Revista de Ciencia Política

RESUMEN

El siguiente artículo lleva adelante una comparación entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa. Su propósito es ver las semejanzas y diferencias en torno de la falta de liderazgo para afrontar las diferentes problemáticas. Para esto se hace mención a las debilidades en el comienzo de sus gobiernos, a las dificultades políticas, económicas y sociales y a la manera en que sus gobiernos finalizan.
Palabras claves: Alfonsín, De la Rúa, Liderazgo, Política, economía, social.

ABSTRACT
The following article carries out a comparison between Raul Alfonsín and Fernando De la Rúa governments. It aims at seeing their similarities and differences over their lack of leadership to deal with different problems. In order to complete this analysis we will mention the weaknesses of the beginning of their governments, the political, economic and social problems they face and the way their governments end.
Key words: Alfonsín, De la Rúa, Leadership, Politics, economics, social.

Las dos grandes crisis de liderazgos políticos en Argentina: la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001).

Actualmente en nuestro país, uno de los temas que más le interesa a los estudios políticos son los grandes liderazgos, como por ejemplo el de Carlos Menem y Néstor Kirchner. Sin embargo, estos liderazgos surgen de un contexto político, económico y social. Este escenario está marcado por la crisis tanto política como económica de los gobiernos de Alfonsín y de De la Rúa que terminarán con sus respectivos mandatos. A la hora de su análisis, se diferenciarían, ya que se darían en contextos totalmente distintos con actores heterogéneos, aunque coincidirían en que la profundización de la crisis y su falta de solución se deberían a la falta de liderazgos políticos.
El objetivo principal de este trabajo es poder concretar una comparación entre las dos grandes crisis que se dieron en Argentina (durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa respectivamente) con la intención de encontrar similitudes y diferencias entre ambas. A su vez lograr un estudio de las causas de esas crisis y su falta de soluciones. Y por último, entendiendo estas dos crisis de gobiernos, nos ayudarán a comprender el contexto de donde surgieron los enérgicos liderazgos de Carlos Menem y Néstor Kirchner.
Los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa desde su principio tenían la sensación de ser un cambio para una sociedad que había votado buscando un nuevo país. Sin embargo esas esperanzas se diluyeron al poco tiempo, ya que ninguno de los dos presidentes va a poder encontrar una solución efectiva a sus respectivas crisis. El contexto social, político y económico de estos dos gobiernos fue totalmente diferente, lo que llevó a que sus crisis y sus respectivas búsquedas de soluciones por los actores políticos también sean distintas.
La gestión de Alfonsín heredó el problema de qué medidas tomar sobre las Fuerzas Armadas después de la dictadura más represiva y sangrienta de la historia Argentina, a su vez el país había adquirido un endeudamiento externo que lo debilitaba económicamente; y como si esto fuera poco, el mismo gobierno no podría solucionar los problemas políticos (como por ejemplo: la oposición de los sindicatos peronista que no darían tregua) y económicos (en un primer momento la inflación y luego la hiperinflación).
El presidente De la Rúa heredó el estado de emergencia del gobierno de Carlos Menem, lo que produjo una continuidad en los problemas de la convertibilidad sumado a la deflación - recesión como solución. Esta recesión se agravaría por el contexto económico desfavorable ya que no contaría con margen de acción, y con una deuda externa cada vez más grande. A esto se le sumarían los problemas internos dentro de la coalición de gobierno con un desgaste político que lo llevaría a tomar decisiones apresuradas sin margen de negociación con las otras corrientes políticas. Además, los crecientes problemas sociales lo llevarían a tener que renunciar. Tanto un gobierno como el otro no encontrarían un espacio político donde menguar los obstáculos de sus distintas gestiones, lo que llevaría a pensar en una falta de liderazgo político por parte de los respectivos mandatarios, y que derivaría a la siguiente hipótesis:
“Las crisis políticas y económicas de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa si bien serán diferentes, podrían coincidir en la falta de liderazgo de ambos ex presidentes respectivamente”.

La historia de América Latina está marcada por la posibilidad o no de ésta para lograr liderazgos políticos. Desde este marco Guillermo O’Donnell habla en los ´90 de una democracia delegativa en donde el presidente tiene el control político. Fabián Bosoer y Santiago Leiras van a analizar los liderazgos latinoamericanos desde el decisionismo político, en donde los líderes llevan a cabo un liderazgo apoyado en una determinada interpretación de la historia, el poder político como construcción del orden y una estructura normativa determinada. Santiago Leiras hace mención a que líder no necesariamente coincide con liderazgo, “el liderazgo no solamente remite a la relación que se establece entre el líder y los otros -sean éstos ciudadanos o no, que interactúan directa y regularmente con el líder-, sino también a una relación que se desarrolla dentro de un determinado contexto institucional y en una situación histórica dada”.² Alberto Baldioli va más allá del decisionismo político y habla de un neopopulismo y neodesicionismo político, demostrando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener un liderazgo determinado.
El presente trabajo parte de estas posturas teóricas para analizar las crisis de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa desde su función de presidentes con falta de liderazgos. Además este artículo se apoya en autores como Eugenia Aruguete, Gastón Beltrán, Jorge Camarasa, Roberto Gargarella, Ricardo Ortiz y Martin Schorr, José Luis Romero, Santiago Leiras, Marcos Novaro y otros autores, para poder llevar adelante un análisis histórico comparado de las dos crisis de gobierno.

La carrera política de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa va a estar marcada por un despliegue político e institucional muy importante como representantes de la Unión Cívica Radical.
Raúl Alfonsín (1927-2009) desde sus comienzos como estudiante de la carrera de abogacía se relacionaría con la vida política, militando en el Movimiento de Intransigencia y Renovación en el seno de la Unión Cívica Radical (UCR), -en el histórico partido fundado en 1891- liderado por Ricardo Balbín. En 1951 obtuvo el cargo de vocal de la UCR en Chascomús y tres años después ganó una concejalía en las urnas. Luego de sufrir un corto periodo de prisión durante el gobierno de Perón, en 1955 asume como diputado provincial de la provincia de Bs As.
Elegido Arturo Illia Presidente de la nación en 1963 (UCRP), Alfonsín se hizo con el escaño de diputado Nacional. La dictadura de 1966, la cual él criticó y lo apresó por breve tiempo, hizo que tomara un activismo más fuerte, formando en 1970 el Movimiento de Renovación y Cambio que lo alejaría de Balbín hasta tener que enfrentarlo sin mucho éxito desde un comienzo.
Ante la violencia que se profundizaba al principio de la década del 70, Alfonsín cofundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) para hacer un seguimiento del preocupante deterioro de los mismos en el país. En 1976 con la Dictadura más sangrienta de nuestra historia, llevaría adelante un rol de abogado muy activo defendiendo y solicitando el hábeas corpus para detenidos sin cargos y en nombre de otros desaparecidos, con un cauteloso activismo partidista. Con la muerte de Balbín en 1981 y ante una crítica al gobierno de facto (derechos humanos, guerra de Malvinas, etc.) Alfonsín se convertiría en el principal candidato radical para las elecciones de 1983. En este contexto y ante un discurso Democrático y modernizador llegaría a la presidencia en 1983.³
Fernando de la Rúa nació en 1937, en Córdoba, a los 21 años ya se había convertido en abogado. Durante la presidencia de Illia (1963-1966) sirvió como asesor del Ministerio del Interior. La carrera política estuvo directamente vinculada a Ricardo Balbín, en abril de 1973 fue elegido Senador Nacional por Buenos Aires. En ese mismo año se dio una segunda elección para la presidencia en donde estuvo como candidato a la vicepresidencia, fórmula encabezada por Balbín; obtienen el 23,4 % de los votos y fueron derrotados por Perón. Ejerció su mandato de Senador hasta 1976, fecha del Golpe de Estado. Ante la inminente vuelta a la democracia pierde la interna con Raúl Alfonsín para ser candidato presidencial en representación de la UCR. Sin embargo consigue ser elegido Senador por segunda vez.
En 1991 De la Rúa fue elegido diputado, presidiendo el bloque, aunque en 1992 volverá a la cámara del Senado como Senador porteño. En este momento ya se percibían las diferencias que iba a tener con Raúl Alfonsín, no solo se oponía a que presidiera la UCR Nacional, sino que junto a otros legisladores se iban a oponer al llamado Pacto de Olivo⁴.
El 30 de junio de 1996 es elegido como Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Construyó una imagen positiva de político moderado y honesto que le permitió acercarse a un grupo de ex peronistas que conformaban el Frente por un País Solidario (Frepaso)⁵; junto a estos se crearía el 3 de agosto de 1997 la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (ATJE), más conocida como la Alianza. Ésta, en las elecciones legislativas de 1997, llegó a ser la fuerza política con mayor cantidad de votos, aunque no tendría la mayoría en las cámaras se notaba un cambio con respecto al poderío político peronista. En este mismo año De la Rúa fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR en sustitución de Rodolfo Terragno, quien a su vez había reemplazado a Alfonsín en 1995. Dejando las diferencias de lado, por ejemplo: con Alfonsín, en 1999 la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos Álvarez ganaron las elecciones presidenciales representando a la Alianza.⁶
Con lo dicho anteriormente, es evidente que tanto Alfonsín como de la Rúa contaban con una importante experiencia política cuando se hicieron cargo de sus respectivos gobiernos. Si bien el marco institucional es muy importante en ambos casos, las debilidades y las crisis de sus respectivos gobiernos pudo haberse dado más por su falta de acción y liderazgo que por falta de experiencia política.

