De Néstor Kirchner a Cristina Fernández: entre la continuidad y el cambio.

RESUMEN

Durante las últimas elecciones presidenciales en Argentina, la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta de campaña en la idea de la continuidad dentro del cambio. El presente trabajo propone explorar los cambios y continuidades entre las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de abordar la presidencia de Néstor Kirchner, sus cambios y continuidades en relación a la gestión de Carlos Menem, nos abocaremos a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con particular énfasis en las promesas relacionadas con la instauración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo político y a la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina y la inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

SUMMARY

During the last presidential elections in Argentina, the presidential candidate Cristina Fernandez de Kirchner based his campaign proposal on the idea of continuity in change. This paper aims to explore the changes and continuities between the presidencies of Nestor Kirchner and Cristina Fernandez de Kirchner.

After boarding the presidency of Nestor Kirchner, its changes and continuities in relation to the Carlos Menem administration, we turn to the Cristina Fernandez de Kirchner´s presidency, with particular emphasis on the promises relating to the establishment of a new political time that would place to political dialogue and improvement of institutional quality of democracy in Argentina and the opening of a presidency that would establish a change in relation to that of his predecessor Nestor Kirchner.

De Néstor Kirchner a Cristina Fernández: entre la continuidad y el cambio*

Por: Dr. Santiago C. Leiras**

1. Introducción

Durante las últimas elecciones presidenciales en Argentina, la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta de campaña en la idea de la continuidad dentro del cambio, que se manifestaría a partir de tres “promesas” centrales: la primera de ellas, la reinserción de la Argentina en el contexto internacional, la segunda, la inauguración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo y a la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina dejando atrás el ciclo de emergencia permanente (Quiroga: 2005, 2010) inaugurado en la última década, y la tercera, la inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

El presente trabajo propone explorar los cambios y continuidades entre las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En la primera parte abordaremos la presidencia de Néstor Kirchner, sus cambios y continuidades en relación a la gestión de Carlos Menem, partiendo del supuesto de que el relevo gubernamental producido en mayo de 2003 no implicó una sustantiva reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídico-políticos y organizacionales contenidos en la matriz ideológica  presente a lo largo de la década de 1990 sino más bien una ratificación de dichos contenidos programáticos, los cuales se han mantenido a grandes rasgos vigentes (Leiras: 2008a, 2008b).

Tal como se ha sostenido en otros trabajos de referencia (Bosoer y Leiras: 1999, 2001), la matriz ideológica elaborada durante los años del menemismo adquirió su manifestación a través de un discurso de legitimación de alta eficacia simbólica y recurrencia a tres ejes estructurantes:

• Una reinterpretación de la salida del autoritarismo y del primer período de gobierno democrático como etapa final en la crisis del modelo estatal de desarrollo económico y regulación social a partir de la cual, el punto de inflexión o bisagra histórica trazado en 1983 queda desdibujado y se traslada al año 1989 como verdadero momento de la ruptura con el pasado.                       
• Una reevaluación de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín a partir del último tramo de su mandato, signado por el debilitamiento progresivo en el ejercicio del poder que finalmente desencadena la entrega adelantada del gobierno cinco meses antes de cumplir el sexenio constitucional. Dicho final es atribuido no solamente a la pérdida de apoyos y la falta de resultados de las políticas de gobierno ensayadas para remontar la coyuntura de emergencia, sino también al agotamiento e inviabilidad de un proyecto reformista de mayor envergadura al que se venía cuestionando desde hace mucho tiempo antes desde diferentes sectores de poder para quienes dicho proyecto constituía una amenaza.
• Un proyecto de reconstrucción y redefinición del poder estatal, con centralidad de políticas orientadas al mercado, en sus tres principales dimensiones: ideológica–neodecisionismo-, burocrático/funcional -reforma del estado- y jurídico-institucional –reforma constitucional-.

