Resumen:
Colombia ha vivido más de 17 años de su historia reciente bajo los denominados estados de excepción. La importancia del estudio de las medidas emprendidas por los gobiernos bajo esta figura resulta entonces indispensable para determinar las consecuencias de las mismas, proporcionando hipótesis que permitan determinar el grado de afectación que han generado. El manejo de las medidas de excepción bajo el gobierno de Samper es una clara demostración de la implementación de un régimen decisionista sobre aquel que privilegia un balance de poder. Estas medidas apuntaron a subsanar los daños causados por la crisis de legitimidad del gobierno, sin embargo terminarían incrementándola y debilitando la estructura institucional del país.

Abstract:
Colombia has been lived more than 17 years of his recent history under emergency states. It would be essential to study political measures taken by the government obeying this concept in order to study their consequences. The way Samper government managed emergency measures would show clearly how a ‘decisionist’ regime is preferred instead of a regime based on power balance. These measures aimed to overcome damages caused by the crisis of government legitimacy but they would have increased that crisis instead and weakened institutional structure of the country even more.

Decisionismo y Democracia: La Amenaza de crisis bajo el gobierno de Ernesto Samper

  
   Por: Sandra Viviana Giraldo1

Introducción
Desde la lucha violenta en búsqueda de la independencia, hasta la formación del Estado moderno; Colombia ha enfrentado innumerables retos en pos de una consolidación social, política y económica. La actual guerra de guerrillas que enfrenta el país, ha afectado tanto a la sociedad como al eje institucional del Estado, incidiendo en su cultura jurídica y política.

Aunque el estudio de las razones que impulsaron el surgimiento de las guerrillas y de la inestabilidad política colombiana han sido dos aspectos investigados por importantes historiadores y analistas; no conciernen de manera directa en los objetivos del presente trabajo escrito. Lo que sí es importante mencionar es que la violencia e inestabilidad fueron las principales motivaciones para que, tanto en la Constitución Política de 1886 y la de 1991, se trataran los temas de estados de excepción como mecanismos para lograr estabilidad. Sin embargo,  han sido los presidentes del Estado Colombiano los principales responsables del mal uso de estos mecanismos y de las consecuencias que esto ha tenido sobre la institucionalidad del país.

Los estados de excepción se instauraron entonces, en la política colombiana, como un mecanismo más para lograr que el ejecutivo obtuviera mayor independencia y poder sobre las otras ramas. De igual manera; su uso continuo logró que el ejecutivo se convirtiera en una suerte de “legislador de hecho”, dónde el presidente de la república operaba emitiendo decretos -y  no a través del Congreso de la República- apelando constantemente a la “emergencia y la excepcionalidad”.

“Así, por ejemplo, en los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82% del tiempo transcurrido. De igual manera, buena parte de las normas de excepción han sido legalizadas por el Congreso, lo cual ha convertido al Ejecutivo en ´legislador´.”2 De esta manera, es válido afirmar que la historia del Estado colombiano, con sus transformaciones y reveses, ha ido de la mano de la implementación de un continuo decisionismo, amparado bajo los estados de excepción.

El presente trabajo escrito tiene como objetivo principal, el análisis de las consecuencias que los dos aspectos anteriormente mencionados han representado para la institucionalidad del aparato  estatal en Colombia. De esta forma se empleará un estudio de caso, el gobierno de Ernesto Samper (1994 -1998) durante el proceso 8000, para ejemplificar como el ejecutivo utiliza estos mecanismos en pos de lograr evadir un coherente contrapeso institucional.

Para lograr este objetivo se dividirá el escrito en cuatro partes. En la primera parte hará una pequeña revisión conceptual sobre aspectos y terminología empleados a lo largo del trabajo. En la segunda parte, se hablará sobre la evolución jurídica y constitucional de Colombia en temas de estados de excepción y decisionismo. La tercera parte abarca el estudio de caso con sus respectivas implicaciones. Finalmente, en la cuarta parte, se establecerán una serie de consideraciones finales.

I. Revisión Conceptual y Marco Teórico: Decisionismo y Democracia Delegativa.

El inicio de la década de los noventa representó para gran parte de América Latina y para Colombia en especial, el comienzo de un nuevo capítulo en la historia democrática y social. Se esperaba que este sistema de gobierno, enmarcado en las ramas del poder público y el denominado “check and balance”, lograra subsanar los daños causados, tanto a la Nación como a las instituciones, en la época de las dictaduras y otros regímenes autoritarios y de exclusión.

