En consecuencia, es factible que el objetivo de reconstruir los puentes entre los partidos políticos y la sociedad civil no se logre, y probablemente se obtenga un mayor distanciamiento entre la sociedad civil y la sociedad política.

  En tercer lugar, las PASO imponen a las listas internas un inmenso desafío de fiscalización. Hacia el interior de los partidos, se espera que la estructura partidaria posea la cantidad de fiscales necesarios frente a las listas opositoras de todos los partidos y sus listas juntos. Asimismo, este sistema de votación otorga ventajas a las listas que cuenten con el apoyo del gobierno nacional o provincial que pueden proveer fiscales. Reforzándose aún más el poder de los gobernadores y la estabilidad que lograron luego de las reformas electorales provinciales durante la década de los ’90.

  Por último, la ley, parte de un precepto erróneo para propender a lograr condiciones de igualdad para la competencia, no se debe tratar a todos los actores como iguales. Porque la autoridad partidaria es parte de la competencia interna. Por lo tanto, la relación de poder es asimétrica.
  Con respecto a la competencia simultánea, la Dirección Nacional Electoral, tampoco es neutral, es parte interesada y puede tener un manejo estratégico del reparto de los fondos públicos.
  Todos estos mecanismos descriptos atentan contra el fin de regular equitativamente la competencia electoral. Por lo tanto, las PASO sólo lograrán funcionar como freno al faccionalismo pero difícilmente funcionen para profundizar la democracia al interior de los partidos, para aumentar su representatividad ni para promover la equidad del proceso electoral interno.
  Por esto, no es correcto suponer que todas las partes afectadas tienen igual acceso al proceso de toma de decisiones.

 

3. Campañas electorales para las elecciones generales

 

3.1 Financiamiento de las campañas electorales

 

  La ley tiene como objetivos, en este punto:
 - Transparentar el financiamiento de la política; y  
 - Promover la equidad y la transparencia del proceso electoral.

  El financiamiento público de los partidos políticos, se realizará por intermedio de aportes de campaña, previstos en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional24 . A su vez, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a las agrupaciones políticas los recursos para imprimir una boleta y media por elector25 .
  ¿Cómo de dividirán o distribuirán los aportes de campaña?

• El 50% del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria entre las listas presentadas;
• El 50% restante se distribuirá entre los 24 distritos, en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. A continuación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría26 .

  En este punto, la ley realiza una modificación en la distribución de los aportes públicos de campaña con respecto a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
  Con la nueva ley, se agranda el premio a los partidos políticos por presentar candidatos, ya que se pasa del 30 al 50 % del monto total a repartir entre todas las listas presentadas27 . Y se reduce el premio a los resultados del 70 al 50 %.
  El primer objetivo de la ley es disminuir el número de partidos, al elevar los umbrales de representación y los requisitos legales mínimos y continuos. Pero, a la vez, cambia la distribución de los recursos públicos, otorgando un mayor porcentaje a los partidos menores, al elevar del 30 al 50 % el porcentaje del monto a distribuir en forma igualitaria entre las listas.
  No queda claro, en la redacción del Art. 54 de la ley, si la segunda mitad de los aportes de campaña se le entregan al organismo partidario de distrito o al organismo nacional. O bien, si mantiene la distribución de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos: Un 20 % del monto, logrado por la cantidad de votos obtenidos, los recibe el organismo nacional y el 80 % el organismo de distrito28 .
  Esta implementación, por supuesto, influirá en las relaciones:

• Partido Político y sus líneas internas.
• Gobernadores y su partido político.
• Cúpulas partidarias y otros pensamientos e ideas dentro del partido.

  El financiamiento privado sólo será por contribuciones de personas físicas y se prohíbe toda donación o contribución de personas jurídicas (empresas)29 .
  La ley intenta restringir el financiamiento de origen privado con el objetivo de atenuar las asimetrías de presupuesto que existen entre los partidos, en relación a los recursos económicos para financiar los gastos de campaña.

Tope máximo para los gastos de campaña = N° de electores habilitados X Un módulo electoral Financiamiento privado máximo = Tope máximo de gastos de campaña – Aportes públicos extraordinarios para campañas electorales (Art. 52).