El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina con un gran apoyo político y social por parte de la sociedad (obtuvo el 52 % de apoyo electoral). Lo más destacable del gobierno de Raúl Alfonsín, desde su comienzo, fue sin duda su discurso y accionar en búsqueda de la consolidación de las instituciones democráticas y un cambio cultural que transformara los ideales heredados. Sin embargo se creía por parte de la sociedad “que el retorno a la democracia suponía la solución de todos los problemas”.⁷
Al igual que el radicalismo en las elecciones presidenciales de 1983, el 24 de octubre de 1999 la fórmula de la Alianza, compuesta por Fernando De La Rúa y Carlos Álvarez, ganó las elecciones presidenciales superando ampliamente al partido justicialista, (Eduardo Duhalde - Ramón Ortega) con el 48,5% de los votos. El gobierno de Fernando De la Rúa no solo coincidía con el gobierno de Alfonsín en el gran apoyo social y político en las elecciones, sino que también tendría al igual que éste, un difícil contexto político-económico heredado del gobierno anterior. La década del ´90 había llevado al país a un Estado de emergencia permanente, con un horizonte lleno de dificultades y una sociedad que esperaba cambios profundos.

El contexto político y económico del país en 1983 no era el ideal, la dictadura militar había arrasado con las instituciones democráticas y la economía se hallaba en un crisis profunda (inflación y deuda externa); el presidente asumiría las responsabilidades bajo un discurso democrático, ético, modernizador y sobre todo defendiendo los derechos humanos.
El gobierno radical no solo iba a tener que afrontar las grandes demandas por parte de la sociedad, sino que también iba a tener que lidiar con los grandes grupos de poder que seguían existiendo en el país. Como señala Luis Alberto Romero “esa incertidumbre acerca de la capacidad del gobierno democrático se extendía a los otros campos, donde los poderes corporativos -los militares, la iglesia, los sindicatos- habían demostrado tener una enorme fuerza”.⁸ Estos poderes no solo no habían perdido todo su poder, sino que en muchos casos iban a obstaculizar las políticas llevadas adelante por el ejecutivo.
Si bien el gobierno de Fernando de la Rúa tendría grandes dificultades como el gobierno de Alfonsín, el accionar del gobierno de la Alianza se diferenciaría en que no pensaba llevar a cabo cambios con respecto al contexto heredado. Los problemas heredados se caracterizaban en lo económico por la recesión económica, inestabilidad de los flujos de inversión externa, la puja entre los empresarios locales y los acreedores externos vinculados sobre todo al capital financiero, las dificultades del pago de la deuda externa Estatal (84.750 millones de dólares en 1999)⁹ y privada (60.539 millones de dólares en 1999)¹⁰ que había crecido como nunca durante la década de la convertibilidad, débil crecimiento de la exportación, ciclos recesivos pronunciados, altos índices de pobreza y de desocupación, fuertes tensiones entre la nación y las provincias en torno a la distribución de los recursos de coparticipación, etc. ¹¹
En lo político se evidenciaría una crisis heredada no solo en referencia a los actores pertenecientes a los partidos tradicionales (PJ y UCR), sino también una crisis del régimen político en general, que estallaría en 2001. La Alianza no quiso y no supo llevar adelante los cambios necesarios para torcer el rumbo de la crisis heredada.

Problemas internos dentro del gobierno

A los inconvenientes del contexto político y económico del gobierno de Alfonsín se le sumarían los relacionados al interior del mismo partido, ya que no solo no contaba con el control en el Senado (sí en la cámara de Diputados) sino que a su vez “la UCR constituía una fuerza no demasiado homogénea, donde se discutieron y hasta obstaculizaron muchas de las iniciativas del presidente, quien prefirió rodearse de un grupo de intelectuales y técnicos recientemente acercados a la vida política, y de un grupo radical juvenil, la Coordinadora¹², que avanzó con fuerza en el manejo del partido y del gobierno”.¹³ Esto evidenciaría desde el comienzo del gobierno un accionar centrado en un reducido grupo de trabajo que se contradecía con el discurso político pluralista y democrático.
Los problemas internos dentro de la composición del gobierno Alianza se diferenciaría del gobierno anteriormente caracterizado, en que se le sumarían los problemas para conformar un gobierno de coalición. Por ej. para conformar un gabinete mixto entre dirigentes de la UCR y el Frepaso, las tensiones entre las dos fuerzas políticas se evidenciarían desde un principio. Además, esta coalición de fuerzas políticas carecía de una historia compartida y con escasa experiencia de gestión y cohesión interna; esto se evidenciaría en la falta de acuerdo en los diferentes proyectos de sus principales líderes.¹⁴

Ante los problemas heredados por el radicalismo en 1983 “el presidente debía elegir entre gobernar activamente, tensando el máximo el polo de la civilidad, lo que implicaba confrontar con intereses establecidos y aun introducir fisuras en el frente de apoyo, o privilegiar las soluciones consensuadas, los acuerdos con los polos establecidos, lo que implicaba postergar los problemas que requerían definiciones claras. El gobierno eligió en general la primera línea, pero debió aceptar la segunda cuando algunos fuertes golpes le demostraron los límites del poder”.¹⁵
Una de las grandes dificultades que va tener que afrontar Alfonsín es poder sustentar las bases de legitimación que necesita todo presidente para llevar adelante las políticas públicas; el gobierno radical “constituye un curioso y paradigmático caso en el que se produjo, en un periodo relativamente corto, la dilapidación de la importante base consensual de un periodo que había vencido claramente en las elecciones pocos años antes y el degaste político de una figura que había concitado una extraordinaria adhesión”.¹⁶
El contexto político-económico del gobierno de la Alianza, a diferencia del gobierno de Alfonsín, evidenciaría una crisis más profunda, una crisis que el nuevo gobierno no estaba dispuesto a cambiar con medidas económicas-políticas diferentes a la que habían llevado a dicho estado. Un ej. de esto son las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno de De la Rúa que profundizarían el modelo económico financiero, sin cambiar el modelo de convertibilidad.¹⁷
Desde un principio se evidenciaría el rumbo tomado por el gobierno de De la Rúa, ya que no solo continuaría con el modelo de la década del ´90, sino que lo profundizaría mostrando una postura aún más conservadora y ortodoxa. Al nombrar a José Luis Machinea como ministro de economía el gobierno tenía como objetivo reducir el déficit Público, equilibrar las cuentas y proseguir con el esquema de la moneda convertible. Era un primer paso para solucionar, a su entender, los problemas internos y mostrar una mejor imagen a los organismos internacionales de crédito (no solo la deuda externa era muy grande, sino que también se le pedía créditos para superar la recesión económica).

Tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de De La Rúa estuvieron marcados por incidentes políticos de distinta índole. Estos se dieron fuera del gobierno (relaciones con actores no estatales), como dentro del mismo gobierno; lo que demuestra las debilidades del ejecutivo para desarrollar sus proyectos políticos.
Sin embargo, cada gobierno tiene sus particularidades; por el lado de Alfonsín tendrá que hacer frente a los poderes corporativos que no habían perdido su influencia política; en cambio el gobierno de la Alianza, si bien estará subordinado a los grandes grupos económicos concentrados, los mayores problemas que debió afrontar fueron internos a la coalición de gobierno.

En gran medida el poder de Raúl Alfonsín se vio debilitado por el poder que las distintas corporaciones seguían teniendo, y a su vez estas presionarían para que sus intereses fueran satisfechos. Por otro lado, la mayoría de la sociedad había apoyado la democracia, entre otras cosas, para que se condenara a los responsables de las atrocidades llevadas adelante por la represión de las Fuerzas Armadas, de público conocimiento para esta época, que a su vez habían sido los ideólogos y ejecutores de una guerra perdida desde su comienzo (Guerra de Malvinas).
Alfonsín había defendido enérgicamente los derechos humanos durante el proceso militar, no solo desde su postura ideológica sino que también lo iba hacer desde su accionar como abogado. Una vez en la presidencia seguiría el mismo camino pero con grandes inconvenientes, ya que las Fuerzas Armadas no estarían dispuestas a ceder sobre lo que habían considerado una guerra contra la subversión. Por este motivo desde un principio se trató de separar el juicio a los culpables del juzgamiento a la institución, “se trataba de concentrar el castigo en las cúpulas y en las más notorias bêtes noires y aplicar al resto el criterio de la obediencia debida”.¹⁸ Se llevó a cabo el enjuiciamiento de las tres Juntas Militares y también las cúpulas de las organizaciones armadas ERP y Montoneros. Sin embargo, esto no satisfacía a la sociedad en su conjunto y por supuesto tampoco a las Fuerzas Armadas que se justificaban por lo hecho en el proceso.
En un principio y ante un peronismo dividido el gobierno vio la posibilidad de democratizar los sindicatos. Si bien la ley de normalización institucional de los sindicatos presentada por el ministro Mucci no tuvo un gran rechazo, fue rechazada por un solo voto en el Senado, produjo el efecto contrario a lo esperado por el gobierno, ya que las corrientes del peronismo, gremial y político se unificaron.
El otro obstáculo que iba a encontrar el proyecto de modernización y de libertad cultural al cual aspiraba el nuevo ejecutivo, sería la Iglesia, que con el correr del tiempo tendría más diferencias con éste. “Le irritaba lo que juzgaba su poca injerencia en el área clave de la enseñanza privada, la sanción de la ley de divorcio y el tono en general laico del discurso cultural que circulaba por las instituciones y medios del Estado”¹⁹.
En los dos gobiernos radicales, al no obtener mayoría en ambas cámaras, el partido justicialista jugó un rol muy importante como oposición. No solo obstaculizó proyectos de ley, sino que a su vez profundizó la crisis de los dos gobiernos.
A diferencia de Alfonsín, el gobierno de la Alianza no debió enfrentar actores corporativos tan claros como la dictadura o la iglesia, sin embargo estuvo limitado por los poderes económicos concentrados, que desde la década del ´90 marcaban el rumbo económico y político del país. Estos grupos concentrados se caracterizaban por ser empresarios locales e internacionales, en muchos casos representantes de multinacionales.
A su vez, este proyecto político-económico estaba caracterizado por la sumisión del país a las políticas de los organismos internacionales, como el FMI o el Banco mundial. Estos limitaban la autonomía y el accionar del gobierno en materia política, económica y social.