Sin embargo, muchos autores llegan a la conclusión de que la democracia que se vive en América Latina es distante de la que se propone teóricamente. Debido a esto, es importante determinar que en el desarrollo del presente trabajo se trataran conceptos como “hiperpresidencialismo” y “democracia delegativa” para hacer alusión al estilo de gobierno predominante en varios países latinoamericanos.

El autor Guillermo O´Donnell ha realizado importantes aportes en el desarrollo el concepto de democracia delegativa. En “Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización”, publicado en 1997,  describe el término cómo:

“(...) una concepción y práctica del poder ejecutivo según la cual, por medio del sufragio se le delega al ejecutivo, el derecho de hacer todo lo que le parezca adecuado para el país. También se demuestra que las democracias delegativas son intrínsecamente hostiles a los patrones de representación normales de las democracias, a la creación y consolidación de las instituciones políticas y, específicamente, a lo que denomino “rendición de cuentas horizontal”. Con esto me refiero al control de la validez y legitimidad de las acciones del ejecutivo por parte de otros organismos que son razonablemente autónomos de aquel”.

En relación a la definición que aporta el autor argentino, es válido descartar aspectos que se ayudarán a describir el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) en el estudio de caso. En primer lugar, la relación entre la democracia delegativa y el poder ejecutivo, el cuál alcanzó el poder por el uso legítimo del voto popular.

Estrechamente relacionado con este aspecto, surge otra característica: esta variación de la democracia, evita y limita una rendición de cuentas a través del ejercicio de accountability que debería ejercer ante las demás instituciones del Estado. Esto conlleva a un desgaste de las demás instituciones, consecuencia de la concentración de poder y autonomía sin precedentes del ejecutivo, en lo que se podría denominar como “hiperpresidencialismo”.

Paralelamente, el autor Guillermo Palermo describe como en este tipo de gobierno se desarrolla lo lo que describe como “decretismo”, mencionando que:

“(...) en varios países de Latinoamérica, los Presidentes no se limitan al uso de sus poderes unilaterales. También recurren a otro tipo de poderes como los decretos de necesidad y urgencia. Este tipo de poder permite al Presidente fijar agenda no sólo enviando propuestas al Congreso, sino también priorizando ciertos proyectos dentro de los procedimientos internos del Congreso o reforzando determinados aliados en la Legislatura.”

En el caso colombiano se aprecia como la Constitución Política de 1886 y la de 1991 otorgan estas facultades al ejecutivo en caso de presentarse un “estado de sitio o de emergencia”, sin embargo la Constitución de 1991 agrega lo que se conoce como estado de emergencia económica o social. A su vez incorpora lo que vendría siendo el “control horizontal” por la Corte Constitucional – ente autónomo al poder ejecutivo-, circunstancia que ha limitado en pequeño porcentaje la discrecionalidad del ejecutivo; ya que bajo la alusión a “crisis y emergencia” el ejecutivo ha logrado hacer uso recurrente de los mecanismos de excepción.

En relación al decisionismo, cabe realzar que este concepto ha estado presente en la esfera de lo público desde la Antigua Roma. Con variaciones correspondientes al tiempo y contexto ha logrado mantenerse hasta el debate político de la actualidad. Uno de los principales autores sobre el tema es  Carl Schmitt. Este hace énfasis en la necesidad del ejercicio de la “decisión y no de la deliberación” en momentos de crisis. Estos conceptos surgen desde su mirada crítica a la República de Weimar. Según el autor alemán, lograr preservar la institucionalidad a pesar de la crisis, es uno de los fines más importante de un Estado. Para lograrlo afirma, es necesario contar con voluntad política y un líder consciente y capaz de tomar decisiones pertinentes y a tiempo.

Sin embargo – y como se ejemplificará en el caso colombiano con Samper- el decisionismo en América Latina no fortalece las instituciones, de hecho ha sido uno de los principales retos que se debe afrontar para lograr un efectivo control y adecuada institucionalidad. Para realizar el análisis correspondiente, se recurrirán a una serie de elementos mencionados por los autores Baldioli y Leiras en su escrito sobre “Democracia, Estado de Excepción y Decisionismo Político: Consideraciones y Conceptos”.

Entre los elementos aportados por los autores mencionados y que se emplearán en el análisis del estudio de caso, se encuentra que en el ejercicio del decisionismo en el contexto de las democracias delegativas, se hace una constate alusión a la crisis que motiva al Presidente a tomar medidas con o sin el apoyo de las demás instituciones.