Luego, nos abocaremos a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con particular énfasis en las promesas relacionadas con la instauración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo y la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina y la inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.
2. La presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) ¿cambio o continuidad?
La llegada al poder de Néstor Kirchner, definida como “una fisura impredecible e imprevista en el devenir de la historia argentina” por parte de intelectuales afines al oficialismo como el filósofo Ricardo Forster, había sido precedida y se constituía en un resultado de los traumáticos acontecimientos de diciembre de 2001 y el derrumbe del gobierno de la Alianza (Leiras: 2003, Novaro: 2002, Serrafero: 2002).
Forster sostiene que las fisuras de la historia:

Constituyen momentos que, por lo general suelen tomarnos desprevenidos o poco atentos para leer sus características y lo que abren en el horizonte de una sociedad. Pocos imaginaron las consecuencias que traería el ya famoso discurso de Raúl Alfonsín durante los días de semana santa del ´87, cuando ante una multitud congregada en Plaza de Mayo para defender la democracia contra la rebelión golpista de los carapintadas comandados por el entonces ignoto oficial Aldo Rico, lejos de apuntalar el ánimo movilizado  de gran parte de los argentinos congeló su entusiasmo hablando de “héroes de las Malvinas” y de que “la casa está en orden”, inaugurando la etapa de las leyes de la impunidad que, como todos ya sabemos y unido al deterioro económico y a la hiperinflación, allanaron el camino para la llegada de Menem y su “revolución” neoliberal de la mano de Cavallo y su convertibilidad .

(…..) Esa “fisura” no inmediatamente perceptible de aquella Semana Santa del ´87 vino a clausurar las ilusiones del alfonsinismo  (Forster: 2010a).

En este registro se plantea la existencia de una nueva etapa con ribetes históricos a partir del 25 de mayo del 2003:

Lo que es importante señalar con todas las palabras, que como destacaba Horacio González, estamos delante de una <fisura en la historia>, de esas que nos ofrece la oportunidad de ser contemporáneos de un proceso de transformaciones (Forster: 2010a)
Abordaremos la presidencia de Néstor Kirchner a fin de poder establecer en que medida esta experiencia política, con pretensión fundacional, constituye una reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídico-políticos y organizacionales contenidos en la matriz ideológica presente a lo largo de la década de 1990 o bien una ratificación de dichos contenidos programáticos.
Recorramos el contexto electoral que dio lugar al surgimiento de la figura de Néstor Kirchner como referente político a nivel nacional
Pese a que la provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad de los electores del país, para las elecciones presidenciales del año 2003 el entonces presidente Eduardo Duhalde no podía encontrar un candidato en su propia línea interna en condiciones de enfrentar al ex presidente Carlos Menem. Tras las fallidas operaciones de instalación de las candidaturas presidenciales de Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, Eduardo Duhalde termina dando su apoyo al entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz Néstor Kirchner, como candidato a presidente, para enfrentar a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá en una “interna abierta” del Justicialismo en la propia elección presidencial.
El 24 de enero de 2003, y con el argumento de que los tres aspirantes presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna “por única vez” y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.
Néstor Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy –ex ministro de Fernando De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha-. Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil “socialdemócrata” con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud -sintetizado de algún modo en sus eslóganes de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”-. No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.
Todo ello contribuyó sin duda al ingreso de Kirchner a la segunda vuelta. En efecto, en las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria de Néstor Kirchner obtuvo un 21, 99 % de los votos, resultando superado por  la Alianza Frente por la Lealtad -UCD de Carlos Menem, que obtuvo el 24,34 %.