Relaciones conflictivas

A las relaciones conflictivas que llevaba adelante el gobierno de Alfonsín con las distintas corporaciones se le sumaba el enfrentamiento con su adversario histórico (el Partido Justicialista), que si bien estaba sufriendo una crisis interna no daría tregua ante los distintos intentos de acercamiento del gobierno (no tenía mayoría en el Senado lo que obligaba a un diálogo con los diferentes sectores), y por otro lado se sumarían dificultades internas del gobierno.
La división interna que sufría el peronismo llevaría a que el sindicalismo ganara un enorme poder y una capacidad de acción que debilitaría cualquier clase de negociación que pretendiera llevar a cabo el gobierno con las corporaciones empresariales. Este poder que iban tomando los sindicatos ante las dificultades económicas llevó a que la relación entre el sindicalismo y el gobierno se vaya tornando más tensa con el pasar del tiempo. “Entre 1984 y 1988, cuando decidió concentrar en la campaña electoral, la CGT organizó trece paros generales contra el gobierno constitucional, cifra que contrastaba con la escasa movilización en tiempos del anterior gobierno militar”.²⁰
Como se ha dicho anteriormente, el gobierno radical no llegó a lograr una participación amplia del partido, ya que el presidente se rodeó de gente de su confianza dejando poca participación a otros sectores. A su vez, la crisis marcó incoherencia en la composición del gobierno, como por ej. el nombramiento de distintos ministros de economía de diferentes procedencias y sin proyectos económicos a largo plazo, ya que sus nombramientos se daban a medida que la crisis se profundizaba.
Al igual que el gobierno de Alfonsín, De la Rúa no podría mantener una unidad y coherencia interna dentro de la UCR. A su vez, esto se agravaría con la frágil alianza electoral que se había dado con el Frepaso. Este último seguía funcionando “como un crisol de grupos que giraba en torno a las iniciativas e intervenciones públicas de Chacho Alvarez y, en menor medida, de Fernández Meijide.”²¹ La resolución de las diferencias quedaron para después de la elección de 1999, lo cual llevó a que los problemas sin resolver agravarían aun más las diferencias entre los máximos dirigentes.
Las primeras tensiones se darían en los dirigentes encargados de llevar adelante la conducción de la Alianza, entre los más importantes se encontraban Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide por el Frepaso; Fernando De la Rúa, Rodolfo Terragno y Raúl Alfonsín por la UCR; este último había tenido la tarea de unificar ambas fuerzas, “tenía más puntos de acuerdo con muchos frentistas que con los radicales que rodeaban a De La Rúa, quien representaba el ala más conservadora de su partido y más atento a los consejos de economistas ortodoxos.”²² A pesar de las grandes diferencias dentro de la UCR, el Frepaso apoyaría a De la Rúa luego de que ganara las internas de la Alianza con el 63 % de los votos.
Los candidatos de ambas fuerzas permitieron obtener un gran apoyo en las elecciones nacionales y así obtener la presidencia (sin embargo, por un lado, legislativamente en diputados era primera minoría y el Senado era dominado por el Partido Justicialista; por otro lado el justicialismo preservó su dominio territorial) con un discurso modernizador, que buscaba solucionar el desempleo, la calidad de la educación y sobre todo crítico de la corrupción del gobierno anterior. Al poco tiempo las diferencias internas volverían a resurgir, “la Alianza no llegó a establecer mecanismos de toma de decisiones, resolución de conflictos y construcción de acuerdos programáticos.”²³
         Aunque De la Rúa y Alvarez se pusieran de acuerdo en nombrar a Machinea como ministro de economía, ante la falta de resultados inmediatos la tensión se hacía más visible con respecto a qué rumbo económico, social e institucional llevar adelante. Ante esto, y agravado a las diferencias internas dentro de la UCR, De la Rúa tendió a un estilo reservado y desconfiado. De la Rúa no se pudo consagrar como un “autentico líder partidario”; “su estilo de liderazgo político era caracterizado por un proceso decisorio con fuerte anclaje en su entorno personal y en detrimento de los partidos que integraron la coalición de gobierno”.²⁴Este entorno personal representado por cuatro actores claramente identificables: operadores ideológicos, dirigentes partidarios con escaso peso en el partido radical, líderes estudiantiles de la Franja Morada (brazo universitario del Radicalismo) y finalmente su entorno familiar (destacándose su hijo Antonio De La Rúa).²⁵
            Lo dicho anteriormente se va a combinar con la crisis política que se produce en agosto de 2000 “a raíz de la denuncia del pago de sobornos que habrían hecho funcionarios del gobierno a senadores nacionales –tanto del PJ como de la UCR- con el propósito de lograr la aprobación de la reforma laboral”.²⁶ Por este motivo se va a dar un enfrentamiento entre el vicepresidente Alvarez, el más interesado y unos de los impulsores para que se investigue lo sucedido, con el presidente De la Rúa, quien primero desechó y luego buscó limitar la repercusión del escándalo.
            A principios de Octubre buscando legitimar su autoridad y buscando rodearse aún más de su entorno, De la Rúa anunció un recambio ministerial con dirigentes de su confianza. Por lo sucedido anteriormente y sumado a este recambio, Álvarez renunció a la vicepresidencia y si bien la coalición no se quebró, quedó al borde de la ruptura.
            A la suma de dificultades que tenía que afrontar el gobierno se le sumaba la oposición del peronismo que a medida que pasaba el tiempo se hacía más fuerte; entre otras cosas se oponía al ajuste en las administraciones que ellos administraban, el PJ continuaba gobernando muchas provincias. Y como si esto fuera poco, el 14 de octubre de 2001 la Alianza, o lo que quedaba de ella, pierde legislativamente las elecciones, pasando a controlar totalmente el congreso el PJ. Ante esto De la Rúa buscó llevar adelante un pacto con la oposición, que inmediatamente lo rechazó, profundizando la crisis e inoperancia del gobierno que no encontró más salida que la renuncia.

Relación con el FMI

Al contexto interior se le iba a sumar el contexto internacional, más precisamente la relación con el FMI y el Banco Mundial a la hora de resolver el pago de la deuda externa.
Desde un principio del gobierno radical, la postura representada por el ministro de economía Grinspun se centraría en una relación más directa con los acreedores externos y con un pago acorde con la economía del país, plan que no se pudo llevar adelante como se pensaba por las presiones de los organismos internacionales.
Al asumir Sourrouille como ministro de economía, se llevará a cabo un proyecto más abarcativo con respecto a la relación con el FMI. Entre otras cosas porque se tenía un trato más estrecho con este organismo, que en muchos casos se aceptaban sus términos, como por ejemplo: en el plan austral necesitó y tuvo autorización del FMI.²⁷ Con todo esto nuevamente se desnudarían las propias dificultades del gobierno para llevar adelante su proyecto inicial y sobre todo las debilidades para contrarrestar los poderes corporativos.
En contraste con el gobierno de Alfonsín, De la Rúa desde un comienzo debió aceptar las condiciones impuestas por el FMI para llevar adelante sus políticas de gobierno. En primer lugar debía hacerse cargo de los vencimientos de la Deuda Externa. En segundo lugar necesitaba de los créditos internacionales para financiar los gastos y sus políticas públicas. Finalmente la presión del mercado internacional globalizado influía en la relación cercana que debían tener los distintos gobiernos con los organismos internacionales.
Lo dicho anteriormente no solo llevo a la pérdida de autonomía por parte del gobierno radical y el gobierno de la Alianza, sino que a su vez, llevó a un mayor rédito e influencia del sector empresarial que se beneficiaba con estas imposiciones por parte del FMI.

El panorama económico que debieron enfrentar tanto Alfonsín como De La Rúa no era menos complejo que el panorama político; en muchos casos estos problemas tuvieron mayor influencia en la crisis de los gobierno y en el debilitamiento del accionar del ejecutivo, al no poder llevar adelante un proyecto económico coherente y eficiente antes las grandes dificultades.
Aunque ambos gobiernos coincidirían en el problema de la deuda externa y el déficit fiscal, se diferenciaban en que mientras el primero debía hacerse cargo de la inflación, el segundo se encontraba ante el dilema de la convertibilidad.