De igual manera es decisionismo abarca un espacio de tiempo mayor al momento de crisis, por esto el Presidente por lo general mantiene un discurso de argumentativo sobre la necesidad de continuar con su  estilo de gobierno para evitar una “recaída” o “profundización” de la crisis. Con relación a esto Baldioli y Leiras afirman que:

“Si se trata de concebir al decisionismo  como un estilo de gobierno (Goretti y Rubio, 1995,1996) este va más allá de los tiempos difíciles, la utilización de recursos de excepción se inscribe en un marco de creciente concentración de poder en la institución presidencial en un esquema “hiperpresidencialista” (Nino, 1992), y un modelo delegativo de democracia”.

Basado en el anterior marco teórico, se pretenderá entonces analizar el manejo de las medidas de emergencia por parte del gobierno de Ernesto Samper para sustentar la hipótesis de que estas medidas acentuaron la crisis institucional que se vivía en el país, favoreciendo únicamente los intereses del ejecutivo.

Como objetivos específicos se apunta a analizar las herramientas que otorga la Constitución de 1991 para el manejo de crisis, así como también se mencionarán y describirán los artículos constitucionales que tienen relación a los estados de excepción.  A su vez describir los antecedentes y contexto del denominado Proceso 8000, su desarrollo y consecuencias.

2. Evolución Jurídica y Constitucional en Colombia: Estados de Excepción y Decisionismo.

Colombia ha sido un Estado que ha demostrado mantener una relativa concordancia y estructura constitucional. Sus dos principales Constituciones, 1886 y 1991, han mantenido pilares como la centralidad, balance de poderes, libertades económicas; políticas y sociales, entre otros aspectos.

Lamentablemente la historia del país se ha visto marcada de manera significativa por los más de 40 años transcurridos de violencia y combate del Estado hacia las guerrillas y el narcotráfico. En la búsqueda de instrumentos legales y constitucionales para lograr establecer alguna suerte de estabilidad y margen de maniobra para el ejecutivo, se presentan tanto en la Constitución 1886, como en la 1991 una serie de excepciones al trámite ordinario en el proceso legislativo.

En primer lugar, La Constituciones de 1886 contempla lo que se denominó como “estado de sitio”, haciendo referencia a un mecanismo que podría ser implementados por ejecutivo cuando algún evento  extraordinario – al interior o exterior- del país ocasionara cambios importantes en el orden público. Es importante resaltar que, en el contexto de creación de esta Constitución 1886, la guerra de guerrillas no se había indicado por la tanto la mayor amenaza provenía desde el Exterior. Por ende, este mecanismo iba dirigido principalmente a la capacidad del ejecutivo para disponer de los recursos para defensa y declarar la guerra en caso de ser necesario. 3
En el transcurso de los primeros 70 años de la consolidación de la Constitución y del Estado en Colombia, los gobiernos en general, no abusaron de las herramientas que les otorgó esta Constitución. La mayoría de los decretos estaban relacionados con la instauración y creación de una fuerza pública, defensa de las fronteras, creación de instituciones y distribución de  funciones en delegaciones regionales y departamentales.4 Sin embargo en 1957 se da un importante punto de inflexión en la historia del país:

En 1957 se instaura el Frente Nacional que se prolonga hasta 1974 Con Misael Pastrana Borrero. Durante este tiempo aumentaron progresivamente las protestas ciudadanas y creció la apatía política de amplios sectores de la población. Inicialmente el estado de sitio fue utilizado en las ciudades para reprimir –en un principio tímidamente– las manifestaciones de descontento, así como para resolver problemas derivados de la crisis económica.

En el campo se vivía una situación de guerra contra la subversión guerrillera naciente. Mientras en las ciudades se restringían los derechos ciudadanos con el fin de contrarrestar las manifestaciones políticas. De otra parte, la intervención de los entes encargados del control –tanto constitucional como político– fue prácticamente nula.5

De esta manera se resalta como a través de los acuerdos establecidos entre liberales y conservadores en el Frente Nacional, con la necesidad ponerle freno a época conocida como La Violencia – enfrentamientos entre grupos de liberales y conservadores por el poder nacional y regional – inicia un proceso de limitación de libertades individuales desde el gobierno y de deslegitimación del Estado ante la sociedad civil.

Desde el ejecutivo entonces, se tomó la decisión de restringir al acceso al poder, alternándolo sólo entre los dos partidos tradicionales. De la misma manera se tomaron iniciativas a través de decretos para disponer de la fuerza pública para “apaciguar” las manifestaciones que se presentaban tanto en la zona rural como en el eje urbano. De igual manera de emplearon una serie de decretos para impulsar cambios económicos estructurales para darle preferencia a ciertos sectores como el cafetero y el textil, con el objetivo de enfrentar la crisis económica que ocasionó La Violencia.