Para cada categoría en que se presente el partido político (Diputados Nac., Sen., Presidente y Vice, Parlamentarios del Mercosur) ningún distrito tiene menos de 500.000 electores. (Valor del módulo establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional)30 .
  Del monto resultante para el financiamiento privado máximo, cada persona podrá aportar como máximo el 2 % del mismo.
  La ley obliga a los partidos a presentar un informe de campaña con los gastos y la identificación de los aportantes y su contribución, pero mantiene que será al final de la campaña. Si se exigiera el informe de manera preeliminar, se podría realizar un control de los aportes que tuviera sus efectos inmediatamente, en la misma elección.

 

3.2 El financiamiento privado y la publicidad electoral

 

  Con respecto, al financiamiento privado, se prohíben los aportes de personas jurídicas y, sobre todo, se prohíbe la contratación y venta de espacios de radio y televisión para publicidad electoral.
  La ley, modifica totalmente el esquema de financiación de las campañas electorales, porque la publicidad electoral audiovisual representa el costo mayor de una campaña.
  Las agrupaciones políticas, así como los candidatos por sí o por terceros, en ningún momento podrán contratar o adquirir espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción, para promoción con fines electorales31 .
  Los espacios de publicidad electoral, en tales emisoras, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. Estos espacios, en cantidad, serán distribuidos de la siguiente manera:

• El 50 % por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidatos.
• El 50 % restante, entre todas las agrupaciones, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales32 .

  La ley deberá asegurar la rotación en todos los horarios y al menos dos veces por semana en el horario central de los servicios de comunicación audiovisual. Cualquier solicitud de cambio en el espacio de publicidad electoral, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional Electoral.
  Una vez más, esta ley deja en manos de uno de los actores, la prerrogativa sobre el manejo de los espacios publicitarios, se le otorga al Ministerio del Interior un margen más amplio para influir en un tema sustancial.
 ¿Se convierte al Ministerio del Interior en juez y parte? Sí. Por lo tanto, la ley en este punto promueve una nueva inequidad. Al colocar a la Dirección Nacional Electoral como una autoridad de aplicación se otorga una ventaja institucional al oficialismo de turno, generando una posición a priori ventajosa. Así, no se garantizan condiciones de igualdad para todos los partidos.
  De esta manera, la ley produce, con la prohibición de contratar espacios publicitarios por los actores, una modificación sustancial, porque les quita a los partidos políticos y a sus candidatos la plena capacidad sobre su planificación de la campaña electoral. Traspasando estas capacidades a un organismo estatal, que es parte. Generándose una mayor discrecionalidad.
  ¿No son los partidos y/o sus candidatos capaces de asignar sus recursos de manera racional? ¿Es necesaria una prohibición estatal? ¿Será el Estado más racional en la asignación de éstos recursos que los propios interesados?
  En la era de las comunicaciones, dónde la relación candidato-ciudadano cambió radicalmente y cada vez más se logra a distancia, el Estado es capaz de arrogarse el derecho a dirigir los tiempos de tal relación.
  En lugar, de otorgarle a la misma, un marco regulatorio en el cual los partidos y los candidatos puedan desarrollar su estrategia con todas sus capacidades de elección de medios, horarios y financiamiento.
  Este marco, además, ayudará a que no se registren las anteriores desigualdades extremas entre la cantidad de  publicidades de uno y otro partido. Y, a la no saturación del ciudadano con publicidad electoral masiva.
  Los espacios para la publicidad electoral otorgados con fondos públicos y distribuidos por la Dirección Nacional Electoral podrían ser un piso para los partidos, a partir del cual se podría legislar un tope máximo. Este tope máximo, sería una regulación que acorte distancias económicas entre los partidos políticos y sus asimetrías de recursos para solventar la campaña electoral.
  Desde el punto de vista técnico, ¿qué organismo va a monitorear a los medios para que la publicidad electoral sea observada en todos los distritos necesarios y debidos? ¿Cómo se controlarán a los más de doce mil medios en todo el país para que no vendan ni emitan publicidad electoral?
  Un último punto, sobre la publicidad electoral: Es llamativo que no todos los medios audiovisuales automáticamente distribuyan el 10 % de su tiempo total de programación33 , sino sólo los medios que autorice la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) (creada por la polémica Ley de Medios, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522)34 .
  Radica aquí, otra ventaja previa para el partido que conforma la mayoría en la AFSCA, ya que los medios autorizados serán los elegidos por ella, pudiendo no ser los principales o los más ecuánimes. Generalmente, los candidatos oficialistas están en la gestión pública y tienen una exposición constante en los medios audiovisuales y gráficos. En cambio, los candidatos opositores necesitan instalarse.
  En conclusión, esta ley impide la libre estructuración de las campañas por parte de los candidatos para su instalación; se deberían introducir cambios proponiendo límites en gastos privados y en cantidad de minutos en los medios audiovisuales.
  Una ley democrática y pluralista no prohíbe, sino que propone marcos legales para disminuir las desviaciones y desigualdades y prevenir delitos.