La inflación heredada de la Dictadura Militar estaba institucionalizada, lo que llevaba a la incertidumbre y especulación de grandes sectores de la sociedad que anteponían sus intereses particulares sobre los intereses de la nación. A esto se le sumaba dos grandes inconvenientes históricos como son el déficit fiscal y la deuda externa, que van a llevar a la búsqueda de urgentes medidas por parte del gobierno para que den fin a dichos problemas.
Durante el comienzo de la gestión se hizo evidente que el gobierno no quería perder el apoyo social, por lo tanto su accionar mediante el ministro de economía Bernardo Grinspun se ajustó a las formulas dirigistas y redistributivas clásicas; “se otorgó un fuerte aumento nominal de salarios e inmediatamente se estableció un sistema de pautas para controlar la evolución de los sueldos, los precios, el tipo de cambio, y las tarifas de los servicios públicos”²⁸; a su vez se trato de reactivar el mercado interno, como por ej. Otorgándole créditos a los medianos empresarios.
Principalmente las soluciones pretendidas por el gobierno no se dieron porque el plan económico no estaba preparado para los cambios que había sufrido el país y mucho menos solucionaba los problemas de fondo; “La receta se repetía y el ministro demostraba así que continuaba aferrado a un mal entendido Keynesianismo, demodé y anacrónico, para un país que no podía financiar un solo proyecto desde el Estado porque la crisis fiscal era de una magnitud inédita y emitir moneda sin respaldo significaba realimentar el proceso inflacionario.”²⁹Además esta perspectiva económica chocaría con los grandes empresarios liberales en contra de la intervención estatal y con la CGT, que veía insuficientes las medidas tomadas en beneficio de los trabajadores (la inflación llevaba a una reducción del poder adquisitivo). Hay que tener en cuenta que la reactivación de la economía llevada adelante por el Estado, entre otra cosa mediante le emisión monetaria, acarreaba más inflación.
El gobierno de la Alianza al igual que el gobierno de Alfonsín tenía que enfrentarse a una crisis económica heredada del gobierno anterior. Sin embargo, De la Rúa se diferenciaría en que continuaría con el modelo económico del gobierno anterior basado en la convertibilidad y en la economía financiera dejando de lado la economía productiva.
Este nuevo gobierno debía afrontar grandes problemas, a la recesión económica que se venía dando desde el gobierno de Menem, se le sumaba, déficit fiscal, el gran índice de pobreza, desocupación, deuda externa (presión de los organismos internacionales como por ej. FMI), fuga de capitales, presión de empresarios locales e internacionales.
El gobierno de Fernando De la Rúa estaba dispuesto a llevar adelante las “reformas de segunda generación” que el FMI pretendía que se llevase adelante por parte del nuevo gobierno que asumiera en 1999: “esto implicaba una nueva reforma laboral y del sistema jubilatorio, la regionalización del país y una nueva coparticipación federal, y la reforma del sistema político”.³⁰ Mediante el ministro de economía (Machinea) la Alianza llevó adelante medidas en este rumbo, por ej. Aumento de impuestos y nuevos recortes del gasto como reducción de salarios públicos.
Llevar a cabo un plan de ajuste chocaría con distintos sectores de la sociedad. En primer lugar con los sectores más afectados, los ajustes en los ingresos de los trabajadores y jubilados, llevaría a oírse las primeras voces en disidencia. En segundo lugar, el ajuste debía llegar a las provincias, que en su mayoría estaban gobernadas por la oposición, que no estaba dispuesta a ceder sus ingresos. Y por último se revelarían las diferencias internas dentro del mismo gobierno, el vicepresidente Carlos Alvarez no concordaba con el gran alcance del ajuste.
Por otro lado comenzaban a darse opiniones divergentes, entre ellas la de Alfonsín, sobre el costo de llevar adelante la convertibilidad y postulaban una devaluación de la moneda (también hubo una postura de dolarizar la moneda por parte de los sectores cercanos a las empresas privatizadas pero que no tuvo gran proyección). Sin embargo, De la Rúa y Machinea, al igual que gran parte de la sociedad, seguía temiendo a la inflación y a la hiperinflación vivida durante el gobierno radical anterior.
En este camino de recesión y emergencia económica se aprobó la ley de Reforma Laboral, que tuvo una rápida aprobación en el congreso (se acusó de corrupción al gobierno por el supuesto pago a Senadores). Ésta llevaba cambios en las relaciones laborales, entre otras cosas porque “promovía la firma de los convenios de trabajo por empresa y ciudad, y los hacía prevalecer por sobre los de actividad o rango nacional, con el propósito de reducir salarios”.³¹ Obviamente, esto fue apoyado y festejado por los grupos económicos locales y extranjeros.

Ante las graves dificultades económicas (creciente inflación, conflictividad social en búsqueda de mejoras salariales, y la disconformidad de los acreedores externos), en 1985 Alfonsín reemplazó su ministro de economía por Juan Sourrouille, quien al poco tiempo de asumir como ministro iba a lanzar lo que popularmente se denomino Plan Austral. “Ante la magnitud del déficit y la inexistencia de crédito interno y externo, el “ajuste” y las “reformas estructurales” reaparecían finalmente como únicas soluciones posibles”.³²
El problema más grave que tenía que enfrentarse el gobierno era la inflación; la solución de ésta estaba relacionada con el déficit fiscal (debía reducirse el gasto público y aumentar los ingresos fiscales). Por lo tanto se congelaron precios, salarios, tarifas de servicios públicos, se regularon los tipos de cambio y tasas de interés, se suprimió la emisión monetaria. Junto a todo esto se cambiaba la moneda y el Peso era reemplazado por el Austral. “El Plan Austral constituyó una combinación de medidas consideradas heterodoxas, entre las cuales estaban el congelamiento de precios y salarios, la desindexación de la economía y la creación de una nueva moneda para borrar la memoria inflacionaria colectiva, con un conjunto de medidas ortodoxas, que apuntaban a resolver los problemas estructurales de la economía argentina como por ejemplo el gasto público, la emisión espúrea de moneda, el proteccionismo o los subsidios”³³.
Lo decisivo era que el plan no afectara específicamente a ningún sector, lo que en un principio se logró, y ante los buenos resultados obtuvo un gran apoyo por parte de la sociedad. Estos resultados llevaron a que en las elecciones legislativas de noviembre de 1985 el radicalismo obtuviera un buen triunfo. A su vez lo que sucediera en el futuro se mediría por lo económico.
A partir 1986 se lanzó la segunda fase del Plan Austral con el objetivo de llevar adelante las postergadas medidas de ajuste ortodoxo que reducirían el gasto público y se llevaría adelante una apertura económica relegando el accionar del Estado tan característico en la primera parte de la gestión. Esta recesión económica traería grandes problemas políticos al gobierno ya que gran parte de la sociedad debía postergar la satisfacción de sus intereses.
Rápidamente ante la inestabilidad de los precios en el mercado interior y las subas salariales en búsqueda de acuerdos políticos la inflación se hizo notar de nuevo. A todo esto se le suma la caída de precios en el mercado internacional, lo que llevó a que se tomen nuevas medidas de ajustes. Renacieron las pujas corporativas, por un lado la CGT en contra del congelamiento salarial y por otra parte los empresarios, liderada por los productores rurales, que se movilizaron contra el congelamiento de precios. Esto evidenció que el plan no podía afrontar los problemas de fondo, lo que llevó a buscar aliarse a las corporaciones cediendo a los intereses particulares.
En junio de 1987 el gobierno encaró un nuevo plan de reforma, que contó con el apoyo de los organismos internacionales y grandes empresarios. La reforma impositiva, el intento de privatizar un porcentaje de las empresas públicas y la reducción del gasto público no contarían con el apoyo político; todo esto agravado con la derrota electoral sufrida en septiembre, evidenciarían el fracaso de llevar a cabo una economía alineada a lo político. Ante esto se buscó apoyo en las corporaciones como los sindicatos y empresarios (entre otras medidas se transfirió deuda privada al sector público) para llevar adelante de la mejor manera una economía muy golpeada, lo que mostraba una mayor incertidumbre y la sensación de falta de gobernabilidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, estas corporaciones influidas por sus propios intereses iban tomando caminos distintos con algo en común: su accionar debilitaba aún más el gobierno de Alfonsín.
Los propios actores, entre otros Sourrouille, dieron cuenta que la economía se les había escapado de las manos. Entrado el año 1988 era inevitable no ser tan autocritico ya que la economía era desastrosa: “los precios se dispararon haciendo que la tasa de inflación fuera en aumento para pasar de un 9,8 % en enero a un 26,6 % en julio. La desregulación económica agudizó la pugna distributiva, el poder adquisitivo descendió notoriamente, el F.M.I. canceló préstamos ya concedidos, los capitales se fugaban al exterior y las encuestas iniciaban un creciente apoyo al candidato justicialista para las elecciones de mayo de 1989.”³⁴
En agosto de 1988 se lanzó lo que se denominó el Plan Primavera; era una continuación de las medidas anteriormente descriptas, de corte ortodoxo y monetarista, con la particularidad que se dio un pacto con los sectores industriales (sector más liberal), que entre otras cosas suponía la transferencia de recursos provenientes del sector agrario al Estado y a otras áreas de producción. Este plan no iba a poder sostenerse en el tiempo, “estaba destinado al fracaso por sus propias vulnerabilidades técnicas y políticas y porque el gobierno había pactado con un reducido sector de la producción.”³⁵ Este pacto reducido del gobierno iba a tener como contraposición de la enemistad del sector agrario, la CGT y los empresarios opuestos al sector liberal.
La debilidades internas del plan económico (de la inflación se pasó a la hiperinflación), sumado a la inestabilidad política del mismo gobierno (no se pudo sostener el pacto con el sector industrial liberal), más la oposición de los sectores mencionados anteriormente, hicieron que la crisis económica se agravara, como nunca antes, hasta el punto que se dio un duro golpe al mercado perjudicando a importantes operadores económicos. Esto marcaba el final del Plan Primavera y la esperanza de cambios por parte del gobierno.
            El gobierno De la Rúa, al igual que el gobierno radical anteriormente descripto, va a llevar adelante cambios dentro del ministerio de economía, pero si bien estos se daban ante la necesidad de las circunstancias, no mejoraron la situación sino que por el contrario la contradijeron aún más.
            La creciente recesión económica mediante el ajuste, demostraba que el gobierno de De la Rúa no solo hacía un mal diagnóstico en lo político (había llevado adelante un cambio de gabinete y su vicepresidente había renunciado) sino que también hacía un mal diagnóstico económico. Ya que si bien por un lado se podía cumplir con el pago de las obligaciones de la deuda externa (no se resolvía la deuda externa en sí misma), por otro lado se agravaban otros problemas como falta de autonomía económica, concentración de la riqueza, fuga de capitales al exterior, desocupación, pobreza, malestar social, etc.
            Ante la falta de resultados renuncia Machinea al ministerio de economía y lo sucede Ricardo López Murphy (proveniente del ala más ortodoxa del grupo económico radical). Éste, fiel a sus ideas y ante la presión del FMI por el pago de la deuda externa, lanzó un nuevo plan de ajuste: “la disminución drástica de los gastos estatales, especialmente los de educación, los subsidios a las economías regionales y los que financiaban el costo presupuestario de la política. La rebelión popular contra un nuevo ajuste y la crisis que detonó en el gobierno determinaron que la gestión de López Murphy durara en total diez días”. ³⁶
            López Murphy es reemplazado por Domingo Cavallo con el objetivo de estabilizar la economía y el país. En este sentido el Congreso aprueba, no sin reticencia, una ley que le otorga poderes especiales. Cavallo “delineó un nuevo plan económico con el objetivo de controlar la evasión de capitales, reducir el gasto del estado, aumentar los ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciamiento de la deuda externa.”³⁷
            Sin embargo, las posibilidades de contrarrestar la crisis por parte del nuevo ministro de economía se disolvían inmediatamente. La recesión económica se transformaría en depresión, la fuga de capitales aumentaba considerablemente, los intereses de la deuda externa se hacían cada vez más complicado pagarlos, el riesgo país se hacía insostenible y como si esto fuera poco las manifestaciones sociales aumentaban a medida que la desocupación y la pobreza llegaban a índices impensados.
            Lo dicho anteriormente, sumado a la perdida de las elecciones legislativas de octubre de 2001, profundizaría la crisis económico-política del gobierno de Fernando De la Rúa. A esto se le sumaba el pésimo diagnóstico llevado adelante por el Ejecutivo, como las medidas que profundizaban un modelo que ya había entrado en crisis en los ´90; falta de perspectivas sociales, lentitud para observar la pésima situación en que se encontraba el país, pérdida de autonomía frente a los poderes internacionales, y por último De la Rúa se refugiaba en un pequeño grupo de colaboradores, que lo distanciaba aún más de los actores políticos-económicos que le permitieran llevar adelante cambios sustentables
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Deuda Externa