Esta serie de medidas y ajustes no eran bien vistas por amplios sectores del Congreso y la opinión pública, pues se consideraba que se abandonaban otros sectores fundamentales para la economía del país. A pesar de esto, poco fueron las consideraciones que tomó el gobierno que decretó casi la mitad de las medidas con relación a modificaciones económicas y de orden social en este lapso de tiempo.

Las consecuencias de este proceso no se hicieron esperar. Las guerrillas rurales se fortalecieron aún con el inicial apoyo de la población a ver un Estado cada vez menos legítimo y más excluyente. La crisis económica se profundizó generando una ola de desplazamiento a las ciudades de importante magnitud, debilitando la producción agrícola y aumentando el desempleo. La inestabilidad social era representada en las altas tasas de inseguridad, sumado al gran número de necesidades básicas insatisfechas que poseía la población.

Posteriormente con los gobiernos transcurridos entre Turbay Ayala (1978) y Virgilio Barco (1990). En estos años, la excepción perdió fuerza como instrumento de control social –en parte por la disminución de las manifestaciones políticas de estudiantes y obreros– y ganó importancia como instrumento de represión de las actividades ilegales del narcotráfico y la subversión. A nivel del decisionismo en la década de los años 70 y principios de los 80, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado obtuvieron prerrogativas propias de un régimen militar, lo cual les eximió de los costos políticos del ejercicio directo del poder.6

A finales de los ochenta la situación política era un poco más estable, al igual que la situación social y económica. Sin embargo, los movientes guerrilleros estaban cada vez más compenetrados con los grupos narcotraficantes y los problemas de participación e inclusión fueron desplazados por una unión de fondos y políticas para luchar contra las narcoguerrillas.
Es por esto que inicio de los noventa, grupos de intelectuales y estudiantes inician una serie de movimientos pacíficos, encarnados en La Séptima Papeleta, en pos de cambios estructurales desde el cambio de la Carta Magna para lograr una transformación profunda y contundente en el desgastado Estado.

Es así como se logra la Constitución Política de 1991, que representa la materialización de la esperanza y las expectativas de una nación golpeada por la corrupción, la discriminación y violencia. Fue por medio de esta Constitución Política que los estudiantes se vincularon de forma activa en la configuración de las que serían las nuevas reglas de juego que regirían el Estado Social de Derecho.

De este modo el Constituyente de 1991 fue innovador al establecer los siguientes estados de excepción: El de guerra exterior (Art. 212), de conmoción interior (Art. 213) y de emergencia (Art.215). Se destaca entonces como la deja un amplio campo de interpretación sobre las motivaciones que pueden llevar a alguno de los estados de excepción, en especial a aquel relacionado con conmoción interior:

"En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos" (Art. 213).

Es así como en el inicio de la década de los noventa y lo que se esperaba fuera una nueva etapa para el país, el gobierno de César Gaviria continuó con la vieja tradición de implementar los estados de excepción para justificar las decisiones y medidas contempladas fuera del procedimiento normal ante el Senado y la Corte Constitucional. Los decretos promulgados por Gaviria giraban en dos ejes. El primer fue la continuación de la lucha contra las narco guerrillas y los poderes que se le extendieron a diferentes entidades desde el Estado para este fin. El segundo eje fueron aquellos en pos de la consolidación de la apertura económica y medidas neoliberales que estaba implementando en el país.

3. Estudio de caso: Gobierno de Samper durante el proceso 8000.

Tal como se mencionó en el apartado anterior, gran parte de la historia política de Colombia se puede resumir en una “excepción constante” o como lo describiera el autor Giorgio Agamben: lo excepcional ha devenido norma. Aunque la implementación de estados de emergencia no implica una connotación negativa per se, lo que sí se podría categorizar como negativo es el uso constante de los mismos para realizar una suerte de locking-In a las políticas o medidas que pretende un gobierno bajo la continua alusión al caos, la creación de “enemigos” a combatir y situaciones de emergencia.

De esta manera, “El decisionismo como un estilo de gobierno va más allá de los tiempos difíciles, la utilización de recursos de excepción se inscribe en un marco de creciente concentración de poder en la institución presidencial en un esquema “hiperpresidencialista”  y un modelo delegativo de democracia”.7

Este precisamente es el caso del gobierno de Ernesto Samper en el periodo entendido entre 1994 y 1998. Desde el primer año este gobierno rumores sobre la vinculación del grupo de trabajo de Samper durante su campaña con el Cartel de Cali rondaban en el ambiente. Sin embargo, la información no fue publicada y transmitida a la sociedad civil hasta 1995 cuando se decidió iniciar el conocido “Proceso 8000”, en el cual no sólo el entonces Presidente iba a ser investigado; pero también varios senadores, controladores y funcionarios públicos.