Luego de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luís Ignacio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el MERCOSUR y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.
La segunda vuelta debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Ello significaba no tanto apoyo explícito a los méritos propios de Kirchner, como rechazo a la posibilidad de que Carlos Menem presidiera nuevamente el país. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el ex presidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con uno de los niveles más bajos de votos registrados en la historia Argentina.
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007, confirmando al ministro de economía de Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor¹ . La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones y el impulso del consumo interno un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 9 % en los años venideros.
Siguiendo lineamientos definidos por sus antecesores, el ex presidente Néstor Kirchner ha sustentado el ejercicio de su gestión gubernamental sobre la base de la invocación de la emergencia (Bercholc: 2007, Botana: 2004, Quiroga: 2005, Serrafero: 2005) como principio de legitimidad, con la correspondiente apelación a la utilización de recursos de excepción, en detrimento de los procesos deliberativos propios de la democracia representativa. 
Esta modalidad del ejercicio del poder refleja una concepción que reproduce prácticas ya conocidas durante la gestión del ex presidente Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante más de una década: el despliegue de un estilo discrecional de acumulación política ha tenido lugar en el marco de una situación de emergencia institucional, constituyéndose la misma en fuente permanentemente invocada para así legitimar el incremento de prerrogativas institucionales en manos del poder ejecutivo nacional. Como afirmara el filósofo italiano Giorgio Agamben, la excepción deviene en norma (Agamben: 2004).
En efecto, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Néstor Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta abril de 2006, Kirchner firmó 176 decretos de necesidad y urgencia – 48 en 2003, 63 en 2004, 46 en 2005, y 19 en los primeros cuatro meses del 2006-. La estadística arroja así un promedio de 58,66 decretos por año, frente a los 54,5 de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 decretos de necesidad y urgencia durante sus diez años y cinco meses de gobierno— (Ferreira Rubio y Goretti: 1996, Zommer: 2006).
Los mismos fueron firmados tanto para asuntos trascendentes para el país -como reestatizar la empresa Aguas Argentinas, modificar en forma reiterada el presupuesto nacional, autorizar al ministro del Interior a otorgar subsidios sin control, destinar millones de pesos extra para hacer obras viales en su Santa Cruz natal y otras obras públicas en varias provincias, crear la Policía de Seguridad Aeroportuaria, extender por 10 años todas las licencias de radio y televisión- como para cuestiones de quizás menor importancia, como cambiar el nombre del Ministerio de Salud, modificar la fecha de un feriado nacional o sacar de su órbita y pasar a la Jefatura de Gabinete de Ministros la Secretaría de Turismo (Zommer: 2006).
La Ley 26.122, reglamentaria de la intervención del Congreso nacional en el tratamiento y monitoreo de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia (DNYU) por parte del poder ejecutivo nacional, fue recién aprobada en el Senado de la Nación y luego en la Cámara de Diputados el día 19 de julio de 2006. Se estableció, como condición para la aprobación de los DNYU, que los mismos debían ser aprobados con el solo concurso de una de las dos cámaras del congreso, haciendo del decretismo una herramienta más expeditiva que el proceso regular de sanción legislativa.

En el mes de Agosto del año 2006, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Parlamento un proyecto de ley a través del cuál se propuso la modificación del artículo 37 de la Ley 24.156, otorgando al Jefe de Gabinete de Ministros la facultad permanente, antes excepcional, de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto.

Estas facultades conocidas como “Superpoderes”, sumadas a la reiterada utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia y las sucesivas declaraciones de emergencia, que justificaron una concentración cada vez mayor de facultades en la figura presidencial en detrimento de otros actores políticos en la toma de decisiones, produjeron un debilitamiento de los procesos deliberativos como así también del sistema de pesos y contrapesos, fundamentales para la calidad de las instituciones democráticas.
Si se advierte la continuidad en la dimensión ideológica, así también se verán ratificados los dispositivos jurídico-institucionales vigentes ante la ausencia de convocatoria alguna a un proceso reformista que rectificara el rumbo establecido por la carta constitucional del año 1994.
Es en cambio en el plano funcional donde pueden detectarse indicios ciertos de un proceso de discusión y redefinición del papel del estado con relación a aquel vigente durante la última década.
En este marco podemos destacar la creación en el año 2004 de la empresa Enarsa -Energía Argentina S.A.- dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados, así como la comercialización de gas natural y electricidad. La titularidad de la empresa está repartida en un 53% perteneciente al Estado nacional, un 12% en manos de las provincias y el resto a comerciarse en la bolsa de comercio. Enarsa cuenta entre sus activos el monopolio legal sobre de la exploración y explotación de la plataforma submarina del Mar Argentino.
Su fundación estuvo relacionada con la necesidad política del Estado de contar con un espacio en el oligopolio desarrollado en el mercado petrolero argentino luego de que la antigua Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) —la mayor empresa del país— fuera privatizada durante los años 1990 y pasara a manos del grupo español Repsol. Adicionalmente, la empresa fue creada en el marco de una fuerte crisis energética atribuida en parte a la falta de inversión por parte de las petroleras privadas, que centraron su actividad en la explotación de yacimientos de petróleo y gas natural explorados en su momento por la YPF estatal. Si bien el precio del gas natural se encontraba congelado desde 2002, la nafta y el combustible diesel habían incrementado sus precios en forma significativa luego de la devaluación del peso argentino a comienzos de ese mismo año.
Luego de años de incumplimientos del contrato de concesión por parte de la empresa Correo Argentino como así también en el pago del canon acordado con el Estado, la concesión fue revocada y la empresa volvió a la órbita estatal a fines de 2003 como Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), manteniendo la denominación comercial de Correo Argentino. Si bien en la práctica está sujeta a privatización, el llamado a licitación ya ha sido prorrogado varias veces y el gobierno está satisfecho con la operación de la empresa reestatizada.
Asimismo el 21 de marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner anuló por decreto la concesión que ligaba al Estado y Aguas Argentinas. Se creó para reemplazarla una nueva empresa estatal, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), por medio de un decreto de necesidad y urgencia luego refrendado por el Congreso Nacional. La empresa quedó bajo control operativo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, reteniendo los trabajadores el 10% de los activos que les corresponden según el Programa de Propiedad Participada implementado al privatizarse Obras Sanitarias de la Nación.
El próximo punto estará destinado a indagar sobre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en particular en que medida se ha inaugurado un nuevo tiempo político o se trata de una reedición de lo “viejo”.