 

4. De las encuestas y sondeos de opinión

 

  La ley crea un Registro de Empresas de Encuesta y Sondeos de Opinión. Toda empresa que realice encuestas de opinión sobre la campaña electoral, solicitada por los partidos o por terceros, para publicarlas deberá inscribirse en dicho registro35 .
  La implementación de un registro obligatorio es un paso adelante en la transparencia de la información vertida en los medios de comunicación por los partidos, los candidatos y terceros interesados.
  El informe requerido a las empresas de encuestas sobre la conformación técnica de los sondeos ayudará a la formación de una opinión pública informada con estudios con una mínima solvencia científica.
  Lamentablemente, a renglón siguiente de la ley, nos encontramos con una nueva restricción: Ningún medio de comunicación podrá publicar encuestas ocho (8) días antes de las elecciones generales ni referirse a sus datos36 . Es decir, que se amplía la veda electoral para publicar encuestas y/o analizarlas en los medios.
  Primero, surgen grandes incógnitas para la implementación de esta restricción, a priori, se tornaría muy difícil el monitoreo en la web.
  Segundo, se elevaría al infinito la incertidumbre, en la última semana de la campaña.
  Esta modificación, estaría propiciando el desconocimiento por el rumor y produce, que una buena medida como el registro de empresas de opinión caiga al vacío, porque en esa semana la incertidumbre crecerá exponencialmente por trabajos que aparecerán en la web, afiches sin firmas, radios de baja frecuencia, diarios parroquiales, etc.
  Asimismo, la norma se efectivizará en los grandes medios, pero cómo se controlará a los medios que no compiten por la credibilidad del informado ni por porciones del mercado.
  Restringir las comunicaciones, en el auge de la revolución informática 2.0, dónde una gran porción de ciudadanos posee elementos (celulares, teléfonos inteligentes, computadoras, notebook, etc.) para comunicarse al instante con todas las noticias, no parece una decisión acertada, si bien posible.
  El resultado esperable, será la instalación de escenarios, de manera ilegal, por los candidatos más fuertes, generalmente los oficialistas.

 

4.1 Internet y la publicación de las encuestas o sondeos de opinión

  La prohibición de la publicación de encuestas o sondeos de opinión en especial en internet en los últimos ocho días de la campaña electoral, traerá varios problemas.
  El poder como problema:

• ¿Quién controla? El gobierno es la primera opción, ¿cuál será la implementación?
• ¿Cómo? ¿Cuál será el protocolo de comunicación de Argentina?
• ¿Quién será el policía de Internet? ¿Qué organismo? ¿Se podrán detectar los proxy anónimos de navegación? ¿Qué ocurrirá con las redes sociales? ¿Se acabará con la horizontalidad de la información?

  No hay derecho penal sobre los sitios, no hay aún un policía internacional. ¿Cómo se prohibirá sobre páginas que no son argentinas? Nuestras leyes no acometen contra páginas de otro país.
  ¿Nos someteremos como país a un control central?

  Todo esto nos lleva al tema de la neutralidad en la red37 : “Básicamente tiene que ver con que el tráfico en Internet no sea discriminado de ninguna forma y que los proveedores no den prioridad a algún sitio por ser popular o influyente frente a cualquier otra página”.
  La Argentina no tiene una ley sobre la neutralidad en la red, ¿entonces un gobierno podrá obligar a los ISP (proveedores de Internet) a bloquear, interferir y restringir el derecho de cualquier usuario a recibir información?