Las negociaciones con los acreedores externos, durante el gobierno de Alfonsín, se tornarían tensas, en primer lugar porque la Argentina desde un principio pretendía que las obligaciones de pago se subordinaran a la capacidad y a las necesidades internas. En segundo lugar porque se dio un acercamiento entre los países deudores de la región con el propósito de llevar a cabo políticas en común (difícil de cumplir por la divergencia de los problemas de los distintos países) frente a la deuda externa.
Ante esto, los organismos internacionales tenían una postura rígida que, con el pasar del tiempo, los países deudores como la Argentina debieron aceptar y subordinar no solo sus políticas económicas, sino también sus políticas sociales ante estos organismos, como por ej. con el FMI.
En 1987 el gobierno radical firmó un acuerdo con el Banco Mundial por el cual se obtenían fondos para equilibrar sus cuentas a cambio del compromiso de implementar un programa de reformas macroeconómicas y sectoriales.³⁸
Las dificultades económicas y la falta de soluciones llevaron, en el final del gobierno, a que se dejaran de pagar los compromisos de deuda externa para luego reanudarse al poco tiempo.
Al igual que Alfonsín en 1985, De la Rúa (desde un principio de su gobierno), mediante el ministro de economía Machinea, no hace más que cumplir los pedidos del FMI y llevó adelante un ajuste estructural con el objetivo de asegurar el pago de la deuda. La receta del FMI aplicada por Machinea y su equipo de trabajo “no hizo más que profundizar la recesión en una espiral ascendente, al afectar el consumo y el crédito de la clase media”.³⁹
Entre las consecuencias de este plan (mayo de 2000) se podía registrar un malestar de la sociedad por el impuestazo, rebaja de salarios y jubilaciones al sector público. A su vez se daba la fuga de capitales al exterior, lo que traería graves problemas para la balanza financiera.
En diciembre de 2000 se llevó a cabo el llamado “blindaje” financiero, constituido por fondos prestados por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno español y privados. El objetivo era que con estos fondos se pudiera pagar los servicios de la deuda pública. Sin embargo, por un lado no se logró cumplir el objetivo principal, se dio una profundización de la recesión y el gobierno no pudo mantener los compromisos con el FMI, por otro lado tuvo como contrapartida un nuevo compromiso de restricciones presupuestario, ajuste de la administración públicas provinciales y de reforma de los sistemas de salud y previsión tendiente a reducir los aportes estatales y crear mayores oportunidades de inversión privada.⁴⁰
Con Cavallo como ministro de economía, se anunció la implementación del “megacanje” por el cual el Estado rescataría títulos de deuda de corto plazo y los cambiaría por otros de mayor prórroga y tasas de interés muchos mayores.⁴¹ Esto no solo llevaba a que el país se endeudara más, sino que también llevó a tener una mayor dependencia de los organismos de crédito, en la medida que profundizaban las medidas de ajuste.
En vez de buscar una alternativa distinta para salir de la crisis, y ante el agravamiento de ésta, sumado a que las medidas anteriores no funcionaron, llevaron al gobierno a mantener la convertibilidad y priorizar sus compromisos financieros. Un ej. de esto fue el anuncio de la política de “déficit cero”, en Julio de 2001 por parte del gobierno, por el cual todas las partidas del Estado, excepto el pago de intereses de la deuda pública, quedaban subordinadas a la disponibilidad de recursos.⁴²
Las medidas implementadas por el gobierno de De la Rúa daban cuenta que en primer lugar se priorizó el pago de la deuda externa y la relación con los organismos internacionales. En segundo lugar, que con las medidas tomadas no solo no podía hacerse cargo de los compromisos sino que también endeudaban al país aún más. Finalmente, que el Ejecutivo no tenía autonomía o no sabía cómo cambiar el rumbo crítico en el que estaba sumergido el país.

Si bien la debilidad legislativa no es consecuencia directa de la insatisfacción social, y hay que tener en cuenta el contexto social en su conjunto, se puede ver que tanto en el gobierno radical de 1983 como en el gobierno de la Alianza en 1999, se va a dar un paralelismo entre la pérdida de poder legislativo e insatisfacción social.
La profundización de esto, sumado a la crisis global, llevaría a que los distintos mandatarios se vieran limitados aún más en su accionar político-económico.

Pérdida de Poder Legislativo

En las elecciones presidenciales de 1983 la Unión Cívica Radical obtuvo un gran apoyo político-social al obtener el 52% de los votos. Se daba una diferencia importante de apoyo en comparación con el 40% obtenido por el Partido justicialista que tenía como candidato a Ítalo Luder.
Sin embargo, esta diferencia se iría achicando a medida que el gobierno no podía enmendar los problemas económicos, políticos y sociales. Además la falta de soluciones por parte del gobierno permitió una resurrección de la oposición.
Con la designación de Sourrouille como ministro de economía se lanzó el Plan Austral, que permitió soluciones económicas y un alivio para la gestión. A su vez permitió que la UCR obtuviera un triunfo en las elecciones legislativas de 1985. A pesar de esto las elecciones caracterizarían lo que se iba a dar en mayor medida en el futuro, la pérdida prolongada de apoyo social por parte del gobierno radical; la UCR ganó las elecciones legislativas con el 43%, 9% menos que en 1983⁴³; lo que mostraba, en menor medida, que el electorado se iba hacia otros partidos.
Las elecciones de 1987 ya mostraban que la imagen de Alfonsín como conductor del destino del país había perdido legitimidad (la UCR pasaba del 43% a un 37%, mientras que el PJ pasaba de un 34% a un 41%)⁴⁴. Estas elecciones eran claves para el futuro del gobierno, ya que la pérdida de las dos cámaras legislativas y el control de todas las gobernaciones, con excepción de Córdoba, Río Negro y Capital Federal, lo obligaría a ceder aun más frente a los poderes corporativos.
Ante este deterioro político de la UCR, el PJ obtiene un amplio triunfo en las elecciones presidenciales de 1989 (el PJ obtuvo 47,49% mientras que la UCR obtuvo el 32,45 % de los votos)⁴⁵, dando lugar a una nueva manera de hacer política con características y formas de liderazgos totalmente distintas.
En 1999 la Alianza, al igual que el radicalismo en 1983, obtuvo una importante victoria en las elecciones presidenciales, pero esto no se vio reflejado en las cámaras legislativas, ya que si bien en diputados era primera minoría (127 miembros sobre un total de 257), en el Senado el dominio lo tenía el Partido Justicialista (39 senadores sobre los 72 integrantes). A esto se le suma que el PJ mantuvo un predominio territorial en las elecciones provinciales (Ej. Carlos Ruckauf en Buenos Aires y Carlos Reutemann en Santa Fe). ⁴⁶
Ante la profundización de la crisis política, económica y social, en la elección de octubre de 2001 la población le quitó todo su apoyo al gobierno de De la Rúa, dando lugar a que la Alianza quedara como primera minoría de la cámara baja y el Justicialismo obtuviera 66 de las 127 bancas en disputa. La Alianza quedaba con 88 diputados y el PJ con 116 diputados, “este escenario supuso la pérdida de 20 puntos con respecto de las elecciones legislativas de 1999; y de haberse celebrado elecciones presidenciales, por Fernando De La Rúa hubiera votado menos del 20 % de sus electores de 1999.”⁴⁷