Antecedentes:
Las elecciones de 1994 presentaban a la presidencia a dos candidatos conocidos por el pueblo colombiano debido a su trayectoria política y en medios de comunicación. Por el partido Conservador, Andrés Pastrana Arango, quién ya había ocupado cargos públicos al igual que su padre y además era un periodista respetado desde muy temprana edad.

Su propuesta, considerada un tanto más de derecha y neoliberal que la de Samper, pretendía conservar los aspectos económicos que le permitieron al entonces Presidente Gaviria realizar la apertura económica de Colombia. Planteaba a su vez una política exterior más diversa, que si bien mantenía una estrecha relación con los Estados Unidos, también proponía una diversificación de la agenda hacia Europa y Asia. Con un lema de transparencia, proponía tener mano dura con el narcotráfico y luchar en conjunto con las Fuerzas Militar para recuperar territorio de la Nación que era parcialmente controlado por las guerrillas rurales y urbanas y grupos narcotraficantes.

Ernesto Samper, candidato por el partido liberal, era considerado por muchos como un candidato mucho más estructurado y carismático que Andrés Pastrana. Su propuesta política se enfocaba más en la inversión social y la manera de distribución los ingresos de forma más eficiente para lograr mejorar la calidad y cobertura de la salud y la educación.

Se mostró también en su campaña como un hombre respetuoso del derecho y las leyes, transparente y honesto. Aliado indiscutible de Horacio Serpa, un joven político de trayectoria en el Departamento de Santander y una de las grandes promesas políticas del país y en especial del partido Liberal. La gran ventaja que las propuestas de Samper es que supieron conjugar elementos que favorecían tanto a los nuevos y grandes empresarios del país, como a los ciudadanos de las pequeñas comunidades que esperaban que se generara empleo y se mejorara su calidad de vida. Samper Llegó a la presidencia de Colombia para el periodo 1994-1998, con un margen apretado, ganándole a Pastrana con una diferencia del 1% en primera vuelta y del 2% en segunda vuelta.

Sin embargo, el triunfo del candidato liberal se vio opacado cuando:
“El 15 de junio de 1994 el  derrotado candidato Andrés Pastrana  demanda haber recibido una serie de grabaciones por parte un hombre anónimo, mientras que visitaba la ciudad occidental de Cali, en el Norte del Valle. Estas cintas, fueron conocidas posteriormente como  “narco-casetes”, y contenían horas de grabaciones entre varios miembros del Partido Liberal Colombiano y una persona que habla a nombre de “Cártel de Cali”. En muchas de las conversaciones se hacía énfasis en la contribución de cantidades enormes de dinero para Samper en su campaña política a la presidencia. Detalles de cuánto y a qué propósito era dado el dinero también fueron discutidos.”8

El Proceso 8000 y el gobierno decisionista de Samper.

Proceso 8000 es el nombre que recibe el expediente de investigación que se realizó al ex presidente Ernesto Samper y a varios de sus funcionarios públicos al ser acusados de recibir dinero para financiar la campaña presidencial. Desde sus inicios este proceso estuvo empañado de varias incongruencias que persistieron hasta la resolución de las investigaciones. En primer lugar, aunque Andrés Pastrana le entregó los “narco casetes” al entonces presidente César Gaviria y este a su vez le entregó todas las pruebas a Gustavo de Greiff, Fiscal General de la Nación, este no procedió a abrir ninguna investigación al declararse “incompetente” a la vez argumentar que las pruebas no eran del todo contundentes. No fue sino hasta 1995 cuando Alfonso Valdivieso, el nuevo Fiscal General, decide hacer de conocimiento público la información y abrir el proceso.

Se puede catalogar este momento como un punto de quiebre es la que venía siendo una época de democracia, transparencia y lucha contra el narcotráfico desde el Estado. La sociedad civil se movilizó en forma de protesta en marchas sin precedentes en la capital del país y en varios departamentos. Varios sectores de la oposición liderados por el ex candidato Andrés Pastrana solicitaban que llamaran a indagatoria a Samper y que de encontrar pruebas vinculantes con el Cartel de Cali, solicitaban su inmediata renuncia.