3. La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ¿nuevo tiempo político o reedición de lo “viejo”?

Durante la campaña presidencial del año 2007, Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta electoral en la idea de la continuidad dentro del cambio, que se manifestaría a partir de tres promesas centrales:

• La reinserción de la Argentina en el contexto internacional.
• La inauguración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo y la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina dejando atrás el ciclo de emergencia permanente inaugurado en la última década. 
• La inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

De alguna manera esto se encontraba presente en el ánimo de algunos intelectuales, aunque la mirada fuera ciertamente crítica respecto del giro que aparentaba materializarse:

Y hacia el final del artículo, que recuerdo al amigo lector fue escrito durante la jornada electoral de 2007, me lanzaba con cierta temeridad a desplegar algunas anticipaciones que serían magníficamente refutadas por la realidad venidera y, claro, por la decisión de la propia Cristina Fernández. Cito lo escrito en ese umbral de época que vendría a reforzar lo inaugurado en mayo de 2003: “nos preparábamos para despedirnos de la larga primavera camporista que, en muchos aspectos, caracterizó el tiempo de Kirchner; es probable que lo que vendrá se asemejará más a un gobierno a lo Bachelet, con mayores dosis de prolijidad institucional y mejores vínculos con el insaciable mundo empresarial. Hay, y eso se percibe más allá del resultado electoral, una atmósfera por la que circulan mejor los aires de la derecha, esos mecanismos de producción de sentido tan astutamente desplegados por los medios de comunicación que, insisto con esta idea, constituyen hoy el espacio más decisivo y poderoso de la derecha. No hay en el discurso de Cristina una vocación genuinamente distribucionista ni una retórica que la pueda asociar al espectro del populismo (Forster: 2010b)
La propuesta tuvo un acompañamiento electoral masivo. La fórmula encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos representando a la Alianza Frente para la Victoria se impuso en la primera vuelta obteniendo un 44,92% de los sufragios frente al 22,95% de su más inmediata competidora, aquella conformada por Elisa Carrió y Rubén Giustiniani de la Confederación Coalición Cívica.
La expectativa de cambio pareció diluirse de manera casi inmediata. El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para el nuevo gobierno. De los 12 integrantes designados, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un ministerio² .
Con relación a la primera promesa, persisten a la fecha situaciones de conflicto heredadas de la “anterior administración”: ejemplo de ello son entre otras la ausencia de una relación clara y transparente con el estado de Venezuela –relación en la cual se entremezclan negocios privados no debidamente aclarados y confusos episodios públicos como el de la valija de Antonini Wilson-, y la deuda pendiente de la normalización de las relaciones de la Argentina con el sistema financiero internacional solo para mencionar algunas situaciones representativas; cabe destacar, respecto de esta última, que la crisis financiera internacional de 2008/2009 poco ha contribuido para ingresar en la etapa definitiva del proceso de normalización.
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En relación a la segunda, el prolongado conflicto con las entidades del sector agropecuario marcó buena parte del primer año de gobierno de CFK. Un rasgo característico de todo este proceso ha sido la ausencia desde el gobierno –también desde los sectores agropecuarios- de propuestas de negociación que otorgaran racionalidad al conflicto, predominando la descalificación de la protesta.

Cabe recordar que el 11 de marzo del 2008, el entonces ministro de Economía y Producción Martín Lousteau anunció el establecimiento de un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación de trigo, maíz, soja y girasol por un lapso de cuatro años, disponiendo que la variación de la alícuota correspondiente esté sujeta al incremento o disminución del precio internacional del grano.