El Plan Austral en su comienzo pudo contener las deficiencias de la gestión, pero esta reactivación económica no iba a durar por mucho tiempo; los problemas sin resolver, o resueltos a medias, iban a llevar al gobierno a una pérdida de sustento social. Esto se hacía visible en la pérdida de legitimidad por parte de Raúl Alfonsín.
Hay que tener en cuenta que los problemas económicos eran insostenibles (déficit fiscal, inflación, deuda externa), los sindicatos no daban tregua ante la pérdida del poder adquisitivo (en cuatro años se hicieron trece paros generales) y el juicio a las tres juntas militares no resolvían una problemática que directamente o indirectamente tocaba a toda la sociedad.
Ante la falta de canales de interacción entre la sociedad y el gobierno, la relación se fue tornando más tensa, “la imposibilidad estructural para generar un espacio público de reivindicación surge porque el régimen se construye a partir de lógicas contrapuestas y no interactuantes”.⁴⁸
La pérdida de legitimidad se daba por un lado por las graves circunstancias económicas que vivía el país, pero por otro lado y como factor fundamental, por la falta de mecanismos de resolución que involucrara a los diferentes actores sociales. Esto se debió en parte porque no se comprendió el contexto económico y político, y a su vez porque el Ejecutivo se cerró demasiado en su accionar y cuando quiso cambiar fue demasiado tarde.
A diferencia de Alfonsín, que en varios momentos fue apoyado por la sociedad, el gobierno de la Rúa tendría una distancia enorme con la sociedad, no pudo contrarrestar la crisis sin que con ello perjudicara a la sociedad en general.
La distancia que separaba al gobierno de De la Rúa con la sociedad se debía principalmente a las medidas económicas tomadas por el gobierno para solucionar el déficit fiscal y los vencimientos de la deuda externa. Estas medidas perjudicaban directamente a la sociedad, ya que entre otras cosas, el ajuste fiscal llevaba al despido de personal público, flexibilización laboral, menor presupuesto para las provincias, mayor desocupación y pobreza y un menor presupuesto en asistencia social.
A menos de un año asumido el gobierno de la Alianza “los sindicatos estatales que habían tenido las mejores relaciones con el aliancismo iniciaron un plan de lucha que incluyó los primeros paros generales, y el justicialismo anunció que resistiría las medidas de ajuste que no había resistido en pleno menemato.”⁴⁹ La desocupación había pasado de 13,8 % en octubre de 1999 a 14,7 % en octubre de 2000, los más afectados eran los jóvenes y los niños.⁵⁰
En marzo de 2001 el ajuste anunciado por López Murphy que tenía como objetivo disminuir drásticamente el gasto estatal, principalmente la educación, los subsidios a las economías regionales y el presupuesto a la política, llevó a que se desatara una rebelión popular contra dicho ajuste.
La profundización del ajuste mediante el nuevo ministro de economía, revelaban el pésimo diagnóstico social que hacía el gobierno. Ante esto, en el mes de junio “en la provincia de Salta estallaba uno de los más importantes conflictos sociales en democracia, con tomas de ruta por los desocupados y una represión sangrienta e indiscriminada” ⁵¹
Al igual que el gobierno de Alfonsín, De la Rúa terminaría sus últimos días de presidente bajo una situación social conflictiva. El 18 de diciembre de 2001 hubo saqueos de comercios en distintos lugares el país; ante esto, al día siguiente el Ejecutivo anunciaba la instauración del Estado de Sitio con el argumento de asegurar la ley y el orden.⁵²
La situación social era insostenible, por un lado se incorporaba a la historia del país la manifestación de la clase media, conocida como los “cacerolazos” que exigió y logró la renuncia de Cavallo. Por otro lado, el mismo día que renunció el ministro de economía (20 de diciembre de 2001), se desataba una batalla de casi siete horas en la plaza de mayo entre manifestantes y policías; y una violenta represión que costó la vida de personas; lo que llevó a que De la Rúa renunciara.⁵³

“No podemos resolver problemas de la misma manera que cuando los creamos”
Albert Einstein (Físico Alemán 1879-1955).

Las grandes crisis de gobierno llevan a un debilitamiento del presidente sin que éste pueda cambiar el rumbo del país. Sin embargo, muchas de las crisis de gobiernos no terminan de manera trágica.
Esto último no fue el caso de los gobiernos de Alfonsín y de De la Rúa, que no solo terminaron de forma trágica, sino que a su vez ambos dieron indicios y anunciaban este tipo de final. Ambos gobiernos terminarían antes de lo constitucionalmente establecido y se diferenciarían en que el gobierno de Alfonsín llegaría a su final por falta de accionar político y sobre todo económico que se desarrollaría en su mandato; en cambio la crisis y el fin del gobierno de De la Rúa se puede dar cuenta desde su comienzo de gobierno, ya que nunca fue capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos.

La derrota electoral sufrida en septiembre de 1987 demostraría que el proyecto del gobierno radical tenía que llevar adelante un cambio rotundo si quería terminar su gestión de la mejor manera (todavía quedaban dos largos años de gobierno).
La cuestión militar no estaba terminada, todo lo contrario, se dieron dos nuevos episodios, “en parte porque la situación de los oficiales seguía irresoluta, pero sobre todo porque los activistas militares estaban dispuestos a aprovechar la debilidad del gobierno”.⁵⁴ En enero de 1988 el Teniente Coronel Aldo Rico, se fugó de la prisión y volvió a sublevarse en un lejano regimiento en el noroeste. La diferencia con el alzamiento del año anterior es que la movilización y apoyo civil fue mínimo, aunque también el respaldo militar a los sublevados fue mínimo. Si bien este hecho se resolvió en un breve combate en donde Rico fue apresado, las tensiones con el sector militar seguían latentes y la sociedad civil cada vez se movilizaba menos.
A finales de 1988 se daba una nueva sublevación, encabezada por el coronel Seineldín (al igual que Rico, pertenecía al grupo “héroes de las Malvinas”). Esta sublevación era llevada a cabo en el límite de la Capital y reclamaba una amplia amnistía y una reivindicación de la institución. Si bien los sublevados fueron apresados, el resultado perjudicaba al gobierno, ya que “quedaba claro que no acertaba a conformar a la civilidad –que lo encontraba claudicante- ni a los oficiales, cuyos reclamos pasaban de la amplia amnistía al indulto a los condenados y a la reivindicación de la lucha contra la subversión.”⁵⁵
En enero de 1989 un grupo terrorista, pobre en recursos, aislado, asaltó el cuartel de La Tablada en el Gran Buenos Aires dando lugar al accionar del Ejército, que demostraba su fuerza con el aniquilamiento de los asaltantes. “El reconocimiento que recogió por la acción fue el primer indicio del cambio de prioridades y valores en la opinión pública”.⁵⁶
En contraposición a la imagen de Alfonsín, la imagen del candidato del PJ (Carlos Menem) iría creciendo, lo que facilitó el pacto del peronismo con sectores industriales de cara a las elecciones que se acercaban.
En las elecciones presidenciales de 1989, Alfonsín le dio el apoyo como candidato a    Eduardo Angeloz, que si bien era un político distinguido (había sido elegido por segunda vez gobernador de Córdoba), tenía una postura tomada sobre la crisis económica-política que lo distanciaría de sectores del electorado. Proponía entre otras medidas, políticas económicas de corte liberal, como por ejemplo: desregulación, apertura económica, privatizaciones, etc.⁵⁷
            A diferencia del radicalismo el PJ llevaba como candidato a Carlos Menem, un político que desde las elecciones en la interna del partido demostraría cambios en el accionar político, cambios que se caracterizaban por un discurso ambiguo, alianzas con sectores muy opuestos, integraba a políticos y profesionales que no pertenecían al partido y personalmente se mostraba como un candidato que iba a solucionar todos los problemas de los argentinos.
            En esta situación se producen las elecciones de 1989, en donde el peronismo gana por una diferencia importante. Esta elección marcaría un cambio en la postura de Alfonsín, ya que desde este momento debía negociar con un actor más, el candidato elegido como presidente.
            De la Rúa al igual que Alfonsín no pudo, o no supo, ante la crisis ampliar su apoyo político mediante negociaciones con otros actores políticos. Los dos gobiernos se concentraron en un grupo pequeño de actores político; esto lo alejaba de los demás actores y le impedía encontrar soluciones en conjunto con la sociedad.
            La Alianza había dejado de ser una coalición de gobierno, ya que no solo De la Rúa se concentraba en un grupo de asesores de confianza, sino que a su vez la coalición se había visto debilitada ante la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez. Este individualismo político, sumado a la falta de decisión y fuerza política llevó a una pérdida de confianza por parte de la sociedad.
            Luego de perder las elecciones legislativas de octubre de 2001, De la Rúa tenía muy poca legitimidad social; a esto se le sumaba la débil imagen en los medios de comunicación, lo mostraban con poca disposición y lentitud para llevar adelante los cambios que la crisis requería.
Por otro lado, líderes políticos con mucho peso en la sociedad como Alfonsín y Duhalde argumentaban que para solucionar los problemas del país era necesaria la salida de la convertibilidad.⁵⁸
A medida que el Ejecutivo se debilitaba, el peronismo iba tomando fuerza y pensaban en una salida anticipada del gobierno de De la Rúa; el peronismo después de 1999 seguía teniendo poder político, provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba seguían siendo gobernadas por el peronismo.
Ante la falta de soluciones a los problemas económicos y ante los grandes disturbios sociales, De la Rúa debió renunciar, sin entender bien el panorama crítico del país mientras fue presidente de la Argentina.