El día 24 de junio La Fiscalía General de la Nación llama a declarar ante ese ente acusador a los dirigentes políticos, congresistas y funcionarios que aparecen mencionadas en los narco-cassettes. Entre ellos se encuentran el ex candidato Miguel Maza Márquez, Hernán Beltz Peralta, Álvaro Pava, César Villegas, Santiago Medina, Alberto Giraldo, Carlos Oviedo y Eduardo Mestre, entre otros.9 La crisis de legitimidad del gobierno de Samper era inminente. Las instituciones, antes impulsadas en un nuevo proceso de inclusión y legitimidad por la Constitución de 1991, estaban ahora siendo desmanteladas por estar vinculados con uno de los peores “cánceres” en afectar el país: El narcotráfico.

Es así como se puede resaltar la primera característica decisionista del gobierno de Samper enmarcado en un sistema de democracia delegativa, como lo describen los autores Baldioli y Leiras, existe entonces una “legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrumbe o emergencia y convertida en argumento, de salvamento primero y refundacional luego, del estado y la sociedad”. Para contrarrestar la crisis social e institucional que estaba viviendo el país derivado del Proceso 8000, el entonces presidente acudió a los medios de comunicación para dar continuas declaraciones en favor de la unidad nacional y en la “fe” que debía tener el pueblo colombiano en la justicia y en las instituciones que estaban llevando las investigaciones.

Samper sostenía que no podía renunciar la presidencia pues esto únicamente iba a acentuar la crisis y dejaría entre dicho su participación con el Cartel de Cali. Aunque el ex presidente, acudía en repetidas oportunidades  a la “permanencia para la salvación”, el daño ya había escalado a nivel internacional.

Tanto los países de la región y la Unión Europea desaprobaban los hechos que estaban transcurriendo en Colombia, pidiendo mayor eficiencia y transparencia en las investigaciones. A su vez, el rol de  Estados Unidos  de suma importancia al momento de ejemplificar la fracturación   que implicó el Proceso 8000 a nivel externo. La primera medida tomada desde la presidencia de Clinton  fue que la  descertificación del Senado de los Estados Unidos sobre la ayuda que recibía Colombia bajo la bandera de “lucha contra las drogas”.

Luego de un informe realizado por la Revista de Investigación “Cambio 16” a principio de 1995 donde se mostraban pruebas como camisetas estampadas por el Cartel de Cali con los logos de Samper en campaña y el supuesto rumor de otro narco-casete, la misma revista reportó dos declaraciones que fundamentaron el distanciamiento entre el gobierno de Clinton y el gobierno de Samper. Como se publicó en el informe:

“Joe Toft, director anterior de DEA para Colombia, durante una entrevista para los medios locales define Colombia como una narcodemocracia, afirmando de manera concreta que la campaña de Samper fue financiada parcialmente a través del dinero de la droga que venía del cártel de Cali.” En segundo lugar,  “Myles Frechette, el embajador de Estados Unidos a Colombia, sugiere la posibilidad que su gobierno, conducido por el presidente Clinton, suspender la visa del presidente colombiano para ingresar a Estados Unidos”, sugerencia que fue adoptada por la presidencia Clinton.

Paralelamente, el gobierno de Samper cumple también la segunda característica que se le atribuyen  los gobiernos decisionistas en América Latina por los autores mencionados. Esta es la “modificación de la estructura constitucional acorde con una nueva “razón de estado”: la gobernabilidad. Esto se sustenta en el intento del gobierno de Samper de realizar una modificación a la Constitución Política, que contenía 7 puntos. Entre ellos la iniciativa de restringir el poder de la Corte Constitucional sobre el control que esta ejercía al ejecutivo en los estados de excepción. La iniciativa proponía mayor discrecionalidad del ejecutivo para declarar estados de excepción sin tener que justificar sus razones o duración ante la Corte.

Samper nuevamente acudió a los medios de comunicación para realizar declaraciones justificando estas iniciativas para lograr “articular nuevamente el aparato estatal” y tener mayor gobernabilidad, pues “sus enemigos” - es decir, la oposición política- estaban tomando todas las medidas posibles para deslegitimar su gobierno y hacerle imposible su labor como gobernante.