  Intentar limitar la utopía de la coordinación natural y la horizontalidad digital con una ley en un país (aisladamente del marco internacional) es ingenuo. O bien, es un intento por acrecentar la inequidad en el sistema, favoreciendo al supuesto policía.

 

5. Conclusión

 

  La ley 26.571, realiza una reforma política amplia con algunos aspectos positivos, otros negativos que deberían ser revisados y algunos puntos que dejan dudas sobre la capacidad de implementación por el desarrollo técnico necesario para la logística previa.

• La ley modifica las reglas que regían la competencia electoral en el país, apuntando sobre todo a promover la configuración de un sistema de partidos menos fragmentado y más estable.

 

  Este objetivo es, un aspecto positivo de la reforma y alcanzable con los medios utilizados en la misma. La ley se orienta a aumentar la representatividad de los partidos políticos. Generando un proceso en el que, un sistema de partidos estable y menos fragmentado, sea un contexto de mayor predicción y previsibilidad para buscar la construcción de acuerdos legislativos que favorezcan la gobernabilidad.

 

• La introducción del mecanismo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias es un cambio radical en el procedimiento de selección de candidatos para la elección general.

  Las primarias abiertas tienen como aspecto positivo la restricción a los que no participen o pierdan en ellas, para su presentación en las elecciones generales. Es decir, apuntan a combatir el faccionalismo.
  Esta instancia previa de elección –obligatoria para todos los electores habilitados- es positiva porque ayudará a sincerar posiciones ideológicas dentro de los partidos, definiendo con mayor claridad los clivajes sociales. Pero, a la vez, podría resultar la posibilidad de consecuencias no deseadas (por la obligatoriedad del voto) de un agotamiento cívico de la población al reiterarse, en plazos cada vez más cortos, la asistencia a las urnas.
  Esta situación podría derivar en un aumento del ausentismo o del voto en blanco, sumado a la apatía general. Y, en consecuencia, es factible que el objetivo de reconstruir los puentes entre los partidos políticos y la sociedad civil no se logre.
  Las PASO imponen a las listas internas un inmenso desafío de fiscalización, favoreciendo a los aparatos partidarios.
  Asimismo, este sistema de votación otorga ventajas a las listas que cuentan con el apoyo del gobierno nacional o provincial que pueden proveer fiscales.
  Todos estos mecanismos descriptos atentan contra el fin de regular equitativamente la competencia electoral. En consecuencia, no se logran ni se garantizan, para todos los actores, condiciones de igualdad para la competencia interna, dificultando la renovación democrática al interior de los partidos.

 

• El financiamiento y la publicidad electoral: La ley modifica totalmente el esquema de financiación de las campañas electorales al prohibir contratar espacios para publicidad electoral durante la campaña. La publicidad electoral audiovisual representa el 87 % promedio de los costos de una campaña.

  Los espacios, en las emisoras, serán distribuidos y otorgados por la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. Una vez más, la ley deja en manos de uno de los actores, una cuestión sensible a los demás, otorgando al Ministerio del Interior un amplio margen para influir.
  En general, con la prohibición se cercena, a los partidos políticos y a sus candidatos la plena capacidad sobre su planificación de la campaña electoral.
  Por último, es llamativo que no todos los medios audiovisuales automáticamente participen con sus espacios para la campaña electoral, sino solo los que autorice la AFSCA.

 

• La implementación de un Registro de encuestadores, dónde se explicite la metodología utilizada en el trabajo junto con todos los datos pertinentes es un paso adelante para la transparencia de la información que los sondeos entregan.

  Al contrario, la prohibición en todo tipo de medio para la publicación de encuestas ni la referenciación a sus datos por el lapso de ocho días previos a la elección general, propician el rumor por sobre la información. Elevando al infinito los costos de la información entre los votantes y los políticos. Potenciando la asimetría de información38 .
  ¿Se favorece al electorado, restringiendo la información en la última semana? ¿Se puede decidir por un candidato u otro con la imposibilidad institucional de conocer el máximo posible de la información sobre las preferencias individuales de los demás ciudadanos?