Las repercusiones de la medida no tardaron en manifestarse dado que, al día siguiente, las entidades agropecuarias Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA) unificaron sus esfuerzos a partir de la constitución de la denominada “Mesa de Enlace” e iniciaron un paro de 48 horas exigiéndole al gobierno nacional dejar sin efecto el sistema de retenciones móviles, considerado como fiscalista y recaudatorio.

En medio de un clima de tensión en aumento, el paro y las asambleas en las rutas continuaron prolongándose hasta que el día 25 de marzo los productores agropecuarios extendieron la protesta por tiempo indeterminado. Ese mismo día la presidente pronuncia el primer discurso en relación al conflicto no solo cuestionando el lock out patronal sino también calificándolo de “piquete de la abundancia”, intentando compararlo con los piquetes ocurridos durante la crisis económica del año 2001:

Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la clase media. Eran los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos (….) 

Estos piquetes son casi un paso de comedia. Los lleva adelante el sector que mayor rentabilidad consiguió en los últimos cuatro o cinco años. Es una conducta rara, cuando hay pérdidas debemos socializarlas cuando las vacas vienen gordas, las ganancias para ellos y las penitas para los demás  (Geada, 2010)

Por cierto que la puesta en marcha de una estrategia de “confrontación calibrada” ha sido muy característica del gobierno de Néstor Kirchner, llevando la misma a cabo antes contra actores que se percibía en condiciones de poder ser derrotados como el ex presidente Carlos Menem, los jueces de la desprestigiada corte menemista, los militares genocidas del proceso, y entre los meses de marzo y julio del año 2008, ya durante la gestión de Cristina Fernández, contra la “oligarquía agropecuaria” (Leiras, 2008b) y luego contra los “monopolios mediáticos” encarnados en particular por el grupo Clarín.

La virulencia adquirida por el conflicto entre el gobierno y el “campo” tuvo su expresión en definiciones de carácter político de ese tenor como aquellas formuladas por el colectivo Carta Abierta³ : así, en su primera comunicación pública, definía el clima político de aquellos días en los siguientes términos:
Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad.
Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental (Espacio Carta Abierta, 2008).
Resulta interesante destacar el rol que este grupo de intelectuales asigna a los medios de comunicación en relación a la presentación del conflicto por parte de los mismos:
En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente «la realidad» de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen «la verdad» sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.
Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva. Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales (Espacio Carta Abierta, 2008).
Luego de meses de conflicto entre el poder ejecutivo y el sector agropecuario representado por la Mesa de Enlace, la presidente Cristina Fernández de Kirchner decide enviar al congreso nacional el 19 de junio de 2008 un proyecto de ley ratificatorio de la resolución 125 del ministerio de Economía del 11 de marzo firmada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas  Martín Lousteau y sus modificatorias (141/08, 64/96, 284/08 y 285/08) por medio del cual se redefinía el sistema de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol, creando un sistema móvil que dependía de la evolución del precio internacional del grano.

A través de ese proyecto se establecía la creación de un fondo de redistribución social destinando un 60% a la construcción de hospitales públicos y centros de salud, un 20% a viviendas populares urbanas o rurales y el 20 % restante a la construcción de caminos rurales, cuya ejecución estaría descentralizada quedando en consecuencia a cargo de las provincias.

El proyecto de ley ratificatorio de la resolución 125 es tratado y aprobado en la sesión del 4 de julio de 2008 por 129 votos afirmativos, 122 negativos, 2 abstenciones y 3 ausencias, siendo luego de la media sanción el proyecto enviado al senado nacional. Los días 16 y 17 de julio es tratado el dictamen de la mayoría quedando la votación empatada: 36 votos por la opción afirmativa, 36 votos negativos.

De acuerdo al artículo 57 de la constitución nacional, en caso de empate en una votación desarrollada en la cámara alta, corresponde al presidente de la cámara, el vicepresidente de la nación, ejercer el voto. El Ingeniero Julio Cobos propuso a los presidentes de los bloques legislativos con mayor representación pasar a un cuarto intermedio para intentar arribar a una solución de consenso, entendiendo el vicepresidente que el empate era reflejo de la división social existente como resultado del conflicto agropecuario. Esta propuesta de cuarto intermedio es rechazada tanto por el presidente del bloque oficialista, Miguel Pìchetto como así también por el del principal bloque opositor en el senado, la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Julio Cobos termina votando en forma “no positiva” quedando rechazado el proyecto de ley.
 