Aunque estas modificaciones impulsadas desde el ejecutivo no fueron aprobadas, “poco después, en noviembre de 1995, se decretó estado de conmoción interior tras el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado. En este caso, la Corte aceptó que la escalada terrorista justificaba las medidas excepcionales”.10

Es así como, desde este momento en especial, Samper logra emplear la amplia discrecionalidad que le otorga el estado de conmoción interior y cumple la tercera característica decisionista expresada como el “reforzamiento de los poderes presidenciales, definición explícita o implícita de una “doctrina de necesidad y urgencia” y utilización de recursos como los decretos de necesidad y urgencia”11 . De esta manera, de las cercanas 400 leyes hasta finales de 1997 – durante y después del estado de excepción- sólo la mitad recibieron trámite ordinario ante El Senado. Las restantes fueron sustentadas como decretos presidenciales bajo el argumento de crisis institucional y necesidad de lograr agilizar el trámite de las leyes para contener la profundización de la misma.

Cabe resaltar que muchos de los decretos sancionados hacían referencia a circunstancias muy distante de la crisis que enfrentaba el país. Temas de presupuestos; vigencia de contratos, medidas de apertura económica a ciertas multinacionales hicieron parte de este paquete de decretos. De la mano, el rol de las instituciones parlamentarias y órganos de control seguían debilitándose.12 El ex ministro Botero estaba siendo investigado y tuvo que renunciar a su cargo; el ex-fiscal  De Greiff también se le imputó cargos por retrasar el inicio del Proceso. Se dio inicio a lo que se conocen como los antecedentes de “la silla vacía”, lo cual hace referencia a los numerosos puestos en el Congreso de República que estaban desocupados porque los representantes estaban siendo investigados o habían sido juzgados. Esto conllevó a incrementar la concentración de poder en cabeza de Samper que determinó su figura hiperpresidencialista.

La función de los órganos de control también fue limitada, en especial luego de que, el seis de julio de 1996, Ernesto Samper fue absuelto de todas las acusaciones que se le imputaban. Luego de la muerte de varios testigos en el proceso y el atentado a políticos, el temor constante y la percepción de la oposición como “enemigo del Estado”, hizo que cada para el final del mandato de Samper el control fue cada vez menor.

Es importante resaltar que aún después de la decisión del Senado de declarar inocente al ex presidente y de que la crisis de legitimidad de su gobierno se vio en parte superada debido a los logros en la búsqueda de una nueva agenda (lo cual se tratará en el siguiente apartado), Samper continuó hasta el final de su gobierno empleando mecanismo de excepción y aludiendo a la “crisis” para obtener prerrogativas en su mandato.

Consideraciones finales

El escándalo del proceso 8000 durante el gobierno  de Ernesto Samper representa uno de los grades reveces que vivió Colombia después de la creación de la Constitución de 1991. Sin embargo, es importante resaltar que no era la primera vez que se relacionaba a un dirigente político o funcionario público con los carteles de la droga.  Entre ellos,  el político Diego Gutiérrez  y el  General Einar Yanluis Santos, sindicados de participar junto al narcotraficante Pablo Escobar en el asesinato del político y ex candidato presidencial Luis Carlos Galán.

De igual manera, tampoco fue el gobierno de Samper el único en llevar a cabo un estilo decisionista. Como se mencionó en los primeros apartados del trabajo escrito, desde el inicio del frente nacional ya se presentaban los primeros rasgos de estilos excluyentes y decisionistas de gobierno. Esto no sólo creo gran malestar entre la población colombiana, pero también fue uno de los principales motivos para el surgimiento y estructuración de las guerrillas.

A pesar de que el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994) intentaron, mediante políticas y reformas, convertir a Colombia en un Estado Social de Derecho, donde los individuos pueden acceder a mecanismos para la protección de sus derechos como es la Tutela o donde se crean más vías de participación directa y entidades de control para el ejecutivo; lo que se podría denominar como “la tradición decisionista” aún logró filtrarse en estos gobiernos y en los sucesores a la creación de 1991.

El gobierno de Ernesto Samper concentró la mayoría de los poderes en el ejecutivo tras una profunda crisis institucional y de legitimidad que afectó su gobierno durante el proceso 8000. El gobernante de manera ágil astuta, al mejor estilo del ex presidente Ménem en La Argentina, logró asociarse y lograr el respaldo de importantes políticos en el país, entre ellos Horacio Serpa.

Serpa trabajó arduamente en ayudar a recuperar la imagen del ex presidente, y fue el encargado de convencer a la bancada liberar en el Senado de no votar en contra del Samper durante el proceso de rendición de cuentas para determinar si debía renunciar o no a su cargo. En contraprestación Samper, años después, se convirtió en el “padrino político” de Serpa, respaldándolo en numerosas campañas; tanto al senado como a la presidencia y la gobernación del departamento de Santander.