 

• La ley en términos generales deja interrogantes sobre las capacidades de monitoreo y aplicación de las nuevas reglas por parte del Estado.

 Por ejemplo: los padrones de afiliados a los partidos políticos; la asignación de los espacios publicitarios; el fortalecimiento de la Justicia Electoral, en referencia a los nuevos plazos para los partidos por alguna disconformidad; como controlar la no publicación de encuestas en internet en los últimos ocho días de campaña.

 

  En conjunto, la ley tiene un espíritu centralista, que apodera al Estado en algunas cuestiones (financiamiento de las campañas, distribución de espacios en los medios, entre otros ya enumerados) que antes poseían los actores limitando la libre estrategia de instalación de los candidatos.

  Entonces, traslado, una pregunta que se hace North: ¿Cuán cerca están las intenciones de los resultados?
  La ley posiblemente logre aumentar la representatividad de los partidos políticos si logra reducir el número de los mismos, promoviendo una mejor transacción de acuerdos en el Congreso.
  Difícilmente, se logre con las PASO profundizar la democracia al interior de los partidos.
  También, al no generarse un órgano electoral autónomo, sino que, por el contrario se centraliza el proceso eleccionario en el Ministerio del Interior, no se visualiza una mayor equidad y transparencia en el proceso.
  No se obtiene equidad, al no homologar a los distintos con un tratamiento igualitario. Por el contrario, se logra equidad cuando se diferencia en el tratamiento a los distintos, asumiendo la asimetría entre los actores en la relación de poder.
  Por lo tanto, las reglas deberían apuntar a equiparar las condiciones de competencia para todos los actores. Sin embargo, las disposiciones de la ley tienden a beneficiar a aquellos actores que tienen el control del aparato en un partido o el control estratégico de resortes estatales.

 

6. Propuestas

 

• Elevar el umbral que deben alcanzar los partidos políticos, entre todas las listas internas en las PASO para poder participar en las elecciones generales, del uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos validamente emitidos al dos (2%) en el distrito correspondiente.

• La implementación del voto electrónico, que facilitaría la emisión del voto a los ciudadanos, sobre todo en las PASO en las que se multiplicará la cantidad de boletas (partidos políticos habilitados x cantidad de listas internas de cada uno). A la vez, se abaratan costos y se facilita el recuento de votos.

 

• Integrar a la nueva batería de reglas, la eliminación de las listas “colectoras” y “espejo” en las PASO. Insertando, un artículo taxativo para las primarias idéntico al utilizado para las elecciones generales en la propia ley.

 Asimismo, insertar un fuerte castigo a las llamadas “candidaturas testimoniales”, porque es una acción tramposa, que no permite la accountability electoral y social.

• El financiamiento mixto: El aporte estatal al financiamiento de la campaña electoral en un gran porcentaje favorece al proceso eleccionario. Pero, la prohibición para la contratación de espacios en los medios audiovisuales por los partidos, sus candidatos o terceros no coloca a todos los candidatos en igualdad de condiciones, porque los candidatos oficialistas ya están instalados y son conocidos por la sociedad, y junto a esto se coloca la publicidad oficial de los actos de gobierno que no se encuentran regulados por ley.

Una regulación sería conveniente frente a una prohibición, proponiendo un piso, que sería el sorteo de espacios que propone la ley y, además, un porcentaje máximo medido en dinero y minutos a cargo de los partidos y sus candidatos, no de terceros.
Permitiéndose así, una mejor planificación de la campaña.
Toda legislación debe buscar un balance, para evitar la excesiva dependencia de los partidos respecto del Estado y su alejamiento de la sociedad. Por otro lado, y simultáneamente, se debe impedir la influencia excesiva de sujetos o corporaciones sobre los partidos o candidatos39 .
No se debe olvidar que los partidos políticos son asociaciones privadas pero que realizan funciones públicas o de interés general.
Entonces, los aportes privados remiten al origen de los partidos, es decir, a la sociedad, porque los partidos nacen en la sociedad y no en el Estado. Un total financiamiento público aleja al partido de los cambios sociales y se burocratiza perdiendo libertad, comenzando un proceso de osificación en el que los partidos se alejan de sus bases y pierden capacidad para agregar intereses.