Precisamente el sello de la “confrontación calibrada” sigue presente a partir de la conflictiva relación que se ha establecido con el vicepresidente Cobos, entrando la misma en una situación de no retorno con incierto desenlace desde el punto de vista institucional.

Esto llevó también a realizar una lectura de la derrota sufrida por el ex presidente Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009 como resultado de la percepciones instaladas en la sociedad por parte de ciertos grupos mediáticos como Clarín, aún cuando dicho multimedio había acompañado de manera acrítica el rumbo establecido a partir del año 2003, y habiendo sido la propia administración de Néstor Kirchner quien en el año 2005 procedió a prorrogar las licencias de radio y televisión acordadas en la década anterior y pocos días antes de la finalización de su mandato acepto la fusión en el negocio la televisión por cable entre las empresas Multicanal y Cablevisión, permitiéndole de esa manera al Grupo Clarín el control del 60 por ciento del mercado en ese rubro.

En ese marco de confrontación con el grupo Clarín se inscribe la aprobación de la ley de medios de comunicación audiovisual⁴ sobre la base de tres argumentos, que entendemos principales, esgrimidos desde el oficialismo para sustentar la relevancia y la necesidad de la sanción de esta propuesta legislativa.

El primero de ellos sostiene que la sanción de esta iniciativa está destinada a saldar una deuda de la democracia argentina instaurada en 1983, siendo esta la primera presentada a lo largo de estos 26 años transcurridos en democracia. El segundo argumento se basa en la necesidad de una auténtica democratización de la propiedad de los medios de comunicación, amenazada por la existencia de organizaciones empresariales con presencia predominante en el mercado audiovisual. El tercer y último, vinculado con el anterior, permite plantear la necesidad de un auténtica libertad informativa acicateada por la presencia de carteles y grupos mediáticos de carácter concentrado que han transformado la libertad de prensa en libertad de empresa (Leiras, 2009).
El 16 de septiembre de 2009 se desarrolló una sesión especial de la cámara de Diputados para tratar los cinco dictámenes (uno por la mayoría y cuatro por la minoría) que surgieron del plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de Expresión.
Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana y del peronismo disidente expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Finalmente, tras 14 horas de debate, a la 1:20 de la mañana del 17 de septiembre, el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención
El 10 de octubre de 2009, con 44 votos a favor y 24 en contra, el Senado argentino aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión que duró casi 20 horas.
Por otra parte, la permanencia en el tiempo de iniciativas como la ley de emergencia económica no nos permite afirmar que se ha inaugurado una nueva etapa en lo referente a la calidad de las instituciones democráticas. Aunque ha sido escasa la recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia⁵ como herramienta para la decisión política -10 en total hasta la fecha-, la apelación a este recurso ha generado un endurecimiento de la relación entre el oficialismo y la oposición.

