de la izquierda latinoamericana”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
·
Svampa, M. (2005): “La sociedad excluyente.
La argentina bajo el signo del neoliberalismo”. Ed. Taurus. Buenos Aires.
REVISTAS
·
Díaz, R. (2000): “Sindicatos y nuevo escenario
político en Venezuela”. Revista Nueva Sociedad Nº 169. Caracas
·
Ferreira, R. y Goretti, M. (1996): “Cuando el
presidente gobierna solo: Menem y los Decretos de Necesidad y Urgencia”.
Revista Desarrollo Económico Nº 141. Buenos Aires.
·
Gerchunoff,
P. y Torre, J. C. (1996): “La política de liberalización económica en la
administración de Menem” en revista Desarrollo Económico. Nº 143. Buenos
Aires.
·
Martínez Dalmau, R. (2002): “La configuración
constitucional del Banco Central de Venezuela”. Revista BCV, Vol. XVI, Nº
1. Caracas.
·
Novaro, M. (1994): “Menemismo y Peronismo: viejo
y nuevo populismo”. En Revista Cuadernos del CLA-EH Nº 71
·
Rodríguez
Rojas, P. (2010): “Venezuela, del neoliberalismo al socialismo del siglo
XXI”. En: Política
y Cultura Nº34. Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilc, México.
·
Vilas, C. (1997): “De ambulancias, bomberos
y policías: la política social del neoliberalismo”. En Revista Desarrollo
Económico, Vol 36, Nº 144. Buenos Aires.
DOCUMENTOS,
PONENCIAS Y MATERIALES EDITADOS POR EL ESTADO
·
Jaua
Milano, E.
(2005): “Nuevo Modelo Productivo y desarrollo endógeno”. Ministerio para
la Economía Popular. Caracas, Venezuela.
·
Leiras,
Santiago (2007): “De Carlos Menem a Néstor Kirchner: cambios y continuidades
en la democracia argentina”. VIII Congreso Nacional de Ciencia Política de
la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad del Salvador. Buenos Aires. 6 al 9 de noviembre de 2007.
·
Portillo,
S. (2004): “Guía
Rápida de la Política Económica en Venezuela 1974-2003”. Banco Central de
Venezuela. Caracas.
·
Thwaites Rey, M. y López, A. (2003): “Argentina.
La debilidad regulatoria como estrategia política”. Proyecto UBACyT. Buenos
Aires.
WWW (incluye revistas y artículos varios)
·
Agis, E., Cañete, C. y Panigo, D. (2010): “El
impacto de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina”. CONICET.
Buenos Aires. Disponible en: http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf
·
Bourdieu, P. (1998): “La esencia del
neoliberalismo”. Traducido de Le Monde Diplomatique por Libardo González.
miembro del Comité de Redacción de la Revista Colombiana de Educación. (p.1).
Disponible en: http://www.pedagogica.edu.co/
storage/rce/articulos/rce35_11contro.pdf
http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/AT/discurso_CFK.asp
·
Discurso de la Ministra Alicia Kirchner, abril de
2005. Disponible en: http://www.desarrollosocial.gov.ar/Discurso_ak.asp?idprensa=48
·
Gambina, J. (2011): “La inflación marca el ritmo
de la economía en Argentina”. Disponible en: http://juliogambina.blogspot.com/20
11/01/la-inflacion-marca-el-ritmo-de-la.html
·
Gómez y Alarcón (2003): “Los nudos críticos de la política social venezolana de 1989 A
2001”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, año/vol. 9,
número 002. Universidad Central de Venezuela - Caracas, Venezuela. (pp. 13-35).
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/177/17709202/17709202.html
·
Gómez Sánchez, I. (2001): “Política y Ajuste
Social Económico en Venezuela”. Revista Fermentum, Año 11, Nº 31. Mérida,
Venezuela. (p. 314). Disponible en http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20676/1/articulo7.pdf
·
Kulfas, M. y Otros (2002): “Inversión extranjera
y empresas trasnacionales en la economía argentina”. Cepal. Véase en: http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/do
celec/cepal/perspec/10.pdf
·
Lamrani, S. (2007): “Hugo Chávez y RCVT, ¿censura o
decisión legítima?”. Portal Progreso Semanal. Disponible en: http://www.progresosemanal.com/friendly.php?
pdr=Jan2531_07&progreso=Salim_Lamrani
·
Lander, E. y Navarrete, P. (2007) “La política
económica de la izquierda latinoamericana en el gobierno.Venezuela”.
Editorial Drukkerij Raddraaier B. V. Amsterdam. Disponible
en: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files
/download/venezuelaeconomicpolicy-s.pdf
·
Machado, J. (2008): “Estudio de los Consejos
Comunales en Venezuela”. Fundación Centro Gumilla. Caracas. Disponible en: http://www.gumilla.org/files/documents/Estudio
-Consejos-Comunales01.pdf
·
Marini,
Ruy Mauro (1994): “La crisis del desarrollismo”. Disponible en: http://www.archivochile.cl/Ideas_Autores/maurinirm
/02tex_teo/maurini_texteo00010.pdf
·
Ministerio de Comunicación e Información (2006): “Las
misiones bolivarianas”. Colección Temas Hoy. Caracas. Disponible en: http://www.sisov.mpd.gob.ve/estudios/143/Las
%20misiones%20bolivarianas.pdf
·
Moreira, Carlos y Barbosa, Sebastián (2010): “El
kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su construcción de poder y
forma de gobernar”. Disponible en: www.revistas.ufg.br/index.php/fchf
/article/download/13423/8661
·
Olmos Gaona, A. (2001): “Seminario sobre
aspectos históricos de la Deuda Externa Argentina” Disponible en: http://www.oid-ido.org/IMG/rtf/
OlmosArgentina.rtf
·
Palomino, H.: (2000) “Los sindicatos en la
Argentina contemporánea” disponible en http://www.nuso.org/upload/
articulos/2884_1.pdf
·
Rodríguez, A. (2007): “Raúl Leoni,
Presidente Constitucional de la Republica de Venezuela 1964-1969. Breve
Recuento de los Logros de un Gobierno Democrático”. Véase en: http://www.analitica.com
/va/politica/opinion/5217147.asp
·
Sader, E. (2007): “Independencia del Banco
Central = Hegemonía del capital especulativo”. Véase en: http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=51439
·
Schulman, J. (2010): “El debate sobre Papel
Prensa. La izquierda entre la entomología y el pensamiento crítico.”.
Disponible en: http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2011/06/10/el-debate-sobre-papel-prensa-la-izquierda-entre-
la-entomologia-y-el-pensamiento-critico-un-texto-de-2010-que-mantiene-su-vigencia/
·
Vercesi, Alberto Juan (1999): “La doctrina y la
política económica del desarrollismo en argentina”. Véase en: http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_99/vercesi.pdf
·
http://www.indec.mecon.ar/
·
http://www.bancodelpueblo.gob.ve/
·
http://www.ine.gov.ve/
·
http://www.pdvsa.com/
· http://www.fus.gov.ve/
·
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/
NOTICIAS
·
“Kirchner reapareció en un acto junto a Scioli y
a intendentes en Quilmes”. Diario Página 12, 07-08-09.
Buenos Aires. Disponible en : http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-129597-2009-08-07.html
·
Paenza, A. (2011): “Un país invitado para
quedarse”. Diario Página 12, 10-06-11. Buenos Aires. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/socieda
d/3-169801-2011-06-10.html
·
Portal Rebelión (2010): “La inversión social en
Venezuela supera los $330.000 millones en 11 años”. http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=101953
·
Una señal de identidad”. Diario Página 12, 18/06/03.