• El principal déficit de la ley, es el retroceso que produce, al dejar la distribución de los aportes públicos para la impresión de boletas de votación (desaparecerían con el voto electrónico) y de los espacios de publicidad electoral en manos del Ministerio del Interior.

Por lo tanto, se propone la creación de un órgano electoral autónomo.
Este órgano independiente del gobierno de turno, organizaría las elecciones, asumiría las responsabilidades sobre los aportes públicos y debería controlar el cumplimiento de la ley y observar los cambios pertinentes en el armado institucional con la observancia de la dinámica de los futuros acontecimientos. De esta manera, se lograría un permanente estudio de los marcos institucionales.

 

*Licenciado en Ciencia Política (UBA)

 

Bibliografía

• Código Electoral Nacional (Ley 19.945).
• Ley de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Ley 26.571).
• Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 26.215).
• Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.
• Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522)
• Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).

Libros:

• Calise, M. (2000). “Il partito personale”.Roma. Editori Laterza.

• Calvo, E., Szwarcberg, M., Micozzi, J., Labanca, J.. (2001).  En Calvo, E., Abal Medina, J. (Editores): “Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina: Sesgo mayoritario, sesgo partidario y competencia electoral en las legislaturas provinciales argentinas”, “El federalismo electoral argentino”. Buenos Aires. Eudeba.
• Duverger, M. (1980). “Los partidos políticos”.México. FCE.
• Mair, P. (1997). “Party Sistem Change”. UK. Oxford University Press. Traducción Cingolani, L. y Pallares, U. (UBA).
• Michels, R. (1979). “Los partidos políticos”. Buenos Aires. Amorrortu.                     
• North, D. (1998). “Una teoría de la política basada en el enfoque de los costos de transacción”.  En Saiegh, S.- Tommasi, M. (Comp.): “La nueva economía política: Racionalidad e instituciones”.  Buenos Aires. Eudeba.
• Olson, M. (1971). “La lógica de la acción colectiva”. Buenos Aires. Ariel.
• Orlandi, H. (1990). “Las elecciones primarias norteamericanas y los posibles efectos de la aplicación en la Argentina de formas abiertas de selección de candidatos”. En Aznar, L. & Boschi, M.: “Los sistemas electorales. Sus consecuencias políticas y partidarias”.Buenos Aires. FUCADE.

• Panebianco, A. (1990). “Modelos de partidos”. Cap. I. Madrid. Alianza.
• Sartori, G. (1980). “Partidos y sistemas de partidos”. Madrid. Alianza.
• Shepsle, K. (1989). “Estudiando a las instituciones”.  Cap. I y II.  Buenos Aires. Eudeba.
• Shepsle, K. (1998). “Discrecionalidad, Instituciones y el problema del compromiso del gobierno”. En Saiegh, S. – Tommasi, M. (Comp.): “La nueva economía política: Racionalidad e instituciones”. Buenos Aires. Eudeba.
• Tsebelis, G. (1998). “La toma de decisiones en los sistemas políticos”.  En Saiegh, S.  Tommasi, M. (Comp.): “La nueva economía política: Racionalidad e instituciones”.  Buenos Aires. Eudeba. 

Revistas:

• De Riz, L. (1992). “El debate sobre la reforma electoral en la Argentina”, en Desarrollo Económico N° 126, julio-septiembre 1992.

Páginas de Internet:

•  www.doscerolife.com.ar “Entrando en el debate sobre la Neutralidad en la Red”.