Paralelamente, Samper logró emplear a cabalidad el esquema de emergencia que nombran los autores Baldioli y Leiras. Al no tener respaldo de las grandes potencias debido a su vinculación al narcotráfico, ágilmente logró modificar su agenda política e internacional para obtener apoyo de otros países. Fue así como se celebró en Cartagena de Indias la XI Cumbre del Movimiento de países No Alineados del 18 al 20 de octubre de 1995. De igual manera Samper fue elegido presidente de turno de la organización.  Cartagena también acogió en marzo de 1996 a la segunda Reunión Ministerial de Comercio y Foro Empresarial, dentro del proyecto para la creación de un Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).

Esquema Baldioli- Leiras de decisionismo en caso de emergencia o crisis (fundamentado en el tríptico de Carl Schmitt)

-->Liderazgo en cada país -------Decisión política.
-->Cónclave de líderes--------- aliados Soberanía política Regional: Reuniones con los países --vecinos, incremento del comercio e interdependencia con Venezuela y Ecuador  en el marco de la CAN.
-->Gran Espacio ----- Movimiento de los países no alineados.

Lamentablemente, la “tradición decisionista” colombiana no terminó con el gobierno de Samper. Para el siguiente periodo presidencial fue electo su contrincante y representando del partido conservador, Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Aunque las relaciones con los Estados Unidos se establecieron al final del gobierno de Samper; estás incrementaron y de profundizaron con Pastrana y con la implementación del Plan Colombia, luego del fracaso en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC.

Pastrana, al igual que Uribe Vélez – su sucesor-, también implementó alguno de los estados de excepción apelando a la conmoción interior que vivía el país luego de los ataques terroristas de las FARC con énfasis en bombas y secuestros. El gobierno de Álvaro Uribe avanzó un paso más en las medidas decisionistas y de excepción al modificar la Constitución Política para lograr su reelección y  cambios sobre la elección de los fiscales generales de la nación.

El problema de institucionalidad del Estado colombiano también ha perdurado en el tiempo. Aunque algunos avances se han logrado en materia del control entre las ramas del poder y en el ejercicio de la Corte Constitucional; órganos directamente relacionado con el ejecutivo como el DAS  (departamento de seguridad), se han visto involucrados en problemas de violación de privacidad al espiar llamadas de funcionarios públicos de la oposición al gobierno de Uribe.

Esta continua crisis institucional se acentuado la concentración de poder por parte del presidente de la República, siendo el caso más descartable, la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Durante este gobierno, Uribe intervenía en cada aspecto del Estado, desde la economía hasta el ejercicio de la labor de alcaldes y gobernadores aún a pesar de la discrecionalidad que les concede la Constitución Política.

En términos generales se puede destacar que los sistemas democráticos en América Latina aún tienen un largo camino que recorrer para llegar al punto en el que se encuentran las democracias de países desarrollados. Nuestra débil institucionalidad y personalismo en la formas de gobierno, representado en fuertes gobiernos presidencialistas - como el caso de Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Menem en Argentina- , afectan el desarrollo del sistema democrático fundamentado en las libertades de los individuos , participación, balance de poderes, etc.

Sin embargo, sólo a través de la creación de una consciencia colectiva, el interés de la ciudadanía y de los nuevos grupos políticos y de presión; en el desarrollo y sostenibilidad de la democracia en  cada uno de los países de Latinoamérica, se logrará reforzar las instituciones y obtener gobiernos más transparentes y representativos en vez de delegativos.

Como se puede apreciar en varios libros y artículos, el debate entre parlamentarismo y presidencialismo sigue estando vigente, donde se plantean ideas de una mejora al sistema democrática de América Latina, al reforzar el parlamento y disminuir la concentración de poder en el ejecutivo. A pesar de esto, ha existido mucha resistencia por parte de los gobiernos para realizar este cambio. Los cambios constitucionales, los fuertes partidos de tradición y los intereses de la élite han logrado obstaculizar la profundización de la idea en la población.

Será entonces sólo a través de la educación y el debate político donde se pueden analizar nuevas alternativas a los actuales sistemas de gobierno. Ya sea para crear instituciones más fuertes, que puedan en realidad ejercer control de manera independiente sobre el poder ejecutivo, o en la modificación de la estructura estatal; lo verdaderamente importante es concientizar a la población civil sobre la importancia de evitar la continuidad de regímenes que atenten en contra de los pilares básicos de la democracia y por ende, de las libertades individuales y colectivas.

*Universidad Externado de Colombia. Carrera Gobierno y RRII

BIBLIOGRAFÍA

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