A partir de la demorada modificación de la composición de las cámaras del congreso desde el 10 de diciembre de 2009, y con la consecuente pérdida de la mayoría legislativa por parte del oficialismo, se ha advertido desde el poder ejecutivo nacional un retorno a la utilización de recursos de excepción en detrimento de la apelación a mecanismos de carácter consensual: en este clima se inscriben entre otras iniciativas el decreto de necesidad y urgencia para la creación del Fondo del Bicentenario, la derogación del mismo y su sustitución por otro para la creación del Fondo de Desendeudamiento y un decreto “simple” para habilitar la transferencia de fondos del Banco Central de la República Argentina para hacer frente a erogaciones a diferentes organismos de carácter multilateral.
Así, el 14 de diciembre de 2009 Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia  2010/2009.
La intención de la presidente fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la crisis económica global de 2008-2009. Los partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la independencia y la autonomía del Banco Central, y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNYU que creó el fondo, originándose una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.
El 29 de enero de 2010 Martín Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la Republica Argentina, pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidente no se la aceptaría.
El 3 de febrero de 2010 es confirmada la destitución de Redrado por una comisión bicameral del Congreso y asume en su lugar Mercedes Marcó del Pont. Finalmente la presidente derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNYU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento, anunciando esta decisión en forma sorpresiva durante la inauguración de las últimas sesiones ordinarias del congreso nacional del 1º de marzo.
En función de lo expuesto podemos afirmar que, en definitiva, el “kirchnerismo” representa la continuación por otros fines –más que por otros medios- del estilo decisionista de gobierno instaurado durante los años de Carlos Menem, ratificado y profundizado durante las gestiones de Fernando De La Rúa (1999-2001), Alberto Rodríguez Saá (2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003) que lo sucedieron.
4. Una breve digresión: Norberto Bobbio y el futuro de la democracia. Una reflexión en torno a las “falsas promesas”.
El autor italiano Norberto Bobbio, en un recordado trabajo publicado en el año 1984, El futuro de la democracia,  nos ilustraba sobre las promesas incumplidas de la democracia a la luz de la brecha existente entre los ideales democráticos formulados por los autores clásicos y las democracias realmente existentes, entendiendo que dichas promesas se hacían finalmente de difícil, sino casi imposible, materialización debido a los cambios producidos en las sociedades de masas –burocratización, tecnocracia, rendimiento limitado- que operaban como restricción.
Bobbio, en su obra El futuro de la democracia, lleva a cabo un recorrido de las principales promesas incumplidas (“falsas promesas”), tomando como punto de partida a diferentes autores clásicos: la democracia prometía, en la perspectiva del autor, el protagonismo político individual y la centralidad del ciudadano en el sistema político, la representación de los intereses del pueblo y no de facciones o grupos, el gobierno real del pueblo o de una mayoría significativa del mismo, la visibilidad del poder y de los mecanismos de toma de decisiones y la profundización y extensión de la participación democrática a partir del aprendizaje del significado de la vida democrática.
 En contraposición a los ideales señalados, lo que ha caracterizado a las democracias “reales” ha sido el protagonismo de los actores y grupos, la representación de los intereses sectoriales, la limitación de la participación a un número reducido de liderazgos y grupos y de la democracia a los mecanismos institucionales de decisiones políticas, la persistencia de centros de poder no democratizados como la empresa privada y la burocracia profesional, la subsistencia de mecanismos invisibles de toma de decisiones, la apatía y el desinterés por la cosa pública (Bobbio: 1984, Méndez Parnes y Negri: 2010, Respuela: 2003).
En realidad, sostiene Bobbio, esas “falsas promesas” no constituyen un engaño sino enunciados y principios de imposible cumplimiento en el contexto de las sociedades de masas, como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades no previstas por los teóricos de la democracia clásica; estas promesas no fueron cumplidas debido a obstáculos que no fueron previstos y que sobrevinieron luego de transformaciones producidas en la sociedad civil (Bobbio: 1984, 26) siendo tres las principales:
1. La tecnocracia: la complejización de todas las esferas de la sociedad contemporánea determina que las decisiones ya no pueden ser tomadas por la totalidad del cuerpo electoral sino por aquellos que poseen el conocimiento; la resolución de los problemas de carácter político requiere capacidad técnica y personal cada vez más especializado. La democracia y la tecnocracia son antitéticas dado que, si el protagonista de la sociedad industrial es el experto en consecuencia este papel no puede ser desempeñado por el ciudadano común. La democracia presupone que todos los ciudadanos pueden adoptar decisiones sobre la totalidad de los asuntos públicos, en cambio la tecnocracia significa que solo los que poseen un conocimiento especializado son quienes toman las decisiones.
2. La burocracia, de crecimiento constante en las sociedades de masas. Con el incremento del funcionariado profesional crecen los espacios de autoridad jerárquica, no democrática.
3. El escaso rendimiento, esto es la incapacidad del sistema político para poder responder a la creciente cantidad de demandas procedentes de la sociedad civil, fuente inagotable de demandas. La cantidad y rapidez de éstas son tales que ningún sistema político, por muy eficaz que fuera, es capaz de adecuarse a ellas. De todas maneras para el politólogo italiano es importante destacar que, si en las democracias la demanda es fácil y la respuesta difícil en las autocracias la respuesta es más fácil porque se basa en la capacidad de bloquear la demanda.
Parafraseando a Norberto Bobbio,  es válido interrogarnos si, en el caso expuesto de Cristina Fernández de Kirchner, se trataba en definitiva de promesas destinadas a no ser cumplidas o, como aquellas que el recordado intelectual señalaba en relación con la democracia, de difícil o imposible realización.