Documentos:

• Abal Medina, J.M. (2010). “Mayor democracia y equidad en los partidos y en el Estado”. En “Reforma política en la Argentina”. Proyecto de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Escolar, M. (2010). “La política de la reforma: notas sobre el sistema de partidos y la gobernanza electoral”. Proyecto de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Mainwaring, S., Scully, T. (1997). “La institucionalización de los sistemas de partido en América Latina”. En América Latina Hoy N° 16: “Elites y Democracia”. IEIP. Salamanca.
• Mair, P. (1999). “C’é un futuro per i partiti?”. Seminario di studio “Il futuro dei partiti, i partiti del futuro”. Associazione CRS/Democratici de Sinistra. Direzione Nazionale. Roma, 24 giugno 1999.
• Tula, M. (2005). “Voto electrónico”. CIPPEC. Buenos Aires.
• Tullio, A. (2010). “Los partidos políticos como reaseguro de estabilidad y legitimidad democrática. La reforma política en la Argentina actual”. Proyecto de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Zovatto, D. (2000). “Estudio comparado de las características jurídicas y prácticas del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina”. Seminario sobre reforma política. Ministerio del Interior. Vicepresidencia de la Nación. Rosario, Abril de 2000.

1 En este trabajo, al igual que en la ley analizada, se entenderá por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral.

2 Art. 2: Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4 ‰) del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000)…
(…) Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

3 Art. 4.- Incorpórese como artículo 7° ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298: Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a instancia del juzgado federal con competencia electoral, verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de la personería jurídico-política cuando corresponda….

4 Art. 5.- Modifícase el artículo 8° de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298: Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación….

5 Art. 16.- Modifícase el artículo 50 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298: Son causas de caducidad de la personería política de los partidos: a)La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años; b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas; c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda; d) La violación de lo determinado en los artículos 7°, inciso e) y 37, previa intimación judicial; e) No mantener la afiliación mínima prevista por los artículos 7° y 7° ter; f) No estar integrado un partido nacional por al menos cinco (5) partidos de distrito con personería vigente; g) La violación a lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 33 de la presente ley.

6 Liliana De Riz: “El debate sobre la reforma electoral en la Argentina”, en Desarrollo Económico N° 126, julio-septiembre 1992, pág. 164 – 167.

7 Art. 14.- Modifícase el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo a sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.

8 Art. 19.- Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un sólo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista (...).

9 Art. 23.- En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores confeccionado por la justicia nacional electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad a partir del día de la elección general (...).

10 Art. 24.- Los electores deben emitir un (1) solo voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas (...).

11 Art. 22.- Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola categoría de cargos electivos.

12 Art. 88.- Modifícase el Art. 60 del Código Electoral Nacional Ley 19.945: (...) Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran (...). No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

13 Art. 44.- (...) Las agrupaciones políticas no podrán intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron electos y por las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.

14 Art. 45.- Sólo podrán participar en las elecciones generales, las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur, hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y vicepresidente se entenderá el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.

15 Giovanni Sartori: “Partidos y sistemas de partidos”, pág. 17-21. Editorial Alianza. Madrid. 1980.

16 Uno de los factores del gobierno dividido en la Argentina. Ernesto Calvo, Mariela Szwarcberg, Juan Pablo Micozzi y Juan Facundo Labanca en “Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina: Sesgo mayoritario, sesgo partidario y competencia electoral en las legislaturas provinciales argentinas”, “El federalismo electoral argentino”, Ernesto Calvo y Juan Manuel Abal Medina (h) editores. Eudeba. Buenos Aires. 2001.

17 Art. 21.- La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el Código Electoral Nacional y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas. (...)

18 Art. 44.- La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación de cada agrupación se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Las candidaturas a senadores se elegirán por lista completa a simple pluralidad de votos. En la elección de diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria. (...).

19 Art. 32.- La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que les corresponderá, por aporte de campaña para las elecciones generales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector.
Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
A su vez, serán distribuidos por la agrupación política entre las listas de precandidatos oficializados en partes iguales. (...).

20 Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias.
Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.
Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. (...).

21 Art. 35.- La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con citación a las agrupaciones políticas que participen en las elecciones primarias, los espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción, según lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

22 Art. 57.- Modificatorio del Art. 43 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215: Art. 43 sexies: La cantidad de los espacios de radiodifusión y los espacios en los medios audiovisuales, serán distribuidos tanto para las elecciones primarias como para las generales de la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidatos;
b) Cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales. Si por cualquier causa una agrupación política no realizase publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá transferir bajo ningún concepto, sus minutos asignados a otro candidato, o agrupación política para su utilización.