En 1988 se lanzó el Plan primavera con el objetivo de lograr soluciones al déficit fiscal, inflación, falta de inversiones privadas, etc. Este plan fue “fruto del apoyo externo (Banco Mundial, FMI y gobierno de los Estados Unidos) y de un acuerdo con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), lo que se ha dado a llamar el pacto corporativo liberal.”⁵⁹
Desde un principio, este plan chocaría con los empresarios agropecuarios que no estaban dispuestos a ceder ante este proyecto que producía una transferencia de ingresos del sector agropecuario al sector industrial. A partir de 1989 la relación sería más tensa al unificarse el sector agroexportador buscando reivindicaciones.
Por otro lado, el sector del empresariado industrial no tenía una postura única frente al gobierno, ya que si bien el sector liberal lo apoyó, un sector industrial se veía perjudicado con la apertura económica llevada adelante por el gobierno. A su vez, al poco tiempo del lanzamiento del plan la UIA realizaba críticas, ya que a su entender los cambios no se producían.
A partir de 1989, la situación se complejizaría y factores internos como externos llevarían a una situación insostenible por parte del gobierno. En primer lugar, los organismos internacionales, ante la falta de cumplimiento de medidas muy importantes como reducir el déficit y privatizar empresas públicas por parte de la administración radical, cesaron su apoyo y suspendieron los créditos. Ante esto el gobierno no solo no podía resolver los problemas de fondo sino que a su vez tendría dificultades para continuar con las medidas y acuerdos por la falta de dinero. En segundo lugar, los problemas con los empresarios agudizarían el panorama interno, ante un dólar que se disparaba cada vez más el sector industrial se unificaba en contra del gobierno, el sector agroexportador no solo criticaba la gestión sino que a su vez amenazaba con paros.
Ante estos problemas, el 31 de marzo Sourrouille debió renunciar y Juan Carlos Pugliese ocupó el Ministerio de Economía, aplicando medidas según cómo se percibía el contexto en el que se daba y dependiendo de las presiones de las distintas fracciones empresariales.⁶⁰ Con esta situación, el proceso hiperinflacionario se desató y los beneficiarios serían los sectores poseedores de divisas (exportadores y acreedores externos).
Los problemas económicos sin resolver llevarían a que el gobierno, ante las elecciones presidenciales, no tuviera el apoyo de sectores empresarios, y a su vez el apoyo social se había visto reducido, en gran parte por el desgaste, y además se habían producido un gran número de despidos que había afectado mayormente a la clase media (“entre mayo de 1986 y el mismo mes de 1989 los desocupados y subocupados pasaron del 12,9 al 16,7% de la PEA”⁶¹).
Los problemas económicos continuaron, lo que llevó a que Pugliese fuera remplazado el 25 de mayo por Jesús Rodríguez como ministro de economía. Este cambio era llevado adelante con medidas económicas entre las que se encontraban un severo control del tipo de cambio, aumento de las retenciones agropecuarias y de las industriales, suspensión de los beneficios al régimen industrial, etc. Estas medidas no cayeron bien a los ruralistas ni a los industriales, lo que llevó a una renegociación con el gobierno.
De la Rúa coincidiría con Alfonsín en que, ante el agravamiento de las dificultades económicas, llevaban a cabo cambios de ministros de economía. Sin embargo, esto no les resolvía la crisis económica, y en muchos casos llevó a que se agravara. Un ej. de esto, fue la designación de Cavallo como ministro de economía; mientras el país necesitaba un cambio de rumbo De la Rúa nombró al ejecutor del problema, que seguía pensando que la convertibilidad no era el problema e imponía como prioridad el ajuste antes que las políticas sociales.
Sin embargo, a diferencia de Alfonsín, el gobierno de la Alianza tuvo que afrontar los problemas económicos de una profunda recesión desde su comienzo hasta su final de gobierno. Hacia el fin de su gobierno, De la Rúa no pudo contrarrestar los diferentes problemas económicos. En primer lugar, el déficit fiscal no se pudo solucionar, ya que ante la recesión el gobierno recaudaba poco y se le sumaba que no había créditos internacionales para un país que trepaba los 4 mil puntos del riesgo país. En segundo lugar, a la Deuda Externa, que había aumentado considerablemente a 144.453 millones de dólares⁶² (el Estado se hacía cargo de gran parte de la deuda privada), se le sumaba la gran fuga de capitales. Finalmente, la pobreza crecía y el desempleo llegaba cerca del 20 %.⁶³
Ante el default técnico y la fuga creciente de capitales, Cavallo anunció lo que se denominó popularmente como “corralito”, lo que llevaba a inmovilizar los depósitos dentro del sistema financiero. “Ningún depositante podía retirar dinero en efectivo, y los pagos o las compras debían ser realizadas con cheque, transferencias o tarjeta de débito. Sólo se permitió un retiro mínimo de efectivo de las cuentas de sueldo y jubilaciones.”⁶⁴
La confiscación y el congelamiento de los depósitos llevan por un lado a que se paralizara la actividad económica, ya que la mayoría de las personas no tenían cuentas bancarias, por otro lado esto perjudicó principalmente a la clase media, ya que los grandes capitales financieros se habían fugado tiempo antes. Y si bien a mediados de diciembre de 2001 la Argentina pudo pagar el vencimiento de la deuda y prorrogar el default formal, la sociedad reaccionaría, en su mayoría de clase media, exigiendo la renuncia de Cavallo que se daría el 20 de diciembre.

En el mes de mayo de 1989 se daban a conocer las noticias sobre los saqueos a comercios, lo que llevó a que Alfonsín implementara el Estado de Sitio, “abriendo las puertas a una represión policial y parapolicial que produjo 19 muertos, 174 heridos y 1852 detenidos; entre el 23 y el 31 de mayo se contabilizaron 329 saqueos: 35% en Rosario, 30,4% en GBA y 27% en Córdoba.”⁶⁵
La profundización de la crisis llevó a que la gobernabilidad del país se haga insostenible. Alfonsín renunció para adelantar el traspaso de gobierno que se produjo el 9 de julio, seis meses antes del plazo constitucional. “La imagen de 1983 se había invertido, y quien había sido recibido como la expresión de la regeneración deseada se retiraba acusado de incapacidad y de claudicación.”⁶⁶
De la Rúa también sufriría grandes incidentes sociales caracterizados por grandes manifestaciones sociales y saqueos a comercios en varias partes del país.⁶⁷ Luego que el presidente anunciara el Estado de Sitio, se le sumarían, a los graves incidentes sociales, las manifestaciones sociales de clase media llamada “cacerolazos”, que pedían por sus ahorros y la renuncia de Cavallo. Ésta se llevó a cabo el 20 de diciembre.⁶⁸
Las manifestaciones sociales que con el pasar del tiempo se iban transformando en descontrol social, llevó al gobierno a tomar la decisión de accionar de manera inapropiada, como lo había hecho durante toda su gestión. En esta ocasión el accionar era directamente contra la sociedad; se reprimió la protesta social con un “trágico saldo de treinta muertos y centenares de heridos.”⁶⁹
Ante esta situación, sumado al rechazo de la oposición de llevar a cabo un acuerdo de unidad nacional, De la Rúa debió renunciar a la presidencia (a diferencia de Alfonsín no pudo entregar la presidencia a un gobierno elegido por la sociedad) y fue reemplazado por Ramón Puerta.⁷⁰
“El último día de gobierno de Fernando De la Rúa fue el paradigma de la sociedad que se había sabido construir. Rodeado apenas de un grupo de incondicionales, abandonado por su partido, por la oposición y por la gente, iba a desbarrancarse en medio de gestos vacíos, medidas incomprensibles y una sensación de sopor que lo había acompañado en buena parte de sus 740 días como Presidente.”⁷¹

Los grandes acontecimientos políticos se producen dos veces: “la primera vez como tragedia, la segunda como farsa” Karl Marx (Intelectual Alemán 1818-1883).

Tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de De la Rúa, desde su comienzo de gestión, demostraron dificultades para contrarrestar la crisis económica que sufría el país. Estas dificultades, sumadas a las contradicciones políticas, llevaron a que los dos mandatarios terminen sus respectivos gobiernos antes de lo constitucionalmente establecido e inserto en una crisis social profunda.
Ambos presidentes a lo largo de sus carreras políticas adquirieron una gran experiencia partidaria y política que no pudieron plasmar en sus respectivos gobiernos. Su accionar como líderes estuvo marcado por la falta de ese liderazgo político que se debe tener en tiempos de excepción, esto se evidenciaba en la falta capacidad política para dar respuestas a los problemas que se presentaban a medida que se desarrollaban sus mandatos.
Los gobiernos de Alfonsín y de la Alianza se instalaron en un contexto crítico que se fue agravando por su mal desempeño o por falta de él. La crisis de los dos gobiernos estuvo marcada por problemas de índole políticos, económicos y sociales. No solo ambos gobiernos se diferenciarían del contexto heredado, sino que a su vez, los problemas de diferentes índoles que requerían soluciones diferentes, también eran distintos.
En el aspecto económico, Alfonsín no pudo contrarrestar la inflación, que con el correr del tiempo y la profundización de la crisis derivó en hiperinflación; y en muchos casos, se vio desbordado por intereses empresariales y de los organismos internacionales. A diferencia de éste, De la Rúa, en todo su mandato, se vio limitado y perdió autonomía frente al poder empresarial y de los organismos internacionales. Además no pudo solucionar los desajustes de la convertibilidad que hacía insostenible el desarrollo económico del país.
En el aspecto político, Alfonsín no logró contrarrestar el poder de las corporaciones. A su vez, los problemas internos dentro del partido, sumado a que su accionar político se concentraba en un pequeño grupo de dirigentes, la gobernabilidad era cada vez menor. En cambio De la Rúa, no solo iba a centrarse en un pequeño grupo de colaboradores (no había posibilidad de acuerdo con distintos dirigentes de la Alianza y de otros partidos), sino que también, su forma de actuar iba a estar caracterizada por la inoperancia y su falta de visión política.
En el aspecto social, la sociedad terminó desilusionándose con el accionar de Alfonsín, ya que en 1983 y varios tramos de su gobierno, le había dado un gran apoyo social, pero luego al final del mandato la relación era irremontable por la crisis económica. Si bien De la Rúa obtuvo un buen triunfo en las elecciones de 1999, al poco tiempo de su gestión, la sociedad le quitó todo su apoyo político, ya que sus medidas político-económicas no hicieron más que agravar la crisis del país y con ello el descontento social.
Queda claro, que la falta de liderazgo para poder lograr un proyecto político-económico, ambos gobierno cambiaron distintos ministros de economía sin un proyecto económico claro, que estuviera a la altura de la circunstancia, llevó a que la crisis política, económica y social se haga insostenible. Ante esto, la Argentina entró en caos social, que no podía terminar de otra manera que con la renuncia de los presidentes; Alfonsín entregó la presidencia antes de los 6 años de gobierno y De la Rúa debió renunciar luego de 740 días como presidente.
En definitiva, los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa, si bien heredaron un contexto con grandes dificultades, en un comienzo, tuvieron el apoyo de la sociedad, y la posibilidad de proyectar y accionar medidas políticas para lograr un país diferente al heredado. Ante la falta de acción y liderazgo para hacerlo, por parte de los mandatarios, el rumbo del país no podía ser otro que el estallido social.
La crisis social desatada al final de ambos gobiernos, anteriormente analizados, dio las posibilidades para que emerjan dos férreos liderazgos como fueron el de Carlos Menem (asumió la presidencia luego de que Alfonsín entregara el poder anticipadamente) y Néstor Kirchner (asumió la presidencia luego de un interinato por parte de Eduardo Duhalde, quién sería un débil “piloto de tormentas “impuesto por el Poder Legislativo posterior a De la Rúa). Más allá, de si el accionar de estos dos líderes fue positivo o no para el bienestar de la sociedad, no se puede negar que ambos tuvieron el liderazgo que no lograron Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa para contrarrestar la crisis del país.

1 Carrera de Ciencia Política (UBA)

2 Santiago C. Leiras: El cono sur y sus líderes durante los años ´90, Ediciones Lajouane, Buenos Aires, 2009, p.13.

3 Véase: Enlace

4 N.A. El pacto de Olivo fue un pacto político firmado en diciembre de 1993 por el presidente Menem y Alfonsín para sancionar en el Congreso una reforma constitucional que introducía entre otras cosas el mandato presidencial de cuatro años y reelegible.

5 N.A. El Frepaso surgió en diciembre de 1994 como una alianza de centro-izquierda, integrando a varios partidos de la izquierda y a disidentes del Partido Justicialista (uno de los mas importante era Carlos Alberto Chacho Álvarez) de Menem y de la propia UCR.

6 Véase: Enlace

7 Luis Alberto Romero: “El impulso y su freno”, en Breve historia contemporánea de la Argentina, Ediciones Fondo de cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 243.

8 Ibídem, p. 243.

9 Santiago Fraschina: “Deuda externa y fuga de capitales en la Argentina” en Gorosito Eduardo y Fraschina Santiago La Argentina después de la convertibilidad. Ediciones de la Universidad de Buenos Aires. Bueno Aires, 2004, p. 116.

10 Ibídem, p. 116.

11 Véase Marcos Novaro: “Presidentes, equilibrios institucionales y coaliciones de gobierno en Argentina (1989-2000)” en Lanzaro Jorge (Comp.) Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Editorial CLACSO, Buenos Aires, 2004, p. 78.

12 En 1968 Jóvenes radicales crearon la Junta Coordinadora Nacional, espacio político que luchaba contra la dictadura militar. Entre los jóvenes dirigentes más importante se encontraban Luis Cáceres, Sergio Karakachof, Fredi Storani, Leopoldo Moreau, Enrique Nosiglia, etc.

13 Luis Alberto Romero: Op. Cit. p. 244.

14 Véase, Marcos Novaro: Op. Cit. p.p. 78 y 79

15 Luis Alberto Romero: Op. Cit. p. 245.

16 Marcelo Luis Acuña: Alfonsín y el poder económico, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1995, p.9.

17 La ley de convertibilidad instaura un tipo de cambio fijo y la paridad uno a uno del Peso argentino con respecto al Dólar Estadounidense.

18 Luis Alberto Romero: Op. Cit. p. 249.

19 Ibídem, p. 246.

20 Ibídem, p. 252.

21 Marcos Novaro: Op. Cit. p. 81.

22 Ibídem, p. 84.

23 Ibídem, p. 81.

24 Santiago Leiras: “Gobernabilidad y crisis de liderazgo: los difíciles años del gobierno de Fernando De La Rúa” en Néstor Legnani y otros autores La democracia y sus laberintos. Editorial Tierra Firme, Buenos Aires, 2003, p. 54.

25 Véase Santiago Leiras (2003): Op. Cit. p.p. 54 y 55.

26 Marcos Novaro: Op. Cit. p. 88.

27 Véase entrevista a Sourrouille en: http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=protagonistas1&subseccion=protagonistas1&nota=3698

28 Marcelo Luis Acuña: Op. Cit. p. 66.

29 Marcelo Luis Acuña: Op. Cit. p. 70.

30 María Seaone: El Saqueo de la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p. 18.

31 Ibídem, p. 21.

32 Mariana Heredia: “La demarcación de la frontera entre economía y política” en Los años de Alfonsín, Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2006, p. 172.

33 Marcelo Luis Acuña: Op. Cit. p.140.

34 Marcelo Luis Acuña: Op. Cit. p. 314.

35 Ibíd. p. 322.

36 María Seaone: Op. Cit. p. 29.

37 Santiago Leiras (2003): Op. Cit. p. 59.

38 Véase: Ruth Felder: “Auge y crisis de las reformas neoliberales y transformación del estado en la Argentina” en Arturo Fernández (editor), Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2007, Apartado 3.

39 María Seaone: Op. Cit. 20.

40 Véase: Ruth Felder: Op. Cit. Apartado 6.

41 Ibíd.

42 Ibíd.

43 Véase Julián Alberto Melo: “Luces y sombras. Reflexiones acerca del gobierno de Alfonsín (1983-1987)” en Revista Argentina Reciente, Número 1, Buenos Aires, 1999, p. 81.

44 Ibídem, p. 81.

45 Véase Norberto Ivancich, Hugo Cortes y Sergio De Piero: “Los que quedan afuera. Las terceras fuerzas electorales entre 1983 y 1995” en Revista Argentina Reciente, Número 1, Buenos Aires, 1999, p. 72.

46 Véase Santiago Leiras (2003): Op. Cit. p. 53.

47 Santiago Leiras (2003): Op. Cit. p. 59.

48 Véase Julián Alberto Melo: Op. Cit. p. 88.

49 María Seaone: Op. Cit. p. 24.

50 Véase: María Seaone: Op. Cit. p. 25.

51 Ibíd. p. 36.

52 Véase: Diario la nación 19/12/01 en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=360540

53 Véase: María Seaone: Op. Cit. p.p. 45 y 46.

54 Luis Alberto Romero: Op. Cit. p. 264.

55 Ibíd. p. 265.

56 Ibíd. p. 265.

57 Ricardo Ortiz y Martín Schorr: “La crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de la hiperinflación” en Alfredo Pucciarelli (compilador) Los años de Alfonsín, Editorial siglo veintiuno, Buenos Aires, 2006, p. 474.

58 Véase: María Seaone: Op. Cit. p. 43.

59 Ricardo Ortiz y Martín Schorr: Op. Cit. p. 463.

60 Ibíd. p. 476.

61 Ibíd. p. 480.

62 Paola De Simone: Percepciones y realidades de las relaciones exteriores argentinas antes y después de la convertibilidad en Gorosito Eduardo y Fraschina Santiago La Argentina después de la convertibilidad, Ediciones de la Universidad de Buenos Aires. Bueno Aires, 2004, p. 168.

63 Véase: María Seaone: Op. Cit. p.p. 40 hasta 42.

64 Ibíd. p. 45.

65 Ricardo Ortiz y Martín Schorr: Op. Cit. p. 481.

66 Luis Alberto Romero: Op. Cit. p. 268.

67 Véase: Diario clarín 18/12/01 en Enlace

68 Véase: Diario Pagina12 20/12/01 en Enlace

69 Santiago Leiras (2003): Op. Cit. p. 60.

70 Véase: Diario clarín 21/12/01 en Enlace

71 Jorge Camarasa: Días de furia, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002, p. 87.