5. Conclusiones.

Durante las últimas elecciones presidenciales en Argentina, la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta de campaña en la idea de la continuidad dentro del cambio, que se manifestaría a partir de tres “promesas” centrales: la primera de ellas, la reinserción de la Argentina en el contexto internacional, la segunda, la inauguración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo y la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina dejando atrás el ciclo de emergencia permanente inaugurado en la última década, y la tercera, la inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

Ha sido el propósito del presente trabajo explorar los cambios y continuidades entre las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En primer lugar abordamos la presidencia de Néstor Kirchner, sus cambios y continuidades en relación a la gestión de Carlos Menem, partiendo del supuesto de que el relevo gubernamental producido en mayo de 2003 no implicó una sustantiva reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídico-políticos y organizacionales contenidos en la matriz ideológica  presente a lo largo de la década de 1990 sino más bien una ratificación de dichos contenidos programáticos, los cuales se han mantenido a grandes rasgos vigentes.

Podemos afirmar que, en este contexto de tensión entre la continuidad y el cambio (Svampa, 2007), a partir de la última década se repitió en mayor o menor medida, el mismo esquema: 

• Legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrumbe o emergencia y convertida en argumento, de salvamento primero y refundacional luego, del estado y la sociedad.
• Preservación del esquema constitucional adoptado en 1994 acorde con una nueva “razón de estado”: la gobernabilidad.
• Reforzamiento de los poderes presidenciales, definición explícita o implícita de una “doctrina de necesidad y urgencia” y utilización de recursos como los decretos de necesidad y urgencia, en tanto principal expresión de la decisión política.
• Debilitamiento del rol de las instituciones parlamentarias, de las diferentes instancias de control de los actos administrativos de gobierno y de los procesos deliberativos de decisión política.
• Reducción del aparato estatal, tanto en lo referente a su alcance como a su capacidad institucional (Fukuyama: 2004).

En una segunda parte, nos abocamos a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con particular énfasis en las promesas relacionadas con la instauración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo político y a la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina y la inauguración de una presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

La expectativa del cambio pareció diluirse de manera casi inmediata, a partir del momento de darse a conocer el gabinete de ministros para el nuevo gobierno. De los 12 integrantes designados, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y solo 5 de ellos asumieron por primera vez un ministerio.

La promesa de un nuevo tiempo político fundando en el diálogo quedó sepultada por la continuidad de una estrategia de “confrontación calibrada”, muy característica del gobierno de Néstor Kirchner, contra actores que se percibía en condiciones de poder ser derrotados como el ex presidente Carlos Menem, los jueces de la desprestigiada corte menemista, los militares genocidas del proceso, y entre los meses de marzo y julio del año 2008, ya durante la gestión de Cristina Fernández, contra la “oligarquía agropecuaria” y luego los “monopolios mediáticos” encarnados en particular por el grupo Clarín.

Así también la permanencia en el tiempo de iniciativas como la ley de emergencia económica no nos permite afirmar que se ha inaugurado una nueva etapa en lo referente a la calidad de las instituciones democráticas. Aunque ha sido escasa la recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para la decisión política, la apelación a este recurso ha generado un endurecimiento de la relación entre el oficialismo y la oposición.

Dentro de este esquema, las promesas de Cristina Fernández se revelan de imposible cumplimiento, pero, a diferencia de los cambios no previstos señalados por Norberto Bobbio en su recordado trabajo El futuro de la democracia, como resultado de una concepción del ejercicio del poder, fuertemente personalizado, que ha caracterizado tanto a la presidencia de Néstor Kirchner, como a la de su esposa Cristina Fernández y que reproduce prácticas ya conocidas durante la gestión del ex presidente Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante más de una década.

Todo ello en medio del despliegue de un estilo discrecional de acumulación política que ha tenido lugar en el marco de una situación de emergencia institucional, constituyéndose la misma en fuente permanentemente invocada para así legitimar el incremento de prerrogativas institucionales en manos del poder ejecutivo nacional.

Este nuevo escenario nos plantea los siguientes interrogantes:

¿Seguirá siendo recurrente el uso por parte del poder ejecutivo de medios institucionales legítimos para erosionar la institucionalidad?

¿Se trata de una nueva estrategia, el autogolpe legislativo, con el propósito de preservar el poder aún a costa de mayor erosión de su autoridad?

Estas preguntas solo tendrán su respuesta en el incierto tiempo político que se avecina en la Argentina.

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